América Latina y nuevas territorialidades

Por Santiago Navarro F. y Renata Bessi. Red Latina sin Fronteras

El mapa latinoamericano está en pleno proceso de cambio. Nuevas

territorialidades se reconfiguran afectando principalmente a

comunidades indígenas, alrededor 671 pueblos según las estadísticas

de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que van

desde el río Bravo hasta la Patagonia. Este redimensionamiento

político, social y económico del territorio esta ocurriendo acompañado

de un sin fin de conflictos y turbulencias sociales en todo el

continente.

En el año 2000 el Consejo Nacional de Inteligencia, organismo de la

Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés), previó

este escenario en un informe llamado Tendencias Globales 2015:

«Los movimientos indígenas en resistencia en Latinoamérica serán

uno de los principales desafíos para los gobiernos nacionales en los

próximos 15 años». De la misma forma afirmaba que «los

movimientos se incrementarían, facilitados por redes transnacionales

de activistas de derechos indígenas, apoyados por grupos

internacionales de derechos humanos y ecologistas bien financiados».

A más de una década de este informe, los movimientos indígenas en

resistencia se han agudizado, como había sido previsto. Lo que no

proyectó dicho documento son los factores del porque aumentarían

estos movimientos.

El reordenamiento del territorio ha desdibujado las fronteras en

términos económicos y políticos con proyectos continentales como el

Proyecto Mesoamérica —antes llamado Plan Puebla Panamá— y la

Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional

Suramericana (IIRSA), ejecutados desde el año 2000, por mencionar

algunos. Entre otros objetivos, esta la construcción de redes de

transporte, telecomunicaciones, presas hidroeléctricas, parques

eólicos, y energía en general, así como Parques Nacionales, Áreas

Nacionales Protegidas, Patrimonio de la Humanidad, Áreas de

Conservación Transfronterizas, Parques Transnacionales —también

llamados Parques para la Paz—, Corredores Ecológicos o Biológicos y

las redes de Áreas Protegidas.

«Cuando pensamos en IIRSA estamos hablando de líneas de

comunicación, de canales de paso que van atravesar 20 mil

kilómetros, que es toda la Amazonia, es una línea de penetración a

territorios muy recónditos que no habían sido alcanzados, de donde

se va a extraer lo que aun no había sido extraído», afirma en

entrevista Ana Esther Ceceña, coordinadora del Observatorio

Latinoamericano de Geopolítica, al considerar al Proyecto

Mesoamérica y al IIRSA como parte de la misma estrategia de

reordenamiento del territorio.

De acuerdo con la investigadora, cuando vemos el diseño de los

proyectos, son estratégicos, incluso en la forma en como lo manejan

los gobiernos progresistas, quienes ofrecen la IIRSA como una

oportunidad para el desarrollo.

IIRSA lo que va hacer es disciplinar mas a los gobiernos locales,

porque está marcado por el mercado mundial, son 500 empresas

transnacionales que producen el 50% del PIB mundial. Cuando uno

ve el diseño de IIRSA y los proyectos de estas empresas, van juntos,

las rutas de comunicación son para la circulación de mercancías,

materias primas y energéticos.

Lo que vive América Latina es un nuevo colonialismo basado en la

apertura de nuevos caminos que posibiliten el extractivismo. «El

capital necesita reordenar el territorio —considerado este como una

construcción histórica social— para continuar con su reproducción,

tanto material como de relaciones de poder, de acumulación de

capital y de ganancias. Este ordenamiento es para tener acceso a

mayor escala a cierto tipo de materiales de la tierra», evalúa Ceceña.

El parque eólico propiedad de Gas Natural Fenosa, que utiliza el

nombre Biìo Hioxo Energía, continúa su avance en tierras comunales,

donde existen centros ceremoniales sagrados en Zaragoza Juchitán

de Oaxaca. Fotografía: Santiago Navarro

El parque eólico propiedad de Gas Natural Fenosa, que utiliza el

nombre Biìo Hioxo Energía, continúa su avance en tierras comunales,

donde existen centros ceremoniales sagrados en Zaragoza Juchitán

de Oaxaca. Fotografía: Santiago Navarro

Para Gustavo Esteva, fundador de la Universidad de la Tierra en

Oaxaca, México, la crisis que el sistema capitalista está viviendo, ha

llevando a las empresas a utilizar procedimientos precapitalistas de

despojo en la forma colonial. «Están buscando expandirse hacia

territorios que habían conservado estos pueblos», sostiene en

entrevista.

Esta expansión ha llevado a confrontar con los modos de vida que

existen en los territorios y esto ha provocado el levantamiento de los

pueblos. «Los indígenas están en el frente de batalla librando una

guerra que es para todos nosotros, porque es ahí donde el sistema

capitalista quiere relanzar una nueva forma de acumulación»,

asegura Esteva.

La respuesta de las comunidades indígenas en el continente

latinoamericano se ha reconfigurado por lo menos en dos vertientes,

una es por la vía institucional que ha seguido los parámetros

establecidos por los acuerdos internacionales como el 169 de la

Organización Internacional del Trabajo (OIT) o las luchas locales por

el reconocimientos jurídico de sus formas de vida. La otra es la de los

movimientos que no quieren estar bajo la jurisdicción o

administración del Estado, como lo es el movimiento zapatista, en

México, quienes han construido sus propias formas de autogobierno.

Las demarcaciones cambian los mapas

En el tablero de la redefinición de la territorialidad en América Latina

también están los indígenas actuando en la reconfiguración del

espacio, justamente por el reconocimiento de sus territorios. Según el

profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de

Colorado, Joe Bryan, en las últimas dos décadas los estados de la

región transfirieron títulos a varias formas de la tenencia de la tierra,

colectivas de comunidades indígenas y tradicionales, sumando 2

millones de Km cuadrados, un espacio equivalente al territorio de

México.

«Desde hace mas de tres décadas que los movimientos indígenas

están emprendiendo esfuerzos en el sentido de garantizar sus

territorios, demanda inevitable frente al despojo permanente que

caracteriza el colonialismo actual. Estos esfuerzos están cambiando el

mapa da América Latina, por sus movilizaciones y reconocimiento de

los derechos territoriales», evalúa Bryan.

«Esta transformación refuerza una serie de cambios legales hacia el

reconocimiento de los derechos indígenas, no solo respondiendo a

instrumentos como el convenio 169 de la OIT y la declaraciones de la

Organización de las Naciones Unidas (ONU), como también una serie

de sentencias de reconocimiento al derecho colectivo», afirma el

profesor.

No se puede negar la relevancia de este conjunto de hechos, pues es

a partir de los movimientos indígenas que se ha reconfigurado una

cartografía propia de los pueblos indígenas en resistencia. «El

indígena fue convertido de una categoría de curiosidad folclórica a

una de sujeto político con su propio discurso de derechos. Fue por

ellos, por los movimientos que se han hecho esta cartografía, no solo

para la producción de sus propios mapas, sino también para la

transformación de su espacio social y político de la región», sostiene

el investigador.

Brasil, agosto de 2013, indígenas del municipio Pipipan Floresta,

Pernambuco Brasil. Cierre de una carretera federal, debido a la

demarcación forzada de sus tierras. Fotografía: Renata Bessi

Agosto de 2013, indígenas del municipio Pipipan Floresta,

Pernambuco Brasil. Cierre de una carretera federal, debido a la

demarcación forzada de sus tierras. Fotografía: Renata Bessi

Las demarcaciones no están garantizando derechos

Pero estos cambios en el mapa y desde un punto de vista jurídico no

significan necesariamente que el derecho indígena está siendo

respetado. Para el profesor, la demarcación de tierras indígenas no

está garantizando la permanencia de las comunidades en sus tierras

y tampoco está protegiendo estas comunidades contra la violación de

sus bienes comunes por parte del extractivismo.

Este llamado giro territorial a traído más bien cambios sobre todo en

relación al manejo de recursos, en la cartografía de lo político y

formación de mercados, como los de carbono. Para comprobar esto

es necesario revisar el contexto político y económico del surgimiento

de estas demarcaciones.

De acuerdo con el profesor, los procesos de demarcaciones surgieron

en Colombia: «No comenzó como un movimiento progresista, sino

como un proceso conservador iniciado por el Estado. Nació a partir de

una necesidad de resolver por medio de una negociación los

conflictos violentos, finalizando con su reconocimiento en la

constitución colombiana de 1990».

Desde entonces los territorios indígenas fueron identificados por el

Estado como un plano geopolítico de alta importancia para controlar

el territorio. «La evaluación sostenía que la falta de la presencia

estatal daba espacio a la guerrilla, la formación de fuerzas de

autodefensas y fuerzas paramilitares. Por eso el Estado tomó la

decisión de permitir la participación de una amplia gama de

movimientos indígenas, inclusive de movimientos armados, en una

asamblea constituyente», afirma.

«Si en Colombia impulsaron reformas en el sentido de que los

derechos territoriales de los pueblos indígenas fueran reconocidos,

también lograron garantizar la desmovilización de los grupos armados

indígenas y aumentar la presencia del Estado en estas mismas

zonas», evalúa Bryan. En contrapartida, «los títulos otorgados no

frenaron el despojo de 5 millones de personas, en su mayoría

indígenas, frente a la violencia de la guerrilla y los grupos

paramilitares».

Regularización de las tierras, nuevos mercados

Este modelo de reforma sirvió de inspiración para Nicaragua, que

también vivía un contexto de conflicto, inclusive armado, por tierras

indígenas. El proceso tuvo apoyo del Banco Mundial. «El banco hizo

esfuerzos para facilitar la elaboración de la ley de propiedades para

comunidades indígenas. Inclusive envió una comisión de Nicaragua a

Colombia para que aprendiesen como aplicar la reforma en su país. Y

con respaldo del banco la ley fue aprobada en el año 2002», sostiene

el profesor.

Dos años después de haber sido aprobada la ley, el Banco Mundial dio

apoyo para otra reforma aplicada en Honduras, que reconocía el

derecho de propiedad colectiva de las comunidades indígenas y

negras. De la misma forma apoyó las reformas en Bolivia, que dio pie

al reconocimiento de las tierras comunitarias de origen. Tiempo

después, a finales de la década de 1990 las reformas continuaron en

el resto Centroamérica.

«El banco tenía interés en regularizar los derechos de propiedad

colectiva a través de su demarcación, titulación y registro, como

condición básica para el funcionamiento de mercados. El

reconocimiento de los derechos colectivos son condicionados a la

lógica de las políticas neoliberal. Sobretodo coloca la propiedad como

estructura necesaria para el mercado», explica el profesor de la

Universidad de Colorado. Así, «para el mercado no importa si es

propiedad individual o colectiva, como la de los indígenas. Lo

importante es tener alguien con quien negociar».

Se pueden citar dos ejemplos de mercado que se están abriendo en

tierras indígenas: mercados de carbono y venta de servicios de

ecosistemas. El profesor cita un estudio de la Universidad de Arizona

sobre mercados de carbono en la Selva Lacandona, en Chiapas,

México, para ilustrar que la apertura de nuevas fronteras de mercado

en estas tierras no son tan lucrativas para las comunidades como lo

son para los dueños del capital. «Los mercados de carbono serian

imposibles sin los territorios indígenas. Eso no significa que sean

rentables para las comunidades».

Extractivismo

Por lo tanto los países están reconociendo los territorios indígenas,

reformando sus constituciones y hasta reconociendo, en algunos

casos, el carácter plurinacional. Pero bajo un costo, según Bryan:

«estos cambios vienen con el compromiso de cumplir con el objetivo

de un desarrollo nacional basado en el extractivismo».

Un ejemplo es Ecuador. «El país tuvo el movimiento indígena más

organizado y de mayor peso en América Latina a lo largo de la

década de 1990. Cuando Rafael Correa toma posesión, en 2009,

reconoció demandas históricas de los pueblos indígenas. Tituló

grandes extensiones de tierra de pueblos indígenas en tierras bajas

amazónicas del país». Pero luego después abrió una serie de

licitaciones para extracción de minerales en la misma zona, bajo la

argumentación de que los recursos del suelo aún pertenecen al

Estado. «Este tipo de discurso trata al territorio de forma vertical,

considerando a los indígenas como un obstáculo para el progreso

nacional».

La argumentación de Correa hirió el Convenio 169 de la OIT que,

entre otros puntos, sostiene que:

… esos pueblos [tienen el derecho] a participar en la utilización,

administración y conservación de dichos recursos. En caso de que

pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos

del subsuelo… los gobiernos deberán establecer o mantener

procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin

de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y

en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa

de prospección o explotación de los recursos existentes en sus

tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea

posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una

indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como

resultado de esas actividades.

Bolivia muestra tendencias semejantes, a pesar de contar con el

único presidente indígena de la región, Evo Morales. «Gas, minería,

madera son explotados dentro de territorios titulados sin que las

comunidades tengan la posibilidad de negarse. Es como una especie

de moneda. Como se ofrece el título, a las comunidades no se da el

derecho de decir no a la explotación», afirma Bryan.

El reconocimiento no es suficiente

Los criterios por los cuales son definidas las demarcaciones de tierras

también son un foco de críticas. «La lógica de este esquema es que

con sus mapas y títulos, los indígenas puedan crear y fortalecer

instituciones para administrar sus tierras. Pero como hacerlo dentro

de un contexto dominado por un Estado que responde a los intereses

del capital?», cuestiona el profesor. La propiedad o el territorio

demarcado acaba funcionando como una camisa de fuerza que

impone obstáculos en las relaciones sociales por medio de las cuales

se puede vivir en una comunidad. Impone un asilamiento, impide una

convivencia cotidiana entre diferentes etnias. «Es por la interacción

que se construye el territorio, no por el asilamiento. No se pude

perder la tendencia colonial de esta lógica», afirma.

Otro punto de reclamo en relación a la regularización de los

territorios indígenas dice respeto al hecho de que el Estado es el

árbitro de los derechos indígenas y, por lo tanto, las cuestiones

indígenas están sometidas y deben ser adecuadas a los estándares

jurídicos para ser reconocidos. «Los mapas hechos para los indígenas

son convencionales, con el fin de cercar un territorio bajo la

concepción del Estado, y no bajo la cosmovisión indígena. En lugar de

revolucionar la geografía, solamente se reforma, reduciendo los

reclamos de autonomía al derecho de ser propietario».

«La cuestión es que, en lugar de institucionalizar al indígena, falta

pensar en como crear espacios propicios a una cultura colectiva justa

y digna, es el motivo de hablar de una geopolítica indígena cuya

cartografía se debe realizar», sostiene el investigador.

Otras vías

En el territorio de los pueblos indígenas se está librando el destino del

sistema capitalista y es en estos mismo pueblos donde puede

construirse otra forma de vida diferente a la capitalista, como lo esta

haciendo el movimiento indígena del Ejercito Zapatista de Liberación

Nacional (EZLN), asegura Gustavo Esteva:

Lo que más hemos aprendido de las comunidades zapatistas es que la

resistencia no es simplemente aguantar, ni solo resistir a la

construcción de una presa, una mina… la resistencia sólo va ser

exitosa si al mismo tiempo construimos otra posibilidad de vida.

Tenemos que dar visibilidad a esas experiencias exitosas que

representan la alternativa, porque muchísima gente esta lista para

actuar.

Otro ejemplo de los pueblos que no se quieren alienar, son los

pueblos indígenas de Bolivia quienes consideran agotado el recurso al

reconocimiento de los derechos de las naciones y pueblos indígenas

constitucionalizados.

En junio del 2014 el colectivo Comuna al Pueblo Boliviano presento

una autopropuesta para formar autogobiernos inspirada por la

experiencia zapatista, que entre otros puntos plantean desconocer el

sistema electoral institucional, la anulación de los mandatos de

gobiernos, nacionales, departamentales, municipales; porque no

pueden convivir en los mismos territorios «juntas de buen gobierno»

y las formas heredadas institucionalizadas de los «malos gobiernos»,

el acceso libre a lo común. En consecuencia, de acuerdo con la

propuesta, quedan anuladas todas las concesiones territoriales y

geológicas, hidrocarburíferas y mineras.

Otra forma más de gobernar los territorio por los indígenas, muy

particular en América Latina, son los usos y costumbres de los

pueblos en el estado de Oaxaca, México. De los 570 municipios

existentes, 418 se rigen según sus usos y costumbres. Solamente

152 se rigen a través del sistema convencional de partidos políticos.

O sea, estas comunidades siguen practicando formas propias de

gobierno que han sido construidos a través de los siglos y rigiéndose

por sus sistemas normativos conocidos como «usos y costumbres»,

reconocido oficialmente en 1995 por el Congreso del Estado de

Oaxaca.

«México posee un contexto histórico muy diferente de los otros

países de la América Latina. Más que nada por la Revolución

Mexicana. Mientras que en el resto de los países de Latinoamérica

están titulando territorios o propiedades colectivas, en México están

buscando otras maneras de garantizar los usos y costumbres de las

comunidades indígenas», afirma el profesor de la Universidad de

Colorado.

Publicado originalmente en inglés en http://www.truthout.org

Publicado originalmente en inglés en http://www.truthout.org