altamirano julio cesar y otros sobre infracción ley 24769

8/19/2019 Altamirano Julio Cesar y Otros Sobre Infracción Ley 24769

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Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE TUCUMAN 2

" ALTAMIRANDA J U L I O CESAR Y O T R O S S / I N F L EY 24769"- EXPI E. 52530/13

S AN M IGUE L DE T U C U M A N , ~ DE M AYO DE 2015

AUTOS Y VISTOS: Para resolver la

situación procesal de CARLOS FAUSTINO ALTAMIRANDA,

argentino, nacido 0711 011 943, en San Miguel de T~icui i ian ,Provincia

de Tucumán, D.N.I. N08.084.920, domiciliado en Av. Nicolás

Avellaneda 850, San Miguel de Tucuinán, hijo de Carlos

Altainiranda f) y de Maria Rosa Monjes 11, de ocupación

comerciante; JULIO CESAR ALTAMIRANDA, argentino. nacido.---

.

08/12/1976, en San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucuinán,

D.N.I. N o 25.734.656, domiciliado en Av. I erón 1-00, Rrirrio La

Pedrera, Lote 14, Yerba Buena, provincia de fuciiináii, lii.jo de

Rubén Marcelo Altamiranda f) y de Graciela Eugenia Or-tiz (v), de

profesión Contador Publico Nacional; CARL OS ; U S l A V O

AL'TAMIRANDA, argentino, nacido 2311 011973, en San Miguel de

Tucuinán, Provincia de Tucumán, D.N.]. No 23.5 17.755, doiniciliado

en Av. Avellaneda 850, San Miguel de T ~ i cu m án , provincia de

Tucumán, hijo de Carlos Faustino Altaiiiiranda (v) y de María Rosa

Bessone (v), de profesi8n abogado; ;A BRI EL M A R C E L O

ALTAMIRANDA, argentino, nacido 14/07/1072, en San Migiiel de

Tucumán, Provincia de Tucumán, D.N.]. No 22.805.1 17, domiciliado

en Barrio 140 Viviendas, Manzana1 1 . Casa

2, 1 0s Vallistos,


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provincia de Tucumán, hijo de Rubén Marcelo Altamiranda ( 0 y de

Raque1 Francisca Lobo (v), de ocupación coinerciante; JOSE

ALEJANDRO ESPEJO, argentino, nacido 15/07/1960, en la

Ciudad de La Falda, Provincia de Córdoba, D.N.I. No 13.950.585,

domiciliado en Congreso 430,4

Piso "a" y "b", San Miguel de

Tucumán, hijo de Luis Juan de Dios Espejo f) y de Elsa Blanca

Vanzini (v), de profesión abogado; JUAN ALBERTO

RIVADENEIRA, argentino, nacido 0611 111970, en la Ciudad de

Rosario, Provincia de Santa Fé, D.N.I. No 2 1.920.3 12, domiciliado

en barrio 240 Viviendas, Manzana 1, Casa 9, Villa Carmela,

Provincia de Tucuináii, Iiijo de Ramón Antonio Rivadeneira ( 0 y

Nilda del Valle Zelaya (v), de ocupación Gerente del Diario el Siglo;

ROB ERT O ESTEBANE S P E C H E ,

argentino, nacido 2111 111972,

en Tafi Viejo, Provincia de Tucuinán, DNI N 22.899.276,

domiciliado en Marcos Paz 865, P.B."

c"

, San Miguel de Tucumán,hijo de Roberto Arcángel Espeche f) y Dora Trapani de Espeche f),

de profesión Escribano Público, y DOMI N C O

PASTORT U L A ,

DNINo

10.0 16.640, fallecido en fecha06107111; en el marco de los

autos caratulados: " ALTAMIRANDA JULIO CESAR Y OTROS

s / INF. LEY 24769"- EXPTE. 52530/13 y

RESULTA

Que, se iniciaron las presentes actuaciones

en elmarco

de los autos caratulados Altamiranda Gabriel Marcelo

y Otros s/lnfi.ucc.ión a u Ley Penal Triblitaria 2 4 7 6 9 - Expte.

1049/05, tramitados por ante el Juzgado Federal 1, Secretaría Penal.


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sucesorio de su esposo; solicitando, asiinisiiio que, atento a la edad

avanzada de López se conceda un plazo para su apersonamiento. A

lo que se proveyó -en igual fecha- intimar a la defensa a

cumplimentar con lo ordenado, en el plazo de 3 días (fs. 1391140,

43 11432, 7731774, 107311 074).

Con posterioridad, y disconforme con el

proveído aiites referido, cn 15/12/10 la defensa interpuso recurso de

reposición con apelación eii subsidio, alegando que López es unapersona de 90 ailos, que se encontraría postrada, aunque lúcida,

conforme certificado inEdico expedido por el Dr. Rainón Arias,

Matricula 11 3005 (fs. 14 11144,4331436, 7751778, 107511 078).

En 22/12/10 (SS. 145, 437, 779, 1079) el

Juzgado Federal No ordení, la vista del recurso intentado, como así

taiiibién oficiar al Médico Forense de la Cámara Federal de

Apclacioncs de Tuciiiiiáii para coiistatar si la nombrada se encontraba

en condiciones de coiiiparecer ante ese Tribunal; a lo que el

profesional requerido informó que, constituido en el domicilio sito en

Av. Alein 7411743, no fue atendido por nadie fs. 149, 443, 786,

1083).

Así, y habiéndose intimado a la defensa a

denunciar el doiiiicilio real dc López, y, en su caso, adjunte poder

especial a los fines de obligarse al cuinplimiento de la caución real

(fs. 1501151, 4441445, 7871788, 108411085), en 28102111 (fs.

15211 54, 4461448, 789179 1 , 108611 088) acompañó tal instruinento

otorgado por Doiiiingo I'astor 'l'ula, en riom bre y representación de

Carolina Lhpez, en favor de Juan Alberto Rivadeneira, a los fines de

otorgar la caución; instruinento que fue realizado por el Escribano


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JOLICIZI~I~Otr-OS s / / ? ~ I ~ ~ / c ~ I ' L I c ~ ~ ( ~ I Ile Doci~r??ento~~íblicos,Falsedad

lcieolci,qic~u otros Deli o.v" - f


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PoderJiidicial de

In Nación

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2

defunción de la Caiisiiiite I,ópcz, y firiiinntlo al pie del dociiniento

para constancia.

11 3 Situlici6n Proccsi~l ic Irit\n lbcrto

Rivadeneira.

1 h

loqiie

respecta aJuan

Alberto

Rivadeneira, enfiinci6n

de loshcclios deniinciados

yhabicndose

expedido el Poder Especial-idcológicniiieiitc

falso- en su favor, secolige su conociinieiito cabal de las

irrcgiilaridndes

detcctiidas.

En efecto, ello se desprende del Inforine

Actuarial del 15/0 3/1 (SS. 156 , 450, 793, 1090) que da cuenta dc la

comparecencia y cxprcsa conf orinidi~d oriiiulada por el encartado,

en relación a los bienes ofrecidos encniicicín real.

Pues, ello quedó

materializado enacta labrada en igiial fkclia - 15/03/1 -

(1 s. 293, 641,

935,1224),

en la que constala coinpnrcccncia

deRivadeneira, en

su

carácter de apoderado de Carolina 1,Ópc.z -1iadora de los iinputados

Carlos Faustino Altainiraiida,

JulioCesar

Altainiranda, Carlos

Gustavo Altainiranda,Gabriel Marcclo Alt~iiniranda-,

yfiriiiando

el

instrumento para debida coiistancia. A partir tle lo cual se dispuso -

con igual fecha 15/03/11

el ciiibíirgo sobre los iniiiiiebles

identificados con lasMatr íc~i lasRegistríiles

0-029 12 (Riirriiyaci~)y

S-07824 (Capital Sur), rinibos de propiedad de la causaritc I,ópez, en

cumpliiniento con la caiicióii real establcc idu eri la suina de $100.000

por cada uno de los iiiipiitados.

A inayor ahiiritlaiiiicrito, cribe indicar qiie

los encausados Carlos Faiistiiio AIt;iiiiiranda, Jiilio César


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se dc..sc.rnl c.fiucot7 o L I I I ~ / L ~ ( I C / O

C / C /

Siglo, C / cziul pertenece a os

A l t u n ~ i t . ~ ~ n t l ~ r(1 s. 3 .

Atciito r i lo expuesto y a las constancias

recabadas, iios pcrinitcri sostciicr al iiieiios con el grado de certeza

que exige esta etapa procesiil qiic cl inculpado iiiencionado obró con

conociniiento y voluntad de los hechos reprochados; pues, en virtud

de un I oder Especial, idcológicaineiitc falso -otorgado en su favor-

obtuvo bienes inii-iucblcs, que a postcriori fueron ofrecidos encaución real y en beiielicio de Carlos Fausiino Altainiranda, Julio

César Altairiiranda, Carlos Giistavo Altainiranda, Gabriel Marcelo

Allamiranda.

Itiizón por la cualcorresponde atribuirle

responsabil idad pcnal a J u Al berto Rivadciicira, como autor del

delito previsto y penado por el art. 293 del Código Penal, en cuanto

hizo insertar en un instruniciito público -Escritura Pública No73

declaraciones t alsas, disponiC.ndosc consecuenteinente su

procesainiento sin prisión preventiva, cont oriiie al art. 306 y C.C. del

CPPN.

11.4

Situación I rocesal de Carlos

Faustino Altamirtindu, Julio Cés i i r Altiimirundii, Carlos Gustavo

Altamirandii, G i ~ l > r i c lMa rcc lo Alt limirantl li .

A su respecto, y no obstante haber

sostenido cn tbriila coiiicidcntc, haber delegado y encomendado a

Juan Alberto Rivudencira las diligencias antes referidas, es claro que

la única finalidad fue obteiier bienes suficientes que les pennitan

cun-iplinientar con la ca~ ic ión real establecida en la suma de $


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Poder Judicial dc la Nación

JUZGADO FEDERAL DI) T l J C U M A N 2

En otras piilabras, participaron con

conocimiento y voluntad de los hechos rcprochados a través de

Rivadeneira, logrando de esa rnanera iiitroducir datos l i l sos en la

escritura de inencióii; y, ~itilizAndola,obtciiiendo así cl coineritado

instituto en su favor.

En virtud d c lo cxpucsto, corrcsporide

atribuirle responsabilidtid penal a Carlos 17iiiistinoAltainiranda, Julio

César Altainiranda, Carlos Gustavo Altainiranda, Ciabriel Marcelo

Altamiranda, coino coaiitorcs (art . 45 del C hd ig o I erial) penalinente

responsables, de la comisión del ilícito previsto y penado por el art.

296 en relación con el art. 293 del Código Pcrial (liso de iiistriiniciito

público falso - Escritura Pública N" 73) y eiicontrciridose rcuiiido s los

requisitos que requiercii los arts. 300 y cc. del Código Procesal

Penal de la Nación, coiiio para ordenar el proccsainiento sin prisión

preventiva de los noinbrados.

11. S- Sitiiaci6n 1 roces;il de Roberto

Esteban Espeche

El tedatririo dc incnción, conforme se

expusiera, habría insertado dcclaracioncs falsas en el Poder Especial,

instrumentado en la Escritiira Pública N" 73 (Actiiación Notarial No

00617597, fs. 161 , sin advertir las falcricias e irregiilaridades qiie

presentaba la Escritiira Pública No 263 (Poder General de

Administración y Disposición), que Sueri~agregada coiiio sustento de

aquel docuinento y respecto a la ciial tainbiéii diera Se; actuando

consecuentemente coino en cua lq~ i ie rotro procediiniento notarial.


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As1 resulta de las probanzas antes

consideradas qu e, cl I odcr (icn era l -Escritiira Píiblica No 263- reviste

el carhcter de espurio. No obstante lo cual, pudo haberle pasado

inadvertido para el fuiicionario público, lo qiic permitiría atender sus

explicaciones formuladas cn su acto de defensa, en cuanto afirmó no

haber percibido ninguna irregularidad y linber actuado como en

cualqiiier procedimiento. Ciertamente, y luego de negar los hechos

endilgados, di-jo que r.c~irc~r.t/urre en virtird de un poder que le

llevó el Sr. Tirlu Doniin,qo c.or?fi.ccioncí I J e.sc~t~itrrt.aque ahora se le

ati-ib~r-yc, .filvor de Rivc~(/eneiru.Que, el Srq. Tula fue como un

cliente más. P I ~ ~ s ,

~ S O I ~ O ~ L I

en ub~o l i~ toire el poder se trataba de

un instt-irmcnta ul.so. Mti.s t~iin,*on.sidc~rólirc) era válido dicho poder

porqrre estt~hu lunicko dc tocltrs lc~,s.f¿)rr,rulid~~de.se ley" (fs. 1325).

A iiiayor abundaiiiicnto, téngase presente

que Domingo Pastor I iila. a e k c t o s de acreditar la representación

invocada, aconipañó la Esc ritiira I íiblica N" 263, cuya vigencia

sostuvo, ilcgítimainente, a sabiendas de la defunción de la causante

López, 1iriiiando para constiincia al pie del documento (Escritura No

73); lo cual se hizo constar por el fedatario, al insertar " ...cuya plena

vigencicl nie crsegirru el corrr/wreciente.,. (fs. 23 1 , 518 bis, 863,

1161).

Dc lo expuesto y dc las diligencias de

investigacióri producidas, no se desprende uiin que el agente haya

procedido con conociiiiiciito y voluntad tle falsificar. Pues,

recuérdese qiic en las l\ilscdadcs docuiiientiiles se requiere que el

agente proceda a sabicntlris tlc qiic fiilsitica y que actuó con voluntad

de hacerlo; lo cual 11 puccic proccdcr de simples violaciones del


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JUZGADO FEDERALDI: 'I'UCUMAN 2

deber de cuidado, como resultaría el caso, al no Iiaber verificado el

fedatario la veracidad y vigencia del Potler General invocado. Lo que

no permiten por ahora encuadrar la coriduc~adel notario dentro del

dolo directo.

Sobre el teiiia, Soler, nos dice cliic "atento el

modo en que se Ilcvíi a cribo el dclito, que es cvicientcmente

comisivo,

soloadmitiría cl

dolodirccto, esto cs. cl coriociiniento

de

la falsedad en el inoincnto del acto, y/o cl d la evcritiialidad del

perjuicio, que se puede producir colno corísecuencia tlel mismo"

(Sebastián Soler, Derecho Penal Argeritino, Tomo 5, Edit. TEA,

Buenos Aires, 1978).

En consecuencia,coi1

losextren-ios

probatorios acumulados, es criterio de este Magistradoqiie

por ahora

no se encuentran reunidos méritos suficientes para ordenar el

procesamiento, ni tampoco para so reseer al encausado Roberto

Esteban Espeche, en ortlcrir l

delito previsto y penado por el art, 293

del Código Penal, correspondiendo sí declararlo,conlbrine

lo

dispuesto por el art. 300 del Código Procesrtl I cnal d e la Nacicín, sin

perjuicio de proseguirn

investigación.

1 1 . 6- Situricibn rocesnl de José

Alejandro Espejo.

Que, en relaci6n a este iii-iputado cabe

inencionar que, con los eleiiientos probiitorios aciimulados hasta el

presente en el curso dc esta ctapa instriictoria, no resiilta acreditado

que haya interactuado en la instruiiicritación del dociimento


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ideológicaiiiente f rilso -1lscr itiira I íiblica No 73, Poder Especial-; sin

perjuicio que sí habría foi-inalizado su presentación, junto a los

deinás eleiiientos apócrifos, ante el Juzgado Federal 1 Secretaría

Penal 1, en el inarco dc los incidentes de Exención de Prisión de

Gustavo Carlos, Carlos l;aiistino, Gabriel Marcelo y de Julio César

Altainiranda, correspondientes a los autos principales "Altamiranda

Gabriel Mtrrcelo0 t r o s

.r/lnfi.acci jn 4 la

Ley

Penal Tributaria ,

Expre N o /e origen 104Y/05; lo que será inotivo de análisis en los

enunciados sigiiientes.

1-n efecto, y atento a las pruebas

iiicorporadas, cabe pre s~iiiiir riizonadainentc que el encartado no

I-iabría tenid o participaciOii

n el liecho concerniente en hacer insertar

los datos falsos en el instruiiiciito cuestionado -Escritura Pública No

73-. Lo que no es óbice para atribuirle la correspondiente

responsabilidad penal por cl uso de tal instriiiiiento espurio, junto a

los otros docurnentos falsos coino la Escritiira Pública No 263 y el

Certificado Médico suscripto por Ranión Arias, en el marco de los

incidentes de Exención de I risión.

Eri efecto, y sin pei:juicio que será motivo

de análisis extenso eii r t cstiila procesal, podeinos inferir que su

actiiación -cjcrcicrido lu dcfkiisu tkcnica de Gustavo Carlos, Carlos

Faiistiiio, Gabriel Marcclo y de Julio César Altainiranda - estuvo

mo tivada eii el coiiociiiiicnto del carhcter del docuinento, del objeto y

de la falsedad ideológicii qiie en él se introdujo, no obstante lo cual

concretó sil pre sei itac ió~ i e11 sede judicial, conducente a obtener el

benef ic io de la cxencihn de prisión en favor de sus defendidos.


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Poder Judicial deIr1

Nación

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Así resulta dc autos que, cl i inp~itado

tramitó con fecha 2511 1110 cuatro presciitaciones de igual tenor -en

los respectivos incidciitcs dcexcnciBii de prisión-, por las que

ofreció en caución los initiuebles tiiencionados, solicitando,

asimismo, prórroga procesal a fin de ircoinpañar ii-istriiinentos de

prueba que acrediten la titiilaridad doiiiiiiial y tasación respectiva (fs.

117 y vta.; 409 y vta.; 752 y vta.; 1051 y vta.). Talcs presentaciones

llevan insertas su firina y sello -a inas dc las 11rinas dc trcs de los

Altamiranda-; lo que hie reconocido por el inisino en oportunidad de

prestar declaración indagatoria ( fs. 1265).

En igual sentido, formalizó otras

presentacionesjudicialcs

-solicitando prórrogas procesales- de las

que se infiere quel

cncausrtdo por siis conocimientos especiales

conocía o bien se percató que los doc~i inentos ,presuntamente,

procurados por sus asistidos -segíin lo expresa en el acto de la

indagatoria- adolecían dc irrcg~ilaridades; no obstante lo cual,

concretó dolosainente su prescntacióii ariic los cstrados j~idiciales.

En consecuencia, y de conforinidad con las

pruebas incorporadas, corresponde atribiiirle responsabilidad penal a

José Alejandro Espejo, conio coautor, pcnaliiientc respoiisable de lacomisión del delito prcvisto y penado por cl art. 296 en relación con

el art 293 (uso de instrumento público hlso -Escr i t~ i raPública No

73) y encontrándose reunidos los rcc1~1isitos ue requieren los arts.

306 y cc. del Código Proccsal Penal de n Nncibn, como para ordenar

el procesamiento sin prisión preventivadel

noinbrado.


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Fai istino Altaniiriind ii .Julio César Altiimiranda, Carlos Gustavo

Altamiranda, Clibriel Miircelo Altamiranda, José Alejandro

Espejo y Roberto Estebiin Espechc.

IV. - El delito de estafa procesal -si bien el

delito carece de tipificacióii autónoma en nuestro Código Penal- es

una de las tantas inodalidades de fraude que encuadran en las

previsiones del artículo 172 del Código Penal, encontrándose dicha

interpretación y enc ~ iad rc cga l dentro del tciior literal posible de supropia letra.

1a

riorina lcgal enuncia: " será reprimido

con pt'i.siÓtt de lrnt?ic>.s

LI

SL)~ .S

~ ~ ñ o s ,el que c/c~fi.uudarea otro con

nont b1.e srrj)ues o, I I ~ d ,. u I~ o s [ ilu lo s, influencia

ntentidu, crh~rso

de C ~ ~ ~ J ~ L I I I Z L IOu c ~ n t d o

bienes, crédito,

cotítisión, enrpresu

onc~goc*iac.ión

ovcrli¿rtc/ose

de cualquier otro

ardid o engcrño .

Mús allá de las particularidades que

presenta la figura en estudio, se debe tener en cuenta que ... la

estafa proccsal es, antcs qiic nada una estafa vale decir que para su

configuración ...) tlebeii concurrir todos y cada uno de los

elementos de aquella: condiicta engañosa, error en otra persona, acto

de disposición patrimonial y perjuicio ccoiióniico en el sujeto o en un

tercero", es decir, que se trata de una ligiira que reposa sobre los tres

pi.l:ires en los que se apoya el esquema técnico la estafa: "el fraude, la

inducción 3 error a traves de aqiiél y iina tlisposición patrimonial

disvaliosa como consccucncia directas [es decir existiendo una

conexión causal] de la actividad del priniero y de la sumersión en el

segundo", cuinpliéndose en definitiva con el mandato de


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JUZGADO FEDERAL DI: I 'UCUMAN 2

determinación de la ley aludido ts ir lw

(I3uoinpndre, Jorge

Eduardo, Estafas y otras defraudaciones, Buenos Aires, I.,exis Nexis,2005, pág. 80 y SS) .

Así, se trata de una sigi~ificaciónlegal a

través de la cual se contigiii.a un desdoblamiento entre la víctima del

fraude y el ofendido por el delito, en el qiic la víctiina es el juez y el

ofendido es la parte o cl tercero sobre qiiieri rccac las consec~iencias

económicamente per-judiciales del fallo jiidicial.

1s decir que, s triitn de una níodalidad de

estafa en la que "...el destinatario del ardid es cl juez, a quien se

busca engañar a fin de que falle influido por la falsedad del ardid y

fundado en él, favoreciendo injustanientc a tina parte en detrimento

del patrimonio de la otra" (D Aie ssio, Andrks José -[>¡rector- y

Divito, Mauro A. -Coordinador-, Código Penal de la Nación,

Comentado y Anotado, Biienos Aires, 1,a Ley, 2 edición

Actualizada y Ampliada, 201 1 , Toino -Parte Especial-, pág. 689).

En efecto, la iiiodulidad delictiva posee un

elemento central, qiie es el ardid, conccpiiiiido coiiio el astuto

despliegue de medios cngafiosos, aptos para provocar el error en

quien se quiere engafiar, con el consig\iiciite per.juicio patriinonial.

Pero si bien en la figura principal -la estrifa ctel art. 172 dcl C.P. y las

siguientes- este elemento puede tener inniin ierah lcs I oriiías, en la

estafa procesal se encuentra restringido. En este sentido, Núñez

señala que constitiiyen ardides procesales los dociitnentos falsos, los

documentos verdaderos empleados f raiidulentaniente y los falsos

testigos (Núñez Ricardo, Tratado de Dercclio Penal, Parte Especial,


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T. V, pag. 309). Por lo qiic se excluye la posibilidad de engaño

constituido por la sola alirnincióii o sileticio contrario a la verdad, o

la mentira. I iies, por el contrario, exige una petición injusta, falsa o

tenieraria, apoyada en pruebiis producidas de modo ardidoso.

Por ello, se entendió que configura estafa

procesal: la utilización de instruiner~tos apócrifos presentados

dolosamente en el expediente laboral a fin de procurar un menoscabo

en el interds legítimo de la firina demandada, y con la intención deinducir a error a los .juxgatlores para obtener un pronunciamiento

desventajoso (D Al ess io Aiidrés, COdigo I c~ial de la Nación. Parte

Especial, plíg. 465).

IV 2- Ahora bicn, y de conformidad con el

plexo probatorio colectado, se estiina que, resulta por ahora

suficiente para determinar ii configiiración de los extremos exigidos

para cumplimentar la ilícita condiicta descripta por la norma.

En cf ccto, en el marco de los incidentes de

Exención de Prisión de Giistavo Carlos, Carlos Faustino, Gabriel

Marcelo y de Julio Cdsar Aliainiranda, correspondientes a los autos

principales Altcrr?rirrrric/~i rrht.iel MUI'L'L'IOv Otros s/lnfvacción a la

ey

Pcntrl Trihnturi~r

,

l ~ . v / t c ~ . N "tie origen

/ 049 / 05 que tramitaron

por ante el Juzgado 1:cdcral 1 Secretaría I enril 1 1 los encausados han

realizado

una inaniobra dcfraudütoria utilizando instrumentos

fraudulentos -documentos falsos- que influyeron decisivamente en la

motivación de la resoluciór~expedida por el Magistrado a cargo del

Juzgado Federal 1; y, a través de la cual se resolviera conceder,

indebidaincnte, el beneficio dc exención de prisión en favor de los

imputados.


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expresar que " se deser>~pcfiuontu et>ipleodo del Siglo, el cual

pertenece L 10s Al tur nir ut~ d~ ~S S . 13 ).

Ante

lo expuesto, y conforme a lo ya

analizado, ciibe agregar el Iiccho determinante de haberse otorgado

en su favor el Poder Espccinl -Escritura Pública No 73-, instrumento

ideológicaiiiente talso; iiitiridndose que su accionar fue a sabiendas

de tal irregiilaridad.

Así, obra en autos constancias actuariales

que dan cucnta de sil expresa conformidad hr inu lada con relación a

los bienes ofk eci dos eii ciiucióii real (1 s. 156, 450, 793, 1090). Pues,

recukrdese que en feclia 15/03/1 se instriimcntó acta (fs. 293, 641,

935, 1224) por la que se hizo constar la comparecencia y

consentiiniciitodel cncart;ido,

en su carácter de apoderado de

Carolina Lópcz -presuiita lictdora de los imputados Altainiranda-, y

firman do el instruincnto pura debida constancia. En virtud de lo

cual, se dispiiso -con igual fecha 15/03/1 1 - el embargo sobre los

inmuebles identificados con las Matrículas Kegistrales B-02912

(Burruyacíi)

y S-07824 (Ciipital Sur), dc propiedad de la Causante

López, en cuiripliiiiicnto de la caución real, establecida en la suma de

$100.000 por cada uiio de los imputados.

12ntonces, atento a lo expuesto y a las

constancias recabadas, nospcriniten

sostener almenos

con el grado

de probabilidad que exige csia etapa proccsal que el inculpado obró

conconociiiiiciito

yvoliintiid

de loshechos

reprochados; pues, en

virtud de i i i i I oder Esp ccial. ideoló gicain ente falso -otorgado en su

favor- coiisiguió y ol reció los inirii~ebles en caución real,

concluyéndose inj ustamcntc con la on esión del instituto de


49/70



Así, cabe recordar que, en fecha 08/09/10

(fs. 1101111, 4021403, 7451746, 104411 045) la Cámara Federal de

Apelaciones de la provincia resolvió confirmar la resolución del

2811 1/08 (fs. 19/21, 3 1213 14, 6601662, 9551957) por la cual se

dispuso hacer lugar a la exención de prisión de los encausados, bajo

caución real fijada en la suma de $ 100.000 por cada uno de ellos (fs.

79/80,371/372,719/720, 1014/1015 .

Que, a tal fin y con fecha 2511 1/10 el

imputado José Alejandro Espejo -ejerciendo la defensa técnica de

Gustavo Carlos, Carlos Faustino, GabrielMarcelo y de Julio César

Altamiranda -tramitó cuatro presentaciones de igual tenor en los

respectivos incidentes de exención de prisión, suscriptas por los

inculpados Gustavo Carlos, GabrielMarcelo

y Julio César

Altamiranda -firmas atribuidas y reconocidas como suyas en

oportunidad de prestar declaración indagatoria en estos actuados-. En

tales actuaciones ofreció en caución dos inmuebles de propiedad de

la Causante Carolina López, identificados con las Matrículas

Registrales B-02912 (Burruyacú) y S-07824 (Capital Sur);

solicitando, asimismo, prórroga procesal a fin de acompañar

instrumentos de pruebas que acrediten la titularidad dominial y

tasación respectiva (fs. 117 y vta.; 409 y vta.; 752 y vta.; 1051 y

vta.).

Así es que, [y sin perjuicio de haberse

incurrido en demoras injustificadas en el cumplimiento de los

recaudos

impuestos a los fines de la caución real, lo que será motivo

de análisis en los puntos siguientes] el letrado defensor presentó el


50/70

Poder General de Administración y Disposición, instrumentado en la

Escritura PúblicaNo

273, el Poder Especial otorgado a favor de JuanAlberto Rivadeneira, formalizado en la Escritura Pública No 63 y

Certificado Médico, atribuido a Ramón Arias; todos documentos

apócrifos, conforme a las razones antes esgrimidas, por los que se

acreditaba que Carolina López resultaba -supuestamente- fiadora de

los imputados Altamiranda. A partir de lo cual, el Juez interviniente,

influenciado por la falsedad de tales instrumentos -ardid- y fundado

en él resolvió-engañado- con fecha 1510311 1 el embargo sobre los

predios referidos; causando así un perjuicio patrimonial a los

herederos de la causante, Marta del Valle Figueroa de Villagra y

César Luis Villagra, y, asimismo, favoreciendo a los encausados con

la concesión de la exención de prisión.

Ello, sin perjuicio que en mérito a la ilicitud

de los instrumentos acompañados, el Magistrado a cargo del Juzgado

Federal 1 resolviera con fecha 1211 111 3 revocar la exención de

prisión otorgada en favor de Carlos Faustino, Julio César, Carlos

Gustavo y Gabriel Marcelo Altamiranda; disponiendo el

allanamiento de sus respectivos domicilios con el objeto de proceder

a su detención y, asimismo, la formación de la presente causa penal

(fs. 1981203,4911496, 8351840, 1 13211 137).

IV.3 Situación Procesal de Juan Alberto

Rivadeneira.

En lo que respecta a este imputado, cabe

recordar que los encausados Carlos Faustino Altamiranda, Julio

César Altamiranda, Carlos Gustavo Altamiranda, GabrielMarcelo

Altamiranda -al brindar sus explicaciones y no obstante señalar ser


51/70

Poder Judicial de la Nacicin

JUZGADO FEDER AI DI: T U C U M A N 2

exención de prisión en favor dc Carlos 1:aiistino Altaniiranda Julio

César Altamiranda Czirlos Gustavo Alrainiranda Gabriel Marcelo

Altamiranda.

De conforrnidacl a lo expresado considero

que existen elementos de pruebas siificientes para atribuirle

responsabilidad criminal a Juan Alberto l i ivadencira co ino coa ~i tor

del delito previsto y penado por el rirt. 172 del Código Penal,

disponiéndose conseciientemente su procesainiento sin prisión

preventiva, conforme al art. 306 y C . C . clcl CPPN: cllo sin perjuicio

de una más estricta calificacicin que cn definitiva pudiera

corresponderle.

IV. 4- Si tuni ió n Procesal de Carlos

Faustino Altamiranda,.Julio

CésarAlt~iniir:indrt Crirlos

Gustavo

Altamiranda, Gabriel Marcelo Altiimirand;i.

A su respecto, las constancias recabadas en

autos permiten sostener que, los nombrados participaron con

discernimiento y voluntad de los Iicchos rccriiiiinados. En efecto y

conforme se sostuviera fundadainente, se valieron de docuinental

espuria, con aspecto de legalidad, qiic perinitió llevarri

error a la justicia, logrando así que el Juez intervinicnte dicte una resolución

errónea.

Al brindar siis explicaciones refirieron ser

ajenos a las maniobras delictivas investigadas en autos que no

tuvieron intervención y10 participación cn la traini tacióii y obtención

de los instrumentos falsos: lo que rcsu lia refutable si considerainos


52/70

que la única finalidad busciidri fue la obtención de bienes valuables

para ser ofrecidos en cücicióri real, y permitirles así la concesión de la

exención de prisiOn en su favor. Para lo cual -según sus propios

diclios expiiestos en oportuiiidad de prestar declaración indagatoria-

encomendaron y delegaron ü gestión en Juan Alberto Rivadeneira;

ello, sin perjuicio de la responsabilidad penal que les compete.

A su vez, el lieclio de haber materializado el

ofreciiniento de tales bieries a través de presentaciones judiciales del251 10, formuladas en los respectivos incidentes de exención (fs.

117, 409 y 1051 de estos iictiiados y a h 117, 110, y 115 de los

respectivos incidentes de exención de prisión), insertando sus

respectivas firinas, junto a u rubrica y sello de su letrado defensor,

conlleva a determinar el coiiocimiento cabal de la ilegalidad de los

instrumentos presentados.

I


53/70



En cuanto a Carlos Faustino Altamiranda,

no obstante haber negado que le corresponda algunas de las firmas

insertas en las presentaciones antes referidas, indicando que " en

todo el incidente de exención de prisión no está su f irma (fs. 1248

vta.), cabe destacarse que fue debidamente notificado de la concesión

del instituto de exención de prisión, suscribiendo para ello tal acta de

comunicación (fs. 734). De lo cual emerge que la actividad

desplegada por el imputado deja de ser inofensiva como pretende.

En suma, las pruebas analizadas resultan

relevantes para considerar que el ilícito alcanzó el perfeccionamiento

consumativo. Pues, reitero, el Juez fue inducido a error en la

resolución que concedió el beneficio de la exención de prisión, atento

el ardid impreso por los imputados al traer a la causa -incidentes de

exención de prisión- documentos espurios (Escritura Pública o 263,

Escritura Pública o 73 y Certificado Médico) que aquél tomó en

consideración, ocasionando con ello perjuicio patrimonial a los

herederos de la Causante Carolina López.

En otras palabras, participaron con

conocimiento y voluntad de los hechos reprochados, logrando de esa

manera obtener el beneficio de la exención de prisión en su favor.

En igual sentido se expidió nuestra

Jurisprudencia al sostener que, para la configuración del delito en

estudio se... requiere un fraude en los elementos que deben

motivar la decisión judicial. En tal entendimiento, los tribunales han

declarado que ese fvaude existe cuando la parte se vale de elementos

de prueba fraudulentos. es decir si utiliza documentos falsificados o


54/70

adulterados...),

o usa fraudulentamente documentos material e

ideológicamente genuinos, o se vale de otro medio de prueba

fraudulento" (Causa Nro. 4632, caratulada "Landau, Carlos Luis

s/recurso de casación" - Reg. 601 6.4- Sala IV).

En virtud de Po expuesto, corresponde

atribuirle responsabilidad criminal a Carlos Faustino Altamiranda,

Julio César Altamiranda, Carlos Gustavo Altamiranda, Gabriel

Marcelo Altamiranda, como coautores penalmente responsables, enla comisión del ilícito previsto y penado por el art. 172 del Código

Penal, y encontrándose reunidos los requisitos que requieren los

arts. 306 y cc. del Código Procesal Penal de la Nación, como para

ordenar el procesamiento sin prisión preventiva de los nombrados.

IV. 5- Situación Procesal de José

Alejandro Espejo.

El cuanto al letrado de mención, si bien no

hay pruebas suficientes que revelen su injerencia en la

instrumentación de los documentos falsos -Escritura Pública No 263,

Escritura Pública No 73 y Certificado Médico atribuido a Ramón

Arias-, si resultan hartos suficientes para determinar su participación

fraudulenta en la presentación judicial de tales documentos, junto a

otras actuaciones, en el marco de los incidentes de Exención de

Prisión de Gustavo Carlos, Carlos Faustino, Gabriel Marcelo y de

Julio César Altamiranda, correspondientes a los autos principales

Altamiranda Gabriel Marcelo y Otros s/Infracción a la Ley Penal

Tributaria , Expte. o de origen 1049/05, que tramitan por ante el

Juzgado Federal 1 Secretaría Penal 11.


55/70

Poder Judicial dela

Nación

JUZGADO FEDERAL, DI: I 'UCUMAN 2

En efecto, ysegiin

a loselcnientos

de

pruebas recolectados, podeinos inferir cpie su actuación -e.jerciendo

la defensa técnica de Gustavo Carlos, CarlosFaustirio

Gabriel

Marcelo y de Julio César Altamiraridn - estuvo iiiotivada en el

conocimiento del carácter de losdoc~iiiieritos

delobjcto y de la

falsedad material e ideológica que en cllos se introdujo, no obstante

lo cual concretó su presentación en scdc judicial, conducente a

obtener el beneficio de la exención de prisión en favor de sus

defendidos.

Así resulta que, una vez coníirii-iado por la

Cámara Federal de Apclacioiies la rcsolución dcl 2811 1/08 -por la

que se dispusiera hacer lugar a la cxciicicín de prisión de los

encausados, bajo caución real, fijada eiila siiina

de 100.000 por

cada uno de ellos- el letrado defensor fiic intiiiiado a acompañar

renovación de seguro de caución, bqjo apercibimiento de revocarse el

instituto oportunamente concedido (fs. 51 16, 4071408, 750175 1 ,

104911050). Ante lo cual, traii-iitó con fecha 25/1 1110 cuatro

presentaciones de igual tenor -en los respectivos incidentes de

exención de prisión-, por las que ofreció cn caución los ininuebles

mencionados, solicitando, asiinisino, prórroga procesal a fin de

acompañar instrumentos de prueba que acrediten la titularidad

dominial y tasación respectiva (fs. 17 y vta.; 409 y vta.; 752 y vta.;

1051 y vta.). Tales presentaciones lleva11insertas la firma y sello del

profesional involucrado -a más dc las firmas de tres de los

Altainiranda-; loquc fiie

reconocido porcl misino

en oportunidad de

prestar declaración indagatoria, al cxpresar Pregilntado por

Secretaría si alguna e las ji*nta.s insertris cn las presentaciones del


56/70

2 5 /// 0 obr-antesL

.f¿vns 1 17, 409 752, 105 le corresponde a su

puiio y 1err.u: munifiestu qtreUS

jirrnas insertus

al pie de la hoja,

ubicada u Iu derechu corl sello inserto Jost; A. Espejo, Abogado" si

le

corre,sl~ondc.

s t r

ptrño y letra escritor ... h.1265).

Ahora bien, ycontorine

se desprende de las

actuaciones incorporadas cn autos, el profesional en reiteradas

ocasionesreqiiirió

prórrogas a efectos de dar cumplimiento con la

normativa legal relativa a la caución real ofrecida. Pues, justamente,resulta sugerente la insisteiicia en dilatar el cumplimiento de tales

requisitos, los cuales garantizan elcomp rendo

de los imputados a

estar

a derecho (arts. 3 18, 320 y 324 del CPPN).

Así, y proveyéndose las presentaciones

judiciales antes referidas-tiel 2511

1/10, cuatro presentaciones-, se

resolvió por el Juzgado interviniente, con fecha 26111/10:

... C on cé dus e Iu pr-círrogtr solic itudu por el término de 5 días

hábiles descie srr not[fictrcicí)t,debiendo ucot~ipuñurserespecto a los

inmuebles

ofrecidos encu~rc.icín... .Asimismo, cítese a comparecer

ante estos estrudos los titrrluresde

los inmuebles ofrecidos en

cazrción a los .fines de p r e ~ t ( ~ ru confi)rn~idodcorrespondiente" (fs.

130, 422, 764, 1064).Antc

lo cual yhabiendo

sido notificado el

imputado

en sucarácter de defensor fs. 13 1, 423, 765, 1065),

efectuó una nueva presentución, acoinpañando copias certificadas

por el EscribanoPíiblico

Roberto E.Espeche

de la Sentencia del

28/04/08 -por la cual seridjridicrira

ala

causante Carolina López los

inniuebles

ofrecidos enciiiición- y de la Escritura No 263 -

docuinentalapócrifTa-; rcquirierido, asiin ism o,

una nueva prórroga

procesal a fin de qiic n titular oferente comparezca a prestar la


57/70



conformidad correspondiente, afirmando además que es una persona

de 80 años (fs. 1321138, 4241430, 7661773, 106611073). A lo que se

proveyó en 0711 211 0 " no habiéndose dado estricto cumplimiento con

la totalidad de la documentación requerida conforme lo ordenado

mediante providencia de fecha 26 de noviembre de 2010, ni

comparecido la titular del inmueble ofrecido en caución a los fines

de prestar de la conformidad respectiva, intímese a la defensa a fin

de que en el perentorio e improrrogable plazo de tres días desde su

notificación, cumpla con lo allí ordenado, bajo apercibimiento de

revocarse el beneficio concedido y proceder a la detención de sus

defendidos" (fs. 1 3 9 4 31,773, 1073).

Notificado (fs. 140, 432, 774, 1074) y

disconforme con el proveído antes aludido, el letrado encausado

realizó una nueva presentación dilatoria del 1511 2110, deduciendo esa

vez recurso de reposición con apelación en subsidio (fs. 14 11142,

4331434, 7751776, 107511 076). Así, afirmó -entre otros argumentos-

que " la Sra. López se encuentra postrada, aunque lúcida, lo que

dificulta aún más su posibilidad de acudir al Juzgado a rati icar la

caución ofrecida" ; a más de rectificar la edad de la nombrada

indicando que tiene 90 años y no 80 años como lo había señalado

anteriormente. Es decir, insiste falazmente que Carolina López se

encuentra con vida, cuando su deceso ya había acaecido en fecha

2411 1109, en mérito a las constancias de autos.

Luego y mediante presentación del

16112110 (fs. 1431144, 4351436, 7771778, 107711 078) acompañó

certificado médico atribuido a Ramón Arias (Mat. 3005) -


58/70

instrumento falso, atento a lo informado por el SIPROSA-, por el

cual se hizo constar que López" se encuentra en perfecto estado de

salud mental y en uso de t ~ d a ssus facultades, no se recomienda

movilizarse, atento que presenta un pinzamiento... ;ante lo cual se

proveyó con fecha 22/12/10 (fs. 145, 437, 779, 1079) vista del

recurso intentado, como así también oficiar al Médico Forense de la

Cámara Federal de Apelaciones " ...líbrese oficio al Dr. Raúl Asial

médico de la Excma. Cámara de Apelaciones de Tucumán, a J l n de

que se constituya en el domicilio de la ciudadana Carolina López y

verzfique si la misma se encuentra en condiciones de comparecer

ante los estrados de este Tribunal" .

Ante ello, el galeno informó que

habiéndose constituido en el domicilio sito en Av. Alem 7411743,

San Miguel de Tucumán -domicilio denunciado en el Poder General

de Administración y Disposición, Escritura Pública No 263- a fin de

examinar a Carolina López, no fue atendido; pues, expresamente

hizo constar que " ...en donde a pesar de los insistentes llamados

efectuados, nadie acudió a los mismos" (fs. 149, 443, 786, 1083). A

partir, de lo cual se intimó nuevamente a la defensa a que en el plazo

24 hs. desde su notificación, denuncie el domicilio real de López, y

en su caso, adjunte poder especial (fs. 15011 51,

4441445, 7871788,1084/1085 ;

lo que se cumplimentó en forma parcial, toda vez que

Espejo omitió denunciar el domicilio requerido, acompañando sólo el

Poder Especial, Escritura PúblicaP\i

73 -instrumento

ideológicamente falso- donde consta como nuevo domicilio de

López, el sito en Manuela Pedraza 1054, de esta Ciudad Capital (fs.

15211 54,4461448, 789179 1, 108611 088).


59/70


JUZGADO FEDERAL 111 TUCUMAN 2

Al evaluarse tales actos procesales se

infiere que las prorrogas procesales requeridas por Espe.jo tuvieroncomo única finalidad aplazar el debido cuinpliiniento de la caución

real atento a las irregularidades que ostentaban los instriiinentos de

mención; los cuales, según sus dichos, Ic habían sido procurados por

sus pupilos. Y, no obstante para el caso que a ello se le asigne

veracidad, resulta poco creíble que talcs falencias le liayan pasado

desapercibido, más aún si aprecia q~ie supi ies ta oferente -López-

era una persona muy longeva (90 años), con presunta iniposibilidad

física de trasladarse, según informe iiiddico, y que no fue habida por

el Médico Forense de la Cámara Federal de Apelaciones de

Tucumán, en el doinicilio denunciado eii la Escritura Pública No 73

(Av. Alem 74 1/743, San Miguel de Tucurnáii).

En este ordeii de ideas, no piiede dejar de

ponderarse que el criterio que se aplica para determinar la medida de

la creación de un peligro prohibido, es el principio de confianza,

según "el cual no viola el deber de ciiidiido la acción del que confía

en que el otro se coinportarCi corrcctaiiiciitc, iriientras no tenga razón

suficiente para dudar o creer lo contriirio.I I

Iíinite del principio de

confianza se halla, en principio, en el propio deber de obscrvación: es

violatorio del deber de cuidado mantcncr n confianza cuando, en el

propio ámbito de observación, lían entrado indicios de qiie el otro no

se comportaba conforme a lo esperado, sin que scn necesario

aguardar a que el tercero pierda el doininio total del hecho"

(Zaffaroni, Eugenio Raúl - Alagia A le.jandro- Slokar Alejandro,

"Derecho Penal, Parte General"; 2 edicihn, ed. Ediar, pág. 560).


60/70

En cuanto a la vigencia de este principio,

cesa cuando:a)- ciiando

al conipetente le Salta el conocimiento de

las reglas o la posibilidad dc seguirlas; b)- también decae cuando es

función de i i r i participante compensar el coníportainiento defectuoso

de otro; c)- lo inisino sucede cuando el comportamiento grosero de

un participante hace saltar los roles; y, d)- finalmente, como carácter

general del principio de confianza, dice que no basta la mera

expectativa sino que el comportamiento defectuoso debe haber sido

ejecutado, porque noIiay

iiiotivo para agravar al que confía en la

solucióndel

problema:shlo

cuando el que se comporta

incorrectaniente pierde el dominio de la situación, debe intervenir el

otro. Si bicn el principio es correcto, no de-ja de ser objetable que

pretenda esperar la perdida del dorninio para intervenir, cuando en

general es suficiente con que perciba la falla" (Zaffaroni- Alagia-

Slokar, ob. citada, pág. 474).

Confi,riiie a lo expuesto y a las actuaciones

incorporadas en autos, estimo que tal principio resulta excluido, toda

vez que el encausado por siis conociinientos especiales sabía, o bien

se percató que los docuineiitos, presuntamente, procurados por sus

asistidos- según lo expresa cn el acto de la indagatoria- adolecían de

irregularidades; no obstante lo cual y con pleno dominio del hecho se

encargó de concretar sil presentación ante los estrados judiciales.

Vale decir que, con su coiiducta foineiitó la propensión al hecho

delictivo; inás aún, si se considera que resulta de su incumbencia

ejercer el debido control de legalidad sobre tales instrumentos.

A iiiayor ahínco, el accionar fraudulento del

letrado también repercute en la afectación del principio fundamental


61/70


62/70

Juun Rivadeneiru y por. el Dr. Josk Espejo" (fs. 1255). Y , Gabriel

Marcelo Altamiranda expresó que roda la gestión y el trámite de la

cazisa pc.nc11 trihirturia estuh~ru cargo de Jtilio César y Carlos

Falistino Altaniir-undu. Qzicj, el Dr. Espejo v Rivadeneira fueron

contr-utados por los nornhrucio,s... ( fs. 1269 vta.).

Coii ello, se considera que, la actividad

desplegada por el iinputado, valorada en sil conjunto, deja de ser

inocua como pretende. Es oportuno destacar en este sentido, que paraordenar el procesaii-iiento del imputado no es necesaria una

certidumbre con grado apodíctico, que no de-je lugar a dudas, como

lo exige una sentencia coiidenatoria, sino que basta con que la

sospecha inicial plasmada eli cl requeriiniento de instrucción, no se

desvanezca, sino por cl contrario se consolide, y que de la hipótesis

se pase a la probabilidad, que es lo que ocurrió en caso de autos,

razón por la que corresponde atribuir responsabilidad penal al

imputado JosC Alejandro Espejo como presunto coautor en el hecho

criininal por el cual fue indagado, previsto y penado por el art. 172

del Código I enal.

IV. 6- Situación Procesal de Roberto

Esteban Espeche

Coiiforine se expusiera en los párrafos que

anteceden, cl fedatario de inciición, habría insertado declaraciones

falsas en el Poder Especial, instrumentado en la Escritura Pública No

73 (Actuación Notarial N" 00617597, fs. 23 1 , 5 18 bis, 863, 1 161),

pero sin haberse percatado de las falencias e irregularidades que

presentaba la Escritura I ública No 263, que fuera agregada como

sustento de aquel docuniento y respecto a la cual también diera fe;


63/70

4 t *



actuando el inculpado -consecuentemente- como en cualquier otro

procedimiento notarial.

Así, recuérdese que Domingo Pastor Tula

acompañó la Escritura PúblicaNo

263, cuya vigencia sostuvo

ilegítimamente a sabiendas de la defunción de la Causante López; y

firmando

para constancia al pie del documento -Poder Especial,

Escritura Pública 73-, donde se hizo constar que ...cuya plena

vigencia me asegura el compareciente.. .

(fs. 231 vta., 518 bis vta.,

863 vta., 1161 vta).

Ello, juntamente a las demás diligencias

producidas, nos permitió deducir que el fedatario instrumentó el

documento sin conocimiento y voluntad de falsificar y1 el de la

eventualidad del perjuicio, que se podía producir como consecuencia

del mismo; ello, conforme a las razones ya analizadas.

Por su parte, tampoco resulta acreditado

que haya interactuado con quienes, finalmente, concretaron su

presentación ante el Juzgado Federal1

Secretaria Penal 2. Vale

decir, no existen indicios suficientes, a esta instancia, que

determinen su participación en el fraude bajo estudio, consistente en

la utilización del instrumento falso -Poder Especial-, al ser

presentado al Juez como verdadera una situación que no lo es.

En consecuencia, con los extremos

probatorios acumulados, es criterio de éste Magistrado que por ahora

no se encuentran reunidos méritos suficientes para ordenar el

procesamiento, ni tampoco para sobreseer al encausado Roberto


64/70

Esteban Espeche, en orden al delito previsto y penado por el art. 172

del Código Penal, correspondiendo así declararlo, conforme lo

dispuesto por el art. 309 del Código Procesal Penal de la Nación, sin

perjuicio de proseguir la investigación.

V.- CALIFICACION LEGAL.

V.l- Entiendo que se encuentran reunidos

al presente con el grado de provisoriedad que habilita esta etapa

procesal elementos de convicción más que suficientes en los

términos del art. 306 y C.C. del C.P.P.N. para el dictado de

procesamiento sin prisión preventiva de Carlos Faustino

Altamiranda, Julio César Altamiranda, Carlos Gustavo Altamiranda,

Gabriel Marcelo Altamiranda y José Alejandro Espejo, por existir

reunidos en autos elementos probatorios de convicción suficiente

para considerarlos prima facie coautores (art. 45 del C.P.),

penalmente responsables de los delitos de uso de documento público

falso, previsto y penado por el art. 296 en relación con el art. 292

primer párrafo -falsedad material- (respecto a la Escritura Pública No

263) y con relación al art. 293 del C.P. -falsedad ideológica-

(respecto a la Escritura Pública No 73 , como así también en relación

al uso de un instrumento privado falso (Certificado Médico, atribuido

a Ramón Arias), en concurso ideal con el delito de estafa procesal,

previsto y penado por el art. 172 del Código Penal, respecto a los

Incidentes de Exención de Prisión de Gustavo Carlos, Carlos

Faustino, Gabriel Marcelo y de Julio César Altamiranda,

correspondientes a los autos principales Altamiranda Gabriel

Marcelo y Otros s/Infracción a la Ley Penal Tributaria > Expte. o


65/70



de origen 1049/05 que tramitaron por ante el Juzgado Federal 1,

Secretaría Penal 11.

En cuanto a Juan Alberto Rivadeneira, cabe

atribuirle responsabilidad penal por considerarlo prima facie autor

art. 45 del C.P.) del ilícito de falsedad ideológica, previsto y penado

por el art. 293 del C.P. en lo que respecta a la Escritura Pública No

73, en concurso real con el delito de estafa procesal, previsto y

penado por el art. 172 del C.P., en calidad de coautor; el que a su vez

concurre idealmente con el delito de uso de instrumento público falso

(Escritura Pública No 263) y el de uso de instrumento privado falso

(Certificado Médico atribuido a Ramón Arias), previsto y penado por

los arts. 296 en relación con el art. 292 primer párrafo, en calidad de

coautor.

Cabe destacar que, para ordenar el

procesamiento del imputado basta con que la sospecha inicial

plasmada en el requerimiento de instrucción, no se desvanezca, sino

que por el contrario se consolide, y que de la hipótesis se pase a la

probabilidad, que es lo que ocurrió en el caso sub-examen. O dicho

de otra forma, la recolección de los elementos de convicción son

suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y que losindagados son los presuntos autores; o como dice Vélez Mariconde,

el auto de procesamiento se trata de "...una declaración

jurisdiccional de la presunta culpabilidad del imputado como

partícipe de un delito verificado concretamente...

(Alfredo Vélez

Mariconde, en su obra "Derecho Procesal Penal, t. 11, pág. 437).


66/70

En cuanto al alcance de la medida cautelar,

la misma se dicta sin prisión preventiva. Ello así, en razón de la

escala punitiva de los delitos enrostrados, así como porque no se

demostraron elementos objetivos para presumir que los encausados

habrán de intentar eludir la acción de la justicia o entorpecer las

investigaciones que están siendo llevadas adelante en caso de

hallarse en libertad durante la tramitación de este proceso.

Determinada entonces la responsabilidadpenal que les corresponde a los causantes respecto a los hechos

descriptos en losacápites

precedentes y habiéndose calificado el tipo

penal aplicable a las conductas desplegadas por los mismos,

corresponde disponer la traba de un embargo sobre bienes suficientes

de propiedad de Carlos Faustino Altamiranda, Julio César

Altamiranda, Carlos Gustavo Altamiranda, GabrielMarcelo

Altamiranda, Juan Alberto Rivadeneira y José Alejandro Espejo, a

fin de garantizar la pena pecuniaria, las costas procesales y

responsabilidades civiles que pudieran derivarse de la presente causa

(art. 518 CPPN) por la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($

200.000) respecto de cada uno de ellos.

V.2- Asimismo, y en relación a Roberto

Esteban Espeche no existen reunidos en autos elementos de

convicción suficientes como para ordenar el procesamiento ni

tampoco para sobreseer la conducta del nombrado, en lo que respecta

a los delitos por los que fuera indagado, previstos y penados por los

arts.

293 y 172 del Código Penal, por lo que corresponde así

declararlo y dictar falta demerito

en favor del mismoart.

309

Procesal), sin perjuicio de continuar con las investigaciones.


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JUZGADO FEDERAL I> 3 TUCUMAN 2

V.3- Finalincntc y encontrándose

acreditada la defunciíin de Domingo Pastor Tula corresponde

declarar extinguida la acción penal en relaciíin a este imputado;

conforme art. 59 inc.1

del Código Penal y art. 336 inc. del Código

Procesal Penal de la Nación.

Por ello, se

RESUELVE:

1 - ORDENAIX

EL PROCESAMIENTO

SIN PRISION PREVENTIVA (arts. 305. 3 10 y C.C.del Código

Procesal Penal de la Nación) dc CARLOS FAUSTTNO

ALTAMIRANDA, por existir reunidos en autos elementos

probatorios de convicción suficiente para considerarlo priino facie

coautor (art. 45 del C.P.), penalinente respons ble de los delitos de

uso de documentos públicos falsos -dos Iicchos-, uso de documento

privado falso -un heclio- en concurso ideal con el delito de estafa

procesal (art. 172; arts. 296 en relación con los arts. 292 y 293 del

C.P.); en mérito a las consideraciones expuestas precedentemente.

11 -

ORDENAR EL PROCESAMIENTO

SIN PRISION PREVENTIVA (arts. 306. 310 y C.C.del Código

Procesal Penal de la Nación) de JULIO CESAR ALTAMIRAN DA,

por existir reunidos en autos elementos probatorios de canvicción

suficiente para considerarlo primo f r i c i ~coautor (art. 45 del C.P.),

penalmente responsable de los delitos de uso de documentos públicos

falsos -dos hechos-, uso de documento privado falso -un hecho-, en


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concurso ideal con el delito de estafa procesal (art. 172; arts. 296 en

relación con los arts. 292 y 293 del C.P.); en mérito a las

consideraciones expuestas precedentemente.

1 1 1 ) - OKDENAK EL PROCESAMIENTO

SIN PRISIONPRICVENTIVA (arts. 306, 310 y C.C.del Código

Procesal I enal de la Nación) de CARLOS GUSTAVO

ALTAMIRANDA, por existir reunidos en autos elementos

probatorios de conviccicín suficiente para considerarlo prima faciecoautor (art. 45 del C.P.), penalmente responsable de los delitos de

uso de docuinentos públicos falsos -dos i-iechos-, uso de documento

privado falso -un hecho-, eii concurso ideal con el delito de estafa


C.P.); en mérito a las considcraciones expuestas precedentemente.

IV - ORDENAR EL PROCESAMIENTO

SINPRISION

PREVENTIVA (arts. 306, 310 y C.C.del Código

Procesal Penal de la Nación) de GABRIELM A R C E L O

ALTAMIRANDA, por cxistir reunidos en autos elementos

probatoi-ios de conviccicín suficiente para considerarlo prima facie

coautor (art. 45 del C.P.), penalmente responsable de los delitos de

uso de docuinentos públicos h l s o s -dos hechos-, uso de documento

privado falso -un hecho-, eii concurso ideal cor. el delito de estafa


C.P.); en inbrito a las considcraciones expuestas precedentemente.

V)- ORDENAR EL PROCESAMIENTO

SINP R I S l O N

PREVENTIVA (arts. 306, 3 10 y C.C.del Código

Procesal Pcnal de la Nacicin) de JOSE ALEJANDRO ESPEJO,

por existir reunidos eii autos elementos probatorios de convicción


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VII1 - DECLA IIAR que, por ahora, no existen

méritos sulicientcs para ordcnnr el procesaniiento ni tampoco parasobreseer a ROBERTO ESTEBAN ESPECH E, en lo que respecta

a los delitos por los que fuera indagado, previstos y penados por los

arts. 293 y 172 del C.P. conforriie a ¡o normado en el art. 309

Procesal, sin perjuicio de continuarse con las investigaciones; en

mérito a las consideraciories expuestas precedentemente.

1X - DECLARAR EXTINGUIDA LAACCION PENAL en la presente causa, con respecto a DOMINGO

PASTOR TtJLA, fallecido el 06107111 , DNI No 10.016.640, de

conformidad a lonor~i iado

por el art. 59inc.

l o del Código Penal de

la Nación; en mérito i las consifieraciones expuestas

precedeiite~nente.

X - i I N A VEZ FIRME, COMUNICAR 1

resuelto al Registro Nacional de Reincidencias y Ertadística Criminal

mediante oficio de estilo y HEQIJERIR los informes de Ley.

H G SE

SABER.

altamirano julio cesar y otros sobre infracción ley 24769

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