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Entre las balas y el banco: Conflictos agrarios y acceso a la tierra en la Guatemala neoliberal

Artículo publicado en Journal of Peasant Studies 40:2 (abril 2013), pp. 325-350. Traducción por Filiberto Celada. Versión oficial del artículo en inglés: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2013.777044

Por: Simon Granovsky-Larsen

* Profesor de estudios liberales, Centennial College, y candidato doctoral en ciencia política, York University, Toronto, Canada. [email protected]

Contenido:

• Introducción 2 • Metodología 2 • Reestructuración neoliberal y conflictos rurales 3 • Tierra en Guatemala: Desplazamiento, no distribución, y reconcentración 5 • Conflictos agrarios y luchas por la tierra en Guatemala 10

o Derechos históricos 15 o Derechos laborales 17 o Ocupaciones de fincas 20

• Conclusión: Un paso adelante, dos pasos atrás 22 • Bibliografía 25

Resumen En medio de la reestructuración neoliberal y un proyecto de la reforma agraria asistida por el mercado (MLAR, por sus siglas en ingles), las comunidades rurales guatemaltecas y las organizaciones campesinas han luchado para acceder, recuperar, o mantener la tierra comunal a través de la acción directa. Este ensayo explora las dinámicas de la lucha agraria organizada en la Guatemala contemporánea, argumentando que tres formas de organización que han sido llamadas oficialmente como “conflictos agrarios”—derechos históricos, derechos laborales, y ocupaciones de fincas—juntas representan más acceso a la tierra por parte de los campesinos que la que ha sido otorgada a través del sistema del MLAR. También se debate sobre de la dificultad de escapar del modelo neoliberal, y el ensayo concluye que incluso las campanas de base más exitosas por la tierra han contribuido a la aplicación de la reestructuración neoliberal. Palabras claves Guatemala; conflictos agrarios; acceso a la tierra; reforma agraria asistida por el mercado; neoliberalismo; movimientos campesinos; movimiento campesino guatemalteco

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Introducción

Desde el fin del conflicto armado interno guatemalteco en 1996,1 cientos de comunidades rurales han llevado a cabo esfuerzos exitosos para acceder, recuperar, o mantener la tierra. Respaldados por organizaciones campesinas, los procesos dirigidos por las comunidades, incluyendo las luchas por recuperación y ocupaciones, han forjado nuevas posibilidades para el acceso comunitario a extensiones considerables de tierra y el reconocimiento formal sobre el uso tradicional del área. Un proceso auspiciado por el Banco Mundial sobre la reforma agraria asistida por el mercado (MLAR, por sus siglas en ingles) ha sido documentado exhaustivamente (Garoz et al. 2005, Gauster y Isakson 2007, Banco Mundial 2010), sin embargo las formas alternativas de lucha rural que resultaron en acceso a la tierra no han sido catalogadas de la misma forma, a pesar de que se menciona significativamente en una serie de estudios de dinámicas agrarias y rurales contemporaneas (Hurtado Paz y Paz 2008, Velásquez Nimatuj 2008, Grandia 2012, van Leeuwen 2010). El presente documento es una contribución bibliográfica que presenta información recolectada sobre el acceso comunal a la tierra, resultado de diversos procesos etiquetados oficialmente como conflictos agrarios. Expongo tres formas de conflicto—referidos aquí como derechos históricos, derechos laborales, y ocupaciones de tierra—que en conjunto representan la mayoría de casos sobre acceso a la tierra que se encuentran fuera del sistema del MLAR, y que estos casos juntos compiten con la cantidad de tierra transferida a través del proyecto del Banco Mundial. La relación entre los proyectos agrarios neoliberales y las alternativas populares también es debatida, y el documento advierte contra una interpretación de las luchas campesinas por la tierra como habiendo pasado por alto al modelo neoliberal por completo. Metodología

La perspectiva sobre el acceso a la tierra y los conflictos agrarios presentada acá fue construida durante un año de trabajo de campo del doctorado en Ciencias Políticas realizado en Guatemala durante 2009 y 2010. La Secretaría de Asuntos Agrarios y el Fondo de Tierras facilitaron la mayoría de datos sobre conflictos agrarios y compra de tierra, muchas veces como resultado de solicitudes de acceso a información. Mi interpretación sobre las cifras oficiales, sin embargo, proviene de entrevistas y observación participativa con organizadores campesinos y comunidades. Mientras que en Guatemala dedique extensos periodos de tiempo con dos organizaciones campesinas—la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) y el Comité Campesino del Altiplano (CCDA)—con quienes visité un total de 14 comunidades. Cada uno de los grupos visitados—localizados en los departamentos de Alta Verapaz, Chimaltenango, Escuintla, Izabal, Retalhuleu, y Sololá—estaba comprometido en diferentes etapas de la lucha 1 El conflicto armado es el término que comúnmente se emplea en Guatemala para describir 36 años de violencia, los cuales concluyeron con terrorismo de estado y genocidio en contra de la población Maya. Si bien el conflicto incluyó enfrentamientos entre Militares y ejércitos guerrilleros, esta no es su característica principal, hacer la clasificación de la violencia como un “conflicto armado” de alguna forma es engañoso. Espeluznantes masacres de civiles desarmados, desapariciones, tortura, y la generalización del terror vinculado con el estado contrainsurgente hacen la descripción de 1960–1996 como simplemente la violencia más apropiada. Acá utilizo el término conflicto armado porque ha sido el más ampliamente aceptado dentro de Guatemala.

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agraria o reasentamiento de la comunidad, incluyendo un número de conflictos sobre las categorías descritas abajo. Además de casi 100 entrevistas con miembros de cuatro comunidades recién asentadas, 30 entrevistas fueron realizadas con activistas de CONIC y CCDA, líderes de otras 14 organizaciones campesinas, representantes de la Secretaria de Asuntos Agrarios y el Fondo de Tierras, investigadores de la institución de investigación AVANCSO, y miembros de varias otras organizaciones sociales.

El resultado es una combinación de datos cuantitativos sobre conflictos agrarios y el análisis cualitativo basado en la perspectiva de una amplia variedad de participantes, sin embargo, cierto es que, inclinado fuertemente a favor de los posicionamientos tomados por los organizadores de CONIC y CCDA. Este proyecto fue concebido en sus inicios como una “investigación activista,” la cual Hale (2006, 97) define como “el método por él cual afirmamos un lineamiento político con un grupo organizado de gente en la lucha y que permite el diálogo con ellos para dar forma a cada fase del proceso.” Los líderes nacionales del CONIC y CCDA fueron consultados en las primeras fases del diseño de investigación, y el resultado de los hallazgos está intencionado a resaltar y apoyar al movimiento campesino en Guatemala. Sin embargo, estoy consciente de evitar simplemente reproducir el “discurso oficial” de los movimientos sociales (Edelman 2009, Wolford 2010a). Siguiendo el balance de Edelman de ser “simpatizante y a la vez crítico de los movimientos sociales con los cuales investigamos (2009, 246), la discusión abajo considera algunas dinámicas internas desgastantes y fragmentadoras del movimiento y concluye con una nota advirtiendo contra atribuir cambios significativos a los logros detallados por medio de este ensayo.

El movimiento campesino guatemalteco está ligado al conflicto interno, y mi asociación con las dos organizaciones, entre otras muchas, necesariamente reproduce inclinación particular sobre estas luchas. Sin embargo, estoy seguro que mi interpretación de las tendencias generales de la lucha por la tierra son de hecho características de la situación nacional: los detalles de acción provistos aquí se derivan de estudios de caso con las organizaciones con las cuales estoy familiarizado, pero el argumento general como (y cuanta) tierra ha sido accesada, está basado en entrevistas tanto dentro como fuera del movimiento, así como en datos estadísticos presentados por actores que no son parte del movimiento. Reestructuración neoliberal y conflictos rurales

Aunque sus raíces se encuentran en la historia local de desigualdad (Smith 1990, Handy 1994, Velásquez Nimatuj 2008, Martínez Peláez 2009), las luchas rurales organizadas en Guatemala también reflejan relación entre la reestructuración neoliberal, control sobre la tierra, y los conflictos rurales que han llegado a ser comunes a nivel global. Investigaciones críticas sobre asentamientos tan diversos como Brasil (Wolford 2010b), India (Pimple y Sethi 2005), y Sierra Leona (Peters y Richards 2011) muestran cómo los intentos por integrar espacios rurales en el mercado global han generado conflictos sociales y resistencia popular. Usando nuevos mecanismos para llevar a cabo cercado de la tierra, territorializacion, y legalización de la propiedad privada, actores estatales y privados han afianzado poder sobre aéreas geográficas, pueblos y recursos en proceso que Peluso y Lund (2011) y otros—en una edición especial de esta revista—caracterizan como control de la tierra. En el corazón de estas prácticas de control, reestructuración, y resistencia existen diversos entendimientos sobre el significado de la tierra en sí mismo. Una perspectiva—muchas

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veces sustentada a través de las acciones y los textos de los movimientos sociales rurales, tal y como el caso guatemalteco que se presenta a continuación—mantiene que la tierra está ligada con características sociales que no pueden ser reducidas a factores económicos (Holt-Giménez 2006, Akram-Lodhi 2007, Desmarais 2007, Borras y Franco 2010). El concepto de territorio, especialmente en relación a las tierras indígenas ancestrales, contiene estas características sociales resaltando la importancia de la tierra para la reproducción social y cultural de los pueblos basados en la agricultura a pequeña escala y la vida rural (Grünberg 2003, 17-28, Deere y Royce 2009). La tierra y los procesos agrarios en cualquier escala están saturados aún más con relaciones sociales a través de la estructura de los derechos de propiedad, la distribución de la tierra, y los términos para acceder a la tierra y las condiciones de la mano de obra agrícola (Akram-Lodhi 2007, 1439). En el caso de América Latina, autores como Kay (2001, 2007) y Henry Veltmeyer (2005) han mostrado cómo los conflictos rurales incluyendo ocupaciones de tierra, movimientos guerrilleros, y la represión desmedida muchas veces han sido provocadores de procesos de cambios en el agro. Esta perspectiva, sin embargo, va en contra del enfoque dominante sobre la tierra el cual ha prevalecido en la mayoría de gobiernos e instituciones financieras desde los 1990s. La tierra cabe dentro de las políticas y el discurso neoliberal como un recurso puramente económico, independiente y vacio de relaciones sociales. Junto al fomento de la adquisición de terrenos para proyectos productivos y extractivos a gran escala (Harvey 2003, North et al. 2006, Jonasse 2009). La perspectiva neoliberal lleva a una fusión de la política agraria con la apertura de mercados, con el fin de disponer de los recursos para todos. Esto apunta a un aspecto en particular de la política agraria neoliberal: la tendencia de esta de ser entregada con terminología en pro de los pobres (Borras y Franco 2010). Tal como los elementos clave de las políticas neoliberales sobre la tierra—la privatización y la individualización de la tierra y los derechos de propiedad, así como la promoción en el mercado de venta y renta de tierra—son explicados en términos de facilitar el acceso a la tierra y la seguridad del derecho de propiedad de la población rural empobrecida (Deininger y Binswanger 1999, Borras 2006, 99, Borras y Franco 2010, 6-8).

En ninguna parte es más evidente la reestructuración agraria y promoción neoliberal “pro pobres” que en los proyectos recientes del Banco Mundial. Dentro de la promoción de los mercados de tierra del régimen formal de los derechos de propiedad, el Banco ha provisto de grandes fondos a un número de proyectos catalogados como “administración de la tierra” y la reforma agraria asistida por el mercado (MLAR, por sus siglas en ingles). Las reformas como las promueve el Banco Mundial fomentan un alejamiento de la distribución de la tierra por el Estado y que las transacciones del mercado sean destinadas a asistir a los trabajadores sin tierra y a los pequeños agricultores en la adquisición de tierra. Estas transacciones se basan en el concepto de “vendedor dispuesto y comprador dispuesto,” el cual se cree que crea las condiciones para una negociación justa entre partes iguales. Junto con la venta de tierras, el Banco promueve proyectos de administración de la tierra tal como catastro y la regularización de títulos para ayudar supuestamente la creación de libre mercado dentro de el cual su visión de reforma agraria se cree que opera con más eficacia (Dale y McLaughlin 1999, Ybarra 2008). En paises donde los proyectos de la reforma agraria asistida por el mercado han sido implementados—incluidos Brasil, El Salvador, Egipto, Filipinas, y Sudáfrica, entre otros—el enfoque del MLAR ha sido fuertemente criticado por investigadores y organizaciones que representan a quienes el programa intenta beneficiar. Cada país que ha experimentado con la reforma agraria asistida por el mercado ha sido testigo de la misma debilidad en el programa: la cantidad de tierra vendida ha sido insignificante comparado con la demanda, los beneficiarios del

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programa han sufrido las consecuencias de los altos costos de la transacción incluyendo la deuda impagable, y la falta de apoyo ha impedido que los candidatos seleccionados se beneficien de su nueva tierra (Lahiff et al. 2007, 1423-1431). El fracaso de la reforma agraria asistida por el mercado para resolver la desigualdad rural se compara en su éxito por ejercer el control sobre la tierra. Peluso y Lund (2011) muestran como un arsenal de tácticas incluyendo el reconocimiento selectivo de los derechos de propiedad y la creación de territorios gobernados ayudan a crear y mantener los cambios en el orden político-económico. En el caso de Guatemala que se discute más adelante, la reforma agraria asistida por el mercado y otras políticas agrarias neoliberales entregan tierra a los campesinos de manera que coopta las demandas del movimiento social y legitima la represión en contra de las tácticas de acción directa que se salen del sistema de MLAR. Ybarra (2011) resalta el hecho de que los beneficiarios del MLAR en Guatemala, quienes pueden participar en el sistema mientras que se les niega convertirse en sujetos neoliberales. Los casos que introducen más adelante muestran cómo las opciones de acceso a la tierra presentadas a través del MLAR pueden también interactuar con conflictos agrarios existentes y organizaciones de base en una manera que simultáneamente da esperanzas sobre las alternativas y de igual forma refuerza el proceso dominante sobre control de la tierra. Tierra en Guatemala: Desplazamiento, no distribución, y reconcentración

Uno de los rasgos característicos en la historia de Guatemala han sido las oleadas de desplazamiento que ha sufrido la población rural y mayoritariamente indígena, culminando en la espantosa distribución de la tierra de 0.84 coeficiente de Gini (Gauster and Isakson 2007, 1521). Este alto nivel de concentración de la tierra se ha mantenido en parte debido a los cambios en la actividad económica, los cuales requieren nueva tierra en cada región del país. En medio estos cambios económicos, un auge en la producción de café barrió gran parte de las cumbres y tierras altas del este y del sur a finales de los siglos XIX y XX, despojando continuamente con la expansión de la ganadería a partir de la década de 1950, y los nuevos proyectos económicos, como la minería y agro-combustibles que siguen desplazando a las comunidades de hoy (McCreery 1994, Solano 2005, Alonso Fradejas et al. 2008, Hurtado Paz y Paz 2008, Grandia 2009, 2012). Sin embargo este desplazamiento siempre ha sido contestado por las comunidades y organizaciones campesinas, y una serie de acciones directas de las bases y programas estatales han dado forma a las posibilidades de acceder a la tierra conforme avanzen los años. Cinco siglos de resistencia comunitaria indígena contra robo de la tierra y el trabajo coercitivo, fueron traídos a la vanguardia en una declaración de la reforma agraria del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz en 1952 (Cambranes 1992, Handy 1994, McCreery 1994). Los actos de expropiación y redistribución se basaron en el conocimiento local de uso comunitario de la tierra, y las Ligas Campesinas recientemente organizadas apoyaron la ocupación de las grandes fincas con el fin de acelerar el proceso (Handy 1994). Sin embargo la tierra redistribuida fue devuelta a los grandes terratenientes después de un golpe de Estado apoyado por la CIA en 1954 y Guatemala entró en un largo período de violencia represiva. Durante las próximas cuatro décadas los gobiernos trataron de responder a las demandas campesinas por la tierra a través de programas de distribución para aplacar el malestar rural, incluso mientras se coordinaban las masacres genocidas y los desplazamientos masivos se superponían como áreas de importancia económica

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(Grandin 2004, Ybarra 2011). Notablemente los esquemas de distribución se basaron entre la Empresa de Fomento y Desarrollo del Petén, FDYEP, y el Instituto de Transformación Agraria, INTA, que alentaron la colonización de las fronteras del norte de Guatemala, sin alterar el orden agrario dominante (Schwartz 1987, Pedroni 1992, Sandoval Villeda 1992, Grandia 2009). Como una resolución del conflicto armado fueron negociados en los años 1980 y 1990 una posible reforma agraria, sin embargo, Guatemala había ya establecido un escenario nacional ponderado a favor de la élite agraria, mantenido a través de la violencia extrema, dirigido a través de un Estado en bancarrota y políticas dirigidas hacia la distribución de tierras. Una serie de acuerdos de paz concluidos en 1996, y en particular el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria reconoce el papel de la distribución de la tierra en muchas de las cuestiones que subyacen al conflicto armado. Pero el proceso de negociación del acuerdo también sirvió de escenario para las relaciones de poder después del conflicto, y los resultados fueron fuertemente influenciados por la élite tradicional de Guatemala y las instituciones financieras internacionales, incluidos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (Short 2007, Brett 2008). Reformas estructurales que abordarían la situación agraria no fueron incluidos en el acuerdo socioeconómico. En cambio, los programas agrarios del gobierno después del conflicto han tenido como objetivo continuar con los esfuerzos similares a través de la implementación de proyectos de administración de venta de tierras y tierras patrocinadas por el Banco Mundial. La institución agraria núcleo desde finales de 1990 ha sido el Fondo de Tierras, FONTIERRAS, organismo autónomo financiado por el gobierno de Guatemala y el Banco Mundial, que supervisa la venta de tierras de la reforma agraria asistida por el mercado y la regularización de títulos de propiedad. A la creación de FONTIERRAS le siguió una serie de intentos para transformar los programas de distribución de tierras del Estado guatemalteco impulsados por el mercado. Más notablemente, la USAID comenzó a cabildear las transacciones de mercado sobre los programas de distribución ya para 1982, después de apoyar la Fundación del Centavo, un programa piloto existente desde mediados de la década de 1970 (USAID 1975, 1982, Pedroni 1992). El modelo de mercado fue ampliamente aceptado en Guatemala a finales de la década de 1980, tanto con el programa de distribución existente, INTA, dirigido por el Estado y una nueva comisión presidencial, CONATIERRA, que funcionaba desde 1987 según el “vendedor dispuesto, comprador dispuesto” (Central America Report 1986, 1987a, 1987b, Stewart, Fairhurst, and Pedroni 1987). A pesar de la experimentación anterior, y después de 13 años del proyecto Fondo de Tierras financiado por el Banco Mundial, la reforma agraria en su forma actual, asistida por el mercado, no ha logrado corregir la desigualdad rural. Para el año 2009 FONTIERRAS había transferido 91,811 hectáreas a 242 comunidades rurales beneficiando a 19,236 familias. Estos números pueden parecer importantes, pero en julio de 2005 representaba sólo el 18% de las 1,137 solicitudes recibidas (Gauster and Isakson 2007, 1524, Fondo de Tierras 2009a). Además, Garoz et al. (2005, 39-40) sugieren que sólo el 1% de la demanda total de la tierra en Guatemala ha sido satisfecha por el Fondo de Tierras. Las comunidades campesinas también han enfrentado ámplias dificultades después de la adquisición de la tierra. Una revisión de las condiciones hecha por el Banco Mundial en 2003, mostró que el 79% del total de viviendas en terrenos vendidos por el Fondo de Tierras, vivía en condiciones de pobreza extrema, con un 17% adicional en la pobreza no extrema (Miethbauer 2005, 4-7, 21-22). Los beneficiarios de FONTIERRAS también viven sin infraestructura básica, como una vivienda adecuada, agua potable y electricidad, ya que los grupos son dejados a sus

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propios recursos para construir una comunidad en lo que por lo general habían sido las grandes explotaciones comerciales de la tierra. Ante estas condiciones, se estima que el 30-50% de todos los beneficiarios originales ya no viven en sus fincas compradas o han vendido sus pertenencias a otra persona, y que para 2008 el 37% de todas las comunidades de FONTIERRAS estaban atrasadas en el pago o no había hecho ningún pago hacia su deuda (Gauster and Isakson 2007, 1528, Hernández Valle 2008, 9-10, Fondo de Tierras 2009b).

Sin embargo los grandes terratenientes en Guatemala, se han beneficiado enormemente de la venta de tierras Fondo de Tierras y regularización. El principio del “vendedor dispuesto, comprador dispuesto” surge en el corazón de los proyectos de reforma agraria asistida por el mercado en Guatemala, y generó algunos vendedores muy dispuestos, que se aprovecharon de la demanda drástica por la tierra para presentar las fincas que eran a la vez indeseables en términos agrícolas y caras en comparación con el valor de mercado. La mayoría de las fincas que se venden a través de FONTIERRAS se encuentran en dos áreas que son en gran medida inadecuadas para el reasentamiento agrícola comunitario.2 Treinta y cinco por ciento se han vendido en la Costa Sur, que una vez fue el bastión tradicional de la agricultura comercial, pero ahora se caracteriza por suelos químicamente agotados y plantaciones de café abandonadas; y el 31% se vendieron en las Tierras Bajas del Norte, donde las fincas están separadas de transporte e infraestructura y se encuentran lejos de los lugares de origen de la mayoría de los beneficiarios (Fondo de Tierras 2009a, AVANCSO 2008).

Mientras que las fincas vendidas a través del Fondo de Tierras fueron entregadas voluntariamente por los grandes terratenientes, la propiedad ha fluido en la dirección opuesta en virtud de un segundo proyecto FONTIERRAS. El programa de regularización pretende formalizar la propiedad de las parcelas campesinas sin títulos, pero la tendencia que se ha establecido mediante los grandes terratenientes, es que crean fincas comerciales mediante la compra de muchas parcelas de campesinos recién titulados, especialmente en las zonas donde los cultivos de agrocombustibles se están expandiendo. Ybarra (2011) muestra cómo la elección de privatizar parcelas no es tan simple como comprar, en el proyecto agrario neoliberal, ya que las comunidades indígenas pueden elegir estratégicamente entre las opciones disponibles para la protección de las tierras y los lugares sagrados. Sin embargo, una gran cantidad de tierra recién titulada ha pasado de los campesinos a los grandes terratenientes, siguiendo procesos de regularización (Hurtado Paz y Paz 2008, Fondo de Tierras 2010). En el municipio de Chisec, Alta Verapaz, por ejemplo, Hurtado Paz y Paz (2008, 160-165) encuentra que entre el 22% y el 63% de los campesinos en siete comunidades vendió su tierra tras el proceso de regularización de título con FONTIERRAS. En medio de la reconcentración de la tierra a través de regularización y la venta en efectivo de la propiedad indeseable, así como la reforma agraria asistida por el mercado, la élite agrícola de Guatemala ha llegado a la cima del proceso del Fondo de Tierras. Este sentimiento es

2 En lugar de las ocho regiones oficiales de Guatemala, que dividen el país por grupos principalmente relacionados con la topografía de los departamentos, me refiero aquí a las cinco regiones agrarias propuestas en 2008 por la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, AVANCSO. Las regiones propuestas por AVANCSO están determinadas por el uso del suelo en cada área y se definen por las fronteras dentro de los municipios en lugar de entre los departamentos, lo que permite una categorización más matizada sobre la base de las dinámicas sociales y económicas locales. 3 Las entrevistas citadas se llevaron a cabo con representantes de organizaciones de diferentes posiciones dentro del movimiento: CNOC (Carlos Morales, Basilio Sánchez), CONIC (Juan Tiney), y Plataforma Agraria (Abisaias Gómez and Israel Macario), así como con los analistas que tienden a trabajar con un

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compartido por activistas campesinos, como Abisaias Gómez del grupo paraguas Plataforma Agraria.

En estos tiempos el terrateniente ha sentido más fortalecido. Y lo está demonstrando. Veamos la Franja Transversal del Norte, la minería, la palma africana, los despedidos masivos que ha habido en las fincas bananeras. Y quien fortaleció es el Fondo de Tierras. El Fondo de Tierras lo ha fortalecido y ha demonstrado que es bien fuerte. (Entrevista, Ciudad de Guatemala, 10 de marzo de 2010)

La tensión evidente en las palabras de Gómez llega al corazón de las dificultades que enfrentan los campesinos organizados en Guatemala hoy. Las organizaciones de base, que se formaron para luchar por la tierra mucho antes de la creación del Fondo de Tierras, ahora se enfrentan a decisiones difíciles con respecto a las estrategias de acceso a la tierra en un contexto de reestructuración neoliberal y represión violenta. El movimiento surgió en 1978 con la creación del Comité de Unidad Campesina, CUC, pero sufrieron una dura represión durante el apogeo del terrorismo de estado en la década de 1980. Después de volver a la superficie junto con una gran cantidad de movimientos sociales, después de que el país eligió a un presidente civil en 1985, el movimiento ha crecido de manera constante en términos de organizaciones, miembros, y de influencia política. Para la década de 1990, el movimiento campesino consistió en una serie de grandes organizaciones incluyendo CUC, la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, CONIC, y la organización paraguas Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, CNOC (Mayo 2001, CNOC 2005, Brett 2008, Velásquez Nimatuj 2008).

Sin embargo este periodo de ascensión fue también uno de los desacuerdos graves, con la formación de rupturas que continuaría hasta dar forma al movimiento en el presente día. Una ruptura importante se produjo en 1992, cuando cuatro líderes indígenas del CUC fueron expulsados del grupo por tratar de negociar la resolución de conflictos agrarios comunitarios con el gobierno central. Este diálogo fue en contra de la directiva del CUC para dejar la negociación para el proceso de paz oficial, en los cuales su frente guerrillero, Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP, formaba parte. Los cuatro líderes disidentes fundaron la organización campesina CONIC después de su desalojo, y el conflicto CUC-CONIC en 1992 llegó a representar tanto la oposición como al control rígido de la guerrilla sobre la organización campesina y una re-formulación de las demandas rurales en términos indígenas (Brett 2008, 117-120, Velásquez Nimatuj 2008, 117-121). Cuando se llevó a cabo esta investigación en el período 2009-2010 las tensiones tras la escisión CUC-CONIC todavía tenían influencia sobre la organización campesina en Guatemala. No sólo estas dos organizaciones interactuaron en condiciones adversas, sino que las alianzas de la guerrilla de la época del conflicto armado, definen posiciones contrarias dentro del movimiento más amplio. La organización paraguas CNOC, por ejemplo, estaba sufriendo una lucha prolongada y debilitante a lo largo de las líneas de liderazgo de los frentes ex guerrilleros. CNOC en su conjunto también fue impugnada por la Plataforma Agraria, alianza que combina los grupos campesinos que se formaron después de la era de la guerrilla, con otras organizaciones sociales no-campesinas, (CNOC 2008, Entrevistas, Luis Galicia, Abisaias Gómez e Israel Macario, Carlos Morales, Basilio Sánchez, Juan Tiney, Hélmer Velásquez; Ciudad de Guatemala, Mazatenango, y Sololá, Noviembre 2009-Marzo 2010).3 Además, las organizaciones

3 Las entrevistas citadas se llevaron a cabo con representantes de organizaciones de diferentes posiciones dentro del movimiento: CNOC (Carlos Morales, Basilio Sánchez), CONIC (Juan Tiney), y Plataforma

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campesinas estaban pasando por un tiempo difícil para la movilización de una gran parte de lo que ellos entienden como su base rural, en parte debido a un malestar persistente con las política marxista (Torres-Rivas 2007, Brett 2008, Bastos 2010). Más que simples rupturas internas sobre la representación, las diversas posiciones dentro del movimiento campesino dividido, coinciden con oponerse a las respuestas estratégicas de las instituciones agrarias neoliberales. Diversas organizaciones de CNOC—que habían luchado por la reforma agraria, sólo para ver que se diluye a su versión “asistida por el mercado”—prefieren trabajar con el Fondo de Tierras para obtener el mayor beneficio para las comunidades campesinas. Por otro lado, Plataforma Agraria se ha retirado de la participación en FONTIERRAS y acusa a las organizaciones de CNOC y sus líderes, de la utilización de la representación en el consejo FONTIERRAS para su propio beneficio. Estas posiciones opuestas se resumen a continuación por Luis Galicia, investigador de AVANCSO y miembro de la comisión política de Plataforma Agraria, y Juan Tiney, cofundador CONIC que continúa formando parte del consejo nacional de la organización.

Tener un representante en la junta directiva del FT implica que, y de hecho se ha dado, que ellos le dan prioridad a las comunidades de sus organizaciones…Son procesos de corrupcion enorme…Se beneficia el dueño de la finca porque la vende a sobre precio y sale de todos los problemas que tenía. Se benefician los representantes [campesinos] en el Fondo de Tierras porque quedan bien con la gente que al final de muchas luchas se accede a tierra. Ellos quedan como buenos líderes…Y quien pierde? Esta pobre gente que mueven para presionar, porque al final de cuenta reciben la tierra, no reciben capacitación técnica, no reciben adecuado seguimiento…es mal la tierra, o no es fértil, o no hay agua…un montón de problemas, eso no valía lo que ellos pagaron por la tierra. (Entrevista, Luis Galicia, Ciudad de Guatemala, marzo de 2010)

En primer lugar, la creación del Fondo de Tierras es parte de los acuerdos de paz. No ha sido una cuestión nuestra sino que fue producto de los acuerdos de paz. Y muchos que ahora critican esta institución fueron participantes en su creación…participaron directamente como funcionarios o en el diseño de la institución. Hoy día la política agraria está a mano del Fondo de Tierra. No existe otra institución de dirección de la política agraria. (Entrevista, Juan Tiney, Ciudad de Guatemala, marzo de 2010)

La CONIC se ha ganado el desprecio de ambos, CNOC y Plataforma Agraria, debido a su negociación contínua con las cuestionables administraciones públicas con el fin de aumentar el acceso de la tierra para las comunidades campesinas, 130 casos de los cuales la CONIC se estableció con éxito entre 1992 y 2010. CONIC también se encuentra entre dos movimientos sociales, lo campesino y lo indígena, como un grupo de campesinos que se ha movido desde el discurso clasista hacia el discurso basado en la identidad, pero que aún no comparte las demandas y tácticas del movimiento maya (Bastos 2010). La política interna de lo que se conoce aquí como movimiento campesino es tumultuosa, con disputas sobre su liderazgo, la representación, la identidad y las tácticas, y con dinámicas del movimiento que favorecen las divisiones, en lugar de la unidad en la organización campesina. Sin embargo, a pesar de la diversidad del movimiento, la mayoría de las organizaciones campesinas de Guatemala—de las cuales en la actualidad hay docenas que operan a nivel

Agraria (Abisaias Gómez and Israel Macario), así como con los analistas que tienden a trabajar con un lado más que el otro, Luis Galicia (AVANCSO/Plataforma Agraria) y Hélmer Velásquez (CONGCOOP/CNOC).

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nacional y local—centran gran parte de sus esfuerzos en el apoyo a las comunidad que luchan para acceder, recuperar, o defender a la tierra, normalmente a través de la asistencia jurídica y de organización (vea Tabla 1). Mientras que las organizaciones toman posiciones divergentes sobre si se debe ayudar a las comunidades con la compra de tierras via FONTIERRAS, la participación en conflictos agrarios es más difícil de evitar. Las luchas alternativas para la tierra casi siempre son iniciadas por las propias comunidades rurales y las organizaciones terminan apoyando a las comunidades con las que ya se han establecido lazos. Como resultado la mayoría de las organizaciones campesinas en Guatemala están comprometidas de alguna manera con cada una de las luchas por la tierra alternativas discutidas aquí. Tabla 1. Estrategias de acceso a la tierra empleadas por las organizaciones campesinas, 2010 Organización # de fincas

comunales accesadas

Vía compra FONTIERRAS

Vía conflictos agrarios

Vía derechos laborales

Apoya actualmente a

ocupaciones de tierras

CCDA 21 13 fincas Sí Sí No CODECA 3 3 fincas No No No CONDEG aprox. 45 14 fincas Sí: 30 No No CONIC 130 36 fincas Sí Sí: 45 Sí CUC aprox. 25 Sí Sí Sí Sí Kab’awil 6 6 fincas No No No UVOC 16 No Sí: todos Sí Sí Xinca 0

(defenden a tierras

existentes)

N/A N/A N/A N/A

Fuente: Entrevistas con Marcelo Sabuc (CCDA), Basilio Sánchez (CODECA), Sebastian Velásquez and Lorenzo Pérez (CONDEG), Rigoberto Monteros (CONIC), Rafael González (CUC), Eliseo Pérez (Kab’awil), Carlos Morales (UVOC), y Moisés Guzmán (Xinca). Notas: Las organizaciones mencionadas anteriormente son el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG), Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), Comité de Unidad Campesina (CUC), Consejo Campesino Kab'awil (Kab'awil), Unión de Organizaciones Campesinas Verapacense (UVOC), y Comité Indígena de Xinca, Jutiapa (Xinca). Como Plataforma Agraria es una alianza compuesta de muchos grupos campesinos y otras organizaciones, no aparece aquí. Plataforma Agraria apoyó inicialmente compras con FONTIERRAS, pero no lo hacen más, y sus diversos grupos y comunidades miembros están involucrados en todas las categorías de esta tabla. Conflictos agrarios y luchas por la tierra en Guatemala Las luchas por la tierra fuera del sistema MLAR que se discute a continuación están contenidas dentro de una categoría oficial de los conflictos rurales complejos y a menudo

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violentos etiquetados como “conflictos agrarios.” Podemos empezar a dar sentido a estos conflictos a través del concepto de conflictividad que se utiliza en la bibliografía guatemalteca. Los investigadores guatemaltecos usan el término ‘conflicto agrario’ para referirse a un caso que ha estallado en conflicto, casi 5,000 de los cuales han sido documentados desde 1997 (2009a SAA), pero muchos también argumentan que estos conflictos surgen de un conjunto subyacente de factores denominados colectivamente como ‘conflictividad.’ Mientras que conflictividad es en sí mismo es un término controversial, el concepto puede ser usado para referirse a las condiciones económicas, sociales y políticas desiguales y un sentimiento de injusticia entre los guatemaltecos rurales que en conjunto dan lugar a conflictos en específico (Santa Cruz 2006, 13-30, CALDH and CONIC 2009, 13-19, Universidad Rafael Landívar 2009, 25-31). Mathijs van Leeuwen (2010, 97-98), por ejemplo, describe la conflictividad de la siguiente manera:

Este término genérico y a la vez politizado se refiere a las causas históricas y estructurales sobre los conflictos agrarios en Guatemala. Conflictividad agraria encierra un descontento con la inmensa desigualdad en la distribución de la tierra cultivable, de usurpación en el pasado de las tierras de la población rural mayoritariamente indígena, y un sistema de explotación en las relaciones de trabajo.

Cualquier conflicto agrario en Guatemala será el resultado de un gran número de factores superpuestos, donde las injusticias históricas muchas veces se mezclan con el cambio neoliberal en las relaciones sociales agrarias. Ante esta compleja situación, el sistema oficial del gobierno utilizado por la Secretaría de Asuntos Agrarios, SAA, para registrar conflictos agrarios parece excesivamente simplista, ya que divide a todos los conflictos en sólo cinco categorías: disputa de derechos, ocupaciones, regularización, límites territoriales, e intervención preventitativa (vea Figura 1, SAA 2010a). Figura 1. Conflictos agrarios por categoría SAA, 1997-2009

Fuente: SAA (2009)

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500

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1500

2000

2500

3000

Resueltos 1997-2008

Pendientes, 2009

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Debido al número limitado de categorías de tantos conflictos, y como la mayoría de los casos están contenidos dentro de sólo tres de estas categorías, el sistema de la SAA también tiende a agrupar a los escenarios no relacionados en las mismas categorías. La definición de la SAA sobre conflictos de regularización, por ejemplo, se refiere a tierras distribuidas en virtud de programas estatales anteriores pero no debidamente documentada, a concesiones de tierras estatales o no registradas, y a cualquier número de situaciones en las que el título no puede mostrarse. El término ‘disputa sobre los derechos’ abarca una cantidad de situaciones desde derechos históricos de una comunidad, a las propiedades con registraciones múltiples, a la tierra entregada erróneamente por el Estado. Por último, ocupaciones, es tal vez el más ámplio de estos términos, se refiere a la ocupación intencional de tierras privadas, y también a la presencia en disputa en las reservas naturales, y a la negativa a abandonar la tierra que se ha utilizado históricamente pero sobre la que otra parte reclama título de propiedad (Santa Cruz 2006, 29). Este pequeño número de términos integrales hace difícil cualquier intento de realizar un seguimiento de las instancias o tendencias. Un repunte al alza en ‘ocupaciones,’ por ejemplo, se pudiera demostrar en números de la SAA, pero no se pudiera determinar a partir de los datos disponibles si esto se aplica a cualquiera de las distintas situaciones contenidas dentro de esa categoría. Cuando una comunidad se niega a salir de su propiedad o intenta tomar la tierra, a menudo se enfrenta a una dura represión. Dos casos discutidos en la siguiente sección—los de Canlún y Xya'al K'obe' (pronunciado Yalcobay)—aparecieron, cuando los visité en enero y febrero de 2010, como ejemplos de éxito de la lucha por el reconocimiento del uso histórico de la tierra. Ambos, sin embargo, tuvieron trágicas eventos a principios de 2011. Según informes, el 7 de marzo soldados guatemaltecos y la policía, sumando más de 2,000 elementos, desalojaron forzosamente la comunidad de Xya'al K'obe’ de la tierra en disputa, destruyendo sus casas con moto sierras (CONIC 2011a). Más al sur, en el Valle del Polochic que abarca Alta Verapaz e Izabal, las negociaciones en curso entre las comunidades campesinas, las agencias estatales, y la empresa de caña Chabil Utzaj se vinieron abajo con al menos 14 desalojos violentos que se llevaron a cabo entre enero y marzo de 2011 en tierras reclamadas por la empresa. Los terrenos de maíz de la comunidad fueron destruidos en Canlún durante el bombardeo, y los guardias de seguridad privados volvieron a atacar a los campesinos del grupo el 21 de mayo, matando a Oscar Reyes con 12 disparos e hiriendo al menos a otros tres (Batres 2011, CONIC 2011b, Prensa Libre 2011). Xya'al K'obe 'y Canlún nos lleva dentro de la implementación del control sobre la tierra en Guatemala. Las comunidades indígenas han sido desplazadas primero a través del conflicto armado y después por la violencia de la posguerra; y la tierra y el territorio han sido devueltos ya sea al control a través de la conservación (Xya'al K'obe') o para la producción capitalista en la forma de nuevos cultivos (Canlún). Las comunidades también proporcionan dos ejemplos entre cientos de desalojos violentos, desde el fin del conflicto armado guatemalteco (Amnesty International 2006). Como las comunidades rurales tienen dificultades para mantener sus áreas de uso tradicional u obtener acceso a nuevas tierras, el gobierno de Guatemala ha respondido consistentemente con la fuerza. El Ministerio Público, responsable de la supervisión de los desalojos, no libera cifras precisas, pero un estudio realizado por Camilo Salvadó de la institución de investigación AVANCSO, sugiere que el gobierno del presidente Álvaro Colom realizó 99 desalojos violentos entre 2008 y 2010 (Andrés 2011). Del mismo modo, Amnistía Internacional señaló 36 desalojos durante los primeros 11 meses de la administración del

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presidente Óscar Berger (2004-2007), señalando que algunos campesinos fueron heridos o muertos en la mayoría de los casos (Amnesty International 2006, 6, Santa Cruz 2006, 86-87). Activistas comunitarios también son detenidos rutinariamente fuera del contexto de los desalojos, lo que apunta a una marcada criminalización de movimientos sociales. La frecuencia de estas detenciones se hizo claro para mí cuando me contaron las historias de los líderes encarcelados en tres de las comunidades que visité: el presidente de la asociación de la comunidad de San José de La Pasión fue asesinado por la policía durante la ocupación del grupo de Finca Chitocán y Cooperativa Chilte en Cobán, Alta Verapaz; Mario Caal Yat del grupo Cablajú Tziquín todavía estaba en la cárcel a principios de 2010 después de haber sido detenido en la ocupación de la Finca La Moca en Senahú, Alta Verapaz; y durante mi visita a la comunidad de Xya'al K'obe hablé por teléfono con Mario Tulio Caal Choc desde su celda en la cárcel, donde cumple una condena por vivir ilegalmente en tierras protegidas del Estado.4 La actual campaña de persecución y violencia del Estado, junto con la impunidad de los ataques por parte de guardias de seguridad privada, deja todos los campesinos involucrados en conflictos agrarios y la lucha rural vulnerable a la represión y sujetos a una sensación generalizada de inseguridad. La violencia contra las luchas por la tierra demuestra una continuidad del desplazamiento anterior (May 2001, Grandin 2004, Grandia 2012), del mismo modo que refuerza el papel fundamental de la violencia en general en los procesos de cambio agrario y control sobre la tierra (Kay 2001, Veltmeyer 2005, Cramer y Richards 2011, Grajales 2011, Peluso y Lund 2011, Woods 2011). Sin embargo a pesar de la amenaza constante de la violencia, miles de comunidades han luchado por la tierra en los últimos años, y muchas han tenido éxito. Una revisión de la base de datos mantenida por la Secretaría de Asuntos Agrarios sugiere que la cantidad de tierra conservada o adquirida por las comunidades campesinas, como resultado de los conflictos agrarios, supera el acceso a través del sistema de Fondo de Tierras de la reforma agraria asistida por el mercado. La SAA registró 4,883 conflictos agrarios entre 1997 y 2009, con 1,511 de ellos pendientes a partir de octubre de 2009. De los 3,372 casos cerrados restantes, 2,326 fueron etiquetados como ‘resueltos,’ una categoría definida por la SAA como referente a los conflictos para los que “las partes…logren acuerdos a través de la conciliación, mediación asistida y/o negociación, que satisfagan sus intereses” (2010a SAA). Estos 2,326 casos ‘resueltos’ representan los más propensos a haber accesado a la tierra, y juntos cubren más de 300,000 hectáreas de tierras (vea Tabla 2). 4 Las ocupaciones de Finca Chitocán y Finca La Moca están documentados en Amnesty International (2006, 25-29) y GHRC (2006).

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Tabla 2. Tierras en disputa en los conflictos agrarios, 1997-2009 Categoría SAA Resueltos Cerrados o

concluidos Pendientes, 2009

Disputa de derechos

1,817 casos 159,320 hectáreas

701 casos 89,647 hectáreas

1,041 casos 1,518,130 hectáreas

Ocupaciones 295 casos 92,476 hectáreas



Regularización 195 casos 59,095 hectáreas

181 casos 9,151 hectares


Límites y prevención


40 casos 686 hectáreas


Total 2,326 casos 315,603 hectáreas

1,047 casos 147,432 hectáreas

1,511 casos 1,677,809 hectáreas

Fuente: SAA (2009a). Notas: Las cantidades por hectárea enumeradas en la Tabla 2 están incompletas, ya que el 15% de los casos incluidos en la base de datos de la SAA están enumerados sin una cantidad de tierra asociada que esté en conflicto. Cada categoría que se incluye en la Figura cubriría en realidad más tierra que la que se toma en cuenta acá. Sería necesario un examen exhaustivo caso por caso de los conflictos, con el fin de determinar la cantidad de tierra accesada o retenida a través de casos resueltos o en otros escenarios.5 Sin embargo, la gran cantidad de tierra en disputa en los casos que concluyeron a satisfacción de todas las partes, incluidas las comunidades campesinas, sugiere fuertemente que se ha accedido a una cantidad significativa de tierra campesina a través de procesos de lucha rural identificados como conflictos agrarios. De hecho, si sólo un tercio de los conflictos agrarios ‘resueltos’ terminó con una comunidad rural convirtiéndose en dueño reconocidos de un pedazo de tierra, la cantidad total de tierra accesible o retenida a través de los conflictos habría superado a la vendida a través del Fondo de Tierras. En el resto de esta sección, se presentan las tres formas más comunes de conflicto agrario que resultan en acceso a la tierra, según lo determinado por activistas campesinos que trabajan con los conflictos: derechos históricos, derechos laborales, y ocupaciones de fincas. Mi objetivo es ilustrar la dinámica de las luchas rurales de la tierra en Guatemala, ya que se producen en el terreno fuera del sistema de FONTIERRAS de la reforma agraria asistida por el mercado. Si bien los ejemplos son tomados principalmente de entrevistas con activistas de la CONIC, las categorías y las tendencias se confirmaron mediante entrevistas con otros grupos de campesinos y analistas.

5 La base de datos SAA no incluye detalles de las condiciones en que los conflictos individuales terminan, más allá de las categorías de 'resolver' cerrado ', o' conclusión. Los archivos en cada caso registrado por la SAA están disponibles a través de la oficina principal de la agencia en la ciudad de Guatemala, sin embargo una revisión de los casos podría proporcionar datos más precisos sobre el acceso a la tierra.

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Derechos históricos Una de las formas de conflictos agrarios más comunes resulta de las luchas comunales por mantenerse o reclamar las tierras ancestralmente utilizadas. Estos conflictos sobre derechos históricos están concentrados en un grado significativo en el nororiente del paí—El Petén, Alta Verapaz, Izabal, y el norte del Quiché—donde principalmente los estilos de vida Maya Q’eqchi’ y K’iche’ han sido amenazados durante décadas por la guerra y por proyectos económicos a gran escala (Alonso Fradejas et al. 2008, Grandia 2009, 2012, Ybarra 2011). Cuando las comunidades locales se rehúsan a irse bajo amenaza, o tratan de recuperar las tierras perdidas dentro de la memoria reciente, los activistas campesinos se refieren a la lucha como una de forma de hacer cumplir los derechos históricos (Entrevistas, César Bol, Celso Caal, y Hermelindo Chub, Ciudad de Guatemala y Cobán, enero-marzo de 2010). Canlún y Xya’al K’obe’, las comunidades desalojadas que se mencionó anteriormente, son un claro ejemplo. A finales de los 1960s, 600 hectáreas de bosque circundaban la comunidad de Canlún en el Valle del Polochic de Panzos, Alta Verapaz. Los arboles protegidos formaban parte de una cooperativa agrícola dirigida por los miembros de Canlun, legalmente registrada bajo del nombre de Cooperativa Samilhá R.L. Cuando un gran terrateniente cortó los arboles en 1970 y reclamó la tierra como suya, los desafíos de la comunidad no tuvieron éxito y la cooperativa cayó en la agricultura comercial. Mientras que el ingenio azucarero Chabil Utzaj mantiene el título de propiedad a partir del 2006, una nueva generación de campesinos de Canlún decidieron tomar control de su tierra nuevamente, y simbólicamente plantaron un campo de maíz comunal sobre 157 de las 630 hectáreas en disputa. Las 40 familias involucradas en la lucha por la recuperación unieron fuerzas con la organización campesina CONIC, la cual consiguió llevar a Chabil Utzaj a negociar legalmente con la comunidad y con autoridades estatales (Notas de investigación, 19-20 enero de 2010). Las negociaciones parecían ir hacia adelante durante el primer año que Canlún sembró su maíz, sin embargo, como se detalla arriba, las compañía cañera y las fuerzas estatales se tornaron violentas contra Canlún y otras 13 comunidades dentro del área en pugna a principios de 2011, poniendo fin a por lo menos esa etapa de lucha de Canlún por el reconocimiento de sus derechos históricos. La comunidad de Xya’al K’obe’ formó como una extensión del INTA, programa estatal para la distribución de tierra dirigido a colonizar la frontera agrícola en el norte de Guatemala en los 1960s y 1970s.6 El grupo recibió la tierra a principios de los 1960s y estableció la comunidad de Salacuín en las tierras bajas del norte de Alta Verapaz, cerca al Río Chixoy (o Río Negro) a lo largo de la frontera mexicana. Seguidamente despejaron la selva que los rodeaba y reclamaron un nuevo espacio para ellos mismos, como era fomentado por la legislación agraria de la época. El grupo estaba en el proceso de registrar su nueva tierra legalmente a principios de los 1980s cuando un ataque del Ejército de Guatemala los forzó a regresar a Salacuin. Con el fin del conflicto armado, los hijos de los miembros originarios de Xya’al K’obe’, comenzaron a sembrar nuevamente en la tierra de sus padres en el 2000 y regresaron a esta en 2007. Sin embargo, el Parque Nacional Laguna Lachuá había sido establecido sobre un área que incluye la tierra de Xya’al K’obe’ y de otras dos comunidades en 2006, un paso que utilizó la creación de aéreas 6 Otras dos comunidades—Michbil Rix Pu y Sak'opur—también se ramificó desde Salacuín, en la tierra que más tarde fue reclamada por el Parque Laguna Lachuá. Mientras que todos participan en el conflicto Lachuá, las tres comunidades están representadas por diferentes organizaciones campesinas (CONIC y CUC) y han seguido caminos diferentes en sus respectivas luchas por la tierra (SAA 2009b, Universidad Rafael Landívar 2009, 74-76).

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protegidas para encerrar el terreno de la comunidad, en un patrón que ha sido repetido dentro de Guatemala y alrededor del mundo (Kelly 2011, Ybarra 2011). Después de que las tres comunidades en el área de Lachua regresaron a la tierra, funcionarios del parque los acusaron que ellos habían invadido ilegalmente el área protegida. Una larga lucha entre Xya’al K’obe’ y el Parque Lachuá sobrevino. En un momento, la comunidad reaccionó ante la presencia militar y policial en su tierra, tomando por prisioneros y desarmando a un grupo de soldados, soltándolos sólo cuando las autoridades locales habían firmado un acuerdo que permitía a la comunidad permanecer en la tierra durante el proceso de negociación. El caso legal presentado por Xya’al K’obe’ y CONIC era solido, con evidencias de de construcciones y huertos de los 1960s e incluso un estudio de la SAA de una imagen de satélite del gobierno que muestra un claro en la selva en el lugar exacto de Xya’al K’obe’ en 1962. Como suele ser el caso, no obstante, la violencia sobrepasó el procedimiento legal y Xya’al K’obe’ y al menos una otra comunidad dentro del Parque Laguna Lachuá fueron desalojados en marzo de 2011 (Notas de investigación, 2-3 Febrero 2010, SAA 2009b, Universidad Rafael Landívar 2009, 74-76).

La Secretaria de Asuntos Agrarios reconoce el conflicto de Canlún como una ‘disputa de derechos’ y el de Xya’al K’obe’ como una ‘ocupación,’ debido a reclamos de que estos últimos son invasores ilegales del parque (SAA 2009a). Ninguna de las dos categorías de la SAA está integrada en su totalidad de situaciones de derechos históricos, pero las tendencias en ambos nos dará una idea de la frecuencia de este tipo de conflictos: pese a que muchos casos sean resueltos o cerrados en una base de datos anual, cientos más continúan siendo registrados. Cada año desde 2000 ha visto 200, y hasta 500, nuevos casos de disputas de derechos y cerca de 50–70 nuevos casos de ocupaciones (vea Figura 2). Dinámicas regionales también hacen estos tipos de conflicto más comunes en los departamentos de Alta Verapaz, El Quiché, y El Peten: gran parte de las disputas de derechos tomaron lugar en El Peten (43% de los casos desde 1997) y El Quiché (19%), y las ocupaciones que fueron llevadas a cabo mayormente en Alta Verapaz (40%) y El Peten (25%). Figura 2. Nuevos conflictos agrarios registrados anualmente por la SAA, 1997-2008

Fuente: SAA (2009a)

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Ocupaciones

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Igual que en los casos de Canlún y Xya’al K’obe’, un proceso de negociación es iniciado generalmente una vez que un conflicto haya comenzado, involucrando a representantes de la comunidad, una organización campesina acompañante, otras partes que reclama el título de propiedad de la tierra, e instituciones estatales. En algunos casos la comunidad es hallada ser la legítima propietaria de la tierra y admitida a permanecer. Cuando se decide que una comunidad no tiene el derecho de estar en la tierra y cuando esa decisión no conlleva un desalojo, la situación todavía puede culminar con el acceso a la tierra. Algunos casos que se entiende existe el riesgo de violencia son resueltos a través de la compra directa, por la SAA u otras instituciones estatales, para proveer de un lugar alternativo para la comunidad. Estos casos son celebrados como victorias significantes por las organizaciones campesinas, no solo por resolver el conflicto de antemano sino también por la presión hacia el gobierno para entregar tierras fuera del modelo de acceso via el mercado del Fondo de Tierras (Entrevistas, Abisaias Gómez y Israel Macario, Rigoberto Monteros, y Ingrid Urízar, Ciudad de Guatemala, octubre de 2009 y marzo de 2010). Sin embargo, la SAA ha sido capaz de proveer de muy poca tierra, y un presupuesto decreciente para el programa sugiere que el enfoque no será institucionalizado significativamente (vea Tabla 3, entrevista con Miguel Ángel Cardona, Coordinador General de Áreas Rurales SAA, Ciudad de Guatemala, 1 de diciembre de 2009) Tabla 3. Tierra proporcionada por el MAGA y la SAA para la resolución de conflictos, 2006-2010 Año Institución Casos Hectáreas Departamentos

2006 MAGA 24 11,565 Alta Verapaz, Baja Verapaz, El Progreso, Izabal, Jalapa, Petén, Quetzaltenango, Quiché, Santa Rosa, Zacapa

2007 SAA 7 966 Alta Verapaz, Chimaltenango, Escuintla, Huehuetenango, Quiché, Retalhuleu

2008 SAA 6 1,336 Alta Verapaz, Chimaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez

2009 SAA 3 508 Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal 2010 SAA 5 474 Alta Verapaz, Izabal, Santa Rosa

Fuente: MAGA (2006), SAA (2010b, 2011). Notas: La cantidad de tierra en hectáreas estuvo disponible solamente por seis de los siete casos para el 2007. Las cantidades por hectárea fueron contadas solamente en 20 de 24 casos desde 2006, debido a las unidades de medida inconsistentes usadas en los documentos usados como fuente Derechos laborales

Comunidades de mozos colonos, o trabajadores que viven permanentemente en una finca, recientemente han comenzado a exigir una remuneración después del despido, una acción clasificada aquí como derechos laborales. La institución del colonato se estableció en gran medida a través de la deuda de la servidumbre durante el auge del café liberal en siglo XIX, y que afecta principalmente las condiciones de pobreza y las libertades restringidas que muchos

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mozos colonos consideran que es una forma de esclavitud (McCreery 1983, McCreery 1994, Hurtado Paz y Paz 2008, 202-209).7 Sin embargo, desde la década de 1950, el colonato ha disminuido constantemente como un sistema de relaciones sociales rurales. El número de fincas que albergan mozos colonos se redujo de cerca de 30,000 en 1950 a alrededor de 10,000 en 1979 y poco más de 5,000 en 2008. La caída de los precios del café entre 1999 y 2003 acertaron al colonato lo que se entiende como un golpe mortal, cerca de 200,000 trabajadores fueron despedidos de sus puestos de trabajo permanentes en fincas de café (Segovia 2004, 5-38, Hurtado Paz y Paz 2008, 208-214, Álvarez 2009). Sin embargo, junto con el último suspiro del colonato, vino una consecuencia no esperada: la colaboración de las comunidades afectadas con organizaciones campesinas en una campaña para pedir indemnización en dinero o en tierra por su tiempo de trabajo y la repentina culminación.

Con la llegada masiva de mozos colonos privados de sus derechos, las organizaciones campesinas comenzaron a proporcionar asistencia estratégica y jurídica a las comunidades que querían seguir adelante con lo que se le debía según legislación guatemalteca. Muchos exigieron el pago retroactivo por años o décadas de salarios por debajo del mínimo legal, o de pagos no realizados después de la caída de los precios del café. Muchos mozos colonos que también habían sido insistieron en el pago de sus Prestaciones Laborales, o el pago por mandato constitucional de un mes de salario por cada año de trabajo prestado si un trabajador es despedido sin motivo. La práctica estándar durante décadas había sido negar primero los trabajadores sus Prestaciones y luego, si se lleva a los tribunales de trabajo, ofrecer una cantidad reducida drásticamente, lo cual viola los derechos del trabajador, pero es preferible, a los ojos de muchos trabajadores, a no recibir pago alguno (Serrano López 2008, 69-98).

La estrategia empleada en los últimos años por las organizaciones campesinas, sin embargo, ha sido organizar colectivamente a comunidades enteras y traer a los empleadores a la corte con el fin de garantizar el pago completo. Frente a grandes grupos de trabajadores apoyados por organizaciones con experiencia y contando con el apoyo legal, los terratenientes han cedido con frecuencia y acordado pagar en su totalidad, muchas veces antes que el proceso judicial comience. En muchos casos, los terratenientes están de acuerdo en proporcionar la tierra en lugar del pago adeudado a las comunidades (Entrevistas, Rigoberto Monteros e Ingrid Urízar, Ciudad de Guatemala, Octubre 2009 y Marzo 2010). Es así como los derechos laborales se convierten en casos de acceso a la tierra, cuando los ex mozos colonos aceptan títulos de propiedad en lugar de dinero en efectivo en la resolución de las deudas, y por lo tanto se convierten en los nuevos dueños colectivos de la tierra en la que han trabajado toda su vida.

Resulta particularmente difícil rastrear la tierra accedida a través de la búsqueda de Prestaciones Laborales y demás derechos, debido a la cantidad de escenarios e instituciones potencialmente interesadas. En algunos casos, todo lo que se necesita para resolver un litigio es la discusión entre una organización campesina y el terrateniente. Si la comunidad pasa a medidas legales el caso es mediada por el Ministerio de Trabajo y escuchada por los tribunales laborales, pero una vez que la decisión ha sido dictada en favor de una comunidad, las negociaciones para el pago en tierra se llevan a cabo directamente con el terrateniente y fuera de cualquier institución estatal. Además, no todos los casos aparecen como conflictos en la Secretaría de Asuntos Agrarios, y de esta forma evaden incluso, los datos de potencial acceso a la tierra. Dado que los casos están principalmente en instancias laborales y no disputas agrarias, son atendidas 7 La posición de igualar colonato con la esclavitud también fue confirmada a través de entrevistas y conversaciones con los ex mozos colonos en la Finca Salvador Xolhuitz en Nuevo San Carlos, Retalhuleu.

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(pero no registrados de forma centralizada) por el Ministerio de Trabajo. Sólo cuando las actividades de la comunidad afectan el uso del suelo—por lo general a través de la negativa de una comunidad a retirarse del área que se les proporciono para vivir como mozos colonos—son tomadas por ocupaciones y asumidas por la SAA como conflictos agrarios.

Sin embargo a pesar de la falta de cifras, está claro que este tipo de controversias se han generalizado en la última década, ya los casos han resultado en acceso a la tierra. Solamente CONIC ha negociado tierras en 45 casos de derechos laborales, logrando así entre las comunidades de CONIC, una forma común de acceder a la tierra. El Pastoral de la Tierra de San Marcos (PTSM) ha asistido a una serie de casos. Ingrid Urízar, una asesora legal de PTSM entrevistada en marzo de 2010, estima que más del 60% de todos los casos se resolvieron mediante la entrega de tierras a las comunidades, aunque esta era solo para vivienda y no suficiente para la producción agrícola.

En un caso paradigmático, casi todo el municipio de San Miguel Tucurú en Alta Verapaz se convirtió de fincas a tierras comunales a cargo de mozos colonos durante los años 1990 y 2000. Los activistas de CONIC que habían participado en la campaña citan a un alcalde aliado y las comunidades bien organizadas junto con las organizaciones campesinas para ayudar en la transformación de Tucurú. Aproximadamente desde 1995 a 2005, el municipio pasó de ser una zona dominada por más de 70 fincas y muy pocas comunidades, a una formada por 74 comunidades campesinas y tan sólo tres fincas restantes (Velásquez Nimatuj 2010, Hale 2011, Entrevistas, Candelaria Beb Tut, Rigoberto Monteros, y Juan Tiney, Ciudad de Guatemala y El Estor, Izabal, octubre de 2009-marzo de 2010).8

Al igual que con todas las luchas políticas en Guatemala, la lucha por los derechos laborales de los mozos colonos es larga y muchas veces ha costado sangre. Emilio Tzib Kej, coordinador de las campañas de la CONIC en el departamento de Baja Verapaz, me contó la historia de Tixilhá, una comunidad de trabajadores que habían ganado recientemente el título de propiedad en el momento de nuestra entrevista en noviembre de 2009.

Es una lucha muy grande. Cuando los compañeros empezaron a organizar, los autoridades locales los amenazaron, los trataron como delincuentes. Los compañeros se huyeron y volvieron a ocupar en otra parte de la finca hasta un rincón, que es muy grande. Algunos pasaron tres meses en la carcel. Tuvieron apoyo del Padre de la parroquia de La Tinta…Llegó la policia a desalojar, pero no podian entrar, que son colonos, no se puede…Después se secuestraron un líder de la comunidad, lo secuestraron en La Tinta. Entonces se tomo el parque central en 1993 para pedir sobre el secuestro. Un mes ocuparon el parque, no hubo resultado, entonces la gente volvieron a la finca. Se sentaron en la finca, empezaron a sembrar café y cardamóm y construir casas formales. Entonces el propetario se vendio a otro propetario. Y el nuevo propetario estaba dispuesto a vender y resolvió, vendió cinco caballerías a traves de la SAA…Ahora los compañeros sientan bien motivados, bien organizados, ahora están gestionando sus proyectos (Entrevista, El Estor, Izabal, 19 noviembre de 2009).

La mayoría de las comunidades campesinas aprenderán, después de haber logrado el

título de la tierra a través de los derechos laborales o cualquier método descrito aquí, que el siguiente paso a discutir es la producción y la infraestructura de desarrollo agrícola, y que es tan difícil como la lucha anterior por la tierra. Los grupos pueden estar “bien motivados” y 8 Las cifras citadas sobre fincas y comunidades de mozos colonos variaron levemente a través de las entrevistas, pero todos pusieron el número de fincas antes de las luchas recientes de entre 70 y 78 y el número de fincas restantes, ya sea en dos o tres.

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“gestionando sus proyectos” como reclama Tzib Kej, pero el resultado final es pocas veces tan transformador como una comunidad esperaría. Estudios con grupos recién asentados en Guatemala (Velásquez Nimatuj 2008, Hale 2011), y con comunidades similares del MST en Brasil (Wolford 2010a), muchas veces muestran las mismas condiciones de vida en lugar de salir de la pobreza. Sin embargo, el hecho de la tenencia de la tierras es sumamente importante al final de la lucha para el reconocimiento de los derechos laborales o derechos históricos. Ocupaciones de fincas

La Secretaria de Asuntos Agrarios interpreta cualquier indicio de disputa sobre la tierra registrada por otros como una “ocupación.” Sin embargo, de acuerdo con la definición utilizada por las organizaciones campesinas guatemaltecas, yo utilizo el término para referirse a la invasión intencionada de la tierra, conocida por ser propiedad privada o del Estado, y sobre la cual los ocupantes no reclaman derechos históricos. Utilizado tanto como una forma inmediata de acceder a la tierra y como una táctica a largo plazo de presión por más tierras comunales, las ocupaciones en Guatemala tienen una larga historia y se han realizado recientemente en diferentes oleadas. Las ocupaciones fueron comunes durante 1953 y 1954 entre los campesinos en busca de tierra bajo la corta reforma agraria de Jacobo Arbenz, pero esta táctica de confrontación rara vez se utilizan en las siguientes tres décadas de terrorismo de estado y la represión (Handy 1994, 104-106, Mayo 2001). Con el retorno a los gobiernos civiles en 1986 y el florecimiento de acompañamiento de los movimientos sociales, las organizaciones campesinas fomentaron invasiones y grandes fincas fueron ocupadas en al menos 10 de los 22 departamentos de Guatemala entre 1986 y 1989 (CEUR 1990, 102-103). Dos grandes oleadas de ocupaciones prosiguieron durante las negociaciones de paz en la década de 1990, las impulsadas por las organizaciones guerrilleras y campesinas con el fin de influir en el contenido de los tratados, y luego durante los años de la mayor movilización social que acompañaron a la crisis del café 1999-2003 (Velásquez Nimatuj 2008, 38-45, Entrevistas, Rafael González and Carlos Morales, Ciudad de Guatemala, marzo de 2010). Sin embargo desde que se empezó a recuperar la crisis del café, los casos de ocupación han decrecido, y la invasión de la tierra ya no es una táctica estándar en el movimiento campesino. Las entrevistas con líderes de nueve organizaciones campesinas revelaron una vacilación frente a las ocupaciones en la mayoría de los casos, y muy pocos ejemplos de ocupaciones actuales entre las organizaciones, incluso entre las que apoyan a la táctica (vea Table 1). Esto es en gran parte debido a la violenta represión de las ocupaciones de fincas discutidos anteriormente. Los organizadores campesinos, comprensiblemente, están divididos sobre si se debe fomentar la acción radical frente a la represión y las ocupaciones de fincas han continuado sobre todo en las comunidades asociadas con tres organizaciones: CONIC, CUC, y la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas, UVOC9. Marcelo Sabuc, representante legal 9 Posicionamientos sobre ocupaciones de fincas de las organizaciones campesinas fueron establecidas a través de entrevistas con Marcelo Sabuc (CCDA), Basilio Sanchez (CODECA), Sebastian Velásquez y Lorenzo Pérez (CONDEG), Rigoberto Monteros (CONIC), Rafael González (CUC), Eliseo Pérez (Kab’awil), Abisaias Gómez and Israel Macario (Plataforma Agraria), Carlos Morales (UVOC), y Moisés Guzmán (Xinca). Entrevistas y conversaciones con Leocadio Juracán del CCDA, Hélmer Velásquez de CONGCOOP, y Eugenio Incer de AVANCSO me ayudaron a determinar las organizaciones más activas en la lucha por la tierra.

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del Comité Campesino del Altiplano, CCDA, describe la aprehensión de su organización acerca de las ocupaciones de fincas.

En el 1992 el CCDA y principalmente la comunidad de Porvenir y la de Pampojilá ocuparon la tierra baldía…Propetarios de las dos fincas mandaron al ejercito, la policía, hubo un desalojo, había heridos, capturaron líderes y les encarcelaron. Entonces a partir de ahí empezamos a reflexionar tambien…Finalmente eso provoco un desgaste también para la comunidad, porque lo que estamos haciendo es motivar, sensibilizar a la comunidad para que se organizen, y finalmente al intentar de organizar si sucede ese situación, un desalojo o actitudes así, violencia por ejemplo, entonces en lugar de fortalecer a la organizacion eso debilita. Y principalmente si llega a morir alguien, por ejemplo. Entonces a partir de ahi nosotros dijimos ya no (Entrevista, San Lucas Tolimán, 14 octubre de 2009).

Por otro lado, Hermelindo Chub, un organizador de la CONIC que trabaja con muchas ocupaciones en Alta Verapaz e Izabal, explicó por qué los grupos deciden ocupar las fincas.

Algunos no más que han tomado tierras pués, como las dos comunidades que fueron desalojadas en el mes de julio [Renacimiento y Las Flores de Chahal, Alta Verapaz]. Esa sí es una finca que tomaron pues, pero por la necesidad que les obliguen ellos también. Por qué hacen eso? Porque miran una finca que está abandonada, que no han venido trabajando, como que ellos piensan, ‘Bueno, pués esas tierras baldios, esas tierras nacionales, pués vamos a entrar ahí.’ Esa es la razón, cuando se organiza un grupo para ir a entrar una finca (Entrevista, Ciudad de Guatemala, 26 marzo de 2010).

Después de ingresar en la finca, un grupo establecerá una vivienda improvisada, ya sea a partir de materiales externos, como láminas y lonas de plástico, o de madera y hojas para techar encontrado en la propiedad. El maíz y otros cultivos de subsistencia siempre se siembran de inmediato, ya que la comunidad busca reclamar la tierra y para aprovechar al máximo su nuevo recurso. Después la ocupación generalmente sigue uno de dos pasos. El grupo puede ser desalojado por la fuerza por la seguridad privada del propietario de la tierra o por las fuerzas estatales, por lo general pocos días después de la llegada. De lo contrario la ocupación será enmarcada como un conflicto agrario y comienza un proceso de negociación y sigue la misma trayectoria descrita anteriormente para los casos de derechos históricos. Al igual que con los derechos históricos y los derechos laborales, no existen registros precisos para dar una idea de la cantidad de ocupaciones que se han culminado en acceso permanente a la tierra. Los casos son ensombrecidos dentro de las definiciones generales de SAA, y las organizaciones campesinas sólo cuentan con estos al azar y sin coordinación entre los grupos. Sin embargo, cada ocupación debería ser pensada como una forma de acceso a la tierra a corto plazo, ya que la comunidad trabaja la tierra ocupada y goza de su cosecha si son capaces de mantenerse, así como beneficiarse de la época de cosecha de un hogar temporal. Si son capaces de permanecer en forma permanente o se otorgan otras tierras, que en ocasiones resulta de la negociación del SAA, el grupo habrá logrado su objetivo. Sin embargo si son obligados a salir, los organizadores campesinos todavía tienden a ver la ocupación como un esfuerzo para presionar a los finqueros y los políticos, con el argumento de que las ocupaciones de fincas disuaden a los terratenientes de la práctica de reclamar grandes extensiones de tierra sin trabajar (Entrevistas, Celso Caal, Hermelindo Chub, y Rigoberto Monteros, Ciudad de Guatemala y Cobán, octubre de 2009 a marzo de 2010).

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Conclusión: Un paso adelante, dos pasos atrás Las organizaciones rurales de base en Guatemala se han adaptado a una nueva oleada de cambios agrarios. Estimulado por la reestructuración neoliberal, actuando a través de las nuevas formas de cercamiento, territorialización, y legalización (Peluso y Lund 2011), y subrayado por la desigualdad histórica, estos cambios han modificado las opciones de acceso a la tierra a disposición de las comunidades campesinas. El movimiento social campesino y sus comunidades rurales aliadas se dedican a diversas formas de acción directa en busca de tierras y en respuesta a los factores que van desde la guerra o el desplazamiento posterior a la guerra, la creación de áreas de conservación, y la violación de los derechos laborales. Los campesinos se enfrentan a formas de violencia que pueden acompañar el control de la tierra en cualquier escenario, y la amenaza de la represión es una realidad para todas las comunidades rurales en resistencia u ocupación. Sin embargo, cientos de comunidades han realizado estos esfuerzos con éxito, y una reciente oleada de acción directa exitosa ha llevado a las comunidades campesinas a convertirse en propietarios comunales de las tierras agrícolas. Destacar estos escenarios ayuda a desafiar el papel central que juega el Fondo de Tierras en la política agraria, y contribuye al estudio de la lucha rural en Guatemala. Sin embargo, debemos tener cuidado de no elevar el movimiento campesino a las alturas de unas expectativas poco realistas. En concreto, los casos discutidos aquí arrojan a luz dos dificultades importantes: que la cantidad de tierra que se accede a través de la lucha rural sigue siendo insignificante a nivel nacional, y que incluso esta alternativa de mayor éxito a la reforma agraria asistida por el mercado no ha sido capaz de escapar al modelo agrario neoliberal. Como se discutió anteriormente, los datos facilitados por la SAA sugieren que la cantidad de tierra adquirido o conservado por las comunidades campesinas, como resultado de los conflictos agrarios, supera a la transferida por el Fondo de Tierras para la reforma agraria asistida por el mercado (vea Tabla 2). Sin embargo, a pesar de esta evaluación alentadora, el patrón general de la propiedad de la tierra y su uso no ha sido afectado por los esfuerzos de los campesinos. Los censos agrarios realizadaos por el gobierno de Guatemala en 1979 y 2004, y las encuestas agrarias llevadas a cabo cada año entre 2005 y 2008, demuestran de manera convincente que la tenencia desigual de la tierra en Guatemala sigue siendo indiscutible, a pesar de que algunos cientos de miles de hectáreas han sido ganados por la lucha rural. La propiedad de la tierra en Guatemala se divide en varias condiciones jurídicas, incluyendo de propiedad individual, las cooperativas, y las propiedades comunales. La división de la tierra se inclina fuertemente hacia el individuo y ha cambiado muy poco desde 1979: las tierras de cultivo de forma individual se mantiene constante en torno al 90%, lo que sugiere que las tierras comunales que resultan de todas las formas de acceso a la tierra antes mencionados, no han hecho mella en la estructura agraria general de Guatemala (INE 1979, INE 2004, INE 2008).10 También debemos tomar en cuenta el papel que las instituciones neoliberales juegan dentro del acceso a la tierra via conflictos agrarios, una triste realidad que amortigua además la esperanza de que la reforma agraria pueda ser el resultado de estas formas de organización popular. Los activistas campesinos hablan con orgullo de la tierra que se accede mediante procesos distintos de adquisición Fondo de Tierras, los cuales se consideran ejemplos de acceso

10 La cantidad de tierras de cultivo registrada propiedad de los individuos se calculó en 88.5% en 1979, 85.1% en 2004 y 92.8% en 2008. La porción de todas las fincas de propiedad individual se contó como el 99.6%, 97.9% y 92.8%, respectivamente, para los mismos años.

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a la tierra “alternativa” que ayudan a empujar al gobierno lejos del modelo de mercado (Entrevistas, Abisaias Gómez y Israel Macario, Rafael González, Rigoberto Monteros, Carlos Morales, Juan Tiney, Ciudad de Guatemala, noviembre de 2009 a marzo de 2010). Sin embargo, estas alternativas, todavía se basan en la participación directa o indirecta en el sistema agrario neoliberal en al menos tres formas. En primer lugar, las transacciones de tierras del Fondo de Tierras son necesarias en muchos casos de resolución de conflictos, aun cuando la comunidad beneficiaria no incurre en el costo por la adquisición. En los casos en que la Secretaría de Asuntos Agrarios ha proporcionado tierras a las comunidades con el fin de poner fin a un conflicto (vea Table 3), por ejemplo, la SAA utiliza sus propios fondos para comprar tierras de terratenientes “vendedores dispuestos,” con la transacción facilitada por el FONTIERRAS. Las comunidades beneficiarias se salvan de la deuda, y los casos no se registran entre los casos de compra de tierras de FONTIERRAS, pero sin embargo no deben ser considerados como haber eludido el modelo de mercado.11 En segundo lugar, la resolución de conflictos agrarios es un elemento del modelo de administración de tierras del Banco Mundial, y la propia SAA fue fundada dentro de este enfoque. La bibliografía sobre la administración de tierras neoliberal se refiere a los conflictos agrarios como obstáculos a los derechos de propiedad y la seguridad de la tenencia de la tierra, ya que estos objetivos se basan en la propiedad claramente definida y titulada legalmente (Banco Mundial 1998, Dale y McLaughlin 1999, 33-35, Deininger y Binswanger 1999, Deininger y Feder 2009). De igual forma la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre la Tierra, CONTIERRA, institución creada por los acuerdos de paz y que más tarde se convirtió en la SAA, fue seleccionada por el Banco Mundial como uno de los seis órganos de coordinación para llevar a cabo su Proyecto de Administración de Tierras (Garoz et al. 2005, 34-39, Banco Mundial 2010, 63, 71-72). CONTIERRA y la SAA no recibieron financiamiento por parte del Banco Mundial en el marco del proyecto, sin embargo, y el presupuesto oficial de la SAA ha sido mínimo, dejando la resolución de conflictos como un elemento descuidado del proyecto de administración de tierras (Garoz et al. 2005, 66-71). Pese a todo, la SAA sigue siendo un componente táctico del enfoque neoliberal a la tenencia de la tierra en Guatemala.

Por último, los conflictos agrarios ayudan a definir los límites de la lucha campesina pertinentes bajo el modelo de gobernación neoliberal. En su ensayo principal, “Repensando la política indígena en la época del ‘indio permitido,’” Charles R. Hale (2004) discute el “proyecto cultural neoliberal” como uno que aparece inclusivo y que está dispuesto a participar en el diálogo, sino que utiliza este compromiso para justificar una línea dura contra cualquier intento de corregir la desigualdad económica. Al adoptar algunos y sacar a los actores más radicales, sostiene Hale (2004, 17), que el neoliberalismo busca “la creación de sujetos que se gobiernan a sí mismos de acuerdo con la lógica del capitalismo globalizado.” Esta intención está claramente presente en el sistema agrario aplicado por el Fondo de Tierras, la Secretaría de Asuntos Agrarios, y las fuerzas del Estado de Guatemala. El endeudamiento por la adquisición de tierras se define como la única forma aceptable de cambio agrario. El acceso a la tierra a través de la resolución negociada de los conflictos es tolerado debido a que el objetivo más amplio es la actualización del régimen de propiedad privada, pero las luchas agrarias que afectan los intereses económicos específicos se cierran a través de desalojo violento. 11 Agradezco a Eugenio Incer y Luis Galicia de AVANCSO por explicar de esta manera sobre la compra de tierra de SAA. Su evaluación fue respaldada en mis conversaciones con los líderes comunitarios y activistas campesinos que trabajan con la resolución de conflictos agrarios.

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El enfoque agrario neoliberal pretende imponer una disciplina en las organizaciones y comunidades a través de una situación bajo la cual se puede evitar la represión si la organización de los campesinos se limite a la compra de tierras. Este escenario de hecho ha sacado a las organizaciones campesinas y sin saberlo, han jugado un papel en la denotación de parámetros del modelo neoliberal a pesar de la participación en campañas anti-neoliberales. Por un lado, el mercado de la tierra del Fondo de Tierras se ha legitimado a través de la participación de las organizaciones campesinas en la compra de tierras y de representantes en el consejo de gobierno FONTIERRAS (Entrevistas, Luis Galicia, Abisaias Gómez Hernández y Israel Macario, Guatemala Ciudad, marzo de 2010). Y por otro, la dura realidad de la represión violenta ha llevado a las organizaciones campesinas a reducir su actividad en muchos casos, de exigir la reforma agraria, a la negociación de la resolución de conflictos específicos. Este análisis crítico de los conflictos agrarios y del acceso a la tierra debe llevarnos a conclusiones cautelosas sobre el papel de la Secretaría de Asuntos Agrarios. Aunque no es de esperar que la SAA sea la fuente del cambio estructural agrario en Guatemala, hay una tendencia a considerar la institución en una luz más positiva de lo que suele ofrecer las autoridades guatemaltecas. Activistas campesinos y miembros de comunidades en conflicto por lo general mantienen la esperanza de la resolución y el acceso a la tierra a través de las negociaciones de la SAA, y las investigaciones por lo general obvian el rol de la SAA o aceptan su función mediadora (Amnesty International 2006, CALDH y CONIC 2009).12 Sin embargo, mientras que la SAA juega un papel sumamente positivo en la negociación de la resolución de casos individuales, no debe haber ninguna duda de que la institución también ocupa un lugar importante en la reestructuración neoliberal de las zonas rurales de Guatemala. De hecho, la Secretaría es tan emblemática del neoliberalismo como lo es el Fondo de Tierras: bajo las dos instituciones, las demandas y las tácticas de los campesinos pobres han sido cooptadas para promover la agenda de los ricos de Guatemala y los actores transnacionales. Por un lado, FONTIERRAS ha convertido las demandas para la reforma agraria en un sistema que ayuda a los grandes terratenientes a librarse de la tierra no deseada mientras que adquieren de nuevos bienes, y, por el otro lado, el trabajo de la SAA con las luchas comunitarias ha tenido el efecto de limitar más las demandas y de legitimar la represión violenta. Las comunidades rurales y las organizaciones campesinas, en el marco del régimen neoliberal económico y de gobernación, han quedado atrapadas literalmente entre de las balas y el banco. Llamando la atención sobre los esfuerzos para escapar del modelo, como las luchas comunitarias por la tierra discutidas aquí, se puede destacar formas alternativas y creativas de las organizaciones de base, sin embargo las restricciones y la represión que derivan de la reestructuración neoliberal, constituyen nuevos mecanismos de control sobre la tierra y un sistema agrario injusto que perduran como factores fundamentales hoy en día en la Guatemala rural.

12 Importantes excepciones a esta generalización se pueden encontrar en un análisis crítico del Fondo de Tierras y la SAA por Garoz et al. (2005), y en una reflexión sobre la estrategia de movimiento social agraria en Guatemala post conflicto por van Leeuwen (2010).

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(2013 jps translation) entre las balas y el banco · entre las balas y el banco: ... veces...

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