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ACTA 11-2019 Día: miércoles 20 de marzo de 2019

Lugar: Sala de Reuniones del CPJ Hora: 10:30 a.m.

________________________________________________________________________________________________ Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza,

Maimón y Estero Hondo, D. N. • Tel.: 809-533-3191 • Email: [email protected]

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ACTA 11-2019

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy miércoles veinte (20) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), siendo las 10:30 a.m., el Consejo del Poder Judicial, órgano constitucional, reunido en su Sala de Reuniones, sita en el sexto piso del edificio de la Suprema Corte de Justicia, con la presencia de su Presidente Mariano Germán Mejía y los consejeros Sara I. Henríquez Marín, Etanislao Radhames Rodríguez F., Fernando Fernández Cruz y Leonardo Recio Tineo con la asistencia de Edgar Torres Reynoso, Secretario General, CONOCIÓ en reunión ordinaria, sobre los siguientes puntos:

1. Informes del Presidente del Consejo del Poder Judicial.

2. Informes Consejeros del Poder Judicial.

3. Presentación de la auditoría del CODIA realizada a los adicionales del edificio que albergará las jurisdicciones especializadas, DECIDIÉNDOSE aplazar el conocimiento de este informe y se aprueba publicar los documentos del expediente, incluyendo el informe del CODIA. Se aprueba fijar para el lunes la próxima sesión del Consejo del Poder Judicial

4. Se pasa para la firma el Acta 10/2019 correspondiente a la sesión del Consejo del Poder Judicial del día 13 de marzo de 2019.

5. EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL APRUEBA LA NO PUBLICACIÓN DE ESTE ASUNTO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 29.2 DE LA RESOLUCIÓN NO. 03-2014 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2014, QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO INTERNO DEL PODER JUDICIAL.


7. Oficio CDC Núm. 0148/19, de fecha 08 de marzo de 2019, suscrito por la Licda. Mariloy Díaz Rodríguez, en funciones de Directora General de Administración y Carrera Judicial, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 12 de marzo de 2019, el cual dice: “Les remitimos para su ponderación, el oficio señalado en el anexo, mediante el cual la Mag. Felicia Núñez solicita ayuda económica para participar





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en una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

En relación a esta solicitud, en virtud de que la referida magistrada no ha sido beneficiada con la ayuda que tenemos estipulada para estos fines (ver correo anexo), recomendamos que se le otorgue la suma de RD$40,000.00, y se ponga en la lista de espera hasta que haya la debida provisión de fondos” (NRD 2019-008568), DECIDIÉNDOSE aprobar otorgarle los RD$40,000.00

8. Oficio CDC Núm. 0149/19, de fecha 08 de marzo de 2019, suscrito por la Licda. Mariloy Díaz Rodríguez, en funciones de Directora General de Administración y Carrera Judicial, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 12 de marzo de 2019, el cual dice: “En atención a su requerimiento de opinión sobre la notificación de salida del país y la solicitud de viáticos para participar en un curso a celebrarse en Cartagena de Indias, Colombia, del 18 al 22 de marzo de 2019 realizada por la Mag. Zeida L. Noboa citada en el anexo, les informamos que dejamos a la apreciación de ese honorable Consejo dicha aprobación” (NRD 2019-009180), DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud del permiso y de los viáticos.

9. Oficio CDC Núm. 0152/19, de fecha 08 de marzo de 2019, suscrito por la Licda. Mariloy Díaz Rodríguez, en funciones de Directora General de Administración y Carrera Judicial, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 12 de marzo de 2019, el cual dice: “Tramitamos para su aprobación, la solicitud de pago de horas extras, realizada vía correo electrónico por el Mag. Jorge L. Reyes Lara, Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por un período de un mes para el personal del tribunal que estará dando apoyo en el proyecto de reorganización del archivo, a saber:

CANT CÓDIGO NOMBRE CÉDULA CARGO

MONTO DIARIO P/P

MONTO MESUAL P/P

1 17320 YAMILET ALT. REYNOSO RODRIGUEZ 402-2314918-4 SECRETARIA 300 6000

2 19063 RIGO A. MENDOZA FEBLES 402-2674160-7 ARCHIVISTA 300 6000

3 21122 CLAUDIA G. PEÑA SOTO 402-2312599-4 OFICINISTA 300 6000

4 18361 DIANA E. MEDRANO VOLQUEZ 402-2144702-8 OFICINISTA 300 6000

5 20741 JAZMIN I. CORONADO VARELA 402-2548715-2 OFICINISTA 300 6000

6 22192 EDWIN A. ESTEVEZ RAMOS 402-2622967-8 ARCHIVISTA 300 6000





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TOTAL 36,000.00

(NRD 2019-009246), DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud.

10. Oficio 00008-2019 de fecha 13 de marzo de 2019, suscrita por la Mag. Gisselle A. de la Cruz C., Jueza Presidenta de la Segunda Sala del Juzgado de trabajo del Distrito Judicial de Santiago, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 13 de marzo de 2019, el cual dice: “Cortésmente les informamos que hemos sido seleccionada por el Consejo General del Poder Judicial de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,

(AECID) al curso Acceso a la justicia y la reforma del sector de la justicia. Segunda edición, el mismo se desarrollará desde el lunes 08 al viernes 12 de abril del 2019, en el Centro de Formación de Cartagena de Indias, Colombia.

El Consejo General del Poder Judicial de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para la actividad nos ha concedido una ayuda en especie de tipo parcial, que incluye:

Alimentación: Desayunos y cenas servidas en el restaurante del hotel. Almuerzos y cafés ofrecidos en el Centro de Formación. Transporte Aeropuerto/Hotel: Desde la llegada al aeropuerto, según itinerario enviado. Participación: Para recibir el certificado de participación es necesario el 100% de la asistencia a la actividad. Solo la persona seleccionada puede asistir a la actividad formativa, no se admitirán participantes en sustitución, ni personas no seleccionadas. Material de trabajo: A su llegada al Centro de Formación se le hará entrega de un maletín que contiene: block de notas, gafete para uso en el Centro, bolígrafo y uso de internet.

Del centro de formación nos requieren enviar los datos del itinerario de vuelos, de llegada y de salida antes del 22 de marzo del 2019, por lo que encarecidamente le solicitamos que nos sea aprobada la licencia por el periodo señalado, que nos otorgue el pasaje aéreo y los viáticos para imprevistos, incluyendo los días de vuelo” (NRD 2019-), DECIDIÉNDOSE aprobar los viáticos y el permiso.

11. Oficio DA/0224/2019, de fecha 22 de febrero de 2019, suscrito por la Licda. Hernileidys M. Burgos, Directora Administrativa, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 12 de marzo de 2019, el cual dice: “Por medio del presente, le remitimos para los fines de aprobación, la comunicación suscrita por el Ing. Raúl E. Taveras,





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Director de Tecnologías de la Información, de fecha 18 de febrero del presente año, en la que solicita la contratación de renovación de la licencia Trend Micro correspondiente al año 2019, la cual incluye 5,000 licencias de TM Smart Protection Complete y 10 de TM Deep Segurity Enterprise, con la finalidad de que dicho software proteja de virus a los equipos propiedad del Consejo del Poder Judicial, de acuerdo a la cotización anexa a la presente comunicación de la entidad Consulting Resources Group, S.R.L., de fecha 15 de febrero de 2019, el monto de dicha renovación asciende a Ciento Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Ochenta y Seis con 18/100 Dólares Estadounidense (US$148,386.18).

Llamamos su atención que dicha solicitud cuenta con la debida disponibilidad financiera, cargada a la línea F19-DTI-01 del Plan Operativo Anual 2019, “Renovación y Pagos de Contratos de Mantenimientos, Licenciamiento de Software y Seguridad (Microsoft, Softland y Eikon, Antivirus y Adobe Creative) ” (NRD 2019-006241), DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud.

12. Oficio CDC Núm. 0160/19, de fecha 12 de marzo de 2019, suscrito por la Licda. Mariloy Díaz Rodríguez, en funciones de Directora General de Administración y Carrera Judicial, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 14 de marzo de 2019, el cual dice: “En atención al Oficio SGCPJ Núm. 0509, de fecha 28 de febrero de 2019, señalado el anexo, tenemos a bien remitirles la opinión de disponibilidad financiera emitida por la Dirección Presupuestaria y Financiera, requerida” (NRD 2019-007927).

El Anexo dice:





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DECIDIÉNDOSE que se le asignen una de las camionetas que están disponibles.

13. Se conoció el oficio DA Núm 0314/2019, de fecha 12 de marzo de 2019, suscrito por la Licda. Hernileidys M. Burgos, Directora Administrativa, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 13 de marzo de 2019, el cual dice: “Por medio del presente le remitimos el estado de cuenta al 28 de febrero de 2019, detallando las facturas que aún están pendientes de pago por parte de la Procuraduría General de la República, correspondiente a la proporción de los gastos compartidos entre esa institución y el Consejo del Poder Judicial, ascendente a RD$29,387,667.54 (veintinueve millones trescientos ochenta y siete mil seiscientos sesenta y siete pesos con 54/100), según el resumen siguiente:

Concepto Monto

Combustible planta eléctrica Edif. SCJ/CPJ/PGR 2,013,215.00

Seguridad tribunal superior administrativo 1,272,284.02





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Recogida de basura Tribunal Superior 8,098.00

Electricidad tribunales zona Norte y Sur 20,304,212.12

Agua PJ Santiago (COORAASAN) 5,789,858.40

Total 29,387,667.54

Hacemos de su conocimiento que durante años hemos estado haciendo esfuerzos, remitiendo comunicaciones y reuniéndonos con su personal, para que dicha institución salde los montos pendientes y que se mantenga al día en los pagos acordados, pero pasa el tiempo y no se logra hacer valer los acuerdos firmados, por lo que la deuda sigue acumulándose llegando al balance plasmado en esta remisión” (NRD 2019-008868).

14. Oficio DA/0116/2019, de fecha 12 de febrero de 2019, suscrito por la Licda. Hernileidys M. Burgos, Directora Administrativa, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 14 de marzo de 2019, el cual dice: “Por medio de la presente le remitimos la solicitud de reparación y cambio de motor, según UMV/0153-19, de fecha 29/01/2019, en vista de la decisión tomada por el Consejo del Poder Judicial, mediante Acta No. 01/2019, de fecha 09/01/2019, la cual ordena la devolución de la solicitud de reparación de motor, según UMV/2179-18, de fecha 05/12/2018, a los fines de cotizar un motor nuevo versus uno usado, debido al alto costo al que ascendía las cotizaciones de reparación.

En cuanto a dicha decisión el Sr. Manuel Sierra F., Encargado de la Sección de Transportación y el Lic. Rafael Suárez, Encargado de la Unidad de Mantenimiento de Vehículos, opinan que en cuanto a ambas propuestas lo más conveniente para la institución es la reparación, ya que la compra de un motor usado las compañías ofrecen una garantía sólo por 15 días y no se conoce la vida útil del mismo.

Las cotizaciones con los montos de reparación y/o motores usados son los siguientes:

Entidad Condición Costo

Auto Repuestos Padilla, S.R.L. Motor usado RD$236,000.00

Agencias Generales, S.R.L. Motor usado RD$239,587.50





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Agencias Generales, S.R.L. Reparación de motor RD$261,781.18

Centro Automotriz Duran Motor usado RD$310,694.00

Centro Automotriz Duran Reparación de motor RD$231,811.00

Delta Comercial, S.A. Motor nuevo RD$999,455.14

Delta Comercial, S.A. Reparación de motor RD$457,491.64

En lo referente a los montos de las cotizaciones anexas están sujetas a variación en virtud de que se cotizó sin desarmar el mismo; Actualmente la entidad Delta Comercial, S.R.L., es el único suplidor que trae motores nuevos de ese vehículo cuyo monto total asciende RD$999,445.14 (Novecientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Pesos Dominicanos con 14/100 Centavos)” (NRD 2018-038182), DECIDIÉNDOSE subastar el vehículo.

15. Oficio DGGHCJA Núm. 156/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, suscrito por Kateryn Peralta Díaz, en funciones de Directora de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 14 de marzo de 2019, el cual dice: “Cortésmente, le remitimos la solicitud de adelanto de bono vacacional, suscrita por la Mag. Alicia M. Campos Ega, Juez de la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, para enfrentar gastos de parto de su segundo hijo, cuyo nacimiento está programado para la segunda semana de abril. A esos fines sometemos a su consideración la aprobación del mismo en vista de que la política institucional indica que debe ser por motivo de enfermedad.

Indicamos, además, que a la Mag. Campos, le corresponde su bono vacacional en el mes de noviembre y que, en el año 2017, le fue aprobado el adelanto de bono vacacional para cubrir gastos de su primer parto. Hacemos de su conocimiento que en ese tenor le fue otorgado el adelanto de bono vacacional al Mag. Antonio O. Sánchez Mejía, para gastos de maternidad de su esposa.

En ese sentido, dejamos a consideración de ese Honorable Consejo la decisión a tomar” (NRD 2019-007861), DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud.





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16. Oficio FCJP Núm. 059, de fecha 28 de febrero de 2019, suscrito por Bautista López García, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 06 de marzo de 2019, el cual dice: “Luego de un cordial saludo, tenemos a bien comunicarle que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de la Catedra UASD-UNESCO: Cultura de Paz, Derechos Humanos y Democracia, con miras a contribuir en el respeto de los derechos humanos, fortalecer el Estado social y democrático de Derecho, ha desarrollado el Diplomado en derechos humanos y sus mecanismos de protección, el cual pretende fortificar la aptitudes y competencias de los participantes.

Le invitamos a que nos acompañe en el acto de apertura a celebrarse el día 13 de marzo del presente año a las 6:00 p.m. en el Paraninfo del Edificio NU, con el tema: El rol del Defensor del Pueblo, los desafíos para la protección de los derechos humanos en el República Dominicana y Caso Cueva de las Maravillas a cargo de la Defensora del Pueblo, Dra. Zoila Martínez Guante.

De igual manera, le solicitamos apoyar la participación de los servidores de la Institución para que cursen este importante programa dirigido a operadores de justicia, funcionarios/as policiales y electorales, líderes políticos, comunitarios y juveniles, educadores/as e interesados/as que trabajan o desean trabajar en la defensa, promoción, educación o investigación de los derechos humanos, tanto en instituciones públicas como de la sociedad civil, el mismo cuenta con un cuerpo docente de altas competencias, calidad, excelencia académica y vasta experiencia en la materia que imparten.

La docencia del Diplomado se desarrollará los miércoles de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. durante un periodo de seis meses en el aula de postgrado NU en la Sede de la Universidad. El total de costos generales por participante es de RD$15,000.00 pesos, incluido RD$3,000.00 pesos de inscripción. El pago se realiza en la cuenta de Banreservas 010-500343-3, RNC 401-00419-4. Se debe entregar a la Unidad de

Educación Continuada de la Facultad el comprobante de pago de inscripción. Anexo: Brochure y formulario de inscripción” (NRD 2019-008069), DECIDIÉNDOSE archivar la solicitud, porque carece de objeto.

17. Oficio CDC Núm. 0153/19, de fecha 11 de marzo de 2019, suscrito por la Licda. Mariloy Díaz Rodríguez, en funciones de Directora General de Administración y Carrera Judicial, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 15 de marzo de 2019, el cual dice: “Les





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remitimos para su ponderación, el oficio señalado en el anexo, mediante el cual las Magistradas Bárbara I. Rodríguez y Katerine A. Rubio, solicitan permiso especial y ayuda económica para cubrir el boleto aéreo para participar en el curso: “La función judicial en la ejecución de la pena y en la protección de los derechos fundamentales de los privados de libertad”, a realizarse en Montevideo, Uruguay, del 1 al 5 de abril de 2019.

En relación a los permisos, como se trata de 5 días laborales, los mismos fueron tramitados a través de sus respectivas Cortes.

Respecto a la ayuda económica, tenemos a bien informar que la Mag. Katerine Rubio no ha recibido la ayuda prevista para maestrías; sin embargo, la Mag. Bárbara I. Rodríguez, si recibió dicha ayuda, según correo de la Dirección Financiera anexo, por lo que lo dejemos a su soberana apreciación” (NRD 2019-008514), DECIDIÉNDOSE aprobar el permiso y los viáticos.

18. Seminario Sub-Regional sobre la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, suscrito por la Dirección General Técnica, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 19 de marzo de 2019, el cual dice:

SEMINARIO SUB-REGIONAL SOBRE LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

25 y 26 de abril de 2019, Panamá.

Invitación recibida vía correo electrónico d/f lunes 18 marzo de 2019 del Lic. Rafael Nuñez, Embajador Técnico del Viceministerio para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).

Organizado por: Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI); Organización Mundial del Comercio (OMC) y, Organización Mundial de Aduanas (OMA); El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá través de la Dirección General de Registro de Propiedad Intelectual (DIGERPI) en colaboración con la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPO)





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Objetivo: mejorar el conocimiento de los participantes sobre la observancia de los derechos de la propiedad intelectual y sus desafíos. Así como analizar el impacto de la falsificación y la piratería con un particular enfoque sobre el papel de las aduanas en esta materia. En dicho taller se ofrecerá información sobre la importancia del fomento del respeto por la propiedad intelectual, el marco legal internacional existente, algunos aspectos prácticos relacionados con la falsificación de marcas y la piratería, el papel de los titulares de los derechos de propiedad intelectual y la importancia de la cooperación entre los diferentes actores públicos y del sector privado (Programa Anexo).

Fecha y Lugar del evento: 25 y 26 de abril de 2019, Panamá.

¿Qué solicitan los organizadores? Los organizadores disponen de un (1) cupo para postular un/una 1participante de nuestra Institución

Perfil: Se dirige a expertos en asuntos de Propiedad Intelectual

¿Cuál es la fecha límite para remitir nombre del candidato? miércoles 20 marzo de 2019

¿Qué subvencionarán los organizadores al participante designado?

Boleto aéreo en clase económica

Alojamiento

Alimentación

Traslados internos.

Qué debe cubrir esta Institución a el/la participante?

Viáticos para imprevistos por cuatro días (incluyendo días de vuelos).

Anexos:

Carta de Invitación d/f 06 de marzo de 2019

programa provisional de evento.

1 En caso de que el candidato postulado resulte electo, participará en el citado evento





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Formulario de nominación

(NRD 2019-009652), DECIDIÉNDOSE comisionar al magistrado Luis Carreras Muñoz, Juez de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

19. Comunicación de fecha 07 de marzo de 2019, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 12 de marzo de 2019, el cual dice: “Luego de un cordial saludo, por medio de la presente, quien suscribe, Haroline M. Disla Rosario, código de empleada 17907, le solicitamos en nuestra calidad de empleada de la institución que nos

sea reconocido el tiempo laborado en el Plan Nacional de Titulación masiva, tomando en consideración lo planteado a continuación:

Que en fecha ingresamos al Poder Judicial como empleada del Plan Nacional de Titulación masiva en fecha 02 de julio del año 2014, en calidad de Digito-Verificador de Registro de Títulos y luego como Analista Jurídico.

Que posteriormente pasamos a trabajar como empleada fija desde el 03 de julio de 2017, en nuestra función de analista jurídico. Hemos laborado en esta institución como asistente de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial (interina), en proyectos como: el Plan nacional de Lucha contra la Mora Judicial, Tribunales Móviles, Centros de Notificaciones Ad-hoc, Coordinación de la Suplencias, entre otros. En la actualidad no desempeñamos como Encargada de la Division de Seguimiento de Casos y Calidad del Servicio de la Justicia, desde el 02 de noviembre de 2018.

Que es preciso llamar su atención que nuestra condición de empleada de la institución se sitúa en fecha 02 de julio de 2014, tomando en cuenta que los empleados de dicho proyecto pasaron a ser fijos, lo cual representa una situación que, en el marco del principio de favorabilidad, constituye un aspecto que nos corresponde en el mejor de los sentidos de las normas institucionales.

Que tomando en cuenta que, en el orden institucional, nuestra condición de servidora se sitúa con el propósito de disfrutar los derechos adquiridos a la fecha de ingreso inicial, situación que es reconocida por el Consejo. Además, que durante el ejercicio de nuestras funciones se admitió como valido el derecho de vacaciones y otros beneficios.

Por tales motivos le solicitamos que nos sea reconocido el tiempo laborando como empleado de la institución desde el 02 de julio de 2014, a fin de disfrutar del derecho a vacaciones, sin perjuicio del tiempo de





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desempeño de nuestras labores, por ser conforme a la normativa laboral y a los diversos Convenios aprobados por Organización Internacional del trabajo de los cuales somos signatarios” (Visto por la Dirección General de Administración y Carrera Judicial) (NRD 2019-008635), DECIDIÉNDOSE rechazar la solicitud, debido a que el tiempo no le puede ser computado porque se trataba de un programa temporal.

20. Oficio DA/0230/2019, de fecha 05 de marzo de 2019, suscrito por la Licda. Hernileidys M. Burgos, Directora Administrativa, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 06 de marzo de 2019, el cual dice: “Por medio del presente le solicitamos la rectificación

del Acta Núm. 40/2017, de fecha 22 de noviembre de 2017, en la que aprueba la propuesta que fuere presentada para regir los cheques sujetos a liquidación para los trabajos de Infraestructura Física, el cual incluía un presupuesto para ser manejado como tope ascendente a RD$1,500,000.00, para el presupuesto general, los valores de mano de obra y de los materiales, con un monto máximo establecido por cheque de RD$500,000.00.

Que en virtud de que la práctica de los cheques sujetos a liquidación para trabajos de construcción por los montos antes señalado ha sido observada como una práctica incorrecta por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, hemos preparado esta propuesta para erradicar dicha práctica.

Actualmente el Departamento de Infraestructura Física posee un total de trece (13) Ingenieros Supervisores, (3) tres Arquitectos,(1) un Delineante y (1) un Electricista Supervisor, los cuales manejan un total aproximado de (6) seis proyectos; cada uno, asignados por Administración, en adición a las supervisiones de obras, levantamientos de las necesidades de las diferentes localidades a nivel nacional, diseño de planos, presupuestos, etc., lo que se traduce a que cada Ingeniero tenga liquidaciones pendientes de realizar.

En ese sentido y fin de que el Departamento de Infraestructura Física no realice las funciones de Supervisar y Administrar a la vez, ocupaciones que crean conflictos de interés en el manejo de fondos, es por ello que ha sido realizado y revisado el presente proyecto por la Contraloría General del Poder Judicial, Dirección Presupuestaria y Financiera, Coordinación del Comité de Compras y Licitaciones, Departamento de Infraestructura Física, Tesorería del Poder Judicial, División de Seguimiento a Compras y la Dirección Administrativa, en el cual se propone lo siguiente:





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Que en lo adelante los trabajos de construcción, readecuación, remodelación cuyo presupuesto sea de RD$300,000.01 serán agrupados, según se expresará más adelante, y trabajados por el proceso de licitación por lotes, los cuales serán procesados según correspondan los umbrales establecidos en el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, a saber:

1) El Departamento de Infraestructura Física se encargará de la realización del levantamiento de las necesidades en el tribunal o área administrativa que requiera los trabajos a realizar,

obteniendo como resultado los planos y presupuesto para la realización de dicha obra.

2) Los trabajos deberán ser conocidos por los órganos jerárquicos correspondientes, a saber: Vistos y/o conocidos por la Comisión Permanente de Ingeniería y Mantenimiento, y luego ser aprobados por el Consejo del Poder Judicial y siguiendo los lineamientos establecidos en la ley de compras en el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Estado.

3) Al momento en que el Acta del Consejo del Poder Judicial llega con la aprobación de los trabajos, el Departamento de Infraestructura Física deberá iniciar a conformar los lotes en coordinación con la Dirección Administrativa, realizando el correspondiente pliego de condiciones por Región para ser conocido por el Comité de Compras y Licitaciones del Poder Judicial.

4) Que para los casos en los cuales en un período de dos meses no surgiere otra necesidad en la región del proyecto a que corresponde dichos trabajos, serán agregados al lote que se encuentre a nivel territorial más próximo.

5) Un mismo oferente no podrá ser adjudicado con más de (2) dos

lotes.

6) Que el Departamento de Infraestructura Física será el encargado directo de la supervisión de los trabajos, debiendo quedar establecido en el pliego de condiciones, el tiempo de duración para la entrega final de cada proyecto que contiene un lote en días calendarios.





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Que en lo referente al proceso de los cheques sujeto a liquidación para los procesos menores que lleva el Departamento de Infraestructura Física, proponemos el siguiente procedimiento a seguir:

1) Que este proceso será contemplado para todos los trabajos de readecuación, remodelación y construcción cuyos presupuestos no excedan el monto total de RD$300,000.00.

2) El Departamento de Infraestructura Física se encargará de la realización del levantamiento de las necesidades en el tribunal o área administrativa que requiera los trabajos a realizar, obteniendo como resultado los planos y presupuesto con el tiempo aproximado de ejecución para la realización de dicha obra.

3) Los trabajos deberán ser conocidos por los órganos jerárquicos correspondientes, a saber: Vistos y/o conocidos por la Comisión Permanente de Ingeniería y Mantenimiento, y aprobados por el Consejo del Poder Judicial.

4) Al momento en que el Acta del Consejo del Poder Judicial llega con la aprobación de los trabajos, a la Dirección Administrativa, será tramitada al Departamento de Infraestructura Física, quien se encargará de la realización de la comunicación a la Dirección Financiera solicitando la elaboración del cheque.

5) Que previo a la Dirección Presupuestaria y Financiera emitir el desembolso del cheque para la ejecución del proyecto, el Encargado del Departamento de Infraestructura Física deberá autorizar que dicho desembolso se realice a nombre del ingeniero y/o arquitecto del Departamento a cargo de la obra vía correo electrónico.

6) Custodia de los Fondos sujeto a liquidación: Para el manejo de los fondos de los cheques emitidos, se asignará una caja de metal a cada Ingeniero, de la cual, serán custodios de la llave y la misma estará localizada en la bóveda del Departamento de

Tesorería.

Cada vez que el representante de Infraestructura haga un retiro de fondo, tendrá que llenar un formulario tipo recibo (realizado por Tesorería). Este documento debe contener el monto de dinero a retirar, el nombre del proyecto que afecta y deberá estar firmado por el Tesorero, quienes deberán contabilizar dicho





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monto, pero la responsabilidad de los montos retirados y existente serán exclusivamente del ingeniero a cargo.

Nota: Los ingenieros del Departamento de Infraestructura física solo podrán retirar los fondos al momento de iniciar la ejecución del proyecto.

Nota: Queda prohibido el depósito por parte de los Ingenieros del Departamento de Infraestructura Física de sumas de dineros en cuentas personales o en su poder.

7) Pagos de Mano de Obra: Para el pago de mano de obra, debe preparar una relación de trabajos realizados con nombre, firma, copia de cédula, monto a pagar, retención, etc. A los fines de los pagos y anexar dicha relación a la liquidación. Esto Aplica para pagos de mano de obra a partir de RD$20,000.00, menos de este valor se hará un recibo indicando el concepto (No estoy de acuerdo)

8) Compra de Materiales: Toda compra debe estar soportada de una (1) a tres (3) cotizaciones para un monto de RD$1.00 hasta RD$75,000.00, y para los montos superiores a RD$75,000.01 un mínimo de tres (3) cotizaciones.

El Departamento de Infraestructura Física tendrá a su cargo gestionar las cotizaciones que apliquen, las cuales serán remitidas a la División de Cotizaciones y Seguimiento a Compras vía la Dirección Administrativa a los fines de validación. Los proveedores deberán poseer RNC, ser proveedores del Estado, factura con comprobante fiscal gubernamental y estar al día con el pago de los impuestos.

Luego de validada la cotización la División de Cotizaciones y Seguimiento a Compras remitirá a la Dirección Administrativa para aprobación, devolviendo las mismas al Departamento de Infraestructura.

El cumplimiento de las validaciones y aprobación de las cotizaciones presentadas en cada proceso, deberá ser verificado por Contraloría General del Consejo del Poder Judicial al momento de la liquidación de cada cheque, debiendo las mismas permanecer en los expedientes.

En caso de ser necesario, al momento de ejecución de una obra de Infraestructura Física por cada cheque sujeto a liquidación,





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podrá hacer compras directas por imprevisto hasta el 5% del valor total del cheque.

9) Queda prohibida la compra de activos fijos mediante este procedimiento.

10) Excepciones para las localidades en que no exista proveedores con RPE: En aquellos casos que en la localidad donde no existan Proveedores del Estado, de manera excepcional se permitirá la compra del material gris, con la debida autorización del Encargado de Infraestructura Física.

11) Retenciones de Impuestos:

a. Las retenciones serán aplicadas a todo tipo de compras y mano de obra, realizadas por los cheques sujetos a liquidación, sin distinción de montos, según dispuesto en el Código Tributario (Ley 11-92) y las Normas Generales de la Dirección General de Impuestos Internos.

A las personas físicas reglamentadas o no, se les retendrá el 5% de anticipo ISR y el 100% del ITBIS si le corresponde, según monto.

b. Las retenciones de impuestos deberán ser depositadas en Tesorería inmediatamente sean efectuados y en ningún caso podrán ser utilizados.

12) Rol de la Unidad Impositiva:

En el caso de los materiales, los ingenieros llevarán la cotización o factura a la Unidad Impositiva para verificación de que no tenga ningún error en el cálculo de impuestos ni con el tipo de comprobante fiscal y les realizará el cálculo del porciento de ley de cada retención; estos documentos serán llevados al Departamento de Tesorería para que cobren dichas retenciones, ya con el recibo de pago emitido, la Unidad Impositiva procede a entregar las certificaciones de retención de impuestos, con la cual el ingeniero realiza el pago del efectivo más esta retención al proveedor.

En los casos en que emitida la certificación de retención de impuestos y por alguna razón no se efectúe la compra, el ingeniero (a) deberá notificar por escrito o correo electrónico a la





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Unidad Impositiva, en un plazo no mayor a 48 horas, a fin de compensar el impuesto pagado.

13) Los cheques sujetos a liquidación tendrán un plazo de veinte (20) días para ser liquidados, una vez concluidos los trabajos, mediante acta de recepción final del Encargado Administrativo de la zona, debidamente firmado, y en caso de interrupción, suspensión o paralización de la obra, deberá informarse a la Dirección Administrativa, con escrito justificativo de los motivos que suscitaron.

14) Se permitirá un máximo de tres (3) cheques sujetos a liquidación emitidos a nombre de un mismo ingeniero, exceptuando aquellos cheques emitidos como parte del proyecto por concepto de imprevistos, y no se desembolsará un nuevo cheque hasta tanto se haya liquidado uno de los cheques emitidos.

Nota: Toda documentación correspondiente a facturas, recibos o cartas de retención que correspondan a los proyectos a desarrollar deben reposar en el Departamento de Infraestructura Física” (Visto por la Dirección General de Administración y Carrera Judicial) (NRD 2019-) Ver aquí

NOTA DE LA SECRETARÍA: El presente oficio fue repartido en acta anterior Núm. 09/2019, de fecha 06 de marzo de 2019.

DECIDIÉNDOSE sobreseer el conocimiento de este asunto para la próxima sesión.

21. Oficio CDC Núm. 0147/2019, de fecha 08 de marzo de 2019, suscrito por la Licda. Mariloy Díaz Rodríguez, Directora General de Administración y Carrera Judicial, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 12 de marzo de 2019, el cual dice: “En atención al oficio SGCPJ Núm. 00459, de fecha 21 de febrero de 2019, tenemos a bien remitirles la opinión de disponibilidad financiera emitida por la Dirección Presupuestaria y Financiera anexa” (NRD

2018-029624), DECIDIÉNDOSE sobreseer el conocimiento de este asunto.

22. Oficio CDC Núm. 0128/19, de fecha 04 de marzo de 2019, suscrito por la Licda. Mariloy Díaz Rodríguez, en funciones de Directora General de Administración y Carrera Judicial, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 12 de marzo de 2019, el cual dice: “Les remitimos el oficio señalado en el anexo, mediante el cual el Director de





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Tecnologías de la Información nos remite su opinión con respecto a la renovación del contrato suscrito entre la Institución y el Ing. Darwin Muñoz, como Asesor Externo en la Dirección de Tecnologías de la Información.

En dicho oficio se comunica que las funciones para lo cual fue contratado el Ing. Muñoz, han sido concluidas satisfactoriamente con la entrega de sus informes finales, por lo que no será necesaria su renovación; en tal virtud procede la rescisión del mismo (NRD 2019-003704), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación de rescisión.

23. Oficio CDC Núm. 102/19, de fecha 18 de febrero de 2019, suscrito por la Licda. Mariloy Díaz Rodríguez, en funciones de Directora General de Administración y Carrera Judicial, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 08 de marzo de 2019, el cual dice: “En atención al Acta Núm. 1/2019 d/f 9/01/2019, mediante la cual se pone en conocimiento al Consejo del Poder Judicial de las nuevas funciones que ejercerán los Magistrados Alba Beard Marcos y Domingo Gil, como Jueces electos del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En ese sentido, en virtud de la vacante generada por la Magistrada Alba Beard en la Segunda Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, en virtud del Acta 35/2018, d/f 3/10/2018, procedimos a comunicarnos con la Mag. Guillermina Marizan, Juez Pta. del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, para dejarle saber el cuadro comparativo. A saber:

NOMBRE CARGO DEPENDENCI

A DISTRITO JUDICIAL

DEPTO. JUDICIAL

TIEMPO COMO JUEZ

TIEMPO EN LA

ANTIGÜEDAD EN LA

CATEGORIA

TIEMPO EN LA

ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO

EVALUACION DEL

DESEMPEÑO AÑO 2015

EVALUACION DEL


(PRELIMINAR)

MARTA C. ORTIZ SORIANO

JUEZ T.T.J.O. TRIBUNAL DE TIERRAS J.O. AZUA

AZUA SAN

CRISTOBAL 26 AÑOS Y 8 MESES

1 AÑOS Y 2 MESES

1 AÑOS Y 2 MESES

99.58 99.42

FREDY B. GERALDO

JUEZ T.T.J.O. TRIBUNAL DE TIERRAS J.O. PERAVIA

PERAVIA SAN

CRISTOBAL 24 AÑOS Y 5 MESES

24 AÑOS Y 5 MESES

24 AÑOS Y 5 MESES

91.88 93.49

JUAN D. MENDEZ QUEZADA

JUEZ T.T.J.O. TRIBUNAL DE TIERRAS J.O. BARAHONA

BARAHONA BARAHONA 20 AÑOS Y 1 MESES

20 AÑOS Y 1 MESES

20 AÑOS Y 1 MESES

94.89 87.25

JUAN DE D. RAMIREZ CASTRO

JUEZ T.T.J.O.

TRIBUNAL DE TIERRAS J.O. MONTE PLATA

MONTE PLATA

SANTO DOMINGO

20 AÑOS Y 0 MESES

15 AÑOS Y 7 MESES

15 AÑOS Y 7 MESES

99.02 97.81

ERNESTO CASILLA REYES

JUEZ T.T.J.O. TRIBUNAL DE TIERRAS J.O. S.J.M.

SAN JUAN DE LA

MAGUANA

SAN JUAN DE LA

MAGUANA

10 AÑOS Y 8 MESES

6 AÑOS Y 8 MESES

6 AÑOS Y 8 MESES

99.73 98.94





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WANDA Y. PEREZ MARTINEZ

JUEZ COORDINADOR

1RA. SALA TRIBUNAL DE TIERRAS J.O. D.N.

DISTRITO NACIONAL

DISTRITO NACIONAL

9 AÑOS Y 10 MESES

6 AÑOS Y 8 MESES

0 AÑOS Y 5 MESES

99.92 98.76

KATE R. ECHAVARRIA PIMENTEL

JUEZ T.T.J.O.

4TA. SALA TRIBUNAL DE TIERRAS J.O. D.N.

DISTRITO NACIONAL

DISTRITO NACIONAL

9 AÑOS Y 10 MESES

6 AÑOS Y 8 MESES

6 AÑOS Y 0 MESES

99.12 100.00

EMILKIS U. TERRERO DAJER

JUEZ T.T.J.O.

7MA. SALA TRIBUNAL DE TIERRAS J.O. D.N.

DISTRITO NACIONAL

DISTRITO NACIONAL

9 AÑOS Y 10 MESES

6 AÑOS Y 8 MESES

4 AÑOS Y 9 MESES

98.51 90.98

ALICIA M. CAMPOS EGA

JUEZ T.T.J.O.

2DA. SALA TRIBUNAL DE TIERRAS J.O. D.N.

DISTRITO NACIONAL

DISTRITO NACIONAL

9 AÑOS Y 10 MESES

6 AÑOS Y 0 MESES

6 AÑOS Y 0 MESES

100.00 100.00

FANNY J. LOPEZ PIMENTEL

JUEZ T.T.J.O.


DISTRITO NACIONAL

DISTRITO NACIONAL

9 AÑOS Y 10 MESES

6 AÑOS Y 8 MESES

1 AÑOS Y 0 MESES

97.05 98.32

JELBIN N. KOURY LORENZO

JUEZ T.T.J.O.


DISTRITO NACIONAL

DISTRITO NACIONAL

8 AÑOS Y 7 MESES

2 AÑOS Y 0 MESES

2 AÑOS Y 0 MESES

99.94 99.00

NATALI MOYA ESTRELLA

JUEZ T.T.J.O.


DISTRITO NACIONAL

DISTRITO NACIONAL

8 AÑOS Y 7 MESES

2 AÑOS Y 0 MESES

2 AÑOS Y 0 MESES

100.00 99.94

BAYOAN A. RODRIGUEZ PORTALATIN

JUEZ T.T.J.O.

8VA. SALA TRIBUNAL DE TIERRAS J.O. D.N.

DISTRITO NACIONAL

DISTRITO NACIONAL

7 AÑOS Y 10 MESES

2 AÑOS Y 3 MESES

0 AÑOS Y 11 MESES

99.90 98.53

ROSALBA N. ORTEGA CABRERA

JUEZ T.T.J.O.


DISTRITO NACIONAL

DISTRITO NACIONAL

7 AÑOS Y 10 MESES

0 AÑOS Y 11 MESES

0 AÑOS Y 11 MESES

99.90 99.80

En virtud de lo verificado en el cuadro comparativo, y tomando en cuenta la declinatoria de los Magistrados Fredy Geraldo y Juan Méndez, Jueces del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Peravia (Bani) y Barahona, respectivamente, quienes informaron que no tenían interés en ocupar la plaza vacante que se generó en la referida Sala, en virtud del escalafón, procedimos a realizar el siguiente ejercicio, el cual cuenta el visto bueno de la Mag. Guillermina Marizán, Juez Presidenta del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, para completar la plaza vacante. A saber:





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NOMBRE CARGO DEPENDENCIA DISTRITO JUDICIAL

DEPTO. JUDICIAL

TIEMPO COMO JUEZ

TIEMPO EN LA ANTIGÜEDAD

EN LA CATEGORIA

TIEMPO EN LA

ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO

EVALUACION DEL

DESEMPEÑO AÑO

2015

EVALUACION DEL


(PRELIMINAR)

JUAN DE D. RAMIREZ CASTRO

JUEZ T.T.J.O. TRIBUNAL DE TIERRAS J.O. MONTE PLATA

MONTE PLATA

SANTO DOMINGO

20 AÑOS Y 0 MESES

15 AÑOS Y 7 MESES

15 AÑOS Y 7 MESES

99.02 97.81

ERNESTO CASILLA REYES

JUEZ T.T.J.O. TRIBUNAL DE TIERRAS J.O. S.J.M.

SAN JUAN DE LA MAGUANA

SAN JUAN DE LA MAGUANA

10 AÑOS Y 8 MESES

6 AÑOS Y 8 MESES

6 AÑOS Y 8 MESES

99.73 98.94

WANDA Y. PEREZ MARTINEZ

JUEZ COORDINADOR


DISTRITO NACIONAL

DISTRITO NACIONAL

9 AÑOS Y 10 MESES

6 AÑOS Y 8 MESES

0 AÑOS Y 5 MESES

99.92 98.76

En virtud de lo propuesto, dejamos a su consideración la decisión a tomar” (NRD 2019-008859), DECIDIÉNDOSE enviar la comisión de traslados y ascensos.

24. Oficio AG-2019-109, de fecha 12 de marzo de 2019, suscrito por la Licda. Soraya Vargas E., Administradora General de la Jurisdicción Inmobiliaria, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 13 de marzo de 2019, el cual dice: “En atención a que mediante Acta Núm. 08/2018, de fecha miércoles 21 de febrero de 2018, el Consejo del Poder Judicial aprobó el cambio del nombre de “Sociedad Fiduciaria Global S.A.”, la cual ahora se denomina “G MAT Fiduciaria, S.A.”, con Certificado de Registro Mercantil No. 83804SD, RNC No.1-30-82843-1, representada por el Sr. Wilmer Tejada Holguín, Cédula de identidad y electoral No.223-0034245-2; tenemos a bien someter a la aprobación de ese Honorable Consejo, la solicitud de exoneración del pago de tasas por servicio.

En la misma comunicación se solicitó que sea exenta “G MAT Fiduciaria, S.A.”, del pago de tasas por servicios para el fideicomiso del proyecto de viviendas de bajo costo “Mota Engil”, inscrito con el RNC No.131-36595-7, que se desarrolla en la Parcela No.402416059095, del Municipio Santo Domingo Este, proyecto Ciudad Juan Bosch que consta de 504 unidades habitacionales, distribuido en 43 edificios de 4 niveles cada uno y 5 huertos urbanos, para un total de 509 unidades resultantes.

Esta solicitud se hace amparados en la Ley No.189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso en la República Dominicana, que en su Art. 131 dice que los fideicomisos para la construcción creados para el desarrollo de proyectos de viviendas de





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bajo costo debidamente calificados, quedarán exentos del pago de un 100% de los impuestos descritos a continuación:

a) Impuestos sobre la construcción, tasas, derechos, cargas y arbitrios establecidos en la Ley que crea un sistema de elaboración de Reglamentos Técnicos para la preparación y ejecución de proyectos de obras relativas a la ingeniería, la arquitectura y ramas afines y su Reglamento de Aplicación, así como cualquier otra legislación que se haya creado o por crear, que afecte la construcción con el cobro de impuestos tasas, derechos, cargas o arbitrios, incluyendo cualquier otros

impuestos sobre los servicios de construcción u otros conexos brindados para el beneficio del proyecto.

b) Impuestos sobre el traspaso de bienes inmuebles y registro de operaciones inmobiliarias en general.

En razón de que el Acta 08/2018, solo se refiere a la aprobación del cambio de nombre de la Fiduciaria, tenemos a bien someter a la aprobación de ese Honorable Consejo, la solicitud exoneración del pago de tasas por servicio a “GMAT Fiduciaria, S.A.”, para el fideicomiso del proyecto de bajo costo “Mota Engil” (NRD 2019-009466), DECIDIÉNDOSE devolver a la Licda. Vargas a los fines de que corrija el error material.

25. Oficio DGHCJA Núm. 0154/2019, de fecha 12 de marzo de 2019, suscrito por Kateryn Peralta Díaz, en función de Directora de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 13 de marzo de 2019, el cual dice: “Cortésmente, remitimos para su consideración, el oficio No. 31/2019, d/f 05/03/2019, suscrito por la Licda. Leonela C. Reynoso Cruceta, Secretaria General de la Jurisdicción Penal de la Provincia Santo Domingo, donde solicita la renovación de quince (15) oficinistas, los cuales se encuentran bajo modalidad interina en las distintas Unidades del Despacho Penal, debido a que es un capital humano necesario para completar y tramitar con eficiencia, efectividad y en tiempo oportuno las diligencias secretariales que les ocupan.

En atención a lo anterior, somos de opinión favorable a que este personal sea renovado por un año más, lo que conlleva un impacto en nómina de RD$419,676.00 mensuales y RD$5,399,712.00 por concepto de salarios y beneficios.

Es importante señalar que la institución cuenta con disponibilidad financiera para la ejecución de la presente solicitud. Por lo antes





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expuesto, dejamos a consideración de ese honorable Consejo la decisión a tomar” (NRD 2019-009350), DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud.


27. Oficio No. 435-2019, de fecha 13 de marzo de 2019, suscrito por los

Licdos. Pablo Miguel Peña Caraballo, Director Nacional Interino, y Soraya Vargas, Administradora General de la Jurisdicción Inmobiliaria, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 06 de marzo de 2019, el cual dice: “Aprovechamos la ocasión para saludarles, y a su vez, solicitarles respetuosamente su aprobación para que las Licdas. Dulce Marmolejos y Yahaira Herasme Drullard, códigos de empleado Nos. 3343 y 15515, quienes están autorizadas a firmar en los Registros de Títulos en ausencia de los Registradores Titulares, para también puedan hacerlo conjuntamente con estos, en los Registros de Títulos de San Francisco de Macorís y San Pedro Macorís respectivamente, por un periodo de 2 meses a partir de la fecha de aprobación de esta solicitud, en caso de que sea acogida.

Hacemos constar que la Licda. Yahaira Herasme se encuentra en el Distrito Nacional y se trasladaría hasta San Pedro de Macorís, por lo que necesitaremos el pago de viáticos correspondientes. En el caso de la Licda. Dulce Marmolejos, la misma se encuentra en la localidad de Sn Francisco, por lo que no requiere dicho pago.

Es importante destacar que el Registro de Títulos de San Francisco de Macorís tiene más de 600 expedientes en firma, y San Pedro de Macorís tiene más de 700, situación que está ocasionando incumplimiento en las fechas promesas asignadas a las solicitudes que ingresan a través de estas oficinas” (NRD 2019-009672), DECIDIÉNDOSE rechazar la solicitud.

28. Comunicación de fecha 01 de marzo de 2019, suscrita por el Lic. Alain Humeau, Analista del Departamento de Control Financiero, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 08 de marzo de 2019, el cual dice: “Devolvemos con el fin de que se especifique si los RD$40,000.00 aprobados para cada uno serán cargados a la ayuda para maestría de jueces.





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Nota: Esta hoja, oficios y relaciones sujetas corrección, deben permanecer en el expediente” (NRD 2019-003319), DECIDIÉNDOSE informarle que la respectiva cantidad es con cargo a la ayuda otorgada a los jueces para fines de estudios.

29. Oficio No. 682019, de fecha 04 de marzo de 2019, suscrito por el Dr. Julio Cesar Reyes José, Juez Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 08 de marzo de 2019, el cual dice: “Respetuosamente, tenemos a bien enviarle la comunicación de fecha 01 de marzo de 2019, de la Mag. Jeny Rodríguez Lora, Juez Suplente de la Primera Sala de

la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, a los fines de que sea extendida la suplencia ante la Primera Sala de esta Corte de Trabajo, durante los próximos seis (6) meses, en ocasión de las vacaciones y permiso especial de la licencia por estudios, concedido al Mag. Federico Fernández, Juez de la Primera Sala de esta Corte de Trabajo, que generó la vacante de esta Corte.

La referida magistrada se ha integrado de manera ejemplar a los trabajos de la Primera Sala y ha logrado junto a los demás jueces, dirigido por la Magistrada Wendy Martínez, mantener con muy buena valoración la sala, sobre todo libre de mora judicial” (NRD 2019-008936), DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud mientras dure la situación de la ausencia del magistrado Federico Fernández con su respectiva compensación económica.

30. Oficio DRPOJ/977/2019, de fecha 12 de marzo de 2019, suscrito por Yunior Ramos Báez, Encargado de la División de Registro de Personal y Oficiales de la Justicia, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 14 de marzo de 2019, el cual dice: “En atención al oficio SGCPJ Núm. 00380/2019, d/f 14 de febrero de 2019, mediante el cual se informa que el Consejo del Poder Judicial decidió remitir a la Comisión Disciplinaria de Servidores Administrativos a la señora Chantal Nicole Badia Vásquez, por la presunción de haber viajado al exterior estando de licencia médica, por tal motivo, informamos que presentó renuncia a partir del 15 de enero de 2019, es decir antes del

apoderamiento” (NRD 2018-037634), DECIDIÉNDOSE acoger la renuncia.

31. Oficio DRPOJ/965/2019, de fecha 08 de marzo de 2019, suscrito por Yunior Ramos Báez, Encargado de la Division de Registro de Personal y Oficiales de la Justicia, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 14 de marzo de 2019, el cual dice: “Para su conocimiento y a los fines que juzgue pertinente, le remitimos la





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renuncia presentada en fecha 21/02/2019 por la señora Yajaira Crisóstomo Castillo, Código 18958, Oficinista de la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago, quien al momento de presentar renuncia se encontraba en un proceso disciplinario por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, denuncia sobre maltrato a los usuarios y desorganización en el control de los registro de los actos notariales” (NRD 2019-009177), DECIDIÉNDOSE acoger la renuncia.

32. Se conoció la comunicación de fecha 11 de marzo de 2019, suscrita por el Mag. Edgar Hernández Mejía, Juez de la Tercera Sala de la Suprema

Corte de Justicia, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 12 de marzo de 2019, el cual dice: “Con la mayor cortesía le estamos enviando a ese Consejo del Poder Judicial diez (10) ejemplares de la compilación de los artículos de nuestra autoría “Dos Luchadoras Sociales que Honraron al Poder Judicial” y “Tres Magistradas que Fueron Motivo de Orgullo para la Judicatura”, a fin de que conozcan nuestra valoración en relación a las cinco juezas de que se trata” (NRD 2019-009130).

33. Se conoció el oficio DA/0278/2019, de fecha 05 de marzo de 2019, suscrito por la Lic. Hernileidys M. Burgos, Directora Administrativa, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 12 de marzo de 2019, el cual dice: “Por medio del presente le remitimos el informe que recibimos de la licenciada Melissa Álvarez, Directora de la Dirección Legal, sobre el estatus actual del terreno donado por el Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia, para la construcción del Juzgado de Paz de dicho municipio, en el que hace constar lo siguiente:

1. Que mediante Resolución No. 05, de fecha 10 de abril de 2018, el Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia realiza la donación al Consejo del Poder Judicial, de una porción de terreno de 930 metros cuadrados, en dicho municipio para la construcción del Juzgado de Paz.

2. Que, en ese sentido, en fecha 08 de agosto del 2018, el Consejo del Poder Judicial procedió a aprobar los planos y presupuestos para la construcción de dicho Juzgado de Paz.

3. Que mediante Acta Núm. CP-CPJ-10-2018, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial, adjudicó la construcción del Juzgado de Paz de Sabana Iglesia, por un monto de RD$7,888,337.46 (Siete Millones Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Treinta y Siete con 46/100).





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4. Que en fecha 21 de noviembre del 2018, se recibió una comunicación a nombre de los señores Juan Octavio Díaz Fernández, Cándida Dora Díaz, Adolfo Díaz, Dominga Isabel Díaz, Nieves Felipa Díaz y Narciso Díaz, en la que se presenta formal oposición a la construcción del Juzgado de Paz de Sabana Iglesia, en el terreno “Parcela No. 842 del Distrito Catastral No. 19 del municipio Sabana Iglesia, provincia Santiago”, alegando que son herederos de las parcelas 828 y 842 del DC No. 19, por ser parte de la sucesión de sus difuntos padres Luis y Saturnina Díaz, sin presentar documentación que soporte la titularidad de los mismos.

A raíz de lo antes expuesto la Dirección Legal solicitó a la Dirección General de Bienes Nacionales, en fecha 04 de enero del presente año, una expedición de certificación en la cual se haga constar si en los archivos a su cargo, existe una documentación sobre la parcela anteriormente expuesta, con la finalidad de determinar si existe alguna acción o solicitud administrativa sobre dicha parcela, quedando a la espera para fines de proveer las informaciones legales sobre dicho terreno donado.

Es por lo que aún no se ha dado inicio a la construcción de dicho juzgado de paz por parte del oferente adjudicado (NRD 2019-008228).

34. Se conoció el oficio Núm. 3471, de fecha 08 de marzo de 2019, suscrito por la Cristiana A. Rosario V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 11 de marzo de 2019, el cual dice: “La suscrita, Lic. Cristiana Rosario, en calidad de Secretaria General de esta Suprema Corte de Justicia, de la manera más respetuosa tiene a bien hacer de su conocimiento los resultados del Sistema de Atención al Usuario eFlow durante el mes supra indicado y el número de usuarios del sistema de justicia que han sido atendidos. Durante este mes podemos destacar los aspectos más importantes como un total general de 5,172, con una reducción de 1,132 visitas en relación a las recibidas en el mes de enero un total de 6,304 AT; con un tiempo promedio atención de 7 minutos,

56 segundos; tiempo promedio de espera de 22 minutos, 17 segundos y un promedio de 272 usuarios por día, durante 19 días de labor.

En cuanto al reporte Servicio – Sucursal – Horario, muestra que los momentos de mayor auge en las visitas recibidas oscilan entre las 9:00 am y 3:00 pm.; con un total de 960 usuarios a las 11:00 a.m. el cual nos indica el mayor flujo (Ver cuadro anexo). Puntualizamos que este número de personas es el promedio del mes.





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Podemos resumir el informe de categoría de trámite general destacando que fueron emitidas 387 certificaciones de documentos, consultados físicamente 218 expedientes; otras consultas y trámites: 1,164; documentos depositados: 1,809; solicitudes de juramentación de Abogados: 369; retiro de documentos: 710 y depósitos de documentos relativos a Revisión Constitucional: 30; para un total general de 4,687 trámites completos.

Estas informaciones relativas a los trámites realizados pueden ser vistas en los reportes:

1. Reporte • Servicios Sucursal: Este reporte muestra el total de asistencia que se brinda en la secretaria, el tiempo promedio de atención y espera durante el mes.

2. Reporte • Servicios – Hora: Este reporte muestra por hora las asistencias brindadas en el área, el tiempo promedio de atención y espera del mes.

3. Reporte • Trámites Sucursal: Este reporte muestra el total de asistencia brindada por cada tipo de tramite (Trámite = Servicio) que brinda la secretaria, el tiempo atención y espera del mes.

4. Reporte • Trámites – Hora: Este reporte muestra el total de asistencia brindada por hora de cada tipo de trámite (Trámite = Servicio) que brinda la secretaria, el tiempo promedio atención y espera del mes.

Glosario

EM: Emitidos

ES: Espera

AT: Atendidos

CA: Cancelados

TE: Tiempo Espera

TA: Tiempo Atención

TR: Tiempo Respuesta

Con el propósito de mejorar cada día los servicios brindados, se despide” (NRD 2019-009022).





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35. Se conoció el oficio DP y P Núm. 040, de fecha 01 de marzo de 2019, suscrito por la Licda. Cristiana Fulcar Pérez, Directora de Planificación y Proyectos, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 14 de marzo de 2019, el cual dice: “Cortésmente, le remitimos el informe de ejecución del Plan Operativo Anual 2018, en el cual se presentan los detalles de los proyectos y actividades de las áreas centralizadas de la Institución, dicho Plan luego de varias modificaciones por ajustes financieros resultó con un presupuesto interno de RD$1,421,321,888.00.

De igual modo se muestran los avances de los 217 proyectos y

actividades de las distintas áreas y/o direcciones del Poder Judicial al mes de enero 2018, en donde el 84% fueron ejecutados o están en proceso de ejecución y el 16% restante no se llevaron a cabo o fueron postergados.

Así mismo, se muestran los avances en los Objetivos Estratégicos Institucionales 2015-2019, como consecuencia de los productos o resultados aportados puntualmente por los proyectos o actividades incluidos en el Plan Operativo Anual 2018 definitivo, en total los proyectos concluidos aportaron un total de 45 productos y resultados en torno a los objetivos estratégicos institucionales” (NRD 2019-007929).

36. Oficio DL-96, de fecha 20 de febrero de 2019, suscrito por la Lic. Melissa I. Álvarez P., Directora Legal, recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 04 de marzo de 2019, el cual dice: “Cortésmente le saludamos, en ocasión de informarle el estatus actual del caso relativo a la deuda del Palacio de Justicia de Santiago con la Corporación del acueducto y alcantarillado de Santiago (CORAASAN), así como las gestiones realizadas y pendientes de realizar en relación a mismo.

Como es de su conocimiento, mediante acta del Consejo del Poder Judicial Núm. 5/2018 de fecha 21 de enero de 2018, se aprobó realizar los trámites correspondientes para llevar a deuda pública el caso de referencia, así como comunicar dicha decisión a la Procuraduría General de la República.

Que para lograr dicho cometido, se concertó una reunión en las oficinas de CORAASAN, en fecha 20 de septiembre de 2018, a la cual asistieron, por CORAASAN, el Lic. Jorge Ortega, Consultor Jurídico, Licda. Elsa Rodríguez y la Ing. María Zenón, en representación del Gerencia Comercial. Por el Consejo del Poder Judicial, asistieron las Licenciadas





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Melissa I. Álvarez, Directora Legal e Isis Pérez, abogada litigante de la Dirección Legal. La agenda conocida incluyó los siguientes puntos:

- Reconocimiento de la deuda por el Consejo del Poder Judicial y conciliación del monto.

- Suscripción de un nuevo contrato de suministro.

- Paralización de la mora, tomando como fecha de corte el día de la suscripción del nuevo contrato.

- Tanto el atraso como la mora, se tratarán como una deuda independiente de la facturación mensual.

La entidad CORAASAN estuvo de acuerdo en todos los puntos, por lo que se solicitó el modelo de contrato utilizado para fines de revisión y el balance actualizado de la deuda.

Una vez recibido el balance rendido por CORAASAN, el cual ascendía al mes de septiembre de 2018, a la suma de RD$23,521,646.93, este le fue remitió a la Licda. Hernileidys Burgos para fines de comprobación, mediante correo de fecha 01 de octubre de 2018. En respuesta, la Dirección Administrativa emitió el oficio DA/1280/2018 de fecha 21 de noviembre de 2018, en virtud del cual se le informa a la Dirección Legal, que la deuda contraída por el Poder Judicial con la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), por concepto de suministro de agua potable a diferentes dependencias y tribunales en la Provincia Santiago, ascendía al mes de octubre de 2018, a la suma de RD$23,792,199.93.

Conciliado el monto de la deuda, esta Dirección Legal solicitó a la Dirección Administrativa, mediante correo electrónico de fecha 28 de noviembre de 2019, lo siguiente:

- Confirmación de la tarifa con la que se suscribirá el nuevo contrato.

- Participación de las diferentes instituciones que funcionan en el Palacio de Justicia de Santiago y que se benefician del suministro de agua (Procuraduría General de la República, Defensoría Pública, Banco Agrícola), es decir, si serán signatarias del contrato asumiendo obligaciones junto con el Poder Judicial, o si por el contrario, contratarán el servicio de manera independiente.





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- A su vez, el punto anterior, es determinante para establecer la fianza del contrato y los gastos de instalación.

Estamos a la espera de que sean definidos los puntos antes especificados, para proceder con la suscripción del nuevo contrato y tramitar ante el Ministerio de Hacienda, la solicitud de declaración de deuda pública del balance atrasado por suministro de agua potable con CORAASAN.

De igual forma, la notificación a la Procuraduría General de la República de la decisión de llevar a deuda pública el balance en atraso con CORAASAN, como fue dispuesto mediante la citada acta del Consejo del Poder Judicial Núm. 5/2018, está supeditada a que sean definidas las condiciones en las cuales participará esa institución en la nueva contratación del servicio de suministro de agua potable.

En este sentido, entendemos que es necesario el levantamiento del informe técnico requerido a los fines de proseguir con el proceso” (NRD 2019-006788), DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud del levantamiento del informe técnico.

37. Se conoció el oficio ERRF/CPJ No. 007/2019, de fecha 18 de marzo de 2019, suscrito por el consejero Etanislao Radhames Rodríguez F., recibido en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial el 19 de marzo de 2019, el cual dice: “Luego de un cordial saludo, les comunico que en fecha 25 de febrero de 2019 nos trasladamos al municipio de Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, conjuntamente con la licenciada Yrma Díaz, representando a la Dirección Administrativa, a los fines de gestionar la donación de una porción de terreno en el mencionado municipio.

Nos reunimos con el señor Francisco Antonio Peña Tavárez, alcalde municipal, y le expusimos la necesidad del Poder Judicial de seguir mejorando el acceso a la justicia en beneficio de la ciudadanía, lo que se traduce en una justicia con mayor comodidad, facilidad y prontitud al momento de ser requerida, así como también mejorar las condiciones

de trabajo del personal del Poder Judicial, por lo que le solicitamos la donación de un terreno de 2,000 metros cuadrados o más.

Ante dicha petición, el señor alcalde vio muy positiva la solicitud y nos llevó al lugar de la futura donación, que es un solar en la prolongación 27 de febrero, Santo Domingo Oeste.

Actualmente, la Dirección Administrativa se encuentra en conversación con la ingeniera Alexandra Oviedo, Ingeniera de la Alcaldía de Santo





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Domingo Oeste, a los fines de evaluar el terreno y la gestión de los trámites para obtener la resolución de donación” (NRD 2019-).

38. Oficio CPSRSA-024/2019, de fecha 04 de marzo de 2019, suscrito por el Mag. Mariano Germán Mejía y el Mag. Etanislao R. Rodríguez Ferreira, Comisión Permanente de Selección y Reclutamiento de Servidores Administrativos, recomendando acoger la recomendación de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa, en atención al correo d/f 27/11/2018, suscrito por el Mag. Octavio A. Mata Upia, Juez de la Cámara Civil y Comercial del Jdo. de 1ra. Inst. del Distrito Judicial de La Altagracia, mediante el cual solicita un personal para el tribunal

en vista de que el personal actual no da abasto con la cantidad de expedientes entrantes.

Visto el requerimiento Gestión Humana procedió a validar la estructura de puestos y plazas; corrobora que está conformada por las siguientes plazas: dos (2) Abogados Ayudantes, una (1) Secretaria, cinco (5) Oficinistas y un (1) Alguacil de Estrados. Asimismo, verifica que no posee plazas vacantes, (ver anexo).

Después de Gestión Humana conversar con el Mag. Mata Upia, el mismo explicó que debido a la cantidad del personal que posee este tribunal en la actualidad y a la complejidad de la zona turística en que se encuentra esta jurisdicción, se entiende pertinente la inclusión de un nuevo personal que brinde apoyo al mismo.

A los fines de identificar la necesidad de adicionar la plaza solicitada de este Tribunal, Gestión Humana procedió a realizar un análisis de la carga laboral general de la Cámara Civil y Comercial del Jdo. de 1ra. Inst de La Altagracia en base a las estadísticas del año 2017 y el período Enero-Noviembre del año 2018, las cuales reflejan un promedio de casos diario de 9.55 y 9.21 y por Oficinista de 2.39 y 2.48 respectivamente (ver anexo).

Tomando en cuenta lo descrito anteriormente Gestión Humana esde opinión no favorable a la adición de dicha plaza debido a que el

promedio de casos indica que la carga puede ser manejada con el personal que posee en la actualidad. Sin embargo, verifica que la Sra. Jazmín Brea Mota, la cual ocupa la plaza de Oficinista se encuentra prestando servicio en este tribunal en calidad de Servidora Judicial Interina en el Plan de Descongestionamiento de Expedientes con Jueces Liquidadores desde el 02/06/2014 de manera indefinida, por lo que se entiende recomendable la regularización de dicha posición. Esta adición conllevaría un impacto de RD$19,580.94 mensuales y RD$286,411.33 anuales, según detalle en cuadro anexo.





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Sin embargo, es importante indicar lo expresado en el SGCPJ Núm.: 0477/2018 d/f 15/02/2018 que dispone: “La suspensión de las creaciones de nuevas plazas, debido a la situación presupuestaria de la Institución”.

Es importante señalar que, en caso de ser aprobada, la ejecución está sujeta a la disponibilidad financiera de la Institución (NRD 2018-010058) , DECIDIÉNDOSE acoger las recomendaciones.

39. Oficio CPSRSA-025/2019, de fecha 04 de marzo de 2019, suscrito por el Mag. Mariano Germán Mejía y el Mag. Etanislao R. Rodríguez Ferreira, Comisión Permanente de Selección y Reclutamiento de Servidores Administrativos, recomendando acoger la recomendación de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa, en atención al correo d/f 03/12/2018 remitido por el Mag. Justiniano Montero Montero, Juez Pdte. de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial del Distrito Nacional, donde solicita:

1) La regularización de la empleada María De la Luz Gómez Vásquez cod. 20745, Oficinista de la Pcía. del Juzgado de 1ra. Instancia del D.N., en virtud de que esta realiza labores de sorteo y atención al usuario en la coordinación de las salas de los tribunales de familia por más de dos años, sin estar estructuralmente cargada a dicho tribunal.

2) La regularización de la empleada Santa P. Castillo Mejía, Mensajera Interna del Dpto. Administrativo de los Tribunales de Familia, quien realiza las funciones de Recepcionista, tales como: recepción de documentos, asistencia al usuario y sorteo de expedientes.

En relación al punto 1 Gestión Humana verifica que la empleada María De la Luz Gómez Vásquez ingresó al Poder Judicial como Oficinista de manera interina en la Pcía. de la Cámara Civil del Juzgado de 1ra. Instancia del D.N., para dar apoyo al Plan contra la Mora Judicial según Acta 33/2017 d/f 27/09/2017 hasta el 31/12/2018. En ese orden, personal de la precitada Dirección conversó con el Mag. Dante Ozuna, Juez Itinerante de dicha sala, quien corroboró que la joven estuvo

prestando servicios hasta hace varios meses, en que fue trasladada de manera informal a la Séptima Sala Civil del Juzgado de 1ra. Instancia del D.N., por lo que se procedió a conversar con el Mag. Pedro Ramírez Salce, Juez Pdte. de dicho Tribunal, quien nos indicó que la joven tiene aproximadamente cinco (5) meses laborando como Oficinista en la Séptima Sala Civil del D.N.

En ese mismo orden, a los fines de verificar la necesidad de personal en la Séptima Sala Civil del D.N., Gestión Humana realizó un análisis





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de la carga laboral en base a las estadísticas del año 2017 y el período Enero-Noviembre del año 2018, reflejando un promedio de 15.34 y 17.55 respectivamente de casos al día, y 2.59 y 2.93 respectivamente de casos al día por Oficinista.

Respecto al punto 2. Gestión Humana constató que la empleada Santa Castillo Mejía figura como Mensajera Interna del Departamento Administrativo de los Tribunales de Familia del Distrito Nacional, sin embargo, se corrobora que la misma fue prestada como Recepcionista para dar servicios a la Coordinación de los Tribunales de Familia y al Centro de Mediación Familiar ubicados en el Edificio para Asuntos de

Familia desde el 17/01/2018 hasta el 13/02/2018.

En ese orden, Gestión Humana procedió a conversar con el Encargado Administrativo de los Tribunales de Familia, quien indicó que la empleada Santa Castillo realiza funciones de Recepcionista desde que inicio a ocupar el puesto de Mensajero Interno hasta la fecha. El mismo indica, además, que es habitual que esta plaza realice las funciones de Recepcionista en virtud de que el Departamento Administrativo no posee una plaza de Recepcionista para dar soporte a los Tribunales y el Centro de Mediación que componen el Edificio para Asuntos de Familia.

En virtud de lo antes expuesto, Gestión Humana concluye lo siguiente:

En cuanto al punto 1. Debido a la carga laboral reflejada y a los datos presentados, se recomienda esperar que surja una plaza vacante en la Institución, a los fines de que la División de Reclutamiento y Selección de Personal tome en consideración a la Servidora Judicial Interina María De la Luz Gómez Vásquez previo cumplimiento de los procesos establecidos. Así mismo, Gestión Humana ve favorable que la misma se le realice una carta de préstamo a la Séptima Sala Civil y Comercial del D.N., para que conste su ubicación actual en el sistema hasta tanto concluya el período por el cual ingresó.

Respecto al punto 2. Gestión Humana realizó una comparación con dos

tribunales homólogos, verificando que ambos poseen una recepcionista. Así mismo, verificó que la empleada Santa Castillo realiza expresamente las funciones de Recepcionista, tales como: Información y orientación a usuarios, recepción y realización de llamadas telefónicas, y recepción de documentos. Por lo que Gestión Humana es de opinión favorable a la reclasificación de la plaza de Mensajero Interno como Recepcionista, lo cual implica un impacto económico para la Institución de RD$4,276.52 mensuales y RD$59,310.23 anuales por concepto de salarios y beneficios.





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Es importante señalar que, en caso de ser aprobada, la ejecución está sujeta a la disponibilidad financiera de la Institución (NRD 2018-039905), DECIDIÉNDOSE enviar a disponibilidad financiera.

40. Oficio CPSRSA-026/2019, de fecha 04 de marzo de 2019, suscrito por el Mag. Mariano Germán Mejía y el Mag. Etanislao R. Rodríguez Ferreira, Comisión Permanente de Selección y Reclutamiento de Servidores Administrativos, recomendando acoger la recomendación de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa, en atención al oficio núm. 434/2018 d/f 22/11/2018, suscrito por el Mag. Francisco Domínguez Guerrero, Juez de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, en que se solicita un personal para trabajar las decisiones pendientes de ejecutar.

Gestión Humana, visto el requerimiento verifica que mediante el SGCPJ. 02283/2018, el Consejo del Poder Judicial acogió la recomendación de la Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa a la no adición de una plaza de Oficinista y Abogado Ayudantes para el Tribunal de Ejecución de la Pena de San Pedro de Macorís, debido a la carga laboral presentada.

La precitada Dirección procedió a validar la estructura de puestos y plazas, corroborando que está conformada por las siguientes plazas: una (1) Secretaria, tres (3) Oficinistas y un (1) Alguacil de Estrados. Asimismo, verifica que de las tres (3) plazas de Oficinistas que posee dicho Tribunal, una (1) se encuentra vacante y en proceso de ser cubierta por la División de Reclutamiento y Selección de Personal (ver anexo). Valida que actualmente el Tribunal no posee expedientes en Mora Judicial.

A los fines de identificar la necesidad de adicionar la plaza solicitada

de este tribunal, Gestión Humana procedió a realizar un análisis de la carga laboral general del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Pedro de Macorís en base a las estadísticas del año 2017 y el período Enero-Noviembre del año 2018, las cuales reflejan un promedio de casos diario de 2.97 y 2.90 y por Oficinista de 0.99 y 0.96 respectivamente (anexos).

Atendiendo a dicho análisis, Gestión Humana emite opinión no favorable a la adición de una (1) plaza de Oficinista, para el Tribunal





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de Ejecución de la Pena de San Pedro de Macorís, debido a que la carga evidencia que el tribunal puede valerse con el personal que posee en la actualidad (NRD 2018-037544), DECIDIÉNDOSE cubrir la plaza vacante de manera inmediata.

41. Oficio CPSRSA-027/2019, de fecha 04 de marzo de 2019, suscrito por el Mag. Mariano Germán Mejía y el Mag. Etanislao R. Rodríguez Ferreira, Comisión Permanente de Selección y Reclutamiento de Servidores Administrativos, recomendando acoger la recomendación de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa, en atención a la necesidad presentada en la Unidad de Servicios y Mantenimiento, es

necesario ponderar la fijación de la plaza de Mecánico de Planta.

Gestión Humana, luego de realizar un análisis en la estructura de puestos y plazas de la Unidad de Servicios y Mantenimiento, valida que cuenta con las siguientes plazas: una (1) Secretaria, cinco (5) Supervisores de Mantenimiento, un (1) Supervisor de Electricidad, un (1) Supervisor de Refrigeración, cuatro (4) Técnicos en Refrigeración, (9) Electricistas, cuatro (4) Jardineros, dos (2) Mecánicos de Plantas, nueve (9) Pintores y cinco (5) Plomeros. Asimismo, verificó que actualmente una (1) de las plazas de Mecánico de Planta se encuentra vacante y en proceso de ser cubierta por la División de Reclutamiento y Selección de Personal, se identifica que esta plaza es de modalidad de Contrato desde el año 2014 (Ver anexo).

Según lo conversado con el Ing. Rafael López, la Unidad de Servicios y Mantenimiento cuenta con cincuenta (50) plantas a nivel nacional, de la cuales treinta y nueve (39) son atendidas por las dos (2) plazas de Mecánicos de Planta que se encuentran activas actualmente. Del mismo modo en el año 2018, dichos mecánicos realizaron aproximadamente doscientos dieciocho (218) visitas a las diferentes localidades del país, además, intervinieron en aproximadamente cien (100) mantenimientos correctivos (Ver anexo).

Atendiendo a dicha información, se entiende oportuna la fijación de dicha plaza para la Unidad de Servicios y Mantenimiento debido a la carga que presenta dicha Unidad y a que la estructura lo contempla. Dicha acción generaría un impacto en nómina de RD$2,076.52 mensual y RD$74,498.19 anual por concepto de salario y beneficio según detalle de cuadro anexo.






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Es importante señalar que, en caso de ser aprobada, la ejecución está sujeta a la disponibilidad financiera de la Institución (NRD 2018-040235), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

42. Oficio CPSRSA-028/2019, de fecha 04 de marzo de 2019, suscrito por el Mag. Mariano Germán Mejía y el Mag. Etanislao R. Rodríguez Ferreira, Comisión Permanente de Selección y Reclutamiento de Servidores Administrativos, recomendando acoger la recomendación de reingreso del señor Julio Alberto Jerez Neder y remitir al banco de elegibles (NRD 2018-000498), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

43. Oficio CPSRSA-029/2019, de fecha 04 de marzo de 2019, suscrito por el Mag. Mariano Germán Mejía y el Mag. Etanislao R. Rodríguez Ferreira, Comisión Permanente de Selección y Reclutamiento de Servidores Administrativos, recomendando acoger la recomendación de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa, en atención a la solicitud realizada por el Lic. Engel O. Vásquez Núñez, Encargado Administrativo del Depto. Administrativo de Sánchez Ramírez, mediante oficio núm. 104/2018 de fecha 19/11/2018 en el cual solicita que se cree una (1) plaza de Reproductor de Documentos para dicho Departamento, en virtud de que cuentan con el equipo y no cuentan con el personal que opere dicho equipo.

En tal sentido, Gestión Humana, luego de realizar un análisis en la estructura de puestos y plazas del Departamento Administrativo de Sánchez Ramírez, validó que el mismo está compuesto por cuatro (4) Mensajeros Internos, un (1) Vigilante, un (1) Jardinero y seis (6) Conserjes. Asimismo, se verifica que no cuentan con plazas vacantes.

Según lo conversado con el Lic. Vásquez, el Departamento Administrativo cuenta con una copiadora para uso interno, y una copiadora rentada por tiempo indefinido que no está en uso. De igual manera, personal de Gestión Humana conversó con la Licda. Jaelkys Tavarez, Encargada de la Unidad de Reproducción de Documentos, quien informa que el Departamento Administrativo de Sánchez Ramírez, actualmente se auxilia de dos (2) negocios privados que se encuentran fuera del Palacio de Justicia, en la cual se reproducen aproximadamente cuatrocientos (400) documentos diarios (ver anexo). Cabe destacar que a dichos negocios se le efectúa pago por caja chica.

Atendiendo a que en la actualidad no hay un personal designado para tales fines y debido a la renta de una fotocopiadora para el Depto. Administrativo de Sánchez Ramírez, Gestión Humana es de opinión favorable a la adición de una (1) plaza de Reproductor de Documentos,





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para brindar soporte en dicho Palacio de Justicia. Esta acción conllevaría un impacto de RD$17,654.58 mensuales y RD$259,695.01 anuales, según detalle en cuadro anexo.

Sin embargo, es importante indicar lo expresado en el SGCPJ Núm. 0477/2018 que dispone: “la suspensión de las creaciones de plazas, debido a la situación presupuestaria de la Institución.”

Es importante señalas que, en caso de ser aprobada, Gestión Humana es de opinión que la ejecución se considere para el próximo año 2019, sujeto a disponibilidad, si el presupuesto recibe un incremento (NRD 2018-038310), DECIDIÉNDOSE enviar a disponibilidad económica.

44. Oficio CPSRSA-030/2019, de fecha 04 de marzo de 2019, suscrito por el Mag. Mariano Germán Mejía y el Mag. Etanislao R. Rodríguez Ferreira, Comisión Permanente de Selección y Reclutamiento de Servidores Administrativos, recomendando acoger la recomendación de reingreso de la señora Santa Beatriz Herrera Arias y remitir al banco de elegibles (NRD 2019-000237), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

45. Oficio CPSRSA-037/2019, de fecha 04 de marzo de 2019, suscrito por el Mag. Mariano Germán Mejía y el Mag. Etanislao R. Rodríguez Ferreira, Comisión Permanente de Selección y Reclutamiento de Servidores Administrativos, recomendando devolver a Gestión Humana para fines de estudio más ponderado sobre creación de la plaza como Encargado Administrativo I (NRD 2018-037187), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

46. Oficio CPSRSA-039/2019, de fecha 04 de marzo de 2019, suscrito por el Mag. Mariano Germán Mejía y el Mag. Etanislao R. Rodríguez Ferreira, Comisión Permanente de Selección y Reclutamiento de Servidores Administrativos, recomendando acoger la recomendación de la Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa, en atención al oficio de fecha 2/1/2019, suscrito por la Mag. Rosa Eladia Molina Abreu, Jueza en funciones de Presidente del Tribunal Colegiado de Espaillat, mediante el cual solicita la creación de una (1) plaza de Archivista que brinde soporte en las labores.

A los fines de identificar la necesidad de adicionar la plaza solicitada del Despacho Penal de Espaillat, Gestión Humana procedió a analizar la estructura de puestos de la Jurisdicción Penal de Espaillat, la cual funciona bajo el modelo de Secretaría Común, corroborando que está conformada por las siguientes plazas: un (1) Secretario General, trece





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(13) Oficinistas y dos (2) Alguaciles de Estrados. Asimismo, verifica que no posee plazas vacantes (Ver anexo)

En conversación de personal de Gestión Humana con la Mag. Molina Abreu, se validó que el Despacho Penal de Espaillat diariamente tramita aproximadamente 100 expedientes lo que implica que los Oficinistas y la Secretaria deban brindar asistencia con la búsqueda de los mismos. Asimismo, se verificó la carga laboral de la Jurisdicción Penal en base a las estadísticas del año 2018, las cuales reflejan un promedio de casos diario de 1.36 diario por Oficinistas (Ver anexo)

Por otro lado, se valida que en el Palacio de Justicia de Espaillat funciona una Oficina de Archivo Judicial, la cual brinda asistencia a los diferentes Tribunales del Distrito Judicial en las labores de archivo. Esta Oficina de Archivo cuenta con un (1) Supervisor y un (1 ) Archivista y manejó un promedio de 1,505.50, expedientes en el periodo (octubre-diciembre) perteneciente al Despacho Penal de Espaillat (Ver anexo)

En relación a los datos expuestos, Gestión Humana no ve favorable la adición de una (1) plaza de Archivista en virtud de que la carga laboral de casos al día que reflejan los Oficinistas del Despacho Penal de Espaillat es manejable, y estos pueden colaborar con las funciones de archivo. En este sentido se recomienda que la Oficina Coordinadora de Archivo Judicial, colabore con la capacitación del personal a los fines de que puedan realizar adecuadamente las labores de organización del archivo sin que esto afecte el buen funcionamiento del mismo.

Por lo antes expuesto, se deja a consideración de esta Comisión la decisión a tomar (NRD 2019-001407), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

47. Oficio CPSRSA-044/2019, de fecha 11 de marzo de 2019, suscrito por el Mag. Mariano Germán Mejía y el Mag. Etanislao R. Rodríguez Ferreira, Comisión Permanente de Selección y Reclutamiento de Servidores Administrativos, DECIDIÓ recomendar al Consejo Poder Judicial acoger la recomendación en atención a la solicitud atención a

las dimensiones del puesto y a la estructura de la edificación del Palacio de Justica de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual es administrada por la Licda. Lisbeth Castillo Contreras, Gestión Humana ha procedido a realizar un levantamiento de información a los fines de evaluar si el puesto que ocupa está dentro de la categoría que va acorde a la dimensión de sus responsabilidades y su perfil de puesto.





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En virtud de lo puntualizado anteriormente, Gestión Humana valida la existencia del Oficio SGCPJ Núm.: 072/2017 d/f 16/01/2017 donde se aprueba reajustar el salario de los Encargados Administrativos a nivel nacional, así como también las reclasificaciones y categorizaciones de dichos puestos, tomando en cuenta la jerarquía e instalaciones bajo su control, (ver anexo).

Luego de verificar la categoría que posee la Licda. Castillo Contreras, se valida que la misma es Encargada de Oficina Administrativa II, la cual está llamada a brindar apoyo administrativo a los tribunales y conservar la edificación a la que sirve en óptimas condiciones.

Asimismo, valida que la misma está prestando servicios en el Dpto. Administrativo del PJ de la Corte de Apelación del D.N.

Se procedió a analizar la estructura actual de la edificación que administra este puesto y así como también se realizó una comparación a nivel estructural y de personal, con las edificaciones de la Sede Central del Poder Judicial, en la que se evidenció el crecimiento que ha tenido esta, y consigo las responsabilidades del Encargado Administrativo, por lo que tomando en cuenta lo descrito anteriormente se entiende pertinente el cambio de categoría de la misma de Encargado(a) de Oficina Administrativa II ha Encargado(a) de Oficina Administrativa III, lo que conllevarían un impacto en la nómina de RD$12,803.87 mensual y RD$177,574.47 anual por la diferencia de salarios y beneficios respectivamente.


Es importante señalar que, en caso de ser aprobada, la ejecución está sujeta a la disponibilidad financiera de la Institución. Sin embargo, se deja a consideración de esta Comisión la decisión a tomar (NRD 2019-001991), DECIDIÉNDOSE enviar a disponibilidad económica.

48. Oficio CPSRSA-045/2019, de fecha 11 de marzo de 2019, suscrito por el Mag. Mariano Germán Mejía y el Mag. Etanislao R. Rodríguez Ferreira, Comisión Permanente de Selección y Reclutamiento de Servidores Administrativos, DECIDIÓ recomendar al Consejo Poder Judicial acoger la recomendación atención al oficio 801/2018 d/f 15 de octubre 2018, suscrito por el Mag. Luis Adriano Taveras Marte, Juez del Tribunal de Jurisdicción Original de Nagua, en la cual solicita la fijación del Sr. José E. Mercedes Díaz y Sra. Alba K. Capellán Calcaño, quienes se encuentran por el proyecto de fortalecimiento. Partiendo de esta





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solicitud, la precitada División realizó un levantamiento con la Gerencia de Operaciones en cuanto a las estadísticas de entrada/salida de expediente y análisis técnico como verificación del tiempo de respuesta de las ejecuciones y reducción de expedientes en proceso.

Entrada y Salida de expedientes enero-diciembre 2018

Leyenda Total Promedio por

Mensual

Entrada 677 56

Salida 800 67

Estado de Fallo 115 -

Tramite 430 -

Suspendidos 30 -

Fuente de Datos: Informe Estadístico Gerencia de Operaciones

Fecha: 14/01/2019

Como estructura organizacional actual el Tribunal de Jurisdicción Original de Nagua cuenta con la siguiente cantidad de personas y funciones:

Función Cantidad de Personas

Juez 1

Secretaria 1

Oficinista 2

Oficinista de Fortalecimiento 2

Total de Personas 6

Según el Análisis estadístico realizado por la Gerencia de Operaciones, en la actualidad el Tribunal de Jurisdicción Original de Nagua en relación a la Entrada/salida de expediente al año está en un volumen





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medio-Litigioso bajo, por lo que RRHH de la JI es de opinión que en cuanto a las estadísticas realizadas sería necesario adicional una plaza de Oficinista para que pueda manejar la carga laboral sin necesidad de ningún personal contratado.

La adición de esta plaza conllevaría un impacto en nómina de RD$19,582.10 mensual y RD$276,425.25 anual por salarios y beneficios.

Condición Puesto Impacto Mensual Impacto Anual

Adición Oficinista RD$19,582.10 RD$276,425.25

Cabe destacar, que fueron realizadas las verificaciones de lugar y actualmente el referido Tribunal no tiene plaza vacante.

Mediante oficio SGCPJ Núm. 01427/2015 Acta 27/2018 d/f 03 de julio de 2015, el Consejo del Poder Judicial aprobó la adecuación, estandarización y estructura salarial de los Registros de Títulos, pero debido a la situación económica de la Institución no ha podido ser ejecutada.

En caso de ser acogida la presente solicitud, la ejecución está sujeta a la disponibilidad financiera de la Institución. Por lo antes expuesto, se deja a consideración de esta Comisión la decisión a tomar. Sin embargo, es importante indicar lo expresado en el SGCPJ Núm.: 0477/2018 d/f 15/02/2018 que dispone: “La suspensión de las creaciones de nuevas plazas, debido a la situación presupuestaria de la Institución” (NRD 2019-003270), DECIDIÉNDOSE enviar a disponibilidad económica.

49. Oficio CPSRSA-046/2019, de fecha 11 de marzo de 2019, suscrito por el Mag. Mariano Germán Mejía y el Mag. Etanislao R. Rodríguez Ferreira, Comisión Permanente de Selección y Reclutamiento de Servidores Administrativos, DECIDIÓ recomendar al Consejo Poder Judicial acoger la recomendación en atención a la solicitud de la adición de una (1) plaza de Auxiliar Administrativa para el Departamento Administrativo del Distrito Judicial de Elías Piña en virtud de que dicho departamento solo cuenta con la Encargada Administrativa y un (1) Mensajero Interno para realizar todas las labores diarias que se presentan, emitimos nuestra opinión técnica al respecto.





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Respecto a la solicitud remitida, luego de analizar la estructura de puestos y plazas que conforman el Departamento Administrativo de Elías Piña, Gestión Humana valida que el mismo está compuesto por una (1) Encargada Administrativa, un (1) Mayordomo III, 3 (tres) Conserjes y (1) un Mensajero Interno. En ese mismo orden se verifica que actualmente no poseen plazas vacantes.

A fin de identificar la necesidad de adicionar la plaza, Gestión Humana conversó con la Encargada Administrativa quien indicó que se encarga de realizar todos los informes mensuales y levantamientos que le son requeridos, a la vez que realiza otras funciones que demandan un

tiempo considerable, tales como: mantenimiento, seguimiento y supervisión de la limpieza, control de asistencia de los empleados y distribución del material gastable, entre otros. Cabe destacar que estas actividades comprenden cinco (5) Juzgados de Paz que pertenecen a este Distrito Judicial: El Llano, Juan Santiago, Hondo Valle, Banica y Pedro Santana. En ese orden, verifica que el Juzgado de Paz más cercano se encuentra a once (11) kilómetros de distancia. También reitera que al momento de trasladarse para cumplir sus funciones la Oficina queda cerrada, de igual manera cuando toma vacaciones o requiere algún permiso. Por otra parte, indica que actualmente no se han asignado fondos para la caja chica debido a que no hay una persona encargada de custodiar dichos fondos (ver anexos).

En relación a lo emitido por la Encargada Administrativa, la precitada Dirección procedió a realizar una comparación con otros Distritos Judiciales, a los fines de validar si los demás Encargados Administrativos de categoría III correspondiente a los Distritos Judiciales según el SGCPJ Núm.: 072/2018 d/f 11/01/2017, poseen personal que, de soporte a los encargados, tales como: secretaria, auxiliar o recepcionista. Verificando que todos los demás poseen en su estructura poseen dicho personal (ver anexos).

Atendiendo a lo antes expuesto, Gestión Humana es de opinión favorable a la adición de una (1) Auxiliar Administrativo a los fines de que brinde soporte a la Encargada Administrativa en la recepción,

canalización y control de documentos, y solicitudes administrativas. Dicha acción implicaría un impacto económico de RD$18,553.55 mensuales y RD$272,162.62 anuales por concepto de salarios y beneficios.

En cuanto a la solicitud de adición de una (1) plaza de Mensajero Externo, la Gestión Humana es de opinión no favorable, en virtud de que los traslados hacia los distintos Juzgados de Paz se realizan





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mensualmente y de que el Departamento Judicial de San Juan posee un vehículo asignado para dar soporte a este Distrito Judicial según la necesidad.



50. Oficio CPSRSA-047/2019, de fecha 11 de marzo de 2019, suscrito por el Mag. Mariano Germán Mejía y el Mag. Etanislao R. Rodríguez Ferreira, Comisión Permanente de Selección y Reclutamiento de Servidores Administrativos, DECIDIÓ recomendar al Consejo Poder Judicial acoger la recomendación en atención a la solicitud de adición de dos (2) plazas de Auxiliar Administrativo, en razón al gran volumen de casos ingresados.

Luego de realizar un análisis en la estructura de puestos y confirmar el personal que labora en el Tribunal de Ejec. de la Pena de Monte Cristi, Gestión Humana valida que el mismo está compuesto por una (1) Secretaria, un (1) Oficinista y un (1) Alguacil Ordinario. Asimismo, verifica que no cuentan con plazas vacantes (Ver anexo).

A fin de identificar la necesidad de adicionar las plazas solicitadas, Gestión Humana analizó la carga laboral ingresada en base a las estadísticas de los años 2017 y 2018, las cuales evidenciaron un promedio de casos por día de 2.11 y 2.61 por Oficinista respectivamente, de igual manera, se observa que existe una mora de 1,493 expedientes que actualmente están siendo trabajados por dos (2) pasantes designados por el Sistema Nacional de Pasantía (ver anexo).

En tal sentido, Gestión Humana entiende favorable la asignación de un

(1) Oficinista cargado al Plan de la Lucha contra la Mora Judicial, para apoyar la salida de dichos expedientes. Dicha acción conllevaría un impacto en nómina de RD$18,477.40 pesos mensual y RD$237,448.80 pesos anual, por concepto de salario y beneficio según detalle en cuadro anexo.

Sin embargo, es importante indicar lo expresado en el SGCPJ Núm.: 0477/2018 d/f 15/02/2018 que dispone: “La suspensión de las





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creaciones de nuevas plazas, debido a la situación presupuestaria de la Institución”.


51. Oficio CPSRSA-048/2019, de fecha 11 de marzo de 2019, suscrito por el Mag. Mariano Germán Mejía y el Mag. Etanislao R. Rodríguez Ferreira, Comisión Permanente de Selección y Reclutamiento de Servidores Administrativos, DECIDIÓ recomendar al Consejo Poder Judicial acoger la recomendación en atención a las necesidades presentadas en la Séptima Sala Civil del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo, sobre la adición de una (1) plaza de Archivista, un (1) Mensajero Externo y un (1) Oficinista.

Respecto a la solicitud remitida, luego de analizar la estructura de puestos y plazas de la Séptima Sala Civil del Jdo. de 1ra. Instancia de Santo Domingo, Gestión Humana valida que la misma está compuesta por un (1) Secretario, un (1) Alguacil de Estrados, dos (2) Oficinistas y un (1) Abogado Ayudante de igual manera verifica que tiene asignado un Oficinista temporero y un pasante. Posteriormente, a fin de identificar la necesidad de adicionar la plaza, fue analizada la carga laboral ingresada en base a las estadísticas del año 2018, reflejando un promedio de 6.63 de casos al día y 3.31 de casos al día por Oficinista (ver anexos).

En ese orden Gestión Humana procedió a conversar con la Magistrada Brenda Galán, Jueza Pdte. de la Séptima Sala Civil del Jdo. de 1ra. Instancia de Santo Domingo, quien indica que actualmente las funciones de archivo las realiza el Secretario y en ocasiones el Abogado Ayudante debe darle soporte. Así mismo, verifica que no hay una Oficina de Archivo asignada para darles el servicio.

En relación a lo antes mencionado Gestión Humana es de opinión

favorable a la adición de una plaza de Archivista a los fines de que pueda equilibrarse la carga laboral y así mantener el buen funcionamiento del tribunal, dicha acción implicaría un impacto económico para la Institución de RD$17,654.58 mensuales y RD$259,695.01 anuales por concepto de salarios y beneficios.

Respecto a la solicitud de adición de una (1) plaza de Oficinista y una (1) plaza de Mensajero Externo, Gestión Humana es de opinión no favorable, ya que la carga laboral evidenciada puede ser manejada con





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el personal actual, y en ese mismo orden corrobora que reciben soporte de la plaza de Mensajero Externo asignado a la 2da. Sala de la Cámara Civil del Jdo. de 1ra. Instancia de Santo Domingo ubicado aproximadamente a un (1) kilómetro de dicho tribunal.

En cuanto a la solicitud de la extensión del empleado temporero Reynaldo Camacho Guzmán, considerando que su último período venció el 12/12/2018 y que actualmente el mismo se encuentra laborando en el tribunal, se recomienda extender el período durante el mes de enero del año 2019 a los fines de que se le realice el pago correspondiente y que este pueda concluir las labores asignadas.


Es importante señalar que, en caso de ser aprobada, la ejecución está sujeta a la disponibilidad financiera de la Institución. Sin embargo, se deja a consideración de ese honorable Consejo la decisión a tomar (NRD 2019-002034), DECIDIÉNDOSE enviar a disponibilidad económica.

52. Oficio CPSRSA-049/2019, de fecha 11 de marzo de 2019, suscrito por el Mag. Mariano Germán Mejía y el Mag. Etanislao R. Rodríguez Ferreira, Comisión Permanente de Selección y Reclutamiento de Servidores Administrativos, DECIDIÓ recomendar al Consejo Poder Judicial acoger la recomendación en atención al oficio 97-2018 d/f 24/07/2018, suscrito por el Lcdo. Mauricio Alcántara, Encargado Administrativo del Palacio de la Suprema Corte de justicia, mediante el cual solicita le sea asignado el beneficio de combustible, en vista de que ocasionalmente tiene que permanecer en horarios después de las 4:30p.m. y asistir los fines de semana para supervisar trabajos propios del oficio, asimismo establece que vive retirado de este Palacio, y que esto representa un gasto significativo de combustible.

En virtud del presente requerimiento, Gestión Humana ha verificado el

Oficio SGCPJ Núm.: 02504/2017 donde se emite copia certificada de la Resolución Núm.: 25/2018 que establece los beneficios marginales a Jueces y funcionarios del Poder Judicial. En esta se asigna los beneficios de gasto de representación, combustible, suplencia de labores, gasto de vehículo, desplazamiento e incentivos; cabe destacar que según lo aprobado por la misma el Encargado de Oficina Administrativa II y III no goza de ninguno de los beneficios antes mencionados, (ver anexo).





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Asimismo para validar la necesidad de la asignación de los beneficios antes mencionados, Gestión Humana se ha comunicado con el Licdo. Alcántara Alcántara, Encargado Administrativo del Palacio de la SCJ, y el mismo manifestó que a fin de cumplir con las funciones que conlleva su cargo, en ocasiones debe permanecer en su lugar de trabajo luego del horario de salida establecido y asistir los fines de semana, no pudiendo tomar el transporte institucional, lo que representa un gasto considerable de combustible ya que su residencia se encuentra retirada de este Palacio de Justicia.

En adición a lo conversado con el Licdo. Alcántara Alcántara, Gestión

Humana ha validado que al igual que el Edificio de la Suprema Corte de Justicia, el Edificio del Palacio de Justicia de la Corte de Apelación, cuyo Encargado Administrativo es la Licda. Lisbeth Castillo Contreras y el Edificio del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, cuyo Encargado Administrativo es la Licda. Elisa Medina Espinosa, son las instalaciones de mayor dimensión de las ubicadas en el Distrito Nacional, las mismas alojan una gran cantidad de áreas y empleados y reciben numerosos usuarios cada día, por ende dichas instalaciones conllevan un riguroso mantenimiento y modificaciones a los fines de que opere de manera eficaz y eficiente, coordinando todo el personal administrativo para esos fines, teniendo estos que trasladarse e incluso permanecer laborando en horario extracurricular.

Luego de contemplar lo anterior descrito y observando que Encargado de Oficina Administrativa II y III no goza de ninguno de los beneficios antes mencionados, Gestión Humana realizó una proyección de la asignación de combustible y gastos de representación a los Encargados Administrativos antes mencionados, acción que de ser aprobada conllevaría un impacto de RD$24,537.74 mensual y RD$294,452.88 Anual por concepto de la diferencia de los beneficios marginales. Cabe destacar que, de ser aprobada dicha asignación, la Licda. Medina Espinosa no continuaría recibiendo los viáticos que hasta la fecha ha estado devengando.

Es importante señalar que, en caso de ser aprobada, la ejecución está

sujeta a la disponibilidad financiera de la Institución. Sin embargo, se deja a consideración de esta Comisión la decisión a tomar (NRD 2018-018699), DECIDIÉNDOSE enviar a disponibilidad económica.

53. Oficio CPSS-008/2019 de fecha 12 de marzo de 2019, suscrito por la Mag. Sara I. Henríquez Marín y el Mag. Fernando Fernández Cruz, Comisión Permanente de Seguridad Social, recomendando otorgar a





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favor del señor Elpidio A. Bergés, mensajero externo del Palacio de Justicia de La Romana:

a) Una ayuda económica por un monto de treinta mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$30,000.00);

b) La compra de una motocicleta.

Esto en razón de que el hogar, los enseres y la motocicleta (herramienta de trabajo) del servidor judicial citado, se destruyeron a causa de un incendio en su vivienda (NRD 2019-021550), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

54. Oficio CPSS-009/2019 de fecha 12 de marzo de 2019, suscrito por la Mag. Sara I. Henríquez Marín y el Mag. Fernando Fernández Cruz, Comisión Permanente de Seguridad Social, recomendando acoger la opinión favorable emitida por la Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa y, en consecuencia, que se le otorgue una ayuda de cien mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$100,000.00), a favor de la Mag. Sonia Perdomo Rodríguez, para que pueda cubrir parte de los gastos médicos y funerarios de su padre, los cuales ascendieron a RD$569,089.07. Hacemos constar que existe disponibilidad financiera para procesar la solicitud (NRD 2018-035526/2019-003126), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

55. Oficio CPSS-010/2019 de fecha 12 de marzo de 2019, suscrito por la Mag. Sara I. Henríquez Marín y el Mag. Fernando Fernández Cruz, Comisión Permanente de Seguridad Social, recomendando acoger la opinión favorable emitida por la Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa y en consecuencia, que se le otorgue una ayuda única de un monto de trece mil ochenta y ocho pesos dominicanos con 85/100 (RD13,088.85), a favor de la señora Mayra J. Frómeta, para que pueda cubrir gastos médicos respecto de su madre. Hacemos constar que la institución cuenta con disponibilidad financiera para esta solicitud (NRD 2019-001845), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

56. Oficio CPSS-011/2019 de fecha 12 de marzo de 2019, suscrito por la Mag. Sara I. Henríquez Marín y el Mag. Fernando Fernández Cruz, Comisión Permanente de Seguridad Social, recomendando que sea rechazada la solicitud de ayuda sometida por el señor Johan Manuel Melenciano Heredia, en razón de que no es política de la institución, otorgar ayudas a personas que no pertenecen a la misma (NRD 2019-001881), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.





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57. Oficio CPSS-012/2019 de fecha 12 de marzo de 2019, suscrito por la Mag. Sara I. Henríquez Marín y el Mag. Fernando Fernández Cruz, Comisión Permanente de Seguridad Social, recomendando que se rescinda el contrato del señor Julián Romero Sena y que se le otorgue una ayuda económica de dos mil quinientos pesos dominicanos con 00/100 (RD$2,500.00) mensuales por un período de seis (6) meses. Hacemos constar que la institución cuenta con disponibilidad financiera para procesar esta solicitud (NRD 2018-028664), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

58. Oficio CPSS-013/2019 de fecha 12 de marzo de 2019, suscrito por la

Mag. Sara I. Henríquez Marín y el Mag. Fernando Fernández Cruz, Comisión Permanente de Seguridad Social, recomendando aprobar ayuda económica por un monto de treinta mil cuatrocientos pesos dominicanos con 00/100 (RD$30,400.00), a favor del señor Dionis García Montero, a los fines de que cubra parte de los gastos por daños ocasionados a su vehículo, producto del robo de que fue víctima en el parqueo asignado por la institución. De igual forma, recomendamos ordenar a Inspectoría, realizar una investigación sobre este robo. Existe disponibilidad financiera para ejecutar esta solicitud (NRD 2019-001353), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

59. Oficio CPSS-014/2019 de fecha 12 de marzo de 2019, suscrito por la Mag. Sara I. Henríquez Marín y el Mag. Fernando Fernández Cruz, Comisión Permanente de Seguridad Social, recomendando acoger la opinión favorable emitida por la Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa, en consecuencia, que se le renueve la ayuda económica, a favor de la señora Carlixta Hernández, viuda del fenecido Mag. Nelson Iturbides Rubio, por un monto de quince mil cuarenta y nueve pesos dominicanos con 51/100 (RD$15,049.51) mensuales. Existe disponibilidad financiera para ejecutar esta solicitud por un (1) año (NRD 2019-005214), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

60. Oficio CPSS-015/2019 de fecha 12 de marzo de 2019, suscrito por la Mag. Sara I. Henríquez Marín y el Mag. Fernando Fernández Cruz, Comisión Permanente de Seguridad Social, recomendando renovar la ayuda económica, a favor de la señora Petronila Almonte, viuda del fenecido magistrado Juan María Severino, por un monto de quince mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 23/100 (RD$15,854.23) (NRD 2019-005215), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación, por un año.

Temas libres:

61. Caso Rosabel Castillo, Directora Nacional de Registro de Títulos:





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Consideraciones que soportan la restitución del sueldo a la Dra. Rosabel Castillo Rolffot, por encontrarse ésta suspendida por decisión del Consejo del Poder Judicial.

1- Debe hacerse constar, en primer orden, que la suspensión de la Dra. Rosabel Castillo Rolffot no obedeció a los resultados de una investigación dirigida por el Poder Judicial, sino más bien, por situaciones investigadas por el Ministerio Público, sobre las cuales se apoyó la decisión.

2- Que, conforme a la decisión tomada por el Consejo del Poder Judicial, conforme al acta 25-2018, se ordenó la suspensión de la Dra. Rosabel Castillo Rolffot en el ejercicio de sus funciones sin disfrute de sueldo, fundamentándose en el artículo 7 de la Ley 821 y en el artículo 47 de la ley 327-98.

3- Conforme al acta de referencia, la decisión se fundamentó en parte en el artículo 47 de la ley 327-98 de Carrera Judicial, sin embargo, se observa con meridiana claridad, que el referido texto legal no le es aplicable a la servidora judicial de que se trata, ya que no ostenta la calidad de Juez. Toda vez que el referido texto inicia su contenido de la manera siguiente “todo Juez que se encontrare subjúdice…”, verificándose dicha situación.

4- El artículo 7 de la Ley 821 sobre Organización Judicial, si cae dentro de la esfera de discusión, ya que también con meridiana claridad menciona que “todo funcionario o empleado judicial que se encontrare subjúdice, cesará en el ejercicio de sus funciones, y dejará de percibir el sueldo…”.

5- Debemos recordar que la referida Ley 821 data del año 1927, fecha a partir de la cual el contenido del referido texto legal ha quedado tácitamente derogado y fuera de toda posibilidad de eficacia para su aplicación en sentido estricto:

a) Artículo 69.3 de la Constitución Dominicana del 2015: Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio

de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: … 3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable;





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b) Artículo 69.10 de la Constitución dominicana del 2015: … Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

c) Artículo 89 de la Ley 41-08 sobre Función Pública: Si a un servidor público le ha sido dictada medida preventiva de privación de libertad, se le suspenderá del ejercicio del cargo sin goce de sueldo. Esta suspensión no podrá tener una duración mayor a seis meses. En caso de sentencia absolutoria con posterioridad al lapso previsto en este artículo, la administración reincorporará al servidor público

con el pago de los sueldos dejados de percibir durante el lapso en que estuvo suspendido.

d) Consulta de fecha 13 de febrero o del 2019, del asesor del Consejo del Poder Judicial, Dr. Juan Manuel Guerrero, el cual concluye “después de haber analizado el caso, estas razones justifican el derecho del suspenso provisional a recibir retribuciones básicas, por aplicación, no solo de la citada ley Núm. 41-08, sino de los principios de presunción de inocencia y de interpretación favorable, establecidos en los artículos 69.3 y 74.4 de la Constitución de la República. De ahí que consideramos, salvo mejor opinión, que procede acoger la solicitud formulada por la Dra. Rosabel Castillo Rolffot”.

e) También existen casos que han sido ya juzgados con referencia al tema en cuestión, tal es la Sentencia Núm. 24, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 11 de febrero del 2015, la cual, entre otras cosas realiza las siguientes consideraciones: “…que esta Sala después de estudiar el presente caso que nos ocupa, ha podido comprobar que la suspensión de que resultó objeto la hoy recurrente desborda los límites legales, al suspenderla por espacio de un mes y medio y/o mientras dure el procedimiento disciplinario, lo que la convierte en indefinida, pudiendo tal como alega la recurrente convertirse la medida

cautelar en una pena mayor que las que prevé la propia ley sancionatoria. Que la ley ha fijado un máximo de tres meses para estar suspendido, mal podría admitirse que pueda suspenderse a un servidor por un tiempo indefinido, sin que ello reporte una vulneración a sus derecho, ser mantenido en un vilo procesal, con los perjuicios que una suspensión en esas condiciones y/o mientras dure el procedimiento disciplinario, desconoce que los procesos tienen que concluir





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en tiempos razonable fijados por la ley y que no puede estar sujetos a coerciones, medidas cautelares o suspensiones indefinidas que impidan el ejercicio de su función, como el acceso al trabajo, a recibir las remuneraciones previstas para el estatuto de su condición y permitir el libre desarrollo de la personalidad. Igual consideración merece el hecho de que esta suspensión sea sin disfrute de salario, cuando la Ley núm. 277-04, aunque prevé la suspensión no dispone que sean sin disfrute de salario, mientras que la Ley núm. 41-08 de Función Pública prevé ésta pero con disfrute de sueldo, es evidente que una aplicación racional imponía que dicha suspensión se hiciera en las condiciones más favorables al afectado, máxime cuando el salario es vital para el ejercicio de los demás derechos por cuanto comporta una condición esencialísima para el mantenimiento de la vida, la dignidad y el desarrollo de la propia personalidad, que no solo afecta a la propia recurrente sino también a su familia, convirtiéndose en un factor de perturbación familiar y social que por demás dificulta un ejercicio efectivo de las posibilidades de su defensa, sometida a precariedades del orden alimentario o de subsistencia para sí y los suyos”; Considerando, que por las razones expuestas anteriormente, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia entiende que al decidir que la sanción de suspensión sin disfrute de sueldo dispuesta de forma indefinida por la hoy recurrente en perjuicio de la hoy recurrida, desbordaba los limite legales, vulnerando de forma indefinida derechos fundamentales de la hoy recurrida, como son el derecho al salario y la dignidad humana, al decidir de esta forma, dicho tribunal no dictó una sentencia carente de base legal como pretenden los hoy recurrentes, sino que por el contrario, el tribunal a-quo hizo una magistral aplicación del principio de legalidad que debe primar en todos los actos de la Administración, ya que si bien es cierto que tanto la Ley de Función Pública como la de Defensoría Pública, le otorgan facultad sancionadora a la administración, no menos cierto es que dichas leyes, a fin de resguardar la presunción de

inocencia y el derecho al salario de los servidores públicos, que son derechos de rango constitucional, establecen claramente que en los casos en que deba aplicarse la sanción de suspensión sobre un servidor público que está siendo objeto de un procedimiento disciplinario o de una investigación, esta medida será provisional, por un tiempo máximo de tres meses y será con goce de sueldo, lo que no fue cumplido en la especie por los hoy recurrentes al momento de





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dictar el acto administrativo de suspensión, tal como fue comprobado por dicho tribunal; que por tales razones resulta evidente que al dictar esta medida de suspensión en los términos que constan en dicho acto, esto es, por tiempo indefinido y sin disfrute de sueldo, la hoy recurrente violentó el principio de legalidad que debe primar en su actuación y que establece que la Administración debe estar embarcada dentro de los límites que el ordenamiento jurídico le imponga por lo que solo podrá hacer lo que la ley le permita, ya que de lo contrario su actuación resultaría ilegitima, tal como fue decidido por el tribunal a-quo en los motivos de su sentencia, por lo que se rechaza este alegato de los recurrentes”;

6- En atención a todos los numerales anteriores, es fácil colegir que los artículos 69.3, 69.10 y 74.4 de la Constitución Dominicana del 2015, dejan claro que el principio de presunción de inocencia se superpone a cualquier otra cuestión de legalidad hasta tanto haya intervenido una sentencia condenatoria, con el carácter de la cosa juzgada y siendo que la referida servidora judicial cursa un proceso de investigación de carácter penal ordinario, la misma debe ser tratada como inocente hasta tanto no se revele el supuesto previsto en la Carta Marga; el concepto de subjúdice a que se refiere el artículo 7 de la Ley 821-27 no obedece al marco conceptual legal actual, toda vez que una persona solo puede ser considerada como subjúdice, una vez que haya dictado auto de apertura a juicio en su contra, único momento procesal en virtud del cual se sabe que el Estado ha elevado formal acusación y que dicha acusación le ha sido tramitada por órgano judicial competente, situación que tampoco se revela en el caso de la Dra. Rosabel Castillo Rolffot. En el mismo orden de ideas, dentro del marco conceptual legal contenido en la Ley 41-08 sobre Función Pública y conforme se cita expresamente más arriba, la privación del sueldo de un funcionario o empleado público solo opera cuando sobre su persona se haya ordenado medida privativa de libertad, siendo que dicha situación tampoco acontece en el marco factico analizado; en conclusión es de buen derecho ordenar la restitución del sueldo a favor de la Dra. Rosabel Castillo Rolffot, hasta tanto se defina sus situación”.

DECIDIÉNDOSE reponerle el salario a la Dra. Castillo, a partir de la fecha.

Se hace constar que el Consejero Etanislao Radhamés Rodríguez F., se abstiene.





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62. SE APRUEBA la rectificación del Acta Núm. 35/2018, de fecha 03 de octubre de 2018, en la cual se aprobó desvincular al Lic. Alfonso Manuel Paulino, Gerente de la Unidad de Atención a Usuarios de la Jurisdicción Inmobiliaria, otorgándole el pago de todos sus derechos adquiridos que le corresponden por el tiempo de servicio en la institución, en atención al informe de contraloría de la Jurisdicción Inmobiliaria de fecha 18 de septiembre del presente año, mediante el cual se evidencia las irregularidades graves cometidas.

Para que sea suprimida la coletilla “… en atención al informe de contraloría de la Jurisdicción Inmobiliaria de fecha 18 de septiembre

del presente año, mediante el cual se evidencia las irregularidades graves cometidas”.

63. Oficio No. 469-2019, de fecha 18 de marzo de 2019, suscrito por los Licdos. Pablo Miguel Peña Caraballo, Director Nacional Interino y Soraya Vargas, Administradora General de la Jurisdicción Inmobiliaria, el cual dice: “Aprovechamos la ocasión para saludarles, y a su vez, solicitarles respetuosamente su aprobación para llevar a cabo un plan de descongestión masivo, con el fin de ejecutar la cantidad de diez mil (10,000) expedientes de todos los Registros de Títulos a nivel nacional, a través de la Unidad de Apoyo Registral (UAR). Anexamos informe de la Gerencia de Gestión de Calidad de la Jurisdicción Inmobiliaria, de fecha 08 de marzo del 2019.

Para este plan se ha presupuestado un monto estimado de RD$1,844,400.00, que será ejecutado conforme los establecido en el informe anteriormente citado. Es importante destacar, que esta jornada se estará llevando a cabo fuera del horario institucional, es decir, de lunes a viernes a partir de las 4:30 pm, y los sábados de 8:00 am a 4:00 pm”, DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud.

64. Oficio DGHCJA Núm. 0098/2019, de fecha 20 de febrero de 2019, suscrito por la Licda. Kateryn Peralta Díaz, en funciones de Directora de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa, el cual dice: “En atención a las necesidades presentadas en la Dirección Administrativa, donde se requiere considerar una reclasificación para la plaza de Encargado de la Unidad de reproducción de Documentos como Analista I de la Dirección Administrativa a favor de la empleada Jaelkis Tavarez Guzmán, emitimos nuestra opinión técnica al respecto.

En relación a esta solicitud, inicialmente procedimos a evaluar la estructura de puestos y plazas que componen la Dirección Administrativa verificando que está compuesta por una (1) Directora, una (1) Supervisora de Tribunales, una (1) Asistente, ocho (8)





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Supervisores Administrativos”, un (1) Analista, una (1) Secretaria y cuatro (4) Auxiliares Administrativos. En cuanto a la Unidad de Reproducción de Documentos verificamos que está formada por una (1) Encargada de Unidad y dos (2) Reproductores de Documentos.

En ese orden, a fin de identificar la necesidad e reclasificar la plaza realizamos un levantamiento de información respecto a las funciones realizadas por la empleada Jaelkis Tavarez Guzmán, quien actualmente funge como Encargada de la Unidad de Reproducción de Documentos. Verificando que la misma desempeña las siguientes tareas:

•Encargada de solicitar el gasoil a las diferentes plantas eléctricas del Poder Judicial a Nivel Nacional, esto implica dar seguimiento a dicho proceso desde el inicio hasta suplir este requerimiento y realizar el pago correspondiente.

•Logística, organización y planificación de viajes semanales de las distintas unidades de la Dirección Administrativa, tales como mantenimiento y obras. Eso incurre en coordinar con la Sección de Transportación y dar seguimiento al proceso. Así mismo, revisa y tramita las ordenes de viajes y dietas a nivel nacional.

•Participa en el proceso de las solicitudes de compra en conjunto con la Unidad de Mantenimiento, ingresando dichas solicitudes al sistema Sofland, manteniendo un control de las mismas. De igual manera colabora con los Supervisores Administrativos dándole soporte a cualquier situación o interferencia con las cajas chicas a nivel nacional.

•Recibe y tramita el pago de horas extras según solicitud de los Supervisores.

•Revisa y filtra las diferentes solicitudes y documentos enviados a la Directora Administrativa y le brinda soporte a la misma sobre procesos o tramites de la Dirección según la necesidad que impere.

•Labora en conjunto con la Supervisora Administrativa Sofía Romero todo el proceso de los tickets de combustible para la Institución. Este proceso incluye desde su solicitud, tramite y despacho, así como mantener un control y realizar mensual sobre el uso de los mismos.

•Trabaja en conjunto con la Unidad de Mantenimiento la canalización de las solicitudes de los aires acondicionados, así como la logística de las entregas y sus licitaciones.





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En ese orden, realizamos una comparación verificando que la mayoría de las funciones señaladas corresponden al perfil de puesto de Analista I de la Dirección Administrativa. Cabe destacar que estas actividades son realizadas y compartidas en adición a sus funciones y responsabilidades como Encargada de Unidad de Reproducción de Documentos: tales como certificar los controles de las fotocopias alquiladas, autorización de copias y dar seguimiento a las solicitudes de las mismas, entre otras. En ese mismo orden validamos que la misma recibe asistencia del Reproductor de documentos Kevin Lara quien en adición a sus funciones también realiza labores propias de Encargado de Unidad, tales como: mantenimiento preventivo y reportes de avería, administración de los materiales utilizados y coordinación de su distribución.

Posteriormente verificamos la existencia del oficio ERH 248-2016 donde se recomienda la reclasificación de la plaza de Encargado de Unidad de Reproducción de Documentos como Analista I de la Dirección Administrativa y la reclasificación de la plaza de Reproductor de documentos el empleado Kervin Lara como Encargado de esta Unidad. La misma aún está pendiente.

Atendiendo a todo lo antes mencionado y los datos expuestos, somos de opinión favorable a la reclasificación de la plaza de Encargado de Unidad de Reproducción de Documentos como Analista I de la Dirección Administrativa a favor de la empleada Jaelkys Tavarez y recomendamos la reclasificación de la plaza de Reproductor de Documentos como Encargado de la Unidad de Reproducción de Documentos a favor del empleado Kevin Lara. A los fines de que ambos sean empleados regularizados de acuerdo a las funciones que realizan. En ese orden, señalamos que ambos empleados deben cumplir con el proceso de evaluación establecido por la Division de Reclutamiento y Selección de Personal. Estas acciones implicarían un impacto para la institución de RD$38,488.67 mensuales y RD$533,792.07 anuales por concepto de salarios y beneficios. Asi mismo reiteramos que estos movimientos no dejarían vacantes en su lugar de origen.

Sin embargo, es importante indicar lo expresado en el SGCPJ Núm.: 0477/2018 d/f 15/02/2018 que dispone: “La suspensión de las creaciones de nuevas plazas, debido a la situación presupuestaria de la institución”.

Es importante señalar que, en caso de ser aprobada, la ejecución está sujeta a la disponibilidad financiera de la institución. Sin embargo, dejamos a consideración de ese honorable Consejo la decisión a tomar”,





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DECIDIÉNDOSE enviar a la Dirección Presupuestaria y Financiera, para fines de opinión sobre disponibilidad financiera.

65. Caso Ana Dotel, se ordena la restitución a sus funciones. En ese sentido, se dejan sin efecto todas las decisiones anteriores.

66. Se aprueba la entrega del pin a los galardonados a la orden al mérito de los años 2016 y 2017.

67. Oficio Núm. 00071/2019, de fecha 14 de marzo de 2019, suscrito por los magistrados Jakayra Veras García, Juez Presidente del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata, Benecia Altagracia Rojas Cruz, Juez Sustituta de la Presidenta del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata, Jose Juan Jiménez, Juez Miembro del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata, el cual dice: “Luego de extenderles un cordial saludo, sirva la presente a los fines de expresarles y a la vez solicitarles, lo siguiente:

El Tribunal Colegiado de Primera Instancia es un tribunal de fondo, que conoce los procesos de mayor envergadura en materia penal, conforme a la norma, donde se ventilan en consecuencia casos graves y se generan en ocasiones conflictos entre partes, incluidos abogados, siendo necesario salvaguardar la seguridad e integridad de los usuarios y de los jueces, por lo que se impone la presente de al menos dos militares en la Sala de Audiencias.

Destacar que en la actualidad el Tribunal Colegiado de Puerto Plata no cuenta con seguridad alguna, debido a que anteriormente estaba siempre en la Sala de Audiencias, ejerciendo estas funciones, el Sargento Mayor FARD, Juan Alberto Novas Herasme, de capacidad probada y experiencia en estas labores, quien sin embargo fue asignado a la Magistrada Franchesca Ventura, Juez de Paz del Municipio de Guananico, en ocasión a la solicitud de reforzamiento de seguridad que la misma realizara mientras se encontraba realizando funciones en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de este Distrito Judicial.

Que en razón de que la Magistrada Ventura en la actualidad no se encuentra designada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, conversamos con ella sobre el particular y nos indicó que no tiene objeción a que el Sargento Novas Herasme sea asignado al Tribunal Colegiado, siempre y cuando le sea asignado a su persona el Sargento José Alexander Sánchez, FARD.





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En tal virtud, les solicitamos, encarecidamente, la designación del Sargento Mayor FARD, Juan Alberto Novas Herasme, conjuntamente con otra persona a fin de que funjan como Seguridad en la Sala de Audiencias del tribunal Colegiado de Puerto Plata, por las razones señaladas”, DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud.

68. SE APRUEBA mantener los beneficios de compensación a la magistrada Yorlin Vásquez.

69. Comunicación de fecha 06 de marzo de 2019, suscrita por el magistrado Joselin Medina Pérez, Juez de la Instrucción del Distrito

Judicial de Barahona, la cual dice: “Cortésmente, el suscrito, cuyo nombramiento es el de Juez de la Instrucción del Distrito Judicial de Barahona, y que por disposición de ese honorable consejo, estamos fungiendo como Juez de la Ejecución de la Pena de este Departamento Judicial, tiene a bien solicitarle ser cambiado o trasladado desde la posición que ocupo y ser nombrado en la Segunda Sala Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, cuya posición en la actualidad se encuentra vacante, fruto de haber sido promovido el Juez que la ocupaba a la presidencia de dicho tribunal”, DECIDIÉNDOSE trasladar a la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona al magistrado Joselin Medina.

70. SE APRUEBA que de las cinco (05) camionetas Toyota Hilux 2019 nuevas, se dispone que dos (02) de las camionetas se dejen en la División de Transportación; una (01) para ser utilizada por el Magistrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial a la hora de realizar mantenimientos a sus vehículos; y una (01) para ser asignada a la escolta del mismo Magistrado Presidente, en virtud de que la que tienen actualmente se encuentra en mal estado.

71. Comunicación de fecha 14 de marzo de 2019, suscrita por Ramón Gilberto Féliz López, Presidente Liga de Softball SCJ, la cual dice: “Luego de saludarle, nos permitimos indicarles que tenemos en existencia la cantidad de pelotas de softball necesarias hasta marzo, por lo que solicitamos por anticipación quinientas cuatro (504) pelotas de softball -ochenta y cuatro (84) cajas de seis (06) pelotas cada una- con estas características y especificaciones:

Marca Weston S300 Pro

En una anterior solicitud ser le habían anexado varias cotizaciones de diferentes tiendas, y hemos observado que la más conveniente en





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precio y de igual calidad a las demás, es la de Introka (Factory-Almacén).

Agradeciendo de antemano la atención que pueda prestar a la presente solicitud, en vista de que tenemos existencia de pelotas hasta el mes de abril del presente año”, DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud.

72. SE REINTEGRA a la posición de alguacil ordinario de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional al Sr. Eli Ramón Reyes.

73. Oficio CPJ/LRT 00001/2019, de fecha 20 de marzo de 2019, suscrita por el Consejero Leonardo Recio Tineo, el cual dice: “Después de extenderle un cordial saludo, tenemos a bien solicitar sean aprobadas 10 días de nuestras vacaciones, las cuales iniciarían desde el día 26 de marzo hasta el día 5 de abril del año en curso”, DECIDIÉNDOSE aprobar las vacaciones del Consejero Leonardo Recio Tineo.

74. Se le asigna una de las camionetas disponible a la magistrada Guillermina Marizán, Juez Presidente del tribunal Superior de Tierras del Departamento Central.

En ese sentido, se autoriza el cambio con el vehículo que actualmente posee.

75. Se le asigna una de las camionetas disponible a la magistrada Mirtha Cecilia, Juez Presidente de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo.

En ese sentido, se autoriza el cambio con el vehículo que actualmente posee.

Mariano Germán Mejía

Sara I. Henríquez Marín Etanislao Radhames Rodríguez F.

Fernando Fernández Cruz Leonardo Recio Tineo





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Edgar Torres Reynoso Secretario General

acta 11-2019...acta 11-2019 día: miércoles 20 de marzo de 2019 lugar: sala de reuniones del cpj...

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