empresas estatales. comentario de roberto laserna
Post on 17-Jun-2015
2.631 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
LAS EMPRESAS ESTATALES
(BORRADOR)
Roberto Laserna
La iniciativa conjunta de FVPK-FM propone reflexionar y
debatir sobre políticas públicas con el evidente y valioso propósito
de contribuir al debate electoral. En este caso, nos ocuparemos de
las empresas estatales, que constituyen uno de los puntales de la
estrategia de desarrollo impulsada por el gobierno del MAS desde
el 2006.
Contamos para ello con un documento muy valioso, preparado
por Ruben Ferrufino con su ya conocida pulcritud: “Empresas
Estatales: Visiones para la mejora de su gestión”. Es un trabajo que
tienen, como su título lo anuncia, la intención fundamental de
plantear propuestas orientadas a mejorar el desempeño de las
empresas estatales. Ese era, además, el requerimiento que recibió
de los organizadores y RF lo cumple a cabalidad, haciendo un gran
esfuerzo para destacar los objetivos de esta política y de adaptar su
propuesta y su lenguaje a dichos objetivos. Mi conclusión es que
ojalá su trabajo fuera leído y, sobre todo, aplicado por las
autoridades encargadas de administrar esta importante política
pública. El problema es que mi "ojalá" me parece muy poco
realista.
El texto comienza con una afirmación fuerte, asegurando que
en principio, desde el punto de vista de la teoría económica, no hay
nada que determine que las condiciones de propiedad de una
empresa influyan en su desempeño económico. Sin embargo, de
inmediato plantea que desde el punto de vista administrativo surge
lo que denomina “el problema del agente”, lo que le lleva a
concentrar el esfuerzo propositivo del documento a ese campo. Es
indudable que una buena administración produce mejores
resultados que una mala, independientemente de quién sea el
propietario, y consecuente con ese criterio el autor propone
establecer normas para imponer criterios y modelos de gestión que
permitan lograr una mejor administración.
Propone, por ejemplo, separar el ámbito de la política, que
debería limitarse a fijar con claridad los roles y objetivos de cada
empresa, y evaluar sus resultados, del ámbito de la gestión. Para
ello sugiere directorios independientes y remunerados, presencia
de capitales privados en las empresas, con la correspondiente
defensa de los derechos de las minorías accionarias, organizarlas a
las empresas estatales como sociedades anónimas y por tanto
sujetas a las regulaciones generales para ese tipo de sociedades, y
exponerlas a los mercados financieros no sólo en el ámbito nacional
sino sobre todo a nivel internacional, de manera que se financien
fundamentalmente a través de las bolsas de valores. Así, no
solamente podrían obtener financiamiento sino, sobre todo,
desenvolverse con transparencia y rendir cuentas.
Estas recomendaciones son descritas con cierto detalle y
argumentadas con una adecuada consistencia teórica pero,
lamentablemente, sin tomar en cuenta las dificultades que se
tendría para aplicarlas, es decir, omitiendo considerar su viabilidad
en el contexto político e institucional boliviano.
¿POR QUÉ FRACASAN LAS EMPRESAS ESTATALES?
No es que el autor desconozca las múltiples experiencias de
fracaso de las empresas estatales. Al contrario, sabe que ellas son
abrumadoramente mayoritarias. Tanto que, en realidad, los casos
de éxito que se citan son las excepciones, no la regla. Esos casos
dicen que el éxito es posible, pero que su probabilidad es muy baja.
Lo que hace verdaderamente falta es identificar las causas de
ese fracaso. No se sí por convicción o más bien por la orientación
del trabajo, en él se asume que la causa es fundamentalmente
administrativa: una mejor gestión bastaría para resolver los
problemas. La mayoría de los políticos que trata estos temas cree
que los problemas de gestión son más bien personales, atribuibles a
los que tuvieron a su cargo la administración de la cosa pública
antes que ellos y por eso, siempre están seguros de que allá donde
el otro fracasó, ellos triunfarán. El autor tiene la inteligencia de no
caer en esa simplificación, pero el énfasis que pone en las
estructuras institucionales y en las normas es, lo reitero, poco
realista, sobre todo omitiendo la consideración de los problemas
generales de desarrollo institucional del entorno boliviano.
Como lo hemos tratado de argumentar en otra parte (La
Trampa del Rentismo), la debilidad institucional se acentúa por los
conflictos y disputas que provoca la abundancia de recursos en el
Estado, si dicha abundancia no está relacionada a través de los
impuestos a una estructura productiva más fuerte y diversificada,
sino a la disponibilidad de rentas de recursos naturales.
Eso es exactamente lo que ha venido sucediendo en Bolivia
desde el año 2000. El rentismo se ha contagiado del Estado a la
sociedad. Las expectativas de captura de una parte de esas rentas
han alentado e intensificado los conflictos y las presiones haciendo
que sea de interés común la debilidad de las instituciones y el
incumplimiento de las normas. Y, por si eso fuera poco, la voluntad
política de cambio institucional –prevaleciente desde el 2003- ha
puesto en duda todo lo que funcionaba sin haber logrado empresas
estatales reemplazarlo con las nuevas normas e instituciones.
Sostengo que esto no ha ocurrido en coincidencia con el
aumento de recursos fiscales. Ha ocurrido debido a dicho aumento!
Y tampoco es coincidencia que haya surgido en esta misma
época la política de multiplicación de empresas estatales. Si ésta ha
surgido es precisamente debido a la enorme disponibilidad de
recursos en las arcas públicas!
No es casualidad que en Bolivia y en otros lugares las
empresas estatales son parte de las estrategias nacionales cuando
sobra dinero, no cuando falta. Si San Buenaventura es tan rentable
como se dice, por qué no la hicieron antes y por qué no la hacen
ahora los privados? Si fabricar papel en el Chapare es tan buen
negocio, ¿por qué no lo financia la banca? Si producir úrea en Bulo
Bulo es tan rentable, ¿por qué Samsung actúa sólo como
constructora a contrato y se limita a construir e instalar la fábrica?
Si la siderurgia en el Mutún es tan rentable, ¿por qué se le tuvo que
ofrecer concesiones a la empresa menos competitiva, y aún así
falló? Hay una sola respuesta a todas estas preguntas: al Estado le
sobra dinero y no sabe qué hacer con él. Los funcionarios andan
buscando qué hacer con los recursos, dónde ponerlos, en qué
“ejecutar” su presupuesto (hasta el verbo es apropiado).
La prudencia indica que no hay que ser muy tajantes en las
afirmaciones, así que no podemos decir que las empresas estatales
son menos eficientes que las privadas precisamente porque son
estatales. Digamos entonces que la probabilidad de que lo sean es
bastante alta y tratemos de precisar las causas.
La naturaleza estatal de la empresa implica:
En primer lugar, que la decisión de invertir ha sido
política. Es decir, la identificación del producto o servicio a producir
y la asignación de recursos públicos para hacerlo no responde a
necesidades del mercado sino a estrategias políticas. Explotar un
recurso, dinamizar una zona, satisfacer una presión, resolver una
necesidad que los políticos consideran prioritaria son los motivos
habituales que orientan la decisión de qué debe hacer la empresa y
dónde. Por lo tanto, hay más voluntad (o voluntarismo) que una
evaluación de costo beneficio, que es lo que predomina en el campo
privado. Por ejemplo es frecuente que la planificación estatal parta
de identificar los potenciales productivos de una zona, enfatizando
lo que puede producir antes que lo que se puede vender. Como si se
tuviera una fe ciega en la ley de Say, que por supuesto funciona
pero sólo en algunas circunstancias. También ocurre que se
identifica una “necesidad” a partir de parámetros extraeconómicos,
y llegado el momento se descubre que la gente tiene otras
prioridades y no está dispuesta a gastar en el bien o servicio que las
empresas estatales le ofrecen salvo que sea a precio subsidiado. Y
así, tenemos muchísimos ejemplos que muestran que aún cuando la
empresas estatales fuera administrada bajo un modelo maravilloso
como el que propone RF, si la decisión inicial fue errada, su
desenvolvimiento estará afectado por siempre. Karachipampa es un
clásico ejemplo y ya nos advierten que la planta de úrea puede ser
el siguiente. La fundidora ha logrado recién operar después de 35
años, pero su tecnología es obsoleta y los proveedores de minerales
la abastecerán solamente bajo presión política, compartiendo las
pérdidas que el Estado decidió asumir para cumplir el objetivo
político de hacerla funcionar. En cuanto a la planta de úrea, como
nos lo han advertido los especialistas, la han localizado lejos de la
materia prima y lejos de los mercados, aumentando los costos de
transporte, para cumplir una finalidad política, hacer industria en el
Chapare. Algo similar puede suceder si se instala una planta de
baterías de litio en Uyuni. El litio es un componente clave pero
representa, físicamente, una parte reducida. Subir el resto de los
materiales en bruto hasta Uyuni para bajarlos luego a los mercados
convertidos en baterías aumenta costos y puede sacar de
competencia a la empresa. Pero el valor simbólico de instalarla allí
es tan alto para quienes toman la decisión que no importa cómo se
gestione la empresa, nació fallada. La probabilidad de que la
decisión de invertir, predominantemente política, tenga también
justificaciones económicas es tan baja que resulta más bien obra de
la casualidad.
En segundo lugar, que la asignación de recursos no
pasa por tamices competitivos. Las empresas estatales no buscan
financiamiento sobre la base de su proyecto. Cuando no lo tienen
garantizado (por decreto y transferencia del BCB), lo tienen
facilitado por la garantía estatal. Si un banco de fomento o de
inversiones facilita crédito a una empresa pública no es porque
haya verificado su posible eficiencia sino porque sabe que su fuente
de repago está en los recursos públicos que maneja su garante, el
estado. La competencia por los recursos es, en todo caso, política y
entran en juego las presiones de los interesados. Si una localidad
quiere acceder a recursos ahora puede exigir un puente, una plaza,
una escuela… o una empresa. Algo de ese gasto se desparramará
hacia ellos. En una conversación informal con un alto funcionario
del Banco Central le señalé que éste transgredía su ley orgánica al
otorgar créditos concesionales a las empresas estatales con el
simple respaldo de decretos, y que el riesgo de pérdida era muy
alto. Me replicó que la Constitución autorizaba a operar de esa
manera y que, además, estaba garantizado el hecho de que no
habría ninguna pérdida. Ante mi sorpresa aclaró que se refería a
pérdidas para el Banco, puesto que la garantía de repago la daba el
Tesoro General. El acceso a esta generosa fuente de financiamiento
está restringida por la capacidad de presión o de persuasión que se
tenga con quienes toman la decisión final de asignación de
recursos, y eso es posiblemente más fácil para una empresas
estatales que los engorrosos procedimientos de evaluación técnica,
financiera, de riesgo y de garantías que exigen los bancos y otras
instituciones financieras.
En tercer lugar, que en los hechos en las empresas
estatales no hay relación principal-agente. Este es un tema al que
RF le dedica buen tiempo en su trabajo porque sabe que es
fundamental para la buena administración. En nuestro criterio, en
las empresas estatales todo se resuelve entre agente-agente y en
ausencia del principal. Para los que no estamos muy familiarizados
con esta nomenclatura este tema hace referencia a la relación entre
los accionistas y la gerencia, los propietarios y los gestores. En una
empresa privada los propietarios están siempre cerca. Son ellos
mismos los gestores cuando la empresa es pequeña, o conforman el
directorio cuando es más grande, o por último exigen cuentas en las
asambleas de accionistas, cuando se trata de una corporación
mayor. En las empresas estatales los propietarios no solamente
están diluidos (son todos) sino que están lejos, y a su nombre
actúan muchos que dicen representarlos: los diputados y senadores,
los dirigentes de organizaciones sociales, sindicales o cívicas, los
funcionarios designados por las autoridades. Es decir, cualquiera
establece una relación de dueño con la empresa estatal menos los
dueños verdaderos, porque es simplemente imposible que lo hagan:
son demasiados. De manera que en la gestión de la empresa lo que
se tiene es una relación agente-agente, sin principal. Es decir,
gestores de distintos tipos, que no solamente pueden invocar el
mandato de los dueños sino que, en caso necesario, pueden
desplazar responsabilidades hacia los otros. Con el riesgo adicional,
que además es altamente probable, de que los que tengan más
fuerza acaben expropiando la representación y apropiándose de la
empresa. Acaso los mineros en las empresas nacionalizadas no
actuaban a nombre del pueblo boliviano cuando exigían mejores
pulperías y mejores escuelas? En las empresas estatales la cadena
de intereses y rendición de cuentas está rota. El dinero es de todos
pero los que deciden qué hacer con él son políticos que están de
paso. Los que llevan a cabo esas decisiones, los administradores,
son técnicos y burócratas que no saben a quién rendirán cuentas ni
con qué criterios se los evaluará, o que saben simplemente que no
rendirán cuentas.
Por supuesto, el problema de principal y agente puede ser
menos grave en algunos casos pero eso nos recuerda que, en el
fondo, depende de la calidad de la política o, si se quiere, de la
calidad de la representación democrática! Si el principal, que es el
pueblo o el conjunto de los ciudadanos, no está bien representado,
no puede esperarse que el problema sea fácil de resolver. Y en los
últimos años la calidad de la política se ha deteriorado tanto en
Bolivia como la calidad de las instituciones (ya lo anticipó Oporto
pero lo destacan recientemente Komadina y Zegada).
Por lo tanto, el problema mayor de la propuesta que se nos
hace es el de su inviabilidad política. Asume que nuevas normas
podrían resolver los problemas, pero por qué habríamos de suponer
las nuevas normas se cumplirán? Este gobierno ganó dos elecciones
sucesivas por mayoría absoluta y logró su mayor victoria cuando
hizo aprobar la nueva Constitución por el 61% de los votos válidos.
Sin embargo, la dosis de realismo viene cuando nos preguntamos
¿cuánto de esa Constitución se cumple? Y si eso pasa con la norma
fundamental, ya podemos deducir lo que pasa con el resto.
LA EXPERIENCIA RECIENTE
El documento presenta la experiencia reciente y proporciona
una evaluación preliminar de la misma. El mapeo toma como
referencia a las 23 de las que se pudieron obtener algunos datos.
Algunos porque el autor no pudo encontrar la misma información
para todas las empresas y tampoco para varios años, poniendo en
evidencia un problema serio de opacidad o falta de transparencia.
Este es el primer dato fuerte de su evaluación.
Ese conjunto de empresas es diferenciada de dos maneras:
por su lugar en el modelo económico y por su ubicación sectorial.
El modelo de economía plural que se perfila en la
Constitución considera claramente la posibilidad de un trasvase de
excedentes, pero plantea que se realice desde el sector más
moderno y vinculado al mercado hacia los sectores indígenas
comunitarios, cuya conservación no sería viable de otro modo. Pero
lo que se recoge en este documento es una versión diferente, la de
un conjunto de empresas generadoras de excedentes (luego
discutiremos esta caracterización) y la de otro conjunto que no los
genera y que tendría la función de distribuir ingresos y absorber
empleo. En esta versión, la transferencia de recursos no tiene el
propósito de equidad diseñado en la Constitución, sino el de la
redistribución simple, utilizando los recursos naturales no
renovables como la fuente de financiamiento de subsidios a
funcionarios, técnicos, empleados y obreros de empresas
industriales vinculadas al mercado y que son parte de la misma
economía moderna pero que son ineficientes. Eso representa una
tergiversación del modelo económico o una aplicación sesgada del
mismo.
Pero además hay una confusión en esa caracterización que RF
recoge de los documentos oficiales: se toma como generadoras de
excedentes a las empresas capturadoras de renta (esta confusión es
también frecuente en los estudios sobre carga impositiva en Bolivia,
ya que la renta captada por el estado se registra como impuesto,
inflando los ingresos y las ilusiones). Recordemos que la renta
proviene de la valorización de mercado de una riqueza preexistente,
en tanto que el excedente, en su formulación básica, se refiere a
valor creado en el proceso productivo. Esta diferencia me parece
importante.
Frente a esas empresas, “las otras” son consideradas
generadoras de ingresos y de empleo. En realidad, más que
generadoras son proveedoras de ingresos y empleos. Si no importa
que esas empresas funcionen a pérdida, entonces resulta que son
solamente mecanismos de distribución de las rentas (llamadas
excedentes) que monetizan las anteriores. Corresponde entonces
preguntarse si ese es el mejor mecanismo de redistribución.
La otra clasificación de las empresas las diferencia entre las
extractivas (lo que hace más claro el hecho de que el excedente es
en realidad renta de recurso natural), las manufactureras y las de
servicio. Y resulta que las que tienen pérdidas se concentran entre
las manufactureras. ¿Cómo explicarlo? Tal vez por la dificultad
tecnológica, de gestión y de mercadeo que tienen esas empresas, y
que es posiblemente mayor a la de la extracción o provisión de
servicios. Si así fuera, ellas estarían poniendo en evidencia la
ineficiencia inherente a la gestión estatal. Lo que a su vez
permitiría deducir que las ganancias de las otras podrían ser
mayores bajo otras formas de propiedad y otros modelos de
administración.
Adicionalmente, observando con más detenimiento a las
empresas referidas, encontramos una diversidad de situaciones que
hacen más difícil la clasificación. Crear empresas no es lo mismo
que constituirlas: una gran parte de las empresas estatales son
adquisiciones de empresas previamente existentes: YPFB, Comibol,
Entel (sin datos en este grupo), Vinto, Enatex, EBA… y por lo tanto
desde un punto de vista macroeconómico son “seudoinversiones”:
su constitución como estatales ha desplazado capitales privados sin
ampliar la capacidad productiva
PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Los datos de resultados provienen de los estados financieros
publicados. No tenemos información de cuáles han sido auditados
de forma independiente pero tampoco tenemos razones para dudar
de su fidelidad. Varias tienen pérdidas y en otras su rendimiento es
tan bajo que posiblemente también registrarían pérdidas si
hubieran recurrido a financiamiento no concesional.
Frente a estos datos el autor señala: “Desde la perspectiva de
finanzas y manejo de portafolio la cifra de pérdida es siempre una
posibilidad y en el caso presente no debería ser causa de extrema
preocupación, menos cuando el conjunto de la cartera de
inversiones es rentable (incluyendo los tres casos aislados). Desde
la perspectiva fiscal y por el valor (comparado con el Presupuesto
Público, por ejemplo), tampoco debería ser una fuerte preocupación
al menos en el corto plazo”.
Esto es muy benévolo. Creo que debería causar preocupación
que veamos que las rentas, no excedentes, están cubriendo las
pérdidas. Las rentas son de recursos no renovables, por lo que su
pérdida es doble, ya que no se trata de ganancias no realizadas sino
de la destrucción de riqueza real.
Por otro lado, el análisis se basa en la consideración del
conjunto de empresas como portafolio de inversiones, desdiciendo
la propia sugerencia de que no se puede aplicar a las empresas
estatales los criterios de evaluación financiera de las empresas
privadas simplemente porque el estado no es un inversionista que
busca el máximo beneficio.
En la nómina de las empresas hay algunos casos que resaltan.
Uno es EBA, la empresa estatal rescatadora de castaña que según
tengo entendido desplazó a una cooperativa que era exitosa en
Pando. Esa empresa tiene pérdidas. Es posible justificarlas diciendo
que es así porque pagan mejor a los recolectores de castaña, pero
nuevamente la responsabilidad de desplaza… para pagar mejor a
los recolectores lo ideal sería buscar mercados que paguen más, no
un padrino que subsidie pérdidas. Otro es el caso de Enatex, que ha
desplazado a una exitosa empresa privada que abrió los mercados
más exigentes y que en el año ilustrado perdió ya la quinta parte de
su patrimonio. Y aquí no se puede hablar solamente de lucro,
porque el efecto multiplicador de generación de empleo e iniciativas
microempresariales de Ametex era considerable, demostrando que
siendo lucrativa podía satisfacer también los objetivos de
proporcionar oportunidades de ingreso y de empleo para la gente.
En el esfuerzo de sustentar sus argumentos, el texto se refiere
en un par de ocasiones al caso de Aguas del Tunari como una
muestra de que las privadas también fracasan. No necesitaba
hacerlo. Todos sabemos que las privadas también fracasan, pero en
ellas el costo del fracaso lo pagan los inversionistas, no el público.
Con excepciones, por supuesto. La referencia a AT busca, en
realidad, desprestigiar la privatización de un servicio púbico. Por
supuesto, el desafío de proveer desde el sector privado un servicio
público de agua y alcantarillado es mayor que cualquier otro por su
carácter esencial. El fracaso no fue de gestión ni de la empresa
como tal, puesto que estuvo en operaciones muy poco tiempo, sino
de las imposiciones políticas que se le hicieron, como desarrollar el
proyecto Misicuni como su fuente principal de agua, garantizándole
que un aumento de tarifas sería políticamente viable y además
respaldado por los gobiernos nacional y locales. No hubo esto y
hacer Misicuni requería un alza de tarifas muy grande, por lo que la
empresa acabó abandonando el país. Pero el caso del agua en La
Paz fue, en comparación, exitoso, porque la empresa tuvo menos
imposiciones políticas y pudo cumplir el objetivo de ampliar la
cobertura y proveer el servicio al más bajo costo posible, y aún así
obtuvo utilidades. Su nacionalización, muy posterior, fue decidida
por motivos estrictamente ideológicos. Para el caso de
Cochabamba, además, el análisis debería recordar que la empresa
pública actual, si no pierde dinero, es muy ineficiente en la
ampliación de la cobertura y en la provisión del servicio.
INDUSTRIALISMO POLÍTICO
La multiplicación de empresas estatales, sobre todo en el
sector manufacturero, sugiere que en realidad hemos vuelto al
industrialismo político. Este tiene una larga historia en América
Latina. Se basó en considerar la industrialización como el principal
mecanismo para impulsar el desarrollo y estimuló enormes
esfuerzos de inversión pública y grandes sacrificios de los
consumidores en América Latina entre los años 40 y hasta los 70.
Pero fue una política que al final se abandonó. Y no sin razón, ya
que sus frustraciones fueron mayores que sus logros.
Las razones de un fracaso tan amplio y evidente todavía son
objeto de estudio.
Para algunos se trató de una política condenada al fracaso por
haberse concentrado en la producción sin haber tomado en cuenta
que, en los mercados, los que mandan son los consumidores. Otros
criticaron más bien los aspectos técnicos: la mala calidad de los
estudios previos, la inadecuada selección de las tecnologías, la falta
de personal técnico y administrativo en las plantas. Tampoco
faltaron los que denunciaron la dificultad intrínseca que tiene la
burocracia estatal para reemplazar el rol de los empresarios, y la
dificultad que tienen los políticos para lidiar con las demandas
particulares de los trabajadores, de los consumidores o incluso de
los proveedores de las empresas, puesto que ellos son también
votantes.
Es posible que todas las críticas tengan algo de razón y que
juntas contribuyan a explicar el fracaso de la industrialización
forzada desde el Estado. Lo que nadie niega es que ese fracaso tuvo
un alto costo para la gente. Esa política fue impulsada a veces por
gobiernos populistas y a veces por elitistas, en algunos casos por
dictaduras de izquierda y en otros por dictaduras de derecha,
llegando a los mismos resultados. Absorbió recursos y desvió
esfuerzos que pudieron haber sido mejor empleados, y retrasó el
desarrollo económico, manteniendo a millones de latinoamericanos
en condiciones de pobreza.
La mejor prueba es que mientras Latino América
experimentaba con el industrialismo político, fue superada por
países que siguieron caminos diferentes y que hoy son potencias
económicas de primer orden, como Corea, Taiwán, Indonesia,
Malasia. Ellas son potencias industriales, sin duda, pero fueron
conquistando mercados que se industrializaron. Es decir, la
industria fue un medio y terminó siendo un resultado de su esfuerzo
e iniciativa, pero éstos pusieron prioridad en la conquista y
ampliación de los mercados y en la seducción de los consumidores.
Con el retorno de esa política estamos ignorando esa historia.
Por supuesto, no se trata de imitar lo que otros hicieron, pero sí de
aprender de sus experiencias. Y de recordar que es más fácil
reproducir los fracasos que los éxitos.
CONCLUSION
No quisiera que estas reflexiones y observaciones sean
consideradas como un alegato en contra de la intervención del
estado en la economía. Pero sí contra una forma de intervención
que es ineficiente y cara para la sociedad. Si una política de Estado
es que todos los niños tomen helados es mucho mejor que licite en
forma competitiva y abierta la compra y distribución de esos
helados, dejando que los fabriquen los que saben, en vez de
desplazarlos con su enorme y pesado poder. Al fin de cuentas, algo
así le dio a Estados Unidos la fuerza económica y tecnológica
necesaria para derrotar a la Unión Soviética, que apeló al modelo
de producción directa y terminó como ya sabemos. Más cercano es
el caso de Cuba, cuyo más exitoso emprendimiento son, justamente,
los helados Copelia, presentados como los mejores del mundo y que,
aparentemente mejoran de sabor gracias a la larga espera que uno
debe hacer en la cola para adquirirlos.
Para terminar quisiera destacar nuevamente el mérito de
haber reunido en este documento un conjunto de recomendaciones
propositivas que si fueran aplicadas sin duda mejorarían el
desempeño de las empresas públicas. Pero no puedo dejar de
resaltar el hecho de que ellas ponen en evidencia una contradicción.
Si no hubiera nada que determine un peor desempeño en las
públicas que en las privadas, ¿por qué todas las recomendaciones
apuntan a replicar en aquéllas lo que tiende a prevalecer de manera
natural en las privadas más exitosas y desarrolladas? Lo que se
propone es que, para ser exitosas, las empresas estatales simulen
ser privadas, o se las obligue a simular. ¿No implica esto un
reconocimiento de la mayor eficiencia de un tipo de empresas sobre
el otro?
top related