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TiempoyRegiónEstudios Históricos y Sociales

Lourdes Somohano Martínez, Cecilia Landa Fonseca y Margarita Espinosa Blas

Coordinadoras

Volumen iii

Tiempo

Estudios Históricos y Sociales

yRegiónConsejo editorial

Mina Ramírez MontesCarlos Arvizu García

Leticia ReinaJosé Ignacio Urquiola Permisán

Johanna BrodaLinda Manzanilla

Enrique Florescano

Volumen iii

Comité editorial

Ricardo Jarillo Hernández (amq)Lourdes Somohano Martínez (uaq)Carlos Viramontes Anzures (inah)

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Prólogo

indePendenCia y revoluCión

La coyuntura de la celebración del bicentenario de la Gue rra de Independencia y el centenario de la Revo-

lución ha generado infinidad de reacciones. Desde distintos frentes, diversas instituciones y organismos públicos y pri-vados preparan ambiciosos programas de actividades para engalanar tan fastuosas conmemoraciones. Los episodios de 1810 y 1910, separados por un siglo de distancia, coinci-den en el 2010, año emblemático que permite reunir ambas celebraciones: el bicentenario de la Independencia y el cente-nario de la gesta revolucionaria. Sin embargo, a la par de la ganancia política que suscitan las festividades y del eviden te manejo ideológico de los Gobiernos federales y estatales, la comunidad académica nacional e internacional parece ce-rrar filas y proponer festejos serios por encima de las riva-lidades cotidianas, pues la Independencia y la Revolución explican, en buena medida, la nación que somos y la nación que queremos ser. De esta manera, más allá de los festejos mediáticos de estos acontecimientos, la academia asume su espacio de investigación y reflexión constante de nuestros procesos históricos.

En este tenor se entiende el esfuerzo emprendido por el Cuerpo Académico de Historia de la Facultad de Filosofía de

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la Universidad Autónoma de Querétaro al organizar diversas actividades académicas como la respuesta más idónea para la celebración. Así, se publica el volumen iii de Tiempo y re-gión. Estudios históricos y sociales, obra dedicada al análisis y explicación de los procesos de la Independencia y la Revolu-ción. Vale la pena insistir que, además de ser una publicación inscrita en la atmósfera de las conmemoraciones bicentena-rias y centenarias, los trabajos presentados son, sobre todo, resultado de líneas de investigación consolidadas, lo cual se denota en la profundidad y rigor con que son abordadas las diversas temáticas.

La obra reúne una serie de trabajos de investigadores mexicanos con trayectoria reconocida en sus ámbitos de in-vestigación. En ese sentido, sin necesidad de concentrarse excesivamente en la región queretana, en el libro se hacen presentes otros escenarios regionales, locales y nacionales para dar una visión de conjunto de estos dos movimientos trascendentes. Se muestra, entonces, un rico mosaico de posibilidades para repensar y revalorar temas soslayados o vistos de manera superficial, como la función de los cuerpos políticos, la cultura política, la opinión pública, la adminis-tración de la justicia, la discusión sobre la propiedad y la revisión de conceptos como Estado, nación, ciudadanía y las relaciones políticas y económicas durante la Colonia y el siglo xix. Todo ello da cuenta de la cantidad de matices, es-pecificidades y contradicciones inscritas en dichos procesos.

La tensión provocada a raíz de la aplicación de las Reformas Borbónicas ha sido objeto de minuciosos análisis que buscan desentrañar, desde la perspectiva de los estudios regionales, cómo se dislocó el sistema político y las friccio-nes provocadas al interior de los poderes regionales y locales, generando descontento que daría paso, en mayor o menor

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medida, al movimiento independentista. En ese sentido, Carlos Bustamante López explica a detalle las implicaciones de las Reformas Borbónicas, cuando el Cabildo de Tlaxcala fue obligado a incorporarse a la intendencia de Puebla en el periodo de 1787 a 1793, desencadenando una ardua lucha de los tlaxcaltecas que desembocó en el reconocimiento de Tlaxcala como provincia autónoma en 1793. El autor ad-vierte cómo esta provincia enfrentó el proceso independen-tista. Para ello, se fundamenta tanto en la historiografía clásica como en la de reciente publicación, en documentos resguardados en el Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala y en el Archivo General de la Nación.

Un grupo de trabajos reúnen las preocupaciones his-toriográficas de los investigadores interesados en la historia de Querétaro. Para el periodo de la Independencia, la doc-tora Ángela Moyano Pahissa hace una reconstrucción de las reaccio nes y posiciones que adoptó la sociedad queretana frente al triunfo iturbidista, y la consiguiente proclama de la independencia en 1821. La lectura nos muestra un verda-dero am biente de fiesta y regocijo forjado por el pacto inde-pendentista que devino en el Primer Imperio con Agustín de Iturbide como emperador. Por su parte, Lourdes Somohano Martínez, desde la economía, hace un detallado análisis de las haciendas de la ciudad de Querétaro y las de la alcaldía mayor de Cadereyta, con el fin de demostrar que, a pesar de las tesis tradicionales que observan un crecimiento económi-co en Querétaro en el contexto independentista, la economía sí se vio mermada, hecho que alteró drásticamente el siste-ma de trabajo de las haciendas, provocando una crisis en el mundo laboral de la época. Esta etapa es estudiada a través de fuentes documentales localizadas en archivos nacionales y locales.

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Para el periodo de la Independencia, un par de tra-bajos abordan el tema de la opinión pública y su impacto en los procesos históricos estudiados. El texto de Martín Escobedo Delgado discurre, a la luz de nuevos enfoques, la función de la propaganda política como promotora o detractora del movimiento independentista, así como su papel de constructora o difusora del proyecto de nación patrocinado por los criollos. En manifiestos, estampas, cartas, pasquines, hojas volantes, folletos y libelos al ca-lor de los acontecimientos franceses, se fue fraguando des-de finales del siglo xviii una atmósfera proclive al cambio político que estalló con toda su fuerza en la víspera de la Guerra de Independencia. Este proceso de la difusión ex-plica el nacimiento de periódicos claramente insurgentes, como El Despertador Americano y el Correo Americano del Sur, entre muchos otros, denostados y contrarrestados por una activa y poderosa prensa realista encabezada por La Gazeta de México. El análisis se sustenta en valiosos testi-monios propagandísticos publicados en diversos medios y en la consulta de material proveniente de diferentes archi-vos mexicanos y extranjeros.

La esfera de la opinión pública es un espacio donde se discuten las cuestiones económicas, particularmente las relacionadas con el ramo hacendario, rubro central en la cimentación del nuevo Estado, una vez que se consumó el movimiento independentista. J. Jesús López Martínez hace un seguimiento puntual de los debates de la opinión pública, que se generaron en relación con el engorroso tema de los impuestos. El trabajo demuestra la dificultad que tuvo el Estado para echar andar un proyecto económico, talón de Aquiles del país, y que sólo se solucionaría al consolidarse el Estado-nación con la administración porfirista.

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Uno de los temas en boga en la historiografía contem-poránea es la revisión y reflexión en torno a la nación y la creación o invención de imaginarios nacionales durante el siglo xix. La mayoría de los estudiosos consideran el caso hispanoamericano como uno de los más fecundos por las particularidades presentes en el nacimiento de los Estados y la posterior creación de las naciones. De esta manera, el tra-bajo de Mario Armando Vázquez Soriano recupera, en gran medida, los argumentos planteados, en su momento, por el historiador argentino José Luis Romero, que fueron retoma-dos, posteriormente, por François-Xavier Guerra, Antonio Annino y Mónica Quijada, entre otros muchos interesados en abordar el tema de la nación hispanoamericana. A partir del estudio de ciudades mexicanas (Dolores, Hidalgo y San-tiago de Querétaro) o chilenas (Concepción), Vázquez plan-tea y explica el papel que jugaron estos lugares como “cunas de la patria” al convertirse en espacios en donde se sintetizó la nación. Sin duda, estos temas generan todavía muchos cuestionamientos, pero hacen evidentes los enfoques nove-dosos de la disciplina de la Historia.

Para la Revolución y su impacto en Querétaro, Ana Cecilia Figueroa y Ricardo Jarillo Hernández se centran en el periodo entre 1914 y 1917 en la ciudad de Querétaro para explicar la inestabilidad política, producto de las luchas en-tre constitucionalistas-carrancistas y convencionistas-villis-tas y zapatistas. En este contexto, los autores reflexionan la serie de contradicciones y choques que originó la lucha facciosa y la reacción de los distintos sectores de la sociedad queretana. Con datos y fuentes interesantes sobre los com-batientes de las diversas facciones, Figueroa y Jarillo hacen un valioso aporte sobre los saldos de la guerra, explicando con base en diversos aspectos estadísticos, como la edad, el

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origen, etcétera, la conformación de esos ejércitos. A la par, señalan cómo el ambiente poco salubre trajo consigo epide-mias (viruela y tifo), elevando las tasas de mortandad.

En sintonía con la temática acerca de la importancia de la opinión pública en los periodos estudiados, Margarita Es-pinosa Blas analiza las reacciones provocadas por los sucesos revolucionarios de 1910. En particular, explica las lecturas e interpretaciones generadas en Cuba alrededor del asesinato de Francisco I. Madero. La isla de Cuba ha mantenido, a lo largo de su historia, una rica tradición de vínculos diversos con México. En el terreno político se han construido lazos muy fuertes entre cubanos y mexicanos, lo cual justifica el azoro y la expectación causada por el proceso revoluciona-rio, alentados, además, por el arribo a la isla de personajes antiporfiristas. En el texto se muestra un ejercicio compara-tivo entre el régimen dictatorial de Porfirio Díaz y la era de cambio que presuponía la lucha maderista. Personajes clave, como el diplomático y periodista Manuel Márquez Sterling, quien acompañó a Madero en sus últimos momentos, fueron los encargados de erigir un discurso promaderista con fuertes visos heroicos, que ayudó a fortalecer la tesis de la amistad indestructible entre los pueblos de México y Cuba.

Otro filón importante, que profundiza en la comple-jidad del proceso revolucionario mexicano, es el debate en torno a la posesión de la tierra, temática donde se ubica el trabajo de Rogelio Jiménez Marce, quien hace un estudio pormenorizado de la lucha de los campesinos de la región de San Andrés Tuxtla. Para tal cometido, Jiménez refiere, en la primera parte, los orígenes de la comunidad desde tiem-pos coloniales y las transformaciones sufridas en el siglo xix, destacando la política porfirista en contra de la propiedad comunal. La Revolución significó la oportunidad para legi-

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timar sus demandas de propiedad de la tierra, objetivo que encontró variados obstáculos, orillando a los campesinos a emprender una ardua lucha para recuperarlas.

En suma, la serie de estudios de caso que aquí se pre-sentan dan cuenta de un proceso multiforme que caracteriza a la historia de nuestro país. Desde la perspectiva académi-ca, en esta obra se ofrecen diversos temas poco conocidos que, sin duda, enriquecerán el conocimiento y la reflexión acerca de dos acontecimientos históricos coyunturales que, en la historiografía tradicional y contemporánea, se conside-ran fundacionales de la nación mexicana: la Independencia de 1810 y la Revolución Mexicana de 1910.

Margarita Espinosa Blas y Cecilia Landa Fonseca

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reformas BorBóniCas y ConstituCión de Cádiz

vs Privilegios del CaBildo de tlaxCala, 1787-1812

Carlos Bustamante López *

inTRoducción

Un libro, publicado recientemente, sobre los cuerpos po-líticos que conformaron el sistema político novohispa-

no señala que, a fines del siglo xviii, uno de los principales objetivos de la monarquía española al aplicar las Reformas Borbónicas era el quebranto de los privilegios, como forma de dotar de funciones y autogobierno a las corporaciones po-líticas del Antiguo Régimen, entre ellas los ayuntamientos.1 Para el caso de Tlaxcala, encontramos dos vías por las que se intentaron restar estos privilegios: al anexar la Provincia de Tlaxcala a la Intendencia de Puebla, como parte de las Reformas, en 1787; y los cuestionamientos a los pueblos in-

∗ Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre el Desarrollo Regio-nal (Ciisder), Universidad Autónoma de Tlaxcala.1 Rojas, Beatriz (coorda.), Cuerpo político y pluralidad de derechos. Los privilegios de las corporaciones novohispanas, México, Instituto de Inves-tigaciones Dr. José María Luis Mora / Cide, 2007, p. 71.

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dígenas de la Provincia, que gobernaba el Cabildo Indio de Tlaxcala.

Para entender la magnitud de los privilegios cuestiona-dos por la aplicación de las Reformas Borbónicas, en su pri-mer apartado, el documento aborda las prerrogativas cons-tituyentes del Cabildo Indio de Tlaxcala, única corporación de gobierno en la Provincia desde el siglo xvi. En segundo lugar, se describen las implicaciones políticas y económicas de la anexión de Tlaxcala a la Intendencia de Puebla entre 1787 y 1793, analizando la defensa que hizo el Cabildo Indio de sus privilegios y el éxito final de su reconocimiento como Provincia autónoma en el último año citado. En un tercer apartado se analiza sucintamente la forma en que, a princi-pios del xix, tuvo lugar un conflicto entre algunos pueblos de la Provincia y el Cabildo Indio, los primeros confrontando directamente, al menos, un par de privilegios: el uso de servi-cios personales por parte del Cabildo y el cobro de derechos a la oficialidad india elegida en los pueblos. La cuarta parte aborda el momento de la vigencia de la Constitución de Cá-diz en 1812, coyuntura jurídica en que los pueblos vieron en la elección de autoridades de ayuntamientos, la oportunidad para dar sentido a una visión de autonomía que les permi-tiera autogobernarse en el nuevo modelo liberal, dando con esto una salida política a sus aspiraciones, alternativa a la guerra de Independencia iniciada un par de años atrás.

cueRpo políTico y pRivilegios del AnTiguo Régimen: el cAso del cAbildo indio de TlAxcAlA

Durante el Antiguo Régimen, los privilegios fueron los de-rechos que gozaron las diversas corporaciones que confor-maban el cuerpo político novohispano, los cuales servían

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RefoRmAs boRbónicAs y consTiTución de cádiz

como sustento de su gobierno para el bien común.2 Una de estas cor poraciones eran los ayuntamientos, que se ocupa-ban de go bernar a las ciudades, localidades, villas o pueblos. Los go bernados por españoles eran fundamentalmente con-siderados ciudades o villas, estando entre sus privilegios el poder elaborar sus ordenanzas de autogobierno y distribu-ción de tierras para su manutención, los denominados bie-nes propios, así como los reglamentos que organizaban su economía, el repartimiento de mano de obra y los servicios que ésta debía realizar.3 En cuanto a los pueblos de indios, estos eran gobernados por las llamadas Repúblicas. Cada año se elegían a sus gobernantes mediante electores nobles que se reunían en la cabecera para decidir quiénes conduci-rían a la República, además de contar para su sustento con tierras en común, trabajadas por los habitantes del pueblo. El gobierno indio de las Repúblicas tenía jurisdicción en los ámbitos jurídico, administrativo y financiero de la localidad que gobernaba.4

Los privilegios otorgados a las corporaciones cita-das, dieron la posibilidad de gobernar con mayor autono-

2 Se trataba de dirigir a la sociedad que se gobernaba buscando su feli-cidad y prosperidad en los ramos de educación, beneficencia, abasteci-miento, obras, entre otros. Véase Annick Lemperière, “Reflexiones sobre la terminología política del liberalismo”, en Brian Connaugthon, y otros, (coords.), Construcción de la legitimidad política en México, México, El Colegio de México / Universidad Autónoma Metropolitana / Universidad Nacional Autónoma de México / El Colegio de Michoacán, 1998, p. 43. 3 Rojas, Beatriz, “Repúblicas de españoles: antiguo régimen y privile-gios”, en Secuencia, núm. 53, mayo-agosto, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2002, pp. 7-48. 4 Tanck, Dorothy, Pueblos de indios y educación en el México colonial, 1750-1821, México, El Colegio de México, 2000.

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mía. Para los indios de la Nueva España, estos derechos sólo fueron otorgados a quienes los solicitaban, argumentando nobleza o servicios prestados a la conquista, como fue espe-cialmente en el caso de los tlaxcaltecas por el apoyo otorga-do en la derrota de los aztecas.5 En el caso del Cabildo Indio de la Provincia de Tlaxcala existieron varios privilegios que dieron base a su autogobierno y con ello a su autonomía. He aquí una enumeración sintetizada: 1) asignación de bie-nes propios para su manutención, 2) un Cabildo Indio como único gobierno de toda la Provincia,6 3) rotación anual del gobierno entre las cuatro cabeceras reconocidas (Ocotelulco, Tizatlán, Quiahuiztlán y Tepecticpac), 4) no se aplicaría la encomienda, 5) no se otorgarían ni venderían tierras a indi-viduo alguno, 6) no se establecerían haciendas y estancias de ganado de españoles, 7) la dependencia del Cabildo Indio como gobierno era directamente con el Rey de España.

Es importante hacer notar que de la misma forma en que la Corona española podía otorgar privilegios, también los podía retirar. Esta situación se aunaba a la fuerte adhesión que los poseedores de tales derechos habían establecido, por lo que en muchos casos se originaban amplias y constantes defensas de los privilegios.7 Precisamente esto ocurrió a fines del siglo xviii, cuando la Corona española puso en marcha la

5 Gibson, Charles, Tlaxcala en el siglo xvi, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, pp. 156-158. 6 Existía un gobernador español que se hacía cargo de algunas funcio-nes de Justicia civil y criminal, y participaba en el cabildo indio como miembro que sancionaba los acuerdos a los que llegaban los caciques tlaxcaltecas, incluso podía emitir un voto de calidad en alguna decisión dividida. 7 Rojas, “Repúblicas de españoles”, p. 29 .

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aplicación de las Reformas Borbónicas en la Nueva España. De acuerdo con Rojas, la cultura política de los privilegios se vio estimulada ante las disposiciones que trataban de po-nerle término, así, “[…] mientras la Corona aumentaba su rechazo a los privilegios y a los fueros, las repúblicas y en general las corporaciones los defendieron”.8

En este mismo sentido, el éxito de la defensa de los derechos del Antiguo Régimen y la supervivencia de éstos, fue un hecho incontrovertible hacia finales del periodo colo-nial, toda vez que las Reformas Borbónicas no evitaron que las corporaciones siguieran existiendo y funcionando como gobiernos de la Nueva España9, tal y como lo fue el caso del Cabildo Indio de Tlaxcala que se examinará con más deta-lles a continuación.

RefoRmAs boRbónicAs vs pRivilegios del cAbildo indio de TlAxcAlA, 1787-1804

La anexión a la Intendencia de PueblaEn diciembre de 1786, como parte de las Reformas Bor-bónicas, se expidieron las Ordenanzas de Intendentes. De las 12 intendencias que se crearon para reorganizar admi-nistrativa y financieramente a la Nueva España, una de ellas era la de Puebla, a la cual se anexó la Provincia de Tlaxcala en 1787.10 Esto significó que los privilegios y orde-nanzas del Cabildo Indio desaparecieron, pues dependería

8 Ibid., p. 44. 9 Lemperière, “Reflexiones sobre”, y Rojas, “Repúblicas de españoles”.10 Pietschmann, Horst, Las Reformas Borbónicas y el sistema de intenden-cia en Nueva España. Un estudio político administrativo, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, pp. 118-120.

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directamente del intendente poblano Manuel de Flon. Di-versas fueron las representaciones que a mediados de ese año, el Cabildo Indio apoyado por el gobernador español de Tlaxcala, Francisco de Lissa, llevaron ante el Rey de España, solicitando que la ciudad de Tlaxcala fuera la ca-becera de la intendencia, o en su caso que se le otorgara a la Provincia la categoría de gobierno político y militar independiente.11

Las Ordenanzas de 1786, en su artículo 10 señalaban que los gobiernos de este tipo tendrían bajo su jurisdicción los ramos de justicia, policía y militar, con excepción de los bienes propios y de comunidad de los pueblos, que estarían bajo la supervisión de los intendentes y de la Junta Supe-rior de Hacienda. Por su parte, el artículo 11 definía que en los lugares donde existiera un ayuntamiento en funciones, perteneciente al territorio del gobierno político y militar, la elección de sus miembros sería realizada por el propio ayun-tamiento con la confirmación del gobernador. El artículo 13, y por voluntad del Rey, confirmaba esta regla para el caso de las cabeceras de pueblos de indios donde existiera un ayun-tamiento.12 Evidentemente estas fueron las razones norma-tivas que para los miembros del Cabildo Indio resultaron atractivas, toda vez que les permitía mantener su autono-

11 García Pérez, Rafael D., Reforma y resistencia. Manuel de Flon y la intendencia de Puebla, México, Porrúa, Col. “Sepan cuantos...”, núm. 724, 2000, pp. 52-53; y Assadourian, Carlos Sempat y Andrea Martínez Baracs, Tlaxcala, una historia compartida. Siglo xvi, vol. 9, México, Go-bierno del Estado de Tlaxcala / Conaculta, 1991, p. 192. 12 Ress Jones, Ricardo, Real Ordenanza para el establecimiento e instruc-ción de intendentes de ejército y provincia en el reino de la Nueva España, Serie Facsimilar 1, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984, p. 15.

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mía de gobierno si se reconocía en la Provincia un gobierno político y militar, y con ello la existencia de un Cabildo In-dio que podría seguir eligiendo de forma independiente a sus miembros. Años más tarde, a fines de 1790, el Cabildo Indio indicaría al virrey de la Nueva España que los privilegios de los tlaxcaltecas no habían sido negados por las Ordenanzas de 1786, ni por ninguna cédula real que hubiera emitido el Rey de España.13

Por otra parte, a pesar de mantener a la Provincia de Tlaxcala formalmente anexada a la Intendencia de Puebla desde 1787, los intentos de Manuel de Flon por intervenir en la organización administrativa y política del Cabildo Indio le fueron negados. Por ejemplo, el subdele-gado que administraría las alcabalas y el gobierno de la Provincia, Francisco Miranda, no se encontraba en fun-ciones a fines del año citado, por lo que el intendente tuvo que comunicarse directamente con el gobernador español de Tlaxcala para llevar a cabo las elecciones de regidores y oficiales de república de indios; sin embargo tal petición fue rechazada por el Cabildo Indio y el gobernador Fran-cisco de Lissa. En febrero de 1788 Manuel de Flon acusó a Lissa por desobediencia ante las autoridades virreinales.14 A fines de este año el Cabildo Indio envió una carta al in-tendente de Puebla, señalando que no estaba de acuerdo con la disposición de que las elecciones fueran supervisa-das por el subdelegado y pidió que a Tlaxcala “[…] se

13 Véase “La ciudad de Tlaxcala pide gobernador militar y político y la conservación de sus privilegios”, en Assadourian y Martínez, Tlaxca-la, textos de su historia, siglos xvii-xviii, vol. 8, Gobierno del Estado de Tlaxcala / Conaculta, 1991, pp. 166-170. 14 Ibid., pp. 146-147.

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la mantenga en el entero goze [sic] de sus privilegios y prerrogativas.”15

En respuesta a las negativas de poner en marcha la gestión de Francisco Miranda, el intendente poblano res-pondió con una carta enviada al virrey en diciembre de 1788, en la que indicaba que el no aceptar a Miranda como subdelegado, se debía a los malos manejos de los caudales provinciales que llevaban a cabo Francisco de Lissa y el Cabildo Indio.16 Así, desde el punto de vista del intenden-te de Puebla, la corrupción e intereses personales eran la razón para evadir cualquier obligación de informar sobre la cantidad de dinero que recibía el gobierno provincial y mantener el o los negocios de las autoridades en Tlaxcala. En marzo de 1790 finalmente el Rey de España se pronun-ció en el conflicto, disponiendo que la Provincia de Tlaxca-la tuviera independencia de la Intendencia de Puebla en lo militar, aunque quedaba sujeta en lo político. Casi un año más tarde, en abril de 1791, una nueva disposición estable-ció que Tlaxcala sería un gobierno militar dependiente del virrey y con la posibilidad de elegir miembros de cabildo sólo recibiendo confirmación de éste. Finalmente, en mayo de 1793, una real orden reconoció la independencia del go-bierno militar y político de Tlaxcala, sujeto únicamente al virrey. La noticia llenó al cabildo de “[…] particular com-

15 Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala (ahet), “Carta del ayunta-miento de Tlaxcala al Intendente de Puebla”, fondo Colonia, caja 308, exp. 34, sin fojas, noviembre de 1788.16 García Pérez, Reforma y resistencia, p. 55. A principios de 1790 Manuel de Flon refrendaría estas acusaciones, véase ahet, “Borrador o minuta de informe sobre algunos cargos hechos al gobernador Don Francisco de Lissa”, fondo Colonia., caja 319, sin expediente, febrero de 1790.

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placencia, reiterando las gracias por tal privilegio concedi-do por el Rey.”17

García opina que con esta decisión del Rey, la Corona española aceptaba que las ordenanzas eran incompatibles con los privilegios de la ciudad de Tlaxcala y con ello ha-bía poca probabilidad de imponer las Reformas Borbónicas sin la oposición de los caciques y nobles quienes tenían bien arraigada la idea del autogobierno, sustentada en los privi-legios del Antiguo Régimen.18

La defensa de los bienes propios y de comunidadEntre los privilegios que las Reformas Borbónicas busca-ban mi nimizar o tener bajo pleno control, era el relativo a la posesión de bienes propios por parte de los ayuntamientos o cabil dos, así como las tierras que en común poseían los pueblos de la Nueva España. En 1766 se estableció la Conta-duría de Propios, Arbitrios y Bienes de Comunidad, la cual aplicaría los reglamentos que supeditaban el manejo de los ingresos y gastos por ambos tipos de bienes, lo que impli-caba pérdida de autonomía de las corporaciones que tenían bajo su usufructo tierras, aguas y bosques que arrendaban y de las que recibían una renta.19 Como ya se ha menciona-do, el Cabildo Indio tenía entre sus derechos el recibir una dotación de bienes propios con la finalidad de sustentar su

17 ahet, “Ayuntamiento de Tlaxcala al Conde de Revillagigedo”, fondo Colonia, caja 354, exp. 21, 17 de septiembre de 1794. 18 García Pérez, Reforma y resistencia, p. 59. 19 Menegus, Margarita, “Los bienes de comunidad de los pueblos de in-dios a fines del periodo colonial”, en Agricultura mexicana: crecimiento e innovaciones, Instituto Dr. José María Mora / El Colegio de Michoacán / Instituto de Investigaciones Históricas-unam, 1999, p. 25.

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gobierno en la Provincia de Tlaxcala. Según Assadourian y Martínez, en 1541 se realizó el repartimiento de los propios de la ciudad de Tlaxcala, con las tierras que cada una de las cuatro principales cabeceras señoriales pondrían a disposi-ción para tal fin.20

Para la Provincia de Tlaxcala se expidieron en 1780 y 1782 los primeros Reglamentos de Propios y Arbitrios. Uno de los primeros conflictos que enfrentó el Cabildo Indio a partir de la aplicación de los Reglamentos, fue en relación a varios montes localizados en las faldas del volcán La Malin-che. Éstos se arrendaban a pueblos que se localizaban en la jurisdicción de Tepeaca, ubicada en la Provincia de Puebla, y a fines del siglo xviii se negaron a pagar las contribuciones refutando la propiedad del Cabildo Indio de Tlaxcala.21 Por lo que respecta a los bienes que se arrendaban en la Provin-cia de Tlaxcala, la corporación india tenía diversos mon-tes, tierras, aguas y bosques que eran usufructuados por pueblos como Totolac, Zitlaltepec, Nopalucan, Tepetitla entre otros; así como haciendas y ranchos que eran objeto de una renta en tanto se asentaban en tierras patrimonio del Cabildo Indio. Cabe señalar que los recursos que la cor-poración obtenía por el arrendamiento de los propios, eran los que garantizaban la manutención del cabildo, dada su importancia cuantitativa como ingreso frente a los arbi-trios.22

20 Assadourian, Tlaxcala, una historia compartida, Siglo xvi. 21 Juárez Flores, José Juan, Bosques, alumbrado público y conflicto social en la desarticulación de un entorno ecológico (Puebla-Tlaxcala, 1760-1870), tesis para obtener el grado de maestro en Historia, uam-Unidad Iztapalapa, 2005, pp. 40-43. 22 Contribuciones aplicadas a la venta de diversos productos comerciales.

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Como se señaló en la sección anterior, la Provincia de Tlaxcala se anexó a la Intendencia de Puebla en 1787, año en el que precisamente el Cabildo Indio hizo una consulta a las autoridades virreinales sobre su privilegio de poseer bie-nes propios y se negó, por este motivo, a dar información sobre los mismos.23 No resulta gratuita ni coincidente esta acción de la corporación india, pues estaba en juego la pose-sión de su patrimonio al tener que dar cuenta de sus bienes a la Intendencia y a la Junta Superior de Hacienda; y con esto corría el riesgo de perder el control de los ingresos que le permitían su manutención.

Al Cabildo Indio fue a la única corporación a la que se le dio, en el siglo xvi, el derecho de poseer bienes en la Provin-cia de Tlaxcala. Se negó esa posibilidad a los individuos y a las otras corporaciones, por lo que las solicitudes de infor-mación por parte de las autoridades virreinales acerca de las tierras de comunidad en posesión de los pueblos tlaxcalte-cas, siempre fueron contestadas negativamente, señalando su inexistencia.24 Cabe recordar que los bienes de comunidad eran tierras en común cultivadas por los pueblos para ha-cerle frente a gastos religiosos principalmente; mientras que uno de los objetivos de las Reformas Borbónicas fue estable-cer una racionalidad para este tipo de gastos, reduciendo el monto para fiestas patronales y aumentando la inversión en

23 Archivo General de la Nación (agn), “Consulta de la nobilísima ciudad de Tlaxcala sobre el estado de sus Propios y Ejidos a que se acompañan varios testimonios de reales cédulas que previene se la ampare en sus porciones”, ramo Tierras, vol. 1154, 1787, fs. 1-21.24 agn, “Informes de los señores curas de esta Provincia e informes de los Tenientes de los Partidos que comprenden la Jurisdicción”, ramo Pro-pios y Arbitrios, 1780, vol. 8, fs. 133-183.

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obras y préstamos a particulares.25 No obstante, en los in-formes hechos por los tenientes de partido o los responsables de los diversos curatos en la Provincia de 1780, se afirma que existían “pedazos” de tierra dedicados al culto patronal y, en otros casos, la supervivencia de tierras de comunidad aun-que no fueran utilizadas para fines religiosos.26 Cuando me-nos en dos ocasiones más, en 1802 y 1804, el Cabildo Indio dio respuesta a las autoridades virreinales ante su petición de conocer la situación de los bienes de comunidad, siendo una terminante negativa.27 En suma, para el Cabildo Indio de Tlaxcala la argumentación de negar la existencia de bie-nes comunales, tenía sentido en tanto poseían el privilegio de ser la única corporación con la posibilidad de usufructuar las tierras y recursos naturales de la Provincia, y con ello proteger su patrimonio territorial.

pueblos vs pRivilegios del cAbildo indio, 1803-1810

Servicios personales, elección y cobro de derechos a los oficiales de repúblicaEn noviembre de 1803, el gobernador de naturales José Mar-tín de Molina envió al virrey de la Nueva España una queja:

25 Menegus, “Los bienes de comunidad”, p. 91.26 agn, “Informes de los señores”, ramo Propios y Arbitrios, op. cit.27 agn, “Los ministros de la Real Hacienda de esta capital sobre que se verifique la remisión de cuentas de Propios de Tlaxcala y se declare el privilegio que gozan aquellos naturales para no tener fondos comunes”, ramo Indios, vol. 81, 1802, fs. 367-383; agn, “Superiores ordenes para que se de una relación circunstanciada de los bienes de comunidad que tienen los pueblos de esta Provincia y los propios de arbitrios que disfru-ta esta”, ramo Indios, vol. 73, 1803, fojas, 84-92.

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[por el] […] agravio que se le está infixiendo en sus antiguos usos y costumbres y privilegios por el modo con que se ha conducido y conduce este Sor. Gobernador en conocimiento de los ocursos promovidos por dos o tres pueblos [sic].28

Esta frase con la que inicia el documento que presen-ta el conflicto entre el Cabildo Indio, el gobernador político y mi litar, y varios pueblos de la Provincia de Tlaxcala, toca el punto sensible que defenderá corporación ante iniciativas que intentaron quebrantar sus derechos del Antiguo Régimen otorgados por la Corona española, los cuales sin lugar a dudas estaban en uso pocos años antes del inicio de la Guerra de Independencia y de la vigencia de la Constitución de Cádiz en 1812. A continuación se hará una breve reseña del con flicto y, posteriormente, un análisis sobre sus diversas implicaciones.

El pleito se inició en 1803, cuando pueblos como San Bernabé e Ixtenco, localizados al oriente de la Provincia y a las faldas del volcán La Malinche, se inconformaron por la extracción de madera que debieron hacer en el Monte de la Sierra, propiedad del cabildo, para llevarla a las obras de encauzamiento del río Zahuapan en la parte correspondiente a la ciudad de Tlaxcala, y en donde también tuvieron que participar como mano de obra; todo ello sin remuneración alguna. De acuerdo con el testimonio del gobernador de na-turales de Tlaxcala, los habitantes de los pueblos convocados se presentaron:

[sin] […] repugnancia a la inveterada costumbre que tienen de hacerlo a bien para el respeto q siempre han tributado a

28 ahet, “José Martín de Molina al Virrey”, fondo Archivo Municipal, caja 3, exp. 20, 22 de noviembre de 1803, sin fojas.

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las ordenes de este Cavildo en quanto contribuye al benefi-cio del Publico y cede en obsequio a sus antiguos privilegios [sic].29

El gobernador Molina señalaba en su exposición que los habitantes de Ixtenco, junto con otros dos pueblos, fue-ron apoyados por el presbítero José Díaz Conti, y se que-jaron ante el gobernador político y militar de Tlaxcala de los servicios que otorgaban sin pago alguno al Cabildo In-dio.30 No obstante, Molina indicó que el virrey, al conocer que las quejas habían sido interpuestas con el gobernador político, hizo saber a los pueblos que la instancia apropiada para buscar una solución era el mismo gobierno de natura-les.31 A pesar de esto, Molina señaló que el licenciado Daza, el presbítero Díaz Conti y el escribano Romero, avalados por el gobernador político y militar de la Provincia, hicieron representación de los reclamos hechos por los pueblos “[…] a fin de extinguir sus antiguas mercedes y privilegios”.32

Para Molina, el gobernador político debía ser separado de su puesto, ya que había tomado partido en un asunto que sólo le competía al Cabildo Indio, toda vez que se trataba de un asunto civil, pues se demandaba el trabajo y la com-posición de los caminos, así como el importe de las vigas de madera, además de no haber dado oportunidad al cabildo de contestar en audiencia. Incluso había llegado a amenazar

29 Idem. 30 El Cabildo Indio solicitó al obispo de Puebla y al Virrey, que Díaz Con-ti saliera de la provincia por la conducta que había mostrado al sublevar a los indios de Tlaxcala. Véase Idem. 31 Idem. 32 Idem.

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a los miembros de la corporación india con prisión. También cuestionaba la calidad moral del escribano Romero quien, según él, estaba siendo investigado en Huexotzingo, en don-de había desempeñado el puesto con anterioridad. En suma, Molina pedía la salida de todos los involucrados en el conflic-to. La carta que se dirigió al virrey concluía indicando que los agravios sufridos por el Cabildo Indio iban contra sus privilegios más antiguos otorgados por el Rey, siendo uno de ellos el que los pueblos ayuden a la corporación sin resisten-cia alguna y con tranquilidad.

Varios meses después, en junio de 1804, el Fiscal Pro-tector de Naturales de la Nueva España dio cuenta de que había recibido informes de los curas de la Provincia sobre abusos del Cabildo Indio, en relación a que los pueblos eran obligados a realizar trabajos en la ciudad de Tlaxcala sin paga alguna, sobre todo en tiempos de elección de oficiales de república.33 Las quejas que se hicieron llegar al Fiscal también incluían pagos excesivos de derechos por el nombra-miento de éstos. Además, las elecciones de los oficiales de los pueblos debían realizarse y sancionarse en la ciudad de Tlaxcala. Cabe recordar que el Cabildo Indio tenía en los oficiales de república, una parte ampliada de su gobierno, ya que eran quienes tenían como tarea hacer efectivas las indi-caciones de la corporación. Esto quizá explique la necesidad de tener cierto control sobre el proceso electivo mediante las prácticas señaladas de cobro de impuestos, verificación de las elecciones fuera de los pueblos y llevarlas a cabo cuando se hacían trabajos solicitados por el cabildo. Ahora bien, es

33 ahet, “El Fiscal Protector pide que no se molesten a los indios con trabajos personales contra su voluntad y sin recompensa de su trabajo”, fondo Colonia, caja 432, exp. 12, junio de 1804, sin fojas.

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precisamente al presbítero Díaz Conti a quien los pueblos solicitaban que fuera reconocido como su abogado en la que-rella contra el Cabildo Indio de Tlaxcala y, particularmente, con el gobernador de naturales encabezado por el cacique José Martín de Molina.34 La decisión que tomó el Fiscal de la Nueva España fue decretar el cese de servicios personales en la Provincia de Tlaxcala, que las elecciones de oficiales de república no debían llevarse a cabo en la ciudad de Tlaxcala, sino en los propios pueblos con asistencia de un juez español, así como que los derechos por nombramiento se suprimirían. Además indicó que Molina y el alcalde de la ciudad de Tlax-cala, José Esteban de Salazar, debían ponerse a disposición del virrey para ser encarcelados. Finalmente, el Fiscal reco-nocía a José Díaz Conti como abogado de los pueblos.

La respuesta del Cabildo Indio se presentó por medio de una carta enviada al virrey el 20 julio de 1804.35 En ella hizo una reseña de los acontecimientos más importantes del caso, además de dar cuenta de las decisiones del Fiscal Pro-tector que afectaban los privilegios de la corporación. Y, al igual que en su carta de noviembre de 1803, llevó a cabo fuertes señalamientos sobre la violación a sus derechos y pri-vilegios otorgados por el Rey de España. No obstante, fue el mismo virrey que en agosto del mismo año, dio a conocer a través de Manuel Vaamonde, gobernador político y militar de Tlaxcala, un decreto en el que suspendía todo servicio personal y las contribuciones que se cobraban por los cargos de oficialidad.36 Además, el virrey indicaba que los contri-

34 Idem. 35 ahet, “Escrito al Virrey de la Nueva España”, fondo Colonia, caja 434, exp. 17, 20 de julio de 1804, sin fojas. 36 ahet, “El gobernador Manuel Vaamonde da a conocer una disposición

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buyentes registrados en los pueblos involucrados por las de-mandas contra el Cabildo Indio, como San Tadeo Huiloapan y San Matías Tepetomatitlán, debían dar medio real cada quince días para el sostenimiento del pleito en los tribunales de la ciudad de México, cuya recaudación estaría a cargo los oficiales de república. Sin embargo, la nueva disposición del virrey de septiembre de 1804, señalaba que debía informar-se a los pueblos de la Provincia de Tlaxcala que no estaban obligados a contribuir con el medio real, en tanto era de su conocimiento que varios pueblos se negaban a ayudar en los gastos, siendo el caso de Santa María España, Contla, Amaxac, Santa Apolonia y San Mateo Ayecac.37

En documentos de 1804 y 1808 se hace patente la fal-ta de aplicación del decreto que ponía término a dos privi-legios del Cabildo Indio de Tlaxcala, así como la lentitud de su seguimiento en la Real Audiencia.38 Para 1810, una carta de la Real Audiencia al gobernador político y militar de Tlaxcala, indicaba que el Cabildo Indio debía hacerse cargo de los gastos de la diligencia, lo que muestra que seis años después del conflicto aún seguía en proceso, sin aplicar-

o decreto del Virrey por la que ordena el cese en toda la provincia de las pensiones, gabelas, derramas y servicio personal”, fondo Colonia, caja 426, exp. 18, 20 de agosto de 1804, sin fojas. 37 ahet, “El Virrey dispone que quedan enteramente libres todos los in-dios de esta Provincia de contribuir para la cuestión de San Matias Te-petomatitlan [sic]”, fondo Colonia, caja 432, exp. 8, 20 de septiembre de 1804, sin fojas.38 ahet, “La disposición del Virrey sobre la abolición de pensiones y ser-vicio personal en los pueblos de la provincia no es acatada”; AHET, FC, caja 460, exp. 9, 1808, “Los naturales de los pueblos de Tepetomatitlan y San Bernabé Amaxac, sobre gabelas y extorsiones contra los jueces caciques de esta ciudad”, fondo Colonia, caja 429, exp. 11, 1804.

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se las me didas dictadas para abolir los servicios personales y las con tribuciones por elección de oficialidad.39 Por su parte, los pueblos demandantes ya habían tenido un acer-camiento con el gobernador político para informarle que el cura de Santa Cruz se ofrecía para mediar ante el Cabildo Indio y poner fin al pleito.

El problema descrito implicó cuestiones más amplias que sólo la defensa de los privilegios por parte de la corpora-ción india. La primera y que parece ser la más evidente, es el cuestionamiento a la legitimidad de las acciones del Cabildo Indio por parte de diversos pueblos de la Provincia, particu-larmente representados por los oficiales de república. Pero no todos estaban dispuestos a cooperar, como lo evidencian los casos de varios pueblos que se negaron a aportar recursos para el sostenimiento del juicio en los tribunales de la ciu-dad de México. El segundo aspecto que vale la pena resaltar, es la existencia de un fuerte conflicto entre el gobernador de naturales y el gobernador político y militar de origen es-pañol. Un tercer elemento está relacionado con la decisión de las autoridades virreinales (fiscal protector y el virrey) de poner fin, mediante un decreto, a los privilegios del Cabildo Indio, situación que era sólo potestad del Rey de España en tanto era la figura legal que podía otorgarlos o retirarlos, lo que quizá explique porque finalmente no fue posible su apli-cación y vigencia.40

Es importante señalar que lo que se ha descrito en esta sección, indica, sin lugar a dudas, un cierto nivel de desgaste del cabildo frente a sus gobernados y, además, la firme inten-

39 ahet, “Real Audiencia al gobernador Muñoz”, fondo Colonia, caja 476, exp. 18, 9 de marzo de 1810.40 Véase Rojas, “Repúblicas de españoles”.

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ción de las autoridades virreinales de acotar los privilegios del Cabildo Indio, mediante el apoyo a las peticiones de los pueblos. Todo esto que pone en evidencia una de las aristas, la crisis sociopolítica que estaba viviendo la Provincia de Tlaxcala a principios del siglo xix.

A mAneRA de conclusión: lA consTiTución de cádiz de 1812, sAlidA políTicA y sociAl A lA cRisis de los pRivilegios

Sobre el impacto que causó la Constitución gaditana de 1812 en la Nueva España, existen dos grandes corrientes. Una de ellas señala que los valores de la ciudadanía, las elecciones y la conformación de ayuntamientos fueron piezas clave en los cambios que se generarían progresivamente en la cultura política de los sujetos que se desarrollaron en el contexto del Antiguo Régimen.41 La segunda indica el éxito de la mo-dernidad política liberal, argumentando que si se llevaron a cabo las elecciones y se eligieron ayuntamientos que gober-narían ciudadanos, fue porque de esta manera supervivían las prácticas políticas tradicionales corporativistas basadas

41 Annino, Antonio, “Ciudadanía versus gobernabilidad republicana en México. Los orígenes de un dilema”, en Hilda Sábato (coord.), Ciudada-nía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina, México, Fondo de Cultura Económica / El Colegio de México, 1999, pp. 62-93; Alicia Hernández, La tradición republicana del buen gobierno, México, El Colegio de México / Fondo de Cultura Económi-ca, 1999; François Xavier Guerra, “De la política antigua a la políti-ca moder na”, en Los espacios públicos en Iberoamérica, siglos xviii-xix, Méxi co, Fondo de Cultura Económica, 1998, pp. 109-134; José Antonio Serrano, Jerarquía territorial y transición política. Guanajuato, 1790-1836, México, El Colegio de Michoacán / Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2001.

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en los privilegios, logrando con ello mantener y defender la autonomía de gobierno.42

La historiografía tlaxcalteca vigente hasta el momen-to se enmarca en una especie de zona de transición entre las corrientes citadas.43 Por un lado, afirma que en Tlaxca-la, entre 1812 y 1824, tuvo lugar una revolución oligárqui-ca liderada por criollos y mestizos, que orientó y dirigió las transformaciones políticas hacia la modernidad gaditana. Si bien, los pueblos participaron y se adaptaron a dichos cambios erigiendo ayuntamientos, permanecieron ajenos a la idea de ciudadanía. No obstante, cabe matizar que para Buve permanecieron ciertas continuidades del Antiguo Ré-

42 Guarisco, Claudia, Los indios del valle de México y la construcción de una nueva sociabilidad política, 1770-1835, México, El Colegio Mexi-quense, 2003.43 Robins, Wayne, “Cambio y continuidad en el ayuntamiento de la ciu-dad de Tlaxcala, 1810-1825”, en Historia y grafía, núm. 6, UIA, 1996, pp. 87-112. Los artículos de Raymond Buve son numerosos: “Cádiz y el debate sobre el estatus de una provincia mexicana, Tlaxcala entre 1780 y 1850”, en Falcón A. Escobar y R. Buve (comps.), Pueblos, comunida-des y municipios frente a los proyectos modernizadores en América Latina, siglo xix, Amsterdam, Cedla, 2002, pp. 9-27; “Una historia particular: Tlaxcala en el proceso del establecimiento de la primera república fede-ral”, en Josefina Zoraida (coord.), El establecimiento del federalismo en México (1821-1857), México, El Colegio de México, 2003, pp. 533-554; “La influencia del liberalismo doceañista en una provincia novohispana mayormente indígena: Tlaxcala, 1809-1824”, en Manuel Chust e Ivana Frasquet (eds.), La trascendencia del liberalismo doceañista en España y en América, Valencia, Biblioteca Valenciana, Col. Historia / Ensayos, Ge-neralitat Valenciana, 2005, pp. 115-136; “Municipios y el difícil proceso de formación de la nación en el siglo xix: algunas reflexiones sobre Tlax-cala”, ponencia presentada en el Coloquio Internacional La construcción municipal de la Nación, México, Instituto de Investigaciones Históricas-unam, 2007.

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gimen, como lo fueron los cacicazgos y la idea de la auto-nomía; elementos que fueron parte importante del proceso sociopolítico en la transición, incluso aspectos utilizados y defendidos por los propios mestizos y criollos en sus prácti-cas políticas.44

Veamos un dato que puede medir el grado de aceptación de la Constitución de Cádiz en Tlaxcala en 1812, momento que particularmente interesa en este trabajo. En 1812, de acuer-do con Antonio Annino, en Tlaxcala se eligieron 42 ayunta-mientos constitucionales, siendo uno de ellos el de la ciudad de Tlaxcala. No obstante, Buve dice que fueron en realidad 24, correspondiendo sólo a las principales cabeceras existentes.45 Si relacionamos estas cifras con los conflictos que se verifica-ban en la Provincia de Tlaxcala en las últimas décadas del siglo xviii y la primera del siglo xix, en los que se cuestionaba por las vías formales existentes para las quejas de los pueblos de indios, las prácticas derivadas del ejercicio de los privilegios del Cabildo Indio de Tlaxcala, podría deducirse que los pue-blos tlaxcaltecas optaron por adherirse al nuevo marco legal, toda vez que con éste lograban obtener un nivel de autogo-bierno, pero también porque los cuestionamientos mostraban ya la falta de legitimidad de la corporación ante aquéllos.

Este argumento cobra fuerza para explicar porque los pueblos de la Provincia de Tlaxcala erigieron ayuntamientos en 1812 y 1813, frente a los estudios de la historia tlaxcalte-ca que sólo señalan que el Cabildo Indio era débil, tenía una función administrativa y no poseía ningún peso en el control

44 Buve, “Cadiz y el debate”.45 El dato de Annino es citado por Hernández, La tradición republicana, p. 25. Para Tlaxcala, véase Buve, “La influencia del liberalismo”, pp. 115-136.

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de la economía, pues estaba en manos de una élite criolla y mestiza.46 Con los materiales de archivo que sustentaron este trabajo, creo posible plantear que 1) el Cabildo Indio tenía aún, a fines del siglo xviii, una fuerza política importante basada en los privilegios, con la que logró ante las autorida-des novohispanas y de la Corona española, defender y man-tener la vigencia de su autogobierno, logrando separarse de la Intendencia de Puebla y estableciendo un gobierno polí-tico y militar autónomo; 2) diversos pueblos, en conjunto o de manera individual, a través de los oficiales de república que los representaban, iniciaron diversas acciones formales para que las autoridades coloniales suprimieran algunos de los privilegios que les eran lesivos, como el pago de derechos por elección y el trabajo como mano de obra, 3) no obstante, y al igual que con la aplicación de las Reformas Borbónicas, finalmente al Cabildo Indio le fueron respetados los privile-gios, ya que, a pesar de existir algunas decisiones formales de las autoridades virreinales para evitar la continuidad de los derechos cuestionados por los pueblos, en la práctica parece ser que no fueron aplicados, lo que le dio a final de cuentas continuidad a los privilegios de la corporación.

En síntesis, cuando inició el movimiento de Indepen-dencia en la Nueva España en 1810, el Cabildo Indio no es-taba acabado pues había salido con éxito de dos intensas confrontaciones, una de carácter externo, la de las Refor-mas Borbónicas, y otra de origen interno, la de los cuestio-namientos de los pueblos; y no obstante que su legitimidad se encontraba en crisis, al final salió victorioso, lo que le per-mitió seguir vigente como gobierno. De hecho, el Cabildo

46 Al menos ésta es la visión que plantean las investigaciones de Buve ya citadas.

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Indio apoyó abiertamente a la Corona en 1810 con declara-ciones públicas, mientras que los pueblos, entre 1811 y 1812, sufrieron de una permanente inestabilidad social y política producto de las incursiones de los insurgentes que se locali-zaban en el Departamento del Norte, ubicado en la Sierra Norte de Puebla. Para los pueblos tlaxcaltecas la guerra no fue una opción para lograr la autonomía, pero la Constitu-ción de Cádiz de 1812 si lo fue porque ofreció una alternativa para darle viabilidad a las aspiraciones de autogobierno de los pueblos tlaxcaltecas, aunque seguramente en los térmi-nos que conocían y practicaban en el marco del Antiguo Ré-gimen.

En todo caso, como señala Rojas, el caso de Tlaxcala muestra que la transición política hacia el régimen moderno de corte liberal que pretendió establecer Cádiz, estaba an-clada al entendimiento de los cuestionamientos a las corpo-raciones del cuerpo político del Antiguo Régimen a fines del periodo colonial. Pero también señala la posibilidad de que la articulación con la ciudadanía y los procesos electorales de Cádiz, significaran para los pueblos un modo de ver cum-plidas sus aspiraciones de autogobierno como lo entendían en el modelo corporativista.47

47 Beatriz Rojas, Cuerpo político.

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RefeRenciAs

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[43]

* Universidad Autónoma de Zacatecas / CAM. Doctor miembro del Siste-ma Nacional de Investigadores, nivel 1.

la difusión de las ideas. ProPagandas insurgente y Contrainsurgente en

nueva esPaÑa, 1809-1814

Martín Escobedo Delgado *

lA pRopAgAndA políTicA en el pRoceso independenTisTA

A diferencia de la perspectiva tradicional sobre la Inde-pendencia de México, estudios recientes han señalado

con reiteración el carácter profundo, contradictorio y zig-zagueante del proceso independentista. Es por ello que, de cara a la conmemoración del Bicentenario se advierte la ne-cesidad de seguir discutiendo sobre un proceso que todavía no se desentraña en su totalidad.

Tomando como base el ensanchamiento temporal, te-mático y metodológico que ha registrado la historiografía independentista, el presente trabajo centra la mirada en un aspecto que, pese a su importancia, ha sido poco atendido: la propaganda política. La hipótesis que circula a lo largo de este documento, sostiene que la palabra escrita, en espe-cial, la propaganda política, desempeñó un rol fundamental en la transformación paulatina de la cultura política duran-

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te el ocaso colonial. Gracias a la producción, circulación y consumo de textos, los novohispanos asistieron a un prolon-gado debate donde las descalificaciones, los rumores y las ideas políticas delinearon una mentalidad inédita en la que el tema político ocupó un lugar de privilegio.

el oRigen de lA pRopAgAndA políTicA

La propaganda es un concepto creado y operado por la Igle-sia católica. Corría el año de 1622 cuando el Papa Gregorio XV instituyó la Congragatio de Propaganda Fide con el ob-jeto de fortalecer la fe cristiana y, al mismo tiempo, conte-ner el avance del protestantismo. A partir de entonces, esta doble función, traducida en los verbos alentar y detener, se convirtió en una actividad recurrente que desarrolló la Igle-sia en distintos puntos del orbe donde era necesario alentar los preceptos de Roma y frenar las supuestas herejías que se alejaban del dogma.

El siglo de las luces fue testigo de una transpolación de la propaganda: del ámbito religioso se desplazó al terreno político. Fueron los ilustrados franceses quienes entendieron que las ideas, materializadas en palabras impresas, tenían un potencial formidable. El consumo de textos podía promo-ver cambios en la conciencia, lo que produciría, en conjunto, transformaciones políticas y sociales. Por ello, en la Francia dieciochesca, se comenzaron a redactar, imprimir y leer li-bros que ponían en entredicho el sistema político imperante, pero también, se empezaron a diseminar otro tipo de escri-tos políticos que tenían la intención de ensuciar y enlodar la reputación de las figuras públicas.1 Son muchos los casos

1 Véase Darnton, Robert, “Madmoiselle Bonafon y la vida privada de

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lA difusión de lAs ideAs

donde funcionarios reales eran descritos como depravados e irracionales, mientras que la cordura y moderación eran vir-tudes que poseía algún paladín proveniente de un sector des-favorecido. El mensaje, que circulaba en textos clandestinos y que, en ediciones baratas, era leído con fruición por el pue-blo, era sencillo: la aristocracia ha caído en una vorágine de vicios que le impide gobernar con prudencia, en contraparte, el pueblo, que experimenta las necesidades más apremiantes, puede estar capacitado para tomar las riendas del gobierno.

Durante la segunda mitad del siglo xviii, Francia cono-ció una proliferación propagandística inédita. Los folicula-rios habían asaltado la tribuna pública y, desde esa palestra, aprovechaban cualquier oportunidad para socavar al Esta-do absolutista y proponer cambios drásticos en el sistema de gobierno. Hacia 1780, la agitación social promovida por la propaganda política era insoportable. En ese álgido momen-to, la policía secreta se encargaba de vigilar de cerca, tanto a los que escribían injurias contra el gobierno, como a los que imprimían obras del mismo talante y las hacían circular. Como es de suponerse, los agentes no se daban abasto para seguir de cerca a tantos escritores e impresores que ponían en movimiento innumerables títulos que se vendían como pan caliente. La propaganda adquirió matices temerarios: del ataque a las figuras públicas que conformaban la Corte, se pasó a la agresión directa al monarca. Un sacerdote escri-bió que el gobierno francés representaba “un despotismo ti-ránico que todo mundo desprecia […] la fuente de todo esto es un rey débil y sensual, que no se preocupa por nada excep-

Luis XV. Circuitos de comunicación en la Francia del siglo 18”, en IX Encuentro Internacional de Historia de la Educación, edición en disco compacto, Colima, Universidad Autónoma de Colima, 2003b.

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to por lo que le sirve para embrutecerse con el placer […].”2 Por las calles parisienses y por la campiña francesa se espar-cían innumerables rumores que tenían origen en la palabra escrita, ejemplo de ello es el preámbulo de una copla que se popularizó meses antes de que estallara la Revolución:

Indolente derrochador de los bienes de tus súbditostú que cuentas los días por los males que hacesesclavo de un ministro y de una mujer avaraLuis, escucha la suerte que el cielo te prepara.3

A estas alturas, la sociedad francesa estaba evolucio-nando de una cultura eminentemente oral, a otra donde lo escrito ocupaba un lugar preponderante. El pueblo francés que se había incorporado paulatinamente a la lectura y a la escritura como partes de su cotidianidad, se vio inmerso en una trepidante revolución armada y también libró batallas en la faz del papel. Los circuitos comunicativos construidos desde mediados del siglo xviii desempeñaron un importantí-simo papel en la construcción de la naciente opinión pública y en el derrotero que seguiría el proceso revolucionario. La importancia de la palabra escrita y, en particular, de la pro-paganda política se expresa en un texto del intelectual Ger-bier, que fue escrito en el fragor de los combates:

¿De dónde viene esta loca agitación? De una multitud de em pleaduchos y letrados, de escritores desconocidos,

2 Darnton, Robert, La gran matanza de gatos y otros episodios de la his-toria de la cultura francesa, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, p. 159.3 Ibid., p. 148.

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de escritorzuelos hambrientos que alborotan salones y ca-fés. Ellos son la forja de donde salieron las armas con que se pertrechan hoy las masas.4

el véRTigo pRopAgAndísTico en lA nuevA espAñA

No deja de sorprender la manera en la que durante el ocaso colonial confluyeron cuatro proyectos políticos que se en-frentaron en la parcela de las ideas. El primer proyecto, que se caracterizó por su largo alcance, lo emprendió la Corona española al conquistar y colonizar una buena parte de Amé-rica. El pilar en el que se sostuvo el primer proyecto fue el Es tado absolutista, mismo que encontró su justificación en la teoría del derecho divino, en un sistema de privilegios, en una estructura institucional rígida y en un modo peculiar de administrar los dominios ultramarinos. El segundo pro-yecto tuvo como epicentro la Francia napoleónica. Tras la invasión gala del territorio peninsular, el gobierno del Em-perador francés desarrolló un plan que tenía como fin acre-ditar las buenas intenciones de la administración josefina y, con ello, ganar el favor y la aprobación del pueblo español. Ése fue el móvil por el que se promulgó la Carta de Bayona, misma que impulsó, con resultados fallidos, la implantación de un gobierno de corte liberal apoyado por el ejército galo y los afrancesados. El siguiente proyecto se manifestó pre-cisamente como respuesta de los españoles ante la invasión. Luego de que el trono estuvo acéfalo, se debatió intensamen-

4 Darnton, Robert, Edición y subversión. Literatura clandestina en el An-tiguo Régimen, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2003, p. 15.

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te sobre la soberanía.5 Si la soberanía residía en el monar-ca y éste se encontraba ausente, entonces el pueblo era el encargado de resguardarla y depositarla en representantes electos, los cuales velarían por su integridad hasta entregar-la nuevamente a la persona del rey cuando llegara el feliz día de su regreso. Tras un amplio debate, se conformó un cuer-po constituyente que incluyó a diputados americanos lo que dio paso más adelante a la promulgación de la Constitución de Cádiz, en la que se asientan derechos civiles y políticos para los españoles de ambos hemisferios. El último proyec-to político que se erigió fue el autonómico-independentista, que pugnaba por la emancipación de la América española y proponía una serie de cambios que abatirían el Antiguo Régimen y que darían sustento a la construcción de nuevas naciones.6

Algunas versiones historiográficas dejan ver que el proceso emancipatorio se dio de manera lineal y que la in-dependencia era inevitable. Sin embargo, la génesis de la na-ción se desarrolló a través de una evolución intrincada donde el porvenir era susceptible de ser inventado. “El siglo xix va a ser un momento de refundación e incertidumbre, en que todo estaba por hacerse y nada era cierto y estable”.7 En

5 Véase Mariana Terán, Combates por la soberanía, México, Universidad Autónoma de Zacatecas / Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2005.6 Para ampliar la información de los cuatro procesos políticos que se im-bricaron en el periodo colonial tardío, véase Manuel Chust, La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814), Valencia, Biblio-teca de Historia Social uned, 1999.7 Palti, Elías, El tiempo de la política. El siglo xix reconsiderado, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007, p. 13.

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esta tesitura, el común denominador entre los historiadores contemporáneos es, sin duda, su posicionamiento sobre el predominio del factor político en el escenario del proceso in-dependentista. Más que el suceso bélico, que tuvo enorme estridencia y que ha servido para modelar la identidad na-cional, fue el aspecto político el que en realidad fraguó una nueva mentalidad que, paso a paso, condujo a los habitantes de estas tierras a dejar de pensar como vasallos del rey y a reconocerse como ciudadanos de un nuevo Estado-nación in-dependiente. Si se ponen en la balanza la revolución armada y la revolución política, a todas luces ésta última tuvo pre-ponderancia por las profundas transformaciones que se ges-taron durante el periodo decimonónico. En este proceso, la propaganda política jugó un papel crucial y determinante.

En Nueva España, las primeras muestras de propa-ganda política las encontramos en 1791. Fue en ese año, cuando una cascada documental integrada por manifiestos, estampas, cartas, pasquines, hojas volantes, folletos y libe-los, comenzó a anegar el territorio virreinal. Provenientes de Francia, estos materiales tenían por misión esparcir el ideario revolucionario en el Nuevo Mundo. Los documentos llegaban al puerto de Veracruz y de ahí se trasladaban con celeridad a la ciudad de México. Algunos franceses que re-sidían en esta capital se encargaban de difundir las venta-jas de la república y la igualdad de todas las personas. Un individuo de apellido Aroche expresaba, apoyándose en va-rios papeles, las máximas de la Asamblea y los proyectos de los revolucionarios. De igual forma, arengaba, con singular energía, los exhortos del general Lafayette a sus tropas.

El tema político empezó a campear en calles, fondas, cantinas, tiendas, billares y tertulias. La población se arre-molinaba en torno a los sujetos que hablaban sobre el esta-

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do de la Francia y sus aparentes logros en el renglón de la política. Incrédulos, los transeúntes escuchaban atentos las desproporcionadas afirmaciones de individuos profranceses que vociferaban contra el rey y la religión. Prevenidas del posible contagio político, las autoridades virreinales estuvie-ron atentas del cauce que tomaba el fenómeno, sin embargo, el virrey Revillagigedo, acusado de simpatizar con algunos planteamientos libertarios, actuó con disimulo indulgente y con franca permisividad, pues entre su séquito se encon-traban varios ciudadanos franceses que le cortaban el pelo, le preparaban los alimentos y hasta instruían a sus hijos. El aguijón de la política comenzó a hacer estragos en varios sec-tores de la población novohispana. El revuelo que causaban los pasquines que aparecían muy de mañana fijados en pare-des de edificios públicos era evidente. La sociedad entera vivía en un hilo esperando con ansiedad y/o angustia el siguiente día, para conocer los planteamientos clandestinos que, mu-chas veces con tono hilarante, perturbaban el orden social.

En este enrarecido clima, llegó el sustituto de Revi-llagigedo, el virrey Branciforte quien se quejó de tomar el mando “en los tiempos más turbulentos”. No obstante, tomó medidas apremiantes para frenar de tajo el embate sedicio-so: hizo circular propaganda oficial indicando a la población que “debía denunciar a los enemigos de la religión y de la Corona, quienes bajo la bandera de la Francia revolucionaria se escondían entre los leales súbditos novohispanos”.8

8 Ibarra, Antonio, “La persecución institucional de la disidencia novo-hispana: patrones de inculpación y temores políticos de una época”, en Felipe Castro y Marcela Terrazas (coords.), Disidencia y disidentes en la historia de México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, p. 122.

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La reacción furibunda del virrey obtuvo respuesta, ya que días después de darse a conocer lo dispuesto por él, en-tre la población circularon varios pasquines con una frase que se hizo famosa: “Branciforte no tiene cojones para echar de aquí a los franceses”.9 Ante los excesos cometidos por los au tores de tremendos vituperios y deseoso de arrestar a los responsables, el virrey ordenó “que a los escribanos u otros sujetos, según lo consideren conveniente, les manifieste con oportunidad los mencionados pasquines, para que, reco-nociéndolos puedan informar si conocen la letra o han visto alguna que se le parezca”.10 También dispuso que “los guar-dias velen con mayor esmero y procuren asegurar en ade-lante a todo sujeto sospechoso que en horas extraordinarias se acerque a las esquinas o detenga en ellas, reconociendo si lleva algún pasquín”.11

Los informes que Branciforte enviaba a la metrópoli causaron alarma. A decir del virrey, los espías apostados en sitios estratégicos de la Nueva España, informaban sobre la pertinaz labor de varios sujetos que propagaban, a viva voz o a través de escritos, doctrinas revolucionarias que aten-taban contra el rey y la santa religión. Noticias en torno a la llegada de emisarios franceses que tenían la encomienda de organizar levantamientos en varios puntos de la geogra-fía novohispana se esparcieron entre todos los sectores de la población. La atmósfera se saturó de rumores levantiscos al tiempo que se cuestionaba la opresión monárquica y los ex-

9 agi, fondo Estado, caja 22, exp. 36, f. 3r, 1794.10 Ibid., exp. 30, f. 2r, 1794.11 Ibid., exp. 30, f. 2v, 1794.

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cesos de la religión.12 La respuesta de la Corona fue cerrar las fronteras novohispanas a los sospechosos de simpatizar con las ideas revolucionarias. Además, el control aduanal se volvió más severo con la intención de confiscar propaganda política proveniente de Francia.

Como se puede advertir, la elaboración, circulación y consumo de escritos incendiarios surtía efecto. Los vasos comunicantes que ligaban a la sociedad tardocolonial eran efectivos. Luego de que se conocía una hoja volante, una estampa o un libelo eran comentados por individuos de to-das las condiciones. La inquietud que causaban era tal, que las autoridades reaccionaron con celeridad para detener esa “enfermedad política”. Empero, los esfuerzos fueron vanos, en Zapotlán, gracias a las artes seductoras del francés Juan Durrey, se descubrió una asonada en ciernes.13 En Veracruz, se divulgaron estampas que ilustraban la decapitación de Luis XVI y su familia. En Chiapas, Guadalajara, Zacatecas, Valladolid, Guanajuato y Querétaro —sólo por citar los ca-sos documentados— se vivieron convulsiones originadas por la difusión de materiales revolucionarios. A estas alturas, las autoridades se quejaban amargamente al señalar: “Los fran-ceses poseídos de estos halagüeños y falsos principios, han logrado seducir no sólo a sus compatriotas, sino también a muchos de los nuestros”.14

Durante casi todo el periodo virreinal, los circuitos de comunicación giraban alrededor de la palabra oral. La alfa-betización era minoritaria, no obstante, esto no implicaba

12 Ibid., exp. 36, ff. 3-5r, 1794.13 Ibarra, “La persecución institucional”, p. 127. 14 agi, fondo Estado, exp. 41, ff. 2v-2r, 1794.

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que las personas estuvieran al margen de los contenidos tex-tuales. La lectura en voz alta fue de uso corriente, casi no se leía con los labios cerrados. Los escritos estaban destinados más para oído que para la vista, incluso, muchos libros es-taban dedicados no al lector como tal, sino a la persona que escuchaba la oralización del texto. En el mismo tenor, las ordenanzas reales que llegaban a las capitales provinciales en formato escrito, eran divulgadas en calles y plazas, a viva voz, por el pregonero, de hecho, publicar significaba “hacer del conocimiento público una información o un saber”. Los mismos sermones, que representaban el único momento de la celebración eucarística en que se hablaba en castellano, eran leídos desde el púlpito por el orador, mientras que los feligreses quedaban prendados por los conceptos barrocos que proferían eminentes panegiristas. Así, el habla servía como vehículo de los textos. De boca en boca, la informa-ción, los rumores y la ideología transitaban con rapidez y se esparcían por todos los sectores sociales. Ésta fue la razón por la que los sujetos que querían esparcir ideas incendiarias se valieron de los textos como detonadores de la aún balbu-ceante opinión pública.

lA luchA pRopAgAndísTicA: insuRgenTes veRsus monáRquicos

El proceso independentista experimentó varios episodios en lo que a la propaganda política se refiere. Tras la crisis de 1808, ideas políticas antagónicas protagonizaron otro asalto. En ese momento, Napoleón emprendió una campaña para promover y justificar la invasión, mientras que la mayoría de los españoles de ambos lados del Atlántico desplegaron una operación de grandes dimensiones para acrecentar el patrio-tismo, enaltecer la figura del monarca depuesto y denostar al

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enemigo. Casi a la par de la cruzada ideológica profernandis-ta, se produjo una oleada que tuvo como fin la difu sión de la ideología liberal emanada de las Juntas Provinciales, de la Junta Central y posteriormente de la Constitución ga-ditana:

Hay que señalar que en este periodo histórico hubo una fluida comunicación entre América y la Península. A tra-vés de navíos neutrales, ingleses o bajo pabellón español, circulaba la información sobre los acontecimientos de uno y otro continente: cartas privadas, decretos, periódicos, el propio Diario de Sesiones de Cortes, panfletos, hojas volan-tes, correspondencia mercantil, literatura, obras de teatro, canciones patrióticas. Hubo ideas, pero también hubo ac-ción dado que se convocaron procesos electorales municipa-les, provinciales y a Cortes. Se verificaron las elecciones, lo cual promovió una intensa politización hispana en ambas realidades.15

En España, un alud de propaganda política emanada de las Cortes inundó el territorio peninsular. Las decenas de imprentas localizadas en la calle ancha de Cádiz irrigaban los hervideros políticos de la metrópoli. Asimismo, raudas fragatas llegaban a costas novohispanas con materiales es-critos que aumentaban la angustia por El Deseado o insufla-ban los corazones patrios de enorme regocijo. Sin embargo, de estas tierras también partían documentos de apoyo a la resistencia y sumas recaudadas para su sostenimiento. Los

15 Chust, Manuel, De la revolución hispana a la revolución española: claves del doceañismo gaditano, México, Universidad Autónoma de Zacatecas / Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2005, p. 16.

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peninsulares recibían con agrado las muestras de adhesión y apoyo que se hacían patentes en periódicos y folletos que eran impresos en el lugar donde se proclamó la Constitución de 1812 y repartidos por una amplia red de distribuidores.

La política encontró un caldo de cultivo propicio, ya que en este lapso, casi todo estaba salpicado por una extraña afición de las personas por conocer y discutir tareas propias de los gobernantes. En lo sucesivo, el aguijón de la política punzaría de tal manera a la sociedad, que la fórmula del ca-llar y obedecer, comenzó a ser falible. En este contexto sur-gió la propaganda política insurgente. Desde 1809, algunas voces y plumas empezaron a llamar la atención. En Sierra de Pinos, una subdelegación ubicada en el sureste de la In-tendencia de Zacatecas, se celebraban, día a día, reuniones entre algunos vecinos en las que se ventilaban asuntos del gobierno y, se presume, conspiraban con proclamas autono-mistas.16 En marzo de 1810, la ciudad de Zacatecas vivía una gran agitación. El Dr. Cos anotaba en una de sus cartas:

[…] dos semanas ha que aparecieron en las esquinas pas-quines muy insultantes y obscenos: ¡Mueran todos los gachupines! ¡Salga esta canalla de forasteros ladrones que ha venido a cogerse lo que es nuestro! […], se juntó una multitud de léperos y barreteros armados con garrotes, cuchillos y piedras, y sin duda hubieran hecho pedazos a aquellos infelices [los españoles], sólo que éstos se refugia-ron en la iglesia de Chepinque.17

16 ahez, fondo Intendencia de Zacatecas, serie Pinos, caja 1, f. 3r, año 1809. 17 Citado por Héctor Sánchez Tagle, Insurgencia y contrainsurgencia en Zacatecas, 1810-1813, tesis para obtener el grado de doctor en Historia Colonial, Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, 2005, p. 70.

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La expectación crecía inusitadamente. En Guadalaja-ra se organizaban reuniones en la casa de Arezpacochaga. Disfrazadas de tertulias literarias, los contertulios discutían sobre asuntos autonómicos.18 Este tipo de reuniones no se pueden considerar como hechos aislados que estuvieran le-jos de marcar una tendencia. En realidad, las tertulias se celebraban con cierta regularidad en distintos puntos del vi-rreinato. Los casos de Valladolid y de Querétaro son los más conocidos, empero, existieron otros que, sin haber saltado al conocimiento general, preocuparon a las autoridades. Como muestra de estos movimientos subterráneos, citaré el ocurri-do en 1809, donde un grupo de conspiradores quiso prender la llama de la insurrección a través del envío de cartas a dis-tintas figuras públicas de las ciudades de México, Querétaro, Zacatecas, Oaxaca y Puebla. La misiva la firmaba un tal Justo Patricio Paiserón, en la que destacaba las virtudes pa-trióticas del destinatario y en una hoja anexa hacía una invi-tación para participar en una sublevación emancipadora:

Habitantes de la América: los esforzados y valientes sol-dados españoles no han podido resistir a las fuerzas supe-riores del tirano Napoleón, que según las últimas noticias estaban en las cercanías de Madrid. La España toda por fatal desgracia, va a gemir ya bajo su yugo. Abrid los ojos y conoced los terribles males que os amenazan, si no os pre-paráis desde ahora contra ellos. Ea, olvidad todo lo pasado, uníos estrechamente: haced un solo cuerpo y mostrad que sois fieles al rey y verdaderos defensores de la santa religión

18 Palacio, Celia del, La disputa por las conciencias. Los inicios de la pren-sa en Guadalajara, 1809-1835, Guadalajara, Universidad Autónoma de Guadalajara, 2001, p. 34.

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y de la patria. Proclamad la independencia de Nueva Espa-ña, para conservarla a nuestro augusto y amado Fernando Séptimo y para mantener pura e ilesa nuestra fe […]. Ya no es tiempo de disputar sobre los derechos de los pueblos: ya se rompió el velo que los cubría: ya nadie ignora que en las actuales circunstancias, reside la soberanía en los pue-blos, así lo enseñan infinitos impresos que nos vienen de la Península […]. No se oiga de vuestros labios más voz que la independencia.19

En efecto, un buen número de materiales propagandís-ticos argüían que, en bien del rey y de la nación, era impres-cindible la proclamación de la Independencia. No dudamos que la tradición monárquica y el espíritu de vasallaje hayan calado hondo en las mentes y en los corazones de muchos novohispanos. Durante casi todo el periodo virreinal, el sim-bolismo, las prácticas y los preceptos religiosos, la educa-ción, la economía y todos los engranajes culturales y polí-ticos se orientaron a afianzar un imaginario en torno a la gran nación española. En este tenor, no dudamos que, sin otra pretensión, una minoría propuso la independencia para salvaguardar este territorio de la injerencia napoleónica. No obstante, desde hacía varios años, vientos nuevos recorrían la geografía novohispana dejando a su paso intranquilidad, turbación y duda. En estas circunstancias, las proclamas que azuzaban a la población a conseguir la independencia para resguardar este reino a su legítimo monarca, eran una

19 Ávila, Alfredo, “¿Cómo ser infidente sin serlo? El discurso de la In-dependencia en 1809”, en Felipe Castro y Marcela Terrazas (coords.), Disidencia y disidentes en la historia de México, México, Universidad Na-cional Autónoma de México, 2003, pp. 139-140.

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farsa, pues lo que en realidad pretendían distaba mucho de lo que a pie juntillas se podía leer en ellas: aprovechando la confusión querían que se obtuviera la Independencia para luego desconocer la autoridad real.

Al parecer, el movimiento de Hidalgo tuvo desde un principio tintes independentistas. Éste, cuando se enteró que los planes de Querétaro habían sido descubiertos, a me-dia mañana del 15 de septiembre, escribió una invitación a los habitantes de su parroquia para que se sumaran a la lu-cha por la libertad:

En el santo nombre de Dios Nuestro Señor, yo Dn. Miguel Hidalgo y Costilla, cura párroco de la feligresía de Dolo-res, invito a mis amados hermanos para que guiados por la Santísima virgen de Guadalupe y alumbrados por el sol purísimo de la libertad, peliemos por nuestra independen-cia hasta ver realizados nuestros más ardientes deseos de paz y felicidad de esta amada Nación Mexicana, y por lo tanto todos aquellos de todas castas y edades que quieran secundarme en tan noble pelea, que acudan hoy a las once de la noche a mi curato para que demos el grito de indepen-dencia y libertad que resonará en todas las naciones cultas del mundo.

Y mando se fije éste en la puerta de la iglesia para que todos lo vean y lo lean como es debido.Dolores, septiembre 15 de 1810.Miguel Hidalgo y Costilla (rúbrica).Suplico a los vecinos la debida reserva [sic].20

20 Cl, nlB, García, Borden Clarke Collection, Correspondence, Carp. 1, f. 2r.

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Como se puede apreciar, la versión historiográfica del jinete nocturno que, sin importar la distancia fustiga a su caballo para dar la noticia a Hidalgo sobre el complot des-cubierto, queda derruida con este documento, pues se infiere que Hidalgo redactó un manuscrito que, con oportunidad, fijó en la puerta de la parroquia, mismo que fue leído y co-nocido por la gran mayoría del pueblo de Dolores, pues por tratarse de una pequeña villa, la información debió esparcir-se muy rápido.

Una vez que estalló el movimiento armado, la propa-ganda nuevamente ocupó un sitio privilegiado. Los insur-gentes no dejaron ir oportunidad para divulgar mensajes cortos que producían escozor, así, el pasquín manuscrito fue un medio que gozó de amplia aceptación por los inconformes del régimen. Se utilizó sobre todo como respuesta a los ban-dos, edictos y ordenanzas impresas que emitían las autorida-des. Así, el pasquín es un antibando dirigido al pueblo con el objeto de herir, arruinar el honor y golpear la reputación de cierto individuo o grupo. El álgido clima en la lucha por la Independencia, motivó una proliferación de este tipo de tex-tos que la mayoría de las veces cumplieron con su cometido: amedrentaron a las autoridades y contribuyeron a generar un ambiente de incertidumbre y confusión.

En casi todo el territorio virreinal se conoció lo asen-tado en distintos pasquines que aparecían fijados en parajes públicos. La ciudad de San Luis Potosí padeció una oleada de papeles infamantes que alertaron a Calleja, quien asegu-raba que los enviados de Napoleón estaban implicados en tales hechos. Ante la enérgica actitud que Calleja había mos-trado con sus enemigos, los insurgentes tomaban postura. En un pasquín que fue comentado ampliamente en ese cen-tro urbano se leía:

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Criollos de San Luis: conviene prender a todos los gachu-pines. No os opongáis al cura de Dolores; Dios lo crió para castigo de los tiranos. Soldados de San Luis, es preciso des-terrar de todo el reino a estos ladrones disimulados. No les toquéis a sus vidas, porque sería cubrir de oprobio vuestra nación; pero entregadlos al cura de Dolores si queréis ser felices.21

Toluca fue otra ciudad que experimentó una ofensiva pasquinista. Estos papeles sediciosos se difundieron utilizando una táctica novedosa: además de fijar en muros y/o puertas di-chos manuscritos, los autores y sus cómplices diseminaban los escritos en calles, plazas y mercados tirándolos al suelo. Por este medio se conocieron los planteamientos de los insurgentes:

Viva la independenciay mueranlos que a ella se opongan.

Viva la independenciay mueran los traidores que a ellase opongan.22

La noticia de la circulación de este tipo de literatu-ra llegó a oídos del virrey, quien dispuso que se investigara sobre los responsables y se aplicara un severo castigo como

21 aheslP, fondo Secretaría General de Gobierno, manuscritos, exp. 7, f. 24r, año 1813. 22 agn, ramo Criminal, vol. 169, f. 165v., año 1810.

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correctivo. Tras las indagatorias, se supo que en el escándalo de los pasquines estaban implicados varios sujetos, pues se les vio reunirse en la casa de un regidor. El plan de los conspi-radores era asaltar la casa de los europeos, reunir a todos los indios en la plaza principal y cavar una zanja para impedir el paso de ejércitos que vinieran en ayuda de los peninsulares. Descubierta la intriga, los sospechosos fueron capturados. No obstante, para sorpresa de las autoridades, los pasquines siguieron apareciendo. En clara alusión a las medidas adop-tadas por el gobierno local, se encontraron otros pasquines en los arcos del cementerio y en la capilla de la Santa Veracruz, uno de ellos decía: “Excompatriotas aclamad la libertad de todo gobierno no ser cobarde que mas es dable es esa cár-cel y no a ser esclavo de los gachupines ni de los antecriollos [sic]”.23 Otro más fue localizado posteriormente en el centro de la ciudad. La incitación que promovía era indiscutible:

Toluqueños y criollos tanto de razón como indios no creas las proclamas de los infames gachupines os hacen no porque os es para engañarnos libraos de la nación europea i seguid la causa de nosotros los criollos ques la más conveniente y os promete felicidades no os a bengais nosotros indios infe-lices a que os perdonen los tributos y que paguen alcabalas no porque os perjudican todo esto lo hacen los gachupines de miedo que de caridad. Y asi tirad clamar la indepen-dencia que os tiene mas cuenta y para que esto se facilite dad primero contra el ante criollo que es el provincial de la corda hombre que nos a escarbado nuestros proyectos para denunciarlos tirad contra que la plebe da por la cabeza di-cho provincial hasta la ultima respiración de su vida alerta

23 Ibid., f. 168r, año 1810.

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a matarlo que después seguiremos los proyectos preguntad al provincial ques lo que le an dado los gachupines decirle a ver si ahora levantan su vida [sic].24

Los pasquines se afianzaron como un arma propagan-dística importante para el bando insurrecto. La circulación de estos papeles en gran parte de la geografía novohispana es una prueba de ello. En la capital del virreinato fue conocido un pasquín cuyo título era Fernando VII a España no vuelve, en el cual se expresaba:

Fernando VII a España ya no vuelve.No por éste pelean los gachupines.Sí por de Indias el mando y sus domines,que es lo que a su valor agita mueve.

La opresión de los criollos se resuelve.En la Península todo son motines,en la América juras y festinesy al orbe entero la ambición revuelve.

Abre los ojos, pueblo americano,y aprovecha ocasión tan oportuna.Amados compatriotas, en la manola libertad os ha puesto a fortuna;si ahora no sacudís el yugo hispanomiserables seréis sin duda alguna.25

24 Ibid. ff. 172r-172v., año 1810.25 Miguel y Vergés, José María, La Independencia mexicana y la prensa insurgente, México, inehrm, 1885, p. 18.

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Al parecer, los pasquines fueron eficaces, ya que siguie-ron apareciendo intermitentemente en distintos sitios. En Puebla circuló uno que decía:

La libertad indianatoda se debeal invencible Hidalgoy al bravo Allende,en cuya hazañano tiene contraparteel gran Aldama.26

El tono amenazante de algunos pasquines causaba zo-zobra entre los aludidos. Esto ocurrió con los peninsulares de la ciudad de México cuando se enteraron del contenido de un papel que se fijó en una casa aledaña a la catedral metro-politana, el cual señalaba:

Europeos de los demonios, perdición de tantas almas,han de morir a pedazospara que se acaben ansias.27

La variedad de tonos en que fueron escritos los pasqui-nes fue muy evidente. De la amenaza se pasaba a la adverten-cia y luego, inesperadamente, se adoptaba un talante jocoso y a veces hasta divertido. Esto último se puede apreciar en un pasquín muy difundido en la capital novohispana:

26 Poesía insurgente, México, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-co, 1987, p. 37.27 agn, Ramo Criminal, vol. 187, f. 49r, año 1810.

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Me cago en la obstinaciónde todos los gachupines;me cago en los criollos ruinesque obran contra su nación;me cago en todo sermónque no inspire piedad(digo, caridad),me cago en la autoridadque contra el clero se extiendey me cago en quien ofendenuestra patria y libertad.28

¿Por qué la insistencia de los autores en seguir elabo-rando y fijando clandestinamente estos escritos? Evidente-mente porque cumplían con su función. Si la efectividad fuera nula, este recurso propagandístico hubiese desaparecido. Al igual que los pasquines, las hojas volantes se distribuyeron ampliamente. En la ciudad de México papeles manuscritos se deslizaban debajo de las puertas con mensajes inquietantes:

Europeos contumaces. Las armas americanas preponde-rantes en su partido, os anuncian una ruina total, la de vuestros intereses y las de vuestras familias, si no hacéis algunos esfuerzos visibles que acrediten la benevolencia con que os adiráis a nuestro partido [sic].29

28 agn, Ramo Criminal, vol. 169, f 51v., año 1810.29 Guerra, François-Xavier, “El escrito de la revolución y la revolución del escrito. Información, propaganda y opinión pública en el mundo his-pánico (1808-1814)”, en Marta Terán y José Antonio Serrano Ortega (coords.), Las guerras de Independencia en la América Española, México, El Colegio de Michoacán / Instituto Nacional de Antropología e Historia

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En Malinalco, un teniente escribió una esquela que distribuyó en la localidad, donde manifestaba que las fuer-zas insurgentes eran muy poderosas y vencerían a las rea-listas.30 La ofensiva insurgente continuó. En febrero de 1809 circuló en la ciudad de México y en localidades como Puebla, Querétaro y Oaxaca una proclama sediciosa distribuida en hojas sueltas. Gracias a las pesquisas que siguieron tras su denuncia, se supo que el autor había sido Julián Castille-jos, quien propuso en dicho documento “la independencia de este reino y la conformación de una república”.31 Tras su captura, los fiscales dictaminaron que el reo había incurrido en un delito de lesa majestad, por lo que fue enviado a Es-paña y puesto a disposición de la Suprema Junta Central de España e Indias.32

Los materiales escritos siguieron siendo un vehículo eficiente que evidenciaba, informaba, atemorizaba, con-fundía y persuadía. La atmósfera política de la ciudad de México se enrareció en el año de 1810, cuando la iglesia del Sagrario y varias casas de comerciantes europeos, recibieron cartas anónimas donde se acusaba a los españoles de ser los causantes de la ruina de la Nueva España.33

Los procesos de comunicación escrita que has-ta entonces se habían desarrollado en la Nueva España

/ Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2002, p. 137.30 agn, ramo Criminal, vol. 15, f. 596v., año 1811.31 Landavazo, Marco Antonio, La máscara de Fernando VII. Discurso e imaginario monárquicos en una época de crisis. Nueva España, 1808-1822, México, El Colegio de México / Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo / El Colegio de Michoacán, 2001, p. 138.32 Idem.33 Idem.

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dieron un vuelco con la aparición de El Despertador America-no, un periódico insurgente impulsado por Hidalgo que nació alejado del rigor de la censura. Es verdad que los impresos prohibidos habían circulado desde décadas atrás por el vi-rreinato, sin embargo, todos habían sido editados en talle-res europeos. Lo significativo de El Despertador Americano, es que representa un parteaguas en el escenario impreso de México, pues antes, no existió en el espacio novohispano un órgano que contradijera de manera frontal los planteamien-tos de las autoridades. El Despertador Americano sentó las bases para que, en adelante, textos impresos circularan por los derroteros de la disidencia, sin muchos ambages.

Una de las primeras intenciones de El Despertador fue la defensa de la causa insurgente, pero en especial, de su lí-der. Ante los cargos y descalificaciones que la propaganda realista imputaba a Hidalgo, el órgano tapatío respondió con ahínco que el cura de Dolores era inocente a toda acu-sación, además argumentó que el único objetivo de Hidalgo era alcanzar la felicidad de su amada patria. Asimismo, en el número que inaugura la serie, se exhortaba al pueblo para que rompiera las cadenas que habían venido arrastrando por siglos, y por si fuera poco, se acusaba a los “gachupines” de abusar maliciosamente de los americanos y de apoyar la bandera bonapartista.34

La lucha propagandística se desarrolló sin tregua. Si bien los partidarios del gobierno absolutista mantenían el control de las imprentas, desde la clandestinidad, los insur-gentes mostraron su ingenio para acceder a esta herramien-ta fáctica que posibilitaba la difusión de sus planteamien-tos. En un lapso reducido, los independentistas sacaron a

34 El Despertador Americano, Guadalajara, núm. 1, 20 de diciembre de 1810.

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la luz varios periódicos que equilibraron la batalla por las conciencias.

cuAdRo 1Prensa insurgente, 1810-1813

AÑO PERIÓDICO1810 El Despertador Americano1812 El Ilustrador Nacional1812 El Ilustrador Americano1812 Semanario Patriótico Americano

1812 Gazeta del Gobierno Americano en el Departamento del Norte

1812 Correo Americano del Sur

1813 Gazeta del Gobierno Provisional Mexicano de las Provincias del Poniente

1813 Boletín de la División Auxiliar de la República Mexicana

1813 El Despertador de Michoacán1813 El Sur

Fuente: José María Miguel y Vergés, La independencia mexicana y la prensa insurgente, México, inehrm, 1985, pp. 16-34. Cfr. Carlos Fregoso Genis, El Despertador Americano. Primer periódico insurgente de Améri-ca, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2001.

La multiplicación de textos insurgentes, fue comba-tida con el mismo fuego. Las prensas realistas redoblaron su trabajo al tiempo que se creaban nuevos periódicos que tuvieron como cometido detener la propaganda de los adver-sarios. En el cuadro 2 se advierte el esfuerzo gubernamental por instaurar nuevos medios, para así competir con éxito en el debate de las ideas.

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Así como la encomienda de la prensa insurgente estaba bien delimitada, ya que en sus lineamientos señalaban que su objetivo era “generalizar los principios de la sana política y las máximas primitivas del derecho de las naciones en que está fundada la equidad de nuestras pretensiones”, los perió-dicos realistas también tenían bien claros sus propósitos. Por ejemplo, El Telégrafo de Guadalajara, delineó su política des-de el primer número que apareció en el mes de mayo de 1811: contradecir todos los argumentos que había prorrumpido El Despertador Americano, y así, contrarrestar su influencia:

Americanos: libres ya de las cadenas de la violencia que nos impuso el apóstata más rapaz y sanguinario que jamás se ha visto, puede nuestra pluma en lo sucesivo ser el órgano de la verdad e intérprete de la justicia agraviada; ya podemos hablarnos en la efusión de nuestro corazón y descubrir los más íntimos y verdaderos sentimientos. En esta época ven-turosa, en que el ejército del rey triunfa por todas partes, en que la insurrección declina con rapidez, convirtiéndose, como lo previeron los sensatos, en unas meras cuadrillas de

cuAdRo 2Prensa contrainsurgente

TÍTULOGazeta de MéxicoDiario de MéxicoEl Telégrafo AmericanoEl Espectador PatrióticoEl Verdadero Ilustrador AmericanoEl Amigo de la Patria

Fuente: Elaboración propia con base en la infor-mación consultada.

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bandoleros y en que podemos respirar de los horrores de ocho meses, es preciso aprovechar momentos tan preciosos y levantar con fuerza la voz para desengañar a los pueblos miserablemente seducidos que corren precipitados a su rui-na y la del reino entero.35

Los ataques a Hidalgo aparecían sin ningún disimulo en la prensa realista. Así, al cabecilla se le calificaba en los medios impresos de hereje, monstruo frenético y delirante, abominable, impío, enemigo de Dios, infiel, corruptor, re-belde, traidor, apóstata, diabólico, terror de los pueblos y malagradecido. En realidad, de lo que se trataba era de vi-tuperar al contrario, con el objeto de que los distintos secto-res sociales se informaran sobre “la verdadera naturaleza del cura de Dolores y sus secuaces”. Las baterías propagandís-ticas de los partidarios del absolutismo, apuntaron directo hacia Hidalgo, con el propósito de menguar al movimiento que encabezaba.

Si la autoridad civil refutó tajantemente los plantea-mientos insurrectos, la autoridad eclesiástica desempeñó un importante rol en la lucha contra los partidarios de la eman-cipación. Una intensa campaña contrainsurgente partió desde el seno mismo de los prelados, extendiéndose a otras capas del cuerpo eclesiástico.

Ante los argumentos de la prensa insurgente, el ar-zobispo de México reaccionó con una animadversión muy evidente. En un exhorto que dirigió a sus feligreses y presbí-teros, se pronunció en favor del régimen que garantizaba la paz y atacaba a los sujetos que querían destruir la armonía social y al buen gobierno que la propiciaba. Además, dispuso

35 El Telégrafo de Guadalajara, núm. 1, mayo de 1811.

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Algunos textos contra H

idalgo T

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l Anti-H

idalgo. Cartas de un D

octor mexicano al B

r. D.

Miguel H

idalgo Costilla, ex cura de D

olores, ex sacerdote de C

risto, ex cristiano, ex americano, ex hom

bre y Genera-

lísimo capataz de salteadores y asesinos

Mariano de Zúñiga y O

ntiveros1810

Carrera m

ilitar del cura Hidalgo

María Fernández de Jáuregui

1810M

éxico fiel y valiente en el crisol que lo pusieron los in-surgentes


ntiveros1810

Pública vindicación del Ilustre A

yuntamiento de S

anta Fe de G

uanajuato justificando su conducta moral y políti-

ca en la entrada y crímenes que com

etieron en aquella ciu-dad las huestes insurgentes agavilladas por sus corifeos M

iguel Hidalgo, Ignacio A

llende

María Fernández de Jáuregui

1810

Canción elegiaca sobre los desastres que ha causado en

el reino de Nueva G

alicia, señaladamente en su capital

Guadalajara la rebelión del apóstata B

r. Miguel H

idalgo y C

ostilla, capataz de la gavilla de insurgentes, cura que fue del pueblo de la congregación de los D

olores en la Dió-

cesis de Michoacán

Oficina de A

rizpe1811

Declaración breve de la cartilla que m

anifiesta las here-jías y errores que com

prende el manifiesto publicado por el

apóstata y traidor Miguel H

idalgo y Costilla


ntiveros1811

Fuente: E

laboración propia con base en la información consultada.

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que los sacerdotes combatieran el veneno de la insurrección desde el púlpito:

Una de las más principales obligaciones del ministerio pas-toral […] es no sólo arrancar la zizaña y mala hierba que pueda haber crecido en los saludables pastos de nuestras ovejas, sino evitar que el enemigo del hermoso campo de la iglesia, venga a esparcir semilla alguna dañosa que pueda, creciendo, emponzoñarlos. Tal es sin duda, lo que pretende sembrar entre nosotros el papel periódico intitulado Ilus-trador Nacional, impreso en Sultepec en estos últimos días y del que se han extendido ya en esta capital algunos ejem-plares [ordeno que] cualquiera de nuestros súbditos, sea del estado, calidad o sexo que fuese, que tenga, o sepa que otro tiene algún ejemplar del dicho o semejante papel, lo entre-gue inmediatamente en nuestra Secretaría […] prohibiendo a todos nuestros fieles leer, retener y propagar tales libelos que contienen proposiciones cismáticas e injuriosas, y man-dando como mandamos a los confesores así del clero secular como del regular de todo el arzobispado, que adviertan a los penitentes sobre esta delicada materia […] y a los pre-dicadores, que declamen y combatan desde el púlpito con-tra esta nueva máquina infernal que ha inventado el padre de la discordia para arrancar de nuestro suelo la semilla de la paz.36

En otro texto que se materializó en una Carta Pasto-ral, el mismo arzobispo infundió temor entre sus fieles por la posible victoria de las huestes insurgentes: “Gracias a Es-paña, América había gozado de una paz inexistente entre

36 Citado por Miguel y Vergés, La independencia mexicana, p. 22.

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los antiguos indios. Si la independencia triunfa, resurgirán antiguos odios”.37

Otros prelados secundaron la postura de sus compa-ñeros. El obispo de Puebla, monseñor Manuel Ignacio Cam-pillo, publicó un manifiesto titulado Argumentos para el desengaño de los incautos. En otros documentos que se hicie-ron públicos, Campillo amenazaba con excomulgar a los lec-tores de papeles insurgentes.38 En Oaxaca, el obispo Antonio Bergosa y Jordán, a través de un bando, convocó a sus sacer-dotes a tomar las armas para combatir a los insurrectos: “¡A las armas pues amados diocesanos míos, y no os cause extra-ñeza que vuestro obispo os persuada a ello porque en causa como esta de religión, todos debemos ser soldados! [sic]”.39

En un número extraordinario de la Gazeta de México, del viernes 28 de septiembre de 1810, es decir, apenas 12 días después de que comenzara la insurrección comandada por Hidalgo, el obispo de Michoacán hizo circular un edicto ad-virtiendo que “todo reino dividido en facciones será destrui-do y arruinado (cap. XI de San Lucas). La Nueva España, que había admirado de la Europa por los más brillantes tes-timonios de lealtad y patriotismo a favor de la madre patria […] se ve hoy amenazada con la discordia y la anarquía”.40 Abad y Queipo continuaba:

37 Ibid., p. 28.38 Ibarra, Ana Carolina. “Excluidos pero fieles. La respuesta de los in-surgentes frente a las sanciones de la iglesia, 1810-1817”, en Signos his-tóricos, núm. 7, México, Universidad Autónoma Metropolitana / Plaza y Valdés, 2002, p. 61.39 agn, ramo Operaciones de Guerra, vol. 58, ff. 33r-39v., año 1810.40 Gazeta Extraordinaria del Gobierno de México, núm. 112, 28 de septiem-bre de 1810.

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Hidalgo levantó el estandarte de la rebelión y encendió la tea de la discordia y anarquía y seduciendo a una porción de labradores inocentes, les hizo tomar las armas […]. E insultando a la religión y a nuestro soberano D. Fernando VII, pintó en su estandarte la imagen de nuestra augusta patrona Nuestra Señora de Guadalupe.41

El Santo Oficio también apuntó sus baterías contra los insurgentes. En un edicto emitido el 13 de octubre de 1810, se condenó a Hidalgo por hereje y apóstata y se conminó a los fieles a no seguir su movimiento so pena de excomunión. La hoja impresa que circuló por todo el virreinato, dejaba muy claro el carácter sedicioso y sacrílego del cura: “sois un hombre sedicioso, cismático y hereje formal por las doce pro-posiciones que habéis proferido y logrado enseñar a otros, y han sido la regla constante de vuestras conversaciones y conducta”.42

Mientras los dignatarios de la Iglesia hacían circular sus opiniones acerca de la insurrección, el bajo clero afín a la insurgencia respondía con firmeza que la curia “tergiversaba las cosas”. En una carta enviada por un cura insurgente al obispo de Puebla, le reprocha el uso indiscriminado de ame-nazas divinas en contra de los que apoyaban el movimiento emancipador. Como aparentemente no hubo respuesta, los insurgentes difundieron que ellos eran los que en realidad preservarían la santa religión y la salvaguardarían de sus enemigos. Estos argumentos, provocaron una reacción in-

41 Idem.42 Anti-Costilla, Miguel, Contra la infernal conspiración del Bachiller Mi-guel Hidalgo y Costilla, de tierra adentro, rasgo épico o escaramuza poética, México, Imprenta de Jáuregui, 1811, p. 3.

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mediata de la jerarquía católica, pues el arzobispo de México envió una circular a sus clérigos indicando que los sacerdo-tes que sembraban la sedición, no eran dignos del ministerio y que, por tanto, sus dichos debían ser ignorados.43

El enfrentamiento propagandístico entre miembros de la Iglesia se acentuó. Los curas insurgentes desmentían lo argüido y contraatacaban:

[…] la España se perdió y las Américas se perderían sin remedio en manos de europeos si no hubiéramos tomado las armas, porque han sido y son el objeto de la ambición y codicia de las naciones extranjeras. De los males el menor, España ha pactado con el enemigo y no tardará en corrom-perse: La Francia napoleónica es hija de la Revolución fran-cesa, de la guillotina, de la Constitución civil del clero y del culto a la razón implantado en la propia catedral de Notre Dame de París.44

Entre 1811 y 1814, rebatir se convirtió en un verbo re-currente en el submundo constituido por imprentas, redac-tores y publicistas. Cada periódico y cada argumento, tuvo su contraparte. Así como El Despertador Americano fue re-futado por El Telégrafo de Guadalajara, El Ilustrador Ame-ricano fue impugnado por El verdadero Ilustrador Americano. De la misma manera, cuando aparecía un artículo que im-pactaba a la población, pasaba muy poco tiempo para que se publicara una respuesta precisa impugnando lo se había argumentado. Así, El Amigo de la Patria, que se encargaba

43 Cl, nlB, Borden Clarke Collection, Correspondence, 1812, Carp. 1, f. 236.44 Ibarra, “Excluidos pero fieles”, p. 64.

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de difamar violentamente a los insurrectos, encontró una corrosiva respuesta en un impreso titulado El Preguntón al Amigo de la Patria, Contestación al buen Pilatos, Perros y Ga-tos, etc. De inmediato, la facción peninsular contraatacó con un texto denominado Contestación al buen Pilatos, sobre una respuesta que dio en El Amigo de la Patria, editado por Ma-nuel Antonio Valdés, impresor de cámara de S. M. La disputa por las conciencias no quedó ahí, ya que pronto apareció una impugnación en un papel que llevó por nombre El pregun-tón al Amigo de la Patria. A esta torrencial propaganda, le siguieron otros títulos como Respuesta a las dudas reflexivas que propone el Amigo de la Patria en su número tercero sobre las preguntas directas contenidas en el cuarto juguetillo del Censor de Antequera y Perros y gatos. Análisis del encomio incitativo al Amigo de la Patria.

El encono llegó a tal punto, que las prensas se dedi-caron durante un buen lapso a producir impresos donde los dos partidos en pugna se atacaban mutuamente. Un ejem-plo que ilustra el extremo al que llegó la contienda se aprecia en el texto Impugnación del papel sedicioso y calumniante que bajo el título Manifiesto de la Nación Americana a los euro-peos que habitan en este continente abortó en el Real de Sulte-pec el 16 de marzo de 1812 el insurgente relapso Dr. Don José María Cos, ex cura de San Cosme, reo de estado fugitivo de la ciudad de Querétaro. Escribiola [sic.] para antídoto de los incautos, para desengaño de los ignorantes, para confusión de los insurgentes Fr. Diego Miguel Bringas y Encinas. En este escrito se objeta, punto por punto, lo que expresó el Dr. Cos en su manifiesto.

Además de la impugnación a ultranza, los grupos en-frentados diseñaron otras tácticas de lucha. Los realistas, por ejemplo, difundieron las declaraciones de los insurgentes

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capturados, quienes terminaban en apariencia arrepentidos de las crueldades cometidas, pidiendo perdón a la sociedad por haber militado en la causa equivocada. El literato insur-gente desengañado y arrepentido, El insurgente arrepentido. Ha-biéndose hallado en tres combates salió huyendo de Guanajuato él y los caballos heridos, a seis leguas ocupando lo solitario de una profunda barranca, hizo el siguiente discurso trágico y la Segunda parte del insurgente arrepentido y su mujer, habiendo obtenido indulto, volvió a su casa, donde pasó la siguiente es-cena patética, son una muestra de este tipo de literatura. La captura y posterior declaración de Miguel Hidalgo, fueron aprovechadas por el partido peninsular para reducir el “fla-gelo insurgente”. Según la información que se propagó, el cura de Dolores, luego de confesar sus deplorables crímenes “se arrepintió de sus actos y solicitó perdón concluyendo con una solicitud de la publicación y circulación de dicho mani-fiesto para descargo de su conciencia”.45

el podeR de lA pAlAbRA escRiTA

Si el fin de la propaganda es hacer pública cierta información para ganar adeptos a la causa y denigrar al bando enemigo, entonces el afán propagandístico parte de un presupuesto básico: el lenguaje expresado contiene en su seno un meca-nismo persuasivo. Durante el Antiguo Régimen, el propósi-to de la propaganda era dar a conocer las disposiciones que emanaban del gobierno. La persuasión era un tópico poco socorrido, la atención de la propaganda se centraba en la ta-

45 Fregoso Genis, Carlos, El Despertador Americano. Primer periódico in-surgente de América, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2001, p. 97.

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rea informativa. Con un circuito de comunicación bien esta-blecido, la Corona tenía asegurado el flujo de la información por toda Hispanoamérica. A través de cédulas, bandos, or-denanzas, edictos y otros documentos oficiales, los vasallos americanos se enteraban de lo ocurrido en la Península y lo dispuesto por las autoridades. Con algunas variaciones re-gionales, el vehículo que transmitía la información al común de la gente fue el pregonero. Tras la escucha atenta, la pobla-ción se enteraba de innumerables noticias provenientes de ultramar o de novedades generadas en el propio territorio.

En el periodo de estudio, emergieron otras formas de comunicación que revolucionaron los circuitos comunicati-vos. La aparición de escritos que cuestionaban lo dicho por las autoridades planteó otro escenario donde la versión ofi-cial fue puesta en entredicho. En adelante, la propaganda sería utilizada por grupos antagónicos con intenciones bien definidas: poner en marcha mecanismos de creencias y adhe-siones, al tiempo que promovían el odio y la animadversión por el bando contrario. La irrupción de la propaganda disi-dente en nuevos formatos como pasquines, hojas volantes, libelos y folletos, transformó la red de comunicaciones man-tenida hasta ese entonces por las autoridades. Las antiguas formas de comunicación coexistieron con otras que se elabo-raban en la clandestinidad y que eran sumamente efectivas, pues corrían como reguero de pólvora entre un alto índice de sujetos y localidades.

La propaganda política se convirtió en un discurso que permeó a todos los sectores de la sociedad, sin embargo, el consumo y la recepción de ideas no se dio por igual entre los habitantes. Además del formato en que se presentaba, mu-cho contó el lenguaje utilizado. Las obras que se difundían tuvieron siempre destinatarios específicos: las hojas volantes

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redactadas con un léxico coloquial, estaban dirigidas al pue-blo llano, mientras que los folletos o la prensa, en un princi-pio con un vocabulario culto, tenían como blanco a sujetos letrados. No obstante, las intrincadas redes comunicativas que se crearon, sirvieron para que la propaganda fuera cono-cida —a veces con las adiciones u omisiones de innumerables intermediarios— por casi toda la población, adquiriendo en consecuencia matices insospechados: defensa de la patria, del rey y la religión, rumores crecientes, intentos de asona-das, planeación de sediciones y afanes emancipadores.

La cultura política dio un vuelco en el lapso de es-tudio, debido a que la propaganda desarrolló estrategias inéditas de posicionamiento y confrontación. Los disposi-tivos lingüísticos mutaron con gran rapidez hasta adquirir nuevos significados semánticos. Con ello, las ideas y las prác-ticas sufrieron modificaciones paulatinas. Los valores y tra-diciones que habían permanecido inmutables durante mu-cho tiempo, experimentaron cambios importantes. Gracias a la propaganda política, se difundieron ideas liberales que fueron combatidas por los partidarios del absolutismo. La tradición y la novedad convivieron en un terreno movedizo donde los conceptos cambiaban de significado frecuentemen-te. Los conceptos aterrizaron en palabras que manipulaban sistemáticamente la realidad. La manipulación sobrevenía cuando afirmaba reiteradamente una idea, sin que importa-ra su autenticidad. Al discurso propagandístico no le intere-saba propagar la verdad, más bien su objetivo era torcerla para beneficio propio y en perjuicio del bando enemigo. Así, el mecanismo de enunciación se orientó no solo a difundir información tergiversada, sino a producir en la sociedad una posición proclive a los pronunciamientos de determinado grupo.

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Los redactores y publicistas fueron cuidadosos en la utilización del lenguaje. Estos hombres de letras estaban conscientes de la importancia que tenía el uso el discurso político, destinado a llamar y responder, a persuadir y con-vencer, pero también a objetar y desmentir. A través de una estrategia establecida, la propaganda surtía efecto: inquieta-ba a las autoridades, agitaba al pueblo o bien, tranquilizaba los ánimos y llamaba al orden social. El discurso político es un discurso de guerra cuya potencia se define por los adver-sarios en un campo de batalla: nos indica que los movimien-tos, los éxitos o los contratos son eventos cumplidos por y en el lenguaje. La gramática de la propaganda se define en un interjuego de defensa y ataque con finalidades políticas defi-nidas. La propaganda política siempre actuó “en situación” porque estuvo ligada en todo momento a las condiciones de enunciación, espacio donde se redefinían y construían los imaginarios colectivos.

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RefeRenciAs

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[85]

las haCiendas de querétaro y Cadereyta durante la guerra de indePendenCia

Lourdes Somohano Martínez *

Por haber sido un bastión realista que mantuvo protegi-da su zona urbana durante la Guerra de Independencia

Querétaro es considerado, en la actualidad, como un lugar en donde no se registró decadencia económica durante ese período, sobre todo en la agricultura. En aquella época, algunos tenían la misma opinión. Abad y Queipo, por ejem-plo, exigió que Querétaro aportara mayor cantidad de dine-ro para auxiliar al ejército de Valladolid, puesto que si no había sido atacado durante la guerra, tenía más capacidad para colaborar.1 Se dice que, como la ciudad albergó a una gran cantidad de peninsulares ricos del Bajío, la región no sólo no se vio afectada, sino que entró en una etapa de auge económico. Sin embargo, el corregimiento de Querétaro y la alcaldía mayor o subintendencia de Cadereyta compar-

1 agn, Donativos y préstamos, vol. 8, exp. 2, fs. 37-40v., 2 de mayo de 1815.

* Doctora en Historia, profesora-investigadora del Cuerpo Académico de Historia de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Las líneas de investigación que desarrolla son: Colonización temprana, Grupos marginales e Imaginario colectivo novohispano.

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tieron la suerte de verse seriamente afectadas por la guerra en todos los ámbitos de su economía. La producción de las haciendas disminuyó drásticamente, por lo tanto, los hacen-dados, arrendatarios y arrimados también fueron seriamen-te afectados.

El corregimiento de letras de Querétaro y la alcaldía mayor o subintendencia de Cadereyta durante la Guerra de Independencia iniciaron una relación muy estrecha, como no lo habían tenido antes. Precisamente en la colindancia entre estas dos entidades es donde se dio uno de los conflic-tos más grandes durante la guerra, lo que propició que des-de Querétaro se dirigieran las acciones de guerra sobre esta zona compartida. Una vez conseguida la independencia, el Estado de Querétaro quedó conformado por estas dos enti-dades en la nueva República.

cAdeReyTA y queRéTARo

La alcaldía mayor de Cadereyta se encontraba situada entre la Sierra Gorda y el semidesierto queretano, se distin-guía por la producción minera. En aquella provincia se lo-calizaba la Diputación de minería del Real del Doctor, que contaba con más de catorce asientos o reales de minas; tam-bién se producía mármol y jaspe, principalmente en Viza-rrón. Además de la minería, Cadereyta se distinguía por las manufacturas de jarcia y lechuguilla, que se vendían en lu-gares alejados como Zacatecas, Sombrerete y otras partes.2 El partido de Cadereyta, a finales del siglo xviii, estaba di-

2 Osores, Félix, “Discurso del día 21 de diciembre de 1823”, en Manuel Septién y Septién, Documentos para la Historia de Querétaro, t. III, Méxi-co, Gobierno del Estado de Querétaro, 1999, pp. 357-385.

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lAs hAciendAs de queRéTARo y cAdeReyTA

vidido en siete cabeceras: la villa de Cadereyta, Real de San Antonio del Doctor, Real de San José de los Amoles, Pueblo de Santiago de Jalpan, pueblo de Nuestra Señora de la Con-cepción de Landa, Pueblo de San Juan Bautista Pacula y el Presidio de Santa María Peñamiller.3

En cambio, el corregimiento de Querétaro se inte-graba por tres partidos: Querétaro, Tolimán y San Juan del Río, además de sus pueblos sujetos.4 En Querétaro se localizaban 82 haciendas, y en San Juan del Río 42, de diferentes dimensiones, dedicadas a la agricultura. En al-gunas haciendas se producía trigo, maíz, frijol, chile, gar-banzo, arroz y en otras se dedicaban a la cría de ganado mayor y menor.5 Además de las telas de lana que se pro-ducían en los obrajes, también se tejían telas de algodón y se curtían miles de pieles, con las que se confeccionaban sombreros y zapatos. San Juan del Río se especializaba en productos de jarcería y curtidos. Para comercializar esta producción, aprovechaban la privilegiada posición que te-nían sobre el Camino Real de Tierra Adentro.6 El partido

3 Espíndola Alvarado, Eduardo, y Jesús Mendoza Muñoz, El pueblo de indios de San Gaspar de los Reyes y el Culto a la Virgen de Belén de Cadere-yta, Querétaro, Fomento Histórico y Cultural de Cadereyta, 2004, p. 8. 4 Jiménez Gómez, Juan Ricardo, El sistema judicial en Querétaro, 1731-1872, México, Porrúa / Universidad Autónoma de Querétaro, 1999, p. 47; Juan Ricardo Jiménez Gómez, El primer ejercicio Federalista en Que-rétaro, 1824-1835. El problema del cambio, México, Instituto de Estudios Constitucionales, 2001.5 Domínguez, Miguel, “Descripción de la industria textil”, en David Bra-ding, El ocaso novohispano: testimonios documentales, Instituto Nacional de Antropología e Historia / Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1996, p. 223.6 Osores, “Discurso”, pp. 357-385.

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menos próspero y con más densidad poblacional indígena era Tolimán.

Durante el siglo xviii, en el partido de Querétaro y de San Juan del Río, y sobre todo en el corregimiento de Que-rétaro la agricultura, la minería, el comercio y la industria habían experimentado una fuerte expansión, que se relacio-naba directamente con su privilegiada posición geográfica: quedaba inserto en la zona del Bajío y sobre el Camino Real, que abría las puertas hacia el norte.7 García Ugarte dice que para finales del siglo xviii, la hacienda queretana, más que un símbolo de poder, era para sus propietarios, una actividad económica con fuertes intercambios comerciales. Los hacen-dados concentraron sus esfuerzos en expandir y consolidar el sistema de las haciendas basadas en la gran expansión te-rritorial.8 Urquiola dice, sin embargo, que durante el siglo xviii, el sistema de financiamiento de las haciendas cambió, comenzó a operar mediante censos y préstamos concedidos sobre garantías de bienes urbanos y rústicos.9 A finales siglo, la mayoría de las haciendas queretanas, y de muchos otros lugares de la Nueva España, mantenían una fuerte carga hi-potecaria adquirida con diversas corporaciones eclesiásticas o habían sido gravadas con fuertes capitales a favor de pa-rroquias, conventos, dotes de monjas, capellanías laicas y

7 García Ugarte, Marta Eugenia, Hacendados y rancheros queretanos, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1992. p. 56.8 Ibid, p. 31.9 Urquiola Permisán, José Ignacio, “Querétaro: aspectos agrarios en los últimos años de la colonia”, en Historia de la cuestión agraria mexicana. Estado de Querétaro, vol. II, México, Gobierno del Estado de Querétaro / Universidad Autónoma de Querétaro / Juan Pablo Editor / Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México, 1989, p. 44.

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obras pías. Pero esto no significaba un obstáculo para la ex-pansión de la hacienda, pues en esos momentos, por el fuerte auge económico de la agricultura, se consideraba muy posi-ble una pronta recuperación de los capitales, sin necesidad de seguir enajenando los bienes.10 Esta idea se alteró con la consolidación de los vales reales.

Cecilia Landa explica que la Consolidación de Vales Reales fue una medida que aplicó la Corona española para ayudar a financiar sus graves problemas económicos ocasio-nados por las guerras que enfrentaba contra Francia e In-glaterra. Esta medida consistió en ordenar la enajenación de muchos de los bienes raíces y de capitales líquidos per-tenecientes a instituciones piadosas, patronatos laicos y ca-pellanías eclesiásticas y laicas. Los afectados debían vender los bienes e ingresar el producto a la Real Caja de Amortiza-ción.11 La medida incluyó una gran cantidad de institucio-nes eclesiásticas, entre ellas el convento de Santa Clara de Querétaro, quien financiaba muchas de las actividades co-merciales y agropecuarias de la región mediante la hipoteca de sus fincas, por lo que muchos hacendados y propietarios rurales se vieron afectados.

10 García Ugarte, Hacendados y rancheros, pp. 54-55.11 Landa Fonseca, Cecilia, “La Real Cédula de Consolidación de 1804 y sus efectos sobre las cofradías de Querétaro”, en Memorias del I Coloquio Nacional: crisis, ruptura y transformación. Camino a los centenarios, Que-rétaro, Universidad Autónoma de Querétaro, 2008; Gisela von Webeser, Dominación colonial. La consolidación de vales reales en Nueva España, 1804-1812, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, pp. 23 y 24.

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el inicio de lA Revolución

Antes de 1810, en la ciudad de Querétaro, la actividad cons-piratoria para iniciar un movimiento insurgente era muy fuerte, en ella participaban miembros distinguidos del go-bierno, del ejército, la iglesia, los hacendados, etcétera. Sin embargo, al iniciarse la lucha armada con el llamado de Hidalgo, la situación cambió, ya que los insurgentes, pro-venientes de grupos marginales, comenzaron a atacar a los españoles, no solo en los pueblos, también en sus haciendas. El saqueo y las muertes que dejaban a su paso los insurrec-tos causaron inmenso pavor en Querétaro, a tal grado que casi todos los antiguos conspiradores de la elite retiraron su apoyo a Hidalgo y Allende.

Cuando se supo que Hidalgo estaba en Celaya, en la ciudad de Querétaro cundió el pánico. Seguramente por ini-ciativa del General Ignacio García Rebollo se organizaron grupos de vecinos para patrullar las propiedades rurales. Los rancheros, hacendados y milicianos de los alrededores de la ciudad se organizaron en varios grupos para hacer rondas durante las noches en sus propiedades y no verse sorprendi-dos por bandidos o por los insurgentes.12

Situación muy diferente a lo ocurrido en el pueblo de Dolores, San Miguel el Grande, Celaya y Apaseo, en donde abrazaron la insurrección y prendió el movimiento rápida-mente por todo el Bajío. Ante este estado de emergencia, el gobierno novohispano decidió tomar el control del Cami-no Real de Tierra Adentro, por lo menos hasta la ciudad de Querétaro, para de ahí abrirse camino por el Bajío. El paso hacia el Norte, de Querétaro a San Luis de la Paz, estaba

12 ahq, Justicia, caja 35, 1810, L140C1.

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también bloqueado, por un grupo de indígenas insurgentes, provenientes de San Luis de la Paz y Xichú.

En la ciudad de Querétaro, en 1810, ya existía una co-mandancia militar, en la que estaba estacionada la 8ª Briga-da, al mando del general Ignacio García Rebollo. La brigada se había instalado como parte del proyecto Borbón de prote-ger sus provincias de ultramar. La Nueva España había que-dado dividida en 10 brigadas o comandancias generales.13 Al iniciarse el movimiento revolucionario, la brigada de Puebla se trasladó de inmediato a Querétaro, al mando del coro-nel Manuel de Flon, tomando el control de la ciudad. De la misma manera, la brigada de San Luis Potosí, al mando del brigadier Félix María Calleja, transitó por Querétaro mien-tras lo más álgido del movimiento se daba en el Bajío. La ciudad de Querétaro, mediante estas fuerzas militares, fue convertida de inmediato en un fuerte realista. Iniciando una persecución interna, que no se suspendió en los 11 años, con-tra todos aquéllos que fueran simpatizantes del movimiento insurgente.

La ciudad de Querétaro era muy segura, porque esta-ba atrincherada, pero fuera de la ciudad, era tierra de nadie. Para reanudar el comercio y el tránsito por el Camino Real el ejército realista organizó una serie de comboys, resguardadas por él mismo. El corregimiento de Querétaro era atravesado, en el costado suroeste, por el Camino Real de Tierra Aden-tro, que era el que colindaba con el Bajío, por tal motivo era el más vigilado y hasta cierto punto seguro. En cambio, ha-

13 Ortiz Escamilla, Juan, Guerra y gobierno. Los pueblos y la independen-cia de México, col. Nueva América, España, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora / El Colegio de México / Universidad de Sevilla / Universidad Internacional de Andalucía, 1997, p. 54.

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cia el noreste del corregimiento se ubicaban los pueblos in-dios de Tolimán, San Pedro y San Miguelito, colindantes con la subintendencia de Cadereyta, donde se localiza una parte de la Sierra Gorda (ver mapa). En esta zona se movían con más libertad los grupos insurgentes, conectados con los Vi-llagrán, desde Huichapan, pasando por Tolimán, Vizarrón, Tetillas, y de ahí hacia el Norte, al pueblo de Xichú, donde luego fue instalada una comandancia general insurgente.14

Desde que se inició el movimiento armado, con el grito de Hidalgo, se mandó traer a Querétaro el Regimiento de Sierra Gorda, que venía de la villa de Cadereyta al mando del coronel don Juan Antonio del Castillo y Llata15, quien también vivía en Querétaro. Una gran parte del ejército de Sierra Gorda se quedó en Querétaro para proteger el Cami-no Real de Tierra Adentro y sus propiedades colindantes, así como la ciudad. Para proteger la zona se realizó un plan militar, que incluía instalar dos divisiones del ejército, una en Arroyo Zarco para limpiar el camino de gavillas, con par-tidas volantes, e instalar la otra división en San Juan del Río.16 Con los destacamentos que se quedaron en San Juan del Río se pretendía proteger el corredor Huichapan-Xichú donde se movían los insurgentes asociados con Villagrán. De la división de San Juan del Río se desprendieron dos desta-camentos: uno se instaló en la hacienda de Juchitlán, para quedar cerca del núcleo de pueblos más conflictivos en los lí-mites entre Tolimán y la villa de Cadereyta, estaba al mando del teniente don Pedro de la Sierra; y otro, más pequeño, se

14 agn, Operaciones de Guerra, vol. 334, exp. 25, foja 213.15 Argomaniz, José Javier, Diario de Querétaro, 1807-1826, Querétaro, Gobierno del Estado de Querétaro, 1979, p. 79.16 agn, Operaciones de Guerra, vol. 731, exp. 14, fs. 43-47.

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instaló en Amealco, para proteger las haciendas que queda-ron sobre el suroeste del Camino Real.17

El Regimiento de Sierra Gorda tenía gran tradición. El coronel don Juan Antonio del Castillo y Llata había contraí-do nupcias con la heredera del capitán don José de Escandón y Helguera conde de Sierra Gorda, de quien heredó el títu-lo y el cargo. El regimiento de Sierra Gorda estaba dirigido por algunos hacendados y sus mayordomos, como es el caso del teniente don Mariano Marcos Fernández de Jáuregui, se-gundo hijo del Marqués del Villar del Águila, quien era due-ño de las haciendas El Ciervo, Santa Bárbara y Extoraz.18 Tomás de Vega era comandante de un destacamento de Sie-rra Gorda que estaba ubicado en los linderos de la hacienda El Ciervo, y su hermano Leoncio de Vega, era el mayordomo de la hacienda de Santa Bárbara. El comandante del desta-camento de Juchitlán teniente don Pedro de la Sierra, había sido en 1806 administrador de esa misma hacienda, pertene-ciente al Conde de Regla.19 Entre las tropas del ejército de Sierra Gorda, trasladadas a Querétaro en 1810, también se contaban a los arrendatarios y arrimados de las haciendas. Como fue el caso de un indio lancero, Joseph Silverio, arren-datario del paraje Las Tuzas de la hacienda El Ciervo quien, por orden de don Mariano Marcos Fernández de Jáuregui, se había tenido que incorporar a las filas, y a los cuatro meses de haber llegado a Querétaro, murió de fiebre.20

17 Idem.18 ahPjq, 07gde. Crim, caja 7-3, exp. 07cri059, 9 febrero 1813.19 Super, John C., La vida en Querétaro durante la colonia 1531 – 1810, México, Fondo de Cultura Económica, 1980, p. 84.20 ahPjq, Justicia, exp. 07cri079, 1813.

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En las haciendas de esta región, como en muchas otras del centro de la Nueva España, predominaba el sistema de aparcería de una o más fanegas de sembradura, con diferen-tes tipos de trabajadores. Unos eran los arrendatarios, como el indio lancero de Las Tuzas, a quienes el dueño de la ha-cienda les proporcionaba la tierra mediante un pago en efec-tivo. Otros eran los medieros, que iban a medias, al quinto o al rajar y pagaban de lo cosechado. Los arrimados trabaja-ban con los arrendatarios. Otros eran los peones asentados en los terrenos de la hacienda que trabajaban para los ha-cendados. Finalmente los trabajadores libres, que sólo acu-dían a las haciendas en las épocas de siembra o cosecha, y de ahí migraban a otras haciendas, a ellos también se les llama cuadrillas volantes, o gente alquilada.21

Entre los trabajadores de las haciendas no todos eran realistas, la mayoría de los indios tendieron a simpatizar con la insurgencia. Como un milpero de la hacienda de Santillán, vecino de San Juan del Río, que dejó salir a los presos de Tequisquiapan mientras los insurgentes estaban atacando ese pueblo.22 En el ataque a San Francisco y Cadereyta se dijo que una gran cantidad de indios insurgentes eran del pueblo de Tetillas, de los que trabajaban por temporadas en la hacienda de El Ciervo.23 Muchos trabajadores de las ha-

21 Carta de Miguel Domínguez, en: García Ugarte, p. 64. 22 agn, Operaciones de Guerra, vol. 143, fs. 79v-80v.23 ahPjq, 07gde. Crim, caja 7-3, exp. 07cri059, f. 21, 9 febrero 1813. “Y yo les pregunto, digo que la prueba de más atención es esta. Que estos si fue antes de la rebolución fastidiaron los tribunales con sus frecuentes desordenes: en la revolución los primeros que gustosos se presentaron a protegerla, digalo el ataque de San Francisco, quando Villagrán, Verde y de más que todo su numero era de indios, entre ellos setenta de San Mi-

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ciendas debieron haber aprovechado la situación de revuelta para atacar las haciendas o a los viajeros y comerciantes en los caminos. Quizás no eran grupos bien organizados, sino pocas personas que se insubordinaban y, de manera intermi-tente, atacaban y posteriormente se reintegraban a sus la-bores. Alrededor de la ciudad de Querétaro los ataques eran muy frecuentes. El peligro que se vivía en enero de 1811, en la ciudad de Querétaro, obliga a hacer un plan de defensa de la ciudad, no obstante que está resguardada con pozos, cor-taduras y cañones, porque el brigadier García Rebollo decía que la ciudad se encontraba por todos los rumbos rodeada por grupos de gavillas de insurgentes.24

lA fRAnjA suRoesTe del coRRegimienTo de queRéTARo

Por su cercanía al Camino Real de Tierra Adentro, la franja suroeste del Corregimiento de Querétaro fue relativamente protegida. El tránsito constante de los ejércitos realistas y el sistema de comboys incrementaron la seguridad de los cami-nos y para agilizar el comercio entre los pueblos y el traslado de plata de Zacatecas y Guanajuato a la ciudad de México. Por la presencia del ejército novohispano, por lo menos has-ta 1813, la franja inmediata al Camino Real fue relativamen-te segura, sin embargo se registraban ataques relámpago y se retiraban. Los insurgentes eran difíciles de identificar, ya que si no eran descubiertos en la acción podían negar su participación. Era difícil saber quienes eran realmente in-

guel de las Tetillas: digalo también el ataque de Cadereyta ¿Quántos de Tetillas quedaron a ser pasto de las fieras, y digalo por ultimo el numero de ellos que enseñare con media oreja menos [sic]”. 24 agn, Inquisición, vol. 462, exp. 2, fs. 2-3.

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surgentes. Un ejemplo es el caso de don Francisco Velasco, el dueño de la hacienda de Montenegro. Él fue acusado de tener en su hacienda a 18 insurgentes como renteros. Su hijo, quien lo defendió, aseguró que en caso de que los renteros fueran insurgentes, su padre no era responsable, porque no estaba enterado. Se le acusaba por pertenecer a una “gavi-lla” que había estado perjudicando a las haciendas vecinas, ésta realizaba incursiones, e incluso las invadía. La persona que los acusa dice que estos insurgentes están “inundando la América Septentrional, arruinándolo todo”.25 Esto estaba sucediendo en la parte norte del Corregimiento, entre el Ca-mino Real que llevaba a San Miguel el Grande y el camino de Chichimequillas.

Otra de las haciendas era la de San Nicolás del Pozo, adquirida en 1809 por Mariano Tinajero. Para comprar la hacienda contrajo un adeudo con el convento de San Fran-cisco, pero no logró cumplir con su compromiso financiero porque los rebeldes hacían continuos robos en la hacienda. Lo habían dejado sin mulas para sembrar ni recursos para echarla a andar. Se vio precisado a cubrir el capital con su hacienda y casa habitación.26

A partir de 1813, 1814 y 1815 la zona fuerte de con-flicto con los insurgentes se movió del Bajío hacia los ac-tuales estados de Morelos, Guerrero, Michoacán, etcétera. Por lo que las tropas realistas se desplazaron de Querétaro hacia esos lugares. En esos momentos se agudizó la inse-guridad en la franja del Corregimiento que colindaba con el Camino Real de Tierra Adentro. En un reporte enviado

25 ahPjq, serie 5gde., Civil, caja 5-8, exp. 05c163, fs. 22-28, 2 enero 1813.26 García Ugarte, pp. 55, 56 y 71.

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al virrey, se dice que “la agricultura e industrias [están] cuasi en estado de inacción por la mucha gente que se lle-vo la parte de 1813 y 14, la mucha muerta en la guerra” [sic].27 Querétaro ya no fue, desde entonces, un lugar de asiento permanente para los ejércitos realistas, se convirtió en un lugar de paso, quedándose únicamente con el ejérci-to de Sierra Gorda, el Batallón Ligero de Querétaro y los patriotas de la región. Sin embargo, las tropas siguieron transitando por el Camino Real y llegando a la ciudad de Querétaro para descansar.

Una zona que había quedado al descubierto casi desde el inicio de la guerra fue la región de Amealco (ver mapa) por lo que, de la división de San Juan del Río, del ejército de la Sierra Gorda, se tomó un pequeño destacamento que se instaló para protegerla.28 Pero no fue suficiente, se repor-taron casos como el de la hacienda de Galindillo, del partido de Santa María de Amealco, en la que los saqueos, en 1813, eran constantes, los facciosos habían dejado totalmente sin avíos la hacienda, sobre todo sin animales y semillas. El Br. Manuel García decía que esa hacienda estaba en la ruina y perdición. En Amealco, otra hacienda afectada por los ata-ques de los insurgentes fue la de San Nicolás de la Torre, propiedad de don José María Reyes.29

Sin embargo, que los insurgentes invadieran una ha-cienda podía no ser lo peor que le sucediera a un propietario. La señora doña Juana Verdeja y Torres fue esposa del capi-tán don Juan Antonio Payatos. Ella heredó tres haciendas,

27 ahPjq, Sur Civil, caja 1, exp. 2 SJRc, 1820.28 Idem.29 Idem.

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dos de las cuales estaban rentadas, Tlacote y Arroyo Zarco. Por largo tiempo, las dos estuvieron invadidas por los insur-gentes y, en el año de 1816, quien se las rentaba las entregó por ser incosteables. Por la invasión de los rebeldes no pudo recoger los frutos de las cosechas lo que le hizo retardar el pago de los réditos que le debía a la congregación de Nuestra Señora de Guadalupe, en Querétaro. A la señora le entrega-ron con la tierra únicamente tres bueyes, no obstante que años antes ella había pedido dinero para habilitarlas. Pero sus deudores, más duros que los invasores insurgentes, le pu-sieron un embargo, y la Real Hacienda le pidió que pagara los réditos de las haciendas, aún de los años en que estuvie-ron invadidas.30

En cambio, para la hacienda de la Estancia Grande, perteneciente al Br. Manuel García quien también era due-ño de Galindillo, la situación era distinta. Para mantener a salvo sus propiedades de la insurrección había tenido que hacer muchos gastos, mantenía 20 soldados de pie fijo, pa-gados, armados y vestidos por él en su hacienda y, además contribuía para la tropa del pueblo de San Juan del Río.31 Algunos pequeños ejércitos se habían instalado en las ha-ciendas para proteger estas propiedades de los insurgentes. Dentro del Plan Calleja, entre otras cosas, el gobierno colo-nial había ordenado que se constituyeran compañías volantes en los ranchos y haciendas, las que estarían encargadas de vigilar los caminos y evitar reuniones sospechosas.32 Estas compañías volantes se formaron sobre todo en las hacien-

30 ahPjq, caja de origen: 06 civil gde., caja 6-18, exp. 06c 202, 9 de enero de 1817.31 ahPjq, Judicial, exp. 07cri078, caja 8, fs. 4-4v, 25 de abril de 1813.32 Ortiz Escamilla, Guerra y gobierno, pp. 80-82.

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das que estaban a los costados del Camino Real de Tierra Adentro.

En un documento militar de 1816 se le informó de ma-nera confidencial al virrey,33 que las partidas volantes insta-ladas en las haciendas de Querétaro no estaban funcionando, porque no salían a perseguir a los rebeldes, sólo estaban a la defensiva. Y de los grupos voluntarios de vecinos que forma-ron las milicias de los Patriotas, se decía en el informe, que sólo era un cuento, porque no existían realmente, pues esperaban a que las tropas del rey fueran las que los defendieran en sus propiedades. El autor del informe cree que por esta causa la región seguirá invadida de gavillas, entre las que menciona al cabecilla Vargas, que actuaba en Puerto de Nieto, y otras tres que se hacían llamar De Colorado, Los Azules y Los Amari-llos. Esta situación prevaleció entre 1816 y 1818. De las parti-das volantes, nos dicen que estaban instaladas: la primera en Casas Viejas, con destacamento en la hacienda de San Diego; la segunda en la hacienda de Monte Negro con destacamentos en Chichimequillas, Jurica y Tlacote; la tercera en San Vicente con destacamento en Castillo, Obrajuelo, Tunal y Balvanera. La hacienda de Colorado era más utilizada como asiento para llevar la correspondencia a San Juan del Río y a otras partes. En los pueblos de Bernal, Tolimán y Cadereyta se encontraba otra parte de la tropa. En la hacienda de Juchitlancito se en-contraba instalado un destacamento del ejército. Todas estas partidas volantes no impedían que los insurgentes siguieran asaltando las haciendas de El Muerto, El Ahorcado y Cala-manda.34 En esta región, estaban activos en la defensa realis-

33 agn, Operaciones de Guerra, vol. 341, exp. 11, fs. 122-128v.34 Ibid., 18 de diciembre de 1816. Informe del Teniente José Solórzano.

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ta el Batallón Ligero de Querétaro y el Regimiento de Sierra Gorda. A los dos se les recomendaba estar en movimiento y perseguir a los rebeldes, hasta donde los encontraran, y sobre todo se les recordaba que no debían cuidar ninguna finca, eso les tocaba a los Patriotas.

La situación de inseguridad se trasladó de las zonas rurales a la ciudad de Querétaro. En 1817, influenciados por la presencia de Francisco Javier Mina, se incrementó la ac-tividad de los insurgentes, a tal grado, que en septiembre se preparó un plan de defensa para la ciudad de Queréta-ro, pues se sentían tan vulnerables como lo habían estado en 1810 y 1811.35 La ciudad se resguardó, pero las hacien-das más próximas a la ciudad seguían siendo atacadas. En enero de 1818 la hacienda de Amascala fue asaltada. Su arrendatario, don Manuel de Soria, decía que tenía plantíos de chile, y con una lluvia que se convirtió en tempestad se afectaron muchísimo, pero le cayó otra tempestad, la de los rebeldes y con ésta le fue peor, porque se llevaron todo su ganado: bueyes, vacas, yeguas y mulas y cuanto se movía. Posteriormente le robaron también el maíz. Por lo que que-ría dar por terminado su contrato como arrendatario con el dueño de la hacienda don Mariano Sandiel.36 Otra hacien-da, inmediata a Querétaro, llamada de Callejas, también se vio afectada, por lo tanto, unos indios que eran dueños de un pedazo de tierra que estaba junto a ella, en abril de ese mismo año, prefirieron vender ante la incapacidad de cui-

35 agn, Operaciones de Guerra, vol. 342, exp. 16, fs. 238-240v., 17 de sep-tiembre de 1817.36 ahPjq, Criminal, serie 08gde. Crim, caja 8-13, exp. 079, 8 de enero de 1818; ahPjq, Criminal, serie 8gde. Criminal, caja 8-13, exp. 092, 1 de julio de 1818.

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darlo de las incursiones rebeldes.37 Al mes siguiente, otra hacienda próxima a la ciudad, la de La Laborcilla, también fue entregada a su dueña doña Josefa Pérez. Su arrenda-tario don Miguel Reyes, prefirió romper el trato porque no tenía ni bueyes para sembrar, pues se los habían robado los insurgentes.38 Las acciones que habían estado haciendo las partidas volantes en las haciendas ubicadas al norte y no-roeste de la ciudad, habían empujado a los insurgentes a aventurarse hacia la ciudad de Querétaro, al centro y luego al sur del Corregimiento.

En junio de 1818 Francisco de Guizarnotegui informa-ba al virrey Juan Ruiz de Apodaca sobre el personal que tenía de infantería, caballería de línea y provinciales, apos-tados en las haciendas de la jurisdicción de Querétaro ya que los hacendados habían sido incapaces de levantar sus propios defensores realistas.39 Posteriormente, el virrey le escribió al gobernador político de Querétaro, don Ignacio García Rebollo, y le ordenó que de inmediato movieran las tropas de las haciendas, ya que éstas debían financiar sus propias fuerzas realistas. El virrey recomendó además que para proteger la ciudad fueran cerradas todas las ventanas de las casas que quedaban fuera de las cortaduras o pozos que se habían abierto para proteger la ciudad, resguardar las esquinas y todo cuanto tuvieran, para que no entraran a asaltar los rebeldes. Muchos grupos de ciudadanos, civiles

37 ahPjq, Criminal, serie 08 gde Crim, caja 8-13, exp. 08cri 088, 27 abril de 1818.38 ahPjq, Civil, serie 06gde. civil, caja 6-10, exp. 05c 178, 26 de mayo de 1818. 39 agn, Operaciones de Guerra, vol. 436, exp. 8, fs. 60-75, 9 de junio de 1818.

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y religiosos se molestaron por la medida propuesta.40 Pues antes que financiar tropas, el virrey prefería bloquear todas las entradas de la ciudad.

Ante la presión por el desamparo de Querétaro, y la necesidad del virrey de proteger las cargas de las comboys que transitaban a México, se inició una serie de arreglos para fortalecer la ciudad. En el año de 1819 se levantó un cuar-tel de realistas, también se hicieron gastos en la reparación del cuartel del Cerro de las Campanas y de las garitas,41 y finalmente, se acondicionó y uniformó al Batallón Urbano de Querétaro.42 Así, se logró disminuir la inseguridad, en los lugares más próximos a la ciudad.

En 1820 continuaban las quejas de los hacendados por los ataques a sus propiedades, solo que ahora se resolverían bajo las leyes de la constitución gaditana, finiquitando los agravios recibidos durante la guerra. En agosto de 1820 se inició un pleito por tierras en una hacienda de Amealco. El problema inició por los ataques de los insurgentes a la ha-cienda de San Nicolás de la Torre, propiedad de don José María Reyes, quien, no sólo se vio invadido en repetidas ocasiones, sino que una parte de la hacienda, llamada San Pablo, arrendada a don Ignacio Alcántara, le fue despojada por un grupo de indios, encabezados por Felipe Santiago, el alcalde del pueblo de San Ildefonso. El dueño de la hacienda dice que Felipe Santiago:

40 agn, Operaciones de Guerra, vol. 436, exp. 8, f. 74, 18 de junio de 1818.41 ahq, Civil, serie 1819, caja 57, exp. L129, 30 de junio de 1819.42 ahq, Civil, serie 1819, caja 57, exp. L129, 31 de agosto de 1819.

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[…] ha incurrido en el crimen de agabillar [sic.] un pueblo obstinado desde el principio de la insurrección, separándose de los derechos que son propios de la jurisdicción.

Esto lo podían hacer porque siempre se vieron favore-cidos por los insurgentes, al inicio por los Villagrán, y des-pués tampoco reconocieron más gobierno que el de ellos. Para concluir, los indios se habían apropiado de las tierras de San Pablo y se las habían repartido, argumentando que eran de ellos, desde mucho tiempo atrás. Luego del pelito, las tierras fueron entregadas al hacendado, los indios no pu-dieron demostrar su propiedad porque no encontraron los papeles.43 Otro caso notorio es el del hacendado que llegaría a ser el primer gobernador del Estado de Querétaro. En la hacienda de los Queses el indio Tomás Ramón fue atrapado robando una becerra, el dueño de la hacienda, capitán don José María Diez Marina, un militar distinguido y regidor del ayuntamiento de Querétaro, lo atrapó y ordenó que lo en-juiciaran. No quiso perdonarlo, porque el indio, vecino de la hacienda de Santa Teresa, fue un cabecilla insurgente que estuvo robando todo ese tiempo en su hacienda.44

lA fRAnjA noResTe del coRRegimienTo limíTRofe con cAdeReyTA

Los pueblos indios de la franja noreste del Corregimiento de Querétaro y algunos otros pueblos de la Sierra Gorda se insurreccionaron en mayo de 1811. Uno de los hombres

43 ahPjq, SurCivil, caja 1, exp. 2 SJRc, 1820.44 ahPjq, Judicial, serie 08gde. Criminal, caja 8-12, exp. 077, 8 de noviem-bre de 1820.

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de Huichapan que estuvo promoviendo la insurrección fue Juan Paniagua quien, con 17 hombres de a caballo, los an-daba invitando. Desde Cadereyta el capitán realista José de Castro se encargó de someterlos, estuvo en Tequisquiapan, Tolimán, San Miguelito y San Pedro. Tolimanejo fue el úni-co pueblo que los recibió sin resistencia, ahí el capitán don Ángel Linares se encargó de reducirlos y dejar pacificado el pueblo. San Miguelito fue en donde tuvieron más problemas. Cuando llegó el capitán José de Castro, encontró que todos los indios estaban:

[…] remontados en las cumbres de los cerros, sumamen-te insolentados por verse seguros en aquella posición que a más de lo escarpado de ella les favorecía por la parte opues-ta la bajada a la Sierra de donde ya no podía internarse la tropa.45

Los indios no aceptaron el perdón que les ofrecían, ni siquiera les contestaron y continuaban con su insolencia. Por lo que el capitán José de Castro decidió quemar las casas de los principales cabecillas y retirarse a los otros pueblos, tratando de reducirlos y ponerlos en orden a todos. Al ver que ya no había rastro de alguna “gabilla” de consideración, el capitán regresó a Cadereyta. Cuando las tropas realistas entraron a la zona, los insurgentes más importantes se in-ternaron en la Sierra Gorda, dirigiéndose a Pinal, Tarjea y a San Juan de Dios.46 Esta zona estuvo muy influenciada por la actividad insurgente de Huichapan, que tuvo sus momen-

45 agn, Operaciones de Guerra, vol. 731, exp. 14, fs. 43-47.46 Idem.

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tos culminantes desde mediados de 1811 hasta la primavera de 1813, cuando Chito Villagrán logró extender su influen-cia hacia otros territorios, como la Sierra Gorda y San Luis Potosí.47 En esta región es posible apreciar la influencia de los insurgentes de Huichapan, tanto en Amealco como en el corredor sureste, donde se movían, desde Tecozautla a Xi-chú. En este corredor, que pasaba por la villa de Cadereyta, Tolimán, San Pedro y San Miguel, y de ahí subía a Xichú, la fuerte actividad trató de ser bloqueada por los realistas. Como ya se dijo, instalaron dos destacamentos, uno en la hacienda de Juchitlán, al mando de don Pedro de la Sierra, antiguo administrador de la misma hacienda, y otro más pe-queño en Amealco. El cuartel desde donde se movían las tro-pas realistas sobre la Sierra Gorda, se ubicó en la hacienda de Juchitlán.48

Una hacienda que fue asaltada casi permanentemen-te por los insurgentes fue la hacienda de Nuestra Señora de Buena Esperanza, situada a mitad del camino entre la ciu-dad de Querétaro y la hacienda de Juchitlán. La Esperanza era una hacienda muy grande y productiva, que pertene-cía al Ayuntamiento de Querétaro, por haberla heredado de doña María Josefa Vergara Hernández. Asaltar esta hacien-da, significaba prácticamente menguar los recursos de la ciu-dad realista de Querétaro.49

En 1813, al caer los Villagrán, los insurgentes que se movían en este espacio, o sus simpatizantes, fueron más du-

47 Van Young, Eric, La otra rebelión. Lucha por la independencia de Méxi-co, 1810-1821, 1ª ed. 2001, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 351.48 ahPjq, 07gde. Crim, caja 7-3, exp. 07cri059, 9 febrero 1813.49 García Ugarte, p. 72.

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ramente atacados. Una de las gavillas más famosas que se movían en la Sierra estaba encabezada por los hermanos Vi-cente y José Domingo Díaz de la Vega, quienes tenían un rancho en Vizarrón. Se movían principalmente asaltando las haciendas El Ciervo, Santa Bárbara, Extoraz, Higuerillas y El Chilar, entre otras. Las tres primeras, eran propiedad de don Mariano Marcos Fernández de Jáuregui, de la línea del Marqués de la Villa del Villar. Una vez que los Villagrán fueron desarticulados, se ejerció una gran presión contra los hermanos Díaz de la Vega y sus familias, las tropas destruye-ron e incendiaron sus casas. El ejército realista sólo rescató del incendio un baúl y el ganado con el que liquidarían parte de sus deudas por los asaltos, no les dejaron cosa alguna. Cuando vieron a sus familias detenidas, los Díaz de la Vega prefirieron indultarse50 y enfrentaron un proceso que se les levantó para que restituyeran lo robado.

En el proceso que se llevó contra los hermanos Díaz de la Vega, el apoderado de Mariano Fernández de Jáure-gui, don José María Truchuelo, reclamó la liquidación de lo que habían robado en sus haciendas. No obstante que se les otorgó el indulto, se les pidió que devolvieran lo robado, que fue con lo que se financiaban los grupos insurgentes. Les le-vantaron una serie de cargos a los hermanos, porque les pa-recía increíble que se perdonara a quienes habían robado a los “fieles vasallos”. A la hora del indulto los Díaz de la Vega entregaron lo siguiente: “piezas de ganado mayor 7, con 5 crías; ganado menor 1661, con 276 crías; mulas 97; caballos 8; burrada 79 y 7 crías”. Además se entregó un gran cofre de madera lleno de joyas y objetos de uso femenino, de los que

50 ahPjq, serie 07gde. Criminal, caja 7-3, exp. 07cri070, 23 junio 1813, Vizarrón.

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se realizó un inventario.51 Don José María Truchuelo hizo comparecer en Querétaro a los Vega, en donde se les mostró una serie de recibos que ellos mismos habían firmado cuando extraían ganado y semillas de las haciendas de don Mariano Fernández de Jáuregui. Luego de que les fueron mostrados los recibos, ellos los aceptaron como suyos. Además, el Audi-tor de Guerra les cobró la cantidad de 149 pesos que habían extraído de la oficina de la Real Hacienda. Los recibos que se presentaron iban más o menos en el tenor siguiente:

Señor Mayordomo don Pablo ArriagaCadereyta abril 6/ 1811Por este entregara usted a Juan Nicolás 16 fanegas de maíz, a José Miguel 6 fanegas. A Felipe Santiago 11 fanegas de maíz, a José Maria 8 fanegas de frijol, y para que conste lo firmo. Vicente de la VegaComandante por la Nación de la Americana [sic]

En otros recibos parecen más cercanas las relaciones de los Vega con los mayordomos de las haciendas:

Don Pablo Arteaga Bernal. 22 de abril 1811Muy señor mío y de mi mayor estimación. Por este entrega-ra usted a los arrieros 32 fanegas de frijol, por no haber maíz desgranado y es cuanto ocurre a su afectísimo servidor.Que su mano besa José Domingo de Vega [sic]

51 Idem.

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O como el siguiente, en el que solicita que se les envíe ganado:

Señor don Pablo ArteagaCantón de Aguas Abril 29 de 1811Por este entregara usted a don Francisco Olvera una yunta de bueyes regular, escogida. Soy de ustedVega [sic]

Otros objetos también son solicitados, incluso se indi-ca cómo deben de ser enviados:

Don Pablo Arriaga Hacienda del SiervoBernal, mayo 2 de 1811

En virtud de esta mía remitirá usted el dinero de fri-jol que se halla vendido, teniendo en cuenta las fanegas que van fuera. Para su descargo incontinente me remitirá usted las ruedas del farlon que se necesitan mucho sin perdida de tiempo.

Si alguno de mis enviados le pidiere a usted maíz se le dará mandándome la cuenta de lo que fuere.

También procurara usted remitirme dos o tres cargas de maíz a flete, o en mulas de la hacienda.

Dios guarde a usted muchos añosVega [sic]

Un solo recibo es amenazante y fue de los primeros:

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A don Antonio de ExtorazVicente24 marzo de 1811

En vista de la presente me mandara usted con el por-tador de esta las mulas mansas que pueda haber en esa ha-cienda, que informado estoy que hay 8 o 10 por lo que sin excusa alguna me las mandara usted con Francisco Arre-guin y de no ejecutarlo se tomaran contra usted la provi-dencia mas oportuna en contra de usted.

Dios guarde a usted muchos añosVicente Diez de la Vega52

Capitán comandante de América [sic]

Los recibos fueron realizados entre los años de 1811 y 1812. En ellos parece que los Díaz de la Vega tenían gran influencia en las haciendas de donde obtenían los productos que requerían. Pero luego de 1813, cuando los Villagrán fue-ron vencidos, los hermanos Díaz de la Vega ya no tuvieron crédito en las haciendas. En el juicio argumentaban a su fa-vor que lo robado no era todo para ellos, que los Villagrán solicitaban, a su vez, que les remitieran ganado y semillas. Además una parte la consumían en la manutención de su propia tropa. El único recibo amenazante que ellos dejaron fue el de marzo de 1811, cuando se inició la relación entre los insurgentes y los hacendados. Quizá, posteriormente los hacendados prefirieron colaborar pacíficamente con los in-surgentes. Sin embargo, las cuadrillas volantes de realistas estaban instaladas en las mismas haciendas que se robaban y no presentaban defensa armada ante estos hurtos. La de-fensa inició después de que los Villagrán fueron extermina-

52 Idem.

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dos. En 1813, el dueño de las haciendas, don Mariano Fer-nández de Jáuregui, exigía que se le pagara todo lo que le habían robado. Al parecer, sólo al inicio fueron intimidados, posteriormente ellos colaboraron pacíficamente enviando lo que les solicitaban. Y, a diferencia de las demás, las hacien-das de Fernández de Jáuregui no fueron invadidas, pues los dueños y mayordomos continuaron administrándolas, sólo que entregaban una parte de sus productos.

Como en muchos otros lugares de la Nueva España, los hacendados se vieron obligados a tener convenios con los insurgentes, como Osorno, en los Llanos de Apan, para que lo dejaran elaborar y conducir el pulque hasta la ciudad de México.53 Guedea dice que Osorno se sostuvo, y a la vez mantuvo en gran medida el movimiento insurgente de la re-gión de Apan con este apoyo económico.54 En la zona de Ca-dereyta en sus límites con Querétaro, no tenemos registros en los cuales los hacendados se quejaran judicialmente de que estuvieran siendo atacados por los insurgentes. Mientras Villagrán tuvo gran influencia, a sus aliados no se les ata-có, además Fernández de Jáuregui era del Ejército de Sierra Gorda y sus administradores también. Al parecer, mientras circularan los insurgentes sólo por el corredor Tecozautla Xi-chú, no les afectaba tanto a los hacendados, como si lo fuera el hacerles la guerra a sus propios arrendatarios, como los de Las Tuzas y los indios del pueblo de Tetillas, con los que sí se ensañaron los hacendados. Ésta última fue una guerra para

53 Guedea, Virginia, La insurgencia en el Departamento del Norte y la sie-rra de Puebla, 1810-1816, México, Universidad Nacional Autónoma de México / Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1996, pp. 32-33.54 Idem.

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mantener controlados a los grupos indígenas y campesinos inquilinos de sus haciendas o vecinos de ellas. Sin embargo, los hacendados dejaban circular a las “gabillas” de insur-gentes asociados con grupos vinculados al movimiento de carácter extrarregional, por lo menos hasta 1813.

el conflicTo con los indios de TeTillAs y de lAs TuzAs

El destacamento del ejército de la Sierra Gorda, comanda-do por el teniente Pedro de la Sierra, que dependía del co-mandante coronel don Juan Antonio del Castillo y Llata, se encargaba del territorio que más o menos comprendía la pa-rroquia de Cadereyta y el partido de Tolimán. Hacia el Nor-te, en la Sierra Gorda se encontraban además, los presidios de Santa María Peñamiller, Arroyo Zarco y El Saucillo. En el teniente Pedro de la Sierra recaía la responsabilidad de sofocar la rebelión, por lo que, en mayo de 1811, actuó con-tra los insurrectos, atacando al pueblo de San Miguelito Te-tillas, al que quemó hasta quitar el Cantón, luego continuó con Tolimán y San Pablo.55

Como parte del proyecto para controlar la insu rrección se ordenó obligatoriamente que se formaran compañías de patriotas con los vecinos de los pueblos para defenderse de los insurgentes, y más específicamente para obligarlos a estar del bando realista. En la subintendencia de Cadereyta se or-ganizaron algunas compañías de patriotas, en Tolimán, Ca-dereyta, Bernal, etcétera. En San Pedro Tolimán la organizó el capitán don Leonardo Bocanegra, su tropa estaba com-puesta de 60 hombres de caballería y 100 indios del pueblo. Don Leonardo informó a don Ignacio García Rebollo que se

55 agn, Operaciones de Guerra, vol. 731, exp. 14, fs. 43-47.

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tenía que considerar la fidelidad de los 100 indios, porque en 1811, un año antes, eran afectos a la insurrección.56

En el pueblo de Bernal los vecinos se organizaron y formaron su compañía de patriotas. El teniente Pedro de Sierra los vio tan entusiasmados y comprometidos que les ofreció entrenamiento militar y provisión de armas. Incluso ofrecieron apoyo al destacamento del ejército en caso nece-sario y acompañarlos en calidad de avanzada. El teniente Sierra informaba que con los de Cadereyta y los bernaleños podía hacer dos grupos para actuar más rápido en caso de ataques. Comentaba además, que los de Cadereyta no tenían la actitud tan positiva como los de Bernal.57

En Cadereyta el padre don José María Gutiérrez or-ganizó la compañía de patriotas, formada por una guarni-ción de 50 soldados y 5 sargentos. A los primeros les paga-ba real y medio y a los sargentos 3 reales. Esto lo pagaba con la pensión impuesta a los indios de Tetillas, de un real semanario. El padre José María decía que los indios lo po-dían pagar con el producto de lo que robaban como insur-gentes, pues decía, todavía disfrutan de ello. Otro pago que se les obligaba a dar, era media fanega de maíz, que era pagada por el común de los indios. Don José María le pedía a García Rebollo que no le suspendiera el pago de estas contribuciones por parte de los indios de Tetillas, porque sin ese dinero no tendría para la tropa, pagar las armas, caballos, cartucheras, monto de cañones y lo concerniente a la guarnición.58

56 agn, Operaciones de Guerra, vol. 334, exp. 14, fs. 94-95.57 ahPjq, 07gde. Crim, caja 7-3, exp. 07cri059, f. 76, 9 febrero 1813. 58 ahPjq, 07gde. Crim, caja 7-3, exp. 07cri059, 9 febrero 1813.

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En el pueblo de Tetillas intentó el teniente Sierra or-ganizar una compañía de patriotas, sin embargo, la relación del ejército con los pobladores de Tetillas era muy hostil. Por ejemplo, se pasaba lista a los vecinos, y debían estar presen-tes todos. El problema era que muchos ya se habían muerto por la guerra o por la epidemia que los había azolado, otros habían huido del pueblo, pero se exigía que se presentaran muertos y huidos, y que se pagara el impuesto que les co-rrespondía. Con los presentes de esa lista se pretendía formar la compañía de patriotas, pero no estaban todos. Continua-mente don Pedro de la Sierra amenazaba a los indios con degollarlos si no aparecían todos a la hora de pasar la lista de asistencia, comenzando por el alcalde y siguiendo con todos los indios de la república. Tratando de llegar a un acuerdo, el alcalde del pueblo, Hilario Antonio, le escribió al brigadier García Rebollo, de Querétaro, para informarle la situación y pedirle que se eliminara de la lista a los muertos y a los hui-dos, porque era imposible llegar así a un acuerdo con Sierra. Le explicó a García Rebollo que el pueblo de Tetillas estaba muy pobre y desamparado por los ataques que les hacían los insurgentes, porque Tetillas había abrazado la causa justa de los realistas. Además la tropa los requería diariamente para el servicio de acarreo y conducción de pastos, siendo que sus tierras eran muy estériles y no tenían más que unas pocas laborcitas. Además de las contribuciones que les exigía el padre don José María Gutiérrez, comandante militar de la compañía de patriotas de Cadereyta. En caso de formar una compañía de patriotas en Tetillas, como era la intención de Sierra, ellos creían que cuando los insurgentes se enteraran de su adhesión, recrudecerían los ataques por considerarlos traidores. A su vez, el comandante Tomás de Vega, enviado por Sierra, los tenía amenazados y los trataba muy mal. Les

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hablaba con voces injuriosas, arrojándoles con menosprecio las certificaciones.59 Tomás de la Vega, fue acusado por los indios de Tetillas por “su índole áspera y dura, mal concep-tuandolos con el teniente don Pedro de la Sierra [sic]” y por darles órdenes impracticables. A los indios de Tetillas se les obligaba a que hicieran sus guardias y otros servicios en un paraje llamado La Redonda, de la hacienda El Ciervo, que colindaba con su pueblo, sin asignación de sueldo y amena-zados con graves penas si no cumplían. Este servicio era para la hacienda, no para el servicio real.60 Los indios eran obliga-dos a realizar estos trabajos sin paga, sin considerar que ellos y sus familias subsistían con su trabajo personal. También se les embargaban los productos que llevan a comerciar a la ciudad, y no les hacían valer el pasaporte que les daba el subdelegado de la villa de Cadereyta.61

los indios de TeTillAs y de sAn gAspAR

El padre José Antonio García decía que los indios de Tetillas eran unos revoltosos:

[…] antes de iniciada [la] revolución fastidiaban en los tri-bunales con frecuentes desórdenes, en la revolución fueron los primeros que gustosos se presentaron a protegerla.

Y agregó, que en el ataque a San Francisco por parte de los hombres de Villagrán, en donde casi todas sus fuer-

59 ahPjq, 07gde. Crim, caja 7-3, exp. 07cri059, 9 febrero 1813, fs. 84-85v.60 Ibid., fs. 77v-78.61 Ibid., fs. 78-78v.

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zas eran indígenas, entre ellos se encontraban 70 indios del pueblo de San Miguel Tetillas; y del ataque insurgente a Ca-dereyta, se preguntaba el padre “¿Quántos [sic] de Tetillas quedaron a ser pasto de las fieras? Y dígalo por último, el número de ellos que enseñaré con media oreja menos”.62 Sin embargo, el juez de Cadereyta decía que los de Tetillas ha-bían recibido muchos agravios, en el pasado y en esos mo-mentos. Para colmo, un año antes había caído en su pueblo una peste de fiebre, por la que murieron más de 2000 indios. Además, eran constantemente molestados y agobiados por el mayordomo de la hacienda de El Ciervo, por lo que mu-chos jóvenes del pueblo se habían fugado.63 En su historia como pueblo, existía una conflictiva relación con la hacienda de El Ciervo y con su dueño.

Desde principios del siglo xviii en Cadereyta se habían presentado muchos conflictos con los indios. En la villa de Cadereyta existían graves enfrentamientos entre los colonos y vecinos de la villa de Cadereyta, las haciendas y ranchos de españoles, contra los indios chichimecos jonaces del Cerro Gordo. En 1711 un grupo de españoles vecinos de la villa de Cadereyta denunció ante el virrey las continuas invasiones, robos y muertes que les causaban los chichimecos, pidiendo el remedio necesario para solucionarlo. El virrey los escuchó y obtuvieron su autorización para que los colonos y milita-res de Cadereyta, comandados por el alcalde mayor y por los capitanes protectores de las misiones, se arrojaran sobre los mecos que vivían pacíficos junto a la hacienda de Las Aguas de don Alonso, en Las Tuzas y en el paraje de Textá, matan-

62 Ibid., f. 21.63 Ibid., f. 78.

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do a muchos y apresando a otros, que fueron remitidos en co-lleras a los obrajes de la ciudad de México. Simultáneamente fueron unos chichimecas de la misión dominicana de Nues-tra Señora del Rosario de La Nopalera, a ver al virrey para pedir justicia por los atropellos y asesinatos que recibían de los españoles, la que les fue negada, por lo que recrudecieron sus ataques contra los españoles. En consecuencia, se auto-rizó a Gabriel Guerrero de Ardila como teniente de capitán general del virrey en la Sierra Gorda para que aplacara la zona. Durante la campaña militar fue destruida la misión de La Nopalera. Dos años después lograron reducirlos en otra misión y pacificarlos fundando la misión de Santa Teresa de Valero de Maconí. El contador Ardila repartió las tierras de la misión de La Nopalera y Sierra Gorda a sus aliados mi-litares y colonos de la jurisdicción de la villa de Cadereyta, quedándose él con las que fueron de la misión de San José del Llano, entre las que se encontraba el llano de Las Tuzas.64 Así se fueron engrosando las haciendas con estas tierras, por ejemplo, el llano de Las Tuzas, en 1810 estaba adentro de la hacienda El Ciervo.

Los otomíes provenientes de la provincia de Xilotepec llegaron a Cadereyta, a mediados del siglo xvii, junto con los españoles, fueron traídos para colonizar y trabajar en las estancias y labores de los españoles, como las de Gonzalo Yáñez, Juan de Olvera, Diego de Vega o Cristóbal Hernán-dez. Estos indios continuaron llegando e instalándose prin-cipalmente en las estancias vecinas de la villa de Cadereyta, como Botijí y El Ciervo, ésta última, propiedad de Gonzalo

64 Mendoza Muñoz, Jesús, Historia Eclesiástica de Cadereyta, Queréta-ro, Gobierno del Estado de Querétaro / Archivo Histórico de Querétaro, 2002, pp. 91-92.

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Yáñez, de la que surgió el puesto de San Miguel Tetillas, des-pués constituido como pueblo de indios.65

El pueblo de San Miguel Tetillas seguía creciendo y carecía de tierras, por lo que sus naturales, en 1734, le com-praron un sitio de ganado y cinco caballerías de tierra, al Marqués de la Villa del Villar del Águila, de su hacienda de El Ciervo,66 con la que pudieron dejar de depender de las haciendas y ranchos vecinos, teniendo sus propias tierras de labor y crianza de ganado.67 La autonomía y capacidad de decisión de los indios de Tetillas era muy notoria. En 1752,68 se inconformaron con el padre doctrinero por considerar que cobraba mucho dinero por la aplicación de los sacramentos, por lo que acudieron ante el Arzobispo de México para de-nunciarlo. La denuncia no prosperó porque los pobladores de Bernal, muchos de ellos mestizos, dijeron que las cuotas eran justas. Este problema y otra demanda contra el Mar-qués de la Villa del Villar del Águila, por considerar que, a finales del siglo xviii, les estaba quitando los terrenos que ellos mismos habían comprado décadas antes. Éstas eran las causas por la que consideraban que los indios de Tetillas eran muy rijosos en los tribunales.

En cambio, la situación de los indios de San Gaspar de los Reyes era diferente. Luego de la fundación de la villa de Cadereyta, a mediados del siglo xvii, muchos otomíes de Xilotepec que venían junto con los colonizadores y estancie-

65 Mendoza, Historia Eclesiástica, p. 38.66 Un ancestro de los Fernández de Jaúregui, que seguían conservando el título de Marqués de la Villa del Villar en la independencia.67 Mendoza, Historia Eclesiástica, p. 115-116.68 En 1752 ellos informaron que su pueblo estaba compuesto por 312 tributarios. Idem.

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ros, y trabajaban para ellos, se avecindaron en unos terrenos realengos ubicados al poniente de la real cárcel de la villa, formando un barrio indígena, apartado de los españoles. El número de indios fue creciendo, y por carecer de tierras propias, el fraile Felipe Martínez, coadjutor del convento y doctrina franciscana de Cadereyta solicitó al virrey que se les diera una merced de tierra para fundar su pueblo como una República de naturales tributarios. Se les concedió el terreno que pedían, detrás de la real cárcel, por el camino que va para la hacienda de Ajuchitlán, y les dieron 400 va-ras para el ejido, completándoles una caballería y media de tierra, más media fanega de tierra de sembradura.69 Esta era la tierra con la que ellos contaban. Así se creó la República de San Gaspar de los Reyes. De esta república dependieron también el pueblo de San Miguel de las Tetillas, los barrios de Tixbatá, Boxasní, el Presidio de San José Vizarrón y la Congregación de San Sebastián Bernal. El gobernador tuvo también autoridad sobre los indígenas otomíes que trabaja-ban en las minas de El Doctor y Maconí.70

los ARRendATARios de lAs TuzAs

En 1810, el teniente de Sierra Gorda, don Mariano Marcos Fernández de Jáuregui (de la línea del Marqués de la Villa del Villar del Águila) quien era el dueño de las haciendas El Ciervo, Santa Bárbara y Extoraz obligó a algunos de los varones indios que estaban en sus haciendas, como arrenda-tarios, arrimados, etcétera, a que se incorporaran como lan-

69 Ibid., p. 181-182.70 Espíndola y Mendoza, El pueblo de indios, p. 8.

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ceros en el ejército y fueron enviados en septiembre de 1810 a la ciudad de Querétaro. El hacendado y los mayordomos sentían gran desconfianza hacia estos indios arrendatarios, a los que se trataba como si fueran sus propios peones y no se les pagaba sueldo. Al estallar la revolución, así como los hacendados no tuvieron para pagar sus deudas, quizá mu-chos pequeños arrendatarios y arrimados tampoco pudieron pagar y se les obligó a trabajar gratuitamente, pensando que con ese trabajo se cobraban las rentas. Seguramente también los consideraban peligrosos, simpatizantes de los insurgentes. La realidad era que los mayordomos de las ha-ciendas El Ciervo y Santa Bárbara formaban cuadrillas con los indios arrendatarios de Las Tuzas, para que trabajaran sin pagarles.71

Después que las haciendas El Ciervo y Santa Bárbara fueron asaltadas por los insurgentes, a su vez, el indigna-do mayordomo de la hacienda les quitó sus animales a los arrendatarios de Las Tuzas y de otros parajes. En 1812, los jefes militares, con tropa de a caballo, con lanceros y fusile-ros, empezaron a robar el ganado de los inquilinos indígenas de las haciendas Santa Bárbara y El Ciervo. El administra-dor de El Ciervo era don Miguel Truchuelo, Leoncio de Vega era el mayordomo de la hacienda de Santa Bárbara, y Tomás de Vega, era el comandante de un destacamento del ejérci-to de Sierra Gorda ubicado en los linderos de la hacienda El Ciervo. Éste último fue quien los asaltó: María de Jesús, india viuda de las Tusas, informó que en el mes de enero de 1812 como a las 6 de la mañana llegó una tropa de hombres a caballo, lanceros y fucileros, que iba comandando el Señor

71 ahPjq, 07gde. Crim, caja 7-3, exp. 07cri059, fs. 77v-78, 9 febrero 1813.

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Leoncio de Vega, Mayordomo de Santa Bárbara, desataron una baca que tenía amarrada, con su becerro de seis meses, 22 borregos de lana y pelo, dos burras preñadas, y un bu-rro grande, y se los trajeron sin motivo alguno. A fines de agosto, el administrador de la hacienda del Ciervo le mandó decir que tenía 15 días de plazo para liquidar los 18 pesos que debía, de lo contrarío la correría. A María Lorenza, in-dia también viuda, la fueron a ver muy de mañana el señor Leoncio de Vega y Tomás de Vega, con otros compañeros suyos y le quitaron 10 cabezas de ganado de pelo y lana, una burra grande y un chiquito, tres vellones de lana, dos hachas, dos pelotas de hilo azul y una camisa de manta, la maltrataron diciéndole que era una insurgente, ella les su-plicó que no se llevaran su ganado, pero ellos dijeron que era muy suyo, y se lo llevaron. A José Ambrosio un indio, casado de las Tuzas, la tropa de la Redonda, del señor don Tomás de Vega, lo quiso arcabucear en su propia casa, con el pretexto de que era insurgente. Lo llevó arriba de un cerro a encontrar a su pastor, al que le preguntaron si aquél ga-nado era suyo, les respondió que sí, que ellos lo sabían muy bien, que las gentes de las Tuzas habían criado ese ganado, que para ese fin pagaban renta al administrador del Ciervo. Luego mandaron traer el ganado y se llevaron sus 55 cabe-zas de pelo y lana. Y ahora lo reconvenía el administrador, para que pagara la renta de la tierra. [sic.] Muchos otros arrendatarios de Las Tuzas fueron tratados de igual manera. Primero les quitaron el ganado, acusándolos de ser insur-gentes, luego enviaron gente a cobrarles las rentas, que ya sabía el administrador que no tenían. Por no pagar la renta los amenazaban con enviar a los soldados a golpearlos. Los arrendatarios de Santa Bárbara comentaban que como los insurgentes se les habían escapado, los hombres de Tomás

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Vega querían quebrantar su cólera con ellos. Cuando, pasado el tiempo, los indios fueron a reclamar sus bienes a los Vega, éstos en represalia, golpearon a los hombres y los metieron a unas trojes, y a las mujeres les cortaron el pelo. Además de impedirles que fueran a Querétaro para quejarse. Por lo que se fugaron de noche, para llevarle la queja a don Ignacio García Rebollo.72

En esa época, 1812, los insurgentes no estaban asal-tando el ganado de las haciendas El Ciervo y Santa Bár-bara, los recibos que exhibió el apoderado del Marqués de la Villa del Villar, muestran algún tipo de trato o acuerdo entre ellos. Sin embargo, el mayordomo de Santa Bárbara sí estaba asaltando a los arrendatarios por la fuerza de las armas y del ejército. El dueño de las haciendas de El Ciervo, Santa Bárbara y Extoraz había obligado a sus arrendata-rios a enrolarse como lanceros en las tropas realistas, poste-riormente había negociado con los insurgentes la entrega de bienes a cambio de no ser asaltado, luego permitió que sus mayordomos asaltaran a sus arrendatarios y que los indios de Tetillas fueran explotados por ellos, sin pagarles por sus servicios. Tiempo después, en 1817, don Mariano Fernández de Jáuregui fue interceptado, cuando se dirigía a su hacien-da, por 300 insurgentes encabezados por Sebastián Gonzá-lez, un rebelde originario de Xichú, al que le había quemado su casa Antonio Linares en 1811. En el asalto, le quitaron a don Mariano Fernández de Jáuregui, todo lo que llevaba incluso a una joven que lo acompañaba, luego le ordenaron que se desnudara, le quitaron la ropa y le dieron un balazo. La población queretana estaba alarmada por tan terrible crimen. El fraile autor de los Acuerdos curiosos dijo que don

72 ahPjq, Justicia, 07cri79, f. 4, 1813.

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Mariano era un hombre pacífico, humilde, sociable, aún con los más miserables, era caritativo con todos y aun pródigo con sus bienes.73

Una parte del financiamiento para sostener la guerra de los insurgentes, se conseguía asaltando las haciendas de la región. El asalto y robo era sobre los bienes, semillas y ga-nado de los dueños de las haciendas y de algunos rancheros arrendatarios, principalmente de peninsulares o criollos. En-tre las haciendas más atacadas entre 1811-1813 estaban las de don Mariano Marcos Fernández de Jáuregui, descendien-te del Conde de la Villa del Villar del Águila.74 Estas hacien-das habían generado mucho malestar entre los pobladores de la región, tanto indios como no indios, por el fuerte vínculo del dueño de la hacienda con el ejército y por que a los in-dios se les hacía responsables de los robos de los insurgentes. Esto propició una relación extraordinariamente tensa, entre algunos de los habitantes de las haciendas, el dueño, el ejér-cito y los pueblos indios cercanos. Además de las injusticias que se les cometían por parte del personal de la hacienda, existían pleitos anteriores entre ellos por la propiedad de la tierra. Los productos que los insurgentes robaban y no eran consumidos por ellos, entraban en el mercado, eran vendidos a grandes comerciantes, españoles o criollos, que pudieran colocarlos a su vez, con un comprador que no supiera que eran mercancías robadas o no les interesara saber de dónde provenían y pudieran pagarlas. El capitán don José Anasta-sio Andrade, capitán realista de San José Casas Viejas, había comprado ganado robado al comerciante don Rafael Resén-

73 Anónimo, Acuerdos Curiosos, [1823], Querétaro, Gobierno del Estado de Querétaro, 1989, p. 373.74 ahPjq, 07gde. Crim, caja 7-3, exp. 07cri059, f. 87, 9 febrero 1813.

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diz. El ganado en cuestión era, inicialmente, de la hacienda El Chilar, y lo había robado el cabecilla insurgente Rojas, quien cuando fue atrapado confesó, en artículo de muerte, estas ventas y que todavía le adeudaban dinero.75

Otros personajes distinguidos que comerciaron con es-tos productos robados por los insurgentes fueron los sacer-dotes de la Sierra Gorda y de Cadereyta, quienes ya sea por ayudar a los insurgentes a sostenerse, o por la oportunidad de un buen negocio, colaboraron haciendo estas transaccio-nes. El padre José María Gutiérrez, cura de Santa María Peñamiller, a quien le vendieron géneros de tela y ganado, que no pagó completos al capitán insurgente Rojas, quien se movía en el mismo pueblo que el señor cura.76

El ganado robado por los insurgentes recorría gran-des distancias para ser colocado. Por ejemplo, el hurtado en el rancho El Chilar, ubicado en el partido de Tolimán, fue trasladado por la Sierra hasta el partido Casas Viejas, colindante con el norte del corregimiento de Querétaro. Este tipo de traslados no se podía realizar por el Camino Real, que estaba bien resguardado, pero la Sierra Gorda, en dirección a Xichú, les permitía moverse con más facilidad. Además, a quien se le vendió el ganado robado, era preci-samente a un miembro del ejército con una jerarquía alta en Casas Viejas.77 Para la compra venta se valían de inter-mediarios respetables, como comerciantes españoles o crio-llos y sacerdotes, como fue el caso del ganado robado en las

75 ahPjq, 07gde. Crim, caja 7-3, exp. 07cri059, 9 febrero 1813. 76 ahPjq, 07gde. Crim, caja 7-3, exp. 07cri059, fs. 58-59, 9 febrero 1813. 77 ahPjq, 07gde. Crim, caja 7-3, exp. 07cri059, 9 febrero 1813.

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haciendas Extoraz y El Chilar.78 También eran presa fácil los arrieros que trasportaban carga. Sebastián Bravo, en su trayecto de la hacienda de Carretas a México fue asaltado y le robaron el cebo de las matanzas que llevaba.79 Para mover la mercancía robada por los insurgentes, también se valían de los arrieros, los esperaban en los caminos y les cambiaban o les agregaban la carga robada, para que la pudieran atra-vesar sin ser notados.80

En los pueblos también habían asaltos, robando algu-nas tiendas de españoles, como la de la casa mortuoria de don Vicente Sánchez, ubicada en el pueblo de Tolimán. Por cierto que el dueño también presenta quejas contra su cu-ñada y otros que lo ayudaban porque lo saquearon.81 En los asaltos que los insurgentes hicieron en los pueblos y batanes también se llevaron lanas que estaban listas para ser usadas, en algunas ocasiones fue ya labrada o sin labrar. Los dueños de los obrajes de paños de Querétaro estaban esperando esa materia prima para producir, pero al quedarse sin material, y no poder salir de la ciudad por los continuos ataques en los caminos y haciendas, los obrajeros de Querétaro no si-guieron produciendo. Muchos de ellos cerraron, dejando sin empleo a los trabajadores.82

En la visita a los obrajes de 1817 que realizó el gober-nador García Rebollo, estaban en activo sólo 9, con 53 tela-

78 ahPjq, serie 06 gde., caja 6-14, exp. 06c 127, 11 octubre de 1811. 79 ahPjq, serie caja de origen 06gde civil, caja 6-15, exp. 06c 130, 20 no-viembre de 1811. 80 ahPjq, serie 07gde. Criminal, caja 7-3, exp. 07cri070, 23 junio 1813. 81 ahPjq, serie 06 gde, civil, caja 6-14, exp. 06c 124, fs. 4-6. 16 octubre de 1811. 82 ahPjq, serie 07gre. Crim, doc.exp. 07cri046, 11 enero de 1813.

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res de ancho y 7 de angosto funcionando.83 La producción de te las de lana, disminuyó considerablemente, en las épocas de auge llegaron a haber por lo menos 18 obrajes funcionando.

La situación de las haciendas en la región de Queréta-ro y Cadereyta por la guerra era muy lamentable. Manuel de la Bárcena Llata refería en un informe al virrey que a todos les constaba:

[…] de algunos convocados a esta junta, particularmente de los refugiados en esta ciudad, familias de mayor consi-deración por sus enlaces, las vemos reducidas hoy al último extremo, por el robo y saqueo de sus casas, haciendas y en verdad que no puede ser un objeto indiferente para la hu-manidad, ni la ha sido para Querétaro. ¿Si se exceptúan cuatro y a los mas seis casas, el resto del vecindario que es lo que tiene? Las fabricas paradas por falta de las primeras materias, los batanes en poder de los insurgentes, algunas haciendas de este vecindario lo mismo, con que todo viene a reducirse al comercio pasivo de tiendas, cuyos capitales unidos y en totalidad, acaso no llegan al valor de un solo Almacén de México. ¿qué digo almacén? Ay tlapaleria o llá-mese pulpería en aquella capital, que ella sola hace mas giro al año que todo el comercio de giros extranjeros en Queré-taro [sic].84

Es un dolor Señor Exmo que se vea la agricultura e industrias casi en estado de inacción por la mucha gente que se llevó la parte de 1813 y 14, la mucha muerta en la guerra,

83 ahPjq, Criminal, serie 8gde. Crim, Caja 8-12, exp. 062, 6 septiembre de 1817.84 ahPjq, Judicial, exp. 07cri078, caja 8, fs. 3-3v, 25 de abril de 1813.

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quedándose la ciudad llena de holgazanes que son los que acarrearon tanto más, quitando tal ves de sus tareas de la agricultura y otras ocupaciones honestas a los mejor indica-dos que hacen mas falta a las familias que mantienen para remplazar las tropas [sic].85

85 agn, Operaciones de Guerra, vol. 341, exp. 11, fs. 122-128v.

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RefeRenciAs

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Ciudades que Construyen naCiones: las Cunas de la Patria de méxiCo y Chile

Mario Armando Vázquez Soriano *

En este trabajo se pretende explicar el papel que desem-peñan cuatro ciudades de México y Chile en los proce-

sos de construcción de sus respectivas naciones, con base en la hipótesis de que en Hispanoamérica las ciudades que son consideradas cuna de la patria se convierten en el principal soporte de la construcción nacional. Como punto de partida se puede señalar la importancia que tiene la ciudad como eje formativo de la nación en América Latina. Sobre esto, José Luis Romero señala:

[…] la ciudad es el mejor indicador de los fenómenos de mestizaje y aculturación que se desarrollan en Latinoamé-rica en relación con la creación de nuevas formas de vida y de mentalidad […] La ciudad física siempre ha sido reflejo

* Maestro en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Humanidades del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. Actualmente está en proceso de titulación del Doctorado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México.

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del sistema. Si algo ilustra sobre la situación latinoamerica-na es la fisonomía de sus […] ciudades.1

Por esto en nuestro trabajo se considera que el ideario nacionalista difundido desde el Estado se va a materializar con mayor fuerza en las ciudades estimadas como cuna de la patria. Las imágenes constitutivas de la nación, como son el héroe, el mito y el rito, se encarnan en ellas y adquieren espesor y factibilidad a través de los monumentos que se co-locan, los títulos que se le otorgan, los próceres y los relatos históricos con los que se le relaciona, y las ceremonias que en ella se efectúan.

Si bien, el Estado impone a una ciudad como capital primordial con la ayuda de diversos símbolos de centralidad y cohesión (como el palacio nacional, el banco central, los mapas que delimitan el territorio y las leyes generales), en realidad es la designación de una ciudad como cuna de la patria: en donde la nación tiene su origen y fundamento, lo que va a constituir el catalizador de la memoria colectiva y del imaginario social que se le imponen a la sociedad.

Las cunas de la patria son poderosos monumentos políticos capaces de inspirar en la gente un sentimiento de lealtad hacia el Estado, de identificar a la gente con los go-bernantes y suscitar el sacrificio del individuo en nombre de la nación. En esto coincide Maurice Agulhon cuando advier-te que el Estado no está solamente compuesto por hombres que instauran y maniobran ciertas instituciones con base en determinadas ideas y propósitos, sino que “su finalidad es

1 Romero, José Luis, El obstinado rigor. Hacia una historia cultural de Amé-rica Latina, México, Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoa-mericanos / Universidad Nacional Autónoma de México, 2002, p. 326.

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ciudAdes que consTRuyen nAciones

hacerse reconocer, identificar y, si es posible, apreciar, gra-cias a todo un sistema de signos y de emblemas, de los cuales los principales son aquellos que llaman la atención visual”.2

Para entender mejor la relación que existe entre las cu-nas de la patria y la construcción de la nación hay que tomar en cuenta que cuando la memoria cívica oficializa el pasado también sacraliza los recuerdos y, simultáneamente, delimi-ta en el espacio sus lugares de anclaje. De hecho, cualquier régimen político no duda en instrumentar la ciudad con tal de materializar sus proyectos políticos en el espacio, ya sea utilizando el medio urbano a su favor o modificando la traza y el perfil de la ciudad. En nuestro continente tenemos múl-tiples ejemplos del uso y la manipulación del espacio urbano con fines políticos, siendo uno de los más documentados el del peronismo en Argentina a mediados del siglo xx.3

Así, la cuna de la patria es, utilizando el término acu-ñado por Henri Lefebvre, un “espacio de representación” de la nación. En este sentido, la significación mítica de la cuna de la patria también se comunica a las personas a través de distintos medios (libros de texto, celebraciones nacionales, guías turísticas, películas, postales, etcétera) como un siste-

2 Agulhon, Maurice, “Política, imágenes y símbolos en la Francia posre-volucionaria”, en Historia vagabunda. Etnología y política en la Francia contemporánea, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1994, p. 247.3 Huyssen, Andreas, En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de la globalización, México, Fondo de Cultura Económica / Goethe Institut, 2002, p. 191; Marcela Gené, Un mundo feliz. Imáge-nes de los trabajadores en el primer peronismo, 1946-1955, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 20; Rosa Aboy, Viviendas para el pueblo. Espacio urbano y sociabilidad en el barrio Los Perales, 1946-1955, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 61.

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ma que se compone por elementos físicos, simbólicos e ima-ginarios que dirige e incide en las acciones de la gente y en la memoria colectiva. De manera que favorece la construcción de la nación a través de los procesos cotidianos y rituales de percepción y apropiación del espacio.4

En Hispanoamérica el nacionalismo, que es promovi-do por el Estado, busca establecer cuál debe ser la memo-ria colectiva homogénea a través de la historia patria, los símbolos y rituales políticos, y los mitos fundacionales. Para que estos mecanismos de memoria se desempeñen efectiva-mente como referentes de la nacionalidad se deben desplegar en el espacio y apropiarse de él, es decir, existe el imperativo de corporizar una abstracción para asentar la legitimidad política en un sistema referencial colectivo.5

Cuando la memoria cívica toma cuerpo y se hace vi-sible, puede ir desde los monumentos, los edificios y los mu-seos, hasta las calles, las rutas históricas e incluso la ciudad, estos espacios la mediatizan y la desplazan, creando nuevos significados y nuevas experiencias de esa memoria. Por esto, la nominación de ciudades, calles y rutas por todo el país abre la posibilidad de que el nombre de los héroes (Ciudad Bolívar, Avenida Sucre, Dolores Hidalgo, etcétera) o el del episodio relacionado con ellos (Batalla de Ayacucho, 5 de Mayo, etcétera) aparezca como un via crucis que pueda ser

4 Wildner, Kathrin, La plaza mayor, ¿centro de la metrópoli? Etnografía del Zócalo de la ciudad de México, México, Universidad Autónoma Metropo-litana, 2005, p. 61.5 Quijada, Mónica, “¿‘Hijos de los barcos’ o diversidad invisibilizada? La articulación de la población indígena en la construcción nacional argen-tina (siglo xix)”, en Historia Mexicana 210, vol. LIII, núm. 2, México, El Colegio de México, 2003, p. 471.

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recorrido en las fechas especiales en que se recuerda a los próceres, ocupando un lugar especial en la liturgia de aque-llos nacionalistas que no pueden visitar los principales “lu-gares de memoria”.

Por ser el asiento físico del imaginario nacionalista sustentado por el grupo dirigente y debido a los lazos que unen al Estado con la nación, estos espacios desempeñan un importante papel en las luchas políticas, tal como afirma Maurice Agulhon:

Cambiar la forma del Estado y su principio significa abo-lir los símbolos y obligarse, por lo mismo, a inventar otros. Tirar un monumento es comprometerse a reemplazarlo por otro, porque al igual que la naturaleza, los fervores políti-cos tienen pavor de los espacios vacíos. La representación visual del ideal político no deja de ser, en las luchas, a la vez un instrumento y un fin.6

Fue por esto que tras la independencia hubo que crear mitos, símbolos y escenarios que sustituyeran a los de la mo-narquía española.

Esto es de suma importancia, pues si bien el modelo icónico y heroico que se utilizó para conformar los símbolos y los héroes de la patria fue retomado notoriamente de Fran-cia y, en menor grado, de España,7 la voluntad de asociar la

6 Agulhon, “Política, imágenes”; Valentina Torres Septién, “De cerro a montaña santa: la construcción del monumento a Cristo Rey (1919-1960)”, en Historia y Grafía, núm. 22, México, Universidad Iberoameri-cana, 2004, p. 116.7 Chust, Manuel y Víctor Mínguez (eds.), La construcción del héroe en España y México (1789-1847), Valencia, Universitat de València / El

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memoria de la ciudad con la de la nación es una de las prin-cipales estrategias políticas de las elites hispanoamericanas. Esto ha consistido en legitimar a través de la ciudad en la que se sitúa el mito de origen de la nación y en los espacios urbanos estimados como sitios históricos, la materialización de una memoria y un imaginario que justifica la creación y la existencia de un Estado independiente.

Por otra parte, las representaciones de la historia, el mito y el imaginario buscan en la ciudad aquellos espacios en donde puedan consagrarse. El personaje, el episodio y el lugar que se retoman de la historia patria marcan a la ciu-dad con una carga simbólica que la define en el imaginario nacional; en el caso de Puebla: General Ignacio Zaragoza, 5 de Mayo y los Fuertes de Loreto y Guadalupe; en el caso de Santiago de Querétaro: Josefa Ortiz de Domínguez, 15 de Septiembre y la Casa de la Corregidora; y así sucesivamente para cada ciudad y lugar que han sido convertidos en refe-rentes físicos de la memoria y del imaginario de la nación.

Por este motivo, cada gobierno en turno busca en ma-yor o menor grado construir y difundir sus propios símbo-los e imágenes, intentando borrar de la memoria colectiva todo vestigio que evoque al régimen depuesto. Así lo hicie-ron los dirigentes de los nuevos Estados hispanoamericanos en el siglo xix a través de la ingeniería simbólica que im-plantaron tanto para disolver los símbolos relacionados con la monarquía española como para edificar los que les per-mitirían construir una nación. Algo similar ocurriría en los años venideros, sobre todo durante las dictaduras militares del siglo xx cuando “la misión patriótica exigía ‘ejecutar las

Colegio de Michoacán / Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Iztapalapa / Universidad Veracruzana, 2003.

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efigies’ como un exorcismo liberador de su potencial efecto taumatúrgico.”8 Sin duda, la invención y la reelaboración de símbolos y mitos ha sido una constante en la historia de las naciones hispanoamericanas.

En el caso específico de las cunas de la patria, éstas se convierten en lugares de sociabilidad nacional, no sólo porque están pobladas de estatuas destinadas a rendir culto a los próceres, también porque el desarrollo y la difusión de los símbolos nacionales tienen su mayor éxito en la ciudad. Pilar González afirma que ésta se funda sobre una tradición colonial que la considera como el lugar privilegiado de la me-moria institucional que facilita el desarrollo de los nuevos sentimientos de pertenencia colectiva.

Pero, al servir de soporte de la memoria nacional, la ciudad revivifica un sentimiento de pertenencia ‘localista’ que se funda sobre una antigua tradición de ciudad soberana. [Así] Lejos de resolver el enorme problema de la transferencia de pertenencia de la nación española a la nación [americana], la ciudad le suma el de las identidades soberanas.9

En este punto cabe señalar que en Hispanoamérica el Estado ha existido antes que la nación, que el nacionalismo ha constituido el proyecto de las elites que están en el poder y que la nación es más bien una comunidad que se imagina como tal; por lo que tanto el nacionalismo como la nación son ideologías que deben ser difundidas y consolidadas en la

8 Gené, Un mundo feliz, p. 11.9 González Bernaldo de Quirós, Pilar, Civilidad y política en los orígenes de la Nación Argentina. Las sociabilidades en Buenos Aires, 1829-1862, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001, pp. 329-339.

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memoria y el imaginario del resto de la sociedad. Para conse-guirlo se hace necesaria la creación y el uso de lo que hemos denominado como “territorios de la nación”.

Los territorios de la nación son los lugares que el Estado incauta y transforma mediante un proceso de mitificación en soportes de un relato que se presenta como suceso his-tórico. De este modo se busca conservar en ellos el recuerdo de los personajes que los habitaron o de los sucesos que allí se desarrollaron y que posteriormente fueron retomados por los autores de la historia nacional que el Estado respalda. Se distingue así a los territorios de la nación de los lugares de memoria y del resto del patrimonio cultural en general, cuya salvaguarda y estimación no implican necesaria men te que en ellos ocurriera un suceso o que viviera un persona je que posteriormente va a ser retomado por quienes se ocu-pan de elaborar la historia de la nación. Asimismo, también se excluyen los lugares donde vivieron personajes o donde ocurrieron acontecimientos que son interesantes o decisivos para la historia local, pero que no son recogidos por el relato de la historia patria.

Los territorios de la nación son incautados por el Es-tado para conformar lo que Jérôme Monnet denomina una “geografía mágica”, que está más allá de la verosimilitud histórica y es más cercana a la mitología. En los sitios trans-formados en territorios de la nación el Estado se consagra como guardián de la identidad y la memoria nacionales, se vuelve inmanente y realiza en ellos sus ritos y ceremonias, asegurando su dominio sobre estos lugares cargados de sig-nificación histórica, identitaria y cultural. Por este motivo se espera que los territorios de la nación den constancia de que la historia fue como la cuenta el Estado. Lo cual se con-sigue efectivamente porque éste los ha convertido en soporte

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material de los mitos que le permiten manifestarse y legi-timarse. Al hacerlo borra, o al menos neutraliza, cualquier situación que pueda competir, contradecir o distraer el men-saje que desea que estos lugares transmitan. Por esta razón y debido a las estrechas relaciones que atan al Estado con la definición de la historia nacional, el nacionalismo y la me-moria cívica, un sitio histórico termina (voluntariamente o no) por ser al mismo tiempo un referente de la nación y un instrumento del Estado.10

Otra característica de los territorios de la nación es que se encuentran dispersos por el país. Esto contribuye a acen-tuar el control estatal sobre la identidad nacional, porque al sustentarla tanto en la capital como en la provincia consigue identificar a la nación con el Estado. Por ejemplo, el Distri-to Federal tiende a ser todo México, pues en la esfera sim-bólica y mítica de la nacionalidad la conquista española se consigue cuando cae Tenochtitlan, la independencia se va a consumar cuando se instala el nuevo Estado en la ciudad de México e igualmente ahí la Revolución va a llegar a su tér-mino. Este centralismo histórico obliga al Estado mexicano a actuar para que las franjas de su territorio se vinculen a él y lo reconozcan. Al delegar una parte de la nacionalidad en sitios históricos que están situados en diferentes ciudades y trocarlos en conservatorios de la memoria nacional, “el Es-tado proyecta la nacionalidad desde el centro hacia todas las periferias, sacralizadas como lugares de origen”.11 De esta forma los sitios históricos mitificados se emplean para arrai-

10 Monnet, Jérôme, “Mexcaltitán, territorio de la identidad mexicana: la creación de un mito de origen”, en Vuelta, núm. 171, México, 1991, pp. 27-30.11 Ibid., p. 29.

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gar en la imaginación colectiva la transmutación de la histo-ria en mito y del espacio en signo, conversión que el Estado realiza sobre todo para su propio interés.

Al delegar parte de la nacionalidad en las regiones también se fomenta el orgullo regional por la contribución que se hace a la consolidación de la nación. Las autorida-des locales dan testimonio —generalmente a través de un monumento— de la devoción de la región, pero sobre todo de la ciudad, a la unidad nacional. Además, de este modo la ciudad se asocia al destino histórico de la patria e introduce los principales signos que sirven para construir una memo-ria nacional.12 No obstante, también se refuerza la sensación de que la ciudad y la región no se bastan a sí mismas, que la nación sólo les pertenece fragmentadamente y que sólo son una imagen incompleta de la nación. Es por esto que a Benito Juárez no se le aprehende si se le mira sólo desde Oaxaca, como tampoco a Bernardo O’Higgins se le entiende solamente desde Chillán Viejo. Por consiguiente, los territo-rios de la nación resaltan la especificidad de la región y su importancia para el país, al mismo tiempo que son presen-tadas como la expresión regional del ser nacional. Solamente pueden conseguir este carácter a través de alguna instancia que sea promovida por el Estado, que es quien tiene el poder de encarnar y otorgar a cada ciudad y región la representa-ción de la nacionalidad.13 En pocas palabras, como señala Monnet:

12 González Bernaldo de Quirós, Civilidad y política, p. 337.13 Adler-Lomnitz, Larissa, Rodrigo Salazar Elena e Ilya Adler, Simbolis-mo y ritual en la política mexicana, México, Universidad Nacional Autó-noma de México / Siglo XXI, 2004, p. 149.

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[…] la manipulación del espacio y del tiempo que buscan producir una historia y una geografía mágica no tienen más función que establecer una génesis […] El Estado se con-vierte en responsable exclusivo del territorio, cuyos márge-nes deben ser constantemente reintegrados al conjunto por la proyección del centro hacia las periferias.14

Por consiguiente, que una ciudad sea considerada como la cuna de la patria hace evidente que aspectos muy importantes de la creación de una representación nacional competen necesariamente a la ocupación del espacio urba-no. En particular, el nombramiento que se le otorga a la ciudad como tal es de suma importancia, pues como señala César Abilio Vergara, la nominación es el campo en el cual los pueblos se muestran y construyen el reconocimiento de su diferencia.15

Por mencionar un ejemplo, la ciudad de Santiago de Querétaro recobró su nombre virreinal con el fin de que se reconociera públicamente su relación con un patrimonio edilicio que data del siglo xviii; pero este nombre también lleva implícito el deseo de ubicar a la ciudad dentro de un

14 Monnet, Jérôme, Usos e imágenes del Centro Histórico de la ciudad de México, México, Departamento del Distrito Federal / Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1997, p. 343.15 Vergara, César Abilio, “Niveles, configuraciones y prácticas del espa-cio”, en Patricia Ramírez Kuri y Miguel Ángel Aguilar Díaz (coords.), Pensar y habitar la ciudad. Afectividad, memoria y significado en el espacio urbano contemporáneo, Barcelona, Anthropos / Universidad Autónoma Metropolitana, 2006; apud Ernesto Licona Valencia, “Marcas simbólicas en la ciudad de Puebla”, en Antropología y estudios de la ciudad, vol. 1, núm. 1, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia / Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2005, p.155.

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imaginario novohispano y no en uno liberal, con toda la carga simbólica que esto entraña.

Sucede que, además de ser la escenografía de esa gran obra que es la nación, la ciudad que se designa como cuna de la patria proporciona una clave importante acerca de la construcción nacional, pues hace referencia a un ámbito es-pecífico del espacio y de la historia. Por ejemplo, cuando en Argentina se establece el origen de la nación en Córdoba, éste se asocia con un ámbito territorial relacionado con la conquista española e implícitamente se establece que la na-ción surge a partir de este episodio histórico. Sin embargo, cuando el origen se vincula con la Patagonia, entonces se le proyecta en el pasado prehispánico. Mónica Quijada asevera que “en ambos casos la selección del espacio no expresaba tanto un acto consciente como una perspectiva generacional distinta”.16 Como la memoria colectiva implica referirse a elementos que están vivos en el imaginario social o que pue-den ser rescatados para ese imaginario, las divergencias que existen en el sitio que se considera como origen de la nación en distintas épocas también implica la conformación de una memoria y un imaginario distinto en cada generación.

Si la elección del sitio de origen de la nación difiere dia-crónicamente, también de manera sincrónica ocurre que sus referentes físicos no tienen el mismo valor ni la misma visi-bilidad, ya que se establece una jerarquía en función de la cercanía que tienen con el personaje y sus acciones; pero tam-bién de acuerdo con el impacto que el recuerdo puede tener en la memoria colectiva. La tumba del héroe, por ejemplo, es más importante que la sala del museo donde se le recuer-da. El escenario en donde realizó su máximo acto puede ser

16 Quijada, “Hijos de los barcos”, p. 501.

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más valioso para el imaginario nacional que el lugar donde nació. Por consiguiente, el templo en cuyo atrio el cura Mi-guel Hidalgo dio el grito la mañana del 16 de septiembre de 1810 es más venerado que la hacienda de Comanjilla, donde vivió sus primeros años. Asimismo, puede ser que tenga más valor para la memoria chilena la plaza de Concepción donde Bernardo O’Higgins declaró la independencia de Chile, que la escuela de Lima donde cursó sus estudios de educación básica.

Cabe recordar que la batalla por la memoria o el olvido es también la lucha por conseguir un lugar en el espa cio. Como advierte Sonia D’Alessandro: conseguir un lu gar en el calendario es tan importante como ganar un lu gar en la plaza, pues implica la perpetuidad de la me-moria. Consecuentemente, el espacio público de las ciuda-des se constituye en el lugar planificado por el Estado para ser significativo y contar historias, pues es el espacio de la conmemoración cívica y el lugar del monumento, del acto público y masivo.

Más allá de que la significación buscada no perdure ni ‘al-cance’ de la misma manera a todos y cada uno de los ciu-dadanos que atraviesan ese espacio, de hecho está allí, y no deja de incidir en la vida cotidiana.17

Asimismo, resulta que la elección del espacio en el que se coloca un monumento o se designa un sitio histórico re-

17 D’Alessandro, Sonia, “Tiradentes: del inconfidente al héroe”, en Hugo Achurar (coord.), Derechos de memoria. Nación e independencia en Amé-rica Latina, Montevideo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Universidad de la República, 2003, pp. 324-325.

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presenta el lugar que ocupa el personaje en la memoria de la ciudad y de la nación.18 De ahí que la discusión en torno al sitio en que se debe erigir un monumento, la designación de cuál sitio histórico es el que se debe resguardar o cuál ciudad es el sitio de origen de la nación, sea tan importan-te, incluso más que la mera idea de llevarlo a cabo. Pues si bien es cierto que la elaboración de estrategias visuales de representación se sustenta en decisiones políticas e institu-cionales, éstas deben tomarse con base en una selección de las memorias y las tradiciones de representación que están disponibles y que son adecuadas al contexto donde se im-plementa.19

A semejanza de los títulos primordiales que hacen cons-tar la legítima propiedad de la tierra de los pueblos indí-genas desde tiempos inmemoriales, las cunas de la patria también sirven de instrumentos básicos de la memoria his-tórica de la comunidad imaginada que se percibe a sí misma como una nación. Como los títulos primordiales, también los territorios de la nación son historia en imágenes, aunque en este caso esté representada en tres dimensiones. Asimismo, sus elementos combinados transmiten el mismo mensaje con unos objetivos similares: legitimar la posesión del territorio, conformar una identidad social, conmemorar la fundación del reino (en este caso, la nación) y recordar la genealogía de la colectividad.20

18 González Bernaldo de Quirós, p. 334.19 Gené, p. 13.20 Florescano, Enrique, “La memoria indígena concentrada en los Títu-los primordiales”, conferencia en Seminario de la Cátedra de Humanida-des, Toluca, Tecnológico de Monterrey Campus Toluca, 17 de octubre de 2003.

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En el caso de México, el inicio del proceso de Inde-pendencia del virreinato de Nueva España proporciona el mito fundacional de la nación, el cual se ve reforzado con la creencia de que la restauración de la República en 1867 era la segunda independencia del país. Este mito se sustenta en los sitios históricos de las ciudades que fueron los es-cenarios, por un lado, de las conspiraciones de los héroes insurgentes y del inicio de la lucha armada, que de acuerdo al imaginario liberal va a restaurar a la nación que fue so-juzgada por los españoles; y por el otro, de la consolidación del Estado mexicano como un régimen republicano, luego de rechazar la intervención francesa y derrotar al Segundo Imperio.

Si bien es cierto que la libertad de la nación mexica-na se justificó en el pasado prehispánico, la elaboración de un mito de origen es un fundamento necesario para conso-lidar esta idea. Con el triunfo de los liberales se estableció definitivamente en la historia patria que México se había restaurado como nación gracias al levantamiento del cura Miguel Hidalgo y Costilla, como lo asienta Ignacio Ramírez cuando afirma que: “Nosotros venimos del pueblo de Dolo-res, descendemos de Hidalgo”,21 resumiendo en una frase la instauración del movimiento de 1810 como punto de origen de México y estableciendo la figura de Hidalgo como el pa-dre de la patria. Así:

[…] como iniciador del proceso que culmina en la Indepen-dencia de México, Hidalgo ha sido idealizado por una na-ción que lo declaró Padre de la Patria y que ha hecho del

21 Brading, David, Mito y profecía en la historia de México, México, Vuel-ta, 1988, p.138.

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momento inicial de su rebelión, el grito del 15 de septiem-bre, vínculo primordial de la unidad nacional.22

El proceso de glorificación del cura Hidalgo como nu-men tutelar de la nación mexicana ya fue estudiado por diver-sos historiadores, particularmente por Edmundo O’Gorman, Enrique Krauze y Enrique Plasencia de la Parra.23 En este trabajo lo que se propone es que las imágenes más importan-tes que se utilizan para construir la memoria histórica de la nación mexicana son los territorios de la nación relacionados con el levantamiento del cura Hidalgo, pues a medida que la figura de este personaje es revalorizada y enaltecida por la interpretación histórica del Estado como “el héroe que encendió la llama de la libertad”, es decir, como padre de la patria, análogamente Dolores Hidalgo también es presenta-do como el lugar de origen de México.24 En este proceso al presidente Benito Juárez le corresponde el mérito de haber definido el carácter patriótico de Dolores Hidalgo, pues fue él quien elevó la villa a la categoría de ciudad, ordenó que en

22 Miguel Hidalgo: ensayos sobre el mito y el hombre (1953-2003), México, Instituto Nacional de Antropología e Historia / Fundación maPfre tave-ra, 2004, p. 7.23 O’Gorman, Edmundo, “Hidalgo en la historia”, en Secuencia, núm. 6, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1986; Enrique Krauze, Siglo de caudillos. Biografía política de México (1810-1910), México, Tusquets, 2002; Enrique Plasencia de la Parra, Indepen-dencia y nacionalismo a la luz del discurso conmemorativo (1825-1867), México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1991. 24 Vázquez Soriano, Mario Armando, Signos de identidad. Los espacios simbólicos de Dolores Hidalgo, Guanajuato, tesis que se presenta para op-tar por el grado de maestro en Estudios Regionales, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1995.

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el centro de su plaza principal se le erigiera un monumento y decretó que la Casa de Hidalgo era propiedad de la nación.

En Dolores Hidalgo —que es la cuna oficial de la pa-tria— el Estado mexicano hace visibles, es decir, avala y divulga, principalmente dos sitios: la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, donde el cura Miguel Hidalgo dio el Grito de Independencia y el Museo Casa de Hidalgo, que fue el sitio donde este personaje vivía antes de lanzarse a la lu-cha. Los demás sitios históricos son un poco menos visibles, pero entre todos estructuran un mismo discurso histórico que señala directamente que este lugar es la cuna de la pa-tria, es decir, el lugar donde nació el México independiente. A esto contribuye el lazo que se establece en esta ciudad con la supuesta nación preexistente a la conquista española. Lo cual se consigue de manera magistral mediante el árbol que fue plantado en la Plaza del Grande Hidalgo y que supuesta-mente fue tomado de un brote del Árbol de la Noche Triste, bajo cuya sombra cuenta la leyenda que Hernán Cortés lloró su derrota ante los ejércitos mexicas. La placa que está fren-te al mismo narra este suceso y le denomina precisamente como “Hijo del Árbol de la Noche Triste”. De este modo el ciclo se cierra y está completo: la supuesta nación mexicana que murió con la conquista española en 1521 va a resucitar en Dolores Hidalgo en 1810.

Esto también se hace evidente en el Museo de la In-dependencia Nacional. Por un lado, el edificio funcionó como prisión al servicio de la autoridad virreinal y una de las primeras acciones del cura Hidalgo fue liberar a los supuestos mexicanos que allí estaban sometidos por dicho gobierno. Por otro lado, en casi todas las salas del museo se repite constantemente la idea de libertad. Incluso en la sala más cercana a la entrada del edificio está representado

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el momento en que Hidalgo libera a los presos abriendo la puerta de la celda.

De forma similar, la mitificación de la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores hace evidente cómo a través de los sitios históricos el Estado trata de establecer su poder como si emanara de la voluntad de la nación. En este sitio, el cura Hidalgo dio inicio a la Independencia de México, los mexicanos lo siguieron y alcanzaron la libertad anhelada. Si México nació en Dolores Hidalgo, entonces el Estado, que es la representación de la nación, también tuvo su origen en este lugar. Asimismo, el mito queda sustentado también por el énfasis que en ello ponen los libros de historia patria, las monografías sobre la ciudad, las inscripciones de las placas colocadas en los sitios, los folletos turísticos y los relatos de los guías de turistas, pero sobre todo, por la realización de la ceremonia del Grito, que durante el siglo xx fue una prerro-gativa de los presidentes de la República.

En cuanto a Santiago de Querétaro, es una cuna de la patria que complementa a Dolores Hidalgo, ya que los sitios con mayor visibilidad hacen referencia a la consumación de la segunda independencia nacional, es decir, al triunfo de la República sobre el imperio en 1867. Aunque uno los sitios históricos más visibles en esta ciudad es la Casa de la Corre-gidora, otros lugares también notorios no están relacionados precisamente con los caudillos insurgentes, sino que se rela-cionan con los otros dos grandes acontecimientos que dieron forma a la nación mexicana: la Restauración de la Repúbli-ca y la Revolución. Estos sitios son el Teatro de la República y el Cerro de las Campanas. Hay otros sitios históricos que no son muy visibles, aparentemente porque son de infame recuerdo, pues se relacionan con la guerra de México con Es-tados Unidos: la Academia de Bellas Arte, que fue el lugar

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donde el Congreso de la Unión aprobó el Tratado de Gua-dalupe Hidalgo; y la casa del presidente Manuel de la Peña y Peña, quien firmó dicho tratado. En estos sitios existen placas que hacen alusión a estos eventos, pero no son tan no-torias como las que se pusieron en los primeros, y tampoco se hacen conmemoraciones de los hechos acaecidos.

No obstante, existen otros lugares que la memoria he-gemónica no se apropió, aunque las autoridades locales sí los utilizan para construir un imaginario alternativo al nacional. Los sitios que el gobierno regional también avala y difunde son los que enaltecen a la época virreinal. Cabe resaltar el empeño que se puso en conseguir que el centro histórico de esta ciudad fuera declarado patrimonio cultural de la huma-nidad. La alta visibilidad del legado virreinal de Santiago de Querétaro —mediante guías y recorridos turísticos, posta-les, representaciones teatrales de leyendas, obras de teatro, etcétera— propone imágenes que pudieran contradecir al imaginario nacional construido por los gobiernos liberales y posrevolucionarios. Esto es significativo si se considera que el mito de libertad que fue elaborado en gran medida a par-tir de los sitios históricos de Dolores Hidalgo y Santiago de Querétaro es una parte fundamental del imaginario de la na-ción mexicana. Sin embargo, como bien señala Tomás Pérez Vejo, los imaginarios no son un discurso articulado, sino una sucesión de imágenes que pueden no ser coherentes e incluso contradictorias como parece ocurrir en este caso. 25

25 Pérez Vejo, Tomás, “México: nación imaginada e iconografías identi-tarias. Venturas y desventuras en la construcción de homogeneidades”, ponencia presentada en el Simposio 22 “Naciones imaginadas/naciones en imágenes: Iconografía y construcción de naciones en Europa y Amé-rica”, Castellón, XIV Congreso Internacional AHILA, 2005.

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Recapitulando las ideas en torno a la situación de las cunas de la patria mexicana, se puede decir que de manera conjunta, los territorios de la nación de Dolores Hidalgo y Santiago de Querétaro representan simbólicamente la Inde-pendencia de la nación. Además, permiten que los mexica-nos recuerden los obstáculos que tuvieron que afrontar para recuperar la libertad que se perdió con la conquista española y durante el intento de los franceses por hacer de México un protectorado. Los valores de la libertad y la independencia se mitificaron en los sitios históricos de ambas ciudades que fueron transformados en territorios de la nación a partir del recuerdo de los héroes que protagonizaron importantes epi-sodios de la historia patria.

Asimismo, al resguardar la memoria de las guerras de México contra España, Estados Unidos y Francia, así como del acontecimiento señero de la Revolución Mexicana que fue la promulgación de la Constitución Política de 1917, los sitios históricos de Dolores Hidalgo y Santiago de Querétaro que el Estado avala relatan una epopeya patriótica del pue-blo mexicano por conformar una nación libre y soberana. La apropiación de los sitios históricos de Dolores Hidalgo y Santiago de Querétaro como depositarios de valores que sustentan la nacionalidad permite que el Estado se proyecte eficazmente desde el centro hacia ambas ciudades, sacrali-zándolas como su lugar de origen.

En lo que se refiere a las cunas de la patria de Chile: las ciudades de Chillán Viejo y Concepción, lo que primero resalta es el hecho de que desaparecieron casi todos los sitios históricos que fueron escenario de los sucesos relacionados con la gesta de independencia, ya sea porque fueron destrui-dos por diversos terremotos o porque se perdieron debido a los traslados de los centros de población hacia otros empla-

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zamientos. No obstante, la necesidad de preservar la memo-ria histórica del mito de origen de la nación chilena obligó a que se crearan territorios de la nación, pues a través de ellos se pudo asentar este mito de manera sólida, ya que propor-cionan imágenes físicas que lo hacen real. Por esta razón el Estado chileno debió apropiarse de los escasos lugares rela-cionados con este episodio e incluso los recreó.

Pese a los pocos vestigios físicos que quedan de los sitios originales, los territorios de la nación de las ciudades de Chillán Viejo y Concepción cumplen efectivamente con este propósito. Además, sobresale el esfuerzo que se hace en Chillán Viejo y en Concepción por materializar en el espa-cio urbano la memoria relacionada con la independencia de Chile, que los terremotos se han encargado de destruir. Dos ejemplos de esto son los murales biográficos urbanos que se han instalado en algunas calles chillanvejanas y los diversos monumentos de personajes civiles y militares que se han co-locado en distintas calles penquistas26.

Chillán Viejo es la ciudad que se precia de ser la cuna de la patria de Chile, cuyo título es reconocido, sin discusión alguna, por ser el lugar donde nació quien es considerado ofi-cialmente como “Padre de la Patria y Fundador de la Repú-blica”. Chillán Viejo cuenta primordialmente con el Parque Monumental don Bernardo O’Higgins Riquelme. Este par-que fue creado en el lugar donde se supone que estaba la casa donde nació este personaje. De hecho, es posible afirmar que este sitio es considerado como un lugar fundamental para la nación chilena, tal como lo hacen ver los solemnes homena-jes que las autoridades civiles, militares y eclesiásticas sue-

26 “penquista” es el gentilicio con el que se identifica a los habitantes de la ciudad de concepción, Chile.

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len realizar en este sitio para conmemorar el aniversario del natalicio del prócer.

El Mural de Piedra y el Mausoleo de la Familia O’Higgins Riquelme, que se encuentran en este parque, complementan la importancia que se le atribuye al lugar. El monumento ecuestre del prócer y los demás elementos sim-bólicos que allí se localizan también sirven para preservar y conmemorar el recuerdo de que en este sitio nació el hom-bre que daría libertad a la nación chilena. Además, el uso de imágenes que son componentes del espacio urbano con el propósito de conservar y fortalecer una memoria históri-ca que dé sustento ontológico a la nación tiene en el Mural de Piedra un notable ejemplo. Asimismo, el Mausoleo de la Familia O’Higgins Riquelme refrenda el homenaje que el Estado y la nación hacen al Libertador a través de la pre-servación de los restos fúnebres de su madre y su hermana, como un reconocimiento de su lealtad con el prócer.

Concepción es una ciudad con una memoria arquitec-tónica frágil debido a las reconstrucciones a las que se ha sometido por causa de los terremotos que la han destruido en varias ocasiones. Pero como la memoria histórica tiene que asociarse con imágenes materializadas en el espacio ur-bano, tanto las autoridades locales como los arquitectos y los urbanistas se han dado a la tarea de rescatar, preservar o reinventar el espacio que se relaciona con los episodios de la historia patria de los que esta ciudad fue escenario. La-mentablemente es escaso el número de sitios que pueden es-timarse como territorios de la nación, pues salvo la Plaza de la Independencia, que fue el escenario de la primera procla-mación de la Independencia de Chile el 1 de enero de 1818, parece que no existen más sitios que se puedan considerar como tales. El monumento que existe en la Plaza de la In-

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dependencia recuerda este importante suceso de la historia nacional acaecido en este lugar.

Por otra parte, es verdad que existen otros sitios que se pueden considerar como lugares de memoria, como el mau-soleo del general don José María de la Cruz o los murales de la Casa del Arte de la Universidad de Concepción y de la Estación de Ferrocarriles. Además, se cuenta con la Galería de Historia que se ubica en el Parque Ecuador, donde exis-ten diversos monumentos y placas que recuerdan a algunos personajes y episodios retomados tanto por la historia de la ciudad, como por la historia patria y la de otros países.

En un contexto más amplio, se puede decir que actual-mente en Chile pesa una fractura social, política y moral como consecuencia de la división que sufrió la sociedad luego del golpe de estado y las violaciones a los derechos humanos du-rante la dictadura militar. En relación a este episodio de la historia nacional, en Concepción existen dos monumentos que recuerdan la represión sufrida durante la dictadura militar. El Monumento en Homenaje a las Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos (véase foto 1) fue mandado edifi-car por sus familiares y por algunas agrupaciones populares. Construido con hormigón, este monumento se localiza en la intersección de dos calles de la ciudad. También en el cruce de dos calles se levanta la Piedra de la Vicaría de la Solidari-dad (véase foto 2), monumento construido en homenaje a las víctimas de la violaciones de los derechos humanos. La piedra que sirve como monumento cuenta con una placa que tiene la siguiente leyenda: “Aquí se defendió la vida y la libertad. Aquí se recuperó la esperanza y la dignidad. Aquí funcionó la Vicaría de la Solidaridad. Sept. de 1973-Marzo de 1990”.

Las imágenes que se representan en los territorios de la nación de los países hispanoamericanos muestran las ideas,

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las memorias y los imaginarios de la sociedad que los produ-ce y los preserva, ya que los mitos de origen de la nación que se establecen en ellos se construyen recreando el pasado a la luz de las necesidades políticas del presente. Es por esto que durante los años recientes la batalla por la memoria en Chile se ha caracterizado por:

[…] la invasión de la memoria en todos los espacios de lo real social y cultural […] La ‘batalla de Chile’ alcanza hoy un momento culminante: cuando la memoria se apropia de la historia y la historia se hace de memoria. Surgen así las condiciones propicias para la develación social de las claves secretas del tabú.27

Es decir, del rescate de la memoria sobre Salvador Allende y la Unidad Popular, así como de los desaparecidos y los torturados durante la dictadura militar.

Por esta razón es de suponer que los territorios de la nación que ahora interesan prioritariamente a la nación chi-lena son los espacios de la muerte. Un espacio de la muerte es definido como la esfera de interacción entre el opresor y el oprimido y se estima que es de muerte porque conlleva una muerte social junto con la amenaza de la aniquilación física. Además, los espacios de la muerte se caracterizan por incluir un espacio físico donde se materializa esa interacción.28 El

27 Illanes O., María Angélica, “Memoria de los aparecidos. Allende con Mar(…). Pinochet con (…)arx. Chile, 2003-1973”, en Francisco Zapa-ta (comp.), Frágiles suturas. Chile a treinta años del gobierno de Salvador Allende, México, El Colegio de México, 2006, p. 453.28 Frazier, Lessie Joe, “La perspectiva de género en el espacio de la muer-te: Memoria, democratización y ámbito doméstico”, en Francisco Zapa-

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problema central de Chile desde el fin de la dictadura mili-tar, de acuerdo con Lessie Joe Frazer, es la inhabilidad —en términos de reparaciones o persecuciones a los perpetrado-res—, para tratar las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en esa época. Esto se debe a que, al no investigar las características y los hechos acaecidos durante el periodo del Estado de terror, la sociedad posdictatorial no puede des-mantelar la herencia del poder autoritario. En este ámbito es donde se vuelve fundamental reconocer lo importante que es para la memoria histórica poder identificar, preservar y difundir cuáles fueron los espacios de la muerte. Pues de esta forma se puede subsanar, así sea parcialmente, la incapaci-dad de resarcir a las víctimas por lo ocurrido.

El reconocimiento y la divulgación de los espacios de la muerte se vuelven importantes para la recuperación de la memoria histórica de la nación chilena, pues permite obser-var los medios a través de los cuales el espacio de la muerte es perpetuado, además de ser un posible instrumento para desmantelar dicho espacio. Esto es sumamente significativo si se toma en cuenta que durante la dictadura, los militares controlaron el espacio público y relegaron la memoria colec-tiva al espacio privado y doméstico, que sirvió como refugio para resguardarse de la represión.

Por consiguiente, cabe suponer que los territorios de la nación que resguardan el recuerdo de los personajes y los episodios relacionados con la gesta de la Independencia, que como ya se dijo son escasos en las ciudades de Concepción y Chillán Viejo, han sido sobrepasados por la necesidad social de recordar y reparar simbólicamente las violaciones a los

ta (comp.), Frágiles suturas. Chile a treinta años del gobierno de Salvador Allende, México, El Colegio de México, 2006, p. 416.

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derechos humanos durante la dictadura militar. Es posible afirmar que ahora en Chile los espacios de la muerte son los territorios de la nación que resguardan la memoria histórica que es preciso que la nación rescate, preserve y divulgue.

En particular, lo que interesa tanto a las víctimas como a las autoridades es la recuperación de la memoria. De tal forma que lo ocurrido sirva como una lección que permita procesar el traumático episodio y que promueva la consolidación del Estado posdictatorial a través del fortale-cimiento del proceso de construcción de la nación. En este contexto, las medidas de reparación simbólicas y colectivas que se propusieron se agrupan en cuatro rubros: garantías de no repetición y medidas de prevención, gestos simbólicos de reconocimiento y encuentro, reconocimiento de la memoria y difusión, promoción y educación en derechos humanos.

En cuanto al reconocimiento de la memoria, se pro-pone la “declaración de los principales centros de tortura como monumentos nacionales y la creación de memoriales y sitios recordatorios de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y violencia política”. Con este fin se pre-tende evaluar aquellos lugares que las víctimas identifiquen en distintas regiones como representativas de lo ocurrido. Asimismo, se propone la construcción de un monumento recordatorio en un lugar céntrico de la ciudad de Santiago. En cuanto a la preservación y la difusión de la memoria de este episodio en el resto de las regiones de Chile, los dos monumentos alusivos que se levantaron en Concepción son solamente un apoyo mínimo a estos esfuerzos de reparar simbólica y colectivamente a las víctimas de prisión po-lítica y tortura, así como a los intentos por recuperar la memoria colectiva relacionada con este episodio trágico de la historia chilena.

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Lo que hace falta es que los espacios de la muerte que se han identificado en las ciudades de Concepción y Chillán/Chillán Viejo (al igual que en las demás regiones del país), se transformen en territorios de la nación, es decir, que el Estado los incaute y someta a un proceso de mitificación similar al que se utilizó para conformar a los territorios de la nación en soportes de un relato que se presenta como suceso histórico. De esta forma estos sitios se harán sumamente visibles y po-drán proporcionar imágenes a la memoria histórica que se intenta resguardar, consiguiendo así que estos recuerdos se vuelvan reales para quienes no vivieron estos sucesos. Asi-mismo, de este modo el recuerdo de las víctimas se preservará y se divulgará oficial y públicamente entre amplios sectores de la sociedad, y se insertará sólidamente en la historia de la nación chilena y en su proceso de construcción nacional.

Para concluir no queda más que advertir, parafrasean-do a César Abilio Vergara,29 que como se puede observar en las ciudades de Dolores Hidalgo, Santiago de Querétaro, Chillán Viejo y Concepción los hechos que acontecen en la historia patria son proyectados en el tiempo hacia las nuevas generaciones a través de los territorios de la nación situados en las cunas de la patria. En sus diferentes escenificaciones, ritualizaciones y relatos, estos sitios determinan la significa-ción que tienen estas ciudades, reconstruyendo la relación que los miembros de la nación tienen con ellas. De esta ma-nera, la memoria histórica se provee de asideros materiales para que la comunidad imaginada como una nación se pue-da, efectivamente, imaginar y reconstruir.

29 Vergara, “Niveles, configuraciones”, p. 169.

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* Doctora en Historia, profesora-investigadora del Cuerpo Académico de Historia de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Que-rétaro. Las líneas de investigación que desarrolla son: Relaciones entre México y Estados Unidos de América, La frontera norte e Intervencio-nes extranjeras en México en el siglo xix.

asPeCtos de la vida en querétaro durante la éPoCa de iturBide. una reConstruCCión históriCa

Ángela Moyano Pahissa *

inTRoducción

Este relato es un intento de reconstrucción histórica puesto que hasta ahora no se ha escrito nada acerca del

periodo de la Regencia e Imperio de Iturbide en Querétaro. Esta reconstrucción está basada en dos diarios escritos en esa época, uno de ellos titulado Acuerdos Curiosos, de autor anónimo, y el otro el Diario de Javier Argomaniz, más al-gunos documentos de reciente localización. Es la historia de una ciudad recién liberada que, al conservar la misma infra-estructura, pudo seguir su vida de la misma manera que lo había hecho durante el virreinato, llena de festejos religiosos y cívicos. El periodo que se abarca va de junio de 1821 a marzo de 1823.

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lA RegenciA de iTuRbide: 1821

Después de la toma pacífica de la ciudad de Querétaro el 28 de junio de 1821, el general Iturbide ordenó que se fijaran proclamas en las esquinas de la ciudad exhortando a la gente a celebrar la Independencia. Acuerdos nos cuenta que se qui-taron las fortificaciones y las trincheras. El Ayuntamiento recibió a los victoriosos en medio de una gran muchedumbre que los vitoreó y agasajó. Empezaron los preparativos para la solemne función que se llevaría a cabo en la iglesia de San Francisco con todos los sacerdotes de la ciudad auxiliados por gran número de acólitos, las autoridades gubernamen-tales y los señorones de la ciudad.

Por las notas recogidas en Acuerdos Curiosos, un relato de la época, sabemos que el general Iturbide era vito-reado por el pueblo cada vez que lo veían y que las contribu-ciones voluntarias para el mantenimiento de su ejército as-cendieron a 30 mil pesos.1 Por medio de un bando se ordenó a todos los habitantes que había que seguir obedeciendo las leyes novohispanas en tanto se redactaba una constitución.

El tres de julio tuvo lugar la ceremonia de acción de gracias en la iglesia de San Francisco donde se dieron las gracias a la patrona de la ciudad, la Virgen del Pueblito, en reconocimiento a “la rendición de esta ciudad a las armas del Ejército de la Tres Garantías por haberse verificado sin corrimiento de sangre”.2 Cuentan que durante la víspera y el día repicaron todas las campanas de todas las iglesias. El 10 de julio nuevamente hubo festejos en la ciudad:

1 Anónimo, Acuerdos Curiosos, manuscrito de l823, t. IV, Querétaro, Go-bierno del Estado de Querétaro, 1989.2 Ibid., p. 261.

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AspecTos de lA vidA en queRéTARo duRAnTe lA épocA de iTuRbide

A las 6 de la tarde se celebró con 20 tiros de cañón, repique general, músicas militares que tocaron diana en el princi-pal, la noticia de haber tomado el señor Negrete la ciudad de Zacatecas3.

Lo mismo sucedió cuando la toma de Monterrey, por lo que se puede decir que, durante unos meses, en Querétaro se vivió de festejo en festejo hasta concluido el movimiento de Independencia, el 27 de septiembre de 1821. Era tal el regocijo, que se publicó un bando para que los hombres pu-sieran en sus sombreros un listón que significaba su adhesión al partido de la Independencia, con lo que no pocos deben haber sido, si no perseguidos, por lo menos presionados. Las notas de Acuerdos nos hacen ver que los festejos eran cada vez más elaborados, llegando a inventar sucesos con tal de poderlos festejar.

Leemos que ocho días después, el doce de julio de 1821, ya se habían marchado los principales regimientos a tomar los puntos cercanos a la Ciudad de México. Iturbide salió el día trece de julio con un grueso contingente de tropas.

Unos días después, el capitán de la 8a. brigada, don Juan José García Enríquez contestó, con agradecimiento pero renunciando al sueldo, al oficio en que lo nombraban Intendente o jefe político de la ciudad de Querétaro:

Sr. Primer jefe del ejército imperial. Julio 16. Es tan pro pio de la justificada integridad de V.S. el asig-narme el sueldo que expresa su oficio de 14 de este por el desempeño de las funciones de Jefe Político de esta Ciudad, como lo es, de mi amor a la Patria, no tomarlo (ya que no

3 Ibid., p. 440.

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puedo hacerle otro servicio) y de mi reconocimiento el tri-butar a V.S. las mas rendidas gracias.4

A la ciudad llegaron las noticias de que el 25 de agos-to en Veracruz, Agustín de Iturbide y Don Juan O’Donojú acordaron el reconocimiento de la Independencia en el fa-moso tratado de Córdoba. En éste se reprodujeron muchos de los puntos del Plan de Iguala, pero se acordó que había que quitar el nombre del archiduque Carlos de Austria como candidato al trono mexicano. También se suprimió la condi-ción de que el candidato a éste tuviera que ser príncipe real. Don Francisco Novella, quien fungía como virrey, aceptó el Tratado y ordenó la evacuación de sus tropas, de la Ciudad de México, para que entrara el Ejército Trigarante.

La entrada del general Iturbide y su ejército a la Ciu-dad de México, el 27 de septiembre de 1821, también fue muy importante para Querétaro. Se publicó el Bando de la Independencia al que los queretanos respondieron con emo-ción.

La iluminación y festejos, tanto religiosos como cívi-cos, duraron tres días. Las autoridades de la ciudad se tras-ladaron a la capital para rendir homenaje a Iturbide como Regente del país hasta que llegara un príncipe europeo.

En Querétaro todo el mes de octubre se fue en misas, funciones, nuevas designaciones para los empleos de gobier-no y fórmulas con que identificar al nuevo gobierno.

Noviembre fue el mes designado para la jura de la In-dependencia, por supuesto lleno de festejos, iluminaciones y calles adornadas. Se indultó a los delincuentes y se publi-

4 ahq, exp. “Iturbide: Contestaciones al Supremo Jefe del Ejército Impe-rial Mejicano Don Agustín de Iturbide”, nota 1, s. f.

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có un bando para que se hiciera un funeral solemne por los caídos en la guerra. El festejo del 12 de noviembre para la jura de la Independencia revela mucho, tanto de la cultura como de los gustos de los queretanos.

Desfilaron por las calles principales todas las autorida-des, civiles y eclesiásticas, granaderos, milicianos, los Dra-gones de Querétaro, la gente principal, un contingente de indios otomíes vestidos con sus trajes tradicionales, etcéte-ra. Después se leyó el acta de Independencia, el tratado de Iguala, el de Córdoba y la orden de la Suprema Junta Gu-bernativa que el mismo día de su instalación había emitido la Declaración de Independencia y nombrado a los cinco in-tegrantes de la Regencia. El gentío que asistió se calculó en 15 000 personas que se colocaron no sólo en la plaza sino en las calles, balcones y azoteas, se registra que se llegó hasta el extremo de dar 25 pesos para observar desde un balcón. La extensa relación en Acuerdos Curiosos merece ser leída, pues con gran orgullo hace saber que eran queretanos tanto el arquitecto como el pintor y el escultor del tablado. Aquí incluimos el relato, retrato fiel de las costumbres y los gustos de entonces:

A las seis de la mañana se tocó repique general de campa-nas en toda la ciudad y durante él hubo salva de artillería. Media hora después se enarboló en las casas consistoriales la bandera Trigarante y al ejecutarlo hicieron una descar-ga de fusiles cuarenta granaderos de la milicia urbana que habían venido a la plaza al efecto, tocando diana después con cajas y pitos. Para esta función se edificó en la Plaza de la Constitución un tablado que ocupaba su frente casi toda la acera que ve al norte […] estaba sostenido de 20 colum-nas estriadas […] representaba una galería con tres tramos:

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en el del centro tenía tres estatuas sobre sus pedestales, en medio la América coronada de laurel, a la derecha el ángel tutelar del reino, con una espada y una corona imperial en las manos, y a la izquierda, la justicia. En los intercolum-nios de la derecha tenía dos cuadros de pintura al temple; el primero representaba al señor Iturbide con otros jefes haciendo el compromiso de Iguala, en el 2º. al mismo jefe en el acto de ser coronado por la América con una corona real de antigua hechura; y sobre ella otra de laurel. En los de la izquierda el primer cuadro mostraba un europeo y un americano hablándose y tomándose de las manos en signi-ficación de la unión, y en el 2º. el pasaje de cuando a vista de su ejército hizo quitar a un caballo una cerda de la cola y también hizo ver la dificultad de quitarlas todas juntas, para manifestar a sus soldados la fuerza de la unión. En lo alto de lo interior del centro, en un medio punto estaba la religión en figura de una matrona vestida de pontifical. En lo exterior del edificio se remataba éste con un triángulo y sobre él puesta una estatua de la fama tocando un clarín y con otro en la mano izquierda; en el centro del tímpano [sic] estaba el escudo de armas de México y en los ángulos de las dos esquinas del tablado que sirven de puertas, dos escudos de armas de esta ciudad.

A las cuatro y media de la tarde salió para este tabla-do de las casas de la ciudad por las calles acostumbradas el siguiente paseo: Comenzaban un cabo y seis dragones de batidores, seguía un piquete de 40 infantes de Santo Do-mingo y luego una docena de indios vestidos con panta-lón blanco y casacas y sombreros encarnados ceñidos con bandas tricolores tocando tambores pífanos y clarines a su usanza, luego seguían los bedeles y el acompañamiento compuesto de los individuos del ilustre Ayuntamiento, ofi-

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cialidad, curas, prelados, religiosos, muchas personas de la nobleza de la ciudad y los ayuntamientos de los pueblos de esta provincia […] al fin iba el señor intendente don Juan José García conduciendo el estandarte, que sobre una man-ga pequeña de raso de los colores de las garantías tenía bor-dadas las armas del imperio a la derecha, y a la izquierda las de esta ciudad. Lo rodeaban cuatro reyes de armas con mazas, vestidos de terciopelo carmesí y tela fina de oro y verde y además una escolta de granaderos, seguía una com-pañía de milicianos con su música y cerraba todo lo dicho un piquete de ochenta Dragones de Querétaro al mando de un capitán […]5

En la noche se iluminó el dicho tablado con tres can-diles y dos bombas de cristal, cirios en el balaustrado y en el suelo. Al frente del tablado ocho gigantes con candiles de manteca. Hubo música de soplo desde la oración hasta la media noche que remató en un gallo por las calles.

Al día siguiente se formó una procesión del tablado hasta la iglesia de San Francisco llevando la insignia de la Independencia a una misa solemne llena de cantores y mú-sicos. En la noche hubo serenata hasta las nueve y media en que se inauguró el baile que duró hasta la media noche.6

Según el relato de Acuerdos, duraron tres días las festi-vidades por la jura de la independencia con “[…] iluminación general en toda la ciudad tanto en las casas de ricos y pobres como en algunos conventos”. Diez días después comenzaron los preparativos para la celebración de la fiesta de la Virgen

5 Acuerdos Curiosos, p. 450. 6 Ibid., p. 454.

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de Guadalupe. Éstos no sólo incluyeron los oficios religiosos, sino “ […] una lucida, costosa, seria y decente procesión por las calles” a más de serenatas, cohetes, y algarabía general. El 26 de diciembre de 1821 murió el jefe político don Juan José García Enríquez y por supuesto sus exequias se lleva-ron a cabo como correspondía a su rango.7

Desde el 11 de diciembre se había publicado un bando convocando a al Congreso Constituyente del Imperio, para el 24 de febrero de 1822, Querétaro debía enviar un elector y 4 regidores quienes junto con los de México nombrarían a 28 diputados, dos de los cuales y un suplente serían de Queré-taro.8 Para cumplir el bando se emitió otro, mandando cele-brar las elecciones parroquiales para la formación del nuevo Cabildo de la ciudad. El autor de Acuerdos no da los resulta-dos. Para eso hay que remitirse al Diario que proporciona los nombres de los 25 electores que procederían en febrero del si-guiente año, a nombrar a los integrantes del nuevo Cabildo. Podemos imaginar las discusiones que se llevaron a cabo en toda la ciudad acerca de aquéllos que se debían elegir.

De todo lo referido anteriormente se concluye que así como la Guerra de Independencia había acabado con los campos y la industria de Querétaro, la toma de la ciudad se llevó a cabo con muy pocas pérdidas. Fue, sin duda, el rápi-do paso del gobierno virreinal al de la Suprema Junta Provi-sional Gubernativa, instaurada al día siguiente de la entrada de Iturbide a la ciudad de México, lo que permitió que la transición se llevara a cabo en paz y orden. Así lo informan las dos grandes fuentes queretanas de la época, el Diario y

7 Argomaniz, José Javier, Diario 1808-1826, Querétaro, Gobierno del Es-tado, 1979, p. 274. 8 Acuerdos Curiosos, p. 457.

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Acuerdos Curiosos. El reglamento de la Junta, emitido en noviembre de 1821, entre otras cosas, decretó que se seguiría obedeciendo la constitución española de 1812. Además, Ti-mothy Anna, en el último estudio que se ha publicado sobre la época de Iturbide, escribe: “La Junta decretó que todos los funcionarios de gobierno y autoridades conservaran sus puestos y los reconoció como legítimos”.9 La última noticia del año de 1821 en Querétaro fue la concerniente al nombra-miento, dado por la Junta Suprema, del capitán Juan José García Rebollo, hijo del anterior capitán don Juan José En-ríquez, como Jefe Político o Intendente de la ciudad.

El año de 1822 se abrió con las expectativas genera-les de la organización del Congreso para el que se habían efectuado elecciones en el mes de diciembre. Los elegidos a diputado y suplente se aprestaron a salir para la Ciudad de México. De Querétaro fue Félix Osores con Juan Altamira-no como suplente. Por costumbre, antes de la elección, el Ayuntamiento y los electores asistieron a misa para pedir la iluminación del Espíritu Santo. Después de ésta se asistió a un Te Deum en medio de repique de campanas.10

El 23 de enero el capitán Juan José García Rebollo (o Enríquez Rebollo como a veces dicen los documentos) publi-có un bando con tres órdenes que determinaban las armas y el pabellón del Imperio, mandaba que no salieran los capítu-los fuera del reino hasta la instalación de las Cortes y pidió a los letrados que escribieran al futuro Congreso sus ideas acerca de la también futura constitución. 11

9 Anna, Timothy, El Imperio de Iturbide, México, Alianza Editorial, 1991, p. 52. 10 Acuerdos Curiosos, p. 464. 11 Idem.

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En ese mes de enero se supo en Querétaro el desarro-llo que había tenido el gobierno de Iturbide: el pasado no-viembre había solicitado a la Soberana Junta Provisional de Gobierno que le detallara sus poderes como generalísimo y almirante. Ésta le había conferido todos los poderes median-te los que podía nombrar desde a los generales de brigada hasta a los comandantes de provincias y capitanes generales. Pero, lo más importante, nos dice Timothy Anna, “fue la deificación popular del libertador, un hecho apabullante y una fuerza que nadie podía resistir, ni el mismo Iturbide”. Explica que el culto a Iturbide fue quizá el más espontáneo de la época porque el personaje en cuestión no necesitaba fo-mentarlo. Y agrega: “Ni siquiera la gloria que Bolívar gozó en sus momentos de triunfo igualó el culto a Iturbide”.12

El 12 del mes de febrero el Jefe Político, Juan José García Enríquez de Rebollo dio un interesante bando para regular la vida en la ciudad de Querétaro. Por medio de este documento nos enteramos de algunos detalles de la vida diaria en la ciudad de Querétaro: declaró la necesidad de procurar el aseo de las calles, por lo que ordenó que todos los dueños de casas debían componer los empedrados del pe-dazo de calle que les correspondía y reponer las banquetas respectivas. Se supone que lo que se tenía que ordenar por bando era algo que en la vida cotidiana no existía, es decir, si se ordenaba asear las calles era porque estaban sucias y si se pedía componer los empedrados era porque éstos eran un desorden. A cambio, las banquetas deben haber estado en mejor situación ya que el bando especificó su compostura en caso de no estar nuevas. Las acequias deben haber estado abiertas, pues se ordenó que sus tapas estuvieran siempre

12 Anna, El imperio, pp. 39-40.

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echadas y se agregó “cuando se rompan y no puedan compo-nerse pronto, pondrán un antepecho por ambos lados para evitar las desgracias que se puedan originar” y agregó que la casa, en cuyo frente se hallaren, tendría que pagar una mul-ta de seis pesos o diez si se tardaba en componerlas.

El siguiente número del mismo bando u ordenanza decía:

Todos los vecinos de esta ciudad cuidarán que la parte de la calle que les corresponde se barra y riegue los miércoles y sábados de cada semana, juntando la basura en medio de ella, para que los carretones destinados a recogerla, lo verifiquen, transportándola a los lugares señalados, bajo la pena a los contraventores de pagar un peso cada vez.

El bando nos dice que las multas también las tendrían que pagar los carretones que dejaran basura en las calles. Por supuesto que se especificó que ningún individuo podía hacer sus necesidades en las esquinas de las vinaterías, calle-jones, calles ni plazas de la ciudad, bajo la pena de 15 días en la cárcel para las mujeres y 15 días de trabajo en los caminos u obras públicas para los hombres. Es más, los dueños de los lugares ensuciados sufrirían una multa de seis pesos diarios por su negligencia en evitarlos. Se agregó que los cocheros deberían regar los coches y los criados bañar a los caballos en las casas de sus amos o en otro paraje retirado y nunca hacerlo en las calles o plazas bajo pena de 8 días de trabajo en obras públicas. Por cierto que los amos también serían multados. Además:

[…] ninguna persona atará en las ventanas, ni pondrá en las banquetas caballos, mulas o burros estorbando el trán-

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sito, bajo la pena de 1 peso por cada vez que las contraven-gan, aplicado a la composición de caminos.

En cuanto a los mercados, el bando ordenó que los ar-tículos tenían que ser llevados a las plazas con el objeto de que se vendieran al vecindario de primera mano y que nadie tenía permiso para salir a los caminos a comprarlos al por mayor.

Para remediar los abusos en la venta de carne debían seguirse las siguientes reglas:

1. Que todos los carniceros vendan la carne en los parajes públicos designados por los señores que componían la Junta llamada de Fiel Ejecutoria. 2. Que todos los carniceros tengan en sus puestos una tabli-ta que exprese el número de onzas que dan por medio, y la especie y clase de animal. 3. Se prohibe absolutamente la carne de oveja, por el per-juicio que de ella resulta, así para la salud pública como a la procreación del ganado lanar. 4. Para que ningún consumidor sea engañado todos los car-niceros dejarán unida la cabeza a la canal.

Los siguientes puntos enumeraban las multas que se debían pagar en caso de incumplimiento y, entre ellos, el más duro era para los que vendieran carne de perro o caballo fin-giendo que era de carnero, chivato o vaca. Para disminuir el abigeato, los que mataran reses después de las oraciones de la noche y hasta el amanecer tendrían que pagar seis pesos de multa y, a la tercera infracción, habría pena de cárcel.

En cuanto al pan, el bando dejaba su fabricación en libertad, pero hacía especificaciones en cuanto a la venta,

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debía ser del precio de medio y de cuartilla y el pan debía ser de buena calidad so pena de que los panaderos fueran mul-tados, lo mismo que si daban menos onzas que las ofrecidas. A los que desobedecieran se les quitaría el pan para dárselo a los presos y pagarían una multa.13

Sin duda, decidido a poner orden en la ciudad de Que-rétaro, el jefe político dio un segundo bando a principios del mes siguiente. Y no contento con haber reglamentado la vida de la ciudad, el jefe político procedió a un tercer bando haciéndoles saber a los ciudadanos que consideraba que el orden era uno de los bienes más necesarios para la sociedad. Consideró que una de las cosas que más entorpecían, no sólo el bien general, sino la seguridad pública era ¡la existencia de vagos en la ciudad! En esa virtud, dijo:

Me ha parecido oportuno mandar por el presente que den-tro del preciso término de tres días salgan de esta ciudad todos aquellos que no tienen un modo de vivir conocido por un oficio honrado, haciendo experimentar todo el rigor de la ley a los que pasado este tiempo se mantengan en el ve-cindario […]

Exhortó a todos los vecinos interesados en el bien co-mún a denunciar a aquellos malvados. Además, las patru-llas procederían a desbaratar los pelotones que se formaran en las calles y aprehenderían a todo el que pareciera sospe-choso. “Queretanos, amemos el orden” terminó diciendo el Jefe Político.14 La orden estaba motivada, seguramente, por

13 afdr, Capilla Alfonsina, Universidad Autónoma de Nuevo León, exp. 12-2-1822. 14 Ibid., exp. 16-04-1822.

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el conocimiento de que la leva se levantaba de aquellos que eran vagos y sospechosos.

El 24 de febrero de 1822 se constituyó el Soberano Congreso Constituyente por lo que la Soberana Junta Pro-visional Gubernativa dejó de existir. El Congreso adoptó las llamadas Bases Constitucionales, mismas que habían sido el meollo del Plan de Iguala, a saber:

- que la única religión del Imperio era la católica, apostólica y romana - que el gobierno debía ser una monarquía constitucional - que se debía llamar al trono a las personas designadas en el Tratado de Córdoba-que todos los habitantes del país tenían la misma igualdad jurídica.15

La historiografía de la época nos dice que en ese pri-mer congreso ya se oían opiniones a favor de una república.

En marzo de 1822, como Regente del Imperio, Agustín de Iturbide pidió a las personas de su confianza en las pro-vincias información acerca de cada una de ellas. Añadió un cuestionario con preguntas de índole socioeconómica preo-cupado tanto por las finanzas como por el avance de las ideas republicanas. En Querétaro, el elegido fue Pedro Telmo Pri-mo, un español avecindado en la ciudad desde hacía muchos años y conocido personal del general Iturbide.

Según Primo, el pueblo queretano estaba satisfecho con el sistema de gobierno y nadie era partidario del sistema republicano. A la pregunta de que si el pueblo quería que el ejército aumentara su fuerza, el sentir popular era que se

15 Anna, p. 68.

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quedara como estaba. Sin embargo, todos opinaban que ha-bía que pagarles mejor para poner un alto a la deserción. En cuanto a la milicia, Telmo informó que aunque había jóvenes que deseaban ser milicianos, la falta de armas los disuadía pues veían como ocioso ejercitarse sin ellas. “De nada pode-mos servir, decían, si no tenemos fusiles”. Como la mayoría era de escasos recursos, Primo opinó que se necesitaban re-cursos para darles de comer el día de los ejercicios. A la pre-gunta de Iturbide en cuanto a la educación, Primo contestó que en Querétaro ésta estaba muy abandonada. Los colegios de San Ignacio y San Francisco Javier no tenían profesores, y sólo existía una escuela gratuita de primeras letras con 3 maestros y la academia de dibujo con muchos alumnos.

Primo también informó que muchos de los españo-les residentes en Querétaro habían escapado huyendo de los insultos y que desafortunadamente se habían llevado sus fortunas. La mayor queja de Primo era que el gobier-no permitía la entrada de productos y modas extranjeras en perjuicio de los nacionales, cuyas fábricas estaban cada vez más arruinadas. Como ejemplo, mencionó la introduc-ción de chales en vez de rebozos, lo cual había causado la ruina de una gran parte de los talleres de rebozos. En Queré-taro casi habían desaparecido los talleres de tejidos de lana, algodones y listonerías cuyos obrajes, en 1790 mantenían a más de cuarenta mil personas. Al no haber dinero derivado de las manufacturas, no había suficiente semilla para culti-var en los campos devastados por la guerra de Independen-cia. Cuadro bastante triste el que dio Telmo Primo en 1822, de la otrora próspera provincia.16

16 Flores D., Jorge (ed.), Informe de Pedro Telmo Primo a Agustín de Itur-bide, México, Editorial Vargas Rea, 1944.

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En Querétaro, al igual que en todas las provincias, el 5 de marzo tuvo lugar el juramento de obediencia al Soberano Congreso del Imperio constituido el 24 de febrero de l822. Se acompañó de las celebraciones usuales: misas, Te Deum, repique de campanas e iluminación durante tres días. Al mes siguiente, el pueblo de Querétaro se enteró de los decretos expedidos por el Congreso. Entre ellos quizá el de mayor importancia fue que se quitó a los indios las contribuciones llamadas “de medio” de ministro, “de medio” de hospital y “de real y medio” de casa de comunidad. Como dato curioso, el Con greso instituyó los días festivos de la Independencia, el gri to de Dolores, el plan de Iguala, la entrada de Iturbide a la capital y otros.17

En abril de ese año Iturbide terminó de recibir las res-puestas de las provincias. Por ellas supo muchas cosas, pero la más importante fue que, en general, el pueblo aceptaba al gobierno monárquico constitucional.18

El 18 de abril, la Regencia publicó un decreto para restituir los bienes que se habían confiscado durante la in-surrección por opiniones políticas. Iturbide favoreció a mu-chos españoles que se habían opuesto a la Independencia y que él deseaba conservar en el país, pues como escribe Anna, Iturbide pensaba que por su experiencia eran indispensables para la futura estabilidad y para el mantenimiento del orden y la justicia.19 Acuerdos registró el 27 de abril otro decreto en el que se pedía que ayuntamientos, tribunales, comunida-des, regimientos y otros celebraran juramento de obediencia

17 Acuerdos Curiosos, p. 469.18 Anna, p. 72. 19 Ibid., p. 51.

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al Congreso Constituyente. Ese mismo día se escribió que en Querétaro se había celebrado, con repique general de cam-panas, la noticia que los Estados Unidos de América habían reconocido la Independencia de México.20

impeRio de iTuRbide

El l8 de mayo de 1822 el regimiento número 1 de Celaya, por voz del sargento Pío Marcha, pidió que el entonces presiden-te de la Regencia, general Don Agustín de Iturbide fuera el emperador de México. El Congreso aceptó el nombramiento y el país empezó lo que sería conocido en la historia mexica-na como el Primer Imperio.

Se juró obediencia a las Cortes Constituyentes, lo que en Querétaro se llevó a cabo al día siguiente en todas las parroquias de la ciudad. En presencia del jefe político y dos regidores se tomó el juramento de la parroquia de San Fran-cisco, mientras que el alcalde y dos regidores lo hicieron en las otras parroquias. A la tropa se le pidió juramento en la Plaza Mayor, ante un altar que se construyó en el portal de la casa de Ecala.21

La segunda quincena del mes de mayo fue de celebra-ción en todo el país puesto que el 19 a las dos de la mañana el ejército, por medio del sargento Pío Marcha, aclamó al gene-ral Iturbide como emperador. En Querétaro, tanto el Diario como Acuerdos Curiosos relatan que el día 20 a las nueve de la noche se ordenó un repique general y el pueblo hizo salva de cohetes por haberse recibido la noticia. Para las festivi-

20 Acuerdos Curiosos, p. 472. 21 Idem.

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dades se esperó hasta el 24 de mayo, día en que se recibió el decreto de la Regencia declarando “al señor generalísimo como emperador de la América Mexicana”. El jefe político ordenó que la noticia se celebrara con tres días de ilumina-ción, repiques, limpieza y adorno de las calles. La misa de acción de gracias tuvo lugar en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe a la que asistió el Ayuntamiento, prelados, oficialidad y público en general.22

El mes de junio empezó con tres días de misas rogando por el éxito del gobierno del emperador. Un hecho curioso y digno de anotarse fue que se procedió a quitar a la Virgen del Pueblito las insignias de generala que se le habían otorgado durante la guerra de Independencia. Se entiende que fue la manera popular de hacer ver que el único general era el Em-perador.

El reinado de Iturbide duró de mayo de l822 a mar-zo de l823. Durante ese periodo, en Querétaro continuó la publicación de los bandos del emperador: sobre la creación del Estado, sobre las facultades, reglamentos y sueldos de los secretarios, etcétera. Por las publicaciones de la época queda claro el esfuerzo por informar a todo el país. Al pue-blo se le leían los famosos bandos y así se iba enterando de la nueva organización. La ciudad de Querétaro fue dividi-da en 16 cuarteles, cada uno bajo un regidor, que a su vez nombraba dos auxiliares. Todo eso transcurría en medio de rogaciones y letanías por el éxito del emperador y su gobierno.

Tanto para el Diario como para Acuerdos Curiosos los funerales tuvieron mucha importancia. Dejaron la lista no sólo de los prelados, religiosos y miembros de la alta socie-

22 Ibid., p. 474.

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dad, sino también de ciudadanos que por algún motivo les parecieron dignos de anotar. A través de esas noticias nos enteramos, por ejemplo, de que en el Querétaro de 1822 la movilidad social era posible:

El día 2 murió Don José Antonio Rojas alias ‘el muega-nero’ quién según dicen testó más de cincuenta mil pesos: éste comenzó a labrar su fortuna vendiendo muéganos […] después se dedicó a trabajar rebozos y últimamente fue co-merciante.23

Por notas funerarias también sabemos que se conti-nuaba con la vieja costumbre de heredar a la Iglesia grandes propiedades.

El 28 de julio se conocieron los festejos por la corona-ción del emperador que había tenido lugar el 21 de ese mes. Como de costumbre, se organizaron toda clase de celebracio-nes religiosas y las consabidas iluminaciones. Por Acuerdos Curiosos nos enteramos que se utilizó el mismo tablado que para la jura de la Independencia, pero dice:

[…] pintado de nuevo por el mismo Astudillo, añadidas las estatuas de los emperadores Agustín y Ana sentados en si-llas en el principal paraje con inscripciones en latín y en castellano. A las cinco de la tarde salió el paseo pie a tierra compuesto del clero, prelados, ayuntamiento, oficialidad y personas de mucha distinción. Llevaba la insignia el alcal-de de primera elección don Juan José Fernández Marina, circularon por las calles acostumbradas y luego subieron al tablado donde dicho alcalde hizo el juramento y tiró al

23 Argomaniz, Diario, p. 289.

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pueblo algún dinero. Se hizo un repique general, salva de artillería y de fusiles por cien milicianos que hoy estrenaron uniforme.

En la noche hubo iluminación general, repiques y se-renata. Al día siguiente tuvieron lugar las ceremonias en las iglesias y al siguiente:

[…] se repitió el baile, banquete, serenata, etc., pero el pa-seo del carro salió con más formalidad acompañado por al-gunos oficiales y jefes pie a tierra y montados y seis niños vestidos de generales, el que representaba al emperador de-cía de cuando en cuando versos heroicos alusivos a la fiesta. Entre varios que se usaron se puso éste a la puerta de una tienda:

‘Al jurar emperador al grande Agustín Primero, el patriota verdadero ¿qué es lo que jura en rigor? Jura a su libertador fidelidad y obediencia y por justa consecuencia, también si se advierte jura la religión, santa y pura, la unión y la independencia’. 24

En medio de los jolgorios se empezaron a oír noticias de las continuas desavenencias entre el Congreso Constitu-yente y el emperador. La ebullición política culminó con una crisis a finales de agosto cuando el gobierno descubrió la conspiración que se fraguaba para apresar a Iturbide y su familia, desterrarlos e implantar una república. El 26 de agosto se dio a conocer la lista de las 66 personas que serían aprehendidas. Entre ellas se encontraban más de una doce-na de diputados implicados en la conspiración. Cartas en-

24 Acuerdos Curiosos, pp. 488-490.

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viadas desde la capital hicieron saber a Querétaro que 1 200 hombres, entre los que se encontraba Guadalupe Victoria, se habían sublevado en la villa de Córdoba pidiendo el cambio de imperio a república. El coronel Echavarri los detuvo en nombre del emperador.

Por supuesto que el Congreso se defendió publicando un panfleto titulado “Sesiones extraordinarias del Congre-so Constituyente con motivo del arresto de algunos señores diputados desde el 27 de agosto hasta el 11 de septiembre de 1822”. De esa manera, el Congreso subrayó la inmuni-dad de sus miembros y acusó al emperador de violarla. Di-mes y diretes siguieron al encarcelamiento en medio de la acusación del gobierno de Iturbide de que, en ocho meses de existencia, el Congreso no había avanzado ni siquiera en la discusión de una constitución, tarea para la cual ha-bía sido electo.25 En ese mismo mes, lo que quedaba del Congreso mandó publicar un bando en las provincias con-cediéndoles “la gracia de que nombre cada ciudad su dipu-tación provincial”.26

Unas semanas después se dio a conocer que en la elección de diputados de Querétaro al Congreso Constituyen-te habían salido electos el marqués del Águila, don José Ma-nuel Septién, los curas de las parroquias del Espíritu Santo y de Xichú, el bachiller don Nicolás Camacho, don Manuel Ecala y don Antonio Osio y Ocampo.

El 21 de septiembre hubo cambio de Comandante General de Armas para lo que el emperador envió al señor brigadier don José Francisco Guerra Manzanares. Éste sólo

25 Argomaniz, p. 125. 26 Acuerdos Curiosos, p. 480.

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duró un mes en funciones ya que por Acuerdos Curiosos sabe-mos que el 16 de octubre fue remplazado por el coronel Mi-guel Barragán en el mando militar de la provincia.27 El jefe político continuó dando una serie de bandos con el propósito de poner orden en la ciudad.

La disolución del Congreso Constituyente se llevó a cabo el 31 de octubre de 1822. El emperador lo acusó de que en ocho meses de existencia no había podido superar la crisis fiscal, de no pagar a los empleados públicos, haber abando-nado la administración de justicia, etcétera y sobre todo de no haber escrito una Constitución.28

Aun cuando las acusaciones, sobre todo la de no tener redactada una constitución, parecen haber tenido funda-mento, la disolución del Congreso, el 31 de octubre de 1822, se convirtió en el arma más poderosa en contra de Iturbide porque se interpretó como un acto de tiranía que el tiempo demostró que no se le perdonaría.

En Querétaro se supo de la disolución del Congreso hasta una semana después. Ni el Diario ni Acuerdos Curio-sos consignaron la reacción de la población. Según Timothy Anna, esto se debió a que la mayor parte de la gente pen-sante creyó que la nueva Junta sí redactaría una constitu-ción. Según Carlos Bustamante, quien vivió en esa época, el comienzo de la acérrima crítica al emperador empezó en enero de l822.29 El 29 de noviembre, don Juan José García Rebollo, jefe político de Querétaro, publicó un bando para verificar la elección de las personas que debían desempeñar

27 Ibid., p. 485. 28 Anna, pp. 131-132. 29 Ibid., p. 138.

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el año siguiente los empleos de alcaldes, regidores y procu-radores que remplazarían a los que terminaran sus oficios. Quedó arreglado que él presidiría la elección en la parroquia de Santiago, el alcalde primero, don Juan José Fernández de Jáuregui, la de San Sebastián, el señor don Santiago de la Peña, la del Espíritu Santo, el capitán don Santiago Rubio presidiría la de la parroquia de Santa Anna y don Diego Sep-tién la de la Divina Providencia.30

El 7 de diciembre se publicaron tres bandos, quizá el de mayor importancia fue el que hizo saber a los queretanos la sublevación, en Veracruz, del general Antonio López de Santa Anna y su captura de la ciudad con una fuerza de 400 hombres. El siguiente fue para reglamentar la innovación del ayuntamiento de Querétaro “según lo determinado en las Cortes de España”. El 10 de diciembre, el jefe político de Querétaro mandó que el bando anterior se publicase en la ciudad.31

El autor de Acuerdos Curiosos consignó que para fina-lizar el año de 1822 se volvió a organizar una Jura de obe-diencia al emperador, esta vez por el cambio efectuado del Congreso a la Junta Instituyente, o quizá para refrendar su adhesión al Gobierno Imperial, con la pompa y circunstan-cia acostumbrada: un tablado alusivo, paseo de los impor-tantes por toda la ciudad, iluminación general, repiques, se-renata, salva de artillería, carros con pinturas alusivas, baile y banquete, versos alusivos y “se sirvió a los convidados un decente y abundante refresco”. Por supuesto que al pueblo se le aventaron monedas. El 31 de diciembre de 1822 la Jun-

30 afdr, doc. 22, año de 1822.31 Ibid., doc. 21, año de 1822.

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ta presentó el “Proyecto del reglamento político de gobierno del imperio mejicano [sic]” que declaró que tomaría el lugar de la constitución española como medida previa a la consti-tución que la Junta debía redactar. La discusión del Regla-mento duró varios meses ante la creciente oposición entre partidarios de Lorenzo de Zavala y Carlos María Bustaman-te. El 14 de febrero se aprobó el Reglamento por 21 votos a favor, 17 en contra y con la abstención de 7 miembros de la Junta. Muchos autores confunden al Reglamento con una constitución pero éste se veía solamente como el preludio.32

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En Querétaro, los primeros días del mes de enero se publica-ron varios bandos de diversa importancia, por medio de los que la población se enteró de varias disposiciones sobre todo de la imposición a las provincias de una contribución direc-ta de seis millones de pesos para gastos nacionales. Obvia-mente, el último bando levantó agrias discusiones en toda la provincia. Los adeptos al sistema republicano crecían en número. Por ese motivo se publicó otro bando el 1 de febrero prohibiendo la impresión de papeles de quienes defendían ese sistema. 33

Fue por el motivo de la imposición de la contribución que la Diputación de Querétaro envió un documento al Em-perador para hacerle saber el estado de la provincia y la impo-sibilidad en la que se encontraba para pagarla (para nuestra finalidad, que es la descripción del Querétaro de esa época, es

32 Anna, p. 160. 33 Acuerdos Curiosos, pp. 495-496.

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un documento precioso). En lo concerniente al año de 1822, ya citamos las preguntas enviadas a las provincias para en-terarse del estado en que se encontraban y las respuestas del señor Telmo Primo. Mucho de la misma situación se repite en este documento encontrado en el Fondo Díaz Ramírez. Es importante incorporarlo a nuestro relato para hacer más clara la situación:

Aprovechando la oportunidad de informar al Gobierno la languidez de su agricultura, la enervación de su comer-cio, la muerte de sus fábricas y la dolorosa situación de un vecindario numeroso y feliz en otros tiempos; cuando aun no sonaba el cañon [sic] en nuestros oídos, cuando estas praderas se hallaban cubiertas de ganado; cuando la abun-dancia era el premio del labrador; cuando la comodidad de éste y el continuo tráfico por esta Ciudad, proporcionaban al comercio ventas y considerables; cuando las fábricas de paños, tegidos [sic] de algodón, listonerías, oficinas de som-breros, curtimiento de pieles y fábrica de tabacos, sostenían sin afán multitud de familias, que se reproducían […] doce años de guerra intestina arrebataron y destruyeron los pre-ciosos giros que debían formar nuestra opulencia […] Así es que, con los bagajes que demandaban (el ejército indepen-diente) perecieron las caballadas de las haciendas, las recuas de mulas que servían para el transporte, y éste pereció tam-bién por la carestía de fletes que no pueden compararse con el corto valor de las semillas […] Sin extracción, sin yuntas, sin caballadas, sin mulas de carga, sin numerario ¿Que será de la agricultura? […] la epidemia que actualmente aniqui-la a los pueblos de S. Francisco Galileo, S. Miguel Huimil-pan, Santa María Magdalena, feligresía de S. Sebastián y gente pobre de esta ciudad nos arrebata los afanosos bra-

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zos […] Viudas desdichadas, campos sin cultivo, siembras miserables, casas arruinadas, ranchos destruidos, hombres macilentos y desnudos: he aquí el lamentable cuadro que presentan las fincas rústicas de esta Provincia […] Deca-dente la agricultura, se enervó el comercio interior; muerta la industria, pereció también el comercio de la Provincia […] La venerable congregación de nuestra Señora de Gua-dalupe, los Colegios de S. Ignacio y S. Javier, los conventos de Santa Clara y otros, eran unos bancos abundantísimos de riqueza; mas en el día todo casi está perdido […] Tanto desfalco, junto con más de un millón de pesos que en doce años ha exhibido de contribuciones y préstamos, forman una fuerza irresistible que lo tiene arruinado, y con él a mil familias que vivían en la opulencia […]

Las fábricas […] había veinte y cuatro obrages [sic], y sólo existen cinco. En ellos trabajan doscientos dieci-nueve telares de ancho, y ciento veinte de angosto, y están reducidos a treinta los primeros y los segundos a veinte. Había cuatrocientos trapiches con seiscientos cuarenta y seis telares, y en el día se han reducido aquellos a cincuenta y a ochenta éstos. Había […] la fábrica de puros y cigarros en la que se trabajaban tres mil tareas diarias. Esta oficina mantenía cuatro mil personas de las que seguramente de-pendía la subsistencia de diez y seis mil; y así como en las fábricas anteriores se empleaban en esta ciudad y en hilado-res de afuera lo menos diez y seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro individuos […] resulta que unida esta cantidad con la de la gente que debía su manutención a la fabrica de tabacos, eran mas [sic] de sesenta y ocho mil los que con su trabajo, comían, vestían, y daban vida al comercio y a las artes, haciendo refluir su prosperidad sobre toda la Provin-cia. Faltó el numerario y faltaron también los apoyos de

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tantas familias que fueron a buscar a otra parte el sustento necesario.34

Ese mismo día, sin saberlo los de Querétaro, los coman-dantes del ejército imperial en Veracruz firmaron un acta llamada Plan de Casa Mata. Una a una, las provincias fue-ron aceptando el Plan de Casa Mata. En Querétaro el Diario nos informa que el 26 de febrero de 1823 se llevó a cabo una reunión del Cabildo en la que después de mucha discusión se aceptó adherirse al Plan Casa Mata, puesto que se leía como una nueva adhesión al emperador. 35 Durante todas las semanas siguientes se anunciaron noticias de la adhesión de cada una de las provincias. El Diario así lo reportó:

La noche de este día (26 de febrero) se juntó cabildo pleno en las Casas Nacionales para tratar sobre si se debía adop-tar el plan del señor Chavarri dictado en la Casa Mata de Veracruz sobre el restablecimiento del Supremo Congreso de Diputados, y todo lo referente a los artículos de la Acta; y a una voz, después de discutido el punto con la madurez que correspondía a la delicadeza de él, se sancionó el que debía adaptarse y por manifiesto público se hiciese enten-der a todo ciudadano. 36

Timothy Anna nos dice que las provincias ni por un momento dudaron que Iturbide siguiera en el poder y que

34 afdr, doc. 1, año de 1823. Independencia, Querétaro 1822-1825. “sen-cilla manifestación que del actual estado de su Provincia eleva la Dipu-tación de Querétaro”.35 Argomaniz, p. 303. 36 Idem.

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las razones por las que rápidamente adoptaron el Plan, fue-ron que éste les daba mayor autonomía y descentralizaba el ejército. 37 Sin embargo los ataques republicanos al Impe-rio se escucharon con mayor intensidad. Lorenzo de Zavala escribió: “Luego que las tropas pronunciadas ocupaban un lugar se desataban las prensas pintando al emperador como un monstruo […]”. 38

Después de muchas discusiones los jefes principales co-menzaron a adherirse al Plan lo que Iturbide consideró como traición, quizá por eso pasó a la historia como un plan en su contra. Por medio del Diario de Argomaniz nos enteramos cómo tuvo lugar el final del Imperio en Querétaro. Sabemos que el Plan se dio el 24 de febrero de 1823. Ya dimos la cita de la deliberación del cabildo de la ciudad, acto seguido se dio a conocer a la población con el consabido repique gene-ral, salvas y Te Deum acompañados de la tradicional ilumi-nación por tres días. Desafortunadamente Argomaniz en su Diario no se refirió a la reacción de la ciudadanía.

Durante la última semana de febrero la diputación pro-vincial pidió al Emperador la restauración del disuelto Con-greso Constituyente como manera de poner fin a la crisis.

En la capital del país reinaba una enorme confusión de la cual la historiografía de la época hace eco. Había gru-pos a favor del congreso restituido, pero sin quorum, otros a favor del Emperador, otros más que pedían se convocase a un nuevo congreso y, lo que era peor, el ejército totalmente dividido.39

37 Anna, p. 189. 38 Ibid., p. 192.39 Ibid., pp. 209-211.

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Fue Iturbide quien rompió el nudo gordiano al dar un paso impactante. El 19 de marzo envió al congreso a su secreta-rio de justicia, Juan Gómez Navarrete, quien presentó una declaración manuscrita, del emperador, ABDICANDO AL TRONO.40

El 17 de mayo se informó a Querétaro que el día 11 del mismo mes se había embarcado el ex emperador con toda su familia para ir a residir a Italia. En Querétaro, las noticias del periodo imperial se terminan con la noticia de que el 22 de mayo el general brigadier don Luis Cortázar tomó pose-sión como el nuevo Comandante de Armas de la provincia.41

40 Ibid., p. 212. 41 Argomaniz, p. 308.

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RefeRenciAs

ArchivosArchivo Histórico del Estado de Querétaro (aheq).Archivo Fernando Díaz Ramírez (afdr), Capilla Alfonsina, Universidad Autónoma de Nuevo León.

BibliografíaAcuerdos Curiosos, anónimo, manuscrito de l823, t. IV, Que-

rétaro, Gobierno del Estado de Querétaro, 1989.

Anna, Timothy, El Imperio de Iturbide, México, Alianza Editorial, 1991.

Argomaniz, José Javier, Diario 1808-1826, Querétaro, Go-bierno del Estado, 1979.

Flores D., Jorge (ed.), Informe de Pedro Telmo Primo a Agus-tín de Iturbide, México, Editorial Vargas Rea, 1944.

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haCienda PúBliCa y ContriBuCiones: un aCerCamiento desde la oPinión PúBliCa

(1821-1824)

J. Jesús López Martínez *

inTRoducción

La libertad de imprenta dio paso a la circulación de folle-tos con temas diversos que giraron entorno a la nueva

nación independiente, lo mismo se elogiaba a Iturbide o se le satirizaba, se difundieron diferentes ideas en torno a la libertad, la igualdad y la justicia, bases fundamentales en la construcción de las naciones modernas. La circulación de fo-lletos fue importante para la divulgación de ideas liberales a través de la palabra escrita.1 Sus autores comunicaron al pú-blico en un lenguaje coloquial y figurativo su opinión sobre cuestiones políticas, económicas y sociales. Sus exposiciones

1 Reyes Heroles, Jesús, El liberalismo mexicano, México, Fondo de Cul-tura Económica, 1994, t.I, pp. 39-40; Arturo Soberón Mora, “Las armas de la Ilustración: folletos, catecismos, cartillas y diccionarios en la cons-trucción del México moderno”, en Laura B. Suárez de la Torre (coorda.), Empresa y cultura en tinta y papel (1800-1860), México, IIB-Universidad Nacional Atutónoma de México / Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2001, pp. 431-444.

* Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

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giraban en torno a ideas de nación y ciudadano así como el nuevo orden político y económico que debía regir al naciente México independiente.

Si la prensa ayudó a difundir las ideas liberales en tor-no a la nación y al ciudadano, también fue la vía que sirvió para la divulgación de proyectos sobre impuestos.2 En este aspecto los debates se circunscribieron a los conceptos de igualdad, proporcionalidad y racionalidad.

A partir del examen de estas ideas tenemos la posibili-dad de conocer y entender los principios morales, políticos y económicos que formaron parte del debate en la cons trucción de una política fiscal de corte liberal que sustituyera a la de antiguo régimen.

¿Cuáles fueron los fundamentos teóricos y prácticos de que se valieron los comisionados de Hacienda y críticos para emitir su opinión a favor o en contra de un nuevo pro-yecto de hacienda e impuestos? Es posible que aquellos que participaron en la comisión de Hacienda tuvieran un cono-cimiento sobre la materia gracias a su cercanía a la lectura de econo mistas ingleses, franceses y españoles como Adam Smith, Colbert, el duque de Sully, Jean Baptista Say, Canga Argüelles, Valentín de Foronda entre otros, cuya obra co-nocieron a través de ediciones escritas en el idioma original, traducciones o en extractos publicados en periódicos. De aquí que sus argumentos tuvieran cierta solidez teórica y sus propuestas una razón práctica, y que la opinión pública co-noció a través de publicaciones como folletos o cuadernillos

2 Poco después de que Iturbide tomó bajo su mando la administración del nuevo imperio mexicano, comenzaron a circular folletos con propuestas sobre el sistema de impuestos y arreglo de la hacienda que según sus auto-res tenían como finalidad el bienestar de la nación y de los ciudadanos.

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hAciendA públicA y conTRibuciones

que circularon con la firma de su autor, el impresor o bajo el anonimato. Lo que aquí se presenta es un enfoque parcial de un problema económico y social, donde la opinión pública, nos permite observar la interacción de ambos dentro de un esquema mucho más complejo.

lA ideA de esTAdo y nAción

Después de la consumación de la Independencia y en la construcción de la nueva nación independiente, el común denominador de las ideas que se expresaban en folletos, cua-dernillos, pasquines y hojas volantes giraban en torno a la igualdad y la libertad como dos elementos fundamentales para la constitución del Estado y como base primordial en la relación entre gobernante y gobernados, así lo manifes-tó públicamente el autor de Antorcha del soberano congreso y moldes de las leyes:

La igualdad y la libertad, son las bases de toda reunión de hombres en sociedad, y el principio necesario y engendra-dor de toda ley y de todo sistema de gobierno regular.3 Asimismo, concibe la igualdad y la libertad como dos atri-butos del hombre, concedidos por “Dios, legislador supre-mo que rige el universo” y por tanto, constitutivos e irre-vocables.4

3 Antorcha del soberano congreso y moldes de las leyes, J. F. L., México, 26 de abril de 1822.4 Idem. También véase Pierre Rosanvallon, La consagración del ciudada-no. Historia del sufragio universal en Francia, México, Instituto de Inves-tigaciones Dr. José María Luis Mora, 1999. “La igualdad civil, tal como se formula en el alba de nuestra modernidad, se deriva directamente del

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Los principios de libertad e igualdad conducirían a los individuos a ejercer sus derechos y obligaciones con el Esta-do conforme a las leyes y no al arbitrio de un individuo. En este sentido, habría libertad plena para escoger y ejercer un oficio o industria, derecho a opinar, a reunirse, a transitar libremente a disponer de una propiedad, el derecho a elegir y nombrar representantes. Es decir, la libertad del individuo era una condición necesaria para la constitución del Estado moderno.

En forma figurada se entendía el Estado como “una gran familia, cuyos individuos se han reunido para consti-tuirse y buscar por sí mismos su propia felicidad”.5 Idea que encierra, en cierto sentido, el concepto de soberanía popular de Rousseau, doctrina en la que descansaba “el principio de la unión de los poderes en el pueblo”.6

A través de diferentes metáforas y símbolos ya en ilus-traciones, escritos o sermones, la difusión de ideas, como la libertad y la igualdad, fue más comprensible para la mayor parte de la población y, de alguna manera, la hizo partícipe en la formación del gobierno.7

reconocimiento de que cada hombre es igual en dignidad ante Dios, y que su salvación es un asunto único ante sus ojos. La igualdad social procede del mismo fundamento”. p. 11.5 Memoria presentada a S.A.S. la regencia del imperio mexicano, Impresa en la oficina de D. Mariano Ontiveros, México, 1822.6 Jellinek, Georg, Teoría general del Estado, México, Fondo de Cultura Económica, 2000, pp. 534-535.7 Hans-Joachim Köning llama nuevamente la atención sobre esta rela-ción entre símbolos y la formación de nación, remitiéndonos a autores que han trabajado sobre el tema. “Nacionalismo y nación en la historia de Iberoamérica”, en Hans Joachim Köning, Tristan Platt y Colin Lewis

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La percepción que se tenía sobre la república y la tri-partición de poderes como esencia de la democracia, fue la base para la organización política del nuevo Estado que los ideólogos de la emancipación adoptaron y adaptaron a la realidad y desarrollo de la nación mexicana.8 Sus aprecia-ciones se sustentaron en las ideas de teóricos políticos como John Locke y su Ensayo sobre la intolerancia y Ensayos sobre el Gobierno Civil, del conde de Montesquieu su pensamiento sobre la división tripartita del Estado en el Espíritu de las Leyes9 e incluso en la discusión y defensa que hacía Valen-tín de Foronda sobre los derechos de seguridad, propiedad, igualdad y libertad.10

(coords.), Estado-nación, comunidad indígena, industria. Tres debates al final del milenio, col. Cuadernos de Historia Latinoamericana, núm. 8, Noruega, ahila, 2000, p. 21.8 Torre Villar, Ernesto de la, “La génesis del poder judicial en el México independiente”, en Historia Mexicana, vol. XXXV, núm. 1, México, El Colegio de México, 1985, pp. 131-133; Jaime E. Rodríguez O. “La natu-raleza de la representación en Nueva España y México”, en Secuencia, núm. 61, enero-abril, 2005, p. 26.9 Para Montesquieu la salvaguarda de la libertad de los ciudadanos que-daría garantizada por la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y por la existencia de frenos y contrapesos entre esos poderes. A pesar de que la idea ya había sido presentada y tratada por Polibio y Platón (Las Leyes). Esta separación de poderes quedaría instituida por una Constitución, doctrina que fue aceptada como un dogma del consti-tucionalismo moderno liberal. De allí que las constituciones organizaron al Estado moderno sobre la tripartición de poderes. Así, a la par que se evitaba la concentración del poder en un sólo órgano, se establecía un control recíproco. Jellinek, Teoría general, pp. 534-536.10 Foronda, Valentín de, Carta sobre el modo que tal vez, convendría a las Cortes seguir en el examen de los objetos que conducen a su fin, y dictamen sobre ellos, en línea http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=5979.

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La representación de la nación y la soberanía quedó establecida en el Acta Constitutiva de la Federación del 31 de enero de 182411 y marcó el inicio de la vida política y jurídica del México independiente dando origen a la Constitución.

Al ratificarse la Constitución por el Congreso el 4 de octubre de 1824, se adoptó como forma de gobierno la repú-blica representativa popular federal (art. 4º.) y el Estado o Supremo poder de la federación, como se le denominó, quedó dividido en legislativo, ejecutivo (Supremo poder ejecutivo) y judicial (art. 6º).12 A partir de este momento el Estado se contempló como el baluarte que garantizaría la realización de los valores como la libertad, la justicia, la seguridad y los servicios públicos, estos últimos se transformaron en las as-piraciones que se esperaba alcanzar en la entidad estatal.

Desde años atrás, esta idea ya era manifestada por la opinión pública:

El primer paso que […] han dado siempre los hombres, ha sido la elección de un Jefe o formación de un Gobierno, que cuide y vele de la administración de justicia, de la tranqui-lidad pública, de la seguridad del Estado.13

11 Art. 3º. La soberanía reside radical y esencialmente en la nación, y por lo mismo pertenece exclusivamente a ésta el derecho de adoptar y establecer por medio de sus representantes la forma de gobierno y de-más leyes fundamentales que le parezca más conveniente para su conser-vación y mayor prosperidad, modificándolas o variándolas, según crea convenirle más. “Acta Constitutiva de la Federación de 1824”, en Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México, 1808-1957, México, Po-rrúa, 1955, p. 154.12 Idem.13 Memoria presentada.

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Es decir, se concebía un gobierno dirigente y vigilante que garantizara la defensa de la democracia y la libertad, entendiéndose como una de sus principales funciones.14 Su potestad y atribuciones en asuntos públicos y privados se regirían conforme a las leyes sancionadas y aprobadas por el Congreso general, concernientes a la seguridad e integridad de la federación, la administración de justicia, la recauda-ción de contribuciones, nombramiento y destitución de fun-cionarios en las diferentes secretarías, asuntos diplomáticos y de relaciones exteriores y uso de la fuerza armada entre otros.15 Por lo que el ejercicio de su autoridad se basaría en el principio de administrar en lo general y juzgar en lo par-ticular.16

La esencia de la Constitución de 1824 siguió vigente en las posteriores reformas que se le hicieron al pasar la nación de un régimen federalista a uno centralista.

En el imaginario social el discurso político ratificaba el

14 Esta idea de salvaguardar la democracia y la libertad también fue parte del imaginario colectivo de lo que derivaron denuncias ante las autoridades de vecinos que públicamente vitoreaban a España, ofendían a la Independencia y repudiaban la forma de gobierno a lo que se proce-día criminalmente contra el presunto culpable del delito de ofensas a la nación, causa que era del conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, según el art. 137 de la sección III. De las atribuciones de la Corte Supre-ma de Justicia. En este sentido, la actuación del Estado es conforme a la legislación, la jurisdicción y la administración.15 Veintiún incisos constituyen las atribuciones del presidente contenidos en el artículo 110 de la sección IV de las atribuciones del presidente y restricciones de sus facultades. Tena Ramírez, pp. 182-184.16 Bonnin, Charles-Jean, Principios de administración pública, compila-ción y estudio introductorio de Omar Guerrero, México, Fondo de Cultu-ra Económica, 2004, p. 170.

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sentido del Estado democrático administrado bajo un equi-librio de poderes:

Todos los poderes de una nación han de estar bajo la direc-ción inmediata del ejecutivo, quien ha de tener las faculta-des necesarias para hacer todo el bien que se puede desear, e impedir el mal que los hombres están siempre propensos a hacer; regulado de tal modo, que le sea difícil hacer el mal e impedir el bien. Un verdadero justo medio.17

Un equilibrio de poderes que en el proemio de la Cons-titución de 1824 establecía y garantizaba:

[…] crear un Gobierno firme y liberal sin que sea peligro-so […] demarcar sus límites a las autoridades supremas de la nación; combinar éstas de modo que su unión produzca siempre el bien y haga imposible el mal; arreglar la marcha legislativa, poniéndola al abrigo de toda precipitación y ex-travío; armar el Poder Ejecutivo de la autoridad y decoro bastantes a hacerle respetable en lo interior, y digno de toda consideración para con los extranjeros; asegurar al Poder Judicial una independencia tal que jamás cause inquietu-des a la inocencia ni menos preste seguridades al crimen […].18

Para asegurar el bien común, como dispone el códi-go constitucional, el Estado, a través del cumplimiento de

17 Arnaud, Marcos, El justo medio o ensayo político sobre la prosperidad y la grandeza de la República Mexicana, México, Impreso por Ignacio Cumplido, 1839.18 Tena Ramírez, p. 162.

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la ley, avalaría el libre ejercicio del trabajo, la industria, el comercio, la adquisición y disfrute de la propiedad con el fin de incrementar la producción de la riqueza privada, en otras palabras, el Estado debía contribuir a la formación de la ri-queza con las garantías que presta a la propiedad y al tra-bajo. Para llevar a cabo esta misión era necesario contar con los recursos económicos suficientes para solventar los gastos de la administración y del ejército. Por lo que se obliga a los particulares, conforme a la ley, el deber de contribuir con una parte de su riqueza, denominada impuesto, para los gastos del Estado.

conTRibuciones: diRecTAs o indiRecTAs

Para que el Estado exista, es condición disponer de una par-te de las riquezas sociales. Como señala Ardant, el impuesto es una técnica liberal, es el medio de hacer contribuir a los individuos a los gastos de la vida en sociedad, y a las necesi-dades propias de los dirigentes.19 Es decir, para que el Estado aumente sus recursos financieros y pueda solventar los gas-tos de su administración y llevar a cabo mejoras materiales en beneficio de la sociedad, la figura del impuesto es el mejor medio para conseguirlo. De su sistematización para llevar a cabo su recaudación resultará una estructura compleja de recursos humanos, reglamentos y métodos con el único fin de obligar al individuo a contribuir con una parte de su ri-queza a los gastos del Estado.

Visto de esta forma, el liberalismo económico tiene como uno de sus puntos cardinales a los impuestos, que no

19 Ardant, Gabriel, Histoire de l’impôt, vol. I, Paris, Fayard, 1971-1972, p. 11.

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tiene por que suponer una obligación injusta y gravosa para el contribuyente o un obstáculo para la industria, sino todo lo contrario, es el medio para fomentar el progreso y creci-miento económico.

De aquí que el pago de impuestos sea una obligación fiscal que debe ser equitativa, de tal forma que no grave más a unos que a otros, tomando en cuenta el producto de su renta. Esta cuestión de encontrar la igualdad tributaria en cuanto al reparto del impuesto entre la población parte de la teoría del sacrificio:

[…] la verdadera igualdad […], debe tener en cuenta el sa-crificio que ocasiona el impuesto. Los contribuyentes no son llamados a soportar una suma igual, sino a pagar aquella suma de dinero que haga que el sacrificio de uno sea igual o proporcional al sacrificio del otro.20

Sin embargo, esta idea de la justicia y equidad resulta un mito y una paradoja porque nunca podrá medirse exac-tamente el sacrificio y nunca se tiene el dato preciso de la riqueza generada por el contribuyente.21

Al aplicar el principio del sacrificio en la distribución del impuesto resultan el método de la capitación y el impues-to proporcional a la renta monetaria.22 El primero obliga a todos los contribuyentes a pagar una suma igual. Lo que en cierto sentido, nos indicaría equidad en el cobro, sin embar-

20 Einaudi, Luigi, Principios de Hacienda pública, Jaime Algarra y Mi-guel Paredes (trad.), Madrid, Aguilar, 1955, p. 92.21 Einaudi, Mitos y paradojas de la justicia tributaria, Barcelona, Ariel, 1963.22 Ibid., p. 93.

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go no es así, “no puede creerse justo que lo mismo contribu-ya para los gastos del Estado el que con un jornal miserable lucha contra la miseria, que el que se encuentra en medio de la opulencia”, refuta Guillermo Prieto en sus Lecciones.23

El segundo método grava a cada contribuyente en ra-zón de su renta, es decir, se aplica un porcentaje sobre la ren-ta, que medido en términos de sacrificio, advierte Einaudi, tampoco es equitativo, a pesar de observarse una igualdad en términos de renta monetaria.24 La razón estriba en que “cuanto mayor es la renta y más grande la masa de ventajas y utilidad que el contribuyente obtiene con ella, tanto menor es el sacrificio proporcional que sufrirá el contribuyente”.25 O por el contrario, el sacrificio y la pérdida en utilidad es mayor cuando la renta del contribuyente es mínima.

Al establecerse contribuciones que tomaran en cuenta la renta, cada contribuyente debía pagar en proporción de sus facultades. Entendiéndose que aquellos cuya fortuna es superior al común del pueblo aportarían en mayor can-tidad que los que “sólo tienen su persona”. Los primeros saldrían beneficiados de la política gubernamental, de los estímulos económicos y de la construcción de obras públi-cas a favor de sus actividades comerciales, industriales o de transporte.

Ambos métodos fueron propuestos y aplicados duran-te el proceso de estructuración de la Hacienda pública en el orden de los impuestos directos y su discusión se mantuvo a lo largo del siglo xix, por ello no es extraño encontrar este

23 Prieto, Guillermo, Lecciones elementales de economía política, ed. facsi-milar [1876], México, Miguel Ángel Porrúa, 1991, p. 513. 24 Einaudi, Principios de Hacienda, p. 95.25 Idem.

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tipo de referencias en la documentación de tipo fiscal sea oficial como decretos, circulares, correspondencia o de opi-nión. En la Memoria de 1822 presentada a la Regencia del Imperio se señalan como ventajas para la administración, el establecimiento de una contribución directa que:

[…] facilitaría sobre manera la cobranza de las rentas del Estado desembarazándola de enredosas formalidades y li-bertando al comercio de derechos multiplicados, perjudi-ciales y muchas veces violentamente exigidos: aumentaría considerablemente los cambios, ventas y consumos del in-terior fomentando la agricultura, industria y comercio; y por último disminuiría notablemente el número de emplea-dos, cuya manutención cuesta al Estado cantidades muy grandes, que no entran en el tesoro público, y privan a las ocupaciones útiles y productivas de muchos individuos que podían estar ocupados en ellas.26

Así como se impulsaba la creación de una contribución directa, se advertía sobre los perjuicios que ocasionaría a la economía de la sociedad en general y del Estado la aplica-ción inmediata sin haberse llevado a cabo un estudio previo sobre la situación y realidad de las fuentes de riqueza y de la población:

Sin embargo de conocer nosotros éstas y otras muchas ven-tajas que necesariamente deben resultar de la única contri-bución, no somos de opinión que por ahora se plantifique; y fundamos nuestro dictamen en las siguientes razones. Primera: que es muy peligroso en materia tan delicada, va-

26 Memoria presentada.

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riar con precipitación, y como suele decirse de un instante a otro, todo un sistema del cual pende la subsistencia de tantos individuos y familias, porque si los efectos del nuevo, por accidentes impensados y que no están en la previsión del hombre el precaverlos, no produjesen el favorable re-sultado que de él puede esperarse, se seguiría, por una con-secuencia forzosa, que el erario carecería repentinamente de los fondos necesarios, lo cual sería un mal que pondría en gran conflicto y peligro la seguridad del Estado. Segun-da: por la falta de datos, pues que no hay conocimientos ni hasta ahora se ha formado un Estado que pueda subminis-trarlos, sobre la riqueza territorial, comercial e industrial de este Imperio, requisito indispensable para hacer los re-partimientos y cupos con equidad y justicia, y según las reglas que al efecto deben prescribirse. Tercera y última: porque estas operaciones son muy delicadas, y no pueden ejecutarse con el debido acierto sino por sujetos instruidos en la estadística, de los cuales tenemos aun nosotros una necesidad casi absoluta.27

Lo antes señalado se sustentaba en los preceptos enun-ciados por Valentín de Foronda en su carta undécima del tomo I sobre contribuciones en donde refiere:

[…] lo delicado que es la imposición de contribuciones direc-tas en unas circunstancias en que es tan difícil calcular los productos de los capitales por el entorpecimiento del comer-cio, paralización de la minería, y pobreza de la agricultura.28

27 Idem.28 Noticia interesante para los bolsillos apurados, México, Imprenta de Doña Herculana del Villar y socios, 1822.

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Se propuso llevar a cabo un ensayo en una de las provin-cias más pequeñas del imperio mexicano donde se levantaría un censo y estadística de la riqueza territorial, industrial y comercial incluyendo al clero secular y regular con el fin de repartir de forma justa y equitativa la contribución única. Desconozco si se llevó o no a la práctica dicho ensayo.

Lo que se destaca es la preocupación por mantener orden en la administración impositiva y el no aventurarse a cambiar de manera radical todo un sistema de impuestos que funcionó durante más de dos siglos con resultados has-ta cierto punto favorables. Razón de más para que algunos congresistas pidieran el restablecimiento de las rentas y an-tiguos impuestos bajo el argumento de que “sus productos, que antes sirvieron de aumentar vuestras cadenas, hoy sir-van para aseguraros vuestra libertad”.29 Hubo quien apoyó esta propuesta fundando sus ideas en tres principios econó-micos de corte mercantilista: 1) contribuciones moderadas, 2) que sean las más antiguas, porque ya están los pueblos acomodados a ellas y 3) que sean las más variadas, porque así entran todas las clases, y se hacen menos sensibles.30

La indefinición, los pros y los contras en torno al cam-bio de contribuciones indirectas por directas o contribución única ocurrido durante el periodo de la regencia también fue resultado del poco reconocimiento de la igualdad y división de poderes, por lo que el legislativo se sobreponía al ejecu-tivo entorpeciendo sus funciones y porque estaba, en parte, bajo control de la antigua elite novohispana “serviles y due-ños de candeleritos viejos de plata que ni un credo rezan por

29 Antorcha. 30 Noticia interesante. Estos tres principios son tomados de un economis-ta de apellido Tracy, de quien hasta el momento no tengo datos.

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nuestro gobierno actual se lo echarán en la boca si el alguacil les pega en el codo”.31

La primera parte de esta lucha partidaria concluirá con el triunfo del liberalismo y la instauración de una repú-blica federal regida por una constitución que reconocerá la división de poderes atribuyéndole a cada uno funciones pre-cisas para la correcta administración del Estado.

lA des-oRgAnizAción de lA hAciendA públicA

La Constitución federal de 1824, en su artículo 50, establecía como facultad exclusiva del Congreso general:

Fijar los gastos generales, establecer las contribuciones ne-cesarias para cubrirlos, arreglar su recaudación, determinar su inversión, y tomar anualmente cuentas al gobierno.32

Por tanto, era el único para establecer o suprimir gra-vámenes, por lo que ningún estado podía gravar importacio-nes ni exportaciones sin su consentimiento.

Esta capacidad de decisión en materia impositiva per-mitió al Congreso general aprobar o no, mediante el voto de los legisladores, el presupuesto anual, los gastos del Estado y la aplicación de impuestos con el único fin de asegurar y proveer de recursos financieros al Estado.

Por decreto del 4 de agosto, el Congreso Constituyente dividió las rentas entre los estados y la Federación. Al erario federal correspondieron los derechos de importación y ex-

31 Idem.32 Tena Ramírez, p. 174.

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portación, es decir los derechos sobre el comercio exterior, la renta del tabaco y pólvora, la renta de correos y otros productos fiscales de menor cuantía. A los estados se les asig-naron, entre otros, los derechos sobre el oro y la plata, las contribuciones individuales por el equivalente de tres días de trabajo, el impuesto al pulque, las peleas de gallos, y las alcabalas.33

La categorización de las rentas fue una primera res-puesta al sistema federal lo que resultó excesivamente costo-so al gobierno, al dejar de tener participación de los ingresos de los estados, estimado en 39% de las recaudaciones de los antiguos impuestos coloniales34 generando un déficit de 3 136

865 pesos, cantidad que debía ser cubierta por los estados mediante una cuota asignada por la federación llamado con-tingente.35

En el mismo mes de agosto la comisión de Hacienda propuso el nombramiento de comisarios generales que se encargarían de cobrar y distribuir con apego a las leyes y órdenes del gobierno, los productos de las rentas y los con-tingentes de los estados. La propuesta se concretó con los reglamentos de septiembre de 1824 creándose los cargos de comisario y subcomisario.36 Por la ley del 16 de noviembre

33 La hacienda pública de México a través de los informes presidenciales, México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1951, p. 16.34 Tenenbaum, Barbara A., México en la época de los agiotistas, 1821-1857, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 38.35 González Prieto, Alejandro (comp.), Memorias de la hacienda pública en México, 1821-1867, 2ª. edición, México, Secretaría de Hacienda y Cré-dito Público, 1994, p. 38.36 “Propuesta para el nombramiento de comisarios, agosto 17 de 1824” en: González Prieto, Memorias. Para una visión general sobre la actua-

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el congreso general decretó la centralización de las funciones de la Secretaría de Hacienda en un ministro quien tendría bajo su dirección todas las rentas de la federación.37

Se consideró al ministro como “el agente principal que vincula al gobierno y a la administración”,38 que garantiza la ejecución y vigilancia de las leyes. Participa en la prepa-ración de los decretos por medio de los cuales el gobierno avala su cumplimiento. Sus funciones fueron la vigilancia, la acción y la dirección del ministerio constituido por departa-mentos y oficinas a cargo de funcionarios que ocupaban un grado inferior.

A través del ministro de Hacienda, el Estado transmi-tía sus órdenes y necesidades financieras a los particulares por medio de decretos y leyes que serían ejecutadas y apli-cadas en todo el territorio por medio de los administradores y receptores de rentas. Este último, como otros funciona-rios de la administración que ocupan el puesto más inferior, ejercía una función pormenorizada porque es quien ponía en

ción de los comisarios como agentes fiscales de la federación, véase Luis Jáuregui, “Los comisarios generales como fuente para el estudio de la hacienda pública del México independiente temprano”, en América La-tina en la historia económica. Boletín de fuentes, núm. 13, enero-diciembre de 2000, pp. 25-32.37 “Arreglo de la administración de la Hacienda pública, noviembre 16 de 1824”, en González Prieto, pp. 57-62.38 “[…] la administración […] es propiamente una consecuencia, una emanación, una prolongación del Gobierno; que es la ejecución de las le-yes por medio de las cuales el Estado en su totalidad estatuye sobre cada ciudadano en particular en cada parte del territorio; que así la admi-nistración tiene conexión constante con el Gobierno, es decir, el Código administrativo con el Código político”. Bonnin, Principios de adminis-tración, p. 224.

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práctica la ley y velaba “porque sea ejecutada con precisión por quienes se encuentran bajo su inspección”.39

Al amparo del federalismo creció la nómina del gobier-no, se crearon y multiplicaron puestos para su administra-ción aumentando con ello la autoridad pública y oprimiendo las libertades públicas.40 Estos funcionarios del gobierno se adjudicaron una parte de la autoridad pública por lo que abusaban de sus cargos para incrementar sus ingresos que en parte provenían de las rentas que administraban además del sueldo fijado por el legislativo, por lo que eran removidos constantemente de plaza. Aun cuando eran cesados por edad o enfermedad seguían dependiendo del erario nacional.41

El cada vez mayor número de funcionarios en la admi-nistración pública no era señal de eficiencia sino una mayor división en las funciones y responsabilidades sobre todo en materia fiscal lo que llegó a causar descontrol en su ejercicio.

39 Mora, José María Luis, Obras completas. Política, Secretaría de Edu-cación Pública / Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1986, p. 226.40 Mora discute este fenómeno que atenta contra la libertad civil y el bien común de la nación. “Discurso sobre los perniciosos efectos de la empleomanía”, en Idem., pp. 274-283. 41 Para Braudel los funcionarios ocuparon “todas las avenidas de la his-toria política. Con ellos, se opera una revolución política que es, al mismo tiempo, una revolución social”. Braudel explica con detalle la importan-cia que comenzaron a tener los funcionarios en el gobierno. De su origen modesto a su ascenso notorio llegaron a tener en sus manos el gobierno de la justicia y de los negocios. A pesar de ser grandes maquinarias po-líticas, al Estado le resultaron insuficientes para ejercer un control per-fecto sobre sus súbditos. Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, t. II, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, pp. 41-54.

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La incipiente profesionalización hizo de la tributación una carga odiosa para los contribuyentes y constantes modifica-ciones en la recaudación.

La percepción que se tenía sobre el quehacer de la Ha-cienda pública en la estructura del Estado partió de consi-derar a la administración como un elemento importante en su organización. De este modo, se reconoció la necesidad de ejercer vigilancia en el desempeño del ministro, funcionarios y empleados para optimizar la recaudación.

Las opiniones vertidas en folletos sobre el tema, de-notan un cierto conocimiento sobre administración pública moderna aunque no tan elaborada como la que concibió y propuso Charles-Jean Bonin en sus Principes d’administration publique, lo cierto es que la materia administrativa estuvo muy presente en las propuestas de reforma hacendaria.

El razonamiento sustentado en principios de adminis-tración consideraba a la Hacienda pública como “la parte más importante de la administración pública”,42 “el resor-te más poderoso, más necesario de la máquina del Estado” formada de todos los derechos y contribuciones establecidos por el legislativo y que deben de corresponder al objeto de su destino e inspirar la confianza de los contribuyentes “que se desprenden de una parte de su fortuna para aumentar-la”. 43 Es decir, establecer como obligación de los ciudadanos

42 Memoria presentada. “La administración pública, es pues la que, en cada división territorial, asume la aplicación de las leyes que incumben al ciudadano como miembro del Estado, y la que estatuye sobre las rela-ciones de cada uno con todos, y sobre las del Estado con cada individuo”. Bonnin, p. 229. 43 Segunda parte de vaya algo sobre Hacienda, México, impreso por J. M. Lara, 1840.

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el contribuir a los gastos del Estado parte de la confianza. Al sacrificar el contribuyente una parte de su riqueza confía que a cambio recibirá un beneficio que garantice libertad y seguridad en su persona y en sus bienes. Por su parte, el Es-tado destinará lo contribuido a cubrir los gastos concernien-tes a su administración, deuda, obras públicas, educación y defensa.

Para cumplir con este cometido se requería de la “pro-bidad, justicia, energía y conocimientos en los hombres destinados a intervenir en sus operaciones”.44 De donde se deduce la necesidad de disciplinar a los empleados y funcio-narios de la administración de rentas “desde el más insigni-ficante guarda, hasta el tribunal superior que debe aplicar las leyes fiscales”.45 Si como se señaló anteriormente, fueron los funcionarios de menor categoría los que tuvieron una actividad fiscal pormenorizada, es esta parte de la estruc-tura fiscal la que debía de instruirse en la interpretación y aplicación de las leyes pues de ello dependería una eficiente recaudación de impuestos. Y para que todo marchara bien, era necesario que el ministro de hacienda, como encargado de dirigir, vigilar y ejecutar las disposiciones fiscales debería mostrar conocimiento y experiencia en la administración y economía de los recursos del Estado.

La sucesión de diferentes ministros encargados de la Secretaría de Hacienda desde su creación en la primera re-pública federal y hasta la república centralista dio pauta para que se recapitulara sobre las cualidades que debía re-unir un ministro de Hacienda. Los que hasta el momento

44 Idem.45 Idem.

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habían ocupado el cargo fueron nombrados por su desempe-ño como directores en la armada o marina con antecedentes en contaduría o por su virtuosismo político pero con poca experiencia en el manejo de las finanzas públicas.46

El poco conocimiento sobre la materia causó pérdi-das a la ya de por sí inconsistente economía del país. Por lo que estar al frente de la dirección de Hacienda era una en-comienda aceptada con muy poco beneplácito al saberse de antemano las dificultades que había que superar, si se podía, para cumplir con sus funciones como administrador de las rentas federales y negociante en materia de crédito.

Después del primer ministerio de Esteva, la Hacien-da pública presentaba un panorama de desarreglo, sin nin-

46 Véase, Ludlow, Leonor, Los secretarios de Hacienda y sus proyectos (1821-1933), t. I, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2002. Aquí se presentan algunos datos de la trayectoria administrativa y política de los secretarios de Hacienda y se hace una interpretación sobre su desempeño a partir de sus proyectos de hacienda lo que nos da la idea de que sus planteamientos se inclinaron más hacia lo político, es decir, partidista (en ocasiones a favorecer negocios particulares) que tratar de defender el bien común. En opinión de Lorenzo de Zavala, Francisco de Arrillaga, ministro de Hacienda para el año de 1823 tenía conoci-miento del pensamiento económico gracias a la lectura, por lo que se le tenía como “uno de los hombres más instruidos” para ocupar dicho car-go, además de sus relaciones con quienes estaban en el poder. Del primer ministro de la república federal don José Ignacio Esteva, opina que ocupó el cargo por su estrecha relación amistosa con Guadalupe Victoria, aun antes de llegar a presidente. Quienes conocían a Esteva “se admiraban de verle llamado a un destino que exige conocimientos económicos y una vasta capacidad para abrazar los diferentes ramos que forman un orden cualquiera de administración. Esteva no era para esto, como lo manifestó posteriormente, habiendo sido el que causó en mucha parte la ruina de nuestro crédito en el exterior y la miseria en el interior”. Lorenzo de Zava-la, Albores de la república, México, Empresas Editoriales, 1949, p. 84.

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gún sistema administrativo, no había orden en el trabajo, quedaban pendientes un sinnúmero de despachos y nego-cios en que se había involucrado el ministro Esteva, sobre todo, en materia de crédito exterior. Bajo una situación de ruina financiera y caos administrativo, del que difícilmente se recuperaría, los subsiguientes ministros aceptaban “con repugnancia aquella carga pesada y comprometida” mani-festando algunas veces que carecían “de las nociones sufi-cientes para desempeñar un destino tan espinoso”.47

El ministro, como parte medular del sistema de Ha-cienda, debía reunir una serie de cualidades que avalaran el trabajo hacendístico conforme al régimen federal. Las re-flexiones partieron de las observaciones que hizo José Canga Argüelles sobre esta figura fiscal que lo considera “como la providencia del Estado” por las grandes y trascendentales funciones que desempeña; asimismo, señala:

[…] su provisión debe ser universal, su acción medida a la cuantía y carácter de los negocios, su dedicación cons-tante al lleno de sus altos deberes, y su resolución firme de no tener otra guía de su conducta que la economía y el orden.48

Economía y orden eran los dos principales factores que debían guiar su trabajo, es decir, el conocimiento y práctica de la ciencia económica sería la clave para la toma de decisio-nes en materia fiscal para prever, analizar y ejecutar las dis-posiciones fiscales. Reconocía que sólo algunos ministros de

47 Ibid. p. 158.48 Segunda parte.

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Hacienda habían cumplido su deber y obligación con el Es-tado y con la sociedad, como ejemplos mencionaba al duque de Sully, Colbert y Necker en Francia, William Pitt el joven en Inglaterra y el marqués de la Ensenada en España.

A partir del análisis de estos ejemplares ministros de Hacienda, Canga Argüelles resume las cualidades que debía reunir todo ministro de Hacienda:49 Opinión “para recibir con tolerancia los decretos que salen de la mano del minis-tro y de refrenar el espíritu de contradicción que acompaña siempre a las leyes de hacienda”. Sensibilidad, “que inspira a un ministro el lenguaje severo de la verdad, para no disi-mularla al poderoso, sacándole de la alta esfera en que se encuentra sumergido y haciéndole escuchar las quejas del contribuyente entre los disfraces con que los agentes subal-ternos suelen ocultar la razón”. Afirma que no basta que el ministro fuera sensible sino que era preciso que se persuadie-ra que estaba obligado a serlo.

Por otro lado, puntualiza que tener talento para hacer el bien al pueblo, es una cualidad que se “aumenta con la instrucción y se enriquece con las ideas ajenas” pero señala que de nada sirven todas estas virtudes sin el carácter que “le dota con la facultad de hacer, de emprender y vencer” y añade:

[…] por más que el ministro conozca los males públicos y sus remedios, si no tiene carácter, se hallará detenido por los obstáculos que el egoísmo o el error le opondrán. La falta de tan noble calidad le hará tímido ante el favor; le convertirá en un bajo adulador de los cortesanos, y su nombre envi-lecido autorizará decretos sangrientos; porque carecerá de

49 Idem.

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valor para seguir la senda que la virtud, la sensibilidad y el talento le ofrecieron.50

Lo anterior supone que el ministro de hacienda de-bía ser un líder, un ser carismático, para dirigir el principal órgano del Estado, la Hacienda pública, pues con una personalidad como la descrita anteriormente podía dar res-puesta y solución favorable a los diversos problemas finan-cieros y ser un real y efectivo vínculo entre el Estado y el contribuyente lo que solucionaría la puesta en marcha de todo un sistema tributario. Si tomamos en consideración estas cualidades como indicadores para calificar la actua-ción de los ministros de Hacienda se llegaría a la conclusión de la poca profesionalización del desempeño de los minis-tros por su poca experiencia en el manejo de recursos fis-cales a nivel federal y su escaso conocimiento teórico sobre economía y administración pública. Además de su falta de carácter para conciliar los intereses del Estado con el de los contribuyentes.

Su actuación se calificó según su habilidad para poner orden en las funciones administrativas a partir de disposi-ciones y decretos que creaban o desaparecían cargos y ofici-nas lo que llegaba a ocasionar antipatía y rivalidad entre sus congéneres. De ahí que generalmente el ministro en su me-moria presentada al congreso hiciera referencia al desorden financiero y administrativo que prevalecía en la hacienda desde tiempo atrás y las dificultades a las que tuvo que hacer frente para lograr solucionarlo aunque sin mucho éxito.

La deplorable situación en que se encontraba la Ha-cienda pública es indicativo de la ausencia de una legisla-

50 Idem.

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ción administrativa que se vinculara a la política, pues como apunta Bonnin debe existir una conexión constante entre el código administrativo y el código político, de otra forma no habría una ejecución plena de las leyes que garanticen la existencia del Estado y el bien común de los ciudadanos pues “la administración es la cadena que une todas las par-tes del Estado y las pone en relación con el gobierno”51 y el ciudadano. Por lo que, una buena administración crearía las condiciones de seguridad y confianza entre el ciudadano y el Estado. Por el contrario, la falta de autoridad sería motivo de desconcierto en la administración y en la ejecución de la ley. De ahí la acumulación de asuntos y negocios fiscales y financieros que tardaban en resolverse o quedaban inconclu-sos, heredándose de un ministro a otro. Así como no había una resolución de diversos casos en materia fiscal tampoco lo hubo en cuestión de gastos y presupuesto, como lo denun-ciaba José María Luis Mora quien atribuía tan lamentable situación al desorden fiscal prevaleciente.52

La observación de Mora no era muy distinta de la que ya tenía el primer ministro de Hacienda don Rafael Pérez Maldonado quien estaba convencido de que la guerra pro-longada entre “dos partidos igualmente animosos” que, por ambas partes, decretaban confiscaciones y contribuciones, la arbitrariedad con que se disponía de los fondos públicos y la mala conducta de los empleados de hacienda, provoca-ban un permanente desorden administrativo y fiscal.53

51 Bonnin, p. 183. 52 Mora, José María Luis, Obras completas, vol. 4, México, Instituto de Investigaciones José María Luis Mora / Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994, p. 262.53 “Memoria del primer ministro de Hacienda, don Rafael Pérez Maldo-

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El contexto no varió mucho en el transcurso del siglo, pues el Estado no se consolidó para hacer de la administra-ción un recurso de autoridad54 que lograra conciliar el interés del fisco con la libertad legal,55 que garantizara el libre co-mercio y la libertad de empresa con el fin de incrementar la producción, el consumo y la riqueza individual.

Sin embargo, para lograr tal objetivo había que hacer uso, como lo advierte Bonnin, de la estadística como guía tanto para el legislador como para la administración pública con el fin de llevar a cabo decisiones firmes en la realización de sus funciones como los impuestos y el reclutamiento mi-litar.56 Así entonces, a partir de la cuantificación, medición y clasificación de la población, el trabajo, la producción, la propiedad y el territorio entre otros, se lograría un mejor empleo público de los recursos del Estado y por consiguiente se ejercería la autoridad con certeza para garantizar la segu-ridad y bien común.

nado, quien presentó este primer informe el 28 de febrero de 1822”, en González Prieto, pp. 13-14.54 Bonnin, p. 182.55 Idem.56 Ibid., p. 284-285.

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[223]

la Ciudad de querétaro en el Periodo revoluCionario.el Costo de la guerra y las

reivindiCaCiones soCiales (1914-1917)

Ana Cecilia Figueroa y Ricardo Jarillo Hernández *

La Revolución Mexicana incursionó en la capital del esta-do de Querétaro a cuatro años de que estallara el conflicto

armado de 1910. Fue en el verano de 1914 cuando las reper-cusiones políticas, económicas y sociales propias de la guerra civil se dejaron sentir en la ciudad de Querétaro, sede de los poderes políticos locales, presentándose con ello la reivindica-ción de las demandas sociales revolucionarias en el estado.

En la región serrana no sucedió lo mismo, por su cerca-nía con Hidalgo y San Luis Potosí, “el llamado maderista” entró muy tempranamente, si se le compara con la realidad capitalina. El 22 de mayo de 1911, sin encontrar ninguna resistencia, “los rebeldes”, al mando del hidalguense Nicolás Flores y con el apoyo de un centenar de vecinos, tomaron la primera plaza queretana, la prefectura de Jalpan, iniciando así la incursión revolucionaria por el norte del estado.1

1 Flores González, Antonio y Santiago Salinas, Serranos y rebeldes. La Sierra Gorda Queretana en la Revolución, México, Universidad Autónoma

* Archivo Histórico Municipal de Querétaro.

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Bastaron unas cuantas semanas para que “los re-beldes” tuvieran bajo su dominio 13 poblados de la Sierra Gorda y del semidesierto queretano: Arroyo Seco, San Ciro, Lagunillas, El Carrizal, San Erasmo, Tancoyol, El Madro-ño, Zoyapilca, La Vuelta, El Doctor, Vizarrón, Cadereyta y Bernal, acercándose cada vez más a la capital.2

Al consumarse el triunfo de la Revolución maderista la Sierra Gorda continuó en pie de guerra, esta vez con el llamado del Plan de Ayala por considerar que el gobierno de Madero había traicionado a la Revolución. Ahora los dos centenares de levantados del zapatismo provenían de Guanajuato y San Luis Potosí, uniéndoseles los “rebeldes” queretanos Julio del Castillo y Juan Ledesma.3 En tanto, la capital del estado se mantenía incólume ante los hechos re-volucionarios, al grado de reducir su actividad bélica duran-te el gobierno maderista a la decisión del Ayuntamiento de Querétaro de otorgar instrucción militar a los varones mayo-res de 18 años, con el auxilio del gobierno federal y del cuar-tel militar del estado, emulando así lo hecho por el municipio de San Juan Bautista en Tabasco (hoy Villahermosa).4 En la misma postura se mantuvo ante el golpe de Estado de Victoriano Huerta en febrero de 1913, al reconocer el propio gobernador maderista, Carlos M. Loyola, al nuevo gobierno federal, como lo había hecho el resto de los estados de la

de Querétaro / Instituto Electoral de Querétaro, 2004, pp. 86-87.2 Ibid., pp. 89-90.3 El primero tenía formación de maestro particular y era hijo del dueño de la hacienda El Carrizal y el segundo provenía de una familia de ran-cheros. Flores y Salinas, pp. 92-93 y 104.4 amq, actas de Cabildo, exp. 72, 23 de mayo de 1912, fs. 60v y 61; exp. 73, 26 de marzo y 23 de abril de 1914, fs. 109, 114v. y 115v.

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lA ciudAd de queRéTARo en el peRiodo RevolucionARio

República, a excepción del Ejecutivo de Coahuila y de la Legislatura de Sonora.5

En sintonía con el Gobierno estatal, el Ayuntamiento de Querétaro no sólo no se pronunció contra el régimen gol-pista, sino incluso felicitó públicamente al presidente de la República por oponer resistencia a las presiones de Estados Unidos, señalando que “el decoro nacional” se hallaba a sal-vo con “tan dignos mandatarios”.6

Por tercera ocasión, el norte del estado era la única región que se pronunciaba contra el nuevo orden de cosas. Para mediados de 1914, la lucha contra Huerta se generali-zó en la Sierra y el semidesierto queretano, con la presencia de las fuerzas zapatistas, villistas y constitucionalistas prin-cipalmente. Los rebeldes zapatistas y villistas operaban en Peñamiller y en el distrito de Jalpan, donde “prevalecían las condiciones de explotación y dependencia campesina” ante la preeminencia de la hacienda como unidad de producción; en tanto los constitucionalistas dominaban el distrito de Ca-dereyta.7

Es hasta este momento, julio de 1914, cuando la ca-pital del estado entra a la dinámica de la guerra como lo venía haciendo la región serrana desde 1911, pero a diferen-cia de esta última en donde incluso dos queretanos, Julio del Castillo y Juan Ledesma, se habían erigido como jefes del zapatismo; la sede de los poderes del estado lo hará forzada por las circunstancias externas: cuando dos cuerpos del ejér-cito Constitucionalista, el del Noreste y Noroeste, al mando

5 Ulloa, Berta, “La lucha armada (1911-1920)”, en Historia general de México, México, El Colegio de México, 2000.6 amq, actas de Cabildo, exp. 73, 28 de agosto de 1913, f. 6.7 Flores y Salinas, pp. 97- 99, 100-106, 110-111 y 121-122.

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de Pablo González y Álvaro Obregón respectivamente, con-fluyan en este punto en su avance hacia el centro del país, llegando a la ciudad de Querétaro con el propósito de arre-batarle la capital de la República al gobierno de Francisco S. Carvajal, recién impuesto por Huerta.8

El hecho de que en la ciudad de Querétaro las condicio-nes económicas y sociales fueran distintas a las de la Sierra, seguramente determinó la concepción de la elite capitalina con respecto al conflicto armado. Este sector de la población denominado por Frías9 como “gente de orden”, atribuía la lucha entre las facciones revolucionarias a factores exclusi-vamente externos, al considerar que todo se debía:

[…] a los malditos gringos, pues desde entonces [inicios de la Revolución en 1910] sólo tratan de seguir este sistema a fin de que a la larga unos con otros nos consumamos y nos arruinemos”, y una vez que lo logren “pidamos su interven-ción, y adueñarse de México.10

8 Ulloa, “La lucha armada”, p. 787.9 Esta obra testimonial del periodo revolucionario en Querétaro intitula-da Valentín F. Frías y sus efemérides queretanas habrá que leerla tomando en cuenta que el autor pertenecía precisamente a esa elite local profun-damente católica y conservadora. Cfr. Ana Cecilia Figueroa Velázquez, “La vorágine del catorce. El año que cimbró a la ciudad de Querétaro”, en Estudios Históricos. Nuevas Lecturas, núm. IX, Querétaro, Archivo Municipal de Querétaro, enero-abril 2007, pp. 26-27. 10 Del Llano Ibáñez, Ramón (Compilador), Valentín F. Frías y sus Efemé-rides Queretanas de la Época Carrancista, México, Universidad Autóno-ma de Querétaro, 2005, t. I, p. 63.

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el TRAnsiTAR de los ejéRciTos

El verano de 1914 marcará el inicio del recurrente transitar de los ejércitos constitucionalista, convencionista y villista que tomarán en cinco ocasiones la capital del estado de Que-rétaro en el transcurso de un año; hasta septiembre de 1915, cuando los primeros logren retener definitivamente esta pla-za, al haber acabado, para entonces, con el poderío de la Di-visión del Norte en las batallas de Celaya.

La primera incursión militar del catorce tuvo lugar la madrugada del 28 de julio, se componía por cerca de 20 mil soldados —según Frías— quienes estaban al mando del ge-neral Francisco Murguía, del cuerpo del Noreste del ejército Constitucionalista. Para ese momento, Querétaro se encon-traba ya de por sí sumido en la inestabilidad política con un gobierno provisional, pues el gobernador huertista Joaquín F. Chicarro recientemente había dimitido ante la caída del ré-gimen golpista. Los constitucionalistas retuvieron la capital del estado hasta mediados de noviembre, pero emprendieron la partida al enterarse que las fuerzas convencionistas —za-patistas y villistas— a su paso por el centro de la República, tomarían esta plaza. Las fuerzas convencionistas avanzaron hacia la Ciudad de México al enterarse que Obregón había jurado lealtad a Carranza.11

Sin ningún sobresalto para la población queretana, la madrugada del 19 de noviembre los convencionistas llegaron a la ciudad, erigiéndose como comandante militar el coro-

11 Del Llano, Valentín F. Frías, t. I, p. 64-66; Genaro Licastro, Diario de Querétaro del 28 de julio de 1914 al 5 de agosto de 1915, publicado por Ponciano Herrera, s/l, s/e, 1994, pp. 9-10; AMQ, actas de Cabildo, exp. 73, 29 de julio de 1914, f. 138v.

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nel Luis Suzán. En el transcurso de los tres días siguientes, la capital del estado recibió, en medio de festejos,12 al gene-ral Felipe Ángeles y a cerca de 30 mil soldados que venían acaudillados por Francisco Villa. Aunque la estancia de este contingente militar duró sólo 15 días, Querétaro se mantuvo bajo el gobierno convencionista hasta principios de abril de 1915. Entonces volvieron a tomar la plaza los constituciona-listas comandados por José Siurob, nombrado gobernador por órdenes de Obregón, quien en dos meses sería reempla-zado en el Ejecutivo del estado por el también constitucio-nalista Federico Montes.

Entre julio y agosto de 1915 tuvo lugar la segunda incursión villista. Ésta fue la última vez que retuvieron la capital del estado, y sólo durante dos meses, bajo el gobier-no de Gustavo M. Bravo, pues en septiembre nuevamente la arrebató el contingente constitucionalista, poniendo fin al ir y venir de facciones revolucionarias.13

los hoRRoRes de lA gueRRA

Con ese vaivén de ejércitos en la ciudad de Querétaro, que entonces contaba con 48 mil habitantes aproximadamente,14 los horrores de la guerra no se hicieron esperar, registrándose un incremento del 200 por ciento en las defunciones entre 1914 y 1916.15 Más de dos centenares de estas muertes son

12 Figueroa, “La vorágine”, p. 36. 13 Los gobernantes de Querétaro. México, Fortson Editores, 1983.14 Cifra aproximada a partir del censo de población de 1910 que registró 47,849 habitantes en el municipio de Querétaro.15 En 1914 hubo 1 586 defunciones y en 1916 éstas ascendieron a 4,726. amq, Registro Civil, actas de defunción, 1914-1916.

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atribuibles a los acontecimientos revolucionarios, por haber sido causadas por armas de fuego. Seguramente por el tras-lado de heridos a esta ciudad durante las batallas de Celaya, el año más violento fue 1915 con 138 defunciones ocasio-nadas por ese motivo, mientras el año anterior sólo habían ocurrido 22 muertes por armas de fuego. Entre los decesos de 1915 se encuentran los de dos escoltas, uno del goberna-dor Federico Montes y el otro del general constitucionalista Alejo González. Los contingentes revolucionarios que aquí operaron se componían mayoritariamente por soldados de esta misma región conformada por Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo y México. Una quinta parte provenía del norte del país, y la minoría —aproximadamente el 15 por ciento— estaba compuesta por los que venían del sur, Oaxaca y Guerrero principalmente, así como de Jalisco.16

De los soldados del ejército Constitucionalista caídos en batalla, las actas de defunción de la capital del estado consignaron su pertenencia: al Décimo Batallón de la Di-visión Supremos Poderes; a la Tercera Brigada de la Divi-sión del Noreste al mando de Pablo González que llegó a Querétaro en julio de 1914; a la Brigada Sánchez Herrera, al mando del teniente Coronel Francisco Sánchez Herrera; a la Brigada Triana al mando del General Martín Triana; a la Brigada Ocampo y a la Escobedo. Además de otras cuya filiación militar no se identificó, como la Brigada Silva de Querétaro, que en 1914 tuvo tres bajas consecutivas en la

16 Cálculo determinado a partir de las actas de defunción de los soldados que perecieron en esta ciudad entre julio de 1914 y febrero de 1917, y cuyos generales pudieron asentarse (72), pues no en todos los casos fue posible hacerlo por obvias razones, quedando la mayoría de éstos en ca-lidad de desconocidos.

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Garita a Celaya; la S. Prieto y la General Gómez. Aunque en 1914 el primer jefe del ejército Constitucionalista, Venustia-no Carranza, había prohibido el reclutamiento de soldados menores de 18 años, en los siguientes tres años se registraron en Querétaro tres decesos de militares que prácticamente eran adolescentes: el primero de ellos pertenecía justamen-te al Décimo Regimiento de Supremos Poderes del ejército Constitucionalista y tenía 15 años de edad; del segundo y tercero se desconoce su procedencia militar pero lo cierto es que contaban con 14 —según se calculó— y 16 años de edad.17

Con respecto a los cuerpos militares que combatieron en las batallas de Celaya, y que tuvieron lugar en las cerca-nías de esta ciudad, en las actas de defunción se consignaron los decesos de los soldados pertenecientes a la Segunda Bri-gada de la Peña, al mando del general de la caballería villista Joaquín de la Peña, que se replegó hacia Querétaro en marzo de 1915. De parte de los Constitucionalistas se encontraban: la Brigada del General Alejo González y los batallones Se-gundo y Noveno de Sonora de la División del Noreste; así como la Primera División de Oriente, el Regimiento Hidalgo (obregonista) y la Brigada Elizondo de León, al mando del general Alfredo Elizondo procedente de Michoacán y que se incorporó a las tropas del general Obregón en la estación de Cazadero en marzo de 1915. Del Segundo Batallón de Sono-ra acantonado en esta ciudad durante las batallas de Celaya, da cuenta el acta de defunción levantada el 14 de abril de 1915, con base en el parte remitido por el jefe del Batallón, Coronel Lino Morales, que a la letra dice:

17 amq, Registro Civil, actas de defunción, 1916-1917; La Sombra de Arteaga, 29 octubre 1914, núm. 44, p. 310.

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Ejército Constitucionalista, Cuerpo del Noreste, 2º Bata-llón de Sonora. Tengo la honra de manifestar a usted los datos relativos a la Sra. y la niña de este Batallón que falle-cieron ayer y fueron enterrados [sic] hoy por la mañana en el Panteón No. 2 de esta ciudad [se refiere al panteón de El Es-píritu Santo ubicado en Ocampo esquina Zaragoza]: Dolores Yoquihua, 40 años, murió de pulmonía, oriunda de Sonora, viuda. Luisa Sabana, un año, murió a consecuencia de un golpe en la cabeza: sus padres Luciano Sabana y Juana Sevi-ra, ambos de Sonora. La niña nació en Mérida Yucatán.18

En la mayor parte de los decesos por heridas de arma de fuego no se consignó la procedencia militar de los muer-tos, por resultar imposible su identificación en el contex-to de la guerra. Sin embargo, existen claras evidencias de que estos individuos formaban parte de la lucha revolu-cionaria. Entre éstas se encuentra la inconfundible huella dejada por los villistas en el enemigo: una oreja cortada, presente en tres de los cadáveres en 1914. Valentín Frías da constancia de ello al referir que en 1917 por las calles de la ciudad deambulaban algunos soldados carrancistas “desorejados” por las tropas villistas. Con los muertos del villismo sucedía lo mismo, así lo muestran los casos de dos de los hijos de Valentín Frías, quienes por las referencias que él mismo da, sabemos estaban enlistados en las fuer-zas de la División del Norte y murieron en batalla en 1916, sin que en las actas de defunción se consignara su filiación militar.19

18 amq, Registro Civil, actas de defunción, 1915, libro II, acta 409.19 amq, Registro Civil, actas de defunción 1914-1917, 1916, libro III, ac-tas 2980-2981. Del Llano, t. II, pp. 28-29.

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En los casos de los caídos por arma de fuego en cuyas actas de defunción no se asentó su participación en la lucha armada, un centenar era del centro y sólo cuatro provenían del norte del país. En relación a la actividad económica a la que se dedicaban, resulta significativo que el 70 por ciento estuviera compuesto por jornaleros, y el resto por arrieros, curtidores, comerciantes, albañiles, ladrilleros, zapateros, carboneros, panaderos, cargadores, obreros, sirvientes do-mésticos, parteros y carroceros, es decir, todos pertenecían a la clase menos favorecida. De los queretanos jornaleros, con frecuencia se consigna que venían de comunidades indígenas históricamente despojadas de sus tierras como Carrillo, San-ta María Magdalena y San Pablo.

Pero más allá del número de víctimas que cobró la guerra, para dimensionar sus estragos valdría la pena referir el incidente registrado la mañana del 18 de enero de 1916, cuando en el Hospital Civil se recibieron tres despojos hu-manos imposibles de identificar al ser, según se asentó en las actas de defunción, “una masa uniforme de ropa, huesos y carne”. Lo único que se pudo inferir es que uno era fogonero por su vestimenta y los otros dos militares por su traje e in-signias. Los tres perecieron en accidente ferroviario.20

el fAnTAsmA de lA gueRRA: lA pesTe

El otro estrago intrínseco a los tiempos de guerra hizo su aparición en octubre de 1915: la peste. Las epidemias de vi-ruela y tifo (este último también en su variante mexicana de tabardillo) se presentaron por “el ambiente viciado” que

20 amq, Registro Civil, actas de defunción, 1916, libro I, actas 167, 168 y 169, fs. 42v-43.

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se respiraba en la ciudad: con los muertos insepultos de las afueras de la ciudad, caídos meses antes en las batallas de Celaya, y por la práctica común de los ejércitos de “colgar hombres, dejándolos hasta que se pudran”. Esto llevó al Consejo Superior de Salubridad a exhortar a los ciudadanos para que reportaran “a la Autoridad más próxima, los cadá-veres de que tengan conocimiento, para que aquélla ordene la inhumación o cremación inmediata”.21

Las fuerzas constitucionalistas, que ascendían a mil hombres y estaban acantonadas en algunos conventos de la ciudad, cumplían un mes de haber tomado por tercera y últi-ma ocasión esta plaza cuando, de pronto, los cuarteles de La Cruz y San Felipe Neri se encontraron infestados de tifo.22 Esta epidemia y la viruela cobrarían la vida de 770 habi-tantes de la ciudad en un lapso de dos años tres meses, pues todavía en 1917 continuaban los decesos, aunque ya no con la gravedad del año anterior; el peor de todos, cuando la in-cidencia de contagios llegó a ser de 93 en sólo diez días como sucedió a mediados de febrero, al reportarse 76 nuevos casos de tifo y 17 de viruela. Por esos días, el tifo se ensañó con la población civil al registrarse el 60 por ciento de los contagios en este sector y el restante 40 por ciento en los cuarteles. En el caso de la viruela sucedió a la inversa. Al concluir 1916 habían muerto 450 personas: 300 de tifo y 150 de viruela, cifras alarmantes si se les compara con las de dos años atrás,

21 amq, Registro Civil, actas de defunción 1914-1917; La Sombra de Artea-ga, 20 de noviembre de 1915, núm. 32, p. 193; 11 de marzo de 1916, núm. 11; Del Llano, t. I, pp. 184-188 y 253.22 Del Llano, t. I, pp. 184,186, 188, 253, 283-285, 289-290 y 311; y t. II, pp. 27, 34.

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cuando sólo hubo 12 muertes por tifo y 17 por viruela.23 A unos días de la aparición del tabardillo, el Consejo Superior de Salubridad emitió las recomendaciones sanitarias perti-nentes para evitar su propagación. Al considerar que uno de los principales conductores de esta epidemia era el piojo blanco, se pedía a la población que se bañara, se cortara el pelo y se cambiara frecuentemente la ropa propia y la de cama. Una vez declarado el tifo, se indicaban las previsiones a los familiares del enfermo para evitar más contagios, em-pezando por el aislamiento y la desinfección de la habitación del contagiado y de los utensilios que utilizara. También se prohibió la visita a los panteones el día de muertos.24

Para la viruela la recomendación era la misma “sobre todo SANEAR, SANEAR Y SIEMPRE SANEAR”. Aun-que en este caso existía una esperanza que era la vacuna, se aclaró que no bastaba una sola aplicación, considerándose in-dispensable la revacunación.25 Para proporcionarla de manera gratuita, el gobierno federal, con sede en esta ciudad, instaló el Instituto Vacunógeno en la calle de Locutorios Núm. 12 (hoy Allende Norte) a comienzos de 1916. Pero las medidas, vacunar y sanear, no fueron suficientes porque en el trans-curso de ese año la viruela acabó con un centenar y medio de personas, y todavía en 1917 la epidemia alcanzó grados “alarmantes por todo Querétaro”, reconoció el gobierno mu-

23 amq, Registro Civil, actas de defunción 1914-1917; La Sombra de Arteaga, 11 de marzo de 1916, núm. 11.24 La Sombra de Arteaga, 20 de noviembre de 1915, núm. 32, p. 193; 11 de marzo de 1916, núm. 11; Del Llano, tomo I, pp. 283-285, 289-290, 311; tomo II, 27 y 34.25 La Sombra de Arteaga, 23 de octubre de 1915, núm. 28, pp. 174-175; 20 de noviembre de 1915, núm. 32, p. 194.

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nicipal.26 El tifo tampoco cesaba al cumplirse “cuatro años de no haber levantado su asiento de aquí, y en este tiempo se ha llevado mucha gente conocida de todas las edades y condiciones”, consignó Frías.27

unA ciudAd insAlubRe

Al aire viciado por la putrefacción de los cadáveres que se encontraban a flor de tierra, se sumaron la inestabilidad política y la crisis financiera que las incursiones militares ha-bían ocasionado. Estas condiciones propiciaron la interrup-ción de los servicios públicos indispensables para preservar la sanidad de la ciudad, conformándose así el caldo de culti-vo para la proliferación de las epidemias.

Uno de los principales problemas ocasionados en la capi-tal del estado en el periodo revolucionario fue el hacinamiento de la basura. Desde la primera incursión constitucionalista a mediados de 1914, la ciudad pasó una semana entera llena de basura. Lo mismo ocurrió en abril de 1915, cuando ante el in-minente arribo de los constitucionalistas, los convencionistas huyeron de la plaza “con los carros del servicio de limpia”, agravándose la situación por el despido obligado de los reco-lectores de basura ante la severa crisis financiera enfrentada por el Ayuntamiento de Querétaro durante el primer semestre de 1915. Ante este panorama la autoridad municipal dispuso la obligatoriedad de que vecinos y comerciantes barrieran el

26 La Sombra de Arteaga, 12 de febrero de 1916, núm. 7, p. 45; amq, actas de Cabildo, exp. 75, 2 diciembre 1915, f. 137; exp. 76, 24 de enero de 1917, f. 118.27 Del Llano, t. I, pp. 283-285, 289-290 y 311; t. II, pp. 27 y 34.

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frente de sus casas y establecimientos.28 Ante la carencia de un sistema de drenaje, comenzaron a abundar en la ciudad “lodazales muy antihigiénicos” debido a las deficientes cu-biertas de loza y cemento de las acequias de agua sucia, pro-piciando encharcamientos con “inmundicias”. Y aunque en 1915 el Ayuntamiento autorizó la construcción del drenaje, la obra quedó inconclusa, lo que ocasionó que varias colade-ras fueran consideradas como causantes de enfermedades, “principalmente de tifo”, todavía en 1917.29

El deficiente e insalubre sistema de abastecimiento de agua potable era otro de los rubros pendientes en materia sanitaria. El agua entubada sólo llegaba a las casas de los habitantes del primer cuadro de la ciudad, preservándose por ese motivo el uso de las antihigiénicas fuentes públicas en los barrios aledaños. Los que contaban con agua entuba-da sufrían escasez durante todas las noches al suspenderse el servicio por la falta de presión. Además, el agua que se surtía a unos y a otros provenía ya contaminada del acueducto, y por su grado de insalubridad, estaba considerada no apta para el consumo humano.30

28 amq, actas de Cabildo, exp. 75, 11 y 18 marzo, 18 de mayo de 1915, fs. 69, 69v., 73v. y 81v.; Del Llano, t. I, pp. 70 y 182.29 amq, actas de Cabildo, exp. 75, 29 de mayo, 19 de junio, 19 de agosto y 14 de octubre de 1915, fs. 87v, 90v-92v, 100v, 125v-128; exp. 76, 24 de febrero de 1917, f. 148.30 amq, actas de Cabildo, exp. 75, 22 de mayo de 1915, fs. 83v-86; exp. 72, 2 de mayo de 1912 y 1 de enero de 1913, fs. 55v., 56 y 111; exp. 73, 29 de diciembre de 1913 y 8 de enero de 1914, fs. 77, 77v. y 86v.; Ana Cecilia Figueroa Velázquez, “El sistema hidráulico en el siglo xx y su incidencia en la salud pública de la ciudad de Querétaro”, en Gaceta del Archivo Histórico Municipal, núm. VIII, Querétaro, Archivo Municipal de Querétaro, enero-abril del 2006, p. 12.

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cuRAR A los enfeRmos y enTeRRAR A los mueRTos

Ante la amenaza latente de que la ciudad quedara conver-tida en escenario de la lucha revolucionaria, el Gobierno comenzó —previo al arribo de las fuerzas constituciona-listas en 1914— por publicar en La Sombra de Arteaga las instruccio nes sobre cómo debía curarse a sí mismo el herido, a la brevedad posible y en el mismo campo de batalla; cura-ción individual indispensable para “disminuir en considera-bles proporciones la mortalidad de los heridos”, aseguraba el autor del artículo “la cirugía de la guerra”, quien había sido encargado de los hospitales de la Cruz Roja en la guerra de los Balcanes.31

Con la cooperación del comercio local y del Gobierno, se estableció un puesto de socorros de la Cruz Roja en la ca-lle del Espíritu Santo (3ra. Calle de Arteaga) con 52 camas “de pobre aspecto” para atender a los heridos. Para proveer al establecimiento del cuerpo de enfermería, los médicos re-sidentes en la ciudad otorgaron “instrucción médica a las señoras y señoritas” voluntarias de la Cruz Roja, que en Querétaro venía operando por lo menos desde 1912.32

Entonces la ciudad sólo contaba con dos estableci-mientos hospitalarios, el de El Sagrado Corazón de Jesús y el Hospital Civil, por lo que el puesto de socorros recién instalado sin duda contribuyó a la atención de “los heridos graves”; pero sólo por unos meses, pues durante su primera estancia en esta plaza, la tropa constitucionalista saqueó y

31 La Sombra de Arteaga, 16 de julio de 1914, núm. 29, pp. 234-235; 23 de julio de 1914, núm. 30, pp. 238-239.32 amq, actas de Cabildo, exp. 72, 5 de septiembre de 1912, fs. 89v. y 92v.; exp. 73, 23 de abril de 1914, fs. 115- 115v.

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destruyó las instalaciones de la Cruz Roja.33 La insuficien-cia en atención hospitalaria se presentó a partir de abril de 1915, cuando los 800 soldados constitucionalistas heridos en las batallas de Celaya fueron trasladados a esta ciudad. Ante la emergencia se improvisaron como hospitales de sangre los colegios eclesiásticos de El Liceo (Teresitas), El Pío Mariano (exconvento de San Francisco), también en el Hospicio, y hasta en la fábrica de medias se “metieron a los heridos”, según consignó Frías. Estos establecimientos fueron equipa-dos con las camas, colchones, cobijas y almohadas que los carrancistas saquearon de las casas particulares.34

A pesar de estos refuerzos, el Hospital Civil atendió el doble de pacientes respecto al año anterior, según se deduce de las 400 actas de defunción levantadas en ese hospital en 1915, que llegó a tener, en un solo día , 80 soldados infectados de tifo.35 La saturación de soldados heridos y de contagiados epidémicos en los hospitales tuvo consecuencias funestas para la población civil, al morir “muchos enfermos” por la falta de atención médica y de las medicinas que, al agotarse, no pudieron volverse a suministrar por la interrupción del ferrocarril, por lo que ese año se registraron 850 defunciones más respecto al año anterior.36

Una vez superada la contingencia de los cientos de he-ridos de 1915, los establecimientos improvisados se cerraron, contándose al siguiente año con los mismos hospitales del

33 La Sombra de Arteaga, 16 de julio de 1914, núm. 29, p. 235; Del Llano, t. I, pp. 146-147; amq, actas de Cabildo, exp. 73, 23 de abril de 1914, fs. 115 y 115v.34 Del Llano, t. I, pp. 61, 67, 184-188 y 253.35 Ibid., p. 290.36 Ibid., pp. 184-188 y 253.

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principio, el del Sagrado Corazón de Jesús y el Civil. Este último convertido en los primeros meses de 1916 en el Hos-pital Militar de Querétaro por disposición de la Secretaría de Guerra, con el propósito “de contar con un establecimiento sujeto al régimen militar para la atención médica y quirúr-gica de los heridos y enfermos del Ejército Constituciona-lista”. Este hospital estuvo a cargo de un cuerpo médico y administrativo militar y tenía capacidad para atender a 200 pacientes.

Aunque, en los hechos, el Hospital Civil continuó ope-rando, pero ya no con la intensidad de antaño porque en el Hospital Militar también se atendía a los civiles, registrán-dose en este último 368 decesos en 1916, mientras el primero sólo reportó 63, prácticamente los mismos del Sagrado Co-razón de Jesús.37

Sin embargo, la instauración del Hospital Militar no implicó que las condiciones de higiene mejoraran para los pacientes, al menos así lo muestra el acta de defunción de Rosalía Delgado Zuñiga, quien falleció en diciembre de 1916 en ese lugar por “podredumbre de hospital en la pierna izquierda”.38

Para depositar los restos de quienes, como Rosalía Del-gado, no sobrevivieron a la guerra, la ciudad contaba con el panteón de La Cruz que estaba a espaldas del convento del mismo nombre, el de El Espíritu Santo ubicado entre las actuales calles de Ocampo y Zaragoza, y el de San Sebastián localizado al otro lado del río Querétaro (actualmente esqui-na Primavera con Estío). De éstos, solamente los dos últimos

37 amq, Registro Civil, actas de defunción, 1916; La Sombra de Arteaga, 19 de febrero de 1916, núm. 8, p. 50.38 amq, Registro Civil, actas de defunción, 1916, libro III, acta 4526.

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tenían espacio suficiente para albergar a los más de 16 mil cadáveres que resultaron entre 1914 y 1916.

Para fortuna de la salud pública de los queretanos, un par de años antes de que aquí iniciara la lucha revoluciona-ria, el Ayuntamiento había destinado más de mil pesos para la reparación del panteón de El Espíritu Santo. Y aunque el de San Sebastián no se encontraba en las mejores condicio-nes desde que en 1912 la creciente del río derribó los muros oriente y sur del panteón, inundándolo y deteriorando los sepulcros, no obstante, nuevamente fue habilitado.39

unA economíA golpeAdA poR lA gueRRA

Las repercusiones más severas de la lucha armada en la economía nacional se dejaron sentir en el comercio interior, afectado por la destrucción del transporte y de las vías de comunicación, que dejaron aisladas extensas zonas del país. Al reclutar los ejércitos a amplios sectores de la población económicamente activa, la guerra civil provocó la disminu-ción de la producción agrícola, industrial y minera; propi-ciando el cierre de fábricas y comercios, lo que dio lugar “al desempleo, la escasez, la especulación, el mercado negro y la fuga de capitales”. Para 1914 la inflación, clara evidencia de la crisis financiera del país, era de tal magnitud que a los 291 millones de pesos circulantes en moneda fiduciaria sólo los respaldaban 90 millones en metálico. El desplome del peso frente al dólar lo llevó a cotizarse a la mitad del valor que había tenido en los últimos días del gobierno de Madero.40

39 amq, actas de Cabildo, exp. 72, 7 de marzo, 8 y 11 de julio 1912, fs. 38v., 75 y 78.40 Ulloa, pp. 783-784.

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Aun cuando la economía de la capital del estado de Querétaro previo al arribo de las fuerzas militares ya se en-contraba en picada por la debacle financiera nacional, los acontecimientos revolucionarios locales a partir de 1914 in-dudablemente vinieron a recrudecer esta crisis. El primer tropiezo en la economía local se suscitó con la llegada del regimiento del ejército Federal, que venía a defender la plaza ante el acecho de los Constitucionalistas, al pretender pa-garle al comercio con “vales expedidos por el Jefe de armas del estado de Coahuila”41, y aunque en principio el comercio cerró sus puertas y se negó a aceptarlos, ante el temor de que la tropa “saqueara la ciudad”, la autoridad municipal le solicitó que “sacrificara parte de sus intereses” reabriendo los establecimientos.42 Aún así los soldados del regimiento de Almazán, “borrachos y armados”, saquearon los comercios ante la indignación de Frías, quien consignó:

Síguense viendo por las calles, multitud de soldados hara-pientos, muertos de hambre, carabina a la espalda, borra-chos insolentes igual que las viejas, pues no hay uno que no traiga la suya.

Luego siguieron con las haciendas aledañas a la ciu-

41 Práctica común por parte de las jefaturas militares durante el perio-do revolucionario, pues ante la falta de moneda acuñada, cada facción emitía sus propios billetes, vales y cartones denominados “moneda de necesidad”, acuñándose diversas piezas metálicas en distintos puntos del país a partir de 1913. (Banco de México. http://www.banxico.org.mx).42 amq, actas de Cabildo, exp. 73, 24 de julio de 1914, fs. 137-137v.; exp. 75, 3 de febrero de 1915, f. 56.

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dad, “arrasando con caballos, coches, animales y semillas”.43 Pero los estragos en las haciendas jamás serían de las pro-porciones que tuvieron con la presencia constitucionalista a partir del 29 de julio de 1914. Entonces esta facción revo-lucionaria tomó las medidas necesarias para allegarse de re-cursos, interviniendo las haciendas y administrando para sí todo lo que producían: el trigo lo trabajaban en los molinos para venderlo en expendios de harina; el ganado de engorda lo colocaban para el abasto de carne en la ciudad, y con los toros de lidia, de las mismas haciendas, regenteaban la Plaza de Toros ofreciendo corridas cada semana.44

No tardaron en llegar los préstamos forzosos que iban de 50 a 200 pesos “a todos los que creían con dinero”, en-tre quienes se encontraban Gregorio Olvera, Manuel Urqui-za, Fer nando Rubio, y el dueño de la hacienda de Carretas, Manuel Samaniego.45 La ciudad pronto se vio imposibili-tada pa ra abastecer a la tropa, calculada por Frías en 20 mil carrancis tas, por lo que cuando estaba por cumplir una semana de estancia, las tiendas ya no tuvieron nada para vender y subieron los precios por la carestía a más del doble, y la leche “que ayer valía nueve centavos el litro, hoy está a veinte”, se quejaba Frías. Ante esta situación las autorida-des municipales pusieron al comercio, como tope, una utili-dad no mayor al 20 por ciento en la venta de los productos de primera necesidad.

Las pulquerías ubicadas en las esquinas de Prado y Manzanares (Ezequiel Montes y Zaragoza), Mariposa y Poca

43 Del Llano, t. I, pp. 62-64.44 Del Llano, t. I, p. 100.45 Ibid., pp. 68-70, 77, 84 y 100.

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Fortuna (Guerrero y Zaragoza), y Esmerada y Zumbido (Zaragoza y Río de la Loza) fueron de las pocas beneficiadas con la estancia de la tropa constitucionalista, que andaba a todas horas en estado de ebriedad escandalizando en la ca-lle, por lo que el jefe de armas Francisco Murguía dispuso se recogiera el alcohol de los comercios.46

A la complicada situación económica de la población por el incremento de los precios, derivado de la escasez de los productos de primera necesidad, se agregó la imposición del gobierno constitucionalista de otros préstamos forzosos y contribuciones extraordinarias. En un lapso de tres meses los queretanos tuvieron que pagar un impuesto del 10 por ciento sobre todo capital, dar un préstamo forzoso de 150 pesos por persona y, aprovechando la celebración del día de muertos en 1914, hasta una contribución por adornar los se-pulcros que, de acuerdo con la categoría de éstos, iba de 50 centavos a 1.50 pesos.47

A esas alturas del año, los precios de productos alimen-ticios como piloncillo, azúcar, arroz y sal se habían dispa-rado en un 20 por ciento, mientras la ropa valía el “triple o cuádruple de su valor normal”, y aun para aquéllos que te-nían con qué pagar, no había moneda que valiera. Ante esta problemática del papel moneda, al iniciar 1915 el Ayunta-miento de Querétaro dispuso “la circulación forzosa de todo género de billetes de emisión legal, aún los deteriorados”, aplicando “los castigos que fuesen necesarios para lograr su

46 Del Llano, t. I, pp. 68-69, 89 y 99. amq, actas de Cabildo, exp. 72, 9 de enero de 1913, fs. 115 y 115v.; La Sombra de Arteaga, 10 de agosto de 1914, núm. 34, p. 260.47 Del Llano, t. I, pp. 70, 100, 118 y 120.

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aceptación”.48 Querétaro inició 1915 con diferente gobierno pero bajo las mismas onerosas condiciones para la población, caracterizadas por el alza de precios, los préstamos forzosos y las contribuciones extraordinarias, que en esta ocasión servi-rían al contingente convencionista. Entre éstas se encontraba el pago por adelantado del 50 por ciento de las contribuciones generales y municipales, que se utilizaría supuestamente en los servicios públicos. Por esos mismos días, Villa impuso un préstamo forzoso de mil 200 pesos del erario estatal, más los 400 que los gutierristas49 ya habían tomado de los recursos municipales. Estos últimos volvieron a solicitar un préstamo de 25 mil pesos, pero al serles negado, saquearon las tiendas “chicas e indefensas” de la ciudad, pretendiendo incendiar aquéllas que no accedían a los préstamos.50

La interrupción del ferrocarril por el estado de guerra y la consecuente escasez de mercancías remontó a la pobla-ción a “tiempos preporfirianos” al traerse los productos en burros y “carros” 51; las velas eran de sebo y el jabón volvió a ser de manteca. Por falta de carbón, que no se podía con-seguir ni en México, la ciudad se quedó temporalmente sin alumbrado de arco. Por segundo año consecutivo, el verano trajo malos presagios para los queretanos, pues de pronto tuvieron ante ellos a Obregón con sus tropas, suscitándose consecuentemente el saqueo de comercios y mercados y el

48 Ibid., pp. 124, 155 y 162; La Sombra de Arteaga, 18 de marzo de 1915, núm. 9, p. 48; amq, actas de Cabildo, exp. 75, 3 de febrero de 1915, f. 56.49 Así nombrados en alusión al presidente de la República Eulalio Gutié-rrez, designado por los convencionistas.50 La Sombra de Arteaga, 18 de febrero de 1915, núm. 5, p. 22; Del Llano, t. I, pp. 163-164.51 Vehículos jalados por animales de tiro.

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robo de alimentos a los transeúntes: “hoy en la mañana, des-de temprano, estuvieron bolseando a cuanto encontraban y llevándose las mercancías del que las llevara. Quitaban le-che, pan, tortilla y cuanto encontraban; pues andan como perros hambrientos y rabiosos en acecho de presa”, despo-tricaba Frías.

Los constitucionalistas confiscaron más de una veinte-na de casas particulares para hospedar en ellas a los jefes ca-rrancistas. Entre los afectados estaban los exgobernadores Carlos M. Loyola y Gustavo M. Bravo, maderista y villista respectivamente, y los presbíteros Rosendo Rivera y Alberto Gorráez; además de las instalaciones del Salón de Cabildos y la escuela de la Sagrada Familia.52

Las tropas obregonistas no tenían ni 30 días de es-tarse “abasteciendo” con los recursos de la ciudad, cuan-do los villistas nuevamente se apoderaron de la plaza para retenerla sólo por un mes, hasta agosto de 1915. Tiempo aprovechado por el general villista Canuto Reyes para ha-cerse de un préstamo de 100 mil pesos. Éste le fue otorgado por el Ayuntamiento con los recursos que, durante la ad-ministración de Federico Montes, la Cámara de Comercio había depositado ante esta instancia para garantizar la “circulación de cartones” impuesta por los constituciona-listas. Acciones como éstas resultaron contraproducentes cuando nuevamente la ciudad fue ocupada por las fuerzas carrancistas, pues multaron a todos aquellos “que contri-buyeron con buena o mala voluntad a sostener a las fuerzas villistas”.53

52 Del Llano, tomo I, pp. 165, 170, 190-191, 234-235.53 amq, actas de Cabildo, exp. 75, 1 de julio y 14 de octubre de 1915, fs. 95v.-97v. y 128v.

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Ésta no fue la única secuela dejada por la segunda es-tancia villista, quizá la peor fue la de haber obligado a la población y al comercio a recibir los billetes emitidos por esa facción llamados “dos caras”, imponiendo multas de hasta 500 pesos o el arresto de dos meses para quienes se rehusa-ran a aceptarlos. Esto ocasionó el acaparamiento y oculta-miento de los productos, y orilló a la autoridad a imponer multas de “hasta mil pesos” a los comerciantes que subieran “inmoderadamente los precios de los artículos de primera necesidad”.54

Al llegar nuevamente los constitucionalistas, los que-retanos pagaron dos veces las mismas contribuciones porque éstos nulificaron las declaradas por la población durante el gobierno villista, con el agravante de que en esta segunda ocasión “se están pagando a más del doble, así como los de-más impuestos sobre cuanto hay”.55

Durante la estancia de los obregonistas hacia sep-tiembre de 1915, la población queretana trascendió del um-bral del medio estar al de la sobrevivencia, así lo consignó Frías:

El hambre ya comienza a invadirnos […] Todo el mundo se ocupa al levantarse de ver qué consigue para comer y conseguido, va a buscar dinero para hacer lo mismo el día siguiente […] La gente ya siente las oleadas de la miseria y el hambre.56

54 La Sombra de Arteaga, 3 de julio de 1915, núm. 15, p. 81; 24 de julio de 1915, núm. 16, p. 88.55 Del Llano, t. I, p. 247.56 Ibid., pp. 238-240.

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Dos de estas oleadas llegaron de la capital del país, en donde diariamente morían entre 20 y 30 personas por no te-ner qué comer, según las noticias recibidas por los quereta-nos. Este hecho se constató al encontrarse de pronto en esta ciudad “a muchas familias que vienen huyendo del hambre”, llegando “en un estado lamentable de miseria”, andaban “de puerta en puerta implorando la caridad” y por las noches se quedaban en los portales al no tener dónde dormir. La segunda oleada llegó con el tren de pasajeros con destino a Aguascalientes, “en donde venía mucha gente pobre en bus-ca de alimentos”.

Estas condiciones generalizadas de miseria desataron “un bandidaje horroroso en todas las haciendas y caminos del contorno” de la ciudad, cobrando la vida de más de algu-no. Así sucedió al medio día del 23 de enero de 1916, cuando en un asalto a la hacienda de Carretas, Ricardo Sierra, un trabajador, fue asesinado a balazos y a puñaladas. De acuer-do con la versión de la familia, el asalto fue perpetrado por las tropas carrancistas.57

La precaria situación de los queretanos empeoró al convertirse esta ciudad en sede de los poderes federales en 1916, duplicándose todas las contribuciones estatales y mu-nicipales con el fin de amortizar el papel moneda emitido por el ejército Constitucionalista. La incompatibilidad de los “cartones” emitidos por el gobierno de Querétaro respecto a los billetes del Gobierno Provisional de México propició el canje de los primeros por los segundos. Esta coyuntura fue aprovechada por el comercio local para obtener “inmodera-

57 Ibid., pp. 246, 256-258 y 291. amq, Registro Civil, actas de defunción, 1916, libro I, acta 226 (y de acuerdo con la información proporcionada por la familia).

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das utilidades en toda clase de transacciones”, llevando al gobierno a declarar como artículos de primera necesidad:

[…] los víveres de cualquier naturaleza que sean, telas, calzado del país, y en general todo artículo de producción nacional que se utilice para vestuario, material para alum-brado y calefacción y medicinas.58

Y, para colmo de males, se presentó una apremiante escasez de maíz junto con el incremento de la tarifa en la molienda de uno a cinco centavos por cuartillo de maíz, a consecuencia de que la Compañía Hidroeléctrica había du-plicado el costo de la energía eléctrica.59

En estas condiciones concluyó 1916, el tercer año con-secutivo de inestabilidad económica en la capital de Queré-taro, manteniéndose el repudio de la población para con las fuerzas revolucionarias que, a su paso por esta ciudad, ha-bían recurrido a los abusos y saqueos.

Por sus políticas anticlericales, la animadversión se exacerbó con los constitucionalistas, a quienes llamaban “los de las uñas listas”. Todavía en 1917 se les atribuía toda clase de robos, como el de las campanas de San Felipe Neri, que se rumoraba fueron llevadas a la parroquia de Cuatro Ciénegas por órdenes de Carranza. Al gobernador Federico Montes le achacaban el robo de la balaustrada de fierro “que los padres de El Carmen no terminaron de poner en el cementerio de su iglesia por la Revolución”, colocándola Montes, “en una

58 La Sombra de Arteaga, 29 de abril de 1916, núm. 18, p. 111; 20 de mayo de 1916, núm. 21, p. 131; 24 de junio de 1916, núm. 26, pp. 165-166.59 amq, actas de Cabildo, exp. 75, 22 de abril de 1916, f. 172; 13 de mayo de 1916, fs. 176-177; exp. 76, 15 de noviembre de 1916, f. 43.

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quinta que tenía en México”.60 Incluso era motivo de diver-sión el cuento de cómo habían hecho para encontrar el brazo que Obregón perdió en León durante las llamadas batallas de Celaya:

Carranza dispuso que se le buscara el brazo en el campo de batalla, para darle cristiana sepultura, y después de buscar-lo entre tantos despojos mortales como ahí había, sin poder encontrarlo, alguien le dio al clavo, de modo siguiente: trajo un asta y en la punta le colgó un hilo, llevando por la punta un fajo de billetes de banco y anduvo recorriendo el lugar donde pasó el caso, llevando el asta tendida por el suelo como a 50 centímetros, pasándola por encima; y al pasar por un lugar vio que una mano hacia el esfuerzo por alcan-zar y coger el rojo de billetes; y dijo: ésta es la mano.61

lAicidAd en lAs políTicAs públicAs

La laicidad en las políticas públicas aplicadas en Querétaro por los gobiernos revolucionarios fue un sello característico, lo mismo de constitucionalistas que de villistas. En 1914, el gobierno constitucionalista inició este proceso en materia educativa al sustituir a los maestros de primeras letras de la localidad por los profesores carrancistas traídos de Veracruz, quienes vinieron a poner en entredicho las creencias religio-sas de los queretanos “atreviéndose” a decir a los niños que el infierno no existía. Con estos antecedentes los educadores carrancistas no siempre fueron bien recibidos, como sucedió

60 Del Llano, t. I, p. 104; t. II, pp. 30-33.61 Ibid., t. II, p. 35.

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en Tolimán donde los habitantes echaron violentamente al profesor recién llegado.

Para Frías, los profesores queretanos que se habían comprometido con el gobierno carrancista a impartir una educación laica, estaban renunciando a sus deberes cristia-nos al “someterse al masónico régimen, flanqueando y ado-rando a la serpiente de metal”.62

Las represalias de la población contra las políticas “anticristianas” del carrancismo se generalizaron durante su segunda estancia en el gobierno queretano en mayo de 1915. Entonces en Amealco, Tequisquiapan, Colón y Cadereyta se levantaron contra las autoridades impuestas por esta facción revolucionaria; y el alcalde designado para este último mu-nicipio apenas pudo llegar a Tequisquiapan al enterarse que en Cadereyta lo esperaban pero para hacerle la guerra.63

Contra las previsiones de los queretanos, que aguar-daban con gusto el arribo de las fuerzas convencionistas a la plaza en noviembre de 1915, el gobierno impuesto por Vi-lla en el estado no garantizó el estatus quo ante, de los habi-tantes, imponiendo una educación “estrictamente laica” en los establecimientos de gobierno y en las escuelas privadas. Por tanto, quedó prohibido “propagar o favorecer cualquier credo político-religioso”. La renuencia de la población para ceñirse al nuevo orden de cosas llevó al gobierno a reiterar la prohibición de no permitir la enseñanza de “ninguna de las religiones conocidas o por conocer”.64 En los hechos, las políticas liberales convencionistas en nada se diferenciaban

62 Ibid., t. I, pp. 201 y 210. 63 Ibid., pp. 195-196 y 201. 64 La Sombra de Arteaga, 14 de enero de 1915, núm. 2, p. 8; 25 de febrero de 1915, núm. 6, p. 26.

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de las constitucionalistas, según las noticias recibidas por los queretanos respecto a las disposiciones dadas al magisterio local por José Vasconcelos, el ministro de Instrucción Públi-ca designado por el presidente Eulalio Gutiérrez:

Las escuelas [públicas y privadas] tienen que ser laicas; pues hay que acabar con el clero que es el trastornador del orden […] El profesorado debe ser, todo, netamente liberal. Además les dijo que el templo de San Agustín se converti-ría en biblioteca o salón de conciertos; el Palacio Federal en Conservatorio; El Colegio de Teresitas en Colegio Civil. El santuario de El Pueblito en Escuela de Agricultura […] que el templo de San José debe de terminar en salón para la Biblioteca Pública.65

Las autoridades locales de filiación convencionista también determinaron la obligatoriedad de la educación, quedando bajo la responsabilidad de los “padres, cabezas de familia y tutores” su cumplimiento.66 Para su materia-lización el gobernador Gustavo M. Bravo decretó que por cada 30 o más peones, cada hacendado debía “sostener una escuela primaria por su cuenta”. Esto llenó de júbi-lo al autor de las Efemérides Queretanas, rasgo delator de la filiación ideológica de Valentín Frías al señalar: “esto es favorable, porque así se enseñará allí lo que el hacendado quiera”.67

65 Del Llano, t. I, pp. 135 y 136. 66 La Sombra de Arteaga, 18 de marzo de 1915, núm. 9, p. 47.67 Del Llano, t. I, p. 172; La Sombra de Arteaga, 31 de diciembre de 1914, núm. 50, pp. 345-346.

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Al marcharse los convencionistas, el gobierno cons-titucionalista preservó la disposición de obligar a los “pro-pietarios de fincas rústicas” a sostener la “instrucción rudimentaria para niños y niñas”, estipulando además que la educación en el estado debía ser gratuita y popular.68

Al triunfo de la Revolución constitucionalista y para responder a las necesidades demandadas por el país después de seis años de guerra civil, el gobierno de Federico Montes suprimió los estudios superiores del Colegio Civil, estable-ciendo en su lugar la Escuela Preparatoria del Estado, así denominada al preservarse sólo los estudios de educación media superior. Y en lugar de impartir las carreras de abo-gado, escribano público, ingeniero topógrafo e hidrógrafo y farmacéutico ofrecidas por el Colegio Civil hasta 1915, el go-bierno de Montes estableció la “Escuela Industrial con Sec-ción Comercial”, argumentando la necesidad de dotar a los jóvenes “de recursos para la lucha por la vida con carreras de corta duración y de aplicación práctica”.69

lAs oTRAs políTicAs AnTicleRicAles

El afán constitucionalista por desmantelar los cimientos re-ligiosos sobre los que se sostenía la sociedad queretana es-tuvo presente en acciones tan evidentes y ofensivas para la creencias de los habitantes de esta ciudad como la prohibi-ción de las celebraciones religiosas, el saqueo a los templos, la toma de los conventos para convertirlos en cuarteles, la

68 La Sombra de Arteaga, 12 de junio de 1915, núm. 12, pp. 59 y 62; 1 de enero de 1916, núm. 1, p. 2.69 La Sombra de Arteaga, 1916, 1 de enero, núm. 1, p. 2; 8 de enero, núm. 2, p. 10; 22 enero, núm. 4, p. 25.

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quema de los confesionarios en la plaza principal en agosto de 1914, así como la persecución a los ministros católicos y la deportación de aquéllos que eran extranjeros en jaulas para transportar ganado a la Ciudad de México. Pero hubo otras acciones en esta misma dirección que convirtieron el anti-clericalismo en obra pública, como las emprendidas por el gobernador Montes en 1915, cuando con motivo de las ce-lebraciones patrias inauguró un remate de la fachada de la alameda y un puente de fierro llamado “Puente de la Revo-lución” levantado entre Guerrero y Cuauhtémoc para co-nectar el centro de la ciudad con la Estación del Ferrocarril Nacional al otro lado del río Querétaro. Estas obras fueron construidas con los materiales previamente donados por la población para la edificación de la Catedral.70

También, con motivo de los festejos septembrinos, se inauguró una biblioteca popular, adaptando el templo de San José de Gracia para recibir las colecciones confiscadas por el Gobierno a los colegios eclesiásticos del Pío Mariano, el Liceo Católico y el Seminario, así como las decomisadas al canónigo Jesús M. Barbosa y al obispado. La ceremonia de apertura estuvo envuelta en un halo de liberalismo desafian-te empezando por el nombre del establecimiento “Próspero C. Vega”, y porque uno de los discursos fue pronunciado por el pastor de la iglesia metodista en esta ciudad, Benjamín N. Velasco, a quien Frías se refiere como “el llamado obispo protestante de aquí”.71

Con este afán de convertir a los queretanos al laicismo, en 1915 los constitucionalistas modificaron el formato de

70 Del Llano, t. I, pp. 203, 211, 242 y 268-269; t. II, p. 8; amq, actas de Cabildo, exp. 75, 11 de septiembre de 1915, fs. 110 y 110v.71 Del Llano, t. I, pp. 203, 211, 242 y 268-269; t. II, p. 8.

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las tradicionales fiestas navideñas celebradas en esta ciudad desde, por lo menos, media centuria atrás. Entonces el carro de la posada, que recorría el primer cuadro de la ciudad los nueve días previos a la Navidad, fue sustituido por “un carro con orquesta carrancista”. Y los pasajes bíblicos de los tradi-cionales carros alegóricos de la Noche Buena, fueron cambia-dos por los alusivos a la industria, el comercio, la agricultura y las artes, cerrando el desfile con una estudiantina militar.72 Y para los llamados “enemigos declarados de la causa ca-rrancista” por oponerse a adoptar el caleidoscopio traído por la Revolución; el segundo gobierno constitucionalista impuesto por Obregón a mediados de 1915 tenía reservado el destierro. Ésta fue la suerte corrida por las familias de un notario, un mayor del ejército y un farmacéutico, así como de algunas profesoras queretanas que habiéndose negado a impartir la educación laica, renunciaron a su cargo.73

Quizá la peor de todas las aflicciones causadas a los queretanos haya sido la legislación promulgada en el estado por el gobernador Federico Montes en agosto de 1915: la Ley del Divorcio. Ésta había sido expedida cuatro meses antes en Veracruz por el primer jefe del ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la nación, Venustiano Carranza. Con esto, por primera vez en la historia jurídica de México quedaba disuelto el vínculo matrimonial con la posibilidad de realizar segundas nupcias. El día de su entra-da en vigor hubo repique general de campanas en la ciudad de Querétaro.74

72 Ibid., pp. 299 y 302.73 Ibid., pp. 235 y 237.74 La Sombra de Arteaga, 28 de agosto y 4 de septiembre de 1915, núm. 20 y 21. Ley del matrimonio civil, 23 julio 1859, Veracruz. Decreto que re-

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lA vengAnzA del imAginARio colecTivo

En las entrañas de estas acciones anticlericales de los cons-titucionalistas, paradójicamente se gestaba el gusano de la venganza del imaginario colectivo. Ansias justicieras de los queretanos en torno a las cuales se tejieron las historias más increíbles, pero que a final de cuentas surtieron el efecto de-seado: la catarsis de la rabia contenida por toda una socie-dad agraviada en su forma de ser, de sentir y de creer.

El destino de los carrancistas implicados en la quema de los confesionarios la mañana del 8 de agosto de 1914, a un costado del templo de San Francisco, fue uno de los rumores corridos “por el arroyo”. Se comentaba acerca de la:

[…] operación en la lengua a un carrancista en el hospital, porque la trae bastante salida y gruesa y se está ahogando […] es uno de los que blasfemaron el día de la quema de los confesionarios.

Vicente Escobedo, otro de los blasfemos, “murió aho-gado de vino” y uno más fusilado en México por los federa-les. Mientras un jefe carrancista que se atrevió a pasar mon-tado sobre las cenizas de los confesionarios fue tirado por el caballo, quedando “casi moribundo”. Éstas y otras historias corrieron de boca en boca como ciertas.75

Del rumor, “una multitud de gente del pueblo” pasó a la acción y el 27 de agosto de 1914 se agolpó frente al Palacio de Gobierno para exigir al gobernador Montes que abriera las

glamenta las Leyes de Reforma incorporadas a la Constitución, México, 1 de diciembre de 1874. Del Llano, t. I, p. 255.75 Del Llano, t. I, pp. 77, 81 y 96.

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iglesias, porque “los ánimos en general están muy enardeci-dos, y se teme, en un momento dado, un levantamiento aquí dentro”. Al siguiente día hubo una segunda manifestación “muchísimo más numerosa” y violenta porque la gente:

[…] gritaba que si no abrían las iglesias y se les daba li-bertad a los padres, matarían al recaudador de préstamos forzosos, José Siurob, al prefecto del Distrito del Centro y presidente municipal de Querétaro Alfonso Camacho y al gobernador.

La reacción del aparato de Estado no se hizo esperar y cinco manifestantes resultaron detenidos. Además, “la ma-yor parte de los sacerdotes en medio del aguacero torrencial que cayó esa noche, disfrazados de distintas maneras”, hu-yeron por miedo a las represalias.76

Ante esta afrenta, nuevamente la venganza imagina-ria salió a relucir contra el recaudador de préstamos forzosos José Siurob, de quien dijeron “sufrió un ataque de cólera con la manifestación de ayer y que está bastante malo de basca y de deposiciones y tiene 40 grados de calentura”. Unas horas después se aseguró que ya estaba “vomitando sangre”.77

“Un grupo de queretanos” vio la posibilidad de ma-terializar la ira contenida cuando los carrancistas huyeron ante la llegada de los villistas. Entonces, en la madrugada del 19 de noviembre de 1914, se lanzaron contra las autori-dades carrancistas encarnadas en Siurob y Alfonso Cama-cho, al acusarlos de haber ordenado los saqueos a las pro-

76 Ibid., pp. 90, 92; Figueroa, “La vorágine”, p. 34.77 Del Llano, t. I, pp. 90-91.

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piedades del clero y a las haciendas y de imponer préstamos a sacerdotes. La represalia consistió en quebrar “todas las vidrieras, puertas y macetas” de la casa de Siurob, sacaron sus muebles, coches, libros e instrumental médico y les pren-dieron fuego en medio de la calle. Luego repitieron la opera-ción en la casa y en la botica del recién depuesto prefecto y presidente municipal Camacho. Para completar la “hazaña” se dirigieron al “templo de los protestantes”, donde luego de destruir “todos los muebles, libros y útiles de la escuela”, le prendieron fuego al edificio. Genaro Licastro consignó:

[…] estos actos contra el templo metodista y el Instituto Benjamín N. Velasco se realizaron para vengarse de los atropellos que, junto con los carrancistas, los protestantes habían cometido en los templos católicos.78

En la segunda incursión constitucionalista a la ciudad en abril de 1915, el gobierno de esta facción desterró por se-gunda ocasión a los clérigos, repitiéndose además los saqueos en La Congregación y en la Parroquia de donde las soldade-ras se llevaron alfombras, velos, paramentos, ornamentos, pinturas, los sagrarios, muebles y las vestimentas sacerdo-tales. Además llamaron a misa en domingo, “burlándose del pueblo cristiano”. Ante estos hechos no tardó en activar-se el mecanismo de defensa más socorrido por los quereta-nos, el rumor, asegurando que: “el tren en el que salieron las soldaderas [que saquearon los dos templos] fue volado por los zapatistas”.79

78 Figueroa, “La vorágine del catorce…”, p. 35.79 Del Llano, t. I, pp. 188-190.

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Pero “los castigos divinos” no aplacaron la repulsa de los agraviados porque “los decretos que han fijado en las es-quinas, provenientes de Carranza, amanecieron algunos hoy llenos de mierda y con insolencias para aquel”. Aunque se-guramente este sentimiento de odio hacia el primer jefe del ejército Constitucionalista no lo compartían aquéllos bene-ficiados por esos días con las 10 mil fanegas de maíz reparti-das por los carrancistas “entre el pueblo”.80

lAs ReivindicAciones sociAles

El desprestigio hacia los constitucionalistas llevado al extremo a través del rumor, traspasó las fronteras de los agravios religiosos filtrándose en cada una de las acciones emprendidas por el gobierno para convertir en realidad los anhelos revolucionarios. Así, la instauración de un Comité de Salud Pública durante la primera administración consti-tucionalista en Querétaro, a la manera del establecido tres siglos atrás en la Comuna de París, despertó el rumor de que “en Teresitas se pondrá la guillotina luego que empiece a funcionar el Comité de Salud”. Lo mismo sucedió con el Conservatorio y la Casa de la Obrera inventándose que se sacarían los pianos y las máquinas de coser de las casas para formarlos.81

Finalmente la instauración de la tan temida Casa del Obrero Mundial en Querétaro con la apertura de la escuela nocturna para obreros en el claustro de San Felipe, se con-cretó hasta la segunda estancia carrancista en esta ciudad en

80 Ibid., p. 183.81 Ibid., pp. 82, 89 y 110.

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abril de 1915, a tres años de la fundación de este organismo sindicalista en el país. El escozor que la militancia trabaja-dora causaba en la élite queretana fue consignada por Frías al señalar: “los propagandistas socialistas de Casa del Obre-ro Mundial, no hay día que no echen prédica en todas partes, en el jardín, en el teatro, en la calle y en todas partes”.82

La materialización de una de las demandas más senti-das de los trabajadores, surgida precisamente de las filas de la Casa del Obrero Mundial durante el gobierno maderista, se llevaría a cabo en el estado de Querétaro en octubre de 1914, cuando el gobernador constitucionalista, Luis F. Pé-rez, redujo la jornada laboral a nueve horas diarias, que no debían ser consecutivas. El espíritu coercitivo de esta dispo-sición legal reservó para los patrones incumplidos multas de hasta quinientos pesos, y en caso de reincidencia se hacían acreedores al arresto hasta por un mes, además de cubrir la multa respectiva.83 Con el mismo ánimo de “favorecer los in-tereses de la clase proletaria”, el gobierno constitucionalista también dispuso la suspensión de las casas de empeño por considerar que sus préstamos hundían “más en la miseria” a los trabajadores “por la usura exagerada”.84

A favor de los trabajadores campesinos en las hacien-das, le correspondió legislar a las autoridades convencionis-tas en 1915, disponiendo una remuneración mínima por jor-nal de 50 centavos, además de haber eliminado el pago en especie con “efectos de las tiendas llamadas de raya” y de prohibir que se forzara a los trabajadores a comprar semi-

82 Ibid., pp. 193 y 199.83 amq, fondo Ayuntamiento, sección Legislación, 12 de de octubre de 1914; Ulloa, pp. 769, 775. 84 La Sombra de Arteaga, 1 de octubre de 1914, núm. 40, p. 291.

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llas en la hacienda. Y al siguiente año los constitucionalistas acantonados en esta plaza aumentaron 25 centavos al sala-rio de los jornaleros.85

La realización de la máxima proclama campesina, el reparto a los mexicanos despojados de la tierra por el régi-men porfirista, cuyo antecedente nacional se remontaba tres años atrás, al iniciarlo los zapatistas en Ixcamilpa Puebla en 1912; en Querétaro fue emprendido, precisamente, por el con-tingente convencionista de origen campesino hecho gobierno en noviembre de 1914, al convocar el comandante militar de esta plaza, Luis E. Suzán a los queretanos para que se orga-nizaran integrando la Comisión Distribuidora de Tierras con “ciudadanos incorruptibles, identificados con los ideales de la Revolución y justos en su proceder”; instancia encargada del reparto provisional de “tierras entre labradores que no las posean y las soliciten”, en tanto se expedía la legislación defi-nitiva.86 Esta legislación definitiva para el caso de Querétaro se implantó al triunfo de la Revolución constitucionalista, cuando esta ciudad fungía como sede de los poderes federales al sesionar aquí el Congreso Constituyente. Fue en junio de 1916 cuando la Comisión Local Agraria de Querétaro inte-grada por el gobernador constitucionalista Federico Montes, convocó “a los habitantes de los Pueblos y Congregaciones” a hacer sus solicitudes para la restitución de las tierras de que habían “sido despojados en épocas de abuso y de arbi-trariedad”, o bien se les dotara a los pueblos que siempre habían carecido de ellas. Con esto se daba cumplimiento en

85 Ibid., 31 de diciembre de 1914, núm. 50, pp. 345-346; 12 de junio de 1915, núm. 12, pp. 59 y 62.86 amq, fondo Ayuntamiento, sección Legislación, 29 de noviembre de 1914.

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el estado al decreto federal promulgado por Venustiano Ca-rranza el 6 de enero de 1915, declarando nulas:

[…] todas las concesiones, composiciones o ventas de tie-rras, aguas y montes hechas por la Secretaría de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad Federal, desde el día 1º de diciembre de 1876 hasta la fecha, con las cuales se ha-yan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de repartimiento o de cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades.87

Entonces formaba parte del pasado el “odioso mo-nopolio” de las tiendas de raya de las haciendas y estable-cimientos fabriles, en donde se obligaba a los jornaleros y obreros a adquirir los efectos necesarios “para subsistir” a precios exorbitantes, reduciendo “injustamente el salario de los proletarios”. Al haber prohibido el gobierno constitucio-nalista el funcionamiento de estos establecimientos en junio de 1915, decretó se pusieran en su lugar mercados abiertos al libre comercio, así como cementerios y edificios destinados a los servicios municipales.88

Con estas transformaciones llegaría Querétaro al fin del periodo revolucionario. Pero ya nada era igual, ni siquiera la nomenclatura de las calles de la ciudad sede del Congreso Constituyente, que pasó de los sustantivos alusivos a la vida cotidiana virreinal, a los nombres propios de los hombres surgidos en 1910, anunciando el inicio de la sacralización de la Revolución Mexicana.

87 Ibid., mayo de 1916 y 17 de junio de 1916.88 La Sombra de Arteaga, 19 de junio de 1915, núm. 13, pp. 67-68.

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RefeRenciAs

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HemerografíaLa Sombra de Arteaga, periódico oficial de Gobierno del Es-tado de Querétaro.

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Ulloa Berta, “La lucha armada (1911-1920)”, en Historia ge-neral de México, México, El Colegio de México, 2000.

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de la Caída de díaz al asesinato de madero: leCturas CuBanas

Margarita Espinosa Blas *

inTRoducción

En mayo de 1911 Porfirio Díaz renunció a la presidencia de México, terminando así una de las dictaduras más

controvertidas de la historia nacional. En su discurso enfati-zó el porqué de su renuncia:

[…] y lo hago con tanta más razón, cuando que para rete-nerlo sería necesario seguir derramando sangre mexicana, abatiendo el crédito de la Nación, derrochando sus rique-zas, segando sus fuentes y exponiendo su política a conflic-tos internacionales.1

A fines de mes, el viejo general zarpaba del puerto de Veracruz hacia Europa. El barco Ipiranga hizo escala en La Habana. Fue una estancia silenciosa. El ministro mexicano en funciones en la isla, José Francisco Godoy, lo recibió pero

1 Casasola, Gustavo, Historia gráfica de la Revolución Mexicana, t. I, México, Editorial Trillas, 1960, p. 311.

* Facultad de Filosofía, Universidad Autónoma de Querétaro.

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no hubo ningún acto protocolario. La Habana fue durante el Porfiriato uno de los espacios considerados estratégicos para la estabilidad política del régimen. La cercanía geográfica convertía a la isla en un lugar privilegiado para fraguar mo-vimientos sediciosos.

Cuba fue parte importante del programa de proyección internacional promocionado por el gobierno mexicano que intentó por muchos caminos la modificación de la imagen negativa de México, como un país revoltoso y anárquico, por otra, una positiva que resaltara la era de progreso y el papel de Porfirio Díaz como el hacedor del milagro. Durante déca-das el programa tuvo éxito gracias a la constante inyección de capital para financiar prensa y literatura loable a México. En el caso de Cuba, la maquinaria diplomática se apoyó en una activa colonia de mexicanos que difundían las bondades del gobierno porfiriano. Todo parecía caminar acorde con los objetivos esperados: en Cuba la imagen de México era bonan-cible y pocos resquicios había para los críticos del régimen. A partir de 1910, tras las fiestas del Centenario, la tormenta revolucionaria llegó a la isla y nada se pudo hacer para de-tenerla. La gran efigie porfirista se desplomó abruptamente para dar paso al grito maderista. Posteriormente, la muer-te violenta del caudillo hizo resurgir el carácter del México levantisco. Las páginas siguientes analizan este episodio a través de fuentes diplomáticas y hemerográficas mexicanas y cubanas asociadas a la labor de dos importantes persona-jes de la diplomacia: el mexicano José Francisco Godoy y el cubano Manuel Márquez Sterling.

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de lA cAídA de díAz Al AsesinATo de mAdeRo

godoy: el úlTimo diplomáTico poRfiRisTA

El último representante porfirista en Cuba fue el abogado y panegirista de dicho régimen José Francisco Godoy.2 Sus funciones fueron sumamente irregulares pues aunque fue nombrado para el cargo desde 1905, se instaló en la isla has-ta 1909, con el cese de la segunda intervención militar nor-teamericana y el inicio del gobierno liberal de José Miguel Gómez; ocupó el cargo hasta 1913.3 Las condiciones en que ejerce las funciones diplomáticas presentaban una compleji-dad derivada de muchas circunstancias. Por un lado, el esce-nario mexicano se convulsionaba. Tras el estallido revolucio-nario de 1910, el edificio porfirista comenzó a derrumbarse desde dentro; fue preludio del debilitamiento de la maqui-naria diplomática. El desconcierto priva y la Secretaría de Relaciones Exteriores es un gran barco sin timón. En 1910, tras la muerte de Ignacio Mariscal, la dependencia estuvo bajo la dirección del chihuahuense Enrique Creel, quien re-

2 José Francisco Godoy nació en Tampico en 1851. Se relacionó desde muy joven con la vida diplomática porque su padre José Antonio Godoy fue cónsul en San Francisco durante el gobierno juarista. Para los años noventa, con el título de abogado Godoy se colocó rápidamente en la escena diplomática, ocupó varios cargos administrativos y fungió como encargado de negocios en la embajada de Washington. De 1903 a 1905 fue ministro mexicano en Centroamérica, cargo que dejaría al ser nom-brado como ministro mexicano en Cuba a fines de 1905, donde estuvo hasta 1913. AHGE-SRE, José Francisco Godoy, expediente personal, exp. 10-21-1, cuatro partes, s/a; “José Francisco Godoy”; El País, Méxi-co, 18 de julio de 1905, s/a, “Godoy, diplomático”; El País, México, 1 de noviembre de 1905. 3 Thomas, Hugh, Cuba. La lucha por la libertad, Barcelona, Debate, 2004, pp. 346-375.

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nuncia en marzo de 1911. En este álgido periodo, José María Gamboa estuvo al frente para después dejarle el puesto a Francisco León de la Barra. En tal situación, era difícil to-mar decisiones acertadas. Además, el conflicto revoluciona-rio pronto superó las fronteras nacionales para repercutir en el escenario mundial.4

Como menciona Salvador Morales, Cuba fue en donde más se polemizó y se vivió el evento revolucionario y ni qué decir de su papel como escenario para los detractores y de-fensores del movimiento.5 La isla fue el paso obligado de los exiliados mexicanos. Todas las facciones y grupos políticos llegaron a territorio cubano a buscar vínculos y relaciones favorables a su causa. Durante la primera década del siglo xx llegaron a Cuba millar y medio de inmigrantes mexica-nos. Entre esos mexicanos destacaban los que llegaron por motivos políticos al calor de la Revolución como Salvador Díaz Mirón, Luis G. Urbina, Luis Rosado Vega, José Peón del Valle, Francisco Modesto de Olaguíbel; escritores como Federico Gamboa, Querido Moheno, Francisco Bulnes, José María Lozano, Nemesio García Naranjo, Antonio Mediz Bo-lio, Francisco Elguero, Antonio de la Peña y Reyes, Esteban Maqueo Castellanos, Jorge Uzeta, Juan Sánchez Azcona, Manuel M. Ponce, etcétera.

Alejo Carpentier explicaba que muchos de los hoteles habaneros estaban ocupados por mexicanos que platicaban

4 Sobre las repercusiones en América Latina véase: Pablo Yankelevich, La revolución mexicana en América Latina: intereses políticos e itinerarios intelectuales, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2003.5 Morales, Salvador, Relaciones interferidas, México y el Caribe 1813-1982, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2002, p. 213.

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de la experiencia revolucionaria.6 Después, con el golpe de Estado de Victoriano Huerta y la muerte de Madero hubo otra ola de inmigración hacia la isla, acrecentada en tiempos de Venustiano Carranza por sus políticas anticlericales. La tendencia general del exilio mexicano en Cuba fue hacer de la isla un lugar de tránsito hacia Estados Unidos principal-mente.7

El primer síntoma de la ruptura que sufren las rela-ciones establecidas entre México y Cuba se ve en la prensa habanera. Si bien durante años había existido una sobresa-liente armonía gracias a los nexos y pactos que hacían nues-tros representantes diplomáticos, para 1910 se nota un cam-bio drástico, consecuencia del estado de cosas que imperaba en México y que demuestra la pérdida de capacidad para contener las opiniones que contradecían el programa de ima-gen nacional impuesto desde el gobierno porfirista. Con esto no negamos la existencia de opiniones antagónicas durante todo el período correspondiente al régimen de Porfirio Díaz, sino que más bien consideramos que la diplomacia fue exito-sa en el ejercicio de mantener a raya las lecturas disidentes. La evidencia de ello fue el poco eco que hubo en la prensa insular de sucesos tan importantes como las declaraciones de Porfirio Díaz a Creelman y las huelgas de Cananea y Río Blanco. La actividad revolucionaria comenzó a conocerse hasta 1910.

6 Argüelles Espinosa, Miguel Ángel, Temas cubanomexicanos, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1989, pp. 92-93.7 Ramírez Rancaño, Mario, La reacción mexicana y su exilio durante la Revolución de 1910, México, Porrúa / Instituto de Investigaciones Histó-ricas–Universidad Nacional Autónoma de México, 2002, pp. 55-57.

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El conflicto estalla tras los hechos revolucionarios de noviembre, la opinión pública de la isla se desemboza y co-mienza a criticar al gobierno de Porfirio Díaz y a pregonar su irrestricto apoyo a la causa de Francisco I. Madero. La pren-sa es alentada por una febril oposición porfirista compuesta por exiliados o refugiados. Sobresale la figura de Heriberto Barrón quién protagoniza, en buena parte, la crisis diplo-mática de diciembre de 1910. Ésta desemboca posterior-mente en el retiro definitivo y voluntario del representante José Francisco Godoy. Las notas insertadas en la prensa eran producto de la información cablegráfica que llegaba a la isla o bien era información filtrada por los mexicanos antiporfi-ristas residentes en Cuba. Independientemente del sesgo de la información, las opiniones de la prensa cubana son ricas en interpretación y análisis de las causas revolucionarias. En noviembre, cuando se consideraba que las fuerzas militares del gobierno podían poner coto a la rebelión maderista, El Mundo, periódico habanero, adelantaba que aquello no era una simple rebelión:

Esta revolución podrá ser vencida, ‘ahogada en sangre’ como dicen los porfiristas, pero, en definitiva, la revolución triunfa-rá. Ya prendió la semilla. Ya se rompió ‘el encanto’ porfirista. Ya llegaron para México los nuevos tiempos […] Mientras Porfirio Díaz baja precipitadamente la cuesta de la vida, empieza a subirla ahora el pueblo mexicano, exuberante de fuerzas. ¡Qué contraste entre ese gran anciano, entre ese oc-togenario, cuyo espíritu está pronto a desencarnarse, y ese pueblo mexicano inteligente y rico, que tiene derecho a ser libre!8

8 E. del Rey, “En .-México”, El Mundo, La Habana, noviembre 30 1910.

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Desde una perspectiva organicista de tono espenceria-no el autor del artículo comparaba la muerte de la dictadura con la de un organismo vivo; la lucha maderista le parecía el anuncio de la agonía dictatorial. El futuro de las dicta-duras era la muerte; en los vientos nuevos no había espacio para ellas.9 La esencia de la crítica era extensiva y permitía cuestionar marginalmente las intenciones reeleccionistas del gobierno cubano de José Miguel Gómez.

En el mismo mes, El Fígaro, una publicación que en los años anteriores había sido fiel aliada de las estrategias de difusión de la diplomacia mexicana,10 entregaba también su visión de los hechos mexicanos. En primer lugar elogiaba los avances logrados en el país gracias a las medidas políticas y económicas del gobierno de Díaz, sin embargo, opinaba que la causa principal de la Revolución era el rechazo a la reelección. El error de Díaz había sido perpetuarse en el poder y negar los ideales democráticos. Si en un principio el argumento para estar en la silla presidencial había sido alcanzar el orden y la paz para el buen funcionamiento de la vida nacional, negarse al relevo fue la gran equivocación. En palabras del autor, to-davía había esperanzas de que la Revolución no avanzara:

Afortunadamente, el cable nos transmite la noticia de que el general Díaz piensa reforzar su gabinete llamando a su seno estadistas jóvenes empapados de ideas modernas y modi-

9 Idem.10 El Fígaro fue una revista de amplia circulación en La Habana, se ca-racterizó por ser adicta a la diplomacia mexicana. Su público fue la clase acomodada de la isla. En los anexos enviados a la Secretaría de Relacio-nes es común encontrarla como evidencia de los informes diplomáticos. Fue dirigida por Manuel S. Pichardo y circuló entre 1897 y 1928.

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ficar en consecuencia la línea de conducta de su gobierno. Una rectificación sabia y oportuna como esa podría con-jurar el conflicto salvando a México del caos. Si el general Díaz cumpliera tal propósito se haría acreedor al aplauso de la humanidad y a la gratitud de su patria y de América.11

Estas primeras posiciones de la prensa insular pu-sieron en alerta a la legación y consulado mexicanos. La primera tarea del ministro Godoy fue negociar directamen-te con las autoridades para que amordazaran a la prensa y dejara de ventilarse un discurso pro revolucionario. Tal práctica era común y había funcionado durante los años anteriores, sin embargo, las pretensiones del ministro fue-ron conocidas por la opinión pública y se armó un gran lío acusando al representante mexicano de intervenir en la po-lítica cubana. El conflicto llegó al grado de poner en riesgo las relaciones entre ambos países. Todo empezó porque la prensa habanera hizo eco de la petición que hiciera al go-bierno mexicano Heriberto Barrón, disidente porfirista, de regresar a México. Durante los primeros días de diciembre de 1910, el ministro informaba la actitud hostil de la prensa hacia el gobierno de México y daba por hecho la participa-ción de Barrón en esos sucesos.12 Además, el ministro seña-laba cómo el ambiente político de Cuba alentaba la crítica contra las prácticas del poder porfirista:

11 s/a, “La Revolución de México”, en El Fígaro, La Habana, 10 de no-viembre de 1910.12 La importancia de este cambio en la prensa insular se refleja en el em-peño de la Legación por enviar a México una relación detallada de todos los artículos publicados en esos primeros días de diciembre, los cuales, afortunadamente están resguardados en el ahge-sre.

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Además al atacar a México y a su Gobierno esta prensa, y sobre todo la del Partido Conservador, y la que apoya la candidatura del Vicepresidente Zayas, creen atacar el prin-cipio de reelección, y así indirectamente hostilizar al Sr. Presidente Gómez, quien, a pesar de sus declaraciones en La Discusión que ya he tenido la honra de poner en cono-cimiento de usted en nota ostensible, estiman estar deseo-so de permanecer en la silla presidencial por un periodo de cuatro años más.13

No se podía ocultar la actuación de Heriberto Barrón y su influencia en la prensa. Según los datos de los periódi-cos habaneros Heriberto Barrón era un periodista que salió de México por sus posturas antigubernamentales, particu-larmente por no apoyar la candidatura de Ramón Corral. Según el periodista norteamericano John Keneeth Turner, Heriberto Barrón fue un diputado que participó activa-mente en los clubes liberales que comenzaron a denunciar la dictadura de Díaz y que sufrieron persecución política por parte del régimen.14 Según datos de la prensa mexicana de la época, el periodista era un fiel colaborador de Bernardo Re-yes cuando éste ocupaba la Secretaría de Guerra; Heriberto Barrón y Rodolfo Reyes fundaron un periódico llamado La Protesta cuyo fin era desprestigiar a los científicos, en espe-cial a José Yves Limantour y enaltecer las capacidades polí-ticas de Bernardo Reyes al grado de proponerlo como posi-ble sucesor de Porfirio Díaz. A fines de diciembre de 1902, el

13 José Francisco Godoy a Relaciones Exteriores, La Habana, 3 de di-ciembre de 1910, ahge-sre, leg. 10-21-1 (IV), ff. 288-290.14 Turner, John Kenneth, México bárbaro, México, Editorial Época, 1998, pp. 155-156.

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militar es destituido del cargo y sus seguidores reducidos a prisión.15 Años después, el periodista participó activamente en la vida política y fue miembro del grupo oposicionista que intentó conformar el Partido Democrático en el cual abogados y periodistas de variopinta postura política pre-tendían entrar a la arena política. Barrón fue identificado como pilar importante del reyismo. Es muy famosa la en-trevista de Barrón publicada en El Imparcial en agosto de 1908, donde Bernardo Reyes hizo comentarios en torno a las declaraciones del presidente Díaz a James Creelman. Estas declaraciones desataron una poderosa campaña que promo-vía la candidatura de Reyes para la vicepresidencia, la cual declinó el gobernador de Nuevo León. Esta situación le valió a Heriberto Barrón la repulsa del partido científico que no estaba dispuesto a negociar nada en torno a la sucesión. Por esta razón, Barrón se exilió en La Habana.16 Después, en tiempos revolucionarios, Barrón regresó a México, se unió a las fuerzas carrancistas, organizó la resistencia en Yuca-

15 En su momento, este tema fue reseñado por El Hijo del Ahuizote y, a tono con su línea política humorística, dedicó varias páginas a parodiar las ambiciones de Barrón a quien llamaba “Burrón”. s/a, “El caso de Burrón”, en El Hijo del Ahuizote, México, 23 de noviembre de 1902, pp. 1508, 1512; s/a, El Hijo del Ahuizote, 14 de diciembre de 1902, pp. 1528, 1529; s/a, “Más de Burrón”, en El Hijo del Ahuizote, 28 de diciembre de 1902, pp. 1556-1558.16 González Ramírez, Manuel, La revolución social de México, t. I, Las ideas-La violencia, México, Fondo de Cultura Económica, 1960, pp. 33, 35, 116-118, 124, 160. Cfr, François-Xavier Guerra, México. Del Anti-guo Régimen a la Revolución, t. I, México, Fondo de Cultura Económica, 1988, pp.107, 145-148, 172. Cfr. Diego Arenas Guzmán, El periodismo en la Revolución Mexicana, (1876-1908), México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (inehrm), 1966, p. 211.

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tán y fue un hábil propagandista en Cuba y Estados Unidos principalmente.17 Las pocas referencias que existen de este personaje, lo califican como un político gris, poco afortuna-do y hasta con un carácter mediocre y oscuro.

En su primer exilio en La Habana, Barrón entabló alianzas con los periodistas caribeños. Éstos fueron los que, en septiembre, enviaron una carta al presidente Porfirio Díaz suplicándole que le permitiera el regreso, pero la misiva quedó sin respuesta. La actitud del gobierno mexicano atizó el encono de los periodistas y del mismo Heriberto Barrón.18 Entonces, los periodistas instaron al refugiado mexicano a dirigir una carta a José Miguel Gómez, presidente de Cuba, donde relatara su caso. En su respuesta, el presidente Gómez elogiaba la actividad periodística y hacía pública su oposi-ción a la reelección sin aludir, por supuesto, al caso mexica-no. El argumento le cayó de perlas a la prensa, que lo utilizó como una muestra más de las simpatías que gozaba la causa de Barrón.19

La primera reacción del representante mexicano fue comunicarse con las autoridades cubanas y pedir su inter-vención para detener los ataques. Con tal intención buscó el acercamiento con el secretario de Estado, Manuel Sanguily.20

17 Yankelevich, Pablo, “En la retaguardia de la Revolución Mexicana: propaganda y propagandistas mexicanos en América Latina, 1914-1920”, en Estudios Mexicanos, núm. 1, vol. 15, California, University of California Press, invierno de 1999, pp. 35-71.18 Anónimo, “México y Cuba (un cubano que vivió en México)”, en La Discusión, La Habana, 1 de diciembre de 1910. 19 La carta está fechada el 30 de noviembre de 1910; s/a, “La carta”, en La Discusión, La Habana, 4 de diciembre de 1910.20 Manuel Sanguily fue un ferviente defensor de la independencia de

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Éste le envía una carta confidencial en la que, con un dis-curso retórico, le explica que se ha esforzado en aminorar la crítica hacia México, pero no ha podido hacer mucho porque los periodistas se escudan en la amplia libertad de prensa defendida por el presidente José Miguel Gómez. El argumen-to de Sanguily sonaba a falacia porque el gobierno gome-cista logró un control total de la prensa cubana mediante generosas subvenciones y por el coto legal a la libertad de expresión. Esta censura llegó al grado de que en 1910 pro-pugnaron una ley llamada de Defensa Nacional con la inten-ción de amordazar a la prensa.21 Con este poder, el gobierno tenía todo el control para frenar la campaña antiporfirista. El hecho no despistó a Godoy. Era claro que el gobierno cu-bano no deseaba hacer mucho en torno al asunto y por ello el ministro mexicano Mariscal aconsejaba a Godoy acudir a los tribunales como última medida, no sin intentar ganarse la buena voluntad de los periodistas.22

La situación se desbordó porque las negociaciones del ministro mexicano con Sanguily fueron conocidas por la prensa y dejaron de ser un asunto diplomático para ser suje-

Cuba y se ha considerado como un liberal. Después de la guerra del 98 formó parte de la asamblea constituyente cubana y mostró rechazo a la injerencia norteamericana en asuntos cubanos. Durante el gobierno de José Miguel Gómez, Sanguily es designado secretario de estado; la admi-nistración fue considerada por vez primera liberal porque los miembros de gabinete eran todos liberales; mientras que Estrada Palma se rodeó de conservadores. Salvador Bueno, Figuras cubanas, La Habana, Comisión Nacional de la unesCo, 1964, pp. 54-68.21 Thomas, Cuba, p. 372. 22 José Francisco Godoy a Relaciones Exteriores, La Habana, 7 de di-ciembre de 1910, ahge-sre, leg. 10-21-1 (IV), ff. 281-283.

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to de debate de una opinión pública totalmente contraria a los intereses de la diplomacia mexicana. La crítica iba desde posiciones mesuradas de periódicos que insistían en mante-ner las relaciones en un nivel cordial, hasta aquellos como La Prensa, que pedía el retiro inmediato del representante mexicano por inmiscuirse en asuntos de política nacional y mezclarse a tal grado en el asunto de Barrón:

Tal inquina muestra el señor Godoy contra don Heriberto Barrón que ha hecho comprender, aunque embozadamen-te, con cuanto gusto vería el gobierno mexicano que se le expulsara de Cuba o se le redujera a prisión. Nada más que eso nos faltaba. Nos vemos obligados con frecuen-cia a soportar las intromisiones del gobierno americano y del robusto Mr. Taft, gracias a los estrechos vínculos que nos ligan con la República del Norte y a la ayuda que nos prestaron los Estados Unidos para consolidar nues-tra independencia y ahora nos vemos obligados también a soportar la intromisión de los impertinentes ministros de don Porfirio […].23

Los cuestionamientos también atacaban sin freno la propia capacidad de Godoy para el cargo diplomático, lo cual es un síntoma de las nulas o tirantes relaciones que ha-bía creado el ministro mexicano:

Si el señor Godoy ha recibido instrucciones del señor secre-tario de relaciones de Méjico para obrar como lo ha hecho, francamente no hace honor su conducta a la habilidad di-

23 s/a, “Exigencias diplomáticas”, en La Prensa, La Habana, 1 de diciem-bre de 1910.

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plomática de don Enrique Creel, si ha procedido de motu propio, entonces el señor Godoy debería ir a una escuela de diplomacia, para venir después a desempeñar un cargo tan delicado como el de representante de una nación amiga.24

En el mismo tono se subrayó el poco tacto diplomático de Godoy. De alguna manera, la opinión pública calificaba la actitud del ministro como opuesta a la línea impuesta por el gobierno mexicano. Se sostenía que el ministro actuaba a contracorriente de su gobierno. La prensa lo acusaba, además, de recurrir a tácticas tan “poco comunes” en la diplomacia; como si no fuera estrategia cotidiana de la di-plomacia incidir en la opinión pública. Las cosas no para-ron ahí, el asunto sirvió además para criticar la obra Por-firio Díaz, president of Mexico, the master builder of a great commonwealth,25 escrita por el representante mexicano en Cuba, al calor del centenario independentista:

Pero lo más curioso es que el señor Godoy ha ejercitado li-bremente sus derechos de escritor público en Cuba sin que nadie lo moleste. El señor ministro de Méjico ha escrito en efecto, en inglés y castellano un voluminoso libro en que pretende demostrar que don Porfirio es la Santísima Trini-dad y a nadie se le ha ocurrido criticar al señor Godoy por su trabajo encomiástico, no obstante las exageraciones que él contiene.

24 Idem.25 Godoy, José Francisco, Porfirio Díaz, president of Mexico, the master builder of a great commonwealth, New York and London, G.P. Putnam’s Sons, 1910. Y su versión en español, Porfirio Díaz, presidente de México. El fundador de una gran República, México, Muller, 1910.

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¿Y así pretende el señor Godoy tener él libertad absolu-ta para el elogio y que los demás no la tengan para la crítica? ¿olvida el señor Godoy la máxima de su coterráneo el ilustre Benito Juárez: ‘el respeto al derecho ajeno es la paz’?26

Después de los sucesos de principios de diciembre, ya poco restó por hacer respecto a la prensa cubana, alenta-da por el cúmulo de noticias sobre la Revolución que llega-ban por el cable y por la prensa mexicana que circulaba en la isla. Entre los muchos aspectos retomados y analizados en los periódicos cubanos resaltan el análisis de las causas de la Revolución. Hay consenso en considerar la permanencia del general Porfirio Díaz, como la razón principal del alzamien-to, aunada a la falta de libertades políticas. Un error muy señalado fue la elección de Ramón Corral como vicepresi-dente en las elecciones de 1910. La opinión de Corral distaba mucho de la de Díaz. A quien, pese a su pasado militar, se le reconocían diferentes cualidades de estadista; mientras que Corral era el prototipo del militar y su elección anunciaba la entrada a una dictadura dura y sangrienta.27 El apoyo polí-tico hacia Corral era inexistente.

Otro punto de interés dentro de la discusión trajo a la luz cómo el gobierno de Díaz se había esforzado porque fuera del país se conocieran sólo los aspectos bonancibles. Se se-ñaló reiteradamente que la imagen moderna que era expor-tada por el gobierno mexicano había creado en el mundo

26 s/a, “Envilecidos cubanos y parásitos cobardes”, en La Prensa, 1 de diciembre de 1910.27 s/a, “Lección experimental”, en La Prensa, La Habana, 4 de diciembre de 1910.

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una percepción falsa de México, la cual llegaba al grado de pedir un Porfirio para todos los países latinoamericanos. La revolución terminaba con el milagro del porfiriato y lo mos-traba como una oprobiosa dictadura.28

La debilidad de la diplomacia mexicana en medio del derrumbe del porfiriato se vio demostrada cuando por pri-mera vez se habló desembozadamente prensa cubana de la posición del gobierno porfirista frente a la guerra de Inde-pendencia de la isla. Entonces se hacen públicas diferentes declaraciones para demostrar el poco apoyo, y hasta recha-zo, de México a la causa de la independencia. Creemos que antes de eso existía un pacto tácito logrado por las fuerzas diplomáticas encaminado a guardar silencio respecto a ese tema. Sin embargo, las declaraciones de 1910 derriban esa contención y hasta resalta un sentimiento de reproche en contra de Porfirio Díaz. La ocasión se prestó para cotejar la actitud de Juárez con la de Díaz. Se encomió la posición juarista de abrir los puertos a la bandera cubana, sus apo-yos en armas y pertrechos, así como el envío de recursos humanos; sin dejar de señalar la labor de eminentes cu-banos como Pedro Santacilia en el gabinete del presidente Juárez. En contraparte, la actitud de Porfirio Díaz queda-ba muy mal parada:

El general Porfirio Díaz fue siempre el adversario más rudo de nuestra independencia. No sólo se negó siempre a ayu-dar a los patriotas cubanos, sino que hizo cuanto pudo para impedir el triunfo de la santa causa.

28 Idem.

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Mexicanos y cubanos hay aquí testigos de la tristeza y desaliento del Apóstol Martí ante la agria recepción que le hizo el general Díaz. Sabido es que a la comisión de pa-triotas que fueron a México a luchar por la independencia, no sólo no la ayudó el general Díaz, sino que la hizo salir del territorio mexicano. El presidente de México obstruyó siste-máticamente el envió de armas y provisiones para nuestros insurgentes y favoreció a España para mantener el yugo en Cuba, por cuantos medios estuvieron a su alcance.29

En la búsqueda de fuentes, los cubanos encontraron una proclama de 1871 firmada por Porfirio Díaz donde criti-caba la actitud mostrada por Benito Juárez frente a Estados Unidos y le echaba en cara estar rodeado de una camarilla de “envilecidos y parásitos” cubanos.30 Estas opiniones no eran nuevas, muchos de los cubanos relacionados con el gobier-no las compartían. Éste fue el caso del ministro cubano en México en 1904, Carlos García Vélez, para quien las decla-raciones de la neutralidad de México en los asuntos cubanos y su empeño por difundirlas, mal disfrazaban las verdaderas intenciones del gobierno de Porfirio Díaz:

Estoy en disposición de asegurar a usted que es totalmente inexacta la afirmación del Presidente Díaz, pues durante nuestra revolución, España tuvo en México una aliada deci-dida y abierta; y durante la guerra de aquella con los Esta-dos Unidos a la chita callando dejó que la colonia española

29 Anónimo, “México y Cuba. [Un cubano que vivió en México]”, en La Discusión, La Habana, 1 de diciembre de 1910.30 El documento es una proclama al ejército republicano, en Huajuapan, Oaxaca, noviembre de 1871.

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despachara provisiones, armamentos, caballos y acémilas de transporte, en barcos fletados ya en Veracruz o ya en Yucatán, en ayuda de las tropas de S.M.C. que combatían en Cuba. Reitero a usted […].31

En vista de tan lamentables acontecimientos, poco restó por hacer a la diplomacia mexicana y de forma parti-cular al ministro mexicano en Cuba, José Francisco Godoy, quien al parecer optó por guardar silencio frente a la caída inevitable. Los sucesos de la política nacional en México y la renuncia del viejo General en mayo de 1911 cerraron para siempre la posibilidad de seguir defendiendo los intereses de un régimen acabado. El ministro recibió al presidente derro-tado cuando pasó por La Habana en el Ipiranga con desti-no a Francia.32 Hasta fines de 1912 Godoy permanece en La Habana y funge como ministro del gobierno maderista. En diciembre de ese año pide su traslado a Washington, ofre-ciéndose para la embajada mexicana como colaborador en la lucha contra los sediciosos en la frontera. El traslado le fue concedido.33

Godoy siguió en funciones en la plaza habanera hasta su renuncia voluntaria a fines de 1912, cuando ofreció sus servicios para operar en tierras norteamericanas.34 Sin em-bargo, cuando en febrero de 1913, la prensa habanera dio la

31 Carlos García Vélez a Carlos Ortiz Coffigny, México, 28 de diciembre de 1904, anC, Estado y Justicia, exp. 512, leg. 17, folio 42, f. 41.32 Véase Tello, Carlos, El exilio, retrato de una familia, México, Cal y Are-na, 1990.33 José Francisco Godoy a Secretaría de Relaciones Exteriores, La Haba-na, 2 de diciembre de 1912, ahge-sre, leg. 10-21-1 (IV), ff. 364, 365.34 Idem.

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noticia del lamentable asesinato de Madero, el mismo Go-doy, que todavía se encontraba en la isla confirma la triste verdad.35 Después regresaría a México donde, alejado de la diplomacia, ejerció la función de publicista de México en los foros y exposiciones universales.

mAnuel máRquez sTeRling y lA cAusA mAdeRisTA

Los sucesos de febrero de 1913, en los que destaca el lamen-table asesinato de Madero, tienen un hondo significado en la historia de México y Cuba, al grado de ensalzárseles como uno de los grandes mitos de la solidaridad de ambos países. La historia se fundamenta en el activo papel del diplomáti-co cubano don Manuel Márquez Sterling,36 quien luchó con denuedo por salvar la vida del presidente y de su familia. De este episodio dejó un bellísimo testimonio en su obra Los últimos días del presidente Madero.37 La causa de Madero fue vitoreada en Cuba desde 1910. Pese a la imagen positiva de México y del régimen porfirista en la escena insular, la prensa

35 El Triunfo, La Habana, 24 de febrero de 1913. Citado en Luis Ángel Argüelles Espinosa, “Cuba y la Revolución Mexicana de 1910” (Docu-mentos), en México y Cuba: dos pueblos unidos por la historia, México, Centro de Investigación Jorge L. Tamayo, 1982, pp. 456-457.36 Manuel Márquez y Loret de Mola nació en Lima, Perú en 1872. Fue hijo del cubano Manuel Márquez Sterling de quien tomó el segundo ape-llido para su vida profesional. Su vida transcurrió en Cuba. Se reconoce su labor en pro de la derogación de la Enmienda Platt. Murió en 1934 después de firmar el tratado que derogaba tan oprobiosa enmienda. Fue embajador de Cuba en México en 1913. Márquez Sterling, contraportada de La diplomacia en nuestra historia. 37 Márquez Sterling, Manuel, Los últimos días del presidente Madero (mi gestión diplomática en México), México, inherm, 1985.

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cubana comenzó a difundir la obra de Madero y los motivos que lo animaban al levantamiento. La causa revolucionaria se difundía en Cuba sacando a relucir los vicios del gobier-no de Díaz, entre ellos, el inmovilismo en el poder como el más importante; sin embargo, se destacaban otros aspectos como la estabilidad económica y el logro de la paz como dos factores positivos del régimen, factores que históricamente habían frenado la conformación del Estado mexicano. Un aspecto tratado en esta primera etapa era el carácter “bár-baro” del mexicano y la necesidad de controlarlo para man-tener la paz. En ese sentido, se apreciaba como un error de la gesta maderista haber levantado al pueblo porque:

El pueblo mexicano, en su inmensa mayoría vive en un es-tado de incultura y atraso inconcebibles, lo que unido a sus instintos semisalvajes, lo hacen sumamente peligroso en es-tas aventuras.38

Asimismo, una parte de la opinión cubana sostenía que la Revolución significaría un bache en el camino del país hacia el progreso y serviría solamente para la proliferación de caudillos regionales que acabarían con el centralismo porfirista. Las críticas más fuertes contra la Revolución Mexicana se ventilaron en los espacios de opinión con cla-ra filiación pronorteamericana que buscaban por todos los medios mantener la estabilidad política en la isla para no necesitar la “protección” de la Enmienda Platt. Este temor cubano a los levantamientos e intervención está presente en la lectura que hacen de los hechos mexicanos y se reafirma

38 León Fandar (corresponsal), “Desde México”, en Cuba y América, La Habana, 18 de mayo de 1912.

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muy pronto con la muerte violenta de Madero. Este suceso confirma las luchas internas de los revolucionarios. La opi-nión sobre el presidente muerto no es nada halagadora:

[…] el idealista Madero, el acaudalado capitalista, el escri-tor de libros sociológicos y disertador sobre espiritismo se transformó al llegar al poder, en un mal gobernante, y lo que justamente encontramos que ha de ser su derrota es que el pueblo y la opinión general no están contentos con su administración, y si tomó un par de años escasos para lograr él, con su jefatura, dirigir la revolución de disgustos populares contra Díaz y triunfar de ese jefe diestro y dic-tatorial, a Madero, que es nocivo en eso, lo derrotaron las mismas fuerzas en menos tiempo.39

La muerte de Madero demostraba, además:

[…] que México aún no está educado para vivir, ni sabe su pueblo lo que significa el gobierno republicano, en y dentro de lo cual se acepta que sea el sufragio quien nos imponga (fraudulenta u honradamente) el hombre que ha de gober-narnos, y no sean unos cuantos bestias con los colmillos de los déspotas que son los fusiles y los cañones de los gobier-nos militares […].

El único camino posible para solucionar el problema en México es “que otros impusieran la paz”,40 otros: los nor-

39 Del Valle, Adrián, “La cuartelada mexicana”, en Cuba y América, La Habana, 1 de marzo de 1913.40 M. F. Ruiz, “Desde Nueva York”, en Cuba y América, La Habana, 8 de marzo de 1913.

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teamericanos. El tema de la intervención norteamericana como vía de solución al problema mexicano fue bien visto por la prensa pronorteamericana, incluso otros medios opi-naban que Estados Unidos debería intervenir en México para solucionar el conflicto.

Para otro sector de la intelectualidad cubana, identi-ficado con la élite liberal en el poder, la Revolución iniciada por Madero era necesaria para poner fin a la dictadura de Díaz. Estos fueron los sectores receptivos de la oleada de exi-liados mexicanos antiporfiristas. La prensa comprometida con esta postura fue combativa y favoreció la causa made-rista. Fue alentada por el gobierno de José Miguel Gómez, de tendencia nacionalista y antiimperialista, y por varios políticos cubanos entre los que destacaron Enrique Loynaz del Castillo, Julio Sanguily y Manuel Márquez Sterling. Este último, ministro cubano en México durante el breve periodo presidencial de Madero. Dicha atmósfera generó varias de-mostraciones favorables a la Revolución.

Sin duda, una parte central de la actividad pro re-volucionaria de este sector fue la repulsa al asesinato de Madero y de Pino Suárez. Desde el gobierno se organizaron actos multitudinarios para condenar las muertes del presi-dente Madero y de Pino Suárez. Asimismo se le dio amplia cobertura a la actividad de Márquez Sterling y a su lucha por proteger a la familia Madero enviándola a la isla. La defensa de los ideales de Madero estuvo presente para com-batir férreamente la dictadura de Huerta. Por ello, cuando el militar dejó el poder, el periódico cubano La Discusión opinó:

Pocos hombres han resultado tan funestos para su patria, para la humanidad y para la civilización […] como el mili-

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tar que bajo un charco de sangre y entre sombras de trai-ción sustituyó al noble y progresista presidente mexicano […]41

El libro Los últimos días del presidente Madero (mi gestión diplomática en México), del diplomático cubano Manuel Márquez Sterling, fue publicado primero como apuntes en 1914 y luego en La Habana en 1917. Sterling se erigió como uno de los pioneros en la historiografía de la Revolución y su obra sirvió para difundir en Cuba la imagen del México porfirista y la necesidad del cambio me-diante las armas. Como resultado de sus varias estancias en México, el diplomático insular expone sus lecturas de la situación mexicana, sobre todo, a raíz de su participación en la Decena Trágica a favor de la causa maderista y de su valiente denuncia de la intervención de Henry Lane Wil-son, el representante norteamericano en México y decano del cuerpo diplomático.42

El libro destaca por ser una de las primeras obras con claro acento prorrevolucionario y antiporfirista y por ser la versión de un protagonista central. Márquez Sterling fue nombrado ministro cubano en México a inicios de 1913, sin embargo, no era la primera vez que figuraba en la escena diplomática. Durante el mandato de Tomás Estrada Pal-ma, hubo la intención de que cumpliera un cargo diplo-

41 La Discusión, La Habana, 27 de mayo de 1914. Citado en Luis Ángel Argüelles Espinosa, “Cuba y la Revolución”, t. I, p. 440.42 Pulido Llano, Gabriela, y Pedro Salmerón, “Un cubano entre la diplo-macia y el maderismo. Manuel Márquez Sterling en México”, en Enrique Camacho y Margarita Espinosa (coords.), Del porfiriato a la Revolución. México y Cuba, diplomacia y política, en prensa.

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mático en México, pero el asunto se detuvo porque Márquez Sterling publicó un artículo considerado ofensivo para el régi-men pues hacía algunas críticas al presidente mexicano. Más escandaloso resultaba que el propio general Díaz hubiera ce-dido a la entrevista, usada después para criticarle. La reacción de México fue declarar persona non grata al cubano cerrán-dole toda posibilidad para ejercer la diplomacia. El regreso de Márquez Sterling durante el maderismo era un ajuste de cuentas. Además, la propia historia de la patria lo había in-clinado hacia posiciones más radicales. Desde muy temprano mostró posturas antiimperialistas y, sobre todo, luchó por la abrogación de la Enmienda Platt. Estas circunstancias son las que rodean el libro Los últimos días… Un objetivo central del autor fue demostrar el estilo dictatorial del régimen porfirista y hacer hincapié en el carácter personalista del caudillo. Ocho capítulos del libro se enfocan a ello. Los siguientes ensalzan el papel de Madero como el apóstol de la democracia y le rodea del aura de misticismo. Con su particular estilo Márquez lo describe como:

[…] hombre virtuoso, apegado a sus ideales democráticos, que hacía de la presidencia un altar de rosas en donde oficiaba el patriotismo […] Madero, […] traía su fe en el régimen demo-crático… sentía, como nunca, además, la mano directora de la Providencia sobre su hombro, sentía la divinidad en su alma pura y cristiana; y en su política, suave, indulgente, paternal, vibraban las grandes afirmaciones de un sincero apostolado .43

La parte más interesante de la obra es donde relata, con lujo de detalles, cómo al saber que iban a matar a Ma-

43 Márquez Sterling, Los últimos, p. 285.

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dero, realizó acciones para defenderlo y de paso a la familia. De ese episodio, narra su estancia con Madero y Pino Suárez en la Intendencia del Palacio Nacional, improvisada como prisión, la noche del 19 de febrero, cuando estaban en espera de la salida a Veracruz para luego partir hacia Cuba. Esa noche, Madero le regaló un retrato autografiado. La duer-mevela pasó y el diplomático cubano salió la mañana del veinte dispuesto a tocar puertas y hacer hasta lo imposible por salvarle la vida al apóstol. Nada pudo hacer. El 22 de febrero asesinaron a Madero y a Pino Suárez. Luego, nue-vamente Márquez Sterling fue declarado persona no grata para México, la “malquerencia” huertista, diría el cubano, como antes había cargado con los odios porfiristas. La obra del cubano justificaría en 1921 el grado de doctor Honoris causa otorgado por la Universidad Nacional de México. Acto en que José Vasconcelos, rector de dicha Universidad, pon-deraba la labor del periodista en tiempos porfiristas, al tiem-po que señalaba:

Hace más o menos veinte años llegasteis aquí, comisionado por un diario de La Habana para estudiar este país que la prensa asalariada presentaba como la obra de un genio om-nipotente que se dignaba fomentar la industria, el comercio y las artes en vez de destruirlo todo con los rayos de su ira vengadora. Contemplasteis la majestad del falso Júpiter; supisteis resistir la tentación del oro y el halago de la vani-dad, y en vez de cantar loores a Porfirio Díaz, contasteis en nuestra patria la verdad, y os sonreísteis del histrión san-guinario que paseaba por nuestras calles, cubierto el pecho de medallones como un rey bárbaro en día de fiesta.44

44 El Fígaro, La Habana, 21 de enero de 1921; Luis Ángel Argüelles Es-

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El mar otra vez lo regresaría a México en 1929 nom-brado embajador de Cuba en México.

pAlAbRAs finAles

La caída del general Porfirio Díaz causó sorpresa en el mundo. Particularmente en Cuba, se había implantado una política exitosa basada en difundir una imagen bonan-cible del régimen y un papel central a la figura del presi-dente, ello en concordancia con la cordialidad existente en las relaciones diplomáticas entabladas entre ambos países a partir de 1902. El Gobierno mexicano se esforzó por en-viar a la isla diplomáticos notables para mantener en alto la imagen de México, sin embargo, la circunstancia revolu-cionaria derrumbó dicha imagen alterando las relaciones bilaterales, máxime cuando en Cuba se prestó decidido auxilio a la causa maderista. Las relaciones pasarían por considerables altibajos.La Revolución Mexicana cerró un ciclo importante de las relaciones entre México y Cuba, las cuales entraron en un periodo de relajamiento tanto por las situaciones internas como por la coyuntura de la Pri-mera Guerra Mundial. Entre 1913 y 1919, México mantu-vo su representación en la isla en un bajo perfil, reducién-dose la representación al nombramiento de encargados de negocios. Hasta 1919 se acreditó a Heriberto Jara como ministro. Fue en 1927, durante los gobiernos de Gerardo Machado y Plutarco Elías Calles, en Cuba y en México, respectivamente, cuando las legaciones fueron elevadas a

pinosa, “Cuba y la Revolución”, t. 2, p. 502.

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embajadas. Carlos Trejo y Lerdo de Tejada45 tuvo el cargo de primer embajador de México en Cuba.

45 Morales, Relaciones interferidas, pp. 234, 290-294.

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RefeRenciAs

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___ La Revolución Mexicana en América Latina: intereses políticos e itinerarios intelectuales, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2003.

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los ConfliCtos Por la tierra en san andrés tuxtla, 1914-1926

Rogelio Jiménez Marce *

El 20 de octubre de 1914, el gobernador provisional y comandante militar de Veracruz, Cándido Aguilar, re-

cibió una carta de la Junta Gestora de la restitución de ejidos de San Andrés Tuxtla, en la que se le solicitaba que realizara las gestiones necesarias para que se devolviera a los propietarios la tierra que les había “usurpado” Ga-briel C. Artigas. Con esta acción comenzó la lucha por la posesión de la tierra en la población más importante del Cantón de los Tuxtlas, el cual había adquirido importancia durante la segunda mitad del siglo xix debido a su vasta-producción de algodón y de tabaco.1

1 González Sierra, José, Los Tuxtlas, col. Veracruz: imágenes de su histo-ria, núm. 6, Jalapa, Archivo General del Estado de Veracruz, 1991, pp. 39; José González Sierra, Monopolio del humo (elementos para la histo-ria del tabaco en México y algunos conflictos de tabaqueros veracruzanos, 1915-1930), col. Historias veracruzanas, núm. 5, México, Universidad

* Doctor en Antropología. Actualmente realiza una estancia posdoctoral en el Instituto de Ecología con un proyecto sobre Historia ambiental de los Tuxtlas. Autor de La pasión por la polémica. El debate sobre la histo-ria en la época de Francisco Bulnes y de varios artículos publicados en Se-cuencia, Historias, Tákwa, Clío, Fronteras de la Historia y Centenarios.

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En este trabajo se mostrarán las gestiones que realiza-ron los campesinos de la región para recuperar unas fértiles tierras que consideraban suyas y que decían que habían per-dido a causa de la ambición de los grandes propietarios, quie-nes habían realizado una serie de triquiñuelas para despo-jarlos de ellas. La investigación se divide en dos partes: en la primera se realiza un análisis desde los orígenes de la pobla-ción hasta el momento en que se produjo el fraccionamiento de las tierras; en la segunda se muestran las gestiones realiza-das por los campesinos, la contraofensiva de los propietarios y la resolución presidencial que pone fin al conflicto.

los oRígenes de lA comunidAd

Como se mencionó, junto con Santiago Tuxtla y Catemaco, San Andrés Tuxtla formaba parte del Cantón de los Tuxtlas, dicho cantón se ubicaba en la zona central de la planicie cos-tera del Golfo de México. Estas poblaciones pertenecieron en la época colonial a los dominios del Marquesado del Va-lle, motivo por el que gozaban de un estatuto administrativo particular que sería respetado hasta unos años después de que el país declaró su Independencia en 1821.2 Como conse-

Veracruzana, 1987, pp. 73-76; Eric Léonard, “Disolución de la propiedad comunal y modernización agrícola en los Tuxtlas, 1880-1910”, manus-crito cortesía del autor, p. 4; Rogelio Jiménez Marce, “El ascenso de San Andrés Tuxtla como centro rector del Cantón de los Tuxtlas, Veracruz, en el siglo xix”, en Lourdes Somohano (coord.), Memorias del II Colo-quio Internacional sobre estudios regionales. La construcción de los espacios regionales, México, Universidad Autónoma de Querétaro / Instituto Na-cional de Antropología e Historia / Tribunal Superior de Justicia / Archi-vo Histórico del Poder Judicial del Estado de Querétaro, 2007, pp. 7-17.2 Véase Bernardo García Martínez, El Marquesado del Valle. Tres siglos

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los conflicTos poR lA TieRRA en sAn AndRés TuxTlA

cuencia de las acciones tomadas en contra de los españoles residentes en México (una de las más drásticas fue su expul-sión en 1829) el 2 de diciembre de 1833 el gobierno nacional decidió declarar como propiedades del Estado todas aquellas posesiones que hubieran tenido su origen en la conquista. En esta situación se encontraban las tierras del duque de Terra-nova y Monteleone, quien era el heredero de Cortés. Antes de que se tomara ese acuerdo, el 18 de mayo de ese mismo año, el Congreso había pedido que las autoridades, veracruzanas y las de los otros estados en los que había propiedades del duque, hicieran un recuento detallado de las mismas y les advertía que no debían permitir que éste las vendiera o ad-judicara a terceros. Como respuesta, Lucas Alamán, quien fungía como administrador de los bienes del duque desde 1825, envió una representación al Congreso para que no se llevara a cabo la medida. Alamán logró su cometido pues no sólo evitó la expropiación de los bienes, sino que también retrasó la aplicación de la cláusula que evitaba la venta de los mismos.3

Así, el 30 de septiembre de 1837, el coronel Luis Ruiz, rico comerciante y hacendado de la población de Alvarado que en 1824 formó parte de la primera legislatura local en representación de Acayucan4, compró a Lucas Alamán y a

de régimen señorial en Nueva España, Nueva Serie, núm. 5, México, El Colegio de México / Centro de Estudios Históricos, 1969; Jiménez, “El ascenso”, pp. 2-4. 3 ahj, Actas de Cabido de 1833, ff. 47, 115, 273-275, 290, 528-529 y Actas de Cabildo de 1834, f. 10; nlBlaC, Fondo Lucas Alamán, doc. 220, f.1 y 358, f. 10. 4 Peredo, Roberto, Nuevo diccionario biográfico de Veracruz, México, Fun-dación Colosio Veracruz A. C., 2004, p. 326; Carmen Blázquez Domín-

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José María Cuevas varias extensiones de tierras que perte-necían al Marquesado. En los años posteriores, Ruiz ven-dió parte de estos terrenos a San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Catemaco. En el caso particular de la primera po-blación, la venta se realizó el 12 de junio de 1839 ante José Procopio de la Cabada, quien era juez primero de paz de San Andrés. En el contrato se establecía que Ruiz vendía 15 si-tios de ganado mayor por 5200 pesos al común de la villa, la cual era representada por Manuel Antonio de la Caba-da, Manuel Sinta, José Aurelio García y León Minquis. De acuerdo con Pablo Mora (quien formó parte de la comisión del Ayuntamiento que en 1881 buscaba dirimir la pugna que había respecto a los terrenos y de la que se hablará más ade-lante) los vecinos de San Andrés se enteraron de que Ruiz buscaba vender las tierras, por lo que algunas “personas previsoras” comenzaron a realizar las gestiones de compra pues no deseaban convertirse en colonos de un particular, sino en propietarios. Para lograr su objetivo, estas perso-nas, que no se especificaba quiénes eran, expusieron sus in-tenciones ante el gobernador, el subprefecto del Cantón y la corporación municipal. Ellos proponían que para pagar la

guez, Breve historia de Veracruz, serie Breves historias de los Estados de la República Mexicana, México, Fondo de Cultura Económica / El Cole-gio de México / Fideicomiso Historia de las Américas, 2000, pp. 114-115; Carmen Blázquez Domínguez, Sumaria Historia de Veracruz: el proceso formativo, t. II, col. V Centenario, núm. 1, México, Gobierno del Esta-do de Veracruz / Comisión Estatal Conmemorativa del V Centenario del Encuentro de dos mundos, 1990, p. 35. Carmen Blázquez menciona que la primera legislatura local se caracterizaba por estar conformada por individuos que representaban intereses locales y que se iniciaban en la política estatal, tal como era el caso de Luis Ruiz, Andrés Jáuregui, Se-bastián Camacho y Pedro Echeverría.

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cantidad solicitada, se pidiera a cada padre de familia que aportara tres pesos.5

Al parecer, los promotores de la compra no lograron obtener el dinero deseado, razón por la que le pidieron a Ma-nuel Antonio de la Cabada, (destacado juez que en 1822 fue miembro de la primera diputación provincial de Veracruz, en 1825 diputado para la primera asamblea nacional por el Cantón de los Tuxtlas y en 1826 senador por Veracruz6) que prestara los 4000 pesos que se necesitaban para iniciar el trá-mite, a cambio de lo cual se le daría el 6% de interés anual. Es probable que los otros 1200 que se le pagaron a Ruiz des-pués de la escrituración, hayan sido reunidos entre la misma

5 agev - Cam, Municipio San Andrés Tuxtla, caja 24, exp. 25, ff. 10-11 y caja 25, exp. 25, f. 275; Gabriel C. Artigas, Memoria y documentos de la Junta Divisionista de San Andrés Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Tipografía La Luz de M. Pastor, 1896, pp. 2-3; León Medel y Alvarado, Historia de San Andrés Tuxtla, 1532-1950, col. Suma Veracruzana, serie Historio-grafía, México, editorial Citlaltepetl, 1963, t. I, p. 250; González Sierra, Los Tuxtlas, p. 49. Sin mencionar de dónde tomó sus datos, León Medel afirmaba que San Andrés compró cuatro sitios en 1842 por 5000 pesos, situación que, desde su punto de vista, constituía un grave error del Ayuntamiento pues no había tenido en cuenta que la tierra se liberaría cuando se cancelaran los privilegios. González Sierra incurrió en el mis-mo error de la fecha y superficie comprada por San Andrés, debido a que reprodujo lo que sustentaba León y Medel. Por otra parte, Gabriel Arti-gas mencionaba que los terrenos comprados abarcaban desde el arroyo de Matacapam por el Este hasta Tierra Colorada por el Oeste y desde la laguna de Cuyuapam por el Norte hasta la cruz de Vicente por el Sur. Pese a que Artigas conoció la escritura de venta, en su escrito afirmó que la tierra había sido comprada en 6200 pesos. 6 Peredo, Nuevo Diccionario, p. 63. A Cabada también se le conocía por notables sentencias, laudos y dictámenes, al grado que, según Peredo, Maximiliano ordenó que se recopilaran sus laudos para enviarlos a Eu-ropa como ejemplo.

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población pues no se mencionaba que alguien más los hubie-ra proporcionado. Los términos del contrato son de gran in-terés, pues el coronel Ruiz mencionaba que se reservaba una extensión del terreno, comprendida entre Santiago y San Andrés, para sus usos particulares, pero cedía una porción de la misma a los comerciantes de San Andrés Tuxtla, con la condición de que no se establecieran máquinas que funcio-naran con fuego pues podían dañar las bodegas que tenía en ese sitio. Ruiz también aclaraba que las tierras vendidas no contemplaban el fundo legal de la población, es decir, que las 600 varas que comprendía la población no estaban consi-deradas en la escritura. Otro asunto relevante es que en las tierras que el coronel se reservaba, los indígenas podían con-tinuar con sus actividades de corte de zacate, leña, bejuco y madera para la construcción de sus casas. El territorio de San Andrés se agrandó en 1850, pues el 12 de julio, el coronel Ruiz donó un sitio y medio de ganado a la parcialidad. Entre los promotores del acuerdo se encontraban Manuel Antonio de la Cabada, José Aurelio García, Andrés Herrera y Dioni-sio Minquis.7

Es importante mencionar que la compra de tierras por parte de San Andrés, Santiago y Catemaco no resulta excep-cional, pues otros pueblos también recurrieron a la adquisi-ción de los terrenos en los que se asentaban. Tal fue el caso de los indígenas de Colipa, quienes obtuvieron las tierras de las haciendas de San Francisco Colipa en la década de 1820, también los de Misantla y los de Tuxpan, que lo harían en la

7 agev - Cam, Municipio San Andrés Tuxtla, caja 24, exp. 25, f. 470; Según Mora, en 1881 la población de San Andrés todavía le adeudaba una parte del capital y los intereses a Cabada.

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década de 1840.8 La administración de los bienes comunales de San Andrés fue encargada al Ayuntamiento, el cual reali-zó un padrón de los habitantes y nombró a varias personas para que se hicieran cargo de la recaudación del dinero que se le debía pagar a Cabada. La corporación municipal también determinó que los vecinos, tanto los nativos como los que se incorporaran, podían explotar los terrenos de la manera que mejor les conviniera, ya fuera en la apertura de tierras de labranza como en el corte de madera y cría de ganado. Pablo Mora afirmaba que privaba una “gran armonía” entre los vecinos y sólo se generaban “ligeras disensiones” a causa de los daños causados en las sementeras por los ganados que vagaban sin pastor. Al parecer, los problemas eran de mayor gravedad, razón por la que el Ayuntamiento decidió reali-zar una junta popular en 1852, en la que se acordó que José Aurelio García y los hermanos Manuel y José M. Palacios elaboraran un reglamento para el uso de los terrenos, pero éste no tuvo mayor impacto entre los vecinos que continua-ron con sus mismas prácticas. En 1856 se promulgaron las leyes de Reforma, una de las cuales ordenaba el fracciona-miento de las tierras comunales de los pueblos indígenas.9

8 González de la Lama, Reneé, “Rebels and bandits: popular discontent and liberal modernization in nineteenth century Veracruz, Mexico”, di-sertación doctoral, Chicago, The University of Chicago, 1990, p. 55.9 Trens, Manuel, Historia de Veracruz. Dictadura, Reforma y Segundo Im-perio, 1852-1867, t. VI, Jalapa, Secretaría de Educación y Cultura, 1992, p. 79; González de la Lama, “Rebels andbandits”, p. 54, José Velasco Toro, Tierra y conflicto social en los pueblos del Papaloapan veracruzano (1521-1917), col. Biblioteca de la Universidad Veracruzana, México, Universidad Veracruzana, 2003, p. 275; Robert J. Knowlton, “La in-dividualización de la propiedad corporativa civil en el siglo xix-notas sobre Jalisco”, en Los pueblos de indios y las comunidades, México, El

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A consecuencia de lo anterior, en 1861 se fundó la So-ciedad Agrícola de San Andrés Tuxtla, con la intención de modificar el estatuto jurídico de las tierras y con ello, esca-par de las leyes de desamortización. Diversos autores han mencionado que los pueblos indígenas tuvieron la capacidad de adaptarse a los cambios que se generaban en su entorno y sobre todo, utilizaron aquello que les permitía mantener su autonomía y la defensa de sus recursos. Los mecanismos más utilizados para preservar su existencia fueron el con-dueñazgo y la sociedad agrícola. Las dos fórmulas eran, en palabras de Romana Falcón, “mamparas legales” que aseguraban el acceso a los recursos naturales de los indíge-nas y les daba amplios márgenes de autonomía y cohesión. El condueñazgo se caracterizaba por ser una forma de divi-sión de la propiedad comunal, pero sin crear múltiples pro-piedades que pudieran ser absorbidas por propietarios con ansias de expansión. Aunque Antonio Escobar menciona que uno de los principales logros del condueñazgo fue la elimina-ción de la injerencia del gobierno municipal en la adminis-tración del espacio territorial de las sociedades agrícolas, en San Andrés este patrón no se cumplió, pues, a decir de Eric Leonard, la Sociedad Agrícola de San Andrés Tuxtla fungió como un apéndice del poder municipal, situación explicable

Colegio de México, 1991, p. 184. A nivel local, el gobernador Ignacio de la Llave decretó el 4 de abril de 1856 que se debía poner en práctica la ley sobre repartimiento de terrenos de indígenas y baldíos promulgada el 22 de diciembre de 1826. Un interesante análisis de la ley de desamortiza-ción se encuentra en: Donald J. Fraser, “La política de desamortización en las comunidades indígenas, 1856-1872”, en Los pueblos de indios y la comunidades, introducción y selección de Bernardo García, col. Lecturas de Historia Mexicana, núm. 2, México, El Colegio de México / Centro de Estudios Históricos, 1991.

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por el hecho de que si bien se decía que las tierras eran de comunidad indígena, en realidad había un grupo poderoso de comerciantes criollos y mestizos que controlaban el poder económico y político, es decir, se utilizaba el disfraz indígena para obtener beneficios.10

De acuerdo con el testimonio de Pablo Mora, en la dé-cada de 1860 se comenzaron a generar graves conflictos en el interior de la comunidad, mismos que fueron consecuencia de la guerra que el país emprendió contra el invasor fran-cés. A los trastornos administrativos se sumó la apatía de los representantes que no solicitaron los informes de los en-cargados de las recaudaciones. Tras la expedición de la ley del 17 de marzo de 186911 (que ponía en vigencia la del 22 de diciembre de 1826) que ordenaba la división de los terrenos de comunidad, la Sociedad trató de impedir el cumplimiento del decreto, por lo que, con el apoyo de un grupo de indíge-nas “ignorantes” a quienes se les engañó con el cuento de que iban a perder sus tierras, emitió un nuevo reglamento

10 Leonard, “Disolución”, pp. 3, 7; Romana Falcón, “Subterfugios y de-ferencias. Indígenas, pueblos y campesinos ante el Segundo Imperio”, y Antonio Escobar, “Los pueblos indios huastecos frente a las tendencias modernizadoras decimonónicas”, en Antonio Escobar, Romana Falcón y Raymond Buve (comps.), Pueblos, comunidades y municipios frente a los proyectos modernizadores en América Latina, siglo xix, México, El Colegio de San Luis / Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos, 2002, pp. 125, 128, 134-135 y pp. 178-179, 184.11 Velasco Toro, Tierra y conflicto, pp. 281-282; Blázquez, Breve historia, p. 167. La ley de la que hablaba Mora no se expidió en marzo sino en agosto de 1869, debido a que el gobernador provisional y comandante militar Ignacio L. Alatorre pensaba que era tiempo de que se realizara la división de las tierras comunales, medida que no se había llevado a cabo a causa de la guerra.

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por el que se cobraba impuestos por uso de la tierra a todos los comuneros, sin que se distinguiera si éstos eran nativos o “fuereños”, y se impusieron otros gravámenes a fin de pro-veer los gastos de la administración. Lo anterior mostraba que la Sociedad se presentaba como la dueña absoluta de los terrenos, situación que se hizo evidente en 1873 cuando se publicó el decreto 105 que ordenaba la repartición de los terrenos de comunidad indígena. Para que esta medida no se llevara a cabo, los miembros de la Sociedad buscaron ampa-rarse ante la autoridad federal, pues decían que no se podían repartir los terrenos, debido a que las familias que iban a ser beneficiadas no habían contribuido a la compra de los mis-mos pues sólo habían sido 500 personas las que aportaron dinero, de las que ni la quinta parte eran indígenas.

Con los anteriores argumentos y una fuerte suma re-unida entre los mismos indígenas, a quienes según Mora se les cobró catorce reales, los miembros de la Sociedad presen-taron un amparo ante el juzgado de distrito en 1874 que, a su vez lo remitió al Ayuntamiento y éste a la jefatura del Cantón. La estrategia de la Sociedad habría rendido frutos de no ser por la postura que adoptaron unos miembros del Ayuntamiento, quienes enviaron una carta al gobernador en la que explicaban los “verdaderos” motivos de la Sociedad y le pedían que asumiera una posición en este asunto. La evidencia indica que el gobernador no tomó cartas en el asun-to, por lo que los miembros de dicha sociedad, con el apo-yo de las autoridades municipales y cantonales, expidieron una normatividad. Buscaban el control de los agricultores, pues se les advirtió que no podían sembrar si antes no pe-dían permiso y debían pagar ciertas cantidades que cubrían el “rescate” del terreno y su demarcación. Aquellos que no cumplían con esta obligación, eran desplazados de las tierras

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que ocupaban. La Sociedad también exigía que se cubrieran cuotas por concepto de bailes y funciones de iglesia. En oc-tubre de 1875, la Sociedad publicó un nuevo reglamento que constaba de 30 artículos y en los que no sólo se aumentaban los gravámenes sobre el uso de la tierra, sino que también se constituían en los únicos dueños de los terrenos. Ante tal hecho, un grupo de vecinos presentó una protesta contra los actos de la Sociedad ante el escribano público del Cantón, misma que se publicó el 18 de noviembre de 1875 en la Gace-ta Oficial del Estado. La acción de los vecinos rindió frutos, pues la mencionada Sociedad derogó el reglamento.

lA división de lAs TieRRAs comunAles

Aunque la Sociedad se mantuvo durante unos años en ac-titud expectante, en 1881 volvió por sus fueros y a través de un “representante” buscó que los labradores le pagaran por el uso de la tierra. Los agricultores denunciaron estas actividades ante la jefatura política del Cantón, misma que ordenó que no se pagara nada y que se respetaran las propie-dades que ocupaba cada agricultor. El Ayuntamiento apo-yó la resolución del jefe político, pues decía que era tiempo de ponerle fin a los “actos reprobables” de la Sociedad que contribuían a la división de la población, razón por la que Salvador W. Cabada, en su papel de síndico del Ayuntamien-to, pidió al gobernador que los respaldara en su decisión de imponerle “silencio judicial” a la Sociedad Agrícola, misma que era representada por Manuel Escudero, y que rindiera cuenta de lo que había hecho con el dinero que había cobra-do desde la época en que se realizó la compra de los terrenos, a fin de fincarle responsabilidades por los daños y perjuicios ocasionados. También informó que ninguno de los vecinos

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tenía la obligación de pagar contribuciones y aquellos que lo hicieren, se harían acreedores al mismo castigo que se le im-pondría a la Sociedad. Como se puede advertir, la influencia que la Sociedad Agrícola tenía sobre las autoridades locales había cesado. La vieja elite sanandresana vería aparecer en el horizonte un nuevo grupo que buscaba quitarle la prima-cía política y económica. Este grupo, conformado en su ma-yor parte por cultivadores de caña y tabaco, sería el gran promotor de la división de los terrenos comunales, estrate-gia que no sólo buscaba destruir la base de poder en la que se sustentaba la Sociedad, sino que también pretendía que se estableciera un nuevo orden económico en la región.12

De acuerdo con la Memoria publicada en 1896 por Ga-briel Artigas13 (uno de los principales promotores del reparto de tierras y uno de sus principales beneficiarios) el Círcu-lo Divisionista se formó en 1870. Artigas reconocía que las tierras de comunidad se habían logrado fraccionar gracias al apoyo que recibieron del gobernador Juan de la Luz En-ríquez (diciembre de 1884 a marzo de 1892), quien fungió como intermediario en las negociaciones realizadas entre la Sociedad Agrícola y la Junta en 1885. La afirmación de Ar-tigas no resulta exagerada. El gobernador Enríquez fue uno de los principales promotores de la repartición de terrenos comunales, debido a que, al igual que sus colegas liberales, creía que la privatización de la tierra era fundamental para la modernización, pues la “civilización” no se podía concebir sin pequeños propietarios. La división de las tierras comu-nales de Los Tuxtlas sería uno de los primeros logros del go-

12 agev - Cam, Municipio San Andrés, caja 25, exp. 25, ff. 194, 275-283; Léonard, p. 8.13 Artigas, Memoria y documentos, p. 3.

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bernador en esta materia. A diferencia de otras regiones en las que los pueblos se rebelaron para evitar la pérdida de sus tierras, como fueron los casos de Acayucan, Misantla, Pa-pantla y la Huasteca, en San Andrés Tuxtlas la repartición se realizó sin que ocurrieran incidentes mayores. La actitud asumida por este pueblo sotaventino no era excepcional. Los estudiosos de la temática han mostrado que los pueblos ve-racruzanos reaccionaron de diversas formas con respecto al fraccionamiento de sus tierras y muchos de ellos, asumieron de manera pacífica el cambio.14

14 García Morales, Soledad y Ricardo Corzo, Sumaria Historia de Vera-cruz: Porfiriato y Revolución Mexicana. La reconstrucción. 1915-1950, t. III, col. Centenario, núm. 1, México, Gobierno del Estado de Veracruz / Comisión Estatal Conmemorativa del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos, 1990, p. 13; González de la Lama, pp. 57-59; Velasco Toro, pp. 289, 325-328, 340; David Skerrit, Una historia agraria en el centro de Veracruz, 1850-1940, col. Historias Veracruzanas, núm. 6, México, Uni-versidad Veracruzana / Centro de Investigaciones Históricas, 1989, p. 68; Victoria Chenaut, “Fin de siglo en la costa totonaca: rebeliones indígenas y violencia regional, 1891-1896”, en Victoria Chenaut (coord.), Procesos rurales e historia regional (Sierra y costa totonacas de Veracruz), México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1996, p. 81. Aunque algunos pueblos ubicados en la región del Papa-loapan se quejaron de la forma en que se habían repartido los ejidos, el gobernador Enríquez no externó ninguna opinión relativa al asunto. Respecto a la manera en que se respondió al reparto de las tierras co-munales en otras regiones, véase Brian Hamnnet, “Los pueblos indios y la defensa de la comunidad en el México independiente, 1824-1884: el caso de Oaxaca”, en Antonio Escobar, Romana Falcón y Raymond Buve (comps.), Pueblos, comunidades y municipios frente a los proyectos modernizadores en América Latina, siglo xix, México, El Colegio de San Luis / Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos, 2002, pp. 197-203, y Knowlton, “La individualización”, pp. 190, 216.

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Ahora bien, para llevar a cabo las negociaciones ten-dientes al fraccionamiento de la tierra, el gobernador pidió al jefe político Marcelino González que hablara con los dos gru-pos para que enviaran representantes a Orizaba los primeros días de febrero de 1885. Por la Sociedad asistieron el diputa-do federal Ramón P. Riveroll, su hermano Joaquín y Celso Ortiz,15 mientras que por el Círculo se presentaron Francisco Carrere y Manuel H. Nava. Enríquez ordenó que el diputado Manuel Rodríguez Talavera fungiera como presidente de la reunión. El 13 de febrero, los representantes de la Sociedad accedieron a que se realizara el reparto. El acuerdo, suscrito por las dos partes, constaba de diez puntos: en el primero se especificaba que la mencionada Sociedad estaba conforme con que se realizara la división; el segundo mencionaba que los padres de familia, los hijos y los vecinos de la villa tenían derecho a participar en el reparto; el tercero advertía que los terrenos comunales se dividirían en partes iguales y cada lote sería sorteado entre los beneficiarios; el cuarto especificaba que la división no aplicaría a los terrenos que eran ocupados por fincas y cuyos poseedores tuvieran derecho al reparto, en caso de que las fincas tuvieran una extensión mayor a la de los demás lotes, los dueños tenían que pagar el excedente y si era menor, se les asignaría una fracción de terreno en otro lugar; el quinto hablaba de la formación de una Junta que sería la encargada de realizar las operaciones necesarias para hacer la división; el sexto refería que la Sociedad Agrícola,

15 Artigas, p. 17. Otros miembros de la Sociedad eran Pastor Torres, José y Francisco Sinta Lagos, Pedro J. Sinta, Manuel Aguirre, Arcadio Ca-dena, Benito Tenorio y Crescencio Torres. En ese momento, Joaquín P. Riveroll fungía como director de la Sociedad y Celso Ortiz como presi-dente de la misma.

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por medio de su Consejo de Administración e Inspección, es-taba autorizada a vender las tierras de las fincas cuyos po-seedores no estuvieran incluidos en el padrón.16

El anterior punto resulta de gran importancia, pues fue una de las formas “legales” por las que se comenzó a rea-lizar el acaparamiento de la tierra. El séptimo punto decía que la Junta comenzaría sus trabajos de división dos meses después de que se firmara el convenio; el octavo estipulaba que la Sociedad Agrícola podía continuar con la adminis-tración de las tierras, mientras no entrara en funciones la Junta; el noveno declaraba que la Junta podía proveerse de los recursos necesarios para realizar el reparto y fijaría una cuota a cada uno de los beneficiarios que estaría determina-da por los pagos que habían hecho en el pasado; y el décimo indicaba que el dinero reunido por la venta de terrenos y el pago de las cuotas sería utilizado para cubrir los gastos de operación. Como primera acción, el 29 de abril de 1885 se convocó a los vecinos para formar un padrón que les permi-tiera saber quiénes tenían derecho a poseer una acción de tierra. El censo arrojó 3 727 peticionarios. La lista se publicó en diversos lugares para que los vecinos tuvieran la posibi-lidad de hacer aclaraciones. Artigas decía que se requería dinero para llevar a cabo el deslinde de las tierras y los labra-dores carecían de recursos por haber perdido sus cosechas, entonces la Junta lo comisionó a él y a Manuel Ortiz para que pidieran el dinero necesario a unos prestamistas. Pero

16 agev - Cam, Municipio San Andrés Tuxtla, caja 24, exp. 25, ff. 538-541. La noticia de que se había resuelto el problema de la división de los terrenos comunales en san Andrés fue publicada el 19 de febrero de 1885 en la Gaceta Oficial. Órgano del gobierno constitucional del estado de Veracruz-Llave.

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su tentativa no tuvo resultados favorables, por esa razón se decidió pedir el dinero a los dueños de las fincas y se tomaría en cuenta en el precio de venta que se les hiciera. Santiago Rousseau tomó la iniciativa y su ejemplo fue imitado por los demás propietarios.17

Durante la primera etapa del reparto de tierras, la Sociedad Agrícola y el Círculo Divisionista continuaron en funciones, pero después de unos meses se decidió que estas agrupaciones desaparecieran para dar paso a una Junta Di-visionista que, a decir del mismo Artigas, adquirió “omní-modas facultades”. La Junta estuvo conformada por Rafael Rodríguez Talavera como presidente, Pedro J. Sinta y Ma-nuel Ortiz como vocales, Gabriel C. Artigas como tesorero y Joaquín P. Riveroll como secretario. El ingeniero Faustino Navarro fue comisionado para realizar la medición de los terrenos comunales. Artigas afirmaba que las labores de Na-varro demostraron que no eran dieciséis sitios los que com-ponían el común sino sólo once, por lo que se decidió que se dotaría a cada campesino de una acción de seis y media hectáreas, misma que tendría un costo de diez pesos.18 Este dato resulta de gran importancia, pues los miembros de la

17 Artigas, p. 19. Entre los propietarios de fincas estaba Santiago Rous-seau, la testamentaria de F. Carrere, Damián H. González, Eusebio Suá-rez, Mateo Rábago, Manuel Alfonsín, Manuel Elías, Rafael Encinas, Pedro Turrent, Benigno Valencia, Juan Lazo, Juan Torres Maciel, Igna-cio Ordaz y Juan Echegaray. La propiedad de Rousseau aparecía con un precio de 1200 y la de Carrere de 1800.18 Salamini, Heather Fowler, Agrarian radicalism in Veracruz, 1920-1938, Nebraska, University of Nebraska Press, 1971, p. 158. Debido a que Salamini no tuvo acceso a los expedientes agrarios, comete un error al afirmar que a los campesinos sanandresanos se les repartieron lotes de 25 hectáreas que les fueron vendidas por 40 pesos.

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Junta comenzaron a mover las cartas a su favor para el aca-paramiento de la tierra, pues en ninguna de las páginas de la exposición realizada por el tesorero, se mencionaban las me-didas que avalaban los once sitios del común y tampoco se precisaban los límites reales del mismo. A través de las pági-nas de la Memoria, se pueden observar varias estrategias que los miembros de la Junta utilizaron para favorecerse a ellos mismos o a sus allegados. Una de la más importantes fue la aplicación que se empleaba en los casos en que los terrenos eran de mayor extensión que una acción y que se dedicaban al cultivo y secado del tabaco. Aunque los ocupantes no te-nían derecho a la compra, se les debía respetar una parcela, que en cierta forma, decía Artigas, habían comprado de ma-nera parcial.19

Para cumplir con lo anterior, los poseedores debían pre-sentar las boletas de accionistas que fueran suficientes para cubrir la superficie de terreno que poseían, además de que deberían pagar la cuota general de títulos y una cuota por cada boleta de acción, “extraña” medida que, a decir de Ar-

19 agev - Cam, Municipio San Andrés Tuxtla, caja 24, exp. 25, f. 470; Arti-gas, p. 19. Entre los beneficiarios de las aplicaciones se encontraban Ze-nón Figueroa, Severiano Domínguez y su esposa Lucía Santos, Pascual Sánchez, Narciso Chontal y Manuel Pérez, Ángel Rodríguez, Fernando Carrión, M. R. Palacio, Carmen Vázquez de Turrent, Francisco Barrios, Ramón García Miravete, Santos Medel, Juan Sánchez, Camilo Payán, Felipa Tenorio de Figueroa, Trinidad Fermán, Epigmenio Fermán, Julio Martínez, R. Solana, Octaviano Carrión, Primitivo Constantino, José María Barrios, Epitacio Palacio, S. W. Cabada, M. Cinta Carrión, Pedro Pérez, Gabriel Santos, Estanislao Velasco, Bernardo Chapam, Secun-dina Tepaich, Sabino Chontal, Eutimia Moreno, Crispín Xolo, Calixto Anota, Lauro Cárdenas, Victoriano Toto Sistega, Marcelino Quino, Sa-bino Chigo e Hilario Toto.

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tigas, buscaba impedir el acaparamiento de las mismas. Sin embargo, el tesorero reconocía que se había estipulado que los labradores podían vender sus tierras, pues estaban en su derecho de hacerlo y aunque propusieron algunas medidas para evitar “abusos”, lo cierto es que la Junta no hizo nada cuando los propietarios comenzaron a vender sus acciones. En una lista que se incluyó al final de la Memoria, se advier-te que muchos de los beneficiarios de las aplicaciones fueron aquellos que se convertirían en grandes productores de taba-co, entre los que destacaban los Carrión y los Turrent. Arti-gas mencionaba que la Junta no había tenido nada que ver en el caso de los individuos que poseían extensiones “relati-vamente grandes”, pues éstos habían comprado de manera legítima las boletas y nadie se había presentado a reclamar derechos de posesión sobre la tierra, por lo que no se podía afirmar que la Junta no había obrado con equidad.20 Sin em-bargo, en algunos de los testimonios recabados en la década de 1920 por los ingenieros de la Comisión Local Agraria, se mencionaba que para quitar la tierra a los accionistas, se ha-bía extendido el rumor de que los poseedores de acciones las perderían por lo que debían apresurarse a venderlas. Esta

20 Artigas, p. 11; agev - Cam, Municipio San Andrés Tuxtla, caja 25, exp. 25, f. 3. El que la Memoria se hubiera publicado diez años después de que se produjo el reparto, daba pauta para defenderse de algunos de los ataques que se recibían por parte de los sectores que no estuvieron con-formes con el mismo. De acuerdo con una carta fechada el 15 de octubre de 1912 se sabe que la “Junta para gestionar el reparto de los terrenos indivisos de comunidad” envió al ministro de gobernación. Artigas pu-blicó la Memoria debido a que se había presentado una denuncia ante el Juzgado en la que se decía que la Junta Divisionista ocultaba los docu-mentos del reparto para que no se pusieran al descubierto sus irregula-ridades.

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situación motivó a muchas personas a venderlas a precios ínfimos.

Otra estrategia que se utilizó para favorecer a los cul-tivadores del tabaco fue otorgarles, cuando ellos conside-raran que sus terrenos no les permitían realizar la siembra de otros productos, una acción complementaria en terre-nos que estuvieran “lejanos” e “incultos”. Según Artigas, los que lo creyeron conveniente a sus intereses hicieron uso de este derecho, pero nunca se especificó quiénes fueron los agraciados, ni cuántas acciones se les dio. Entre los docu-mentos incluidos en la Memoria aparecen algunos datos que evidenciaban la forma en que se produjo el acaparamiento. Así se habla de 3 194 títulos de los cuales no se retiraron 500 por diversas causas,21 lo que indica que se realizó un reparto efectivo de 2 694 acciones, cantidad que no concordaba con los 3 727 peticionarios de tierra. También se observa que los miembros de la Junta se beneficiaron del reparto de diver-sas maneras. Un ejemplo fehaciente es el de Celso Ortiz, a quien le informaba Gabriel Artigas en una carta fechada el 5 de junio de 1886 que no sólo se le había condonado el pago de las acciones que poseía, sino que éstas se le aumentaron de 21 a 32. Aunque la Junta recaudó 39 098 pesos por concepto del pago de las acciones, en 1896 sólo restaban 1 513 pesos que se destinarían a la compra de un terreno para construir un hospital. Una buena parte de este dinero fue a parar a manos de los mismos miembros de la Junta, pues como se observa en el cuadro que aparece en la Memoria, entre los gastos generales se mencionaba que se habían pagado 7 168

21 agev - Cam, Municipio San Andrés Tuxtla, caja 24, exp. 25, f. 802. En el dictamen realizado por Benjamín Aguillón en 1923, se decía que los lotes fraccionados habían sido 3187.

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pesos a los cuatro ingenieros que se encargaron del deslinde, 180 a un escribiente y no se habían cobrado 480 por títulos que los dueños no habían retirado.

En contraste, por concepto de salarios los miembros de la Junta recibieron distintas asignaciones: el presidente Rafael Rodríguez Talavera percibió 1 350 pesos más una gra-tificación de 3 500, al vocal Pedro J. Sinta se le dieron 420 pesos más una gratificación de 600, al vocal Manuel Ortiz se le pagaron 900 pesos más una gratificación de 1 500, a García Miravete que sustituyó por un tiempo a Ortiz se le sufraga-ron 330 pesos, al tesorero Gabriel Artigas se le designaron 1 080 pesos más una gratificación de 2 000 y el secretario Joaquín P. Riveroll cobró 1 020 pesos más un sobresueldo de 425 y una gratificación de 2 000. Es decir, los miembros de la Junta recaudaron en total 15 125 pesos. A ello se debía sumar 1 000 pesos que se le dieron como gratificación al jefe polí-tico. Con el transcurso de los años, el acaparamiento de la tierra por parte de los grandes propietarios se daría por otras vías. Uno de los más recurrentes sería el de la habilitación de los campesinos, esto es, el préstamo de dinero para sembrar un determinado producto, en la mayoría de los casos fue tabaco, con la condición de cumplir con una determinada cuota de producción, la que se determinaba según las nece-sidades de los habilitadores. Si los agricultores no cubrían lo que se les había solicitado, los prestamistas podían quedarse con sus tierras como compensación.

Un caso que ejemplifica lo anterior fue narrado el 7 de marzo de 1922 por Juan Andrés Caporal, quien decía que su padre Longinos Caporal le heredó una media acción de terreno en Ranchoapam. Como deseaba sembrar tabaco en el terreno, consiguió que Nicolás Villa lo habilitara. Juan Andrés explicaba que, año con año, entregaba “buenas co-

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sechas” a Villa, pero éste le decía que estaba endeudado y le hizo firmar una escritura de venta con pacto de retroventa de tres años, pero el habilitador no cumplió con su promesa y lo despojó de su terreno antes de tiempo.22 Manuel Fernán-dez quien era el yerno de Villa lo presionó para que devenga-ra una cuenta que, según Caporal, era injusta pues el tabaco que daba valía más de lo que percibía por la habilitación. A causa de lo anterior, Caporal había quedado arruinado y sin tierras para trabajar.

Había otros casos en los que los préstamos de dine-ro podían ser causa de pérdida de la tierra. Así sucedió con Carmen Velazco, quien declaró el 8 de marzo de 1922 que su esposo, Manuel Urbano Velazco, tenía una acción en Te-huantepec. Debido a que su esposo se enfermó tuvo que pe-dir dinero prestado para curarlo. Su esposo quería empeñar el título para obtener lo necesario para su curación, pero ella se opuso en todo momento. Como su esposo se agravó, Car-men recurrió a Joaquín Carrión para que le prestara 20 pe-sos y éste se los dio con la condición de que le diera su título como garantía. A los poco días su marido murió y una sema-na después, Carrión la mandó a llamar para que firmara el traspaso pues decía que el terreno era suyo. Ella se negó pues tenía muchas deudas que cubrir y unos hijos que mantener, pero Joaquín no la escuchó y se quedó con su tierra, pese a que ella no firmó ningún documento.

Los dos casos antes expuestos constituyen una mues-tra de un proceso complejo que se dio en la comunidad de San Andrés. La mayor parte de los testimonios presentados ante las autoridades agrarias en la década de 1920, eviden-ciaban las distintas estrategias que los grandes propietarios

22 Sobre los pactos de retroventa, véase Leonard, pp. 12-15.

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utilizaron para acaparar la tierra, situación que también se viviría en otras regiones del estado de Veracruz. En muchas ocasiones, las mismas autoridades municipales fueron las que favorecieron la adjudicación fraudulenta de las tierras.23 Tras los sucesos revolucionarios, los campesinos sanandresa-nos buscarían recuperar unas tierras de las que habían sido despojados a causa de lo que consideraban era la ambición de unos cuantos.

lA luchA poR lA TieRRA

El 4 de febrero de 1912, un grupo de vecinos de San Andrés se reunió en la casa de Hipólito Jerezano, a fin de analizar la resolución que el gobierno había emitido el 25 de septiembre de 1911. El documento era referente a la denuncia que Ig-nacio O. Monterrey hizo de unos terrenos vacantes, mismos que se ubicaban en los municipios de San Andrés y Catemaco y que abarcaban cuatro sitios de ganado mayor. Los vecinos llegaron a la conclusión de que las propiedades no podían ser adjudicadas al denunciante, debido a que pertenecían a las tierras comunales de San Andrés. Por este motivo, buscaban que el gobierno se las devolviera y las repartiera entre ellos, según los criterios estipulados en la escritura del 13 de febre-ro de 1885. Como no deseaban depender sólo de las gestiones que realizara el Ayuntamiento, ellos tomaron la iniciativa y crearon una “Junta para gestionar el reparto de los terrenos indivisos de comunidad” conformada por Hipólito Jerezano

23 Véase, por ejemplo, David Skerrit, Rancheros sobre tierra fértil, col. Biblioteca de la Universidad Veracruzana, Jalapa, Universidad Veracru-zana, 1993, pp. 105-107; García Morales, Sumaria historia, p. 17; Velasco Toro, p. 288.

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(presidente), Francisco P. Villegas (vicepresidente), Longi-nos Mantilla, Salvador Torres, Tiburcio Tenorio, Celso To-rres e Ignacio Oliveros (vocales), Pedro Cosme (secretario) y Mauricio Toto (prosecretario). Como su petición no obtuvo respuesta, el 15 de octubre de 1912 la Junta envió una carta al ministro de gobierno en la que exponían que en 1886 se había realizado el reparto de las tierras comunales, mismo que se hizo de acuerdo a “la voluntad de los señores que for-maron la junta divisionista” y no a los intereses del pueblo. Ellos afirmaban que la Junta Divisionista cometió diversas irregularidades, entre las que destacaba el que no se hubiera repartido en su totalidad los terrenos de comunidad, pues sólo se fraccionaron once de los quince sitios que formaban el común del pueblo de San Andrés.24

Ellos pedían que el presidente ordenara la medición de los terrenos que no tenían dueño legal, pero que eran po-seídos por Gabriel Artigas. Estos terrenos debían ser repar-tidos entre los pobladores para lo cual se debía nombrar un administrador que se encargara de la tarea. A fin de que su petición fuera escuchada, declaraban que sus intenciones no eran políticas, ni ambicionaban intereses ajenos, sino que eran unos “humildes artesanos” que deseaban la restitución de unas tierras que les pertenecían por legítimo derecho. Ellos aclaraban que si el terreno que solicitaban no existía o estaba enajenado conforme a la ley, se debían dar por ter-minadas sus gestiones pues no deseaban entrar en asuntos contenciosos que generaran gastos y pérdida de tiempo. La petición de la Junta encontró buena acogida entre las auto-ridades federales, pues se le pidió al gobernador del estado que recogiera informes sobre este asunto. El 7 de marzo de

24 agev- Cam, Municipio San Andrés Tuxtla, caja, 25, exp. 25, ff. 1-2.

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1913, el gobernador manifestaba que le había solicitado al jefe político del Cantón que le remitiera datos relativos a los terrenos indivisos, pero hasta ese momento no había reci-bido nada. El 3 de abril de 1913, M. M. Riveroll, Hipólito Jerezano, Antonio Martínez y A. Arévalo, en su calidad de miembros de la comisión formada por el Ayuntamiento para estudiar el caso, enviaban una carta al gobernador en la que mencionaban que no habían localizado datos referentes a los terrenos indivisos, por lo que proponían que un ingeniero hiciera un reconocimiento de la zona.25

Como la petición no obtuvo respuesta, en buena me-dida a causa de los sucesos que ocurrían tanto a nivel nacio-nal como local, el 31 de agosto de 1914, Hipólito Jerezano y Francisco Villegas remitieron una carta al gobernador, le pe-dían que les repartiera las tierras que pertenecían a Gabriel Artigas y que, mientras no se llevara a cabo la división de la misma, se les permitiera cultivarla sin tener que pagar nin-gún tipo de retribución y que, además, pudieran aprovechar sus maderas y bejucos. Como la solicitud no recibió respues-ta, quizá por el hecho de que Jerezano y Villegas hablaban en nombre propio, dos meses después cambiaron la estrategia. El 20 de octubre de 1914 enviaron un escrito al gobernador, firmado por la Junta Gestora de Restitución de Ejidos, en el que exponían que habían averiguado que Artigas poseía 24 sitios cuando la Junta Divisionista sólo le había otorgado 16. La Junta Gestora pedía que el gobernador citara a Francisco Villegas para que mostrara en qué lugar se encontraban las tierras usurpadas y se volvía a insistir en que se permitiera el libre cultivo de los terrenos, pero sin que se perjudicara a Ar-tigas. Diez días después, el secretario general de gobierno, M.

25 Ibid., ff. 3-9.

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Pérez Romero, contestaba a la Junta que se mandarían unos ingenieros de la Comisión Agraria para que recabaran la in-formación necesaria. El 5 de noviembre de 1914, el inspector de administraciones Juan Rodríguez Clara ordenaba que se les diera tierra a los indígenas que fueron despojados, situa-ción que aprovechó la Junta para solicitar que el gobernador Cándido Aguilar pidiera a la jefatura de armas que llevara a cabo la devolución de las tierras que poseía Artigas.26

El 12 de noviembre, Jerezano remitía carta al gober-nador en la que le pedía que le enviara de nueva cuenta el oficio que les envió el 30 de octubre, pues la administración de correos lo había devuelto debido a que no sabían de la existencia de la Junta Gestora y ellos habían cometido el error de no informar de su creación. Para estos días, la Junta había sufrido algunos cambios en su conformación. Jereza-no y Villegas continuaban como presidente y vicepresidente, pero se habían integrado nuevos vocales: Florentino Cerrano [sic], Juan Domínguez, José A. Vela, Gumersindo Oliveros, Pedro Moreno Sinta, Manuel Moreno, David Diego Anota, José A. Camacho, Longinos Mantilla y Martín Velasco, y un nuevo secretario: Justiniano Torres. El 17 de noviembre, el jefe político Primitivo R. Valencia27 remitió un informe al

26 Ibid., ff. 10-16.27 Salamini, Agrarian radicalism, pp. 158-159; Romana Falcón y Soledad García, La semilla en el surco. Adalberto Tejeda y el radicalismo en Vera-cruz (1883-1960), México, Gobierno del Estado de Veracruz / El Colegio de México, 1986, pp. 144, 146; Medel, Historia, t. II, p. 177. Primitivo Valencia se destacó, al igual que Juan Rodríguez Clara, por su partici-pación en la lucha constitucionalista. En la década de los 20 y al lado de Rodríguez Clara, Manuel Azamar, Ángel R. Cabada y Andrés Pérez Cadena, Valencia tendría una activa intervención en la formación de co-mités campesinos en la región del sotavento y en la fundación del partido

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gobernador en el que mencionaba que después de analizar la Memoria de la Junta Divisionista, se había dado cuenta que Artigas poseía terrenos que pertenecían a la comunidad, mismos que retenía de “manera arbitraria y punible”. Este hombre no se mostraba favorable a los intereses del pueblo, pues cuando requirió que los terratenientes cedieran sus tie-rras para que los campesinos las sembraran, previo pago del arrendamiento, Artigas se resistió pues decía que no le ren-taría a los que apoyaban a la Junta Gestora. Valencia suge-ría que se diera posesión de las tierras al pueblo y si Artigas se sentía agraviado, debía presentar las escrituras que am-pararan sus terrenos. La petición de la Junta fue resuelta de manera favorable por la Comisión Agraria, pues ésta ordenó el 16 de enero de 1915 que se dotara de diez hectáreas a los peticionarios, a reserva de que se investigara la validez de los terrenos del poseedor.28

Por medio del jefe de armas T. Constantino, la Junta fue informada el 23 de enero de 1915 de la resolución tomada por la Comisión Agraria. Siete días después, el vocal de la Junta Civil de San Andrés Genaro Mateo mencionaba que Francisco Artigas poseía 28 111 hectáreas en San Martín, el cual no se encontraba cultivado ni en un 10% de su totalidad y que cobraba cuatro pesos por hectárea a los que querían arrendarlo, motivo por el que sugería que se fraccionara el terreno en razón de seis hectáreas por lote que se venderían

rojo sanandresano que agrupaba a campesinos, trabajadores rurales, ar-tesanos y comerciantes. Con el apoyo del partido rojo, en 1924, Valencia ganaría la diputación federal. Este partido también obtendría la diputa-ción estatal y la presidencia municipal de San Andrés.28 agev - Cam, Municipio San Andrés Tuxtla, caja 25, exp. 25, ff. 17-19, 25, 30, 36.

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a 32 pesos. Con esta medida se beneficiaría a 4 497 campesi-nos y cesarían los levantamientos que se realizaban contra Carranza, pues estos “revolucionarios de última hora” pro-metían repartir terrenos y difundían la idea de que Carranza no lo iba a hacer. La determinación del gobierno de retirar a los ingenieros encargados del fraccionamiento, había servido como un pretexto para que los cabecillas pregonaran que Carranza quería engañar al pueblo, de la misma manera que lo había hecho Madero. Él estaba convencido de que la “gen-te humilde” de San Andrés se había unido a los rebeldes por su deseo de poseer tierra, pero si Carranza se las daba serían los primeros en combatir a los “reaccionarios” que deseaban un “gobierno dictatorial”. Como respuesta, el 19 de febre-ro de 1915 Manuel Alvarado señalaba que la expropiación del terreno de Artigas no sería necesaria, si el gobierno expedía la ley sobre el impuesto predial propuesta por el di-rector de la Comisión Agraria. Desde su perspectiva, la pro-piedad de Artigas tendría que pagar un impuesto muy alto que sería de 449 776 pesos si conservaba toda la propiedad o 167 621 pesos si cedía una parte, motivo por el que sería pre-ferible para el dueño deshacerse de una extensión de tierra sumamente costosa y que no aprovechaba en su totalidad.29

De acuerdo con las disposiciones de la ley agraria del 6 de enero de 1915, la Comisión Agraria informó el 3 de marzo de 1915 a la Junta de Administración Civil de San Andrés que se debería crear un Comité Particular Ejecutivo (CPe) que se ocupara de los asuntos relativos a la dotación. La creación del Comité generó problemas, pues el 30 de mar-zo se le pidió a la Junta Gestora que lo propusiera, pero ese mismo día la Junta de Administración instaló uno que esta-

29 Ibid., ff. 22, 40-42.

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ba conformado por Perfecto Moreno, Rafael P. Cadena y An-tonio Rodríguez Baltasar. Aunque Hipólito Jerezano decía que la Junta había guardado silencio ante la designación, lo cierto es que “alguien” debía denunciar que el presidente del Comité era el hermano del presidente de la Junta de Admi-nistración, razón por la que el secretario de Fomento ordenó que se depusiera el Comité y pidió a Jerezano que propusiera otro. El presidente de la Junta sugirió que el Comité fuera integrado por Francisco P. Villegas, Manuel Cadena Pérez y Crescencio Prieto. Sin embargo, el Comité nombrado por la Junta de Administración continuó en actividades hasta el 16 de agosto de 1915, fecha en la Comisión Local Agraria (Cla) decidió que comenzara a funcionar el que encabezaba Villegas, quien el 20 de octubre de ese año presentó de ma-nera formal la petición de restitución de las tierras de San Andrés. Al parecer, la resolución de la Cla no fue del agra-do de todos, pues el 4 de diciembre se solicitó la destitución del CPe. El 6 de enero de 1916 se resolvió que Manuel Seba Temich, Eduardo Bustamante y Crescencio Loto serían los nuevos miembros, a la vez que se ordenaba que se enviaran al gobernador los títulos de propiedad que guardaba el su-bregidor del partido.30

Todo indica que la disposición no se llevó a cabo, pues el 4 de marzo de 1916 Francisco Villegas, en su calidad de pre-sidente del CPe, solicitaba que se autorizara la contratación de un secretario que lo ayudara a investigar qué terrenos se encontraban comprendidos dentro del artículo primero de la ley del 6 de enero y pedía que se le remitiera la Memoria del reparto que había enviado al gobernador Heriberto Jara. Al parecer, la tarea rebasó a Villegas pues el 15 de julio de 1916

30 Ibid., ff. 43-45, 47, 50-54, 60-62, 64.

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Jara decidió sustituirlo y nombrar en su lugar a Rafael Mar-tínez Platas, a quien le encomendó la tarea de resolver con rapidez las numerosas quejas que se recibían en el CPe. El 15 de agosto se informó que el ingeniero Luis Pérez Michaud y Carlos Alvarado se encargarían de hacer el estudio relativo a la devolución de tierras, pero el 13 de noviembre Martínez Platas decía que los comisionados todavía no habían llegado, debido a que no sabían quién iba a cubrir sus gastos. Des-pués de seis meses de silencio, el 6 de julio, el presidente de la Comisión Local Agraria, Froilán Álvarez del Castillo, solici-tó que el presidente municipal de San Andrés, A. C. Patraca, le remitiera los títulos primordiales y un informe detallado de la manera en la que Artigas se hizo dueño de los ejidos. El presidente municipal no remitió ningún documento, pese a que Álvarez le hizo la misma petición en cuatro ocasiones distintas (8 de agosto, 26 de octubre, 26 de noviembre y 31 de diciembre), situación que provocó su desconcierto pues no sabía cuál era la razón por la que no se cumplían sus ór-denes. Ante la falta de respuesta, Álvarez ordenó, el 24 de octubre, que se le presentara un informe de los propietarios que poseían extensiones mayores de 50 hectáreas y el 31 de diciembre, le pidió al diputado local Luis Carrión, miembro de una poderosa familia productora de tabaco, que le indica-ra cuál era el motivo por el que el munícipe sanandresano no obedecía las indicaciones de la Cla.31

El silencio de Patraca era producto de los nexos que mantenía con los grupos terratenientes de la región y su de-seo de protegerlos en la medida de lo posible, pues cuando el presidente de la Cla le solicitó a Luis Carrión, el 15 de febrero de 1918, que recabara los planos y los títulos de los

31 Ibid., ff. 65-69, 77, 80, 82-85.

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terrenos repartidos por la Junta, Patraca le informó el 27 de febrero que los títulos estaban en poder del ingeniero Pérez Michaud que se encontraba en el puerto de Veracruz y el plano general de reparto se resguardaba en el archivo de la notaría número uno, por lo que se debía pedir permiso al Tri-bunal Superior de Justicia para consultarlo. La rapidez con la que el munícipe respondió a Carrión denotaba los vínculos que existían entre los dos personajes. Al parecer, el diputado envió a la Cla un informe poco consistente, motivo por el que Álvarez escribió una nota al gobernador, fechada el 19 de abril de 1918, en la que se quejaba del mutismo de Patraca y de la ineficacia de Carrión para dar un informe. Froilán estaba convencido de que la negligencia del munícipe sanan-dresano era producto de su deseo de defender los intereses de los terratenientes, razón por la que pedía que el magistrado tomara las medidas necesarias para hacer que se cumpliera la ley. Pese a la molestia que sentía, Álvarez volvió a pedir a Patraca y a Carrión que le remitieran la información que había solicitado. Al primero le escribió el 26 de abril y reci-bió contestación el 18 de julio, mientras que al segundo se la dirigió el 28 de mayo sin que obtuviera respuesta. En su mi-siva, Patraca le decía que se había entrevistado con Francis-co Villegas y con Martínez Platas, sin conseguir ningún dato que resultara relevante y como no había podido recabarlos por otros medios, pensaba que se debía enviar un ingeniero que lo ayudara en esa tarea.32

Para evitar que Patraca y Carrión pusieran más obs-táculos, Álvarez decidió, el 5 de agosto de 1918, que el in-geniero Juan Pablo Peña se dirigiera a San Andrés, a fin de entrevistarse con Villegas y Martínez Platas y sacar una

32 Ibid., ff. 86-91, 94-96.

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copia del plano de la división de las tierras comunales. Por una razón que no se especifica, Peña no se presentó en San Andrés, razón por la que el Comité Particular Ejecutivo pi-dió, el 15 de marzo de 1919, que el gobernador enviara otro ingeniero. Aunque el mandatario apoyó la petición, no había ingenieros ni de la Cla, ni del Departamento de Fomento, que pudieran encargarse del trabajo. Al final, Luis G. Salas fue elegido para hacerse cargo del asunto. A diferencia de Peña, Salas debía recabar los títulos de propiedad y los do-cumentos que considerara que eran útiles para la investiga-ción, además debía entrevistarse con Villegas, Martínez Pla-tas, Manuel Cadena Pérez, Crescencio Prieto, Genaro Mateo, Hipólito Jerezano, Salvador Torres, Tiburcio Tenorio, Celso Torres, José María Cosme, Mauricio F. Toto y Pedro M. Cos-me. El 4 de mayo de 1919, Álvarez le informó a Patraca que Salas se dirigiría a San Andrés, pero el 8 de mayo se tuvo que dar marcha atrás pues el gobernador había decidido que el ingeniero se trasladara a otro lugar. El puesto de Salas se-ría ocupado el 5 de agosto por el ingeniero Carlos Rousseau. Resultaba extraña la designación de este hombre, pues no sólo pertenecía a una de las familias que poseían grandes ex-tensiones de tierra en el lugar, sino que también tenía nexos de parentesco con algunos de los que podían ser afectados, además de que había sido jefe político del Cantón entre 1912 y 1914. El 17 de septiembre de 1919, Carlos remitió un infor-me a la Cla en el que decía que había recabado información de las personas que habían vivido en la época del reparto y de los que conocían del asunto pues tenían un papel de primera importancia.33

33 Ibid., ff. 97, 100-103, 105, 107, 110-115; San Andrés Tuxtla, Enciclo-pedia Municipal Veracruzana, Jalapa, Gobierno del Estado de Veracruz,

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Se abstuvo de hablar con los que participaban en las luchas políticas, entre los que se encontraba el actual pre-sidente del CPe, para evitar que se malinterpretaran los re-sultados de su comisión. Para evitar que su informe fuera criticado, Carlos mencionaba que había realizado todos sus actos con “imparcialidad” y que no tendría inconveniente en que una tercera persona verificara la veracidad de sus afir-maciones. Rousseau decía que tras analizar el contrato de compra venta y hacer un recorrido de la superficie, se había dado cuenta que había errores de estimación de la superficie, por lo que había llegado a la conclusión que no se vendie-ron quince sitios sino once, es decir, no faltaban los cuatro sitios de los que hablaban los peticionarios, ni nadie se los había adjudicado de manera impropia. El ingeniero mani-festaba que muchos de los lotes repartidos fueron vendidos por sus dueños debido a que la tierra tenía “poco valor”, si-tuación que generó la existencia de “regulares extensiones” en manos de un solo individuo. Sin embargo, reconocía que se habían producido “muchos vicios” en el reparto y aun-que había numerosos pequeños propietarios, también había un nutrido grupo de personas que requerían tierra y tenían que pagar elevados arrendamientos para tenerla, los cuales iban, desde cuatro pesos que cobraba Artigas, hasta 50 en algunas fincas. Rousseau pensaba que San Andrés no de-bía pedir restitución sino dotación, único medio por el que lograrían tener éxito en sus pretensiones. En el mes de oc-tubre, se le encargó a Rousseau que hiciera copias certifica-

1998, p. 396. En 1922, Rousseau se desempeñaría como profesor y di-rector de la primera escuela secundaria que se fundó en Los Tuxtlas. Por su apoyo a Obregón durante la rebelión delahuertista, recibiría el nombramiento de coronel.

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das de los títulos que estaban en la notaria y una calca del plano de repartición.34

El ingeniero respondió que para realizar las copias ten-dría que recibir dinero del gobierno, pues una parte del pue-blo se oponía a pagar sus gastos debido a que alegaban que los anteriores enviados no habían cumplido con su misión. Quizá por esta razón, el 29 de octubre de 1919, el presidente de la Comisión Local Agraria le pidió a Martínez Platas que apoyara a Rousseau en sus labores. Martínez aceptó con la condición de que se enviara una comisión agraria que co-menzara el fraccionamiento de la tierra. El 9 de diciembre, el ingeniero remitió un segundo informe en el que volvía a insistir en que el pueblo debía pedir dotación de tierras, pues no se podían restituir terrenos que nunca existieron. Rousseau decía que las tierras se debían adquirir en otras zonas para no perjudicar las de terceros o las que estaban cultivadas. También reconocía que en la formación de las grandes propiedades se habían producido “irregularidades”, pero consideraba que resultaba complicado investigarlas y no generarían ningún beneficio para la comunidad. Para finalizar su tarea, el presidente de la Cla pidió a Rousseau que hablara con los propietarios de extensiones mayores a 100 hectáreas, a fin de que le remitieran sus títulos de pro-piedad. Aunque el ingeniero cumplió su labor, el proceso se detuvo dos años. En buena medida, por la presión ejercida por los dueños, quienes se negaron a mostrar los títulos que amparaban sus propiedades y hasta se dio el caso de que uno de ellos, Octaviano G. Carrión, mencionaba que mantenía estrechas relaciones con el presidente de la República, por lo

34 agev - Cam, Municipio San Andrés Tuxtla, caja 25, exp. 25, ff. 116-127, 130-131.

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que no trataría los asuntos agrarios con la Cla, sino con las instancias de gobierno, tanto estatal como federal.35

El 6 de diciembre de 1921, el ingeniero Álvaro Fernán-dez recibió la encomienda de hacer un nuevo estudio que sirviera para saber, de una vez por todas, de qué manera se perdieron las tierras en San Andrés. El 23 de enero de 1922, Fernández informaba que como no había localizado los títulos primordiales de 1839, realizaría una investigación patrimonial administrativa además de que pediría las escri-turas de los actuales poseedores. El 15 de marzo de 1922, el ingeniero notificaba que la información, tanto verbal como documental, indicaba que San Andrés poseía 16 sitios, pero no había logrado reunir todos los datos que requería, debido a que muchos individuos guardaban silencio con el pretexto de que iban a ser afectados por la restitución. A diferencia de Rousseau, Fernández pensaba que el pueblo debía pedir la restitución de sus tierras, medida que no afec-taría a las demás congregaciones que componían el muni-cipio. Realizar el deslinde del ejido, permitiría localizar las tierras que se habían acaparado indebidamente. Para deter-minar cuáles eran los terrenos que se podían afectar la Cla solicitó, el 30 de agosto, que Longinos Camacho, José Bissch y Pedro L. Caballero presentaran sus escrituras. El 20 de di-ciembre de 1922, se hace la misma petición a Pastor Artigas, R. M. Palacio, Ana Villa, Pedro Amoroso, Juana F. de Ville-gas y al Banco Mercantil de Veracruz. En las primeras sema-nas de enero, tanto Villa como Artigas remitieron cartas a la Cla para aclararle que ellos no poseían grandes propiedades, sino que éstas eran pequeñas y ocupadas por campesinos. El análisis del expediente fue encomendado a Benjamín Agui-

35 Ibid., ff. 133-138, 144, 179, 198.

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llón, quien remitió su dictamen el 18 de mayo de 1923. En éste decía que aunque la escritura original hablaba de 16 si-tios de ganado mayor, los trabajos de los ingenieros habían demostrado que en realidad se trataba de once.36

Esos terrenos habían sido repartidos por la Junta Di-visionista de manera irregular, lo que ocasionó que algunas personas resultaran beneficiadas con grandes extensiones de tierra, mientras que el común del pueblo tuvo que confor-marse con pequeñas propiedades. Como en la repartición se incluyó a individuos ajenos a la comunidad, se violaron va-rios artículos de las leyes del 22 de diciembre de 1826 y del 17 de marzo de 1869, razón por la que se debían nulificar las adjudicaciones y enajenaciones hechas por la Junta Divisio-nista. Ante tal circunstancia, concluía que se debía restituir a San Andrés los once sitios de tierra que formaban el co-mún. El dictamen de Aguillón fue aprobado por Tejeda al día siguiente y el 30 de mayo, la Comisión Local Agraria so-licitó que la Comisión Nacional Agraria expidiera el acuerdo para realizar la restitución de las tierras. Sin embargo, este

36 Ibid, ff. 476-480, 488-528; Léonard, p. 11. Para evitarse problemas, Aguillón no tomaba en cuenta que había una contradicción en los in-formes de los ingenieros enviados a la región, pues Fernández hablaba de 16 sitios y Rousseau de once. Quizá por el hecho de que el vocal iba a proponer la restitución, no trató de indagar la razón por la que había discordancia en los datos. Por su parte, Léonard sugiere que los terre-nos faltantes, los cuales se ubicaban en la periferia, fueron vendidos ya sea para financiar las operaciones de la Junta Divisionista o para pro-porcionar fondos a la Sociedad Agrícola. Sin embargo, este autor no proporciona datos que permitan corroborar sus afirmaciones. De hecho, si alguna de estas dos opciones hubiera ocurrido, los demandantes lo ha-brían expuesto durante el proceso para sustentar el hecho de que se les había despojado de la tierra.

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organismo no emitió ningún dictamen por lo que en 1924, la Cla y el gobernador Jara pidieron a la Cna que se les autoriza-ra a realizar la dotación provisional. Para tratar de presionar a las autoridades agrarias, el Comité Particular Ejecutivo informó que los terratenientes abusaban de los campesinos, pues no sólo los obligaban a sembrar en donde ellos querían, sino que les cobraban por adelantado. Como los terratenien-tes se habían enterado que todavía no se daría la posesión provisional, habían aumentado el precio de las rentas y tra-taban de sacarlos de los terrenos que ellos ocupaban. Pri-mitivo Valencia buscó aprovechar el silencio de la Cna para sacar dividendos políticos, pues comenzó a propalar noticias de que la dotación estaba a punto de ser aprobada gracias a sus esfuerzos, situación que no fue del agrado de Octaviano G. Carrión, quien solicitó al gobernador que acabara con esa situación.37

Como la respuesta de la Cna no llegaba, Manuel Aza-mar, quien fungía como delegado de los campesinos de San Andrés, remitió el 12 de abril de 1926 una carta a la Procura-duría de Pueblos en la que pedía que, mientras se tramitaba la restitución o dotación, se debía aplicar la ley de tierras ociosas. El gobernador le solicitó el 23 de abril al presidente municipal de San Andrés que tratara de aplicar la ley de

37 agev- Cam, Municipio San Andrés Tuxtla, caja 24, exp. 25, ff. 34-35, 40, 43, 45-46, 48-49, 53, 55-57, 62, 64, 66, 90; Olivia Domínguez Pérez, Po-lítica y movimientos sociales en el tejedismo, col. Historias Veracruzanas, núm. 1, México, Universidad Veracruzana / Centro de Investigaciones Históricas, 1986, p. 26; Medel, t. II, pp. 164-165. Otras estrategias utili-zadas por los terratenientes para obstaculizar la política agraria fue sus-pender los arrendamientos y contratar jornales de otras regiones. En el caso de San Andrés, desde 1918 se presentaron quejas ante el presidente municipal por los altos arrendamientos que se cobraban.

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tierras ociosas y, si no era posible, debía pedirle a los pro-pietarios que cobraran cuotas módicas a los labradores. El 22 de mayo, Roberto E. Calzada informaba al gobernador que no había podido aplicar la ley de tierras ociosas, pues las tierras que se pedían, mismas que pertenecían a Luis Villa, no se encontraban inactivas. Después de esperar tres años, la Cna emitió su dictamen el 21 de septiembre de 1926 que fue desfavorable para los campesinos, debido a que no se había podido comprobar que San Andrés había disminui-do su población o había perdido sus principales fuentes de riqueza, además de que tampoco había podido comprobar de qué manera se efectuó el despojo de las tierras pues los documentos presentados denotaban que el reparto se realizó con apego a la ley. Como la restitución no procedía, sólo res-taba realizar la dotación subsidiaria, pero tampoco se podía llevar a cabo debido a que San Andrés era una ciudad, razón por la que sólo sus congregaciones tenían derecho a solici-tar la dotación. Esta resolución se publicó el 2 de noviem-bre de 1926 en la Gaceta Oficial. Pese a la sentencia negati-va, los campesinos de San Andrés no cejaron en su empeño de obtener tierras. Así, el 26 de agosto de 1928, los vecinos de San Andrés volvieron a solicitar la dotación, pues alegaban que, tras la expedición del nuevo reglamento agrario, habían desaparecido las causas por las que se les negó en 1926. Este nuevo proceso será objeto de una futura investigación.38

38 agev - Cam, Municipio San Andrés Tuxtla, caja 24, exp. 25, ff. 102-105, 115-116, 119-140. Sobre las peticiones de dotación realizadas por las congregaciones de San Andrés se puede consultar San Andrés Tuxtla, pp. 119-132.

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A mAneRA de conclusión

La repartición de las tierras comunales de Los Tuxtlas cons-tituyó uno de los grandes logros del gobernador Juan de la Luz Enríquez, pues la tensa situación que se vivía en la po-blación no permitía un avenimiento entre las partes. Si bien es cierto que la parcelización de las tierras comunales había comenzado desde mediados del siglo xix, Enríquez le daría un gran impulso, a tal grado que en 1894 prácticamente se había completado en la zona central y sureste del Estado.39 Al igual que en otras regiones de Veracruz y del país, los campesinos sanandresanos observaban que unos cuantos in-dividuos acaparaban la mayor parte de las tierras. En el caso particular de este estudio, las tierras dedicadas al cultivo del tabaco fueron las más disputadas y se convirtieron en objeto de codicia de los grandes productores de la planta. Aunque no se cuenta con datos precisos para determinar la canti-dad de población que fue despojada, no se puede sostener, como lo hacen algunos autores, que el reparto de las tierras comunales de San Andrés benefició a amplios sectores de la población.40 El mismo Rousseau reconocía que los campesi-nos sanandresanos requerían de tierra, pues había muchos que carecían de ella. La diligencia con la que se resolvió el expediente a nivel local, mostraba la disposición del gober-nador Tejeda y de las autoridades de la Cla para favorecer los intereses de los labriegos, pero no se correría con la misma suerte a nivel federal. Ante esta situación, se debe cuestionar si en realidad fue tan efectiva la política agraria de Tejeda,

39 Salamini, p. 4; González de la Lama, pp. 60-61.40 Medel, t. I, p. 311-312; González Sierra, Los Tuxtlas, p. 51.

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pues aunque algunos autores han planteado que el gober-nador repartió 160 190 hectáreas entre 1920 y 1924, se debe tomar en cuenta que muchas de las dotaciones no se llega-ron a poner en práctica sino hasta muchos años después o, como sucedió en este caso, no se logró el propósito.41 Pese a la resolución negativa, los campesinos de la región no cejaron en su empeño de obtener una parcela para poder sembrar. Cada una de las congregaciones que formaba el municipio de San Andrés abriría su propio campo de batalla y obtendría distintos resultados. Estas historias particulares esperan ser contadas algún día.

41 agev - Cam, Municipio San Andrés Tuxtla, caja 24, exp. 25, ff. 28, 800-823, 844-846; Domínguez, Política y movimientos, pp. 24-25, 53-56; Skerrit, Una historia agraria, p. 7; Salamini, p. 161; Falcón, La semilla, pp. 163, 224; Falcón, Romana, El agrarismo en Veracruz. La etapa radi-cal (1928-1935), col. Centro de Estudios Internacionales, núm. XVIII, México, El Colegio de México, 1977, pp. 16, 30, 43.

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pRólogo. independenciA y Revolución Margarita Espinosa Blas y Cecilia Landa Fonseca 13

RefoRmAs boRbónicAs y consTiTución de cádiz vs pRivilegios del cAbildo de TlAxcAlA, 1787-1812 Carlos Bustamante López

Introducción 15Cuerpo político y privilegios del Antiguo Régimen: el caso del Cabildo Indio de Tlaxcala 16Reformas Borbónicas vs Privilegios del Cabildo Indio de Tlaxcala, 1787-1804 19

La anexión a la Intendencia de Puebla 19La defensa de los bienes propios y de comunidad 23

Pueblos vs privilegios del Cabildo Indio, 1803-1810 26Servicios personales, elección y cobro de derechos a los oficiales de república 26

A manera de conclusión: La Constitución de Cádiz de 1812, salida política y social a la crisis de los privilegios 33Referencias 38

lA difusión de lAs ideAs. pRopAgAndAs insuRgenTe y conTRAinsuRgenTe en nuevA espAñA, 1809-1814 Martín Escobedo Delgado

La propaganda política en el proceso independentista 43El origen de la propaganda política 44El vértigo propagandístico en la Nueva España 47La lucha propagandística: insurgentes versus monárquicos 53El poder de la palabra escrita 76Referencias 80

lAs hAciendAs de queRéTARo y cAdeReyTA duRAnTe lA gueRRA de independenciA Lourdes Somohano Martínez

Cadereyta y Querétaro 86El inicio de la revolución 90La franja suroeste del Corregimiento de Querétaro 95La franja noreste del Corregimiento limítrofe con Cadereyta 103El conflicto con los indios de Tetillas y de Las Tuzas 111Los indios de Tetillas y de San Gaspar 114Los arrendatarios de Las Tuzas 118Referencias 127

ciudAdes que consTRuyen nAciones: lAs cunAs de lA pATRiA de méxico y chile Mario Armando Vázquez Soriano 131

Referencias 158

AspecTos de lA vidA en queRéTARo duRAnTe lA épocA de iTuRbide. unA ReconsTRucción hisTóRicA Ángela Moyano Pahissa

Introducción 163La Regencia de Iturbide: 1821 164Imperio de Iturbide 1791823 186Referencias 192

hAciendA públicA y conTRibuciones: un AceRcAmienTo desde lA opinión públicA (1821-1824) J. Jesús López Martínez

Introducción 193La idea de Estado y nación 195Contribuciones: directas o indirectas 201La des-organización de la Hacienda pública 207Referencias 219

lA ciudAd de queRéTARo en el peRiodo RevolucionARio. el cosTo de lA gueRRA y lAs ReivindicAciones sociAles (1914-1917) Ana Cecilia Figueroa y Ricardo Jarillo Hernández

El transitar de los ejércitos 227Los horrores de la guerra 228El fantasma de la guerra: la peste 232Una ciudad insalubre 235Curar a los enfermos y enterrar a los muertos 237Una economía golpeada por la guerra 240Laicidad en las políticas públicas 249Las otras políticas anticlericales 252La venganza del imaginario colectivo 255

Las reivindicaciones sociales 258Referencias 262

de lA cAídA de díAz Al AsesinATo de mAdeRo: lecTuRAs cubAnAs

Margarita Espinosa Blas

Introducción 265Godoy: el último diplomático porfirista 267Manuel Márquez Sterling y la causa maderista 283Palabras finales 290Referencias 292

los conflicTos poR lA TieRRA en sAn AndRés TuxTlA, 1914-1926Rogelio Jiménez Marce

Los orígenes de la comunidad 296La división de las tierras comunales 305La lucha por la tierra 316A manera de conclusión 332Referencias 334

tiempotiempoyregion.mx/wp-content/uploads/2014/09/tiempo-y... · 2014-09-01 · tiago de...

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