actuaciones visto 2797/2016-i ciudadano *******...

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE

SINALOA

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ACTUACIONES

EXP. NUM. 2797/2016-I

Los Mochis, Ahome, Sinaloa. A 29 (veintinueve) de noviembre de

2017 (dos mil diecisiete).

VISTO para resolver el presente juicio de nulidad número

2797/2016-I, promovido por el ciudadano *******

APODERADO LEGAL DE *******., quien demando al ciudadano

DELEGADO REGIONAL DE LA ZONA NÚMERO 5 DEL

INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA, y;

R E S U L T A N D O:

1.- Que con fecha 19 (diecinueve) de octubre de 2016 (dos

mil dieciséis) compareció ante esta Sala Regional Zona Norte del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, el

ciudadano ******* APODERADO LEGAL DE *******.,

demandando al ciudadano DELEGADO REGIONAL DE LA ZONA

NÚMERO 5 DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE

SINALOA, por la nulidad de la Resolución Administrativa con

número de folio ******* de fecha 22 (veintidós) de septiembre

de 2016 (dos mil dieciséis), mediante la cual se le declara

improcedente la solicitud para que se realice el cambio de las claves

catastrales de los lotes de su representada los cuales anteriormente

con clave catastral rústica y actualmente cuentan con clave catastral

urbana número ******* y *******, esto por considerar que el

bien inmueble es un predio urbano y no un predio rustico, motivo

por el cual se encuentra sujeto al pago de predial urbano.

2.- En fecha 18 (dieciocho) de noviembre de 2016 (dos

mil dieciséis), se tuvo por admitida la demanda, y por ofrecidas,

recibidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza, las

pruebas ofrecidas por la parte actora consistentes en

Documentales Públicas y Presuncionales Legales y Humanas

y se ordenó emplazar a la autoridad demandada.

3.-El día 31 (treinta y uno) de marzo de 2017 (dos mil

diecisiete), se tuvo por contestada la demanda, y por admitidas,

recibidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza los

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medios de convicción ofertados por el ciudadano Delegado

Regional de la Zona número 5 del Instituto Catastral del

Estado de Sinaloa, autoridad demandada en el presente juicio,

consistente en Documental Pública, Presuncional Legal y

Humana e Instrumental de Actuaciones.

4.- Mediante Proveído dictado por esta Sala el día 01 (uno)

de Agosto de 2017 (dos mil dieciséis), se declaró cerrada la

Instrucción, quedando citado el juicio para oír resolución, y:

C O N S I D E R A N D O:

I.- Esta Sala es competente para conocer y resolver del

presente Juicio, de conformidad con los artículos 2, 3, 13, fracción

I, 22 y 23 fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa para el

Estado de Sinaloa; 25, 30, y 33 fracción I, 38 fracción XI, del

Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Sinaloa.

II.- Por lo que toca a las expresiones formuladas por la parte

actora y autoridad demandada, a título de conceptos de nulidad y

excepciones y defensas, éste Juzgador omitirá su trascripción sin

que por ello, de ser necesario deba pronunciarse a su estudio

exhaustivo, al considerar que dicho actuar no constituye una

omisión formal en la estructura de la presente sentencia acorde

con lo preceptuado por el artículo 96 de la Ley de Justicia

Administrativa para el Estado de Sinaloa, y que además, no

representa fuente generadora de agravios a las partes del presente

juicio.

En su esencia robustecen lo anterior el contenido de los

criterios jurisprudenciales cuyo rubro y tenor literal informan:

“Novena Época Registro: 196477 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Abril de 1998, Materia(s): Común


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ACTUACIONES

Tesis: VI.2o. J/129 Página: 599 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo, Secretario de Tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. Novena Época Registro: 189863 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, Abril de 2001, Materia(s): Administrativa Tesis: VI.2o.A.13 A Página:1133

SENTENCIA FISCAL. LA MENCIÓN INCOMPLETA DE LOS ANTECEDENTES DEL JUICIO, NO IRROGA AGRAVIO. De una correcta interpretación a lo establecido por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que el mismo no constriñe a la Sala responsable del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al momento de emitir la sentencia en el juicio de nulidad, a que se expresen en los resultandos todos y cada uno de los antecedentes que se suscitaron dentro del juicio respectivo. El artículo en comento sólo obliga a que la Sala funde en derecho su resolución y a examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos por las partes y en caso necesario invocar los hechos notorios que pueda observar durante la tramitación del juicio y consten en autos, pues en el supuesto de que la abstención en la cita de todos los antecedentes en el resultando de la sentencia,

constituyera la falta de un requisito formal que trascendiera al sentido del fallo, ellos se subsanaría al realizar la autoridad correspondiente el estudio exhaustivo de los mismos, por lo que esa omisión no agravia al quejoso. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 30/2001. Juan Rodolfo Constantini Herbrich. 15 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Gerardo Rojas Trujillo.”

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III.- Señalado lo anterior, acorde con lo establecido en la

fracción I del artículo 96 de la Ley de Justicia Administrativa para el

Estado de Sinaloa, éste Resolutor procede a la fijación del acto

impugnado, el cual lo constituye la Resolución Administrativa con

número de folio ******* de fecha 22 (veintidós) de septiembre

de 2016 (dos mil dieciséis), mediante la cual se le declara

improcedente la solicitud para que se realice el cambio de las claves

catastrales de los lotes de su representada los cuales anteriormente

con clave catastral rústica y actualmente cuentan con clave catastral

urbana números ******* y *******, esto por considerar que el

bien inmueble es un predio urbano y no un predio rustico, motivo

por el cual se encuentra sujeto al pago de predial urbano; siendo

la pretensión procesal de la parte actora que se declare la nulidad del

acto impugnado en virtud de que la autoridad demandada al

momento de emitir la resolución que se impugna es omisa en fundar

y motivar el acto en virtud de que no señala los motivos, razones o

circunstancias mediante las cuales llego a la determinación de

realizar el cambio de clave catastral del bien inmueble de su

propiedad dejándolo en estado de indefensión infringiendo lo

dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucional.

Enseguida, advertido que el estudio de las causales de

improcedencia y sobreseimiento del juicio deben ser analizadas

aún de oficio por la Sala, según lo dispuesto por los artículos 93, in

fine y 96, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa para el

Estado de Sinaloa, éste Resolutor estima dable precisar que del

estudio efectuado a las constancias procesales que integran los

presentes autos, no se extraen elementos objetivos que tornen

necesario pronunciamiento respectivo con relación a la posible

actualización de alguna de las hipótesis normativas a que aluden

los numerales 93 y 94 de la supra citada Legislación; en mérito de

ello, estimándose satisfecha la exigencia que a la Sala le imponen

los citados ordinales 93 in fine y 96, fracción II, del enjuiciamiento

de la materia, enseguida este Juzgador se pronunciará al estudio

de los conceptos de nulidad vertidos por la parte actora, en


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ACTUACIONES

observancia de lo previsto por la fracción III, del aludido artículo

96 del ordenamiento legal supra.

IV.- Acto seguido éste Juzgador procede al estudio del

primer concepto de nulidad que esgrime el accionante, mediante

el cual expresa que la autoridad demandada al emitir la Resolución

impugnada la cual cuenta con el número de folio *******, viola

en su contra lo establecido en los artículos 14 y 16

Constitucionales, en virtud de que la demandada fue omisa en

fundar y motivar el cambio de clave catastral en virtud de que no

señala los motivos, razones o circunstancias mediante las cuales

llegó a la determinación de realizar el cambio de clave catastral

del bien inmueble propiedad de la parte actora; asimismo señala

que el predio de su representada se encuentra contemplado

dentro de los predios rústicos, esto tomando en consideración que

el mismo es destinado para fines agrícolas, motivo por el cual

debe tener asignada una clave rustica y por ende pagar dicho

impuesto con tal categoría, motivo por el cual la autoridad

demandada no debió haber realizado el cambio de clave catastral,

por último se esgrime que los predios no reúnen los requisitos

legales para ser considerados dentro del perímetro o zona

urbana, como la autoridad demandada pretende a su arbitrio

incluirlo dentro de esa zona o perímetro, cuando lo cierto es que

por su ubicación y carencia de servicios públicos los referidos

predios son rústicos.

Al respecto la autoridad demandada señala por principio de

cuentas que los referidos predios que amparan las claves citadas

quedan comprendidos dentro del Plano General del Plan Director

de Desarrollo Urbano de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, razón

por la cual se consideran como predios urbanos, además la

clasificación y calidad de un predio se establece de conformidad

con lo que dispone la propia Ley de Catastro en el capítulo

segundo denominado DE LAS DEFINICIONES Y LA TERMINOLOGÍA,

artículo 6 fracciones XXX, XXXV y XXXVI.

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Por tanto, en consideración de éste Juzgador, el concepto de

nulidad expuesto por la parte actora resulta esencialmente

fundado, por los razonamientos lógicos y jurídicos que enseguida

se exponen:

El segundo párrafo del artículo 14 y el primer párrafo del

numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establecen:

“ARTÍCULO 14.-

(…)

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (…)

ARTÍCULO 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento.” (…)

Así, de una interpretación armónica de las garantías

individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los

preceptos constitucionales transcritos, se obtiene que los actos de

privación y de molestia, como lo constituye el acto impugnado,

deben, entre otros requisitos ser emitidos por autoridad

competente y cumplir las formalidades esenciales que les den

eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad debe

necesariamente emitirse por autoridad competente y contemplar

los requisitos de fundamentación y motivación, cuyo propósito

primordial es que el gobernado conozca el "para qué" de la

conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en

detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias

y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera

que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y

controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y

auténtica defensa; es decir, no basta con exponer cualquier móvil

o causa en que se apoye el acto de molestia, sino que es necesario

que la autoridad exprese el razonamiento, contenido en el texto

mismo del documento que contenga el mandamiento respectivo,


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ACTUACIONES

según el cual quien lo emite llega a la conclusión de que el acto

concreto al cual se dirige se ajusta exactamente a las prevenciones

de determinados preceptos legales.

Luego entonces, cuando la autoridad administrativa

responsable no razona debidamente en el acto impugnado cómo es

que pudiera adecuarse a una determinada norma jurídica el motivo

por el cual resuelve que no es procedente que el predio propiedad

del *******. pase de urbano a rústico; resulta evidente que

dicha autoridad no expuso la motivación exigida por el artículo 16

de la Constitución Federal.

Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia numero 216534

Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente:

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 64, Abril de 1993

Materia(s): Administrativa Tesis: VI. 2o. J/248 Página: 43

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales,

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda

exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

Amparo directo 367/90. Fomento y Representación Ultramar, S.A. de C.V. 29 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario

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Machorro Castillo. Revisión fiscal 20/91. Robles y Compañía, S.A. 13 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 67/92. José Manuel Méndez Jiménez. 25 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván

Rojas. Secretario: Waldo Guerrero Laxares. Amparo en revisión 3/93. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 4 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez.

Y la Tesis Aislada número 213778, Octava Época Instancia:

Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la

Federación XIII, Enero de 1994 Materia(s): Común Tesis: IV.3o.92

K, Página: 243:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ACTOS DE

AUTORIDADES. No es suficiente para estimar acreditada una acción o excepción la simple referencia o relación de las probanzas existentes en el juicio, sino que es necesario e indispensable que se analice ampliamente cada uno de los elementos para determinar qué parte de ellos le beneficia o perjudica al oferente o a la contraparte, a fin de que el particular, con pleno conocimiento de los fundamentos de hecho y de derecho de la resolución reclamada, esté en aptitud de defenderse si estima que se le afectan sus derechos, pues de otra forma desconocería cuáles fueron los actos en concreto que pesaron en su contra; es decir, que para que un acto de autoridad se considere debidamente fundado y motivado, debe contener la expresión, con precisión del precepto o preceptos legales aplicables y el señalamiento, también con precisión, de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, requiriéndose además la debida adecuación entre los motivos argumentados y las normas aplicables para que se estime configurada la hipótesis indicada. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 589/92. Mariano Villarreal Martínez. 6 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Barajas Plasencia. Secretaria: Gloria Fuerte Cortés.”

Expuesto lo anterior, éste Órgano de Impartición de Justicia,

procede al estudio de las pruebas aportadas por la parte actora en

este sumario y en especial al Documento Público en el que consta

el acto traído a juicio, consistente en la Resolución Administrativa

con número de folio SAYF-ICES341J/2016 de fecha 22

(veintidós) de septiembre de 2016 (dos mil dieciséis),

mediante la cual se resuelve que no es procedente el cambio de

clave catastral de los lotes propiedad del accionante los cuales

anteriormente contaban con clave catastral rústica y actualmente

cuentan con clave catastral urbana números ******* y


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ACTUACIONES

*******; medio de prueba que fue admitido, recepcionado y

desahogado en la etapa procesal respectiva del presente sumario y

al cual se le irroga valor probatorio pleno en términos de lo

dispuesto por la fracción I, del citado artículo 89, de la Legislación

que rige la actuación de este Órgano de Impartición de Justicia;

estimándose oportuno reproducir dicho acto combatido, quedando

como a continuación se establece:

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De la reproducción realizada anteriormente se advierte que

en la resolución que constituye el acto impugnado la autoridad

demandada determina que no es procedente que los predios

con claves catastrales urbanas números ******* y

*******, pasen de urbanos a rústicos, debido a que los

predios, quedan comprendidos dentro del plano General del

Plan Director de Desarrollo Urbano de la ciudad de Los

Mochis, Sinaloa, asimismo señala que la clasificación y calidad

de un predio se establece de conformidad con lo que dispone la

propia Ley de Catastro en el capítulo segundo denominado “DE LAS

DEFINICIONES Y LA TERMINOLOGIA” en su artículo 6 fracciones

XXX, XXXV y XXXVI, además precisa se toma en consideración las

características de la zona que contemplan los planos reguladores

del crecimiento y desarrollo urbano de una población, de

conformidad con la factibilidad de servicios públicos, operaciones

comerciales y valores de la zona, son factores que también

determinan el carácter o calidad de un predio.


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ACTUACIONES

Ahora bien, tal y como anteriormente quedó asentado la

demandada funda su resolución, en donde determina que no es

procedente que los predios propiedad de la parte actora pasen a

urbano a rústico, en las fracciones XXX, XXXV y XXXVI del artículo

6 de la Ley de Catastro del Estado de Sinaloa, fracciones que

literalmente establecen lo siguiente:

LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE SINALOA

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LAS DEFINICIONES Y LA TERMINOLOGÍA

“ARTÍCULO 6o. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

XXX. Perímetro urbano. El que fija la autoridad catastral por cada centro de población. … XXXV. Predios Rurales. Los que se encuentran ubicados fuera del perímetro determinado zona urbana. XXXVI. Predios Urbanos. Los que se encuentran ubicados dentro del perímetro que determina la autoridad catastral o municipal como zona urbana.”

De las fracciones antes citadas se advierte que por

Perímetro Urbano se entiende el que fija la autoridad catastral

por cada centro de población, Predios Rurales los que se

encuentran ubicados fuera del perímetro determinado zona

urbana y por Predios Urbanos los que se encuentran ubicados

dentro del perímetro que determina la autoridad catastral o

municipal como zona urbana.

Así pues, con lo anterior queda de manifiesto la ilegalidad

con la que fue emitida la Resolución que decreta que no es

procedente que los predios propiedad de la parte actora pasen de

urbano a rustico, esto es así, en virtud de que tal y como lo

argumenta la parte actora en su primer concepto de nulidad, la

autoridad demandada fue omisa en fundamentar y motivar

debidamente la resolución impugnada, toda vez de que no se

estableció en el acto combatido el precepto legal que indicara

que, cuando un predio estuviera comprendido dentro del

plano regulador de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa sería

improcedente el cambio de clave catastral de urbano a

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rustico que se solicitara en su caso, sino que por lo contrario la

demandada se limita a señalar al accionante que se entiende por

Perímetro Urbano, Predios Rurales y Predios Urbanos, esto según lo

marcan las fracciones XXX, XXXV y XXXVI del artículo 6 de la Ley

de Catastro del Estado de Sinaloa.

Ahora bien, la demandada resuelve que no es procedente

que los predios propiedad de la parte actora con números de clave

catastral urbana ******* y ******* cambiara a rustica toda

vez de que con base a la ubicación y localización precisa del

predio se determina que está comprendido dentro del plano

regulador de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, razón ésta que no

se encuentra establecida en el artículo que se precisa en el

contenido del acto impugnado como fundamento.

Con lo anterior queda de manifiesto que con la emisión del

acto impugnado se incumple por completo con los requisitos de la

debida fundamentación y motivación, consagrados en nuestra

Constitución Federal, pues no se señalan las circunstancias o

razonamientos que llevaron a la demandada a determinar que no

era procedente el cambio de clave catastral que solicitó la parte

actora de los bienes inmuebles ubicados en la Carretera

Internacional del Municipio de Ahome, los cuales tienen una

superficie de el primero 78,907.19 metros cuadrados con las

siguientes medidas y colindancias: al noreste 111.45 metros y

colinda con canal sin nombre; Al noroeste mide 642.81 metros y

colinda con parcela 115 y al suroeste 129.82 metros y colinda con

canal sin nombre y el segundo tiene una superficie de 57,862.72

metros cuadrados y tiene la siguientes medidas y colindancias Al

Noreste 126.00 metros y colinda con propiedad de Luis Alberto

López Valencia; Al sureste 471.51 metros y colinda con parcela

116; al suroeste mide 134.49 metros y colinda con canal sin

nombre; Al noroeste 431.69 metros y colinda con parcela 114, lo

anterior encuadrando la conducta en el precepto legal aplicable al

caso en concreto, por tanto es indudable que la demandada es

omisa en señalar al actor el artículo el cual prevea que el hecho


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ACTUACIONES

de que el predio de su propiedad se encuentra dentro del plano

regulador sea una causa legal para efectos de decretar que no es

procedente el cambio solicitado por la parte actora.

Así pues, la demandada omite señalar los supuestos

normativos en que se encuadra la conducta de la actora, para

decretar que no es procedente la solicitud de cambio de clave

catastral de urbana a rústica; por lo que es incuestionable que se

le deja en estado de indefensión imposibilitándole así estructurar

una adecuada defensa en contra del actuar de la autoridad,

violentándose en consecuencia, en perjuicio del demandante el

principio de legalidad, el cual se encuentra consagrado a su favor

en su calidad de gobernado a título de garantía individual en el

artículo 16 de nuestra Carta Magna.

En conclusión, al estar privada la Resolución Administrativa

con número de folio ******* de fecha 22 (veintidós) de

septiembre de 2016 (dos mil dieciséis), mediante la cual se

decretó que NO ES PROCEDENTE la solicitud en el sentido de que

se realice el cambio de giro de la clave catastral de los predios

propiedad de la parte actora, los cuales anteriormente contaba con

clave catastral rústica y actualmente cuenta con clave catastral

urbana números ******* y *******, que se impugna por el

enjuiciante, de los requisitos de fundamentación y motivación que

como acto de autoridad debe contener, de conformidad con lo

establecido por el artículo 16 de nuestra Carta Magna, y no cumplir

con el principio de legalidad que del mismo precepto se deriva,

tenemos entonces que se encuentra afectado de nulidad por

actualizar la hipótesis contenida en el numeral 97, fracción II, del

precitado ordenamiento Estatal:

“ARTICULO 97. Se declarará que un acto administrativo es ilegal cuando se demuestre algunas de las siguientes causales:

…. II. Omisión o incumplimiento de las formalidades que legalmente debe revestir el acto impugnado siempre y cuando afecte las defensas del particular y trascienda al sentido del mismo;”

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Aunado a lo anterior, se procede a realizar un análisis y

valoración a las pruebas Documentales Publicas ofertadas por la

parte actora específicamente a las siguientes:

Escritura Pública número 11,557 (once mil quinientos

cincuenta y siete) de fecha 19 (diecinueve) de julio de

2003 (dos mil tres), mediante la cual el ciudadano

Licenciado ******, Notario Público número 21 en el

Estado con ejercicio y residencia en el Municipio de

Ahome, Sinaloa, protocoliza la escritura mediante la cual

la señora *****, vende a *******., la finca urbana clave

catastral MS-10-030-021 consistente en lote de terreno

con superficie de 78,907.19 metros cuadrados y las

medidas y linderos siguientes: al noreste 111.45 metros y

colinda con canal sin nombre; Al noroeste mide 642.81

metros y colinda con parcela 115 y al suroeste 129.82

metros y colinda con canal sin nombre.

Escritura Pública número 11,558 (once mil quinientos

cincuenta y ocho) de fecha 19 (diecinueve) de julio de

2003 (dos mil tres), mediante la cual el ciudadano

Licenciado ******, Notario Público número ** en el

Estado con ejercicio y residencia en el Municipio de

Ahome, Sinaloa, protocoliza la escritura mediante la cual

el señor ****, con el consentimiento de su esposa, la

señora *****, vende a *******., la finca urbana clave

catastral MS-10-030-022 consistente en lote de terreno

con superficie de 57,862.72 metros cuadrados y las

medidas y linderos siguientes: Noreste 126.00 metros y

colinda con propiedad de Luis Alberto López Valencia; Al

sureste 471.51 metros y colinda con parcela 116; al

suroeste mide 134.49 metros y colinda con canal sin

nombre; Al noroeste 431.69 metros y colinda con parcela

114.

Así también oferta las siguientes documentales:


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Factura 96188 de fecha 01 de noviembre de 2013,

Permiso único de siembra con derecho a riego a nombre

de ********.

Factura A008234 de fecha 09 de marzo de 2016,

expedida a *******., correspondiente al Pago de

suministro de agua para riego.

Permiso de *******.

Declaración de Impuesto Predial Rústico 2014 y 2015.

Tomando en consideración lo antes dicho se concluye que los

lotes propiedad de la parte actora son predios destinados al uso

agrícola los cuales no cuentan con servicios públicos, por lo que

resulta que son predios rústicos, aunado a que la autoridad

demandada fue omisa en ofrecer algún medio de prueba

fehaciente que acreditara lo contrario en su escrito de contestación

de demanda.

En razón de lo anterior, con apoyo en lo estatuido en la

fracción II del artículo 95 de la Ley de Justicia Administrativa para

el Estado de Sinaloa, se declara la nulidad del Oficio ******** de

fecha 22 (veintidós) de septiembre de 2016 (dos mil dieciséis)

mediante el cual la demandada determina que NO ES

PROCEDENTE el cambio de clave catastral urbana a rústica de los

predios propiedad del accionante con una superficie de 78,907.19

metros cuadrados el primero y 57,862.72 metros cuadrados el

segundo.

Ahora bien, como resultado de la nulidad decretada, con

fundamento en la fracción VI artículo 95 de la Legislación que rige el

Procedimiento Contencioso Administrativo en esta Entidad Federativa,

lo procedente resulta condenar a la autoridad demandada

DELEGADO REGIONAL DE LA ZONA NÚMERO 5 DEL INSTITUTO

CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA, a realizar el cambio de la

clave catastral número ******* y ******* a rustica, respecto de

las fincas propiedad de la parte actora ubicadas en el ******* de

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esta ciudad, para efectos de que las mismas sean registradas como

Predios Rústicos.

En diverso orden, la Sala estima necesario precisar que omitirá

el estudio del diverso concepto de anulación expuesto por el

accionante, en razón de que el analizado con anterioridad resultó

suficiente para estimar fundada su pretensión, lo anterior encuentra

apoyo en lo consagrado por la fracción III del artículo 96 de la Ley de

Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa.

Por lo expuesto y fundado, de acuerdo a lo establecido en la

fracción VI del artículo 96 de la Ley de Justicia Administrativa para

el Estado de Sinaloa, se:

R E S U E L V E:

PRIMERO.- Es fundada la pretensión aducida en el presente

juicio por el ciudadano ******* APODERADO LEGAL DE

*******., consecuentemente;

SEGUNDO.- Se declara la nulidad de la Resolución

Administrativa con número de folio ******* de fecha 22

(veintidós) de septiembre de 2016 (dos mil dieciséis),

mediante la cual la demandada determino que NO ES

PROCEDENTE el cambio de la clave catastral ******* y

*******, a rustica del predio propiedad de la parte actora, ubicado

en el ******* , consistente en una superficie de 78,907.19

metros cuadrados y las medidas y linderos siguientes: al noreste

111.45 metros y colinda con canal sin nombre; Al noroeste mide

642.81 metros y colinda con parcela 115 y al suroeste 129.82

metros y colinda con canal sin nombre y 57,862.72 metros

cuadrados y las medidas y linderos siguientes: Noreste 126.00

metros y colinda con propiedad de Luis Alberto López Valencia; Al

sureste 471.51 metros y colinda con parcela 116; al suroeste mide

134.49 metros y colinda con canal sin nombre; Al noroeste 431.69


SINALOA

17

ACTUACIONES

metros y colinda con parcela 114 el segundo; de conformidad con

lo analizado en el considerando IV de la presente resolución.

TERCERO.- Se condena a la autoridad demandada

DELEGADO REGIONAL DE LA ZONA NÚMERO 5 DEL

INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA, a realizar

el cambio de la claves catastrales números ******* y *******,

respecto de la finca propiedad de la parte actora ubicada en el

******* , en el Municipio de Ahome, Sinaloa, para efectos de que

la misma sea registrada como un Predio Rustico; de acuerdo a

lo establecido en el Considerando IV de la presente sentencia.

CUARTO.- Se hace del conocimiento de las partes que

contra la presente resolución procede el recurso de revisión

previsto en el artículo 112, 113, 113 BIS, 114 y 114 BIS de la Ley

de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa

QUINTO.- Una vez que haya causado ejecutoria la presente

sentencia en los términos del artículo 101 de la Ley de Justicia

Administrativa para el Estado de Sinaloa, en su oportunidad

archívese el presente expediente como asunto total y

definitivamente concluido.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Así lo proveyó y firmó el ciudadano Licenciado José

Clemente Torres Germán, Magistrado Instructor de la Sala

Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad; de conformidad

con el Acuerdo número 04. S.O. 34/2009, dictado por la Sala

Superior, en sesión Ordinaria número 34/2009 de fecha 16

(dieciséis) de octubre del año dos mil nueve; en unión de la

ciudadana Licenciada Virginia Robles Laurean Secretario de

Acuerdos, que actúa y da fe, con fundamento en los artículos 23

fracción I y 26 fracciones I y V, ambos de Ley de Justicia

Administrativa para el Estado de Sinaloa, así como los artículos 33

18

fracción I, 38 fracción V, XI, del Reglamento Interior del Tribunal

de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.

ELIMINADO. Corresponde a datos personales de las partes del

juicio. Fundamento legal: artículo 3 fracción XXVI, 149, 155

fracción III, 156 y 165 de la ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación con los numerales trigésimo octavo fracción I, quincuagésimo segundo,

párrafo segundo y quincuagésimo tercero, quincuagésimo noveno,

sexagésimo segundo y sexagésimo tercero de los lineamientos

generales en materia de clasificación y desclasificación de la

información, así como la elaboración de versiones públicas.

actuaciones visto 2797/2016-i ciudadano *******...

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