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Departamento de Estudio, Referencias y Servicios Técnicos Tercer piso, Oficentro Los Yoses, Apdo. 64-1013, San José, Costa Rica
Teléfono: 22432366 • Fax: 22432368• E-mail: fcampos@asamblea.go.cr
DEPARTAMENTO ESTUDIOS, REFERENCIAS Y SERVICIOS TÉCNICOS
AL-DEST-IJU-227-2019
INFORME DE: PROYECTO DE LEY
“LEY DE PÉRDIDA CREDENCIAL DE DIPUTADO”
EXPEDIENTE NO. 21082
INFORME JURÍDICO
ELABORADO POR: REBECA ARAYA QUESADA
ASESORA PARLAMENTARIA
SUPERVISADO POR: LLIHANNY LINKIMER BEDOYA
JEFA DE ÁREA
REVISIÓN FINAL Y AUTORIZACIÓN FERNANDO CAMPOS MARTÍNEZ
DIRECTOR A.I.
19 DE SETIEMBRE DE 2019
2
TABLA DE CONTENIDO
I. RESUMEN DEL PROYECTO…………………………………………………… 3
II. CONSIDERACIONES DE FONDO……………………………………………… 4
A) DEBER DE PROBIDAD ………………………………………………………… 4
a) Normativa internacional………………………………………………………………..6
b) Normativa interna………………………………………………………………………10
B) REFORMA DEL ARTÍCULO 112 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA………11 a) Antecedentes…………………………………………………………………………...11
b) Otros proyectos en la corriente legislativa…………………………………………..13
III. ANALISIS DEL ARTICULADO……………………………………………………14
IV. ASPECTOS DE TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO…………………………… 20
Votación………………………………………………………………………………………20
Delegación……………………………………………………………………………………20
Consultas preceptivas…………………………………………………………………… 20
V. FUENTES……………………………………………………………………………20
3
AL-DEST-IJU-227-2019 INFORME JURÍDICO1
“LEY DE PÉRDIDA CREDENCIAL DE DIPUTADO”
EXPEDIENTE NO. 21082
I. RESUMEN DEL PROYECTO La presente iniciativa pretende promulgar la ley que desarrolla y haga efectivo lo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución Política en cuanto a la pérdida de la credencial del Diputado o la Diputada ante el incumplimiento del deber de probidad. En palabras de la proponente: “… esta iniciativa permitirá que desarrollemos la legislación necesaria para garantizarle a los ciudadanos que nuestros actos responden al interés colectivo. Pero además refuerza el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas que permiten a la sociedad costarricense el verificar en todo momento que en el ejercicio de nuestra función no hemos abusado del poder que se nos ha delegado.” Con ese objetivo, el proyecto establece un trámite para la pérdida de credencial de diputado o diputada en los supuestos establecidos en el artículo 112 constitucional, que consiste en lo siguiente:
1. Recibida una resolución o informe de la Procuraduría de la Ética por parte de la Presidencia de la Asamblea, esta debe informar su recepción al pleno de la Asamblea en un plazo perentorio de 24 horas por los medios que considere oportunos.
2. La Asamblea realizará el procedimiento establecido en el Reglamento legislativo para las acusaciones de los miembros de los Supremos Poderes.
3. Si la Asamblea acuerda la pérdida de credencial por una votación calificada, decisión sobre la que no cabrá recurso alguno, lo comunicará al Tribunal Supremo de Elecciones para que proceda a la sustitución del diputado o diputada que ha perdido la credencial.
1 Elaborado por Rebeca Araya Quesada, Asesora Parlamentaria. Supervisado por Llihanny Linkimer Bedoya,
Jefa del Área Económica Administrativa. Revisado por Fernando Campos Martínez, Director a.i.
4
II. CONSIDERACIONES DE FONDO En este apartado se desarrolla brevemente el Deber de Probidad, desde la doctrina y la normativa interna e internacional. Además, se exponen los antecedentes de la reforma del artículo 112 constitucional que motiva la presentación del presente proyecto de ley y se citan otras iniciativas en el mismo sentido.
A) DEBER DE PROBIDAD 2
“La “probidad” se ha conceptualizado como una regla de acción e interpretación y no solo como un deber u obligación formal. Así, el principio de probidad implica “que la conducta de todo funcionario público debe regirse siguiendo estrictamente un desempeño moralmente correcto y en resguardo de las prescripciones legales vigentes y, en cuyo caso se dé una infracción de éstas, se valorará el reproche según los principios de lesividad, fragmentariedad y proporcionalidad.”3 Sobre el deber de probidad, la Sala Constitucional ha señalado que éste es intrínseco a la función pública y, si bien se trata de un concepto jurídico indeterminado, la rectitud o integridad no se aparta de la idea general del servicio público y la función pública.4 El resguardo del deber de probidad, el interés público y el fortalecimiento del combate a la corrupción han hecho evidente la necesidad de trabajar transversal, concertada y coordinadamente, de manera que la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y el
2 Tomado del Informe jurídico sobre el Proyecto de Acuerdo “Reforma reglamentaria para incluir un capítulo
sobre las faltas al deber de probidad y sus respectivas sanciones”, expediente no. 19.267, Oficio ST-254-2014
J, de noviembre de 2014, elaborado por Rebeca Araya Quesada. 3http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_comunicados/fiscalias_adjuntas/probidad/03-01-
2013.pdf. Consultado el 9 de octubre de 2014. 4 “(…) Los conceptos utilizados por las leyes pueden ser determinados o indeterminados. Los primeros
delimitan el ámbito de realidad al que se refieren de una manera precisa e inequívoca, como lo son la
mayoría de edad, plazos para promover recursos y apelaciones, etc. Por el contrario, con la técnica del concepto jurídico indeterminado, la ley refiere una esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien
precisados en su enunciado, no obstante lo cual, es claro que intenta delimitar un supuesto concreto,
concepto como lo son la buena fe, la falta de probidad, la moral, las buenas costumbres, etc. Así, aunque la
ley no determine con claridad los límites de estos conceptos, porque se trata de conceptos que no admiten
cuantificación o determinación rigurosa, pero que en todo caso, es manifiesto que con ellos se está refiriendo
a un supuesto de realidad que, no obstante la indeterminación del concepto, admite ser precisado en el
momento de aplicación (…)”. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 2008-
18564 de las 14 horas con 45 minutos del 17 de diciembre de 2008.
5
Instituto Costarricense sobre Drogas han conformado una alianza estratégica con ese fin.5 La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia define el principio de probidad y sus alcances, así como el compromiso asumido por el país tanto por medio de la normativa internacional que ha suscrito y aprobado como por su normativa interna, de la siguiente manera:
“Los artículos 11, 7, 111 y 112 de la Constitución Política recogen el principio de Probidad, junto a la circunstancia de que el Estado costarricense adquirió –en esa materia- verdaderos compromisos internacionales de adoptar políticas y medidas legislativas que combatan y sancionen actividades ilícitas y de corrupción relacionados con cargos públicos. El
principio de Probidad consiste en mantener siempre una conducta funcionarial intachable, y desempeño honesto y leal de la función, a favor del interés general. Es por ello, que los funcionarios públicos deben actuar con prudencia, austeridad, integridad, honradez, seriedad, moralidad y rectitud, en el desempeño de sus funciones y en el uso de los recursos públicos que les son confiados. Los vacíos normativos –en sentido lato- que eximen de esos valores resultan inconstitucionales, en cuanto impiden la cobertura normativa a un grupo reducido de funcionarios públicos contra las consecuencias de sus conductas, porque al ser contrarias a esos valores inherentes a la Constitución Política, deben investigarse y sancionarse con respeto al debido proceso y los principios de proporcionalidad y razonabilidad, como en todo Estado Constitucional de Derecho. Pero la ausencia de normas
constitucionales tampoco debe impedir la eficacia de disposiciones de orden internacional en esta materia, una vez incorporados al ordenamiento jurídico costarricense mediante el procedimiento de aprobación y ratificación constitucional de los Tratados. Consecuentemente, los funcionarios públicos deben actuar de conformidad con el principio de Probidad, a su vez con los deberes y obligaciones internacionales adoptados por nuestro país.”6 (lo destacado en negrita es nuestro)
5 Memoria Anual 2010 de la Contraloría General de la República, página 82.
http:/www.cgr.go.cr/rev_dig/mem_anual/2010/files/assets/basic-html/page82.html 6 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 2010-012826 de las 9 horas y 34
minutos del 30 de julio de 2010.
6
a) Normativa internacional
En el voto N° 2010-012826, así como en otros7, la Sala Constitucional hace referencia a los compromisos asumidos por el país en el tema de la lucha contra la corrupción y la garantía del principio de probidad de los funcionarios y las funcionarias públicas a través de la normativa internacional que ha suscrito y ratificado, destacando las siguientes convenciones:
1. La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, aprobada por Ley N° 8557, de 29 de noviembre de 2006. Esta Convención deja claro que se entenderá por “funcionario público” aquella persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; asimismo, compromete a los estados miembros, entre otras cosas, a tomar medidas legislativas para combatir la corrupción.8
7 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 2010-011352 de las 15 horas y 5 minutos del 29 de junio de 2010 y la Resolución N° 2008-18564 de las 14 horas con 45 minutos del 17 de
diciembre de 2008. 8 En este sentido, ver los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 8 y 65 siguientes:
“Artículo 1.- Finalidad
La finalidad de la presente Convención es:
a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción;
b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la
lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos;
c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes
públicos.
Artículo 2.- Definiciones A los efectos de la presente Convención:
a) Por "funcionario público" se entenderá: i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo,
administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal,
remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona que
desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que
preste un servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera
pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; iii) toda otra persona definida como
"funcionario público" en el derecho interno de un Estado Parte. No obstante, a los efectos de algunas
medidas específicas incluidas en el capítulo II de la presente Convención, podrá entenderse por "funcionario
público" toda persona que desempeñe una función pública o preste un servicio público según se
defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; (…)
Artículo 3.- Ámbito de aplicación
1. La presente Convención se aplicará, de conformidad con sus disposiciones, a la prevención, la
investigación y el enjuiciamiento de la corrupción y al embargo preventivo, la incautación, el decomiso y la
restitución del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.
2. Para la aplicación de la presente Convención, a menos que contenga una disposición en contrario, no será
necesario que los delitos enunciados en ella produzcan daño o perjuicio patrimonial al Estado.”
“Artículo 5.- Políticas y prácticas de prevención de la corrupción.
7
2. La Convención Interamericana contra la corrupción, aprobada mediante Ley N° 7670, de 17 de abril de 1997. Esta Convención también compromete a los estados miembros a adoptar las medidas legislativas necesarias para tipificar los actos de corrupción de funcionarios públicos y crear, mantener y fortalecer normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas.9
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico,
formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que
promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación
de rendir cuentas.
2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la
corrupción.
3. Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las medidas
administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados para combatir la corrupción.
(…)
Artículo 6.- Órgano u órganos de prevención de la corrupción
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico,
garantizará la existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la
corrupción con medidas tales como: a) La aplicación de las políticas a que se hace alusión en el artículo 5 de la presente Convención y,
cuando proceda, la supervisión y coordinación de la puesta en práctica de esas políticas; (…)”
“Artículo 8.- Códigos de conducta para funcionarios públicos
1. Con objeto de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales
de su ordenamiento jurídico, promoverá, entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la
responsabilidad entre sus funcionarios públicos.
2. En particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus propios ordenamientos institucionales y
jurídicos, códigos o normas de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las
funciones públicas.
(…)
6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar, de conformidad con los principios
fundamentales de su derecho interno, medidas disciplinarias o de otra índole contra todo funcionario público que transgreda los códigos o normas establecidos de conformidad con el presente
artículo.”
“Artículo 65.- Aplicación de la Convención
1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las
medidas que sean necesarias incluidas medidas legislativas y administrativas, para garantizar el
cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente Convención.
2. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que las previstas en la presente
Convención a fin de prevenir y combatir la corrupción.” 9 En este sentido, ver los artículos I, II, III, VI, VII y XI siguientes:
“ARTICULO I.- Definiciones
Para los fines de la presente Convención, se entiende por: "Función pública", toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una
persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus
niveles jerárquicos.
"Funcionario público", "Oficial Gubernamental" o "Servidor público", cualquier funcionario o empleado del
Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar
actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos.
(…)
ARTICULO II.- Propósitos
8
A partir de la anterior normativa internacional, la Sala Constitucional concluye lo siguiente:
Los propósitos de la presente Convención son:
1.- Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios
para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y (…)
ARTICULO III.- Medidas preventivas
A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes convienen en considerar la
aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y
fortalecer:
1.- Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso
adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones.
Establecerán también las medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las
autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.
Tales medidas ayudarán a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios públicos y en la gestión
pública.
2.- Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta.
(…)”
“ARTICULO VI.- Actos de corrupción
1.- La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción:
a) El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores,
promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de
cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;
b) El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que
ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores,
promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u
omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;
c) La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de
cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí
mismo o para un tercero;
d) El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se
refiere el presente artículo; y e) La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la
comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los
que se refiere el presente artículo.
2.- La presente Convención también será aplicable, de mutuo acuerdo entre dos o más Estados Partes, en
relación con cualquier otro acto de corrupción no contemplado en ella.
ARTICULO VII.- Legislación interna
Los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas legislativas o de otro carácter que
sean necesarias para tipificar como delitos en su derecho interno los actos de corrupción descritos en el
Artículo VI.1. para facilitar la cooperación entre ellos, en los términos de la presente Convención.”
“ARTICULO XI.- Desarrollo progresivo
1.- A los fines de impulsar el desarrollo y la armonización de las legislaciones nacionales y la consecución de los objetivos de esta Convención, los Estados Partes estiman conveniente y se obligan a considerar la
tipificación en sus legislaciones de las siguientes conductas:
(…)
b) El uso o aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte de un funcionario
público o una persona que ejerce funciones públicas de cualquier tipo de bienes del Estado o de empresas o
instituciones en que este tenga parte, a los cuales ha tenido acceso en razón o con ocasión de la función
desempeñada.
(…)”
9
a) Que el derecho internacional le impone al Estado de Costa Rica el deber de
garantizar el principio de probidad en el ejercicio de la función pública. b) Que el no poder sancionar a los diputados y las diputadas cuando, en el
ejercicio de su cargo violan el principio de probidad, por una omisión constitucional, constituye un claro incumplimiento de una obligación que imponen los tratados internacionales al Estado costarricense.
c) Que “se deben crear o adoptar medidas legislativas –incluso reformas constitucionales- y administrativas para regular las causales que permitirían suspender y cancelar las credenciales a los legisladores por faltas al principio de Probidad, así como las demás sanciones disciplinarias que quedarían reguladas en el Reglamento de la Asamblea Legislativa, al promover políticas y fortalecer mecanismos para prevenir, detectar, investigar, disciplinar o sancionar esas faltas, y con ello hacer eficaces dichas disposiciones.”10
d) Que, conforme los instrumentos internacionales citados, el principio de derecho internacional effet utile11, la doctrina mayoritaria del derecho procesal constitucional y la jurisprudencia de los tribunales constitucionales, el Tribunal Constitucional tiene competencia para fijar plazos a la Asamblea Legislativa, con el objeto de que reforme parcialmente la Constitución Política y la ponga en sintonía con el Derecho internacional, dando cumplimiento así a las obligaciones que el Estado costarricense ha asumido con la comunidad internacional.
e) Que la postura asumida por el Tribunal Constitucional tiene como ventaja que previene ante eventuales responsabilidades internacionales que se le pueden exigir al Estado costarricense por no cumplir con las obligaciones que se derivan de un instrumento internacional.12
f) Que se debe otorgar a la Asamblea Legislativa el plazo de 36 meses para que dicte la reforma parcial a la Constitución Política y la enmienda a su Reglamento para incorporar el deber de probidad como una causal de pérdida de credencial de los diputados y diputadas, las faltas al deber de probidad, así como otras sanciones administrativas que no impliquen dicha cancelación, en el caso de que los diputados cometan faltas a los deberes éticos-funcionariales.
10 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 2010-012826 de las 9 horas y 34
minutos del 30 de julio de 2010. 11 “El principio de derecho internacional effet utile exige del Estado, en la interpretación y aplicación de los
Tratados sobre derechos humanos, y de aquellos no autoaplicables (non-self executing), la de estimular a todos los órganos del aparato estatal para que se generen efectos duraderos en el orden interno de acuerdo
con las obligaciones internacionales adquiridas, de modo que se deben tomar las medidas necesarias en todo
su conjunto, para asegurar que los términos de un acuerdo internacional tengan efectos en armonía con el
derecho interno.” Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 2010-012826 de las 9
horas y 34 minutos del 30 de julio de 2010. 12 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 2010-012826 de las 9 horas y 34
minutos del 30 de julio de 2010.
10
b) Normativa interna
Por su parte, la normativa interna también ha desarrollado este principio, fundamentalmente mediante los artículos 3 y 4 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que dicen:
“Artículo 3º-Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. Artículo 4º-Violación al deber de probidad. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal.”
Además, y en cuanto al caso que nos ocupa, el artículo 2 de la Ley contra la corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública considera al servidor público con entera independencia del carácter representativo de su cargo, de manera que un funcionario o funcionaria puede ser de elección popular y ello no impide la aplicación de la norma, y el artículo 43 de ese mismo cuerpo normativo admite, de manera explícita, que una persona infractora de las prohibiciones lo sea un diputado o diputada.13 Los citados artículos señalan:
“Artículo 2º-Servidor público. Para los efectos de esta Ley, se considerará servidor público toda persona que presta sus servicios en los órganos y en los entes de la Administración Pública, estatal y no estatal, a nombre y por cuenta de esta y como parte de su organización, en virtud de un acto de investidura y con entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva. Los términos funcionario, servidor y empleado público serán equivalentes para los efectos de esta Ley. Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables a los funcionarios de hecho y a las personas que laboran para las empresas públicas en
13 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 2008-18564 de las 14 horas con 45
minutos del 17 de diciembre de 2008.
11
cualquiera de sus formas y para los entes públicos encargados de gestiones sometidas al derecho común; asimismo, a los apoderados, administradores, gerentes y representantes legales de las personas jurídicas que custodien, administren o exploten fondos, bienes o servicios de la Administración Pública, por cualquier título o modalidad de gestión.”
“Artículo 43.-Responsabilidad de los miembros de los Supremos Poderes. En caso de que las infracciones previstas en esta Ley sean atribuidas a diputados, regidores, alcaldes municipales, magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, ministros de Gobierno, el contralor y subcontralor generales de la República, defensor de los habitantes de la República y el defensor adjunto, el regulador general y el procurador general de la República, o a los directores de las instituciones autónomas, de ello se informará, según el caso, al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Gobierno, la Asamblea Legislativa o al presidente de la República, para que, conforme a derecho, se proceda a imponer las sanciones correspondientes.”
B) REFORMA DEL ARTÍCULO 112 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA A continuación, se relatan los antecedentes que culminan con la aprobación de la Ley no. 9571 de 23 de mayo de 2018, “Pérdida de credencial de Diputado por violación al Principio de Probidad mediante la reforma del artículo 112 de la Constitución Política” y se citan otros proyectos en la corriente legislativa tendientes al cumplimiento de lo ordenado en dicha reforma parcial a nuestra Carta Magna.
a) Antecedentes
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en los votos N° 2010-11352 de las quince horas y cinco minutos del 29 de junio de 2010 y N° 2010-12826 de las nueve horas y treinta y cuatro minutos del 30 de julio de 2010, ordena lo siguiente: “Se le da un plazo de treinta y seis meses a la Asamblea Legislativa para que dicte la reforma parcial a la Constitución Política y la reforma a su Reglamento para incorporar el deber de probidad como una causal de cancelación de credencial y otras sanciones”, en atención a compromisos asumidos por el Estado costarricense en el tema de la lucha contra la corrupción y la garantía del principio de probidad de las y los funcionarios públicos, y en consonancia con el desarrollo normativo interno. En el Voto N° 2010-011352, la Sala Constitucional afirma que la cancelación de las credenciales de un diputado o diputada es una cuestión cuya regulación está reservada a la Constitución Política y remite a un estudio de derecho constitucional comparado donde, en el caso de las constituciones de América, predomina la ausencia de disposiciones que remitan a la legislación común para
12
desarrollar sus preceptos en temas como las incompatibilidades e inhabilidades de los diputados y diputadas.
Sobre los resultados del citado estudio, existen casos en los que las disposiciones constitucionales remiten a la normativa interna del Parlamento para establecer sanciones por incompatibilidad e inhabilidades, e incluso, en Panamá y Colombia, son los propios partidos políticos los que regulan la potestad disciplinaria, permitiendo hasta la pérdida del cargo; sin embargo, no existe remisión alguna de las constituciones políticas a la legislación ordinaria para establecer las causales para cancelar las credenciales como diputados. 14
Sobre si existe reserva constitucional para establecer en Costa Rica otras causales para la cancelación de credenciales de los diputados, distintas a las contenidas en los artículos 111 y 112 de nuestra Carta Magna, la Sala Constitucional concluye que:15
a) Esta es materia indisponible para el legislador o legisladora, pues se trata de un contenido necesario de la Constitución Política que solo puede ser regulado por el poder constituyente originario o derivado, de manera que cualquier ampliación de las causales para la pérdida de credenciales de los diputados y las diputadas por medio de ley es inconstitucional. Solo mediante una reforma constitucional es posible establecer esas causales.
b) Aunque el Reglamento legislativo se constituye en un parámetro de constitucionalidad, en este caso no cumple con las mejores garantías para la protección del cargo de diputado o diputada en términos de publicidad, participación ciudadana, número de debates, entre otros. Sin embargo, la Asamblea tiene la competencia para establecer en su Reglamento sanciones disciplinarias a sus miembros por violación al principio de probidad, siempre que no se trate de los presupuestos para decretar la pérdida de credenciales de los diputados y las diputadas.
Conforme lo anterior, y en atención a lo ordenado por la Sala Constitucional, se emite la Ley no. 9571 de 23 de mayo de 2018, que reforma el artículo 112 de la Constitución Política para incluir, de manera expresa, la pérdida de credencial de Diputado o Diputada por violación al deber de probidad, sujetándolo a las causales y procedimiento que establezca una ley que ha de ser aprobada por mayoría calificada de dos tercios de la totalidad de las personas miembros de la Asamblea Legislativa. El artículo 112 reza:
14 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 2010-012826 de las 9 horas y 34
minutos del 30 de julio de 2010. 15 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resoluciones N° 2010-012826 de las 9 horas y 34
minutos del 30 de julio de 2010 y N° 2010-011352 de las 15 horas y 5 minutos del 29 de junio de 2010.
13
“Artículo 112- La función legislativa es también incompatible con el ejercicio de todo otro cargo público de elección popular. Los diputados no pueden celebrar, ni directa ni indirectamente, o por representación, contrato alguno con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos que implique privilegio, ni intervenir como directores, administradores o gerentes en empresas que contraten con el Estado, obras, suministros o explotación de servicios públicos. La violación a cualquiera de las prohibiciones consignadas en este artículo o en el anterior, producirá la pérdida de la credencial de diputado. Lo mismo ocurrirá si en el ejercicio de un Ministerio de Gobierno, el diputado incurriere en alguna de esas prohibiciones. Los diputados cumplirán con el deber de probidad. La violación de ese deber producirá la pérdida de la credencial de diputado, en los casos y de acuerdo con los procedimientos que establezca una ley que se aprobará por dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.” (lo destacado es nuestro)
Es así que el legislador o legisladora, con la aprobación de la Ley no. 9571 decide romper con lo que ha sido la norma en las constituciones de América, según el estudio citado en los votos N° 2010-012826 y N° 2010-011352 de la Sala Constitucional y, en el caso de Costa Rica, una materia cuya regulación ha sido reservada a la Constitución Política, se flexibiliza, al remitir a la ley común el establecimiento de los casos en que la violación al deber de probidad producirá la pérdida de credencial del Diputado o Diputada, aunque establece asimismo, que dicha ley debe ser aprobada por una mayoría calificada de dos tercios de las personas legisladoras de la Asamblea Legislativa.16
b) Otros proyectos en la corriente legislativa
Otro de los proyectos que han sido presentados en la corriente legislativa que busca dar contenido al mandato constitucional del artículo 112 es el tramitado bajo el expediente no. 21515 “Régimen de Responsabilidad de las Diputaciones por
16 Al respecto, señala el Informe elaborado por el Departamento de Servicios Técnicos, sobre el expediente
no. 19267 “REFORMA REGLAMENTARIA PARA INCLUIR UN CAPÍTULO SOBRE LAS FALTAS AL
DEBER DE PROBIDAD Y SUS RESPECTIVAS SANCIONES”, OFICIO ST.254-2014 J, lo siguiente:
“La viabilidad de que mediante ley se puedan establecer nuevas causales que produzcan la pérdida de
credenciales de los diputados se encuentra en lo que se ha denominado “normas eco”, las cuales son
preceptos legales que constituyen un desarrollo de una concepción muy concreta del Derecho de la Constitución (valores, principios y normas),16 como sería el caso que nos ocupa. En este sentido, no existe
impedimento para que, mediante una norma legal (norma eco) se establezcan las causales de pérdida de
credencial de los diputados, si es la misma Constitución Política la que lo autoriza; sin embargo, considera
esta Asesoría la conveniencia de que dicha ley sea aprobada por mayoría calificada, tal y como se establece
en los artículos 24 y 45 constitucionales16, donde se establecen limitaciones a derechos fundamentales como
lo son el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones, así como el derecho a
propiedad, pero para ello se requiere de una ley aprobada por dos tercios de la totalidad de los miembros de
la Asamblea Legislativa.”.
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violación al Deber de Probidad”, actualmente en conocimiento de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos. III. ANALISIS DEL ARTICULADO La presente iniciativa pretende, de acuerdo con lo indicado en su exposición de motivos, promulgar la ley que desarrolle y haga efectivo lo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución Política en cuanto a la pérdida de la credencial de Diputado y Diputada ante el incumplimiento del deber de probidad. A continuación, pasamos a analizar el articulado del proyecto para identificar si lo dispuesto permite cumplir con el fin propuesto. ARTÍCULO 1 Este artículo dispone que quienes integran la Asamblea Legislativa perderán su credencial en los supuestos establecidos en el artículo 112 constitucional. Dicha norma requiere mayor precisión, fundamentalmente porque es ese primer artículo el que puntualiza cuál será el objetivo de ley y llama la atención que ni en ese ni en ningún otro artículo de este proyecto, se hace referencia al Deber de Probidad, que es el que, según lo indicado por la proponente, justifica la presentación de esta iniciativa. De ser la intención de la proponente el regular todos los supuestos del artículo 112 sancionados con la pérdida de credencial, se estaría refiriendo a:
1. El o la diputada que ejerza otro cargo público de elección popular. 2. El o la diputada que celebre directa o indirectamente, o por representación,
un contrato con el Estado, u obtenga una concesión de bienes públicos que implique privilegio, o intervenga como persona directora, administradora o gerente en empresas que contraten con el Estado, obras, suministros o explotación de servicios públicos.
3. El o la diputada que incurra en las prohibiciones del artículo 11117, o sea, que acepte un cargo o empleo de los otros Poderes del Estado o de las instituciones autónomas, salvo que se trate de un Ministerio de Gobierno, delegaciones internacionales, instituciones de beneficencia, catedráticos en universidades del Estado.
4. El o la diputada que incumpla con el deber de probidad, en los casos y según los procedimientos que indique la ley aprobada
17 “ARTÍCULO 111.- Ningún Diputado podrá aceptar, después de juramentado, bajo pena de perder su
credencial, cargo o empleo de los otros Poderes del Estado o de las instituciones autónomas, salvo cuando se
trate de un Ministerio de Gobierno. En este caso se reincorporará a la Asamblea al cesar en sus funciones.
Esta prohibición no rige para los que sean llamados a formar parte de delegaciones internacionales, ni para
los que desempeñan cargos en instituciones de beneficencia, o sean catedráticos de la Universidad de Costa
Rica o en otras instituciones de enseñanza superior del Estado.”
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por dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.
Asimismo, en aras de una mayor precisión, se recomienda hacer referencia expresa a la pérdida de credencial “de diputado o diputada”. ARTÍCULO 2 Este artículo establece como requisito previo para la tramitación del procedimiento de pérdida de credencial, el pronunciamiento de la Procuraduría de la Ética Pública que señale la posible comisión de las causales constitucionales, lo que en lo relativo al incumplimiento del Deber de Probidad se encuentra limitado por no establecerse en el proyecto los casos en que se produce la pérdida de credencial. ARTÍCULO 3 Lo dispuesto en el artículo 3, además de ser reiterativo en relación con el contenido del artículo 2, establece tan solo la obligación de la Presidencia de la Asamblea Legislativa de que, al recibir una resolución o informe de la Procuraduría de la Ética sobre procedimientos seguidos en contra de diputados o diputadas, lo informe a las demás personas miembros de la Asamblea en un plazo perentorio de 24 horas y por los medios que considere oportunos. El plazo perentorio se ha definido de la siguiente manera:
“El fatal, preclusivo o improrrogable, cuyo transcurso extingue o cancela la facultad o el derecho que durante él no se ejerció.” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, políticas, sociales y de economía. 2a.ed., Buenos Aires: Editorial Universidad. 1999. p. 987).18 “Es perentorio cuando el cumplimiento del acto fuera del plazo, se sanciona con nulidad o inadmisibilidad. El plazo ordenatorio implica que el acto cumplido luego de vencido el plazo, pese lo irregular de la situación, es un acto válido que lo único que podría acarrear es una sanción disciplinaria al funcionario responsable (artículo 329 Ley General de la Administración Pública).”19
Por lo tanto, si el plazo de 24 horas que tiene la Presidencia para informar sobre el recibimiento del informe de la Procuraduría de la Ética es perentorio, surge la pregunta de cuál sería el efecto de su incumplimiento y si el mismo hace nulo el procedimiento que siga la Asamblea Legislativa, lo que carecería de lógica.
18 Procuraduría General de la República, Dictamen C-246-2008 de 15 de julio de 2008. 19 Resolución N° 1386-2011 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
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Considera esta Asesoría que dicho plazo debería ser ordenatorio, de manera que ante un eventual incumplimiento del mismo, no reste validez al procedimiento, y más bien se establezca la responsabilidad y una sanción disciplinaria al Presidente de la Asamblea Legislativa. ARTÍCULO 4
Este artículo remite al procedimiento establecido en el Reglamento legislativo en el caso de acusaciones de los miembros de los Supremos Poderes. Dicho procedimiento se encuentra establecido en el Capítulo II del Título IV, de los artículos 216 al 219.20 Sobre este artículo, esta Asesoría hace las siguientes observaciones:
1. Nuevamente, la primera parte del artículo resulta repetitivo, en relación con lo dispuesto en los artículos 2 y 3.
2. Se busca aplicar el procedimiento de levantamiento del fuero de improcedibilidad o inviolabilidad penal a la pérdida de credencial de diputado21, que responden a situaciones fácticas distintas, puesto que el
20 “ARTÍCULO 216.- Acusación de funcionarios públicos. Cuando fuere acusado ante la Asamblea alguno
de los funcionarios públicos citados en la fracción novena del artículo 121 de la Constitución Política,
presentada la acusación y leída con los demás documentos que la acompañaren, se pasará el expediente a
una comisión integrada por tres diputados elegidos por la Asamblea.
ARTÍCULO 217.- Trámite en comisión de la acusación. Tal comisión, una vez organizada conforme lo
dispone este Reglamento, recibirá todas las pruebas que presenten, tanto el acusador como el acusado, y
terminada la información, dará cuenta de ella a la Asamblea, acompañándola con el correspondiente
informe.
ARTÍCULO 218.- Formación de causa contra el funcionario. El informe de la comisión y los respectivos documentos se leerán en sesión secreta en presencia del acusado, invitado al efecto. Después de la lectura se
concederá la palabra al acusado, si concurriere, para que exponga, si lo desea, lo que juzgue conveniente a
su defensa; se retirará en seguida y la Asamblea, después de haber deliberado, procederá a declarar por los
dos tercios de votos del total de sus miembros, si hay o no lugar a formación de causa contra el funcionario.
En caso afirmativo, lo pondrá a disposición de la Corte Suprema de Justicia, para que sea juzgado conforme
con derecho, con lo cual quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones.20
ARTÍCULO 219.- Suspensión del funcionario. Cuando los miembros de los Supremos Poderes, Ministros de
Gobierno o Ministros Diplomáticos de la República, fueren acusados o resultaren comprometidos como
autores o como cómplices de un delito común, y el hecho lo hubiere puesto el Juez o Tribunal que conozca
de la causa en conocimiento de la Asamblea, acompañando certificación de los antecedentes necesarios sin
que el interesado hubiere renunciado en forma expresa a su fuero, se pasará el asunto a conocimiento de
una comisión integrada por tres diputados, a fin de que rinda informe indicando si debe ser o no levantado el fuero. Si posteriormente el Juez o Tribunal informare a la Asamblea que dentro de la causa se ha dictado
y ha quedado firme un auto de prisión y enjuiciamiento, necesariamente se procederá a declarar la
suspensión del acusado.” 21 En estos términos, la Sala Constitucional, en la Resolución 428-93 ha indicado: "...Algunos juristas utilizan
la palabra fuero, para referirse al privilegio o inmunidad que gozan algunos funcionarios en razón de los
cargos que ocupan y es ésta una institución jurídica nacida en los Parlamentos -Inglaterra se considera el
país en el que se originó el privilegio- y se concede, en función del órgano y no a título personal. En el
tratamiento del tema no hay una absoluta precisión terminológica doctrinaria; algunos autores diferencian
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primero responde a la atribución que la Constitución Política le otorga a la Asamblea para admitir o no las acusaciones que se interpongan contra miembros de los Supremos Poderes con el fin de declarar si hay o no lugar a formación de causa contra ellos y poniéndolos, si fuese el caso, a disposición de la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento; mientras que el segundo debe responder a la posibilidad de retirar la credencial de diputado o diputada por faltas al deber de probidad. Existe una confusión en cuanto a los procedimientos aplicables, pues incluso el artículo 218 del Reglamento legislativo es claro cuando indica que la votación afirmativa de la Asamblea a lo que da pie es a poner al sujeto “a disposición de la Corte Suprema de Justicia, para que sea juzgado conforme con derecho, con lo cual quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones”, mientras que lo propuesto en este artículo es que de acordar la Asamblea la pérdida de credencial por votación calificada (no se indica si de dos terceras o tres cuartas partes de las y los miembros de la Asamblea Legislativa), lo
entre inmunidades y privilegios y es muy utilizado también, la asimilación del término inmunidad a
irresponsabilidad e inviolabilidad. Para evitar confusiones no deseadas, utilizaremos los mismos términos que emanan de nuestra Constitución Política: A) Irresponsabilidad.- Nuestro régimen de derecho admite la
posibilidad de que ciertas personas, autores de acciones calificadas como delitos, no sean perseguidas
penalmente, a pesar de que concurran todas las condiciones para la punibilidad de los hechos. Se trata de
una verdadera inmunidad penal y la Constitución Política le reconoce ese privilegio, únicamente a los
diputados de la Asamblea Legislativa, al disponer en su artículo 110, que " El Diputado no es responsable
por las opiniones que emita en la Asamblea. .." Con esta norma otorgó el Constituyente, una plena
irresponsabilidad penal al legislador, por las opiniones que vierta en la Asamblea Legislativa en el
desempeño de su cargo, no pudiendo imponérsele por esos hechos pena alguna, ni aún cuando hubiere
cesado en sus funciones. Concebida en su carácter funcional y no personal, la irresponsabilidad penal tiene
como finalidad asegurar la libertad de los legisladores para expresar en el desempeño de sus funciones, sus
ideas y juicios, sin el temor de que se les exija responsabilidad, que pueda menoscabar su independencia y
por consiguiente, la del Poder Legislativo. B) Inmunidad. Gozan también los diputados de prerrogativas o privilegios en relación con: I) su fuero de detención, previsto en la Constitución Política en el párrafo
primero del artículo 110, en relación con causas civiles y penales. El Diputado no puede ser arrestado por
causa civil durante los períodos de sesiones, sean estas ordinarias o extraordinarias, privilegio que deja de
existir cuando el diputado lo consienta o la Asamblea levante el fuero. El segundo párrafo señala que el
diputado no podrá ser privado de su libertad por motivo penal, sino cuando haya sido suspendido por la
Asamblea, cuando el diputado la renuncie o en caso de flagrante delito, pudiendo la Asamblea Legislativa,
en este último supuesto, ordenar la inmediata libertad del diputado. El fuero de detención (civil y penal), por
disposición de las propias normas constitucionales antes indicadas, puede ser renunciado. II) Fuero
procedimental: Por disposición del inciso 9 del artículo 121 de la Constitución Política, los diputados sólo
pueden ser perseguidos penalmente cuando hayan terminado su mandato, o durante el mismo, si la Asamblea
Legislativa determina que " hay lugar a formación de causa" y lo pone a disposición de la Corte Suprema de Justicia para su posterior juzgamiento. El privilegio y su consecuencia, el desafuero, se encuentran regulados
por la Constitución Política; conforme a este procedimiento, es potestad de la Asamblea Legislativa, por
dos terceras partes del total de sus miembros, autorizar o no el levantamiento del fuero, a los efectos de
poner a los funcionarios privilegiados, a disposición de la Corte Suprema de Justicia para que sean
juzgados. La norma del artículo 336 del Código Penal tiene por misión garantizar el respeto a los privilegios
fijados en el orden constitucional. Además, por disponerlo así el inciso 10 del artículo 121 de la Constitución
Política, el desafuero del funcionario protegido para enfrentar causa por delitos comunes, puede implicar,
también, la suspensión del cargo...». (lo resaltado es nuestro)
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comunicará al Tribunal Supremo de Elecciones para la sustitución del diputado o diputada que ha perdido la credencial.
3. La Sala Constitucional ha analizado cuál es el órgano competente para investigar y sancionar a las y los diputados por infracciones al deber de probidad, concluyendo lo siguiente22: En el Voto N° 2008-18564, la Sala Constitucional resuelve que, conforme con lo establecido en los artículos 2, 3, 4 y 43 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y el inciso h) del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría de la Ética le corresponde informar a la Asamblea Legislativa las presuntas infracciones al deber de probidad por parte de las y los diputados, y esta última es la que tiene la competencia para imponer la sanción pertinente; con este fin, el Poder Legislativo debe proveerse de un régimen explícito para tramitar y sancionar faltas a la probidad de sus miembros en el ejercicio de sus cargos, en atención a la normativa internacional e interna en la materia. Posteriormente, con la promulgación del Código Electoral, Ley no. 8765 de 19 de agosto de 2009 y sus reformas, y conforme lo establecido en el artículo 262 de ese cuerpo normativo23 y el artículo 102 inciso 10) de la Constitución Política24, al Tribunal Supremo de Elecciones le corresponde valorar la admisibilidad de la denuncia interpuesta contra los diputados y las diputadas por las causales contenidas en la Carta Magna (artículos 111 y 112), y declarar oficialmente si existen méritos para desestimar o no una denuncia que puede acarrear el retiro o anulación de la credencial otorgada, si la Asamblea Legislativa levanta la inmunidad respectiva o se haya renunciado a esta y se cumple con las exigencias del debido
22 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución no 2010-011352. 23 “ARTÍCULO 262.- Cancelación de credenciales de los miembros de los Supremos Poderes
El TSE cancelará o anulará las credenciales del presidente, los vicepresidentes de la República y de los diputados(as) a la Asamblea Legislativa, únicamente por las causales establecidas en la Constitución
Política. (Así reformado el párrafo anterior de acuerdo con anulación parcial ordenada por resolución de la Sala
Constitucional N° 11352 del 29 de junio de 2010, adicionada por resolución N° 11637 del 02 de julio del
mismo año.) Salvo que se solicite por renuncia, cuando se inste la cancelación de credenciales del presidente,
vicepresidentes o diputados(as), el Tribunal se concretará a valorar la admisibilidad de la denuncia. En el caso que no proceda rechazar, de plano, la denuncia ni acordar su archivo, se designará como
magistrado instructor a uno de sus integrantes para que realice una investigación preliminar, sin que para
tal efecto se pronuncie sobre el fondo del asunto. Una vez realizada la investigación preliminar, el Tribunal
podrá ordenar que la denuncia se archive; de lo contrario, trasladará el expediente a la Asamblea
Legislativa para que se decida sobre el levantamiento de la inmunidad. Si el titular de la credencial
renuncia a la inmunidad para someterse voluntariamente al procedimiento, el Tribunal resolverá según
corresponda. Si la Asamblea Legislativa acuerda el levantamiento de la inmunidad, lo comunicará al TSE, para que decida
lo que corresponda.” 24 “ARTÍCULO 102.- El Tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes funciones:
(…)
10) Las otras funciones que le encomiende esta Constitución o las leyes.”
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proceso.25 No obstante, a la fecha el Reglamento legislativo no contiene un procedimiento para imponer sanciones a sus miembros.
4. Por su parte, en el Voto N° 2008-18564, el Tribunal Constitucional aclara que la competencia de la Procuraduría General de la Republica se circunscribe al ámbito de la función pública, por lo que no incluye acciones o actuaciones con ese mismo propósito en tratándose de fondos públicos o del manejo de la hacienda pública, existiendo por lo tanto, un claro deslinde de las competencias y potestades constitucionales de la Contraloría General de la República.
ARTÍCULO 5
Finalmente, este artículo dispone que contra lo acordado por la Asamblea Legislativa no cabrá recurso alguno, lo que podría vulnerar el principio del debido proceso y el derecho de defensa.26 Tal y como se observa, este proyecto de ley lo que hace es establecer un procedimiento para la pérdida de credencial de diputado o diputada en general y omite indicar los casos de incumplimiento al deber de probidad que serían sancionados con la pérdida de credencial del diputado o diputada, lo que no contribuye a garantizar la efectividad de la disposición constitucional del artículo 112. Por lo dicho, la iniciativa no pareciera dar real cumplimiento a lo ordenado en el último párrafo del artículo 112 de la Constitución Política.
25 “Como lo indica la Procuraduría General de la República, la cláusula residual permite al legislador
conferir las competencias necesarias para establecer el trámite en un órgano especializado en temas
electorales, en el criterio de la Sala lo es para valorar si una conducta resulta violatoria de las
prohibiciones contenidas en la Constitución Política, pero no en la ley u otras disposiciones, y sancionarla
con la anulación de las credenciales que previamente otorgó.” Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, Resolución Nº 2010-011352 de las 15 horas y 5 minutos del 29 de junio de dos mil diez. 26 “dice el párrafo primero del artículo 39 de la Constitución Política, disposición -junto con el artículo 41
ejúsdem- de la que deriva el principio constitucional del debido proceso, entendido como el procedimiento
judicial justo, que es aplicable no sólo a los procesos penales, sino además, a todos los judiciales, y también administrativos. Concretamente, del artículo 39 se reconoce el principio de inviolabilidad de la defensa, ya
que para ejercitarla es necesario un procedimiento reglado en la ley; en tanto la sentencia firme a que la que
se refiere la norma constitucional, tiene que ser lógicamente el resultado de un juicio pendiente, en el que se
hayan dado todas las garantías del debido proceso y derecho de defensa. En virtud de ello, es que es
violatorio de este principio -y por ende de los artículos 39 y 41 constitucionales- el pretender establecer
efectos jurídicos de un proceso penal sin que haya mediado procedimiento al efecto, como lo ha señalado en
forma reiterada esta Jurisdicción.” Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución no.
18352-09.
20
IV. ASPECTOS DE TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO
Votación
De conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 112 de la Constitución Política, el presente proyecto de ley requiere para su aprobación del voto de dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.
Delegación
La presente iniciativa es indelegable a una comisión con potestad legislativa plena, en virtud de la mayoría calificada requerida en el artículo 112 constitucional.
Consultas preceptivas
Tribunal Supremo de Elecciones (artículo 97 Constitución Política)27
V. FUENTES
Constitución Política y leyes
Constitución Política de la República de Costa Rica de 7 de noviembre de
1949. Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, aprobada por Ley
no. 8557, de 29 de noviembre de 2006. Convención Interamericana contra la corrupción, aprobada mediante Ley
no. 7670, de 17 de abril de 1997. Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública,
Ley no. 8422 de 6 de octubre de 2004 y sus reformas. Pérdida de credencial de Diputado por violación al Principio de Probidad
mediante la reforma del artículo 112 de la Constitución Política, Ley no. 9571 de 23 de mayo de 2018.
Código Electoral, Ley no. 8765 de 19 de agosto de 2009 y sus reformas.
Reglamento de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.
27 “ARTÍCULO 97.- Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a materias electorales, la
Asamblea Legislativa deberá consultar al Tribunal Supremo de Elecciones; para apartarse de su opinión se
necesitará el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros. Dentro de los seis meses anteriores y
los cuatro posteriores a la celebración de una elección popular, la Asamblea Legislativa no podrá, sin
embargo, convertir en leyes los proyectos sobre dichas materias respecto de los cuales el Tribunal Supremo
de Elecciones se hubiese manifestado en desacuerdo.”
21
Jurisprudencia
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución no. 2008-18564 de las 14 horas con 45 minutos del 17 de diciembre de 2008.
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución no. 2010-012826 de las 9 horas y 34 minutos del 30 de julio de 2010.
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución no. 2010-011352 de las 15 horas y 5 minutos del 29 de junio de 2010.
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución no. 2014-004182 de las catorce horas treinta minutos del veintiséis de marzo del dos mil catorce.
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución no. 428-93.
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución no. 18352-09.
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución no. 1386-2011. Otras
Departamento de Servicios Técnicos, Informe jurídico sobre el Proyecto de Acuerdo “Reforma reglamentaria para incluir un capítulo sobre las faltas al deber de probidad y sus respectivas sanciones”, expediente no. 19.267, Oficio ST-254-2014 J, de noviembre de 2014, elaborado por Rebeca Araya Quesada.
Departamento de Servicios Técnicos, Informe sobre el expediente no. 19267 “REFORMA REGLAMENTARIA PARA INCLUIR UN CAPÍTULO SOBRE LAS FALTAS AL DEBER DE PROBIDAD Y SUS RESPECTIVAS SANCIONES”, OFICIO ST.254-2014 J.
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_comunicados/fiscalias_adjuntas/probidad/03-01-2013.pdf.
Memoria Anual 2010 de la Contraloría General de la República, página 82. http:/www.cgr.go.cr/rev_dig/mem_anual/2010/files/assets/basic-html/page82.html
Procuraduría General de la República, Dictamen C-246-2008 de 15 de julio de 2008.Proyecto de ley “Régimen de Responsabilidad de las Diputaciones por violación al Deber de Probidad”, expediente no. 21515.
Elaborado por: raq /*lsch// 19-9-2019 c. archivo
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