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6 de Septiembre de 2016

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El gobierno de María Eugenia Vidal oficializó ayer la instalación de cabinas de peajes sobre la Ruta provincial nº6, que tendría tres puntos de cobro y un valor total que rondaría los 80 pesos, según trascendió. La cifra, que no fue confirmada oficialmente, circuló ayer en distintos ámbitos luego de que el Ejecutivo bonaerense publicara en el Boletín Oficial el decreto que autoriza la instalación de cabinas de peajes al tiempo que entrega la concesión de la traza por 27 años a la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa), que se encargará de instalarlas. Aubasa tendrá por ese plazo la concesión de la “operación, conservación, mejora, mantenimiento y explotación mediante el cobro de tarifas o peaje” de la autovía ruta provincial 6. Fuentes del Gobierno de la Provincia dijeron que se estima que el cobro de la tasa por el uso de la autovía comenzaría a finales del presente año. Aubasa tendrá por 27 años la concesión para la operación, conservación, mejora, mantenimiento y explotación mediante el cobro de peaje de la Ruta provincial 6 La medida, publicada ayer en el Boletín Oficial mediante el decreto 855, fue justificada en que “esta autovía rodea el Gran Buenos Aires, conformando un cordón que se extiende desde la localidad de Ángel Etcheverry hasta Zárate, descomprime los accesos a la ciudad de Buenos Aires y une los puertos de La Plata con los de Zárate-Campana”. La autovía que integra la llamada Ruta del Mercosur fue concesionada a Aubasa “ejerciendo un control directo e inmediato sobre la traza, a fin de garantizar la transitabilidad de la ruta, así como sus condiciones de operación y mantenimiento, y la prestación de los servicios necesarios para asegurar a los usuarios la circulación de la misma conforme determinados estándares de calidad”, indicó el decreto publicado ayer. El artículo 2 de la norma detalla que Aubasa, que ya explota la Autopista Buenos Aires-La Plata, “deberá constituir una Unidad de Negocios separada para la administración de la concesión de la autovía ruta 6, a efectos del mejor seguimiento, control e implementación operativa de su contabilidad”. LICITACION El 20 de julio el gobierno de María Eugenia Vidal había publicado el llamado a licitación para la colocación de cabinas de peaje en la ruta 6 por un presupuesto de servicio de 27 millones de pesos y con un valor de cada pliego de 67.500 pesos. La ruta 6 cuenta con una extensión de 180 kilómetros y atraviesa los distritos de La Plata, Brandsen, San Vicente, Cañuelas, General Las Heras, Marcos Paz, General Rodríguez, Luján, Pilar, Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate. El 3 de agosto de 2012 el entonces gobernador Daniel Scioli firmó la licitación para la construcción de una autovía, con la inclusión de los distritos de Berisso y Ensenada para poder conectar la hidrovía Zárate-Campana con el puerto de contenedores del Gran La Plata. El julio de 2015, Scioli inauguró los 180 kilómetros del corredor, aunque todavía resta realizar la obra para conectarlo con el puerto.

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Según estiman desde las organizaciones de usuarios viales, el trayecto que une la localidad de Angel Etcheverry con la de Zárate y que tiene un flujo de unos 50 mil vehículos diarios, tendrá tres peajes. Entre las localidades que atraviesa están Campana, Exaltación de la Cruz, Pilar, Luján, General Rodríguez, Marcos Paz, General Las Heras, Cañuelas, San Vicente, Brandsen y La Plata. El Ministerio de Infraestructura provincial avanza, en tanto, en la licitación del primer tramo de 6 kilómetros desde Echeverry en dirección al puerto. A su vez, y pese al corto tiempo transcurrido, el gobierno de María Eugenia Vidal argumenta que “el camino muestra los primeros síntomas de deterioro, sobre todo en el trayecto entre las rutas 7 y 9” al norte del Gran Buenos Aires.

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Entre señales mixtas, “algunas favorables y otras preocupantes”, los propietarios y los vecinos de los terrenos tomados hace más de un mes en 523 y 161 de Melchor Romero aguardan una definición “inminente” acerca de su restitución, a la vez que advirtieron que ya se construyen en el predio vigas de fundación para levantar casillas de material, y continúa la oferta por Internet de lotes obtenidos ilegalmente. Según trascendió, además, un grupo de residentes en la zona aledaña con las dos hectáreas usurpadas entre las calles 159, 161, 523 y 524 habría denunciado por hostigamiento y amenazas a los referentes de la ocupación que se inició a fines de julio pasado, a quienes se atribuye pertenencia a una organización vinculada con la trata de personas, el tráfico de drogas y la comercialización de tierras ajenas. En los primeros días de agosto, el juez Juan Pablo Masi, a cargo del expediente iniciado por los damnificados por la usurpación, ordenó el desalojo de los lotes haciendo lugar al pedido de la fiscal Virginia Bravo, quien entendió que se había acreditado fehacientemente la titularidad de las tierras. Sin embargo, ante la inminencia del operativo de expulsión de los ocupantes, una defensora oficial interpuso un recurso de apelación para frenarlo, en representación de los imputados en la causa. El

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trámite siguió en la Cámara de Apelaciones en lo Penal, que ratificó el desalojo, previo relevamiento y dictamen de la Asesoría de Menores. Ahora resta que la fiscalía que interviene reciba la notificación pertinente, y vuelva a elevar el pedido de desalojo, que se descuenta que tendrá respuesta favorable. “Pasaron un mes y mil trámites para volver al punto de partida” destacó ayer uno de los propietarios: “pero no hay nada más que hacer que estar día tras día reclamando en Tribunales, para que no se ‘duerma’ la causa”. “Afortunadamente, ahora las autoridades de la comisaría 14a están colaborando” se afirmó, “y se frenó la llegada de camiones provenientes de corralones de materiales; sin embargo, esta gente logró avanzar con algunos cimientos bajo la supervisión de sus líderes, que se movilizan en camionetas 4 x 4 que no bajan de los 400 mil pesos”. VENTA “ONLINE” Mientras tanto, florece la oferta de lotes usurpados por medio de facebook, en varios de los grupos abiertos o cerrados de esa red social en los que se difunde de manera informal la venta de propiedades. Hasta ayer podía verse uno de ellos un anuncio con el texto “Vendo terreno, 10 x 27 metros, en 160 y 528. $20.000. Tomo moto en parte de pago”. La dirección, que luego fue editada a 161 y 528, se corresponde con el centro de una usurpación reciente que se consolidó en ese lugar, a la vera del arroyo El Gato. Tanto los vecinos de diferentes barrios, como los emprendedores inmobiliarios de la Región y numerosos funcionarios judiciales ven detrás de estas maniobras la mano de una o más organizaciones delictivas con múltiples recursos y contactos -tanto políticos como entre fuerzas de seguridad-, que reclutan familias humildes para enmascarar un pingüe negocio.

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Un proyecto de ordenanza presentado la semana pasada en el Concejo Deliberante propone la creación de un área en el ámbito municipal destinada a la prevención de usurpaciones, en el marco de los recurrentes episodios en este sentido que padecen terrenos de distintas localidades de la Ciudad. La iniciativa, presentada por el vecinalista Gerardo Jazmín, y acompañada por su par Marcela Farroni, propone que el área a crear, con categoría de Dirección, y que tendrá como función garantizar la presencia de la Comuna en los casos en los que se originen conflictos con ocupantes de bienes inmuebles. Pero, además, busca crear un protocolo que establezca la forma en la que deberá proceder, dando inmediata intervención a las autoridades judiciales, así como la elaboración de un plan anual de prevención y trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad. El proyecto también se refiere al trato a los ocupantes de terrenos de forma ilícita, a los que distingue de aquellas organizaciones que fomentarían estas prácticas. Y atiende que la Dirección de Prevención de Usurpaciones que se pretende crear deberá “velar por el respeto pleno de los derechos humanos de los sectores vulnerables, utilizados por organizaciones dedicadas al delito y a la especulación inmobiliaria”. Esta dirección municipal funcionará además, con la rúbrica de convenios con el sistema de emergencias 911. Jazmín, autor de la iniciativa, explicó que su presentación se inserta en medio de los “sistemáticos episodios que se registran en la Ciudad, de los que casi podría hablarse de uno por semana y que es imposible que sea la gente la que los planea, sino organizaciones delictivas que engañan a personas sin lugar y les sacan dinero, lucran con la renta y los instan a ocupar terrenos que tienen dueños”. Por eso, el edil remarcó que “no estamos en contra de la gente que no tiene dónde vivir, sino en contra de las organizaciones que hay detrás que les prometen algo que no es cierto, faltando a la ley”. En este marco, Jazmín explicó que la Dirección a crear funcionaría en la órbita de la Secretaría de Seguridad, y que tendría como misión la “rápida recepción de denuncias para dar intervención a la Justicia y a las fuerzas de seguridad”, dado que “suele ser grande la demora de estas denuncias, debido a que es necesario localizar rápidamente al dueño y reunir la documentación que acredite propiedad, cuando los usurpadores pueden hasta trazar nuevas calles en cuatro días”.

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Ahora, un sector de la colectora de la ruta 2, a la altura del partido de Berazategui, funciona como un circuito de carreras de motos. Como un ritual que atrae cada vez a más participantes, la escena se repite todos los domingos a la noche, cuando decenas de jóvenes se juntan con sus motos a un costado del Parque Pereyra Iraola y compiten en alocadas “picadas” en las que, además de correr a toda velocidad, sin controles, hacen malabarismo sobre los vehículos en movimiento. Para esos chicos, el “entretenimiento” consiste en llevar el miedo al límite y así disfrutar de la adrenalina que les genera la alta velocidad. El problema es que, con esa actividad, clandestina, porque está prohibida, se ponen en peligro ellos mismos y a quien se crucen por circular en el lugar. En ese caso, el mayor divertimento está en ir con la moto a toda velocidad y recostarse con el pecho sobre el asiento, dirigiendo el rodado desde esa posición. No faltan tampoco las clásicas pruebas de “willy” (levantar la moto y dejarla andar sobre una sola rueda). El año pasado dos motoqueros murieron en el lugar a raíz de los accidentes que sufrieron en “picadas” de esas características. También en ese caso los vecinos de la zona se quejan por los ruidos molestos de las explosiones motoqueras.

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En los últimos días, frecuentes cortes de luz tuvieron a maltraer a los vecinos de un amplio sector de Altos de San Lorenzo que ayer se reunieron para exigir que la empresa les de una respuesta. “Es algo cotidiano, a eso de las siete u ocho de la tarde, nos cortan la luz hasta las nueve de la noche o más”, señaló una de las vecinas. Edelap informó que el problema se produjo por fallas en un transformador, pero se aclaró que no se trató de un corte prolongado. “Las cuadrillas concurrieron varias veces para reponer el servicio, pero volvió a fallar hasta hoy - por ayer - que se descubrió el origen del problema”, comunicó un vocero de la firma. La gente, que pese a la lluvia ayer se reunió en la esquina de 84 y 31 para pedir que se optimice la prestación, denunció que siempre hubo problemas con el servicio eléctrico. SE “AGRAVO LA SITUACION” “El problema no es nuevo, pero en los últimos 15 días se volvió mas grave. Tuvimos cortes el viernes, sábado y domingo últimos”, apuntó Isabel, una de las personas afectadas por los cortes de luz y que depende de ese servicio no sólo para iluminar su vivienda, sino también para calefaccionarla. Se indicó además que los cortes no estuvieron relacionados con el mayor consumo que se da durante los días de bajas temperaturas por el uso de las estufas eléctricas porque los días en los que hubo un clima casi primaveral, también se les cortó la luz. Pese a que operarios de Edelap trabajaron en la zona durante todo el fin de semana, recién ayer por la tarde se restableció el servicio. “El sábado pusieron un transformador, pero explotó; lo mismo ocurrió el domingo y también lo cambiaron. Queremos que se nos dé una respuesta duradera”, dijo uno de los vecinos preocupados por la situación. En la zona se remarcó que hay muchas personas con problemas de salud que dependen de la electricidad para mantener sus remedios refrigerados o para usar nebulizadores. También hubo gente del barrio que pidió que Edelap les coloque medidores para abandonar su condición de enganchados. Sin embargo la empresa comunicó que no todos cumplen con los requisitos, como son por ejemplo la tenencia de la vivienda.

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El gas, la luz, la comida, colegios, prepagas, la ropa, la nafta, alquileres, expensas, celulares. Siempre puede haber algo más que signifique un golpe al bolsillo. En este caso, se trata de las multas. Durante septiembre y octubre, en provincia de Buenos Aires, quienes cometan infracciones pagarán, en muchos casos, el doble que los de Capital Federal. Por mal estacionamiento abonarán hasta $ 1.976, casi $ 1.000 más que en la Ciudad. En Provincia, la Dirección de Política y Seguridad Vial –que depende del Ministerio de Gobierno– dispone que el precio de las Unidades Fijas (UF) se revisen cada dos meses. Y el valor de estas unidades está atado al de la nafta premium de mayor octanaje de YPF, que provee el Automóvil Club Argentino, con sede en la Plata. El jueves pasado el ACA informó que el valor ascendió a $ 19,76; casi dos pesos mas que la última actualización, que se había hecho en mayo. Así, algunas infracciones treparán hasta los $ 19.760, un equivalente a mil Unidades Fijas: es la máxima sanción para multas como circular sin patente, de contramano, cruzar un semáforo en rojo, exceder los límites de velocidad, conducir borracho o tener un vehículo con caño de escape libre, entre otras. La falta de Verificación Técnica de Vehículos y la circulación sin las luces reglamentarias encendidas es una de las faltas mas comunes. Ambas irregularidades prevén entre 300 UF ($ 5.838) y 1.000 UF ($ 19.760). Si el conductor posee la VTV pero no la lleva consigo, entonces la multa es de entre 50 y 100 Unidades Fijas (de $ 988 a $ 1.976). En provincia de Buenos Aires la VTV se realiza desde 2001, con un costo de $ 614 (para vehículos de hasta 2.500 kg) y $568 para quienes tengan la verificación al día. En la Ciudad, comenzará a operar en octubre y costará $ 680. Más allá de las multas, en 2009 el Gobierno provincial incluyó otra variante de sanción, como la retención preventiva: así, los agentes de tránsito quedaron habilitados para sacar de circulación vehículos, licencias e incluso a los conductores que “sean sorprendidos infraganti en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales”. También pueden “retener” a quienes participen de picadas. El régimen provincial también habilitó la instalación de sistemas de medición (cinemómetros) en puntos estratégicos de rutas y accesos a ciudades. Son las denominadas “fotomultas”. Las autoridades permiten pagar en forma voluntaria con un 50% de descuento. Según dijeron en la Gobernación, estas medidas permitieron reducir el número de infractores en las principales rutas y vías rápidas bonaerenses. Para obtener la licencia de conducir, o renovarla, Ciudad y Provincia exigen el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito. Entre otras cosas registra multas impagas en ambas jurisdicciones; lo que implica que no importa en donde esté radicado el auto, igual habrá que pagar las multas. “A nivel de la seguridad vial, el aumento de las multas no es una solución. Las multas tienen que ser realistas y ajustarse a una relación lógica entre la falta que se comete y la capacidad de pago de la gente”, opinó Alberto Silveira, de la ONG Luchemos por la vida. “Si una multa no se efectiviza no cumple con la función educativa. Tiene que poder pagarse, sin excepciones ni perdones. Cuántas multas de las que se labran, finalmente se pagan. No hay estadísticas, así que desconocemos estas cifras que son vitales para implementar políticas de seguridad vial”, finalizó el especialista. La Gobernación confirmó que no existen estadísticas oficiales, pero aseguraron que “se está trabajando en centralizar la información de toda la provincia y sus municipios”.

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Vecinos, instituciones, y dirigentes y funcionarios de la localidad de Saavedra y la zona, volvieron a mostrar su preocupación ante la falta de respuestas recibidas a su reclamo de que el denominado “tren chino” se detenga en esta población, y comenzaron a llevar a cabo una recolección de firmas para conseguirlo bajo el slogan "Que vuelva el tren, no queremos más pueblos fantasmas". En ese sentido, tanto la concejal de Frente Renovador Plural, Marcela Guido, como el titular de la Cooperativa Ferroviaria de Punta Alta, Miguel Acosta, se mostraron preocupados por la situación "Estamos preocupados con este tema, que originó el cese de actividades de Ferrobaires por una disposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires", manifestó la legisladora. “La recolección de firmas se viene replicando en los varios distritos de la Sexta Sección, donde han quedado incomunicadas pequeñas localidades”, añadió. Guido denunció que el servicio no para en estaciones como Piñeyro, Cura-Malal, Saavedra, Arroyo Corto y Dufaur, entre otras. “Esto se trata de un derecho del usuario, que también pasa por rescatar una cultura y una historia vinculada al tren, como en el caso de Saavedra”, señaló. Además, remarcó que esta determinación trajo inconvenientes a unos 20 mil usuarios que utilizaban el servicio. Por último, recordó que esta cuestión había sido planteada por el intendente de Saavedra, Hugo Corvatta, a la gobernadora María Eugenia Vidal. “Aunque dijo que estudiaría el caso, hasta el momento no hemos tenido novedades. Entonces, nuestra idea es llegar al titular de Transporte Nacional, Guillermo Dietrich”, concluyó. (Agencia Saavedra)

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Un total de 111 viviendas podría construirse en los próximos meses en la ciudad de Carmen de Patagones, en caso de prosperar una serie de gestiones que se vienen desarrollando desde la comuna ante el gobierno de la Provincia. Según se explicó desde la comuna, 58 de estas unidades habitacionales se emplazarán en terrenos del barrio maragato Néstor Kirchner, mientras que las restantes se construirán en el sector de El Progreso. “La principal exigencia del gobierno nacional es que las tierras donde se construyan las viviendas sean de propiedad comunal. Por eso estamos cumplimentando con todos los pasos correspondientes, y esperamos novedades pronto”, dijo el intendente José Luis Zara. Además, el área de Obras y Servicios Públicos maragato está llevando a cabo un estudio topográfico y de inundabilidad; además de la proyección de servicios básicos y de puntos fijos para el cordón cuneta. “Queremos aprovechar todas las tierras con las que cuente el municipio para llevar solución habitacional a las familias del distrito. En los próximos meses entregaremos las primeras diez de las 77 viviendas del plan Techo Digno, cuyos adjudicatarios llevan años esperando”, dijo.

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La polémica en torno al controvertido proyecto para dividir en cuatro el distrito de La Matanza sumó ayer un nuevo capítulo, a partir de las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien pidió que la iniciativa “no se trate como un tema político electoral” porque, dijo, “hay que discutirla y analizarlo técnicamente”. La mandataria provincial volvió a referirse a la propuesta impulsada en la Cámara de Diputados bonaerense por parte del bloque que responde a Margarita Stolbizer. El proyecto, que lleva la firma de Marcelo Díaz, propone dividir en cuatro el municipio de La Matanza, el más poblado del país, para crear cuatro comunas distintas: Juan Manuel de Rosas, Gregorio de Laferrere, Los Tapiales y La Matanza. Si bien desde hace semanas se viene especulando con el impulso que Vidal quiere darle a la iniciativa que se discute en la Comisión de Asuntos Municipales de Diputados, la gobernadora envió ayer señales claras de que no apurará el debate. En el marco de una entrevista radial, Vidal recordó que “es un proyecto del GEN, del diputado Marcelo Díaz”. Y en ese sentido, consideró que merece un análisis “más profundo”, y “no de estrategia electoral”. “(El proyecto) plantea una división en cuatro de La Matanza. Lo que dije es que acá viven dos millones de personas en condiciones muy difíciles y muy divididos, y lo que no podemos hacer es algo que consolide la pobreza en ninguna división”, dijo. Y añadió: “No podemos someter a la gente de La Matanza a una discusión política electoral de a ver con qué se queda cada uno. Hay que discutirlo, analizarlo técnicamente”. No obstante, aseguró que ya solicitó informes técnicos a distintas dependencias sobre la factibilidad de una posible división. “Le pedí a Arba, al ministerio de Economía, al ministerio de Producción, a las áreas sociales, que hagan un trabajo para que si tuviéramos que hacer una división, saber cómo hacerla para no perjudicar a la gente”, explicó. Ubicado en el oeste del Conurbano y con una población de 1.7 millones de habitantes, La Matanza es el municipio de mayor peso político electoral del país. Y es, históricamente, un bastión del peronismo, que hoy sigue gobernando el distrito al haber resistido a la ola de votos amarillos que le arrebató el año pasado al PJ varias intendencias del Conurbano. Por eso, el peronismo venía rechazando la propuesta de avanzar con una reforma que, entienden, apunta a licuar el peso electoral del distrito. La intendenta local, la peronista Verónica Magario, ya salió a rechazar la propuesta al señalar que si se avanza con la división “se crearán algunos municipios pobres y otros ricos”. En tanto, en la Cámara de Diputados el bloque del Frente para la Victoria PJ presentó a su vez un proyecto de ley marco de creación de nuevos municipios que establece un mecanismo con participación ciudadana.

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Concretamente, establece que se debe realizar una consulta pública y que la propuesta debe contar con la adhesión de un determinado porcentaje los habitantes del distrito, además de estudios de factibilidad. Con todo, y pese al rechazo de los legisladores enrolados en los distintos bloques del peronismo, el proyecto por ahora sigue su marcha en la Cámara baja. La iniciativa está siendo analizada ahora en la comisión de Asuntos Municipales del cuerpo. De obtener allí despacho, será girada a otras tres comisiones para que cumpla el mismo trámite. En otro orden, Vidal criticó a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quien la semana pasada aseguró que “no la dejaron” subirse al escenario en un acto de una empresa de gaseosas en ese distrito de la que participó la gobernadora y el presidente Mauricio Macri. “No entiendo mucho, que con los niveles de pobreza, de desamparo, de abandono, de precariedad que tiene La Matanza, estemos discutiendo si estaba sentada en primera fila o arriba del escenario”, dijo sobre las quejas de Magario. “Yo hace más de diez años que hago política, nunca en más de diez años pregunté dónde me tocaba sentarme”, agregó. “Eso no le cambia la vida a ningún matancero. La intendente estaba en primera fila con (el ex jefe comunal) Fernando Espinoza, junto con ministros nacionales, ministros de la provincia, empresarios importantes de la zona. Lo importante es lo que vamos a hacer en La Matanza”, reiteró.

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El caso del médico que asesinó a balazos a un ladrón frente a su consultorio de Loma Hermosa sigue generando repercusiones. Para la gobernadora María Eugenia Vidal, el doctor Lino Villar Cataldo mató por la "desprotección" del Estado. No obstante, cuando se le preguntó por la justicia por mano propia, respondió: "No la comparto, no creo en eso, de hecho yo no nunca tuve un arma en mi casa. En el momento en que uno decide tener un arma tiene que saber puede llegar a tener que matar a una persona". Error loading player: No playable sources found De todas maneras, Vidal enfatizó que entiende que “cuando hay justicia por mano propia en un contexto de inseguridad”. E insistió que: “La responsabilidad es de quien gobierna". Villar Cataldo asesinó de cuatro balazos al ladrón Ricardo Krabler el viernes 26 de agosto en Loma Hermosa, partido de San Martín. El doctor fue beneficiado con una "excarcelación extraordinaria" por problemas de salud, pero la Justicia determinó que siga imputado por el delito de "homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego". "El Estado lo va a cuidar. Sería muy triste que pase algo. Hablaré con Cristian Ritondo (ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires) para saber qué grado de protección recibió el médico". Patricia Bullrich Vidal sostuvo, en declaraciones por Radio Mitre, que "lo que pasó con el médico, más allá de lo que la Justicia determine exactamente qué fue lo que pasó, pasó porque fue una decisión que tomó frente a la desprotección, la de tener un arma (de fuego en su consultorio)". Ricardo Krabler, tenía 24 años y es el ladrón que fue asesinado por un médico en San Martín. (Facebook) En esa línea, reconoció que, "originalmente, hay un problema del Estado ahí, en por qué muchos chicos optan por el camino de delinquir". Y se preguntó: "¿Dónde estuvo antes el Estado con ese chico (por el asaltante de 24 años) y dónde estuvo el Estado para que este médico no tuviera que decidir tener un arma (de fuego)?".

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"Cuando volví del tiroteo no fui igual. Sos un muerto con un traje. No hay un día en que no recuerdes el hecho. Es una condena de por vida". Baby Etchecopar Y admitió: "En el fondo, la responsabilidad siempre es nuestra. Más allá de que la Justicia va a juzgar al médico, hay una responsabilidad de gobierno". La seguridad, el verso y el marketing En ese marco, la Gobernadora bonaerense se sinceró: “Yo no lo diría la verdad a la gente si le diera una fecha, pero le digo que el tema de la seguridad va a ir mejorando de a poco. Con la inseguridad hubo tanto verso, tanta improvisación, tanto marketing. No vamos a hacer eso, no vamos a poner miles de policías formados y decir que eso es seguridad, o comprar mil patrulleros, y mostrar que eso es seguridad, porque es mentira, eso no es seguridad". Según Vidal, "seguridad es tener inteligencia criminal que persiga a las bandas; es tener formación en serio, tecnología, scanners que controlen los camiones en la ruta, policías que sepan como actuar, y no chicos de 20 años que no pueden cuidarse ni a sí mismos". Caso Lino Villar cataldo, medico que mató a un jovén que lo asaltó para robarle el auto Mientras tanto, asumió que seguirán "reentrenando a la policía que está, mejorando lo básico, que es obvio", como por ejemplo prometió que "a fin de año, cada policía tendrá su chaleco" y recordó que "cada día, cuando el policía vuelve a la comisaría, antes de ir a su casa, tiene que dejar su chaleco" para que lo use otro. Dijo también que es imperioso mejorar el sistema de comunicación que usa la policía ya que, "modulando, cualquier delincuente puede saber cómo se llama el policía que está hablando y dónde está". “¿Cuánto hubiéramos hablado del médico si hubiera muerto él? Media hora, como hablamos de la cantidad de muertes que provoca la inseguridad. Creo que esto es producto de la desidia de la Justicia”. Carolina Píparo "No le pidamos a la Policía lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer, no le pidamos algo heroico", dijo, y reconoció también que, además de la falta de equipamiento, la policía necesita "mejores salarios". "Para fin de año, el 911 va a estar en toda la provincia, y eso nos va a permitir tener un control. Hasta ahora, el 911, sólo funcionaba en una parte del conurbano y del interior. Fue todo muy improvisado, muy chapucero, de parche, de corto plazo. Y La inseguridad no es un tema de corto plazo, es un tema que lleva tiempo", subrayó.

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Adrián Almaraz, señalado como el "rey del juego clandestino" e imputado como jefe de una organización que operaba en el oeste del conurbano, afirmó ayer que estaba "obligado" a entregar dinero a la policía bonaerense para que lo dejaran seguir con su actividad ilegal. Explicó, además, que "la quiniela clandestina existe desde hace cincuenta años" con ese sistema de protección. Al respecto, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo , dijo que separará de la fuerza a los efectivos a cuyo nombre figuraban los sobres con coimas preparados por Almaraz. El sospechoso de manejar el juego clandestino en el Oeste fue detenido el viernes pasado -y luego liberado- en Morón. En su casa había una decena de sobres con los nombres de las dependencias policiales a las cuales entregaba coimas para sostener su actividad ilegal, y unos 750.000 dólares producto de las apuestas. "La quiniela clandestina existe desde hace cincuenta años. Teníamos un arreglo con el anterior gobierno, teníamos un proyecto para legalizar nuestra actividad", dijo ayer Almaraz, según consignó la agencia Télam. Admitió que los sobres que fueron encontrados en el allanamiento a su vivienda "eran para la policía". "Yo no niego que eran para la policía. Desde que empezamos hay sobres para la policía. Tratar con la policía y estar en negro no lo quiere nadie", explicó Almaraz. También reconoció que la actividad que desempeña "es clandestina", aunque justificó: "Pero no es más que una contravención". Además, dijo que los policías señalados pasaban a buscar el dinero "una vez por mes" y que él estaba "obligado" a darle esos sobres con el efectivo. "Estás obligado [a entregar el dinero]. Les pagábamos a todos los que pasaban", reconoció el "capitalista quinielero".

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En tanto, Ritondo precisó que los mencionados sobres "son investigados por Asuntos Internos, para ver a quién pertenecen y tomar una postura común". "Ahora se empezarán a analizar las declaraciones juradas para comparar. Pero en un principio los vamos a separar de la policía y después tendremos que esperar el resultado de la Justicia", dijo el ministro bonaerense. Al ser consultado sobre las declaraciones que formuló a la prensa Almaraz, en las que reconoció que pagaba coimas a la policía, Ritondo advirtió que "es difícil entender cómo puede actuar con este grado de impunidad alguien que cree que tiene un acuerdo con un gobierno".

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A más de ocho meses de la triple fuga del penal de General Alvear, protagonizada por los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Victor Schillacci, los ocho efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense imputados por aquel episodio fueron separados de sus cargos, pero se encuentran en libertad. Durante una entrevista con LA NACION, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal recordó que "las nueve personas [son ocho] del sistema penitenciario implicadas en la triple fuga [de diciembre] están libres. Nosotros los separamos del cargo, pero la Justicia no actuó". La resonante fuga se produjo alrededor de las 2 de la madrugada del 27 de diciembre de 2015, cuando los hermanos Lanatta y Schillacci lograron evadirse. En el caso del subprefecto Cesar Luis Tolosa, que estaba a cargo de la seguridad de la cárcel cuando se produjo la fuga, resultó detenido por primera vez el 31 de diciembre, aunque días más tarde fue liberado por "falta de mérito". Una semana después volvió a ser arrestado, pero posteriormente también recuperó la libertad por la misma razón. Mientras, desde el Ministerio de Justicia bonaerense se confirmó que, en efecto, la totalidad del personal del Servicio Penitenciario involucrado por acción u omisión en la investigación por la triple fuga, está en libertad, aunque fueron separados de sus cargos. Asimismo, las fuentes consultadas precisaron que en la causa por aquel episodio intervienen el fiscal de Azul, Cristian Citerio, y el titular del Juzgado N°3 de Garantías de ese mismo departamento judicial, Federico Barberena. LA NACION intentó sin éxito comunicarse con el fiscal de General Alvear, Cristian Citerio. Click Aqui Sobre la situación del personal de la cárcel involucrado en el hecho, el subsecretario de Control Penitenciario, Fernando Manzanares, dijo a LA NACION que "nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, desde el punto de vista administrativo, con las sanciones correspondientes".

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Agregó que "a pesar de las pruebas que presentamos, evidentemente para la Justicia no se reunieron los elementos suficientes como para disponer otro tipo de medidas procesales", por lo que "se optó por dejarlos en libertad". Hace unos días, en una entrevista con el sitio BigBang News, Martín Lanatta aseguró que "la triple fuga fue armada para voltear" el gobierno de María Eugenia Vidal. Martín Lanatta, que está acusado por el triple crimen de General Rodríguez, no dudó en plantear que "nos abrieron la puerta [del penal bonaerense de General Alvear] para matarnos", ya que "el objetivo era dejarle tres muertos al Gobierno, y que no podamos acusar a Aníbal Fernández" en la causa que investiga el tráfico de efedrina.

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En medio del proceso de reordenamiento interno de la fuerza tras la derrota en las elecciones del año pasado, dirigentes de distintos sectores del peronismo se reunirán hoy para homenajear al ex gobernador bonaerense Antonio Cafiero. Intendentes y gobernadores del peronismo se mostrarán juntos en un acto convocado para conmemorar el 29 aniversario del triunfo de Antonio Cafiero en las elecciones a gobernador de la provincia El acto, que se llevará a cabo hoy en el NH Hotel, reunirá a gobernadores de todo el país y a los principales intendentes del peronismo bonaerense. Estarán, se anticipó, los jefes comunales del denominado “Grupo Esmeralda”, que tiene como principales referentes a Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Gabriel Katopodis (San Martín) y Mariano Cascallares (Almirante Brown). El encuentro será utilizado, según los organizadores como “el puntapié inicial para poner en marcha una nueva renovación del Peronismo”. El mitin se realiza en medio de un peronismo en “estado de ebullición” por las peleas de liderazgo que se dan en su seno, de cara a las elecciones legislativas del próximo año. Del encuentro participarán los gobernadores de Chaco, Domingo Peppo; Tierra del Fuego, Rosana Bertone; Entre Ríos, Gustavo Bordet; La Rioja, Sergio Casas; y La Pampa, Carlos Verna. También estarán los intendentes de Hurlingham, Juan Zabaleta; Partido de la Costa; Juan Pablo de Jesús; Bolívar, Eduardo Bucca; y Esteban Echeverría, Fernando Gray.

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El Gobierno dispuso un aumento en las tarifas del gas que promedia el 203% desde el 1° de octubre. El incremento será transitorio, por 6 meses, y diferente según los consumos de los hogares. Representa una disminución con respecto a la suba anulada por la Corte Suprema de Justicia, que andaba por el 330%, según expresó el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Los hogares R1-R2 (los de menor consumo) conforman la categoría más grande del país: son el 56% de los hogares. Ellos tendrán una suba del 237% en relación a los precios vigentes en 2015, llevando su factura mensual a alrededor de $ 107 más impuestos. En lo anulado por la justicia, esa suba era del 297%. La categoría R3 (clase media, un 31% del total) abonará un promedio de $ 371 por mes, según estimaciones del ministerio de Energía, lo que representa un incremento del 176%. Antes, el alza era del 235%, según los datos del Gobierno. El 13% de las viviendas que más consumen (categoría R3-4) tendrá un impacto del 122%, con una boleta promedio de $ 953 mensuales. Son los sectores más pudientes, a los que el Gobierno buscó aplicarles un alza de 174% en abril. Para los hogares que logren reducir su consumo, habrá premios. Los usuarios R1 y R2 tendrán un 50% de descuento si demandan un 15% menos de gas que en el período anterior. Los R3 obtendrán un beneficio del 30% si ahorran, mientras que los R3-4 irán a una rebaja de 20% si se cuidan. En todos los casos, los impuestos representan entre un 20% y 25% adicional de las facturas. En una boleta de $ 200 bimestrales, los impuestos pueden ser de $ 50, pero en una de $ 1.800, hay que añadir otros $ 600 de carga impositiva. El ente regulador del gas (Enargas) llevará a la audiencia pública el precio del gas “en boca de pozo” que se aplicará desde el 1° de octubre de 2016 hasta octubre de 2019. Pero la parte de los consumidores tendrá que esperar a la revisión tarifaria integral (RTI), cuya audiencia pública se realizará en octubre. Allí se determinará el precio que le cobrarán las distribuidoras (las empresas que llevan el gas a las viviendas) desde el 1° de abril de 2017 y por cinco años. “En la audiencia pública se hacen propuestas y se escuchan a los expositores, pero no hay que contestarles. La decisión no es vinculante. Se toman los reclamos y se contestan a través de un informe”, manifestó Aranguren. La propuesta del Gobierno es que las tarifas de gas tengan una actualización semestral. El Estado destina más de US$ 4.100 millones anuales (más de $ 60.000 millones) para calefaccionarse. Los consumidores solo pagan un 19% de esa cuenta y el resto (81%) es subsidio estatal. Con el aumento transitorio, los hogares abonarán la mitad de lo que cuesta tener gas y el otro 50% saldrá de las cajas públicas. El objetivo del Gobierno es eliminar los subsidios al gas para 2019. Cuando termine el mandato de Mauricio Macri, el Estado nacional no tendría que estar subvencionando a la industria. Ese camino implica que el Poder Ejecutivo vaya destinando cada vez menos dinero y crezca la parte que pagan los consumidores.

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Este incremento es el cuarto dispuesto por la administración de Mauricio Macri. El primero fue en abril, con las subas de 330%, que generaron mucho rechazo. El Gobierno primero las corrigió con un “tope” de 400% a los aumentos si se trataban de iguales consumos. Como eso no alcanzó, luego las enmendó con otro tope de 400% (se multiplicaban por cinco) a las facturas de 2015. Todo eso quedó en la nada, porque la Corte Suprema anuló todas esas resoluciones. Los hogares patagónicos tendrán un esquema tarifario diferente, que el Gobierno todavía no explicó. En las provincias del sur, el metro cúbico de gas se paga 10 veces menos que en el resto del país, donde esa medida se ubica en $ 1,52. Para corregir las distorsiones en la patagonía, el Gobierno recién terminaría eliminando los subsidios hacia 2023. Los usuarios vienen pagando un promedio de US$ 1,29 por millón de BTU, la unidad que se utiliza en el gas. Con la nueva propuesta del Gobierno, ese importe (representa entre 55% y 60% de la boleta de gas) será de US$ 3,42. De todas formas, es la mitad de lo que cuesta obtener ese gas. Por un plan de estímulo al sector de la gestión anterior, el gas "nuevo" se paga a US$ 6,78.

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Mauricio Macri afirmó ayer que al asumir el cargo, en diciembre pasado, encontró “más corrupción de la que todo el mundo imaginaba”. En un reportaje en Radio Mitre antes de subirse al avión que lo traería de regreso, señaló que “el desmantelamiento del Estado ha transformado mucho de su actividad normal en una práctica mafiosa, esta es la realidad o sea, ‘hago esto si me dan esto, si no, no lo hago’, se ha transformado en una especie de Estado loteado”, consideró. En diálogo desde China, adonde asistió a la XI Cumbre de Líderes del G-20, Macri fue consultado sobre el nivel de corrupción enquistada en el Estado: “Mucha más de la que todo el mundo imaginaba”, contestó. En ese contexto, se refirió a la situación en la Aduana, de la que desplazó a su titular, Juan Gómez Centurión, pero también a Vialidad Nacional. “Si hay un lugar en la historia de la humanidad donde siempre ha habido conflictos es en las aduanas, ahí es donde más se explicitó y es donde está apareciendo lo más grueso, pero ha aparecido de todo”, repasó el Presidente. “Si ves lo que pasó en Vialidad, que se transformó en un ámbito dominado por una mafia, que es un ámbito técnico, de ingenieros, qué queda para las otras cosas menos académicas. Hay un sistema que permitió, que fomentó, por inacción, por incapacidad o complicidad esa situación”, dijo. Según Macri, su administración vino a “poner un límite al accionar mafioso en la sociedad, según el cual quien tiene fuerza y capacidad de extorsión no le importa lo que dice la ley”. “Hay algunos que entienden que el cambio es irreversible, y otros se resisten, es lo que estamos viendo cuando vienen las amenazas, las operaciones”, indicó. Para Macri, “la Argentina va a crecer si hay una ley que protege al ciudadano que se esfuerza, que cumple y es correcto y no una ley que mira para el costado y termina favoreciendo al mafioso”.

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El ex candidato a presidente por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, habló esta noche sobre su derrota electoral, el año pasado, frente a Cambiemos: "Me quedé angustiado, triste, con un vacío, por no haber tenido la oportunidad de ser presidente. Fundamentalmente, sentía que me había preparado toda la vida, que podía hacer un gran trabajo y evitar muchas de estas cosas que estamos viendo". Siguió, en declaraciones al programa Desde el llano (TN): "Entonces, usted me pregunta cómo está mi vocación: mi vocación está intacta, sigo con esa voluntad, con esa garra que le ponga a la vida. El deporte da revancha y la política también puede dar revancha". Scioli se mostró crítico de la gestión de Mauricio Macri: "El retroceso del poder adquisitivo toca a todos los sectores de la sociedad. La lluvia de dólares fue para afuera, para pagarle a los fondos buitres". Y cuestionó la política energética de Cambiemos con respecto a las tarifas: "Yo hubiera aumentado gradualmente, de ninguna manera había que haber llegado por arriba del 100%". Y apuntó: "Si antes era la grieta ahora estamos en la súper-grieta porque los ricos son cada vez más ricos ahora los pobres son cada vez más pobres". El ex gobernador bonaerense, sin embargo, también dijo que Macri "ha hecho cosas bien", como la "normalización en el funcionamiento de la Corte", le "dio respuesta de competitividad al campo" y por la "búsqueda de mayor federalismo". Cuando fue consultado sobre si Cristina Fernández ocupa hoy el lugar de "jefa del peronismo", el ex motonauta respondió: "Cristina misma lo dijo, que es una militante más". El ex postulante del Frente para la Victoria se dio un lugar para la autocrítica al indicar que "el peronismo perdió las elecciones porque estuvo dividido" durante el proceso electoral del 2015. Asimismo, aseguró que respalda la iniciativa del diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, para suspender las importaciones. "No leí la letra chica, pero respaldo esa iniciativa en el espíritu. Creo que tenemos que apoyar las iniciativas que protejan el trabajo de los argentinos", subrayó. En ese sentido, no descartó un frente electoral con Massa dentro del Partido Justicialista: "El PJ va a ir a un frente electoral tarde o temprano, en ese panorama no hay que descartar nada". Finalmente, respecto al tema inseguridad, Daniel Scioli defendió su política en esa materia y destacó que en su gestión echó "2.800 policías" y realizó "sumarios" por mal desempeño.

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Jorge Triaca -ministro de Trabajo- había considerado el mismo viernes “viciada de política” la masiva protesta de ese día en la Plaza de Mayo. Pasado el fin de semana, la respuesta más fuerte a la llamada Marcha Federal y al endurecimiento de las posiciones de los referentes de las centrales gremiales la expresó ayer el propio Mauricio Macri desde China, en la última jornada de la cumbre del G-20. El Presidente descartó la reapertura de las paritarias, rechazó que hubiera una “ola de despidos” aunque reconoció entre 70 mil y 100 mil desde el inicio de su gestión, desestimó el impacto de la apertura de las importaciones y cuestionó a los dirigentes de la CTA: “Siempre han tenido una posición muy extrema, con todos los gobiernos. Confío en el diálogo con la CGT”. Los reclamos en la Plaza de Mayo incluyeron la reapertura de las paritarias. “¿Cómo se van a abrir si ya están negociadas y la inflación va a la baja? La inflación está cayendo drásticamente”, descartó Macri desde Hangzhou, sede de la cumbre del G-20. En su último día en esa ciudad, el Presidente hizo un espacio en su agenda para dar entrevistas a radio Mitre y Cadena 3, en las que respondió sobre la demora en la recuperación. “La Argentina estaba en recesión hace más de seis meses y estancada hace más de cuatro años. Pensar que íbamos a sincerar la economía y a su vez crecer inmediatamente era un imposible”, argumentó, estimó un crecimiento de 3,5% para 2017 y volvió a la figura de remitir a la “magia” la exigencia de resultados inmediatos: “Para eso hay que ir a Las Vegas, ahí está Copperfield”. Macri también llamó a mejorar la productividad, una discusión que busca instalar el Gobierno y que genera rechazo en parte del sindicalismo. “Cada uno debe hacer su máximo esfuerzo. Cada uno que falta a su tarea, que no hace bien su trabajo, repercute sobre los demás. Hay que volver a trabajar, alejarse de esas recetas del populismo de no esforzarse, del facilismo, porque a la larga todo lo que es gratis alguien lo paga”, marcó el Presidente. Convocada por las dos CTA, la Marcha Federal terminó con los discursos de Pablo Micheli y Hugo Yasky, con fuertes críticas al Gobierno y advertencias sobre el llamado a un paro general. Triaca, Francisco Cabrera -ministro de Producción- y Jorge Lemus -Salud- recibieron el mismo día a dirigentes de la CGT, que luego no descartaron avanzar con medidas de fuerza “en caso de no haber respuestas”. Macri se mostró confiado “en el diálogo que estamos teniendo con la CGT”, en contrapartida con la “posición muy extrema” de las dos CTA -más confrontativas- e incluso elogió su reciente reunificación. “Se planteó una agenda de temas razonables en línea con lograr más inversiones y más empleo”, dijo el jefe de Estado sobre la reunión del viernes entre Triaca, Cabrera y los referentes de la CGT, y abonó la intención de llamar a un pacto social que había expresado el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay: “En la medida que la madurez lleve a lo que logramos con la educación, el narcotráfico y esperamos lograrlo con la energía y también con el empleo, son herramientas que permiten planificar en el mediano y largo plazo”. El Presidente rechazó una marcada caída en los índices de empleo, otro de los principales reclamos de los gremios. “Nunca hubo una ola de despidos. Hubo retracción en algunos sectores, empezando por la obra pública, que la heredamos parada y empezó a recuperar, y hay causas exógenas como Brasil, que el año que viene va a volver a crecer”, aseguró Macri, y estimó en “entre 70 mil y 100 mil” los puestos de trabajo perdidos durante su gestión. Con críticas a Sergio Massa (ver aparte),

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también desestimó el impacto de la apertura de las importaciones: “En ningún caso es más del 2% o 3% del total del mercado”. En la Casa Rosada buscaron bajarle el tono a los cruces y consideraron el momento como “cargado de declaracionismo” aunque sin configurarse un escenario de confrontación con acciones concretas. “Tenemos permanente diálogo con todos los que lo solicitan, de hecho casi en el mismo momento de la marcha teníamos una reunión con la CGT. Nos llama la atención que había muchos de los responsables de que la Argentina esté como está hoy en día”, aseguró Rogelio Frigerio -ministro del Interior-, en otro pase de factura al kirchnerismo.

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Días atrás, en un almuerzo informal con periodistas, un importante referente de Cambiemos elaboraba una particular teoría sobre las chances electorales de su espacio. Lo hacía desde el enojo. Según sus cálculos, el PRO puro podía perder en los cuatro principales distritos del país. En Santa Fe y Córdoba, a manos del oficialismo local (Frente Progresista y PJ, respectivamente); y en las dos Buenos Aires, el golpe lo podían dar dos aliados internos: Martín Lousteau en Capital y Elisa Carrió en territorio provincial. No tenía dudas de que la diputada de la Coalición Cívica iría por el distrito mayor. Así cerraba su razonamiento: "Se fue a vivir a una chacra en Exaltación de la Cruz, denunció al jefe de la Bonaerense, va a tomar café con Vidal y todavía nos preguntamos dónde se va a candidatear!". Esta mañana, Carrió puede haber alimentado la teoría de este macrista sobre una eventual postulación provincial. La diputada se presentó en el Consejo de la Magistratura bonaerense, donde ya había pedido el juicio político del titular del Juzgado de Garantías Nº 5 del Departamento Judicial de San Isidro, Dr. Diego Efraín Martínez. Lo acusa de haber impulsado un allanamiento contra la ex esposa del financista narco Ibar Pérez Corradi para amedrentarlo y evitar que exponga sus vínculos políticos. Según Carrió, esos contactos incluyen a Sergio Massa. Y como hizo semanas atrás en el juzgado de María Servini de Cubría, que lleva las principales causas por el tráfico de drogas y sus derivaciones en la política, la líder de la Coalición aportó fotos del ex intendente de Tigre con allegados a Pérez Corradi. En las imágenes, a las que accedió Clarín, pueden verse entre otros al propio Massa, a su mujer Malena Galmarini, al actual intendente de Tigre Julio Zamora y a funcionarios municipales como Diego Santillán con un hermano (Marcelo) y una hermana (Graciela) de Liliana Aurehhuliu, la ex esposa de Pérez Corradi. Ya se sabía que la ex mujer del financista había trabajado para la campaña del Frente Renovador. Ella misma lo contó en entrevistas anteriores. Las fotos lo certifican. Lo que pide Carrió es que se investigue la relación entre Massa, su entorno y el círculo de Pérez Corradi. Hasta ahora, lo que trascendió de la extensa declaración de Pérez Corradi, preso desde hace un par de meses, es que acusó básicamente a ex funcionarios K por los vínculos con el narcotráfico: entre otros, habría mencionado a Aníbal Fernández, Ricardo Echegaray y Héctor Capaccioli. Luego también salpicó a la juez Sandra Arroyo Salgado y hasta al radical Ernesto Sanz. Desde el entorno del jefe renovador negaron cualquier relación con Pérez Corradi. "Sergio tiene fotos con por lo menos 180 mil de los 400 mil vecinos de Tigre", exageraron. Y agregaron: "Pérez Corradi se separó de la hermanos de la chica y el chico de la foto en 2008 y las fotos son de 2012 y 2014. Es muy difícil saber qué hace el ex cuñado de alguno de los vecinos del municipio". En cuanto a las denuncias de Carrió contra Massa, en la campaña de 2015, la diputada había denunciado los supuestos vínculos con el narcotráfico del ex jefe de Gabinete K y fue una de las férreas opositoras a que se sumara al acuerdo electoral de Cambiemos. Massa siempre lo negó e incluso hizo campaña de mano dura contra el tráfico de drogas.

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Hoy, Carrió fue a La Plata para ratificar su pedido de juicio político contra el magistrado Martínez y también, según informaron desde la Coalición Cívica "recolectando información sobre la relación de Luis Peluso (ex interventor en Loterías y Casinos de la Provincia) y Daniel Scioli con la recaudación proveniente del juego clandestino". Y "recabó información en diferentes encuentros sobre el Jefe de la Policía Bonaerense Pablo Bressi sobre el que está elaborando un informe que entregará a la Gobernadora María Eugenia Vidal". Recién en el precalentamiento de la pelea electoral de 2017, Carrió levanta el perfil por el lado donde se siente más cómoda: las denuncias por corrupción y narcotráfico. Una movida con impacto judicial, pero también con perdigones políticos. ¿Cómo será la convivencia si ambos son candidatos en Provincia?

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Fue el ministro más poderoso del ciclo kirchnerista, uno de los pocos que estuvo en el gabinete durante los tres mandatos de Néstor y Cristina Kirchner. Manejó las obras públicas, la energía, los servicios públicos y los transportes. Fue uno de los principales referentes en la relación con gobernadores e intendentes, y hasta hace poco parecía intocable. Pero será uno de los primeros en sentarse en el famoso "banquillo de los acusados". Julio de Vido, el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, deberá enfrentar un juicio oral y público por su responsabilidad en la tragedia de Once, el siniestro ferroviario que le costó la vida a 51 personas, incluyendo una embarazada, y que dejó 789 heridos. Así lo decidió el juez federal Claudio Bonadio, quien el 11 de mayo pasado ya lo había procesado y embargado por $ 600 millones. Curiosamente, el mismo Bonadio había dejado afuera a De Vido de la primera causa por el choque del ferrocarril Sarmiento, la que terminó con las condenas de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros. ¿Por qué el cambio de posición el juez? Una versión indica que el ex ministro habría gozado en aquel momento de cierta protección política, e incluso se habla de una reunión de Bonadio con Alfredo Lijo, hermano del juez federal Ariel Lijo y supuesto operador judicial del ex ministro. Lo cierto es que esa eventual protección comenzó a desvanecerse el 29 de diciembre, cuando el Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Jorge Tassara, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, dio a conocer el fallo por la tragedia. Además de las condenas, los jueces dejaron una orden clara: que se investigara a De Vido, por su responsabilidad evidente en el control del transporte. Ya definitivamente enfrentado con el kirchnerismo, que incluso intentó destituirlo, Bonadio aceleró a fondo: ocho meses después lo mandó a De Vido a juicio oral, porque entendió que "durante su gestión no habría controlado las condiciones de funcionamiento en cuanto a la utilización del material rodante, de la infraestructura, del personal transferido y la aplicación de fondos que el Estado Nacional puso a disposición de la empresa Trenes de Buenos Aires S.A.", cinrcunstancias que provocaron el accidente. En su escrito, Bonadio recordó que el tren Chapa 16, que chocó en el andén N° 2 de la terminal de Once en la mañana del 22 de febrero de 2012, corría "sin un compresor y con otro en estado inoperante, con 'freno largo' – es decir que necesitaba mayor distancia para aplicar igual capacidad de frenado que otras formaciones-, sin haberse efectuado las tareas de alistamiento previas a la puesta en servicio de la formación". Junto a De Vido, el juez también mandó a juicio a Jorge Gustavo Simeonoff, quien fuera el Secretario Ejecutivo de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN). Lo acusa de no haber avanzado "en la renegociación del contrato de concesión suscripto con la firma TBA, omitiendo realizar el análisis de situación y grado de cumplimiento alcanzado". Ambos ex funcionarios serán juzgados por los delitos de "descarrilamiento de un tren" y por "defraudación contra la administración pública". Ahora se deberá sortear qué Tribunal tendrá a su cargo el proceso, y luego habrá que esperar turno. Aunque no hay una fecha estipulada, se estima que el juicio recién empezaría dentro de un año. De todas formas los antecedentes son alentadores: el primer juicio por la tragedia comenzó en marzo de 2014, a poco más de dos años del siniestro, y terminó en diciembre pasado, un plazo bastante corto para la justicia argentina. La elevación a juicio de De Vido es una esperada noticia por los familiares de víctimas y sobrevivientes de la tragedia, quienes desde el primer día pidieron que se lo investigara. El juicio por Once no es el único frente judicial abierto para el diputado. De Vido está involucrado en causas por enriquecimiento ilícito, por la compra de material ferroviario en mal estado, por la "Ruta del dinero K" y por el presunto envío de fondos sin control a la organización de Milagro Sala.

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En las últimas 24 horas, Mauricio Macri mantuvo cuatro encuentros bilaterales con algunos de los líderes más importantes del mundo, intervino tres veces en el foro del G-20, en el marco de la cumbre que se desarrolla en esta populosa ciudad china, y hasta se permitió un paseo en bicicleta con su esposa, Juliana Awada. En medio de ese vértigo de actividades, el Presidente accedió a una entrevista exclusiva con LA NACION, en la que se mostró sumamente optimista respecto de la Argentina, marcó distancias con lo que calificó como algunos "oportunistas" de la política local y lanzó un claro mensaje contra el proteccionismo y las prevenciones de un sector del empresariado, inquieto por la apertura a las inversiones chinas: "Vinimos a China a convocar a inversores, no a vender el país. Ésa es una gran diferencia y espero que la entiendan", dijo. Macri también tuvo un gesto conciliador hacia la CGT, al sostener: "Necesitamos que todos se unifiquen. No creemos en la fragmentación del sindicalismo". Y deslizó una velada advertencia a la Justicia: "Tenemos que mejorar la calidad de la seguridad jurídica en la Argentina", afirmó. El diálogo tuvo lugar en el lobby del hotel Wyndham Royal, situado en el corazón de Hangzhou. Durante toda la entrevista estuvo rodeado por la comitiva que lo acompañó a esta ciudad. El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, incluso intervino en algún momento cuando se habló de la inflación. Aclaró que "dejó de ser un tema de discusión", aunque sigue siendo una preocupación del Gobierno. A su lado estaban la canciller, Susana Malcorra; el vocero Iván Pavlovsky y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo. -Presidente, ¿qué balance hace de esta cumbre del G-20? -Ésta fue una enorme oportunidad para mí, por ser mi primera reunión del G-20. Por eso vine, para mostrar y ratificar esta nueva etapa de la Argentina. Queremos construir relaciones con todos los países y dejar esa etapa de aislamiento. Eso fue muy bien recibido acá. También vinimos a compartir con los países del G-20 nuestra visión de la falta de crecimiento en el mundo, la falta de generación de empleo que tanto nos preocupa en la Argentina. También esta es la posibilidad de plantear que el desarrollo del mundo tecnológico no se haga en aislamiento. Debemos sentarnos todos los países a ver cómo se resuelven los problemas, como el subsidio de la producción agrícola, que afecta a muchos países emergentes como nosotros, que tenemos capacidad de producción. Podemos ayudar en el abastecimiento del mundo en el tema alimentario, pero para eso necesitamos un sistema transparente de comercio. -Cuando usted habla con los empresarios extranjeros y se ve una Argentina con paros y movilizaciones y conflictividad social, ¿cree que eso ayuda a traer inversiones? -No fue un paro el de la CTA, fue una movilización. El mundo sabe y valora el esfuerzo que hemos hecho y que estamos haciendo en tan poco tiempo. También saben que tenemos un camino de mejora que recién empezamos a recorrer. Confío en que entienda el mundo que la Argentina tiene una gran capacidad de crecer. Pero acá hace falta un esfuerzo de todos los sectores: el agro, los empresarios, los gremios. Todos tenemos que defender que acá empezamos a encarar un cambio y que deben acompañar este cambio. -¿Cree que hoy no hay compromiso de parte de algunos sectores? -Hay de todo. Valoro que hemos hecho mucho en cuanto a transformación. Si pensamos en lo que queríamos hacer hace un año, era impensable. Nadie lo creía ni se lo imaginaba. Y hemos avanzado mucho. Por supuesto que falta mucho más, pero vamos por el camino correcto. Y por supuesto hay quienes ven la política desde su rol en forma oportunista, sin compromiso con el largo plazo. Pero

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por suerte yo siento que la mayoría de los argentinos hemos decidido asumir el compromiso de construir el país que soñamos. -¿Qué sectores ve que le ponen frenos al Gobierno? -Hay en todos lados, en el empresariado, en la política, los gremios. Hay de las dos cosas. Espero que aquellos que siguen apostando a que a la Argentina le vaya mal en los próximos meses ayuden a que a todos nos vaya mejor. -Muchos empresarios extranjeros ven que aún no hay seguridad jurídica en el país, ven el fallo de la Corte y la judicialización del tema tarifas. ¿Eso no genera una inseguridad jurídica que frena inversiones? -Tenemos que mejorar la calidad de la seguridad jurídica en la Argentina. Pero siento que hemos hecho avances importantes. Cerramos el conflicto con los holdouts, hemos sacado leyes que impulsan el desarrollo de las pymes, haber cumplido nuestro compromiso de pagar a los jubilados la deuda que tenía el Estado... Esto muestra que hay un avance en la dirección correcta. Falta mucho. Pero hay que tener más compromiso en la defensa del esfuerzo personal y apego al valor de la ley. No se pueden cambiar valores después de tantos años de haber estado equivocados de un día para el otro. Este es un cambio cultural. -Usted señaló que lo de la CTA fue una movilización y no un paro, ¿le teme a un paro nacional de los gremios? -El paro es un derecho que tienen los trabajadores. Pero acá estamos todos preocupados por lo mismo, que es tratar de conseguir que este país vuelva a crecer. Hay sectores que ya arrancaron, como el campo y la obra pública, y otros que están afectados por la inercia de todos estos años y la crisis de Brasil. Pero creo que de a poco van a ir mostrando su compromiso de volver a crecer. -El campo es el sector favorecido con la eliminación de retenciones. Es natural que haya arrancado antes que otros? -Lo que hicimos es lo que prometimos en la campaña: respetar una Argentina federal, destrabar la capacidad emprendedora del país, una Argentina de trabajo. Lograr una capacidad integradora de país. Lo que teníamos antes era una crisis terminal que estaba llegando, como la crisis que hoy se ve en Venezuela. Por suerte nosotros ganamos y los resultados están a la vista. -El otro tema de campaña era ajustar el impuesto a las Ganancias en las alícuotas, y los trabajadores van a tener que esperar al año que viene para eso? -Se hizo un cambio muy grande en Ganancias. Devolvimos $ 50.000 millones aumentando el mínimo no imponible. Esto ha sido un reconocimiento al esfuerzo del trabajador. Se avanzó en esto y mucho. -¿Qué tiene para decirles a los empresarios de la UIA que ven con temor una competencia desleal o una invasión de productos chinos? -Que comparto la preocupación. Hemos dicho que necesitamos trabajar codo a codo en esta transición hasta llegar a una productividad que el país necesita. El primero que debe dar el ejemplo es el Estado, que no hacía más que poner trabas al sector productivo, con sobrecostos. Por eso nosotros estamos acompañando con este proceso de mejora continua para que los argentinos tengan acceso a productos de calidad y de menor precio, intentando defender al máximo los puestos de trabajo de nuestro país. Es una tarea en la que estamos comprometidos. -Pero ¿no se puede poner en juego una competencia desleal abriendo completamente el mercado argentino? -Estamos para cuidar eso. Monitoreando día tras día lo que se exporta y lo que entra. Tratando de cuidar el empleo del país y dando tiempo a mejorar un país que no tiene conectividades físicas, con baja conectividad virtual, cascada de impuestos, conflictos laborales no resueltos. No se puede pretender que tenga alta capacidad de productividad en este contexto. Esto requiere tiempo. Hay que comprometerse todos, los empresarios y los trabajadores, para apuntar a eso que decía el general Perón, que la estrella polar de un país es la productividad. Eso requiere tiempo. -¿Entonces, los empresarios no tienen que temer una invasión de productos de China? -Es que eso no va a ocurrir. Esa no es la idea. Hemos venido a convocar a invertir en la Argentina, no a vender el país. Es una gran diferencia. Hemos venido a decir que nos tienen que comprar más, que tenemos un fuerte déficit con China, por ejemplo. El presidente Xi Jinping reconoció esto y dijo que está dispuesto a trabajar para revertir ese déficit y que nos permita aumentar el intercambio.

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-Hay diferencias en el déficit de la balanza comercial con otros países. ¿Atribuye eso a una política de distorsión de las estadísticas del comercio exterior? -Por supuesto, en esta recuperación de estadísticas estamos tratando de generar un número certero en todos los ámbitos, en línea con el compromiso de que gobernar es decir la verdad. -¿Esto tiene que ver con las irregularidades que se denunciaron desde la Aduana? -Hubo un tremendo nivel de contrabando en la Aduana, pero por suerte le hemos puesto límites y estamos empezado a corregir. -Usted habló de sumar a las Fuerzas Armadas a la lucha contra el narcotráfico. ¿Dónde estará el límite para que se involucren en la seguridad interior sin violar la ley de seguridad interior? -Todos estamos comprometidos en la lucha contra el narcotráfico: las fuerzas de seguridad, las policías, la comunidad y las Fuerzas Armadas también. Todos tomamos conciencia de que el narcotráfico afecta a todos. Así que las Fuerzas Armadas, dentro del límite que les marca la ley, colaborarán en todo lo que sea necesario. -¿La inflación dejó de ser un problema, como dijo Prat-Gay? -(Interviene el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.) Quiero aclarar que lo que dije es que antes los periodistas hablaban sólo de la inflación y ahora que bajó, la inflación dejó de ser un tema de discusión. Pero sigue siendo un tema para nosotros. -(Continúa Macri.) A mí eso me tranquiliza, porque yo empeñé mi palabra al decir que la inflación iba a bajar drásticamente en el segundo semestre, y lo estamos logrando. Después se desvirtúa y decían que yo había dicho que esto iba a ser una fiesta en el segundo semestre. Nunca dije eso. La verdad es que el compromiso fue bajar el gasto y la inflación. Y eso se logró. -Pero ¿no cree que se generó mucha expectativa para el segundo semestre? -Creo que fue un malentendido. Yo dije que la baja drástica iba a ser en la inflación y dije que la economía se iba a reactivar entre fin de año y el año que viene, y es lo que venimos sosteniendo. -¿Pero ustedes plantearon una lluvia de inversiones que no llegó? -Todos los días hay anuncios de inversiones. En el Ministerio de Producción se acreditan más de US$ 35.000 millones de inversiones. Es varias veces más de lo que tuvo la Argentina en los últimos años. No es poco. Ahora, el impacto de esas inversiones no se da de un día para el otro. Es un flujo que se va a ir dando. El malentendido es plantear la consolidación de inversiones y en ver cuánto impacta ello en la economía real. Eso va a ir sucediendo en el tiempo. -¿No cree que el empresariado extranjero aún ve al país con recelo? -No lo veo así. Todas las multinacionales que están en la Argentina ampliaron sus planes de inversión. Hay mucha inversión en la industria automotriz y en energía. En la medida de que todos nos comprometamos a consolidar ese cambio para que a la Argentina le vaya bien y haya crecimiento y una comunidad predecible, eso se va a ir mejorando. -¿Es predecible una Argentina con una CGT unificada, que pueda movilizar y mucho en contra de su gobierno? -Es mejor. Necesitamos que todos se unifiquen. No creemos que la fragmentación en el sindicalismo o en el empresariado sea bueno para la Argentina. Si queremos tener muchas políticas de Estado necesitamos reducir la fragmentación. -¿Hace alguna autocrítica de estos nueve meses de gestión? -Siempre hay autocrítica. -¿Pero señale alguna puntual? -Haber querido ir mas rápido de lo que se puede. Uno es ansioso y quiere darle de inmediato respuestas a la gente. Lo importante es hacerles entender a la gente que este no es un cambio económico. Es un cambio cultural.

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Para un debut en la cumbre del G-20, haber logrado tres intervenciones en el plenario de presidentes no está tan mal. Y Mauricio Macri aprovechó cada segundo de esas exposiciones para lanzar a los países desarrollados un claro mensaje de la Argentina: exigió terminar con el proteccionismo, fijar "reglas de juego claras, financiamiento a largo plazo y bajo costo", y bregó por un "comercio abierto, sostenible e inclusivo". En las tres intervenciones, Macri se ajustó al reglamento de la cumbre, que no permite exposiciones superiores a los 10 minutos. Una clara diferenciación respecto de los largos discursos de Cristina Kirchner en estos foros. En un gesto inusual, el presidente de China, Xi Jinping, felicitó a Macri cuando celebró "el avance de la Argentina en el tema de la deuda soberana" y le dio al país "la bienvenida nuevamente a los mercados internacionales". El mensaje de mayor impacto de Macri fue el de su primer discurso en el plenario. Tras la alocución de Barack Obama, el presidente argentino hizo un fuerte llamado de alerta a sus pares del G-20, que lo escuchaban atentos. "Necesitamos un marco de transparencia, reglas de juego claras, financiamiento a largo plazo y bajo costo", enfatizó. Fue un abierto reclamo a los países desarrollados para que ayuden a la Argentina a crecer. Luego enumeró los logros que, a su entender, alcanzó el Gobierno en estos nueve meses. "Buscamos generar las condiciones para la inversión y la generación de empleo. Sinceramos las estadísticas, levantamos el cepo cambiario, resolvimos la situación con los holdouts", exaltó. A la vez, reiteró su compromiso de "trabajar conjuntamente" con los países del G-20 en la lucha contra la corrupción y contra la amenaza del cambio climático. "El futuro de la Argentina y de los países emergentes pasa por la educación", destacó el jefe del Estado. En otro pasaje sinceró una de las debilidades de la economía argentina. "Necesitamos mucha infraestructura y para eso necesitamos financiamiento a largo plazo y bajo costo", admitió. Macri se comprometió a generar confianza con hechos concretos. "Empezamos por instrumentar 30 de las 48 reformas recomendadas por el G-20", dijo. Cuando habló en el foro de Comercio e Inversión Internacional, Macri ya estaba más relajado y se animó a plantear a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se busquen "resultados concretos" para poder "combatir el proteccionismo en todas sus formas, incluido el agrícola, uno de los más arraigados en el sistema multilateral comercial". Éste fue un mensaje directo al corazón de la Unión Europea, donde países como Francia o Polonia tienen un elevado subsidio al sector agrícola, lo que mantiene trabadas desde hace años las negociaciones por un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE. Por ello, Macri pidió "continuar trabajando hacia una reforma más profunda y ambiciosa" que ponga fin al proteccionismo agrícola. En este sentido, propuso eliminar los "subsidios distorsivos" y bregó por "el acceso transparente a los mercados". Según Macri, esta fórmula permitirá a los países en desarrollo financiar sus necesidades de crecimiento y avanzar en una agenda de desarrollo sostenible en 2030. Varios jefes de Estado se acercaron a felicitar a Macri por sus intervenciones. El presidente estuvo acompañado por la canciller, Susana Malcorra; el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay; el vocero Iván Pavlovsky; el vicecanciller, Carlos Foradori, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo. Ayer, además, se anunció que la Argentina será sede de la cumbre del G-20 en 2018. Así, la Argentina se sumará desde el año que viene al triunvirato de países que presiden el G-20 junto con China y Alemania.

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Un acuerdo con Rusia para que YPF y la gigante Gazprom avancen en un proyecto energético. La posible inversión de India en un proyecto de shale gas en Neuquén. Una invitación oficial a España. Y el relanzamiento de las relaciones comerciales con Australia. A grandes rasgos, éste es el saldo más relevante que dejaron ayer las cuatro reuniones bilaterales que en medio de la cumbre del G-20 mantuvo el presidente Mauricio Macri con sus pares de Rusia, España, India y Australia. Fue una maratón de reuniones con agendas y horarios muy ajustados. Pero en todos los casos Macri invitó a sus pares a invertir en el país y a profundizar las relaciones bilaterales. También en todos encontró recepción para avanzar en acuerdos de eventuales desembarcos de inversiones. La reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, fue el último encuentro bilateral que tuvo Macri antes de emprender el vuelo de regreso a la Argentina. En esa reunión acordaron avanzar en los proyectos de construcción de dos centrales nucleares y en aumentar el comercio de alimentos de la Argentina a Rusia. Es que por el conflicto de Crimea, la Unión Europea y Estados Unidos tienen bloqueada la venta de alimentos a Moscú. En este contexto, Putin le dijo a Macri: "Queremos y confiamos en aumentar el suministro de alimentos que llegan de la Argentina". Esto entusiasmó a Macri, aunque habrá que ver si ello se concreta por las barreras fitosanitarias muy rígidas que impone Moscú. En cuanto a los proyectos energéticos, Macri le planteó a Putin avanzar en acuerdos entre YPF y la gigante estatal rusa Gazprom. No se dieron detalles, pero según revelaron a LA NACION fuentes de la comitiva ese acuerdo sería el más concreto. Con el presidente de India, Narenda Modi, Macri acordó aumentar y diversificar las exportaciones argentinas a ese país. También se comprometió a trabajar juntos en proyectos de energía nuclear y en la promoción para que empresas indias vengan a invertir a nuestro país. "En los campos del agro y de la minería hay importantes campos de inversión en la Argentina. Los dos países podemos lograr gran progreso", le dijo a Macri un entusiasta Modi. Al hablar de un proyecto de shale gas en Neuquén Modi destacó la posibilidad de que las empresas indias puedan hacer importantes inversiones en ese lugar. Hacia el mediodía, el presidente de España, Mariano Rajoy, esperó puntual a su par argentino en uno de los salones del centro de convenciones de esta ciudad y lo saludó con afecto. Después de todo, ambos comparten visiones políticas similares de la centroderecha. Macri le dijo al presidente de España que ya ha recibido muchas empresas interesadas en participar e invertir en la Argentina en áreas como la agroindustria o en energías renovables. "Ya se han reunido con nuestros funcionarios y están muy interesadas en participar en licitaciones", dijo. Pero de inmediato, como una suerte de diferenciación del kirchnerismo, aclaró: "Saben que acá las licitaciones ahora son transparentes y pelean en igualdad de condiciones con todo el resto. España está bien y tienen que aprovechar esos créditos a tasas bajísimas para invertir en la Argentina", lo animó Macri a Rajoy. El presidente de España retribuyó con un gesto: invitó formalmente a Macri para que en febrero realice una visita de Estado a Madrid y lo felicitó "por las decisiones económicas que ha tomado, porque son el camino correcto para que la Argentina vuelva a crecer".

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Por otro lado, Mauricio Macri se reunió con el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, durante la cumbre de líderes del G-20 y ambos coincidieron en la necesidad de realizar ambos países un foro de negocios. El Presidente le pidió restablecer los vuelos directos a la Argentina y potenciar el intercambio comercial. Desde China, una dura crítica a Massa HANGZHOU, China (De un enviado especial).- Durante un alto de la cumbre del G-20, Mauricio Macri se refirió a la política doméstica y cuestionó muy duro al diputado nacional Sergio Massa, líder del opositor Frente Renovador y quien anunció un proyecto de ley para prohibir importaciones. "No es bueno que hablemos en el aire. Sobre todo aquellos que tienen vocación de tener responsabilidades importantes, como sería el caso de Sergio Massa", señaló el Presidente en Radio Mitre cuando lo consultaron sobre la iniciativa del ex jefe comunal de Tigre. Y agregó: "Debería manejarse con números, con estadísticas serias. Porque hablar por hablar hace mucho mal".

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La Corte Suprema dejaría hoy sin efecto la medida cautelar que había dictado la Cámara Federal de La Plata y que les impide a las distribuidoras eléctricas cobrar el aumento de la tarifa de luz a los usuarios bonaerenses. Anoche, el presidente del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti, que dio una conferencia en la Universidad Di Tella en la que sólo se refirió a cuestiones académicas, no quiso dar ninguna pista sobre el fallo. El presidente de la Corte sostuvo, sí, en una alusión más bien elíptica a la decisión que hoy dará a conocer el tribunal, que "la Corte tiene que cumplir el rol de controlar al poder político, pero también debe tener en cuenta las consecuencias que sus sentencias tienen en los distintos ámbitos" afectados. Pero, tal como lo anticipó LA NACION la semana pasada, durante los últimos días todos los jueces analizaron los diversos expedientes y habían llegado a la conclusión de que no hay un atajo técnico que le permita a la Corte pronunciarse sobre el fondo. Cualquiera sea la explicación, la consecuencia es la misma: el Gobierno, tal como lo preveía la semana pasada el propio Mauricio Macri, hoy tendrá una buena noticia. Para las empresas eléctricas que distribuyen energía en la provincia de Buenos Aires la decisión que hoy se daría a conocer también será una buena noticia, porque el alto tribunal dejaría sin efecto la cautelar planteada por el diputado Walter Abarca. Y, por otra parte, ya tampoco está vigente la cautelar que emitió la jueza federal de San Martín, Martina Forns, con la que la magistrada había pretendido suspender el incremento del precio de la luz para todo el país. En suma, a partir de hoy sólo quedarían en pie varias cautelares dispersas en distintos juzgados del país, pero sobre las que la Corte Suprema aún no puede expedirse porque no llegaron a esa instancia judicial. Por eso, la decisión que hoy adopte la Corte Suprema no tendrá un fuerte impacto ni en las firmas eléctricas ni el fisco, a la vez que le permitiría al Gobierno ganar tiempo para convocar a una audiencia para la tarifa eléctrica. En el alto tribunal hay tres grupos de causas. Como se dijo, uno de los amparos había sido planteado ante la justicia platense por un grupo de legisladores bonaerenses del Frente para la Victoria (FPV) encabezados por Abarca. En ese primer caso, hasta esta mañana está vigente la aludida medida cautelar. Pero el expediente adolece de un inconveniente grave: la Corte Suprema siempre se negó a reconocerles a los legisladores la legitimidad para presentar amparos, y mucho menos podría sostener que varios legisladores puedan obtener una sentencia con impacto en todo el país. Más allá del dictamen que hoy presente la procuradora general, Alejandra Gils Carbó -que hasta ayer no había ingresado en el máximo tribunal, y cuyo plazo vence hoy-, es casi impensable que la Corte que preside Lorenzetti pueda confirmar la medida cautelar obtenida por los diputados.

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Las otras causas Otro conjunto de causas fue iniciado por un grupo de vecinos y por el Cepis -la misma ONG que logró frenar el tarifazo del gas- y es tramitado en el juzgado de San Martín, a cargo de la doctora Forns. Pero este caso tampoco le representa al Gobierno ningún riesgo. Por un lado, porque si bien la jueza quiso darle impacto nacional a la medida cautelar que frenó el aumento tarifario, muchas provincias decidieron no respetar la medida. Pero, básicamente, porque la propia jueza Forns, desde un punto de vista técnico, había dictado una medida precautelar y luego no la ratificó con una cautelar posterior. Es decir, la propia magistrada dejó caer la cautelar e, insólitamente, envió el expediente a la Corte Suprema de la Nación, aun sin que existiera apelación alguna y sin que éste hubiera pasado por la Cámara de Apelaciones. El tercer grupo de cautelares, en cambio, sí podría dar algún sustento a las expectativas de los usuarios que quieren frenar el incremento de la luz, pero lo cierto es que esos amparos están dispersos en distintos juzgados y no llegaron aún al alto tribunal.

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Bajar la tensión, mostrarse flexibles, superar prejuicios y generar consensos para evitar otro fracaso. Con ese plan, el Gobierno comenzó ayer la ronda de consultas con distintos sectores económicos y políticos de cara a la audiencia pública por el aumento de las tarifas de gas, prevista para el 16 del actual. Un puñado de gobernadores y una mayoría de ministros y secretarios de Energía de las 24 provincias estuvieron ayer en la sede del Ministerio de Energía, que encabeza Juan José Aranguren, el funcionario más cuestionado por la forma en la que se llevaron adelante los aumentos. Junto con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, Aranguren explicó a mandatarios y funcionarios el nuevo esquema tarifario que la Casa Rosada llevará como propuesta a las audiencias públicas. Una reunión que se replicará hoy en el frente interno, con los representantes de Cambiemos, y también con sindicatos del sector, legisladores y defensores del pueblo de todo el país, entre otros. "Vamos a presentar nuestra propuesta de nuevo esquema tarifario. El objetivo es consensuarlo, y estamos dispuestos a hacer cambios, por eso vamos a reunir a todos los sectores antes de la audiencia", explicaron a LA NACION cerca del ministro del Interior. En la reunión, Aranguren y Frigerio tuvieron aliados de peso. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y su par porteño, Horacio Rodríguez Larreta, asistieron para "mostrar un apoyo concreto" al cuestionado ministro de Energía. El gobernador radical de Jujuy Gerardo Morales, el peronista salteño Juan Manuel Urtubey y el neuquino Omar Gutiérrez (MPN) también dijeron presente. En los dos últimos casos, se trató de guiños de mandatarios cercanos a la Casa Rosada, en momentos en los que la búsqueda de apoyo al nuevo esquema de tarifas se convirtióen esencial. Luego de una hora de reunión, las reacciones fueron positivas, aunque sin euforia desmedida. "El incremento general que se está planteando es un aumento de 203% promedio. Estiman una factura promedio del orden de los $ 153 para determinados tipos de consumos", precisó Morales a la prensa. El jujeño criticó que "en el Norte seguimos pagando más que en el Sur", pero aplaudió que "las instituciones funcionan a pleno". Y agregó: "Hubo un fallo de la Corte y hay una actitud del Gobierno de revisión de la estructura tarifaria. Es bastante bueno". La secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, se mostró conforme con el "cambio de actitud" de la Casa Rosada. "Se nota que han hecho un estudio más exhaustivo que en la propuesta anterior, con aumentos más graduales y progresivos", dijo a LA NACION Geese, que vino a la reunión en representación del gobernador socialista Miguel Lifschitz. "Habrá que analizarlo en su momento, porque todavía hay grandes distorsiones según la provincia", agregó la funcionaria socialista. En el Gobierno esperan recibir muestras de comprensión adicionales hasta hoy a las 14, cuando la vicepresidenta Gabriela Michetti reciba en la Casa Rosada a un grupo de senadores nacionales de todas las fuerzas políticas. A las 18, Aranguren recibirá a los defensores del pueblo de todo el país, una reunión gestionada por Frigerio junto con el defensor porteño, Alejandro Amor.

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La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, preparaba anoche un dictamen en contra de los aumentos en las tarifas de electricidad dispuestos por el Gobierno. A primera hora de hoy prevé presentarlo ante la Corte Suprema, según informaron anoche fuentes de la Procuración. El borrador del documento sobre el que trabajaba la funcionaria recomienda confirmar la medida cautelar dispuesta por la Cámara Federal de La Plata el 7 de julio pasado. Se trata de un fallo que alcanza sólo a usuarios bonaerenses. Esa cautelar dejó sin efecto por tres meses el nuevo cuadro tarifario "para el ámbito geográfico de la provincia de Buenos Aires". Tal como lo había hecho en el caso del gas, Gils Carbó dictaminará que los aumentos se dispusieron sin cumplir con las audiencias públicas que establece la ley, adelantaron fuentes cercanas a ella. Pero esta vez -advirtieron- el dictamen no será tan terminante. La procuradora es consciente de que el caso es opinable en materia de legitimación activa porque lo promovieron originalmente legisladores del bloque de diputados bonaerenses del Frente para la Victoria-PJ (al que después se sumaron otros demandantes, como un club de barrio, una ONG, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y el apoderado del PJ). No obstante, Gils Carbó se pronunciará por convalidar la cautelar. Advertirá que se trata de una respuesta transitoria dado que la suspensión vence el mes próximo y hará especial mención a las otras causas que están pendientes; que también cuestionan los aumentos en las tarifas de luz, están avanzando y están en condiciones de llegar a la Corte. Las fuentes consultadas por LA NACION adelantaron también que, tal como sostuvo en la causa que frenó los aumentos de gas, Gils Carbó volverá a reprocharle al Gobierno que los aumentos se hicieron sin las debidas audiencias públicas y que eso no es una mera formalidad porque están en juego garantías de los usuarios reconocidas por la Constitución nacional. Las fuentes también informaron que Gils Carbó retomará algo que ya había dicho en su dictamen anterior: que el aumento debe guardar cierta proporcionalidad y que las subas no pueden poner en riesgo el acceso ciudadano a un derecho básico como es el servicio eléctrico. Anoche, al cierre de esta edición, Gils Carbó llevaba varias horas reunida con un grupo de asesores en el petit hotel de la calle Guido al 1500, una de las sedes del Ministerio Público Fiscal. Allí terminaba la redacción del documento que se conocerá hoy. Nulidad de los aumentos La procuradora Gils Carbó interviene en estos casos en su rol de fiscal ante la Corte Suprema de la Nación. Su opinión no es vinculante para el máximo tribunal, pero los ministros la necesitan para quedar en condiciones de firmar su sentencia, algo que se espera para las próximas horas. En el caso de los aumentos de gas, la opinión de Gils Carbó coincidió sólo parcialmente con lo que resolvió la Corte Suprema. Entre otros aspectos, porque ella había sostenido que la nulidad de los aumentos debía alcanzar a todos los usuarios, tal como había dispuesto la Cámara Federal de La Plata (fue la misma sala que dictó la cautelar en materia eléctrica) y la Corte limitó el alcance de su fallo a los usuarios residenciales.

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El ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra será el abogado defensor de la vicepresidenta, Gabriela Michetti, en la causa por el dinero que tenía en su casa y que le fue sustraído. Cerca de Michetti dijeron que la renuncia de los letrados "ya estaba prevista, porque los abogados actuaron de forma, representándola hasta que designara a un abogado defensor y ahora está asumiendo en ese rol el doctor Gil Lavedra". Los abogados eran Alejandro Pérez Chada, Anabella Mazzanti y Santiago Rozas Garay, que pertenecen al mismo estudio jurídico que representa, en otra causa, al presidente Mauricio Macri y, entre otros, al suspendido titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión y que presentaron su renuncia a la defensa de Michetti. En rigor, Mazzanti era la única apoderada en el caso. "Vicepresidencia informa que, ante la denuncia que recayó en el juzgado de Ariel Lijo, el estudio Pérez Chada prestó colaboración para que no se demorara la presentación de Michetti en el expediente. Su intervención sería hasta tanto la vicepresidenta designara al abogado que efectivamente llevara adelante su defensa en este juicio. El mismo ha sido designado y se trata de Ricardo Gil Lavedra", indicó un comunicado oficial. El cambio de abogados se produjo en momentos en que se aguarda información oficial sobre las fundaciones que -según Michetti- eran las que aportaron el dinero robado, junto a su pareja, Juan Martín Tonelli.

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Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques urgieron al juez Julián Ercolini a que indague a la ex presidenta Cristina Kirchner e inhiba todos sus bienes, y para ello enviaron una lista de 227 puntos de prueba que la tienen como responsable de un "plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia de la Nación orientado a saquear las arcas del Estado a través de la asignación direccionada de obra pública vial" a Lázaro Báez. Los fiscales insistieron en este pedido de indagatoria y lo respaldaron con pruebas que anexaron a su dictamen para que se tomen medidas "de manera urgente". De lo contrario, le dijeron a Ercolini que reasuma la investigación del caso y haga él lo que estime necesario antes de interrogar a la ex presidenta. Esta pulseada entre los fiscales y el juez se nota en el tono del escrito, en el que le recuerdan al magistrado que sus superiores de la Cámara Federal ya lo instaron a actuar y le dicen que debe hacer sin dilaciones. Además, invocaron la necesidad de hacerlo porque de lo contrario la Argentina incurriría en violaciones de los pactos internacionales que la obligan a perseguir los delitos de corrupción. Para encontrar la razón de este cruce hay que remontarse al 16 de agosto, cuando Pollicita y Mahiques pidieron la indagatoria de la ex presidenta por primera vez. Allí, el juez les dijo que le enviaran detalle de las pruebas en que se basaban y luego les hizo algunas observaciones. La respuesta del juez no les gustó a Pollicita y a Mahiques, que ahora elaboraron un índice de 227 documentos, resoluciones, notas periodísticas, carpetas, biblioratos y otras evidencias que acompañan este dictamen en el que reiteran su interés en interrogar a Cristina Kirchner como sospechosa. Los fiscales enviaron seis carpetas con tres anexos, dos cajas con documentos de las rutas nacional N° 3 y provincial N° 9, cinco expedientes de la Dirección Nacional de Vialidad referidos al pago de obras a Báez, tres biblioratos y un disco compacto de la Dirección Nacional de Vialidad que respaldan el informe de auditoría y dos informes ampliatorios realizados por Vialidad en los que se analizan nuevas obras viales adjudicadas a Báez. "Matriz de corrupción" En esta causa Pollicita y Mahiques investigan el direccionamiento de la obra pública hacia Báez y argumentaron que desde que Néstor y Cristina Kirchner llegaron al poder nombraron a Julio De Vido y a otros funcionarios en el área con el plan de saquear las arcas del Estado mediante esta maniobra. Habían expresado que los Kirchner habían exportado a sus funcionarios desde Santa Cruz a la Nación para replicar el mecanismo que habían montado en la provincia. Por eso dijeron que en este expediente se investiga "la matriz de corrupción que desde la Presidencia de la Nación y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública -el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz- se habría montado como estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos, a partir de la cual se habría asignado en forma discrecional prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó la contratación del Estado en favor de Lázaro Antonio Báez por más de 16.000 millones de pesos".

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Entre las personas cuya indagatoria se solicita se cuentan, además de Cristina Kirchner, el ex ministro De Vido, Lázaro Báez y su hijo Martín, y José López, ex secretario de Obras Públicas, entre otros. Los fiscales analizaron 13 casos testigo de obras públicas adjudicadas a Báez, con supuestos sobreprecios y sin concluir, y afirmaron, además, que en este período el empresario giró dinero a los Kirchner como parte del alquiler de sus hoteles, lo que se investiga en el caso Hotesur, también en sus manos. "No resulta ocioso destacar que la necesidad de avanzar sin demoras en la investigación, el juzgamiento y la sanción de hechos de corrupción como el que aquí nos ocupa no resulta sólo una pretensión de esta parte, sino que constituye un deber del Estado Argentino", remarcaron. en alusión a los pactos internacionales suscriptos.

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El ex candidato a presidente, Sergio Massa , visitó Chascomús para dialogar con los dueños de una PyME dedicada a la fabricación de calzado junto al intendente de esa localidad, Javier Gastón. Massa se refirió a la importancia de proteger a las PyMEs y al empleo . "Queremos evitar que se sigan destruyendo puestos de empleo. Es muy fácil destruir empleo, pero difícil reconstruirlo". "Estuvimos encarando los problemas más serios que tenemos como país, que son los de la pequeña y mediana empresa y los del empleo. Visitamos una fábrica de calzados en un momento en que muchas empresas argentinas pierden mercado frente al aluvión de importaciones. Tenemos que cuidar a las PyMEs y al empleo de nuestra gente", agregó. El lider del Frente Renovador , quien estuvo acompañado por Malena Galmarini y el diputado provincial Jorge Sarghini, también compartió un encuentro con trabajadores ferroviarios e integrantes de asociaciones civiles y le respondió a Mauricio Macri, quien desde China lo había criticado por sus críticas al trabajo del actual gobierno con los sectores que importan productos. "Normalizar el comercio exterior no significa dejar de proteger a nuestra industria nacional. En todos los países desarrollados el Estado protege a los sectores más frágiles de la economía. Acá, el gobierno está haciendo al revés. El Estado tiene que proteger a las actividades industriales más vulnerables". Massa no dejó de lado el mal momento que están pasando las economías regionales y rechazó la idea de importar productos que se pueden realizar en el país. "Es poco serio que estemos importando frutas y verduras de países vecinos en detrimento de nuestras economías regionales y productos elaborados que perjudican a nuestra industria nacional. En vez de enojarse, el gobierno debería tomar medidas urgentes para reactivar el consumo y proteger las fuentes de empleo. El ex intendente de Tigre sostuvo que su idea es ayudar con propuestas y reiteró que quiere sentarse con el gobierno actual para que escuchen sus propuestas. "Si el gobierno está dispuesto a escuchar, nosotros estamos dispuestos a sentarnos a discutir la mejor solución para resolver el problema del contrabando en la aduana y de la administración del comercio. No vemos al gobierno activo en evaluar las situaciones donde existe competencia desleal. Y creemos que ahí hace falta un trabajo más estrecho con los sectores de la economía que están siendo afectados". La visita de Massa, que comenzó en la fábrica de calzado e indumentaria de cueros "Antonio Vicario" y el encuentro con trabajadores ferroviarios, finalizó con un encuentro con el intendente Javier Gastón, y referentes locales. Massa se acercó al Club de Sociedad de Fomento "La Noria" para dialogar con miembros de 15 instituciones municipales como el hospital local, el club de fútbol barrial, asociaciones que trabajan con chicos con capacidades diferentes, la asociación protectora de animales, jubilados y pensionados, entre otras, a las que Massa y Gastón posteriormente entregaron un reconocimiento.

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A poco más de dos meses de su puesta en circulación, los billetes con la imagen del yaguareté parecen replicar la complicada situación que esta especie enfrenta: se los ve casi tan poco como al hermoso felino (el mayor del continente) hoy -lamentablemente- en peligro de extinción. No se trata de un involuntario homenaje. Nada que ver. Según pudo determinar LA NACION, es un derivado, en buena medida, de la "pachorra" que muestran los bancos en adaptar sus redes de cajeros para facilitar su distribución y de las dificultades que tiene el aprovisionamiento de los tesoros regionales "por la compleja logística que conlleva", apuntan desde el Banco Central (BCRA). Precisamente los últimos datos aportados por el organismo monetario permiten comprobar que apenas 5 de cada 1000 billetes en circulación hoy son de $ 500 (ver infografía), la mayor denominación hoy en calle y alumbrada tras 25 años de haber mantenido en ese umbral al desgastado -por el esmeril inflacionario- billete de $ 100. Y de la consulta a las redes de cajeros surge que apenas unos 4000 ATM de una red total conformada por 20.400 equipos readecuaron su configuración para expedir el nuevo billete. De esta manera, la oferta de dinero efectivo mantiene el desbalance extremo al que se llegó luego de que la administración kirchnerista se negara tozudamente y por largos años a lanzar un billete de mayor denominación, creyendo que de esa manera (y mediante la conocida manipulación de los índices del Indec) podría mantener oculta la verdadera inflación. Aún hoy cerca del 70% de los billetes en la calle son los de $ 100 en sus ya múltiples versiones (los de Roca, los de Evita, los que tienen una o dos letras de serie; los que se imprimieron de apuro en Brasil en diciembre de 2010, etcétera). "En nuestra red se vienen actualizando a razón de 150 cajeros por semana para posibilitar las extracciones", explicó Jorge Larravide, gerente de Marketing, Productos y Canales de Red Link Lo concreto es que la inserción del billete viene a paso lento. Renovación Para el economista Amílcar Collante, del Centro de Estudios Económicos del Sur (CeSur), eso obedece a que los bancos "están esperando la próxima aparición del billete de $ 200 para calibrar la mayor parte de los cajeros de una sola vez para los dos billetes y ahorrar costos". Vale recordar que el yaguareté marcó el inicio de la renovación total de la familia de billetes en circulación por otra que se caracterizará por tener imágenes de la fauna autóctona de nuestro país (en reemplazo de los próceres) y que, como próximo hito, tiene la emisión de la ballena franca austral (billete de 200 pesos) prevista para fines de octubre.

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El umbral que mide el nivel de pobreza cayó en agosto, luego de fuertes aumentos en los siete primeros meses de 2016. Así lo estimó FIEL, que ayer divulgó la evolución de la Canasta Básica Total (CBT). Para que una familia no sea considerada pobre debe contar con ingresos mínimos de $11.329, lo que representó una disminución de 0,5% respecto del nivel de julio. Este particular comportamiento obedeció concretamente al recálculo de las tarifas de gas, luego de que la Corte Suprema ordenara a las empresas volver a cobrar sin aumento. Pero el dato más destacado es que la CBT (independientemente del gas) subió sólo 0,8%, por lejos el menor nivel del año, confirmando las incipientes señales de moderación inflacionaria. El impacto de la baja de gas sobre la canasta básica es superior al que tiene en el índice de precios minoristas que calcula el INDEC. Esto se debe a que la canasta de pobreza tiene en cuenta básicamente tres componentes: alimentos, vestimenta y servicios. Por lo tanto, la ponderación de las tarifas es superior que en el cálculo del IPC. En abril pasado, la canasta básica total calculada por FIEL había aumentado un récord de 7,8%, justamente por el impacto del aumento en las tarifas de servicios públicos. En los últimos doce meses -aclararon- acumula un incremento del 41,1%. El propio presidente Mauricio Macri adelantó ayer desde China que la inflación de agosto arrojará un nivel de "1,5% o menos". Claro que cuando se calcule el "efecto gas" quedará bien por debajo del 1%. Y todo indica que en septiembre el comportamiento sería similar. Hay varios factores que contribuyen al menor salto de los precios: la contracción monetaria (manifestada en elevadas tasas de interés y menor incremento de la cantidad de dinero), la caída del consumo en lo que va del año y la estabilidad del tipo de cambio. Estos elementos se conjugaron para que la rebaja de la inflación a niveles de 1,5% se diera incluso antes de lo que pronosticaba el Central, que se había puesto esa meta para el último trimestre. Una parte de lo que el índice de inflación perderá por la cuestión del gas se recuperaría al menos en parte dentro de un par de meses, cuando se vuelva a aplicar el ajuste.

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"Satisfacción" es lo que tienen varios miembros del gabinete luego de ver que hubo 123 propuestas por más 6.000 megavatios cuando la propuesta oficial era mucho más modesta unos 1.000 MW. El ministro de Energía, Juan José Aranguren en conferencia de prensa no dudó en calificar que la convocatoria era por "por una noticia muy importante no solamente para nuestro ministerio y nuestro país porque está vinculado con un cambio de paradigma energético para empezar a tener una matriz energética más diversificada", expresó el funcionario. Aranguren por su parte está convencido de que las energías alternativas contribuirá a bajar los precios. "Este proceso de licitaciones van a ir contribuyendo a tener una matriz energética más barata y por lo tanto de que sea fácil de ser absorbida por los ciudadanos", aseveró. En referencia a los precios ofertados, el secretario de energías renovables, Sebastian Kind señaló: "Con tanta oferta y con tanta voluntad de invertir en una Argentina a largo plazo contratos en dólares a 20 años, eso es pensar a largo plazo y con tanta competencia seguramente los precios serán muy buenos". Gustavo Lopetegui, ministro coordinador y uno de los interlocutores permanentes del ministro de Energía, en un breve diálogo con ambito.com reconoció que "es una muy buena señal el nivel ofertas" al tiempo que destacó que esto es posible ya que el costo del capital "está bajando". Las inversiones en energía son de montos muy importantes y a largo plazo por esta razón es que la apuesta oficial es a bajar la inflación. "Para reactivar la economía se necesitan préstamos y estos deben ser a tasas razonables", argumenta el funcionario. "Habíamos dicho que para el último trimestre la inflación estaría en torno al 1,5% y lo estamos cumpliendo" expresó Lopetegui y las ofertas presentadas, según la visión oficial, ratifican la confianza que se tiene en el sector empresario nacional e internacional de que la economía está encaminándose hacia una estabilización. Es que la presentación de 123 proyectos significa un test de credibilidad respecto al interés inversor. "Si tomamos todas las ofertas se ve una inversión de capital por más de 10 mil millones de dólares", dijo el secretario de energías renovables. "La presentación de ofertas de energías renovables será un gran paso adelante para la Argentina. Nuestro país ahorrará 300 millones de dólares y empezará a construir su independencia energética de manera sustentable", explicó Jorge Brito (h), presidente de Genneia. Al tiempo que explicó que desde Genneia, se presentaron ofertas por 350 MW, "además de acuerdos con privados que ya están en marcha". "Es trascendental el impulso de políticas energéticas de largo plazo tal como ya lo han hecho exitosamente varios países. La Argentina cuenta con la capacidad necesaria para desarrollarlas, los recursos, eólicos y solares, el management y la voluntad de apoyo de los gobiernos nacional y provinciales", cerró. La apuesta oficial es que un 20% del sistema energético nacional sea provisto por energías alternativas. Los 76 pliegos se adquirieron a $ 150.000 cada uno y hubo presentaciones de empresas nacionales, de la región, de Europa y de Estados Unidos. El 7 de octubre se llevará a cabo la apertura y unos días después el 12 se procederá a la adjudicación. En la primera ronda del programa RenovAr se licitaron 600 MW de eólica, 300 de solar, 65 de biomasa, 20 de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y 15 de biogás.

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Las ofertas vienen de todas partes del país siendo para la región del NOA unos 32 proyectos con una oferta de 1980 MW; le sigue la provincia de Buenos Aires con 17 proyectos por 1207 MW y la Patagonia con 15 proyectos por 1085 MW. Con la sustitución por energías alternativas se logran dos propósitos: un ahorro de u$s 300 millones anuales en la importación de energía y se evitará la emisión de 2 millones de toneladas anuales de gases que contribuyen al efecto invernadero. Uno de los puntos de más interés del gobierno es que además estos proyectos crearán 5.000 a 6.000 nuevos empleos.

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La extrema prudencia que mantienen sobre el blanqueo los funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene un motivo de fondo bastante atendible: cumplido un mes del llamado "sinceramiento fiscal", el Gobierno sólo recaudó hasta el momento $42 millones en concepto de impuestos por el total de la exteriorización de dinero o activos que los argentinos tenían en negro. Una cifra demasiado lejana, por ahora, de los $4.000 millones que como mínimo tiene previsto captar el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, hasta el 31 de marzo de 2017. En los bancos advierten que es prematuro para considerar que el arranque es poco auspicioso, porque hasta la semana pasada la mayoría de ellos no tenía disponibles las plataformas para acceder a la convocatoria fiscal. Con todo, en las mesas advierten que muchos clientes se demoran porque especulan con una eventual reducción del impuesto que deben pagar (hoy es del 10% cuando superan los u$s800.000). "Es carísimo: es proporcional a no haber pagado por 10 años el Impuesto a los Bienes Personales. Una barbaridad", se lamentaron en una entidad nacional que, hasta ayer, había cosechado poco menos de un millón de dólares de todos sus clientes. La mayoría, dicen, espera que el Gobierno dé marcha atrás y modifique el gravamen para que el blanqueo se reactive un poco más. "Es lo que pasa siempre: todos miran, esperan y aceleran sobre el final", completó un banquero. En una de las entidades extranjeras, que pusieron en marcha el sistema hace exactamente diez días, recibieron decenas de consultas, pero abrieron apenas dos cuentas para clientes. Sólo uno de ellos ya realizó el trámite ante la AFIP y llevó las divisas en efecto: depositó apenas u$s20.000. En la oficina de prensa de AFIP recordaron ayer, ante la consulta de este diario, que sólo darán las primeras estimaciones después del 31 de octubre, cuando venza el primer plazo: el del blanqueo del efectivo no declarado, previsto para el 31 de octubre próximo. La recaudación es por ahora tan exigua que en el Gobierno ya consideran que será insuficiente para hacer el primer pago de la llamada "reparación histórica" para los jubilados. Y que es probable que tenga que ser el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES el que deberá realizar los pagos. Esto a pesar de que la idea inicial había sido afrontar las nuevas sentencias con lo obtenido mediante el "sinceramiento fiscal". Y que, recién una vez después de que esto fuera saldado, se recurriera al flujo que obtiene la ANSES por el rendimiento de los activos de su FGS, que estiman en alrededor de $75.000 millones al año. Al mismo tiempo, el fondo de la ANSES sufre la descapitalización que le imponen otros "manotazos" estatales: por ejemplo, la decisión del Tesoro de renovar todos los vencimientos de la deuda pública que el FGS tiene en su poder (el Ministerio de Hacienda cuenta con esto para poder cumplir su programa financiero); y, también, el pago que debe hacer a las provincias por las obligaciones asumidas por el fisco. Sólo por este último concepto, el fondo de los jubilados ya desembolsó $35.000 millones desde julio hasta hoy. Realizó retiros por $12.000 millones de los plazos fijos que tiene en bancos y rescató $10.000 millones de los Fondos Comunes de Inversión (FCI). Nada, a esta altura, sorprende demasiado: la Argentina pareció haber entendido ya, después de las últimas décadas, que todo lanzamiento de un plan económico se inicia con un manotazo sobre algún "gran stock".

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En paralelo con el diseño del proyecto de presupuesto 2017 que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, enviará al Congreso el jueves 15, avanza la elaboración de los planes de gastos que regirán el segundo año de mandato de los gobernadores, que estará marcado a fuego por las elecciones legislativas nacionales y locales. Los primeros esbozos marcan que la estrategia en muchos distritos -en línea con la de la Casa Rosada- apuntará a priorizar la inversión en obra pública, golpeada por las moras en los envíos federales. Se trata de un rubro generador de puestos de trabajo, con traducción positiva en materia de votos. "En el próximo presupuesto priorizaremos la obra pública", señaló por caso el ministro de Hacienda de San Juan, Roberto Gattoni. El funcionario del justicialista Sergio Uñac remarcó además que la ingeniería apunta a promover "una mejor calidad de vida y que se genere empleo privado". En sintonía, en la Provincia de Buenos Aires, el proyecto de presupuesto reflejará el plan de la macrista María Eugenia Vidal de apostar a las obras de infraestructura, en línea con el programa de trabajo lanzado hasta diciembre de este año, por $ 22.880 millones, para generar 33.600 nuevos puestos de trabajo. En algunos distritos los tiempos se aceleraron y el plan de gastos ya fue enviado para su análisis al Parlamento local. Es el caso del misionero Hugo Passalacqua (Frente Renovador de la Concordia), del sanluiseño Alberto Rodríguez Saá (Compromiso Federal) y de la fueguina Rosana Bertone (Frente para la Victoria). "El gasto de capital representa el 51%, y dentro de ese gasto de capital -que estamos hablando de más de $ 10 mil millones- la obra pública supera los $ 6.500 millones", sostuvo la ministra de Hacienda Pública de San Luis, Natalia Zabala Chacur, Con el inminente envío -la semana que viene- del proyecto de presupuesto nacional al Congreso quedarán finalmente oficializadas las pautas macroeconómicas en las que luego se basarán los planes de gastos provinciales. Por de pronto, la letra chica del proyecto nacional será analizada por los ministros de Economía provinciales en la próxima reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, convocada por el propio Prat Gay para el lunes que viene en la sede de la cartera económica, en la Ciudad de Buenos Aires. Será de la partida además el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a partir del temario amplio que incluye la agenda oficial y que hace a lo que será la relación Nación-gobernadores de los próximos tres años. En el caso de las provincias, los presupuestos locales 2017 incluirán además el segundo capítulo de la devolución escalonada y progresiva del 15% de la coparticipación. que involucrará fondos adicionales al interior en 2017 por $42.510 millones.

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El Gobierno ampliará hoy hasta diciembre el programa Precios Cuidados, con lo que el Ejecutivo cumplirá un año aplicando el plan. Los aumentos serán de entre 2% y 3%, y se espera ofrecer una ampliación en el listado de productos. Si bien al comienzo de la gestión de Mauricio Macri se buscaba cancelarlo, junto con el programa Ahora 12, el shock inflacionario de comienzos de año (y el sostenimiento durante la mayor parte de 2016 de un nivel de alza de precios de más de 40%), hizo que ambos programas se mantengan y se profundicen. Para los últimos meses del año, y cuando desde el oficialismo se asegura que la inflación está en baja, la idea es igualmente sostener el Precios Cuidados hasta fin de año con un objetivo claro: que para los últimos meses de 2016 la canasta de alimentos, bebidas y otros productos que se incluyen en el plan continúen a disposición del público, para ayudar a lograr en diciembre cierta tranquilidad ciudadana. En especial hacia las fiestas de fin de año de diciembre, mes donde tradicionalmente hay más tensión social; y donde el oficialismo espera que más presión política desde algunos sectores opositores. Se busca con la extensión del Precios Cuidados una ayuda al mantenimiento de la tranquilidad. Hasta anoche había negociaciones firmes en la Secretaría de Comercio de Miguel Braun, donde representantes de las principales empresas del país productoras de alimentos, bebidas y bienes de consumo masivo; discutían el listado que se presentará esta tarde. Curiosamente no había dudas en cuanto a los incrementos, cerrados en promedio entre 2 y 3%, con alzas más importantes en algunos rubros puntuales como azúcar, arroz y aceites. La discusión se centró en los productos a incluir en la canasta, ya que desde el Gobierno se exigía que las primeras marcas estuvieran presentes; mientras que las mayores empresas del país participantes en el programa reclamaban cambiar sus productos más tradicionales por segundas y terceras líneas. La promesa de los privados era que la calidad sería la misma y que la garantía de la presencia de los productos aún mayor. Y que incluso esta política les permitiría a las compañías una ayuda de marketing indirecto para posicionar estas marcas ante la segura demanda del público. El Gobierno no aceptaba hasta anoche el reclamo y les exigía a la mayoría de las compañías que los productos líderes estén presentes y que la inclusión de segundas y terceras firmas fuera voluntaria e independiente del mantenimiento de las primeras. Esta será la tercera extensión de Precios Cuidados dentro del Gobierno de Mauricio Macri, después de las negociaciones de comienzo de año y mayo; con lo que se completarán 12 meses de vigencia de un plan que en su momento tuvo el copyright de la Secretaría de Comercio en los días de gestión de Augusto Costa. Éste a su vez había heredado los planes de control de precios de Guillermo Moreno impulsados desde 2012; comenzando por la promesa (fallida) de precios congelados en los más de 20.000 productos existentes en un supermercado medio del país. Luego bajó el listado a 1.000 y finalmente a 800. En general las grandes empresas no tomaron con mucha fidelidad la promesa, pero igualmente el programa sirvió en esos meses para que los productos comprometidos fueran los mensurados por el INDEC para medir la evolución de la inflación en tiempos de presión alcista. Costa dio por terminados los programas morenistas y negoció un nuevo plan con precios flexibles negociados directamente con las mayores empresas del país. Finalmente el exsecretario de Comercio dejó de los controles directos a fines de noviembre, con las elecciones ya perdidas a favor del macrismo; tiempos en los que se registró una primer alza inflacionaria en la mayoría de los precios de consumo masivo, incluyendo los Precios Cuidados. La primera idea del macrismo era abandonar el programa. Sin embargo, la presión inflacionaria de comienzos de año posterior a la salida del cepo (una segunda luego de la registrada a fines del Gobierno de Cristina de Kirchner); provocaron que el Ministerio de la Producción de Francisco Cabrera volviera a llamar a las principales empresas del país a negociar un nuevo acuerdo. El que se firmará mañana será el primero de la gestión de Mauricio Macri que incluya una mayor cantidad de productos regionales y de pymes, especialmente del interior del país. Siguiendo el listado de Precios Cuidados, el alza promedio del listado no llegará este año a 10%; mientras que en alimentos y bebidas la suba general superará el 30% de 2015.

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El Gobierno lleva licitado desde abril más de $21.000 millones en 90 obras de saneamiento y agua potable, a través de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). Estas medidas forman parte del plan del Gobierno, que busca reactivar la economía a través de la inversión y el desarrollo de la obra pública. Dichas licitaciones fueron distribuidas entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y dieciocho municipios de la provincia de Buenos Aires. La suba de más de 20% en los despachos de cemento en agosto se vio influenciada por este incemento de la obra pública. Rogelio Frigerio aseguró que "el presidente Mauricio Macri ha dicho que uno de los principales objetivos es asegurar que el 100% de los argentinos tenga agua potable y que por lo menos el 75% tenga acceso a cloacas y plantas de saneamiento" y destacó que "esa meta obliga a trabajar con mucha energía y mucha productividad". "Vamos a tener muy buenos proyectos y rápidamente los vamos a poner en marcha para generar empleo, que es otro de los grandes desafíos que tenemos por delante", resaltó el ministro durante una recorrida por la planta potabilizadora San Martín, en donde junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el secretario de Obras Públicas, Daniel Chaín, anunció la construcción de un nuevo edificio para que la empresa pueda centralizar su administración. Entre las distintas licitaciones se destacan la de la expansión de la red de agua potable en el distrito de San Martín (Villa Maipú, San Andrés y José León Suárez) por $32,3 millones y los refuerzos y vinculaciones de pozos en La Matanza (entre ellos, Rafael Castillo, Laferrere y González Catán) por $44 millones. Además, en el partido de Escobar se está ejecutando la primera etapa de la red primaria de agua y acueductos con una inversión de 910,9 millones de pesos, que se suman a los $127,7 millones de la segunda etapa de construcción de la planta potabilizadora de la localidad de Glew, ubicado en el partido de Almirante Brown. Para el caso de Esteban Echeverría (en las ciudades de Monte Grande y 9 de Abril), se están llevando a cabo siete obras de expansión de agua potable y cloacas por un monto total de 187,4 millones de pesos, mientras que en Lomas de Zamora está en ejecución la obra de refuerzo de la red de agua con una inversión de $56,7 millones. "Con este ritmo de trabajo y sobre todo con el trabajo en conjunto, vamos a lograr que el objetivo de que todos los argentinos tengamos agua potable y cloacas sea una realidad dentro de muy pocos años", aseguró el funcionario.

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El presidente Mauricio Macri mantuvo hoy una reunión con su par de la Federacíón Rusa, Vladimir Putin, durante la cual el mandatario ruso destacó que la Argentina “es un socio muy relevante”, al tiempo que avanzaron en la posibilidad de concretar un acuerdo económico entre el Mercosur y la Unión Económica de Eurasia. El encuentro entre ambos mandatarios -que tuvo una duración de media hora- se realizó en el marco de la cumbre del G20, en la ciudad china de Hangzhou, donde el presidente argentino mantuvo distintas reuniones bilaterales y contactos con líderes mundiales. “Queremos y confiamos en aumentar los suministros que nos llegan desde la Argentina. Además, sabemos que próximamente la Argentina presidirá el Mercosur y queremos avanzar con el acuerdo de cooperación comercial y económica con la Unión Económica de Eurasia”, le dijo Putin a Macri durante el encuentro, según la información suministrada por la Presidencia de la Nación. En ese marco, el mandatario ruso destacó que Argentina “es un socio muy relevante” y reiteró su confianza en que el intercambio entre ambos países “siga y se fortalezca”. Las negociaciones por un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur están estancadas desde hace 20 años. Días atrás, de visita en Argentina, el presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, consideró que tras dos décadas de negociaciones, se debe "tomar una decisión” respecto a un acuerdo con el Mercosur, pero admitió que la defensa de cada estado miembro de sus intereses dificulta el consenso. En tanto, el ruso abogó por profundizar la cooperación “en temas energéticos”. “Estamos listos para avanzar en los acuerdos energéticos entre YPF y GAZPROM”, una de las mayores empresas rusas que se encarga de las distintas etapas de la producción gasífera, incluso de su transporte y almacenaje, precisó el comunicado oficial. Por su parte, Macri le aseguró a Putin que Argentina tiene “una enorme capacidad en la producción alimentaria y quiere aprovechar las oportunidades del mercado ruso para ampliar las exportaciones en ese sector”. Otra tema es “lograr intercambios culturales entre ambos países”, dijo Macri, quien recordó que “un equipo de medios públicos de la Argentina está en Rusia en este momento para explorar opciones y coordinar un acuerdo con la televisión”. Putin invitó al presidente Macri a visitar su país “cuando desee”, en tanto que ambos mandatarios acordaron que la próxima reunión de la comisión intergubernamental, que se hará en Buenos Aires en noviembre, servirá para acordar avances y resultados concretos de los varios proyectos en la agenda bilateral.

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En la cumbre del Grupo de los 20, que terminó ayer en la ciudad china de Hangzhou, se acordó elaborar un plan de acción para reactivar la alicaída coyuntura mundial. A pesar de las expectativas, el encuentro culminó sin avances decisivos para poner fin a conflictos como los de Siria y Ucrania y con meras alusiones a la crisis de refugiados y a la lucha contra el cambio climático. “El crecimiento sigue siendo más débil de lo que es deseable”, señala la declaración final de la cumbre, con la que concluyeron dos días de reuniones en el este de China y que ha sido criticada por los analistas por la “vaguedad” del texto. El G-20, que reúne a las principales naciones industrializadas y emergentes, asegura que está bien preparado para afrontar las consecuencias negativas de la proyectada salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), aunque admite que el referéndum del 23 de junio sobre el “Brexit” ha contribuido a crear incertidumbre en la economía mundial. El G-20 espera, sin embargo, que el Reino Unido siga siendo un socio fuerte de la UE. Los países miembro intentaron enviar un mensaje de estabilidad y confianza. El anfitrión, el presidente chino Xi Jinping, habló de un “amplio consenso” sobre las respuestas necesarias a los desafíos globales. “Hemos fijado el rumbo que debe seguir la economía mundial”, aseguró. El G-20 se mostró además decidido a movilizar “todas las herramientas políticas -monetarias, presupuestarias y estructurales-” para estimular el crecimiento económico. En su plan de acción denominado “Consenso de Hangzhou”, el grupo también rechaza de forma decidida el proteccionismo en el comercio y en las inversiones. En su diagnóstico de la economía global, el G-20 señala que “siguen existiendo riesgos de un retroceso por la volatilidad potencial de los mercados financieros, las fluctuaciones de los precios de las materias primas, la lentitud en el comercio y las inversiones, así como el lento crecimiento de la productividad y el empleo en algunos países”. El panorama se ve complicado, advierte el G-20, por la crisis de los refugiados, el terrorismo, conflictos y otros acontecimientos geopolíticos. Sin embargo, la cumbre terminó sin avances decisivos en la búsqueda de soluciones a los conflictos en Siria y Ucrania y con meras alusiones a la crisis migratoria, en la que pidió una mayor solidaridad, y mayores esfuerzos en la lucha contra el cambio climático. Respecto al terrorismo, el G-20 considera que no solo supone “una grave amenaza para la paz y la seguridad”, sino que también entraña un riesgo para la economía mundial. “Ratificamos nuestra solidaridad y determinación en la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y donde quiera aparezca”, reza el texto. Los miembros del grupo se comprometen a luchar contra cualquier forma de financiación del terrorismo e intercambiar informaciones al respecto. En cuanto a las medidas propuestas, el G-20 concluye que la política monetaria por sí sola no puede generar un crecimiento equilibrado y pide reformas estructurales y medidas presupuestarias. La flexibilidad fiscal, la política tributaria y el gasto público deben redefinirse en función del crecimiento económico. Sin embargo, la proporción que representa el endeudamiento sobre el PBI debe mantenerse “en una vía sostenible”.

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El G-20 advierte también sobre el peligro de una “excesiva volatilidad y fluctuaciones desordenadas de los tipos de cambio”. Los miembros del foro mundial se comprometieron a no buscar ventajas competitivas mediante devaluaciones de sus monedas. A iniciativa de China, la declaración destaca la importancia de la innovación. “Reconocemos que a largo plazo la innovación es un motor fundamental tanto para los diferentes países como para la economía global”, señala. Los analistas, sin embargo, vertieron duras críticas por lo que consideraron un comunicado demasiado vago. “Lo único que podemos decir tras leerlo es que podemos esperar que el desempleo siga siendo alto y que persistan los riegos”, señaló Tris Sainsbury, director del instituto Lowy en Australia. “El grupo de los 20 sabe hablar muy bien, pero no hay una vía de acciones claras”.

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Ahora sí puede decirse que Estados Unidos ingresó al tramo decisivo de la campaña electoral. Es tradición aquí que el feriado del Día del Trabajo (se celebró ayer en este país) marca el momento en que los candidatos aprietan el acelerador y ponen todo en juego para conquistar la Casa Blanca, a casi dos meses de las elecciones presidenciales. En esta carrera cada vez más reñida y apasionante, Hillary Clinton se lanzó ayer con una legión de periodistas a una gira por estados clave. Con Donald Trump pisándole los talones en las encuestas, la demócrata busca recuperar la iniciativa. “Estoy feliz de tenerlos a todos ustedes conmigo. He estado esperando este momento”, dijo Hillary a los reporteros que se subían a su Boeing 737, con capacidad para 100 personas que luce la leyenda “juntos somos más fuertes” en el fuselaje. La ex secretaria de Estado, que ha sido bastante esquiva con la prensa desde que comenzó la campaña, ahora inicia una nueva etapa con los medios, de los que prácticamente había desaparecido la última semana porque todos estaban más bien enfocados en las constantes noticias que generaba Donald Trump. Es la primera vez que ella sube a periodistas en su avión de campaña, una práctica común entre los candidatos. Sonriente, relajada, Hillary estuvo ayer con familias de trabajadores en Cleveland, Ohio, y en Hampton, Illinois, para homenajearlos en el “Labor day”. Hoy estará en Tampa, Florida, y desde ahí irá a Charlotte, en Carolina del Norte. Estos tres estados son cruciales para ganar la Casa Blanca. En este sistema electoral, son algunos de los llamados “swing states” (o estados oscilantes, que cambian de voto según las elecciones) los que pueden llegar a definir la carrera electoral, según se inclinen por uno u otro candidato. Por ejemplo, ningún candidato republicano ha llegado nunca a la Casa Blanca sin imponerse en Ohio. Hillary le lleva ahora allí una pequeña ventaja a Trump, según un promedio de encuestas realizado por Realpolitics, pero todo es muy volátil en estos días. El magnate también estuvo ayer en Cleveland y en otra localidad de ese estado, Youngstown, para intentar sumar votantes. Hillary ha perdido impulso en la última semana. Venía cómoda en las encuestas a nivel nacional –algunas le daban hasta 10 puntos sobre su contrincante— pero dos últimos sondeos marcaron el domingo un virtual empate con Trump, que retomó protagonismo al sorprender al mundo con un viaje a México y con un encendido discurso sobre inmigración y una visita a una iglesia de la comunidad afroamericana de Detroit. Por eso, ahora ella busca tomar la iniciativa y sale con fuerza a hacer campaña, así como también su compañero de fórmula Tim Kaine, su esposo Bill Clinton y el vicepresidente Joe Biden. Todos quieren volver al escenario de hace pocas semanas, en el que Hillary navegaba tranquila hacia la Casa Blanca. El magnate lanzó el domingo un tuit cargado de ironía a su adversaria: “Las encuestas están parejas, de modo que la Corrupta Clinton (así la llama Trump) está saliendo de la cama y hará campaña mañana”. También el equipo republicano había presionado para que Hillary comenzara a tratar con más frecuencia a los periodistas. Si bien Trump tampoco viaja con reporteros en su avión, suele dar reportajes, incluso a “la prensa liberal”, como califica el candidato a los medios que publican notas que él considera que no lo favorecen. En un mail que recibieron sus simpatizantes, titulado “Escondiendo a Hillary”, la campaña del magnate resaltaba que “hace 274 días que Clinton hizo una conferencia de prensa”. Ellos insisten en que la ex secretaria de Estado debe enfrentar a los periodistas para hablar sobre su cuenta privada de correo –utilizada cuando era funcionaria en lugar de la oficial– un escándalo que la persigue desde hace más de un año. De hecho hubo algunas revelaciones la semana pasada sobre el interrogatorio al que Hillary fue sometida por el FBI, en donde se veía que ella no recordaba haber tenido ningún entrenamiento de profesionales sobre cómo manejar información clasificada y que, inclusive, ignoraba algunas cuestiones básicas como que los documentos confidenciales se marcaban con la letra “C”. Esto hizo que el ex alcalde neoyorquino Rudolph Giuliani –un fuerte aliado de Trump– se preguntara si Hillary “o fue la más estúpida secretaria de Estado de la historia de Estados Unidos o es una descarada mentirosa”. Seguramente será un flanco que atacará el magnate en el primer debate que sostendrá con Hillary por tevé, el 26 de septiembre.