catherine buelvas escribe para revista ekos
Post on 22-Jan-2018
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En busca de la prosperidad colectiva, Gobierno y empresas están llamadas a actuar en conjunto.
ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS
Por: Catherine Buelvas / Directora General de LLORENTE & CUENCA Ecuadorcbuelvas@llorenteycuenca.com
A la luz del reconocimiento de los Estados sobre su res-
ponsabilidad en el bienestar so-cial del país, surge la pregunta de si debería asumirla solo o no, en-tendiendo que los recursos son escasos y que la sociedad está compuesta por distintos actores.
Michael Porter habló en 2011 de la Creación de Valor Compartido e invitó a las empresas a tomar la iniciativa de unirse a la socie-dad y a generar un nuevo mode-lo: conectar su éxito con el pro-greso social, considerando que la
Este nuevo concepto es clave para las empresa con enfoques modernos y gestión eficiente.
responsabilidad es compartida en-tre todos los actores que están en la obligación de contribuir con-juntamente al desarrollo. La cla-ve del asunto es que el Estado no debería ser el único en asu-mir la responsabilidad y que to-dos los actores sociales tienen derechos y deberes. No se pue-
de sustituir roles. Lo que crea va-lor y genera prosperidad colecti-va es el trabajo conjunto. Allí es donde nacen las Alianzas Público Privadas (APPs) como una herra-mienta para ser usada por las so-ciedades para el desarrollo a lar-go plazo. Las APPs consisten en la interacción corresponsable de
Los activos de las tres per-sonas más ricas del mun-do equivalen a la renta de 600 millones de personas pobres.
Reducir la pobreza extre-ma en 3,2% en México tardaría 44 años.
En América Latina y El Ca-ribe, dos tercios de la po-blación vive con ingresos mensuales inferiores a los USD300.
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instituciones públicas y privadas para la generación de valor que responda a las prioridades y a la estrategia de desarrollo sosteni-ble del país (definición sugerida por la Fundación Aliarse).
Las Alianzas Público Privadas han permitido en América Lati-na el desarrollo del crecimiento económico y la disminución de la pobreza en países como Bra-sil, México o Perú. Es así como los Estados que cuentan con po-cos recursos han encontrado es-ta herramienta que les permite el apalancamiento financiero de grandes proyectos mediante el capital privado y, con ello, tienen la libertad de utilizar los recursos propios para crear mayor bienes-tar social.
Por ejemplo, en algunos países el desarrollo de los servicios pú-blicos no va al ritmo del creci-miento del país y la capacidad de satisfacer la demanda por par-
te del Estado es insuficiente. Es allí donde las APPs funcionan. En la actualidad hay casos exi-tosos que cuentan con el apoyo del BID. Uno de ellos es Colom-bia, donde se está desarrollando el Programa de Apoyo a la Parti-cipación Público Privada en In-fraestructura.
El marco jurídico
• Ecuador y, específicamen-te Quito, está dando los prime-ros pasos para una legislación en APPs con la Ordenanza Metropo-litana No. 406 (Reforma de la Or-denanza 301).
• Colombia tiene la Ley 1508/2012 por la que se establece el régimen jurídico de las APPs.
• La legislación peruana adop-ta la forma de una concesión, es decir, un contrato firmado entre el Estado y una empresa y por el cual el Estado otorga la ejecu-ción y explotación de determina-
das obras públicas o la prestación de servicios públicos.
En abril de 2013, Bill Gates, Car-los Slim y el BID resaltaron la im-portancia de las Alianzas Público Privadas para avanzar en la re-ducción de la inequidad en la sa-lud de mujeres y niños menores de 5 años. Las APPs en salud son una de las más recientes apues-tas del BID y de los gobiernos de América Latina.
Las APPs generan prosperidad colectiva y velan en conjunto por el desarrollo de las sociedades. En conclusión, en este siglo se ha pasado de la filantropía a lo transaccional y ahora se llega a la etapa del vínculo. Es el siglo de construir colaboración e integra-ción. Como bien lo llamó el pro-fesor de Harvard, James Austin, es “el milenio de las alianzas”, de la interdependencia entre todos los actores de la sociedad.
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