alta tensión

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21 21 de febrero del 2015 20 21 de febrero del 2015 ACTUALIDAD L a sordera políti- ca finalmente le pasó factura al gobierno. Tras cinco meses de diálogo fallido, los pobladores del distrito de Pichanaki, en Chanchamayo, Junín, protes- taron durante varios días para exigir que la empresa Pluspe- trol deje de operar en el Lote 108 y abandone su territorio. Un civil muerto y 144 heridos, incluso por armas de fuego, despertaron los fantasmas de un potencial ‘Baguazo’. Aunque el Ejecutivo buscó contrarrestar su falta de aten- ción y torpeza, ni la supuesta expulsión de la petrolera ni la intervención de una Comi- sión de Alto Nivel en la zona del conflicto lograron aplacar las críticas contra el gabinete Jara. Así, la necesidad de ha- cer cambios en el Consejo de Ministros dejó de considerarse como un mero capricho de la oposición para convertirse en un asunto inminente. Dos piezas clave –y bastan- te cuestionadas– encontraron reemplazo. Eleodoro Mayor- ga, hasta entonces titular de Energía y Minas, fue restituido por Rosa María Ortiz, ex jefa del Servicio Nacional de Cer- tificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Sena- ce), mientras que los desvaríos de Daniel Urresti cumplían su ciclo en la cartera del Interior para dar paso a José Luis Pérez Guadalupe, hasta ese momen- to jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La pre- gunta que queda en el aire es, ¿saben lo que les espera? INERCIA POLÍTICA El gobierno debe despertar del letargo que atraviesa en cuan- to al tratamiento de conflictos sociales. Verónika Mendoza, congresista miembro de la co- misión de Pueblos Indígenas y Medio Ambiente, advierte que “el cambio de gabinete puede ayudar en la medida que el enfoque que le den los nuevos Las protestas en Pichanaki evidencian una vez más la ineficiencia del gobierno para enfrentar –si no prevenir– los conflictos sociales, así como una agenda largamente postergada. ¿Qué papas calientes le esperan al renovado gabinete? SIN RESOLVER. El jueves 19 de febrero, representantes del gobierno acudieron a la zona, donde un sector de la población mostró su rechazo. ALTA TENSIÓN MIGUEL BELLIDO ESCRIBE: MARISOL GRAU / [email protected] @MARISOLGRAU

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Congresistas Verónika Mendoza sobre las protestas en Pichanaki, evidencia una vez más de la ineficiencia del gobierno para enfrentar – si no prevenir – los conflictos sociales, así como una agenda largamente postergada. ¿Qué papas calientes le esperan al renovado gabinete?

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  • 21 21 de febrero del 201520 21 de febrero del 2015 ActuAlidAd

    la sordera polti-ca finalmente le pas factura al gobierno. Tras cinco meses de

    dilogo fallido, los pobladores del distrito de Pichanaki, en Chanchamayo, Junn, protes-taron durante varios das para exigir que la empresa Pluspe-trol deje de operar en el Lote 108 y abandone su territorio. Un civil muerto y 144 heridos, incluso por armas de fuego, despertaron los fantasmas de un potencial Baguazo.

    Aunque el Ejecutivo busc contrarrestar su falta de aten-cin y torpeza, ni la supuesta expulsin de la petrolera ni la intervencin de una Comi-sin de Alto Nivel en la zona del conflicto lograron aplacar las crticas contra el gabinete Jara. As, la necesidad de ha-cer cambios en el Consejo de Ministros dej de considerarse como un mero capricho de la oposicin para convertirse en un asunto inminente.

    Dos piezas clave y bastan-te cuestionadas encontraron reemplazo. Eleodoro Mayor-ga, hasta entonces titular de Energa y Minas, fue restituido por Rosa Mara Ortiz, ex jefa del Servicio Nacional de Cer-tificacin Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Sena-ce), mientras que los desvaros de Daniel Urresti cumplan su ciclo en la cartera del Interior para dar paso a Jos Luis Prez Guadalupe, hasta ese momen-to jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La pre-gunta que queda en el aire es, saben lo que les espera?

    inercia polticaEl gobierno debe despertar del letargo que atraviesa en cuan-to al tratamiento de conflictos sociales. Vernika Mendoza, congresista miembro de la co-misin de Pueblos Indgenas y Medio Ambiente, advierte que el cambio de gabinete puede ayudar en la medida que el enfoque que le den los nuevos

    Las protestas en Pichanaki evidencian una vez ms la ineficiencia del gobierno para enfrentar si no prevenir los conflictos sociales, as como una agenda largamente postergada. Qu papas calientes le esperan al renovado gabinete?

    sin resolver. El jueves 19 de febrero, representantes del gobierno acudieron a la zona, donde un sector de la poblacin mostr su rechazo.

    AltAtensin

    MIGUEL BELLIDO

    escriBe: MARISOL GRAU /[email protected]

    @MARISOLGRAU

  • 22 21 de febrero del 2015 ActuAlidAd

    oxgeno. El cambio de ministros en carteras como las de Interior o Energa y Minas puede servir para resolver conflictos, pero no es suficiente. La clave radica en fortalecer los mecanismos de prevencin.

    lAs cifrAs

    3 muertos y 67 heridos regis-tr el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales de la Defensora del Pueblo en enero del 2015.

    24 conflictos se reconocie-ron en ncash durante el primer mes del ao. Esta es la regin donde se percibe el mayor nmero de problemas, seguida por Apurmac.

    156 espacios de dilogo asegura haber promovido la Oficina Nacional de Dilogo y Sostenibilidad de la PCM entre el 2012 y 2014.

    75% del territorio ama-znico en el Per haba sido concesionado para actividades extractivas hasta el 2012, segn un informe del Instituto del Bien Comn.

    ministros lo permita. Sin em-bargo, para la parlamentaria esto no resulta suficiente pues, los conflictos no estallan de la noche a la maana; comn-mente son resultado de varias demandas postergadas.

    Al respecto, Mendoza agre-ga que la aparicin de sectores radicales en las protestas no puede restarle legitimidad a las preocupaciones de la ciu-dadana. La nica forma de quitarle piso a las posiciones extremas es atendiendo opor-tunamente los requerimientos solicitados, asegura.

    En esa lnea, Porfirio Ba-rrenechea, comisionado de la Adjunta para la Prevencin de Conflictos Sociales y la Gober-nabilidad de la Defensora del Pueblo, afirma que se nece-sita una mayor articulacin de todos los sectores del Ejecutivo para visibilizar estos temas con rapidez. Especialmente cuan-do, de acuerdo al ltimo reporte de dicha institu-cin, el 60,5% de conflictos (127 de 210) compete al gobierno central, y de estos, 110 son de carcter so-cioambiental.

    Aparte de for-talecer trabajos relacionados a Inteligencia, que permitan a su vez medir la temperatura en torno a las protestas y sus implican-cias, urgen mecanismos de intercambio en un nivel ms poltico.

    Tal es el rol que debera ju-gar ms activamente la Oficina Nacional de Dilogo y Sosteni-bilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), sobre todo en su labor de pre-vencin. Sin embargo, en la actualidad no tiene la capaci-dad resolutiva que debera, ni el respaldo adecuado para con-vocar a los distintos sectores, sentencia Mendoza.

    en el radarEl paro en Picha-naki deja leccio-nes y advertencias para el gobierno nacionalista. Lo primero: hay que considerar la reso-lucin de conflic-tos sociales como una prioridad en la agenda nacio-nal. En otras pa-labras, no deben

    invisibilizarse en medio de los embrollos politiqueros locales.

    Adems, existen papas ca-lientes que el Ejecutivo no debe perder de vista. La con-gresista Mendoza resalta dos: La situacin del Lote 1AB y las poblaciones indgenas de las cuencas de los ros Pastaza, Tigre y Corrientes. El proceso de dilogo viene desde hace ms de tres aos y hasta aho-ra no son atendidos concreta-mente.

    El segundo caso que men-ciona la parlamentaria tiene que ver con la demanda por acceder a los recursos gasfe-

    ros de Camisea en Cusco; se pide una planta de fracciona-miento en La Convencin para disponer de GLP a precios ms baratos.

    La Defensora del Pueblo, a su vez, apunta otros cuatro casos, todos ellos tambin de corte socioambiental. Unos vinculados a proyectos mine-ros como Ta Mara (Arequi-pa), Las Bambas (Apurmac), Ocuviri-Ciemsa (Puno), y otro, a la extraccin de crudo por parte de la empresa Olympic en Piura.

    No obstante, tal como lo indica Barrenechea, ningn conflicto debe minimizarse, por ms pequeo que parez-ca, pues en cualquier momen-to puede estallar. Algunos ejemplos fueron Conga (Caja-marca) y Espinar (Cusco). El funcionario explica que resul-ta fundamental la mirada pre-ventiva y constante por parte de las autoridades en todos los niveles de gobierno. Dicho en cristiano, el Ejecutivo debe salir de su ensimismamiento, para mirar al pas.

    La nica forma de quitarle piso a las posiciones extremas es con atencin oportuna, advierte la congresista Mendoza.

    ALONSO CHERO