CIUDADANÍA DIGITAL: ¿OPORTUNIDAD O AMENAZA?

CIUDADANÍA DIGITAL:

JUAN PABLO ADAME ALEMÁN

¿OPORTUNIDAD O AMENAZA?

© 2015, Juan Pablo Adame Alemán

© 2015, Cámara de Diputados, LXII LegislaturaAv. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza, C.P. 15960, D.F.

© 2015, Imagia Comunicación S de RL de CVFacundo 1304, Col. Unidad Modelo, C.P. 44420, Guadalajara, Jalisco.

ISBN: 978-607-8389-06-3

Impreso en México Printed in Mexico

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A Eli y María,

mi inspiración diaria.

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ÍNDICE

PRÓLOGO 11

INTRODUCCIÓN 15

PRIMER CAPÍTULO 23

DEMOCRACIA DIRECTA: UN vIEjO RECUERDO . . . . . . . . .23 La democracia directa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24La democracia radical en el periodo de Pericles . . . . . . . .28Un modelo perfectible de gobierno . . . . . . . . . . . . . . . 31La República Romana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Nuevos intentos por definir la democracia . . . . . . . . . . . 35Instrumentos de la democracia directa . . . . . . . . . . . . . 43Los desafíos de la democracia directa. . . . . . . . . . . . . . 45

SEGUNDO CAPÍTULO 49

DEMOCRACIA INDIRECTA y SU CRISIS DE PARTICIPACIÓN 49Representatividad y democracia. . . . . . . . . . . . . . . . . 50Tenencia y transferencia del poder; la burocracia. . . . . . 53La crisis de representatividad, gobierno, élites y privilegios 62Representatividad y participación efectiva . . . . . . . . . . 51

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La democracia del consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Redefinir el papel del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Tecnologías de información y comunicaciones, la gobernanza digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

TERCER CAPÍTULO 71

PARTIDOS y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: LA DEMOCRACIA INfINITESIMAL 71Los Partidos Políticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Las elecciones y la búsqueda del poder . . . . . . . . . . . 74Los medios de comunicación . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Atomización del Poder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Vicisitudes de la democracia mexicana . . . . . . . . . . . 83Las tecnologías de la información y comunicaciones como alternativa en la sociedad de la información, desinformada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90La democracia infinitesimal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

CUARTO CAPÍTULO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

DESARROLLO y POSIbILIDADES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INfORMACIÓN y COMUNICACIONES: hACÍA UNA CIUDADANÍA DIGITAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97¿Qué son las tecnologías de la información y comunicaciones? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98Tecnologías de la información y comunicaciones para la movilización social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101Nuevas tendencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

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La gobernanza en Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Ciudadanía digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

QUINTO CAPÍTULO 135

PARLAMENTO AbIERTO, UNA PROPUESTA PARA TRANSPARENTAR EL PODER LEGISLATIvO 135¿Qué es el gobierno abierto? . . . . . . . . . . . . . . . . . 141¿Por qué el Parlamento? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149Parlamentos abiertos alrededor del mundo . . . . . . . . . 153

SEXTO CAPÍTULO 165

CIUDADANÍA DIGITAL y SOCIEDAD AbIERTA 165Sociedad abierta, participación desde la apertura con aspiraciones hacia la colaboración . . . . . . . . . . . . . . 166Participación Política desde la Ciudadanía . . . . . . . . . 170Cultura política . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174El ciberespacio como espacio público . . . . . . . . . . . . 179Ciudadanía para la democracia . . . . . . . . . . . . . . . . 182¿Más gobierno abierto o más ciudadanía? . . . . . . . . . . 187

BiBliografía 191

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Prólogo

El libro escrito por Juan Pablo Adame es una nueva refe-rencia hacia la evolución del ejercicio democrático en la sociedad. Pasando por un análisis histórico del nacimiento

de la democracia y su evolución hasta nuestros días, Juan Pablo nos lleva de la mano a entender la relevancia que tienen hoy las tecnologías de la información como herramienta de creación de espacios para el debate y la participación ciudadana en torno a diversos temas entre los que se incluye, por supuesto, la política.

Después de que la historia en los últimos siglos permitió la construcción de la democracia representativa en diferentes so-ciedades, hoy –como nos reseña el autor– la legitimidad de esta forma de gobierno depende no solo de los procesos electorales, sino de la capacidad del sistema político para absorber de ma-nera cotidiana, las opiniones, intereses y acciones de la sociedad civil en el debate parlamentario y en las políticas públicas.

Efectivamente –como bien señala el libro– el antecedente de la democracia directa en la antigua Grecia, se volvió impractica-ble en sociedades mucho mas numerosas y con problemáticas más complejas, de tal manera que la invención de la “democra-cia representativa” permitió el desarrollo de gobiernos civiles, mediante sistemas parlamentarios o presidenciales, a través de elecciones periódicas que legitimaban el ejercicio del poder pú-blico y el Estado de Derecho.

Sin embargo, en la medida que el ejercicio de gobierno se fue haciendo más indirecto, es decir, a través de “representantes electos” pero también mediante burocracias muy complejas y especializadas, la sensación de muchos ciudadanos es la de que el gobierno “está demasiado lejos” y por ello se ha perdido la

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conexión entre las necesidades del gobernado y el ejercicio del gobierno.

El ejercicio electoral es hoy “la herramienta más poderosa de la democracia” sin embargo, no es suficiente para que el ejer-cicio del poder se legitime a los ojos ciudadanos ni para que se pueda considerar como el ideal de la democracia en que las de-cisiones son tomadas y el gobierno ejercido en conjunto con la población a quien se representa. Por ello es indispensable, am-pliar las formas de participación e involucramiento de la socie-dad en los procesos de gobierno, no solo de manera tradicional sino también a través de mecanismos que liberen las barreras de entrada a la arena política y simplifiquen la interacción directa entre el ciudadano y su representante.

En cierto sentido –como señala el libro– la democracia se volvió infinitesimal ya que se redujo a que millones de personas ejercieran su derecho al voto, concediendo con ello lo que pare-cía una especie de “cheque en blanco” para que los funcionarios lo ejercieran con base en un único mandato, es decir, el ejercicio del propio sufragio por un periodo determinado.

No obstante, con la evolución de las tecnologías de la infor-mación y los medios con los que cuenta la ciudadanía para ha-cerse escuchar, la evolución natural de la democracia pasó de tener al voto como el fin último del ejercicio político ciudada-no, a constituir el primer eslabón de la cadena de participación ciudadana en la política y toma de decisiones gubernamentales. Hoy, el ciudadano ejerce su derecho a votar a su representante como una muestra inicial de confianza en la persona a quien fa-vorece con dicho sufragio. El siguiente eslabón es el seguimien-to a la labor que realiza la persona elegida a quien se exigirá una apropiada rendición de cuentas. Es aquí donde toma una mayor relevancia el uso de las tecnologías de la información debido a que mediante su uso y apropiación, el ciudadano está en posi-bilidad de exigir que su representante actúe con transparencia,

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que las decisiones que toma las haga acompañadas de una con-sulta a sus representados y que si no lo hace así, la ciudadanía que lo eligió –y la que no, también– pueda llamarlo a que revise las decisiones tomadas y finalmente a que rectifique el camino en beneficio de la población a quien debe representar.

En este contexto, es indispensable pasar –en la mejor tradi-ción de Acción Nacional– de la reflexión a la acción. Por ello, Juan Pablo Adame explica con detenimiento las iniciativas del “Parlamento Abierto” que permite una relación mucho mas es-trecha entre los ciudadanos y sus legisladores, a través de las redes sociales.

La iniciativa propone fundamentalmente, que ciudadanía y representantes, se retroalimenten de manera permanente –no sólo a través del voto– sino de información, crítica y propues-tas para construir las políticas públicas del gobierno de manera conjunta.

De esta forma, los observatorios ciudadanos, las Organiza-ciones de la sociedad civil, la academia, etc., conocen la labor y el contenido del trabajo legislativo, permiten la transparencia en los procesos, abren la discusión a foros mas amplios que el “Salón de Sesiones” y a su vez, el voto puede ejercerse de mane-ra mucho mas precisa, considerando el desempeño de los repre-sentantes y los partidos políticos a los que pertenecen.

Finalmente, el autor, se pregunta: ¿Qué nos depara el futu-ro? ¿Cómo va a cambiar el ejercicio del Poder en esta nueva ló-gica? Y nos responde atinadamente que, se esta construyendo una “Ciudadanía Digital” que –cada vez más– va a impedir que el ejercicio del poder público sea exclusivo de unos cuantos ac-tores legitimados mediante las urnas, y en el que la ciudadanía va a tener una influencia cotidiana en el quehacer público.

El futuro, efectivamente, es la “Ciudadanía Digital”, que im-plica no solo el involucramiento ciudadano en procesos adicio-nales, al mero sufragio o al hábito de estar bien informado, sino

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también el conocer las propuestas, vigilar a los representantes, proponer formulas innovadoras de resolver los problemas y construir –valiéndose de las tecnologías de la información– una democracia mucho más cercana al ciudadano en el siglo XXI.

Felicito a Juan Pablo por este texto que no sólo es una re-flexión pertinente y necesaria frente a la consolidación del ejer-cicio del poder político a través de las redes sociales –como se vio en la primavera árabe– sino que también busca y propone fórmulas imaginativas e innovadoras para construir el régimen democrático que los mexicanos nos queremos dar para cons-truir una Patria ordenada y generosa en la que todos podamos contribuir en su formación.

León Felipe Sánchez Ambía

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INTroDUCCIóN

La democracia se ha convertido en una noción de uso co-mún sobre cuyo significado rara vez nos detenemos a re-flexionar. Nos pasa con ella un poco lo que a San Agustín

le sucedía con el tiempo, con respecto al cual llegó a decir: “Si pienso en el tiempo, sé lo que es, si me lo preguntan, ya no lo sé”, frase que sin dificultad alguna podríamos aplicar al concep-to de democracia, en la medida en que todos nos referimos a él y lo entendemos más o menos claramente, pero pocos la conce-bimos en forma precisa y bien definida, y menos aún estamos de acuerdo respecto de lo que significa.

Ello no tendría mayor importancia si aquello que concebi-mos como democracia no fuera un aspecto tan relevante ni si el debate alrededor de la misma no fuera un elemento central de la vida política e institucional en nuestras sociedades.

Como dijera José Ortega y Gasset en su libro En torno a Ga-lileo:

Una misma cosa se puede pensar de dos modos: en hueco o en lle-no. [Cuando pienso en hueco uso las palabras] fiduciariamente, a crédito, como uso un cheque, confiado en que siempre que quiera lo podré cambiar en la ventanilla de un banco por el dinero contan-te y sonante que representa. [...] Este pensar en hueco y a crédito, este pensar algo sin pensarlo en efecto, es el modo más frecuente de nuestro pensamiento. La ventaja de la palabra que ofrece un apoyo material al pensamiento tiene la desventaja de que tiende a suplantarlo, y si un día nos comprometiéramos a realizar el re-pertorio de nuestro pensamientos más habituales, nos encontra-ríamos penosamente sorprendidos con que no tenemos más que

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los cheques, pero no las monedas que aquellos pretende valer; en suma, que intelectualmente somos un Banco en quiebra fraudu-lenta (1982:35).

Con palabras como democracia sucede con frecuencia pre-cisamente lo descrito: la utilizamos todo el tiempo, damos por descontado lo que significa, pero si nos detenemos un momen-to a reflexionar sobre su sentido nos quedamos pasmados y co-menzamos a balbucear incómodamente sin tener plena confian-za sobre lo que entendemos por ella.

No sólo eso, en la actualidad observamos una gran paradoja respecto de la democracia: mientras que nunca antes en la histo-ria de la humanidad había habido tantos países bajo regímenes que se califican a sí mismos como democráticos, la democracia sufre una de sus mayores crisis de legitimidad, en la medida en que pareciera respirarse un desencanto generalizado respecto de su capacidad para responder a las necesidades y demandas del mundo actual.

En palabras de Carlo Galli (2013:9-10):

Existe un malestar en la democracia. No es el malestar (en reali-dad, un rechazo) que, en el curso de la historia occidental alimen-ta la rica producción de ideas “contra” la democracia, ni ese otro que linda con la angustia “ante” la democracia; ni es tampoco el malestar “en” la democracia, el desasosiego que veía Ortega en el interior de la democracia en la época de la rebelión de las masas. Es exactamente el malestar “de” la democracia, de sus institu-ciones políticas y de su realidad social. [...] El malestar de la de-mocracia es doble: es en primer lugar subjetivo, el del sujeto que debe considerarse “ciudadano”. Se manifiesta como un desafecto, como una indiferencia cotidiana hacia la democracia que equi-vale a su aceptación pasiva y acrítica, al rechazo implícito de sus

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presupuestos más complejos y comprometedores. [...] Es tam-bién un malestar objetivo, estructural. Nace de la inadecuación de la democracia, de sus instituciones para mantener sus propias promesas, para estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar a todos igual libertad, iguales derechos e igual dig-nidad. La democracia ha sido arrasada por las transformaciones del mundo.

Esto es doblemente paradójico, ya que no sólo vivimos en una época en la que se podría decir que la democracia como sis-tema político ha triunfado casi indiscutiblemente, sino porque tal vez, desde la época de su invención en la Grecia de los siglos VI y V a.c., en ninguna otra época –salvo tal vez aquella que la vio nacer– se habían dado como hoy las condiciones sistémicas y tecnológicas para alcanzar el mayor grado de participación po-sible ni existían los mecanismos para regular y vigilar el desem-peño del gobierno que hoy tenemos a la mano.

En muchos sentidos –como insinuamos más arriba–, el problema de la democracia tiene que ver con la multiplici-dad de sentidos y significados que se le asocian, así como con la variedad de conceptualizaciones que de la misma se han hecho, a tal grado de que a veces es dudoso que estemos ha-blando de lo mismo. Olvidamos demasiado fácilmente que el debate político e ideológico se da en primer término en torno a la definición legítima de las categorías claves de la lucha política, y hoy por hoy una de estas categorías es sin lugar a dudas precisamente la democracia, y detrás de los discursos y las polémicas que experimentamos se fragua una lucha por lograr que se acepte la definición de la misma que le es más conveniente a cada actor político. De tal forma que no pode-mos suponer que existe algo así como La Democracia, con “D” mayúscula, ante la que todas las otras democracias de carne y hueso y con “d” minúscula no serían más que encar-

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naciones imperfectas que se acercan más o menos a la defini-ción legítima.

Y esto es precisamente lo que está en el tintero. Para al-gunos, la democracia se limita a la repartición de poderes, el respeto irrestricto a las leyes y a la formalidad de un proce-so electoral. Para otros, en cambio, si bien las anteriores son necesarias, lo que justamente está en juego es la distribución justa y equitativa del poder y de las oportunidades, en la que exista un verdadero sistema de participación que garantice la inclusión en la tomas de decisiones de todos los sectores de la sociedad. En esta última definición, el proceso electoral es sólo un aspecto de lo que se persigue, sin lugar a dudas imprescindible pero no el único ni forzosamente el más im-portante.

Por otra parte, el contexto en el que se ha podido desarrollar aquello que entendemos como democracia ha ido cambiando en forma por demás significativa, desde sus inicios en la Grecia clásica, con sociedades relativamente simples y con apenas de-cenas de miles de “electores”, hasta las sociedades contemporá-neas con padrones superiores a la decenas de millones, como es el caso de México, con un padrón que supera los 60 millones de electores. Además del número de ciudadanos con posibilidades de participación en el sistema democrático, la forma democráti-ca ha variado desde la directa hasta la universal y participativa, pasando por la censitaria y representativa.

Otro cambio significativo que aquí nos ocupa de manera es-pecial, tiene que ver con los cambios tecnológicos que han favo-recido uno u otro tipo de participación ciudadana en los asuntos públicos, como el ocurrido a mediados del siglo XV con la in-vención de la imprenta de tipos móviles por parte de Johannes Gutemberg (1398-1468), o la emergencia de lo que hoy se co-noce como opinión pública posibilitada por el surgimiento y la generalización de la prensa escrita a finales del siglo XVIII, lo

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que ocurrió en primer lugar en Inglaterra con el inicio de la cir-culación diaria del Daily Courrant (1702).

La historia de la democracia se encuentra íntimamente re-lacionada con el cambio en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), como magistralmente lo expuso Jürgen Habermás en su libro Historia y crítica de la opinión pública y como los nuevos y sorprendentes desarrollos en esta materia nos lo demuestran día con día. Aunque esta relación no es sen-cilla ni unilateral, sino compleja y polivalente.

Como ya dijimos antes, y como lo desarrollaremos más ade-lante en el capítulo II, después de la ola democratizadora de fi-nes de los 80 y los 90, la democracia indirecta y representativa entró en una grave crisis de legitimidad y participación, en mu-chos sentidos debido a la incapacidad para cumplir sus prome-sas y hacer frente, al mismo tiempo, a los retos que la globaliza-ción le ha impuesto a los sistemas estatales, por un lado; y por el otro, e íntimamente relacionado con lo anterior, debido a la fragmentación, atomización y anomia que dichos procesos han provocado, junto con otros más directamente relacionados con el desarrollo político de cada país.

Detrás de dicha crisis de legitimidad, también se encuentran las distintas distorsiones y perversiones observadas en formas diversas en la gran mayoría de los sistemas democráticos del mundo, tanto en aquellos que habían alcanzado su madurez en los países más avanzados del orbe, como en los que iniciaron hace relativamente poco tiempo su periplo democrático des-pués de haber experimentado regímenes totalitarios (como en Rusia), autoritarios o semi-autoritarios, como creemos que es el caso de México; en los cuales la desigualdad, la inseguridad, el clientelismo, el corporativismo, la falta de mecanismos claros y confiables de rendición de cuentas y transparencia, la corrup-ción y, en fin, la falta de una cultura democrática sólidamente establecida, entre muchos otros factores, han mermado en for-

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ma grave la confianza en las relativamente jóvenes instituciones democráticas.

Entre los factores asociados con la globalización como cau-santes de la crisis democrática que nos ocupa, tal vez uno de los más importantes tenga que ver con las fallas que aquella ha provocado en los mecanismos de contrapesos que constituyen la columna vertebral de toda democracia, debido al surgimiento en el seno del sistema global de fuerzas de distinta índole que trascienden el marco estatal dentro del que, y para el cual, el sistema democrático funciona.

Algunas de estas fuerzas son por su misma naturaleza globales, como la transnacionalización del capital, la fragmentación mun-dial del proceso productivo, las finanzas globales, los cárteles del crimen organizado, las compañías transnacionales y los medios de comunicación que operan a nivel planetario; y otras locales, si bien asociadas a los procesos desarticuladores provocados por la globalización, como lo son la fragmentación y feudalización del poder estatal, la relativa independencia respecto a la regulación en el seno del espacio estatal, el excesivo poder de algunos grupos de interés nacionales e internacionales, la pérdida de intermedia-ción ciudadana por parte de los partidos y las instituciones esta-tales, la oligopolización de las estructuras partidarias y la partido-cracia resultante, entre muchos otros factores.

Por debajo de todos estos fenómenos pensamos que se en-cuentra la pérdida de valores democráticos y, sobre todo, la ato-mización ciudadana y la desvinculación y des-intermediación comunicativa entre las instituciones democráticas del estado y la ciudadanía, la cual se siente cada vez menos representada y no ve reflejados sus intereses y aspiraciones en la agenda nacio-nal.

A nuestro entender, es aquí donde las nuevas TIC pueden llegar a jugar un papel determinante, en la medida en que se pueden convertir en un nuevo espacio público dentro del cual el

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ciudadano pueda participar en forma significativa. Ya que si hay algo común a cualquier noción de democracia es el reconoci-miento del derecho de todo ciudadano a participar activamente en el diseño de las instituciones y las leyes que lo van a repre-sentar y gobernar, a emitir su opinión respecto de la cosa públi-ca, así como respecto del proyecto colectivo dentro del que se inserta su propio proyecto de vida personal. La democracia, en este sentido, no es tanto el poder del pueblo como entidad abs-tracta y anónima, sino la defensa del derecho de toda persona a participar activamente, a través del diálogo y la argumentación racional, en la definición de los asuntos públicos y en el diseño de las instituciones y leyes bajo las cuales se desarrolla su vida, y esto es así ya desde sus inicios, en la Grecia clásica.

En todo caso, el ideal político positivo y relativamente universal en el espacio político griego no es la democracia sino la parrhesía o parresia, la franca libertad de palabra en público, y la isonomía, es decir, la igual sujeción de todos a la ley, a la ley escrita y a la no escrita, natural o divina, ideales que pueden ser reivindicados en algunas circunstancias incluso por los nobles (Galli, 2013:16).

En aquella sociedad el uso directo de la palabra en la discu-sión de los asuntos públicos era materialmente posible en virtud del tamaño de la comunidad y del espacio público de las asam-bleas. Las discusiones, por ejemplo, tenían lugar ya sea en el Consejo (boulé) (conformado por 500 representantes de las 10 fylai (tribus) en las que se agrupaban las 30 tryttes y los más de 150 demoi que conformaban la sociedad ateniense), ya en la Asamblea (ekklesía) que “se reunía en un lugar abierto, la Pnix, cuya capacidad máxima apenas sobrepasó las seis mil personas” (García Moreno, 2008).

Por sus dimensiones, en las sociedades contemporáneas las discusión directa y en persona de los asuntos públicos es mate-

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rialmente imposible, razón por la cual la representación política a través de delegados ha constituido la mejor opción para llevar a cabo la discusión en vivo de los asuntos de interés general. Gracias a las TIC, sin embargo, hoy es posible ampliar el espacio público y hacer un uso directo de la palabra en espacios virtuales de dimensiones extraordinarias, con lo que se abren enormes posibilidades para el diseño de formas de participación directas que hace tan sólo algunos años habría sido imposible si quiera imaginar.

Después de una revisión y discusión crítica en los capítulos I y II de la historia de la democracia directa en la antigüedad y del surgimiento y consolidación de la democracia indirecta y representativa a finales del sXVIII, durante el sXIX y a lo largo del siglo XX, revisaremos en el capítulo III la relación entre los partidos y los medios de comunicación y la democracia infini-tesimal que parecen haber producido, y en el capítulo IV el de-sarrollo y posibilidades de las TIC con miras a la emergencia de una ciudadanía digital, para finalmente, en los capítulos V y VI discutir una propuesta para transparentar el poder legislativo y esbozar las características de la ciudadanía digital en la sociedad abierta, respectivamente.

La tesis general del libro se centra en el potencial de las TIC para facilitar la consolidación del ciberespacio como espacio público en el que se puedan desarrollar formas eficaces de par-ticipación ciudadana directa como estrategia para el fortaleci-miento de una democracia plural, abierta y participativa en las sociedades complejas contemporáneas.

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PrImEr CaPÍTUlo

DEmoCraCIa DIrECTa; UN VIEJo rECUErDo

Devolver la mirada sobre los caminos que ha recorrido la democracia, en particular sobre sus orígenes en la Grecia clásica en la que se inventó este sistema político, es de

particular importancia para nosotros en la medida en que nos permitirá llevar a cabo una reflexión sobre las condiciones y el contexto en que vio la luz este sistema político y, sobre todo, so-bre las características de la forma directa que adoptó la misma en sus orígenes, lo que nos permitirá, a su vez, delinear algunos de los aspectos relevantes de la democracia directa que son de interés para el tipo de participación directa que se puede lograr hoy en día por medio de las TIC.

Al intentar realizar un bosquejo de la evolución histórica de las concepciones acerca de la democracia y la vida política de la civilización occidental, resulta obligado referirnos a las institu-ciones democráticas y republicanas de Grecia y Roma; particu-larmente de la primera, por haber sido la cultura en la que se inventó la noción misma de aquella que hemos heredado.

Si bien entre la democracia actual y la Griega existen enor-mes diferencias y discontinuidades, no cabe la menor duda de que la noción que de la misma tenemos hoy en día está en deuda con la configuración política creada en la sociedad de la Grecia Clásica, en particular con la desarrollada en Atenas entre los si-glos VI y IV a.C.

En este sentido, el presente capítulo busca, en primer lugar, echar un breve vistazo sobre el legado democrático y republica-no de Grecia y Roma, respectivamente, revisando las concepcio-

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nes y dinámicas creadas en aquellas culturas en torno al invo-lucramiento ciudadano en la vida política; y, en segundo lugar, ahondar en la diversidad de definiciones y concepciones sobre la democracia por parte de los principales pensadores de la ciencia política, a fin de reflexionar sobre algunas de estas nociones y arrojar alguna luz sobre su pertinencia en la incorporación de las TIC en la vida política y democrática de nuestros días.

La democracia directa

La democracia como forma de gobierno introduce desde su eti-mología la noción del “poder del pueblo” como política igualita-ria y liberal para la solución y el manejo de los problemas de una comunidad; constituye un ideal inherente a la vida política y social de las sociedades modernas, garantía indispensable, mas no suficiente, de libertad e igualdad, como principio máximo de una sociedad que se concibe como justa, racional, ejemplar y afable.

El régimen político y social que conocemos como democracia se originó en la Atenas de finales del s. VI a.C., con las reformas impulsadas por Clístenes en el 506-507, a.C., precedidas por las de Solón a principios del mismo siglo (Fernández Nieto, 2008; García Moreno, 2008; Osborne, 2007).

Se trató de un sistema de gobierno que más que poner el po-der en manos del pueblo llano, amplía a todo ciudadano la po-sibilidad, el derecho y la obligación, de participar libremente en los asuntos de la polis, un sistema que tal vez merezca más el nombre que recibía en el vocabulario político griego de politeia, que:

[…] trasciende la tradicional traducción de “constitución”, y hasta incluso al de régimen político en sentido lato. Ciertamente suponía

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que el poder estaba en las manos de la mayoría de los ciudadanos, el pueblo o demos, en su mayor parte formado por gentes de con-dición social y económica humilde. Y de ahí el nombre que recibía: democracia, el “poder del pueblo”. Pero era mucho más que eso, constituyendo todo un sistema de relaciones y de actitudes entre las gentes, tanto en sus actividades privadas como en las públicas y para con el Estado; tutelado y sancionado por las leyes, sí, pero también y sobre todo por un sistema de valores no escrito sancio-nado por la tradición (García Moreno, 2008:73).

Se trata de un sistema político que se regía no tanto por el principio del poder ‘exclusivo’ del pueblo (acepción un tanto errada que ha prevalecido a lo largo del tiempo), como por el de la igualdad o isonomía entre todos los ciudadanos de la polis: “igualdad para hacer propuestas (isegoría), igualdad para vo-tarlas (isopsefía) y plena libertad de palabra (parrhesia) para cualquier asambleísta (García Moreno, 2008:87); igualdad que se extendía a la libertad (eleuthería) –exigencia, incluso– de todo ciudadano para participar en los asuntos de la polis como parte del deber cívico que se esperaba de él.

Como puede apreciarse, la democracia en la Grecia clásica, de la misma forma que la versión moderna que emerge, lenta y fragmentariamente primero –en la Europa del siglo XVII y prin-cipios del XVIII (particularmente en los Países Bajos e Inglate-rra)–, violenta y vertiginosamente después –a finales del sXVIII y a lo largo del XIX en algunos países de la Europa occidental y en los Estados Unidos–, representa antes que nada el esfuerzo por frenar los abusos absolutistas, aristocráticos o tiránicos del poder, así como por alcanzar el derecho a la libre participación de todos en el diseño, el gobierno y la administración de la polis, primero, y del Estado, después.

En sus inicios, en la Atenas de los siglos VI, V y IV a.C., tales anhelos tomaron la forma de democracia directa, dada la exis-

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tencia de sociedades relativamente pequeñas –comparadas con las actuales–, en las que predominan las relaciones cara a cara y en las que la decisión de los asuntos más relevantes de la comu-nidad se ventilan en asambleas ciudadanas mediante la discu-sión libre y abierta, en la que impera el diálogo, la argumenta-ción racional, la persuasión y la defensa ponderada de las ideas.

Sin embargo, si bien no cabe duda de que se trata de una de-mocracia directa en la que participan potencialmente todos los ciudadano de la polis, es un error de perspectiva asumir acríti-camente, a partir de su etimología más evidente, que la demo-cracia ateniense se distingue por ser un “gobierno del pueblo”, entendiendo por este a las masas desposeídas en contraposición a las élites dominantes, aristocráticas y oligárquicas.

Al igual que sucede en la época moderna, el trasfondo de la democracia ateniense tiene que ver con los esfuerzos llevados a cabo para poner límites al abuso despótico y tiránico del poder; en el caso concreto de Atenas, al que tuvo lugar a mediados del siglo VI a.C., por parte de los así llamados Pisistrátidas, primero el tirano Pisístrato y, después, su hijos Hiparco e Hipias.

Efectivamente, entre la democracia antigua (la de Atenas) y la mo-derna hay paralelos múltiples. En uno y otro caso se trata de salir de una situación de opresión, de llegar al autogobierno, aumen-tando la autoestima, el orgullo si quieren. En Atenas, lo tiranos habían favorecido al pueblo, buscando su bienestar económico y su participación en las fiestas de la ciudad y en sus cultos, integrán-dole en ella: pero seguía sin tener poder político. Así, en el siglo VI a.C., con el tirano Pisístrato y sus hijos Hiparco e Hipias. El pueblo quería ese progreso económico y algo más: dignidad (Rodríguez Adrados, 2008:35).

No debemos pasar por alto el significado dado al demos a partir del cual se construye el término demo-cracia. Los de-

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mos a partir de los cuales construye Clístenes el régimen que habría de bautizarse posteriormente con el nombre de demo-cracia, no es el pueblo entendido simple y llanamente como el estrato bajo de la sociedad, la masa de ciudadanos desposeídos –si bien demos también se refiere a ellos–, sino los demoi que constituyen antes que nada “unidades administrativa de base territorial [basadas] en el tipo de hábitat normal en el Ática, de pequeñas aldeas o pueblos de tamaño variado, genéricamente denominados con aquél nombre” (García Moreno, 2008:88). Es decir, demoi significa antes que nada pueblo en el sentido de población u localidad y sólo por extensión significa ‘pueblo’ en el sentido de gente común y humilde calificada como de menor categoría o de clase baja en las sociedades estamentales o de clase, respectivamente. Esta aclaración es importante, puesto que aleja el sentido etimológico de la democracia de sus acep-ciones tanto populistas como elitistas que la asocian al gobier-no del pueblo en el sentido del gobierno de los de abajo, ‘exclu-sivamente’.

Precisamente, más que el gobierno ‘exclusivo’ del pueblo, entendido como las clases bajas, la democracia ateniense se configuró como un sistema que incluía en el gobierno y en la toma de decisiones al conjunto total de ciudadanos, incluidos los “ciudadanos carentes de bienes raíces”, sin exclusión de los otros grupos. En cierta manera, se trató de un mecanismo para crear contrapesos políticos en los procesos de tomas de decisión de la polis, tanto en la Asamblea (ekklesía) como en el Consejo (boulé) y en los tribunales.

Lo realmente histórico de las reformas de Clístenes era que permi-tía por vez primera el ejercicio de plenos derechos al demos, a la masa de ciudadanos carentes de bienes raíces [...] Clístenes había partido de una correcta comprensión de las profundas transfor-maciones socioeconómicas sufridas por Atenas a lo largo del siglo

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VI a.C., de tal manera que sólo un nuevo edificio institucional que estableciera el equilibrio entre las antiguas y nuevas realidades so-ciales sería capaz de asegurar la paz política. Sería precisamente esta luminaria conciencia política de los elementos más dinámi-cos del demos y de ciertas familias de la nobleza, que prestaron su colaboración, lo que otorga su gran singularidad histórica a los acontecimientos atenienses del 508-507 a.C. (García Moreno, 2008:96-97).

Esto es de capital importancia para la comprensión, an-tes que nada del contexto que da origen por vez primera a la democracia, así como del que permitió su resurgimiento, bajo condiciones ciertamente distintas, en la época moderna; pero sobre todo, del contexto que hoy estamos viviendo en donde los cambios socia-políticos, económicos, culturales y tecnológicos nos obligan a reformular la democracia y hacer uso de nuevas y novedosas formas de ejercer la ciudadanía, acorde con las rea-lidades del siglo XXI. Para lo cual resulta necesario detenernos un poco más en la reflexión sobre las características de la demo-cracia en la cultura que la vio nacer: la griega.

La democracia radicaL en eL periodo de pericLes

En Grecia, la democracia como régimen de gobierno se consolida en el año 462 a.C, aunque, como ya vimos, inicia mucho antes, a finales del siglo VI a.C. Dicho régimen ha sido denominado por diversos estudiosos como una democracia radical en el seno de la polis o ciudad-estado como unidad política. En aquella, el ciu-dadano –como base fundamental de la democracia– accedía al poder sin intermediarios, en los diferentes espacios políticos de debate y deliberación como la Asamblea, la cual se reunía cerca de cuarenta veces al año, y el Consejo de los Quinientos, que

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organizaba las decisiones junto con el Comité de los Cincuenta, que era a su vez el comité ejecutivo de la Asamblea.En la Atenas de Pericles, la Asamblea consistía en la reunión ge-neral de los ciudadanos varones mayores de dieciocho años para decidir sobre leyes, finanzas, relaciones exteriores, orden públi-co, entre otros asuntos de la polis. El acceso a la palabra era una de las peculiaridades apreciables de las asambleas, la pala-bra era el objeto de intercambio político en la democracia. Las asambleas se caracterizaban por debates extensos y populares en el que todos los participantes tenían la libertad para hablar, proponer, deliberar y votar, en condiciones de igualdad y equi-dad. La centralidad de la palabra hacía que el éxito dependiera sobre todo de las habilidades oratorias, antes que del prestigio, el poder o la riqueza de los participantes, aunque ciertamente llegaban a pesar, sobre todo el prestigio, en la autoridad conferi-da a los oradores. Los atenienses realizaban la votación a mano alzada, pues se asociaba el voto y la voluntad de la mayoría con la proporción y lo justo, valores fundamentales, junto con el res-peto a la Ley –escrita y no escrita–, misma que fundamentaba y era fundamentada por los principios de la libertad y la igualdad. Es decir, tanto una como otra se constituían en el marco de la Ley y ésta se legitimaba sobre estos principios fundamentales que al mismo tiempo garantizaba y respaldaba.

Los tribunales de justicia (dikasterioi), otra de las institucio-nes fundamentales de la democracia ateniense, estaban confor-mados por ciudadanos comunes, y la mayoría de las magistra-turas eran cargos públicos que debían rotarse periódicamente y a los que se accedía mediante sorteo. La administración de la justicia también estaba en manos del pueblo, pues votaban tanto la culpabilidad como la pena. Los tribunales o jurados po-pulares se organizaban con criterios similares a la Asamblea, los magistrados eran elegidos por periodos de un año y cumplían funciones ejecutivas, diseñándose además una variedad de mé-

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todos para seleccionarlos, como el sorteo y la elección directa, una manera radical de ver la igualdad.

Los ideales de la democracia ateniense pueden verse sinteti-zados en la oración fúnebre de Pericles, plasmada por Tucídides en su Historia de la Guerra del Peloponeso:

Tenemos un régimen político (politeia) que no envidia las leyes de los vecinos, sino que más somos ejemplo para otros que imita-dores de los demás. Su nombre es democracia, por no depender el gobierno de pocos, sino de un número mayor; de acuerdo con nuestras leyes, cada cual está en situación de igualdad de derechos en las disensiones privadas, mientras que según el renombre que cada uno, a juicio de la estimación pública, tiene en algún respecto, es honrado en la cosa pública; y no tanto por la clase social a la que pertenece como por su mérito, ni tampoco, en caso de pobreza, si uno puede hacer cualquier beneficio a la ciudad, se le impide por la oscuridad de su fama. Y nos regimos liberalmente no sólo en lo relativo a loa negocios públicos, sino también lo que se refiere a las sospechas recíprocas sobre la vida diaria, no tomando a mal al prójimo que obre según su gusto,, ni poniendo rostros llenos de reproche, que no son un castigo per sí penosos de ver. Y al tiempo que no nos estorbamos en las relaciones privadas, no infringimos la ley en los asuntos públicos, más que nada por un temor respe-tuoso, ya que obedecemos a los que en cada ocasión desempeñan las magistraturas y a las leyes y de entre ellas, sobre todo a las que están legisladas en beneficio de los que sufren la injusticia, y a las que por su calidad de leyes no escitas, traen una vergüenza mani-fiesta a quien las incumple.

De las palabras de Pericles que sintetizan el ideal de la de-mocracia ateniense, Héctor Ceballos (1995) extrae los siguiente principios democráticos: 1) El gobierno debe estar al servicio de la mayoría y no de la minoría, 2) La ley tiene que regir en

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igualdad de condiciones tanto para los ricos como para los po-bres, 3) La democracia es una forma buena de gobierno que se caracteriza por el imperio de las leyes y no de los hombres, y 4) El respeto irrestricto a la libertad ciudadana ya se trate de la vida privada o de la pública.

Un modeLo perfectibLe de gobierno

La democracia en Atenas se ha concebido como el estándar más alto de un régimen de gobierno, empero, el surgimiento de es-tas democracias ideales fue un proceso en continuo cambio a lo largo de generaciones, en el cual uno de los factores más im-portantes fue el surgimiento de la ciudadanía. La democracia era posible por la composición social del pueblo y la extensión de los derechos políticos, sobre todo la igualdad política entre clases sociales. La democracia en Atenas se caracterizaba por la virtud cívica, los hombres sólo podían vivir honorablemente como ciudadanos.La perfección de la democracia o al menos la consecución de ésta en las sociedades actuales, sucederá asimismo como producto de un proceso y suma de cambios a lo largo de generaciones, aunque sin duda es lógico suponer que dicho proceso podría ha-ber sido más sencillo o asequible en comunidades compactas, donde la comunicación entre los ciudadanos sucedía de forma relativamente directa y sin mediaciones, y el impacto social de las decisiones se podía ponderar de forma casi inmediata. Así mismo, el volumen reducido de población y las estructuras so-ciales simples, permitían que la toma de decisiones fuera menos ardua.

Si bien la sociedades contemporáneas están lejos de contar con tales características –derivadas, entre otras cosas, de sus dimensiones y de su elevada complejidad–, la velocidad en la

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verificación del impacto de las deliveraciones, la abreviación de los tiempos y la aminoración de las complejidades de los pro-cesos, la discusión y deliberación de los asuntos públicos, en-tre muchos otros aspectos inherentes a la vida democrática, son factibles de lograrse o facilitarse a través de TIC.

No cabe duda de que la democracia ateniense ha sido fuente de inspiración para el pensamiento filosófico y político moder-no, estableciendo principios fundamentales como la igualdad, la justicia, la libertad y el respeto. Su legado se presenta ahora paradójicamente como el compilado de los retos que enfrentan las sociedades modernas para poder consolidarse como regí-menes democráticos. Algunos de estos principios, sintetizados por Héctor Ceballos (1995) son: la responsabilidad del hombre público ante la ley, las limitaciones temporales en el ejercicio del poder político, la participación activa y directa de los ciu-dadanos en el quehacer político, la obediencia cívica a la ley estatuida, la prevalencia del diálogo público y racional sobre la violencia represiva y la vigilancia de la acción gubernamental por parte del pueblo, entre otros.

De este modo, se hace realidad por primera vez en Grecia la idea de que un grupo de hombres encuentra en sí mismo la fuer-za, los motivos y las razones para gobernarse, sin esperar reci-bir la legitimación de ninguna entidad de orden superior y sin entregarse a élites que aleguen detentar una verdad oculta para la mayoría o ser mejores por naturaleza: el todo está animado por la independencia de las partes, entre las que no se supone la existencia de ningún tipo de jerarquía natural.

Existen en el mundo Griego, sin lugar a dudas, valores pare-cidos a los que nuestra sociedad asocia de manera indefectible con la democracia y que hoy por hoy parecen verse amenazados en forma preocupante: la igualdad ante la ley, la transparencia de la política, el autogobierno, la tolerancia hacia la diversidad de los individuos (si bien su concepción de la misma sea mucho

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más limitada que la que, afortunadamente, hemos alcanzado en los últimos años), la aceptación y reconocimiento de obligacio-nes y derechos para con los otros y con la sociedad y, sobre todo, sin pretender con ello ser exhaustivos, la orientación y legitima-ción final de la política hacia el libre y equitativo florecimiento individual y colectivo.

La repúbLica romana

Si bien en el régimen romano no se utiliza el término democra-cia, se puede argumentar en forma convincente que la noción de república utilizada por los romanos guarda similitudes im-portantes que nos autoriza a compararlas. Los romanos deno-minaron a su sistema República, compuesto del latín res, que significa “cosa o asunto”, y publicus, que se refiere a lo “público” y que deriva de la palabra popûlus, que significa “pueblo”. La república comprendía, entonces, lo perteneciente al pueblo ro-mano.

La cosa pública, res pública, es asunto del pueblo, y el pueblo no es cada grupo de hombres, asociados de cualquier manera, sino un amplio conjunto de hombres unidos por un acuerdo común acerca de la ley y los derechos y por el deseo de participar de mutuas ven-tajas (Cicerón, s.f ).

Aristóteles afirmaba que la democracia existía cuando una mayoría de ciudadanos pobres ejercían la soberanía, y en torno escribió:

La primera forma de democracia recibe este nombre en atención sobre todo al principio igualitario. La legislación de esta demo-cracia, en efecto, hace consistir la igualdad en que los pobres no

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tengan preeminencia sobre los ricos, ni uno u otra clase tenga la so-beranía, sino que ambos estén en el mismo nivel. Si como algunos opinan, la libertad se encuentra principalmente en la democracia, y también la igualdad, esto se realizará más cumplidamente cuan-do todos participan plenamente del gobierno por igual, y como el pueblo está en la mayoría, y la decisión de la mayoría es soberana necesariamente será este régimen una democracia. (Aristóteles. Etica Nicomáquea, Cap. Iv. Libro Cuarto)

La república consolidó la Ley como elemento fundamental para cuidar los principios sobre los cuales estaba construido el régimen de gobierno. La democracia se legisló y la igualdad de condiciones ante la ley permitía que a los asuntos de la repúbli-ca se les dieran salidas justas. Así mismo, la idea de república se basa en la de soberanía, como pilar y residencia del poder, aun-que el ejercicio de la misma no se realizaba de manera directa; se necesitó de representantes e instituciones para dar salida a los requerimientos de ciudades más populosas e indiscutible-mente más complejas. Al respecto, Aristóteles resumió los retos de la democracia, y propuso algunos componentes para dar for-ma a la organización de la república:

Donde quiera que el territorio tiene tal extensión que le permita ale-jarse mucho de la ciudad, es fácil construir una excelente democra-cia o república, toda vez que la masa de la población se ve obligada a establecerse en el campo, y por más que haya gente que frecuente la plaza pública, es mejor para las democracias no celebrar asambleas sin la población campesina. Queda dicho en suma, cómo debe es-tablecerse la democracia mejor y primera; y es claro también como deben organizarse las demás, las cuales se desviarán progresiva-mente de aquel modelo, y en este grado deberán admitir un pue-blo siempre inferior. La última forma de democracia por ser aquella en la que todos participan, no puede llevarla cualquier ciudad ni es

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fácil que perdure a menos de concurrir la influencia de las leyes y las costumbres. Para establecer, pues, esta democracia y hacer fuer-te el elemento popular, sus dirigentes tienen por costumbre hacer de su pedido a todos cuantos pueden, y otorga la ciudadanía no los a los hijos legítimos , sino a los bastardos. [...] De este modo por tanto suelen proceder los demagogos, cuando lo debido sería no in-crementar la ciudadanía sino hasta el punto en que la masa popular sobrepase las clases superior y media, y no ir más allá de este límite. [...] Deben crearse más tribus y fratrías, reducirse los ritos privados, convirtiéndolos en públicos, e ingeniarse por todos los medios para que los ciudadanos se mezclen entre sí y se disuelvan las antiguas asociaciones . (Aristóteles. Ética Nicomáquea, Cap II. Libro V)

La idea romana de ciudadanía en el seno de la República hace referencia a una posición de hombres libres con derechos y deberes, pero generó nuevos debates acerca de lo que es la cosa pública y sobre lo que se considera necesario resolver en colec-tivo. Este debate sigue vigente en la actualidad, con la aparición de nuevos actores y la diversidad de intereses característica de nuestras sociedades, con la natural heterogeneidad y contrapo-sición entre algunos de ellos a causa de la enorme desigualdad existente entre las distintas clases sociales.

nUevos intentos por definir La democracia

La derrota final de Atenas en la Guerra del Peloponeso en el 406 a.C. significó el fin de la hegemonía ateniense y el declive irremediable de su democracia, la cual sufrió la estocada final con la paz forzada impuesta por Filipo II de Macedonia, en los años 346-345 a.C.

La democracia prácticamente desapareció como sistema po-lítico hasta su reinvención como democracia representativa en

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la Europa de los siglos XVII y XVIII, con la República Romana como uno de los pocos sistemas políticos que durante ese lapso de tiempo se regía por principios que pueden calificarse de de-mocráticos.

Podría argüirse, como lo hace Carlo Galli (2013:22), que:

[El] puente específico y peculiar entre la Antigüedad y el Medioevo, que llega hasta la modernidad, lo constituye el hecho de que con el nombre clásico de “república”, sobre la que no pesaban las críticas que en cambio recaían sobre la democracia, se entiende una forma de gobierno en el cual el poder del pueblo se manifiesta como “par-te”, como lucha contra la aristocracia y, aún más, contra la tiranía, a favor de la libertad.

En este sentido, la república se manifiesta como un sistema político de raigambre humanística “que considera que el obje-tivo de la política es la libertad del hombre, o sea, no ser domi-nado” (Galli, 2013:22), con lo que se recupera la preocupación griega por la libertad bajo la ley, al tiempo que se desplaza el acento desde la igualdad como isonomía y del ‘gobierno del pue-blo’ –como la expresión de la deliberación entre las partes que conforman un todo unido por la idea de ciudadanía, pero dife-rentes en tanto que parcialidades dialogantes encontradas–, ha-cia la soberanía y la voluntad general, bajo las cuales en adelan-te se definirán y distinguirán tanto la igualdad como la libertad; entendida la primera en un sentido abstracto como igualdad ante la ley y dentro del contrato social que instituye la soberanía y expresa la voluntad general; y la segunda, la libertad, como el derecho a no ser gobernado más que por sí mismo a través de representantes delegados y electos, y como la posibilidad de ver garantizada, también bajo la ley y por la ley, su independencia como sujeto autónomo e individual.

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Es en el espacio de tales concepciones que los teóricos políti-cos de la democracia moderna y representativa discurrirán sus ideas y concepciones sobre la misma, más preocupados, desde los primeros pensadores, por el origen de la soberanía, por los frenos posibles al despotismo regio absolutista, por la división de poderes y el impedimento y distribución del poder mono-pólico, así como por la legitimación del Estado a través de la constitución de una unidad legal encargada de garantizar, antes que nada, los derechos humanos, políticos y sociales de los indi-viduos para los que él se instituye y quienes son instituidos por él mismo como los ciudadanos que lo dotan de sustancia.

En una época relativamente temprana, John Locke (1632-1704) desarrolla su teoría contractualista de la sociedad y el Estado, que anticipa muchos de los principios del liberalismo dieciochesco y decimonónico. En el Segundo tratado sobre el gobierno civil (1690), por ejemplo, describe que todo gobierno y toda formación de una comunidad legítima es la representación de un contrato social donde todos tienen el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, así como a resistirse a cualquier gobierno injusto y arbitrario. Locke, en este sentido uno de los principales precursores del liberalismo y de la teoría política moderna, supo identificar el conflicto permanente entre los de-rechos humanos y las exigencias de la propiedad privada, equi-parando la protección de las libertades civiles con los derechos de propiedad, para lo cual es menester limitar el poder del Es-tado, a través de dispositivos democráticos y republicanos como el federalismo y la división de poderes, proponiendo un sistema político que articula la libertad económica del individuo con la existencia y preeminencia de un Estado fuerte capaz de dirimir las querellas entre sus ciudadanos.

Por su parte, Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu (1689-1755), adopta como preocupación principal en sus escritos no tanto la democracia en sí misma,

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sino la tendencia del poder del Estado a convertirse en un poder absoluto y, por lo tanto, se preocupa antes que nada por idear fórmulas y mecanismo que permitan equilibrarlo. En El espíritu de las leyes (1748), Montesquieu distingue tres tipos ideales de gobierno: la monarquía, el despotismo, y el gobierno republica-no o popular, que demanda de las personas en el poder virtud pública o el deseo de alcanzar el bien común. El pueblo escoge a hombres a quienes confía la autoridad con base en la virtud mostrada por éstos a través de su interés por el bien común y por representar la voluntad general. Montesquieu afirma que el pueblo tiene la capacidad de discernir, y que dudar de sus capa-cidades es olvidar las admirables elecciones que los atenienses y romanos hicieron bajo regímenes democráticos y republicanos. Así mismo, sostuvo que la duración y prosperidad de una demo-cracia depende de la división de clases, más las distinciones en-tre los que tienen derecho al sufragio y los que no. Para Montes-quieu, la naturaleza del gobierno se compone entre la diferencia de lo que le hace ser, es decir sus estructuras y los principios que lo hacen obrar o el producto de las pasiones humanas que lo mueven. Es así que en todo Estado se necesita más que las Ley, se requiere de la virtud y los valores que contribuyan a canalizar los deseos y las pasiones humanas.

Por su parte, Thomas Hobbes (1588-1679), enaltece la liber-tad del hombre y considera que la virtud del gobierno radica en su capacidad para garantizarla. El gobierno se basa en el control de la opinión pública, pero toda sociedad vive en la paradoja de someterse a los gobernantes, aunque su fuerza resida en ellos.

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) es uno de referentes in-eludibles del pensamiento democrático moderno, para quien, sin embargo, la democracia es incompatible con los principios representativos, pues considera que la soberanía del pueblo no puede ser representada, cuando el pueblo consiente en ser re-presentado deja de ser libre.

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La soberanía no puede ser representada, por la misma razón que no puede ser enajenada [...] Los diputados del pueblo, no son, por tanto, ni pueden ser sus representantes, no son más que delegados; no pueden concluir nada definitivamente. Toda ley que el pueblo en persona no haya ratificado es nula, no es una ley.”(Rousseau, 1762.)

Rousseau sugiere que los gobiernos democráticos son viables si se reúnen en confederaciones, y aunque acepta la existencia de varias formas de gobierno, admite sólo una forma de Estado: la República.

Ya en el siglo XIX, John Stuart Mill (1806-1873), sostiene también a la necesidad del hombre libre como elemento esen-cial de la democracia, pero a diferencia de Rousseau defiende al gobierno representativo:

[...] como la forma de gobierno que inviste de la soberanía a la masa reunida de la comunidad, teniendo cada ciudadano no sólo voz en el ejercicio del poder, sino, de vez en cuando, intervención real por el desempeño de alguna función local o general (Citado en: Abellán, 2008:182).

En Sobre la libertad (1859), Mill sostiene que entre las liber-tades esenciales para una democracia funcional se encuentran la libertad de asociación, de pensamiento y discusión. Para Mill, la forma de gobierno ideal es la democracia pues es la que me-jor cumple con dos fines característicos del buen gobierno: una gestión pública eficaz y el progreso individual y social. La demo-cracia es la forma más eficaz de administrar los asuntos públicos y favorece el progreso humano al fomentar la participación pú-blica de los ciudadanos. La democracia es presentada por Mill, como una forma de vida y un componente necesario para evitar la deshumanización.

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Años después, John Dewey (1859-1952), en Democracia y educación (1916), concibe a la democracia no sólo como una forma de gobierno sino, más aún y sobre todo, como una forma de vida; explica que en la democracia los ciudadanos cooperan entre sí para solucionar los problemas comunes a través de vías racionales, en un espíritu de respeto mutuo y buena voluntad, de tal forma que la participación en una democracia exige hábi-tos mentales críticos, una inclinación hacia la cooperación y el deseo de alcanzar el bien común.

También para Karl Popper (1902-1994), filósofo racionalis-ta austriaco compañero de viaje del famoso Círculo de Viena, partiendo del el supuesto de que la esencia de la democracia es la soberanía, considera que la proporcionalidad se revela también como esencial. Sostiene que el resorte y el motor de la evolución y el progreso es la variedad del material que pue-de llegar a ser objeto de selección, siempre que se seleccione mediante la fuerza de la crítica y de la argumentación sin ne-cesidad de recurrir a la violencia. Popper dice además, que la función de los partidos es canalizar la opinión pública, por lo que a mayor pluralismo mayor participación crítica y mayor democracia; si bien no piensa que la pluralidad de ideologías necesariamente debe traducirse siempre en pluralidad de par-tidos.

Desde un enfoque diferente, respecto a otros pensadores li-berales en lo que se refiere al papel del Estado y de la propiedad privada, Karl Marx (1818-1883), considera que la democracia representa la superación entre la división de lo público y lo pri-vado, es decir, piensa que las sociedades alcanzan su máxima libertad cuando se establece una plena soberanía popular. Para Marx, el ideal de la democracia se puede ejemplificar con lo sucedido en la Comuna de París, un movimiento insurreccional que tuvo lugar en París, entre 18 de marzo al 28 de mayo de 1871; puesto que, para este pensador, el resultado de este movi-

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miento fue la instauración por primera vez en la historia de un verdadero proyecto político popular.

La Comuna fue un gobierno de la clase obrera que buscó transformar las instituciones vigentes en una democracia direc-ta, con la finalidad de realizar redistribuciones del ingreso, per-seguir la igualdad y eliminar las divisiones de clase existentes. La Comuna estableció la elección directa y por sufragio univer-sal de sus representantes en diferentes distritos de la ciudad, los cuales eran responsables ante la sociedad y revocables en todo momento; el desempeño de cualquier cargo público devenga-ba un salario de obrero, ejerciéndose un ejercicio de crítica y autocrítica permanente. Marx consideraba al régimen comunal como el verdadero gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, y no solo una forma de descentralización del Estado. Se buscaba la regeneración de la organización y del tejido social, donde la ciudadanía demostraba su capacidad de transforma-ción política y social.

Por otra parte, desde la perspectiva del humanismo político, la democracia se basa en el precepto de que el papel del ciudada-no es el más elevado al que puede aspirar cualquier individuo y es la forma legítima de defender la libertad. Como exponente de esta perspectiva, Joseph Raz (1939) cree que la libertad política personal es un aspecto de la vida buena, derivada del valor de la autonomía y el pluralismo. La virtud ciudadana representa la diferencia esencial que constituye a la polis en una auténtica comunidad política, sin embargo, los individuos que participan en las decisiones deben trazar esquemas de acción cooperativa y distinguir entre el proceso de deliberación y de ejecución, com-prometiéndose a respetar tales decisiones.

Como expusimos desde un principio, no cabe duda de que existen casi tantas nociones de democracia como pensadores hay, tan diversas que a veces lo único que tienen en común es el término mismo: democracia. Y aun así, pese a sus diferencias, al

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revisarlas no parece quedar ninguna duda de que en todas ellas hay un núcleo común, un conjunto de principios que si bien no son formulados explícitamente por todos los pensadores, sub-yacen sin lugar a dudas en cada una de sus concepciones de la misma.

Toda concepción de democracia demanda cierto grado de igualdad entre los sujetos (ciudadanos que la constituyen), igualdad que ha de manifestarse en diversas formas concretas de libertad: libertad para hablar y proponer, libertad para ne-garse a la imposición injusta y arbitraria, libertad para elegir y ser elegido, libertad de participación en todos los asuntos de interés general y en aquellos que afecten de una u otra manera la vida de los individuos, libertad para asociarse, libertad para elegir, etcétera; y de igualdad; igualdad de derechos y obligacio-nes, igualdad ante la Ley, igualdad de oportunidades, igualdad política y económica.

La democracia no se reduce al gobierno sino que se constitu-ye en una forma de vida activa entre los individuos que la con-forman, y debe traducirse en el libre florecimiento en igual dig-nidad de las partes diferenciadas en un espacio público en el que las diferencias se resuelven mediante el diálogo y el argumento racional, bajo el acuerdo irrestricto del rechazo a la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones.

En fin, las diversas definiciones en torno a la democracia tratan de mostrar cómo las estructuras pueden condicionar las formas de gobierno y cómo los diferentes actores en un sistema político interactúan en un contexto institucional e histórico, la democracia porta características del sistema político, pero a su vez queda determinada por él.

En consonancia con la complejidad de las sociedades con-temporáneas y el volumen de su población, los regímenes defi-nidos como democráticos han adoptado en su mayoría formas indirectas y representativas; aunque con la aspiración a conser-

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var algunos fundamentos de la democracia ateniense y la repú-blica romana, algunos países han incorporaron en sus constitu-ciones algunos mecanismos de democracia directa que faciliten la participación sin mediaciones de la ciudadanía en los asuntos públicos, para lo cual las tecnologías de la información y comu-nicación ofrecen novedosas y atractivas posibilidades.

instrUmentos de La democracia directa

La democracia directa es un sistema en el que todos los ciudada-nos intervienen y deciden directamente y sin intermediaciones sobre asuntos comunes y de interés general; dadas sus dimen-siones y complejidad, en las sociedades actuales ella se ha he-cho posible a través de instrumentos tales como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato, aunque su capacidad para contribuir a canalizar las demandas sociales sin caer en excesos populistas depende en buena medi-da de la evolución, cultura y capital “democrático” de la socie-dad civil.

La democracia directa puede contribuir en la canalización institucional del conflicto y abreviar la distancia entre las pre-ferencias ciudadanas y la conducta de sus representantes, sin embargo, la escasa utilización de estos mecanismos, la difícil organización de la sociedad, el alto costo de los procesos y la débil confianza en las instituciones, han obstaculizado su con-solidación como práctica corriente y efectiva en los países de-mocráticos.

Las TIC constituyen una alternativa para ayudar a superar los retos arriba mencionados, pues poseen el potencial para fa-cilitar, agilizar y mejorar la conectividad y la comunicación en la sociedad civil, y entre ésta y el Estado, contribuyendo en forma significativa a mejorar y potenciar la comunicación, el debate

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y el diálogo entre los ciudadanos y entre éstos y los órganos de gobierno, en particular con aquellos encargados de legislar y to-mar decisiones.

Como ya dijimos, entre los instrumentos de democracia di-recta con que actualmente se cuenta en las democracias con-temporáneas están la iniciativa popular, el referéndum, el ple-biscito, el veto y la revocación de mandato.

La iniciativa popular consiste en el procedimiento a través del cual se presenta al poder legislativo propuestas de ley res-paldadas por consultas populares.

Por su parte, el plebiscito representa una fórmula mediante la cual el pueblo expresa su parecer respecto a un determinado planteamiento o iniciativa del Estado. En muchas ocasiones el plebiscito se equipara con el referéndum, y se entiende asimis-mo como el derecho del cuerpo electoral para rechazar o apro-bar las decisiones del poder legislativo, permitiendo reformas o adiciones a la constitución de los Estados o a algunas normas de carácter local. Los anteriores recursos constituyen claras alter-nativas para superar las trabas entre instituciones a causa de la división de poderes, aunque el resultado de éstas depende desde luego de que los actores respeten su legalidad y de que no se abuse de ellas ni en un sentido populista ni en uno autoritario.

La reforma realizada en el 2012 al artículo 71 de la Constitu-ción Mexicana introdujo la iniciativa popular como mecanismo por medio del cual los ciudadanos tienen la facultad de presen-tar al Congreso proyectos de creación, modificación, reforma, adición, erogación o abrogación de leyes o decretos en la mate-ria de su competencia, pero su aplicación requiere aún la expe-dición de leyes reglamentarias. Aquella establece el derecho de los ciudadanos a promover leyes o decretos, respaldados por al menos el cero punto trece por ciento (0.13%) de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. Las principa-les materias que se encuentran al abrigo de la Iniciativa Popular

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son la materia tributaria o fiscal y presupuestos del Estado, el régimen interno de los poderes, algunas disposiciones constitu-cionales, y la Auditoría General del Estado.

Al día de hoy, en México, sólo 23 de los 31 estados, cuentan con legislaciones al respecto. Las entidades que a nivel Consti-tucional regulan como tal el término de Iniciativa Popular son: Aguascalientes , Colima , Durango , Michoacán , Puebla, Vera-cruz , Baja California , Chihuahua , Guanajuato , Morelos, Ta-basco, Yucatán, Coahuila , Distrito Federal , Guerrero , Nayarit, Tamaulipas y Zacatecas

El jurista mexicano Ignacio Burgoa Orihuela criticó la rigidez al respecto de la Constitución Política Mexicana, argumentan-do que ésta no contempla el referéndum popular para que las reformas o adiciones constitucionales que impliquen actos su-presivos o restrictivos se sometan a plebiscito, haciendo que el pueblo externe su voluntad al aprobarlas o rechazarlas. En este sentido me parece que nuestra Constitución requiere de refor-mas que refuercen el sistema de pesos y contra pesos entre los poderes e impulsen la participación directa de la ciudadanía en los asuntos generales del Estado y en la formulación e implan-tación de las leyes que afectan sus intereses y regulan su vida privada y en sociedad.

Los desafíos de La democracia directa

El ágora de la antigua Grecia y el foro romano constituían el espacio público donde las asambleas se realizaban, junto con otras actividades en las que los ciudadanos tenía la oportunidad de expresar su opinión, debatir sus ideas y deliberar mediante la argumentación racional, espacios que se presentaban como el referente urbanístico de una comunidad en proceso de consoli-dación.

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Hoy en día el ciberespacio constituye un lugar que puede ha-cer las veces de plaza pública y abierta en la que los ciudadanos –al igual que en el ágora y el foro en la Antigüedad– logren dia-logar, manifestar sus ideas, expresar sus intereses y necesidades e interactuar y hacer valer sus derechos políticos; un espacio en que el ejercicio del poder se vea contrapesado por la reducción de distancias entre gobernantes y gobernados, y en el que se pueden implementarse nuevas formas de careo, contraloría ciu-dadana, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos y de la función pública, tanto ejecutiva, como legis-lativa y judicial. El ciberespacio representa el ágora contempo-ránea, un ágora digital, y quizás la vía para recuperar el ejercicio responsable del tipo de democracia directa que acompañó a las sociedades que dieron luz a la que sin duda sigue siendo la me-jor forma de gobierno que hayamos inventado hasta el día de hoy: la democracia.

La democracia moderna está ligada a muchas tradiciones ideales e institucionales; es política y social; directa y parlamen-taria-representativa; individualista y colectivista; promueve e institucionaliza la participación abierta, respetuosa y tolerante de los ciudadanos en el diseño de sus vidas, formas de gobierno e instituciones; excluye la violencia en cualquiera de sus mani-festaciones como recurso legítimo en la lucha por el poder; y, por lo tanto, está abierta a los cambios que democráticamente los ciudadanos alcancen a visualizar como medios para profun-dizarla y mejorarla.

Tal es la intención y el reto de la inclusión creativa y nove-dosa de las TIC en el diseño democrático como recursos para promover y potenciar la participación ciudadana en los asuntos públicos; razón de ser y esencia de toda democracia.

La democracia directa se vio desafiada por la dimensión y complejidad de las sociedades modernas, por lo que democracia representativa se erigió como la alternativa práctica a la mano

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para la organización política y óptimo régimen de gobierno. La democracia representativa representa un pacto constitucional para el ejercicio, distribución y división equilibrada del poder, con la soberanía y la voluntad general como fundamentos y principios del poder.

Si bien la democracia se ha convertido en ocasiones en ad-jetivo de procesos políticos o de mecanismos de toma de deci-siones, no hemos de olvidar que ella es sobre todo un proceso en sí misma, llena de matices y factible de perfeccionarse. El escenario político que hoy se nos presenta ha evidenciado las in-suficiencias de algunos instrumentos indispensables a toda de-mocracia, como la emisión del voto para la elección de represen-tantes y gobernantes, haciendo imperativo recurrir a la ideación e implementación de otros mecanismos como el referéndum y el plebiscito para fortalecer la democracia y el ejercicio igualitario y responsable del poder. Los instrumentos de la democracia di-recta pueden ser complejos, a veces ambiguos y contradictorios, de difícil articulación o de discutible eficacia, haciendo equívoca su incidencia e idoneidad en el proceso de toma de decisiones o en su capacidad de inclusión, lo que vuelve urgente el diseño y la implementación de nuevos instrumentos jurídicos capaces de promover y garantizar una mayor participación de la ciuda-danía en la toma de decisiones del Estado, lo cual augura un impacto significativo en el desarrollo de estructuras normativas y de prácticas de gobierno más acordes con las aspiraciones de-mocráticas de las sociedades actuales.

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SEgUNDo CaPÍTUlo

DEmoCraCIa INDIrECTa Y SU CrISIS DE ParTICIPaCIóN

Como ya hemos adelantado en el capítulo anterior, el sur-gimiento de los Estados modernos introdujo nuevas es-tructuras de organización del poder y nuevos mecanismos

para la toma de decisiones. El crecimiento de la población y el aumento de la complejidad en las sociedades modernas, junto con la emergencia, ascenso y consolidación de nuevas clases so-ciales –como la burguesía y el proletariado–, implicaron nuevas retos para atender las necesidades de la sociedad y mediar entre los intereses y necesidades de los diferentes grupos que la con-forman. La reunión en asambleas donde todos los ciudadanos podían discutir en persona y de viva voz acerca de los asuntos de la polis quedó en el pasado por su imposibilidad práctica, dando lugar a la elección de representantes que fungieran como portavoces del resto de la población.

El sistema de deliberación y ejecución en asambleas en las que cada ciudadano cuenta con voz y voto propio de la demo-cracia directa de la antigüedad es impracticable en los grandes estados modernos. Para las democracias modernas, salvo en los casos de referéndum, plebiscito y las otras formas de democra-cia directa que hemos mencionado, la alternativa se halló en la toma de decisiones políticas por parte de cuerpos colectivos (parlamentos, congresos) o unipersonales (presidentes o prime-ros ministros) representativos, elegidos por un tiempo determi-nado y con sistemas de contrapesos y división de poderes que evitaran la centralización excesiva y despótica del mismo; dan-

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do lugar a una transferencia de poder y su refrendo periódico por parte del pueblo mediante un contrato social y político.

Bobbio, en El futuro de la democracia, expone una defini-ción mínima de la misma en este sentido: “se entiende por régi-men democrático un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectiva en las que está prevista y propiciada las más amplia participación posible de los interesados” (Bobbio, 1984). Esta concepción de la democracia enfatiza el aspecto nor-mativo y procesal en la toma de decisiones, una noción acaso más adecuada a un contexto dimensionalmente diferente y a los cambios sustanciales en la composición de las sociedades con-temporáneas.

representatividad y democracia

La democracia indirecta y representativa es para Sartori (1984), es la transformación de la voluntad popular en actos de gobier-no, “el principio en el que se basa la representación política es exactamente la antítesis de aquél en el que se fundamenta la representación de los intereses, en la que el representante, al tener que velar por los intereses particulares del representado, está sometido a un contrato obligatorio”. Dicho contrato, impli-ca el respeto al fundamento básico de la democracia que es la soberanía y a que el representante se inserte en las estructuras e instituciones del sistema de gobierno con el fin de perseguir el bien común.

El nuevo proceso de toma de decisiones bajo el esquema de la democracia indirecta, consiste entonces en la delegación, a través de la celebración periódica de comicios, del poder de decisión de la mayoría en un individuo o grupo de individuos. Esta nueva dinámica de la democracia, pone de manifiesto la creación de estructuras cada vez más verticales y jerárquicas

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–de democracia vertical como apunta Sartori– dando lugar a un nuevo debate sobre la voluntad del pueblo expresada por la mayoría a través de sus representantes electos, donde se entiende a la mayoría como lo mayoritario o lo de mayor nú-mero, o como él lo señala, “la democracia es el mandato de la mayoría, entendiendo que las decisiones se someten a la regla mayoritaria”(Sartori, 1984); tal ideal sobre el consenso se ciñe a la adhesión que otorgan distintos grupos y clases sociales a las formas y medios que se usan para dirigirlos.

Esta perspectiva concuerda con lo expuesto por Gramsci, quien además señala que el consenso brinda legitimidad y con-fianza y que sólo es viable obtenerlo mediante la democracia in-directa.

La democracia indirecta y los procesos de participación de selección de quienes son depositarios del poder de decisión, re-presentando a quienes los han elegido, busca evitar la mono-polización absoluta del gobierno en una persona o un grupo de personas en detrimento del todo social. Las elecciones constitu-yen la nueva forma de reunir a los ciudadanos para que tomen decisiones de forma colectiva a través de sus representantes.

En este sentido, Weber ve las elecciones más que nada como mecanismos para garantizar la lealtad popular, aunque, “si bien constituyen un pilar central de la eficiencia democrática, tam-bién representan la fuente de los riesgos inherentes a la diná-mica democrática”. Entre estos riesgos, menciona, “el mayor es el de que a través de las elecciones, lleguen a predominar los elementos emocionales en la configuración de las políticas esta-tales”. Este nuevo régimen de gobierno enfrenta, pues, contra-riedades a resolverse en el curso del paso entre la teorización y su aplicación efectiva; que son actualmente los retos de los go-biernos que definen sus acciones y arreglos institucionales bajo esquemas democráticos, al igual que las sociedades que inscri-ben y forman su cultura política alrededor de esta visión.

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El Estado-nación como lo conocemos ahora se encuentra lejos de la situación vigente en los tiempos en que Aristóteles teorizó al respecto, así como la legada por la civilización grie-ga y romana. Al respecto, Bobbio señala que el Estado, el Go-bierno y la política han sido sistemas políticos inventados por del hombre “para organizar el poder”, para generar y mantener organizaciones sociales que aseguraran un mínimo de orden y estabilidad capaces de salvaguardar al mismo tiempo el bien co-mún o la voluntad general. La democracia indirecta, a través de la representación, es también una organización de las relacio-nes políticas y de poder en sociedades diferenciadas en las que existen relaciones desiguales de dominación y oportunidades, con el fin de vincular a los individuos entre sí y con el Estado, y mediar, regular y equilibrar los diferenciales de tal forma que se mantenga la igualdad, la libertad y la equidad junto con la armonía y el orden social.

La democracia representativa lleva a cabo una división del poder en legislativo, ejecutivo y judicial, e introduce mecanis-mos de contrapeso entre ellos, con el fin de evitar la excesiva centralización del poder. Ella requiere de una sociedad civil para aprovechar las instituciones creadas y garantizar su adecuada articulación. Desde el enfoque de Robert Dahl, para el mante-nimiento de una cultura política insertada en una democracia representativa existen instituciones y arreglos institucionales que deben satisfacer algunos criterios, tales como: representan-tes electos, elecciones libres, libertad de expresión, de circula-ción, asociación, posesión y de participación, y una ciudadanía inclusiva con una participación efectiva, el control de la agenda, la igualdad de voto, la comprensión ilustrada de los problemas públicos, así como una inclusión plena.

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tenencia y transferencia deL poder; La bUrocracia

El acercamiento a la comprensión de la transferencia y tenencia del poder bajo regímenes democráticos incluye la reflexión so-bre la posesión de monopolios y de la división en clases en las sociedades contemporáneas. Sobre este punto Weber considera que hay tres formas de dominación: la de carácter tradicional, la de carácter carismático, o la de carácter regional o con la validez de preceptos legales. Es así que un gobierno puede declararse como democrático cuando existe la suposición de que todos es-tán igualmente calificados para acceder al mando y se reduce al mínimo el acceso a dicho poder.

Para este esquema de gobierno, resulta fundamental el sur-gimiento de liderazgos que orienten la política y fomenten la participación y la inclusión de la ciudadanía en la vida polí-tica. En su libro, La política como vocación, Weber sostiene que las masas suelen elegir de forma emocional, es decir selec-cionan líderes ante la incomprensión de los asuntos públicos. Lo que hace necesaria la existencia de asociaciones políticas, grupos de interés, de presión y partidos políticos, que como describe Robert Dahl, son esenciales para brindar educación cívica y colaborar a inculcar competencias políticas entre los ciudadanos.

Para Weber las democracias se consolidan cuando hay lími-tes de territorio y de participantes, poca diferenciación socioe-conómica, una determinación objetiva de los medios y fines, así como cuando las tareas de gobierno son estables y simples; características con las que no cuentan un sinnúmero de países en la actualidad: la diferenciación socioeconómica en nuestra sociedad es evidente, la determinación de objetivos está sujeta a quienes ostentan el poder y las tareas del gobierno se han ido complejizando cada vez más. Lo cual ha favorecido la formación de burocracias como formas prácticas de organización del Esta-

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do que concentran poder, garantizan y sistematizan su eficacia y extienden su marco de control.

Bobbio (2001) coincide con la anterior perspectiva: “todos los Estados que se han vuelto más democráticos a su vez se vuel-ven más burocráticos, porque el proceso de burocratización ha sido en gran parte una consecuencia del proceso de democrati-zación”.

Osbourne y Gaebler en su libro La reinvención del gobierno, a su vez, coinciden en dicho diagnóstico, por lo que sostienen que:

En el mundo contemporáneo las instituciones públicas también requieren flexibilidad para responder a situaciones complejas y en rápida transformación. Esto es difícil si los responsables políticos solo pueden usar un método, el de la producción de servicios por su propia burocracia. Y es prácticamente imposible si, cuando las necesidades varían , no se puede transferir sus empleados a orga-nizaciones no gubernamentales cuando pueden realizar un trabajo mejor, ni despedirlos por bajo rendimiento. Los gobiernos buro-cráticos [...] son cautivos de una fuente única de recursos, de pro-veedores monopolistas. (Osbourne y Gaebler, 1994)

En un sentido similar, Bobbio (2001) reflexiona sobre la in-capacidad de los regímenes democráticos para solucionar los problemas de sus gobernados y describe el rendimiento del sis-tema democrático explicando la ingobernabilidad concomitante al crecimiento inagotable de demandas cada vez más inalcan-zables y costosas por parte de la sociedad civil, de tal forma que cuando las comunidades crecen, crecen sus problemas y la juris-prudencia se complejiza en grado superlativo.

A lo que se suman los problemas de credibilidad y legitima-ción asociados con la separación creciente entre gobernantes y gobernados propiciado por el mismo proceso de burocratización

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que acompaña al desarrollo democrático, provocando el divor-cio cada vez más acentuado entre las necesidades del Estado y las de la ciudadanía.

Recordando a Gramsci, la consolidación de un proyecto po-lítico se funda sobre un sistema de creencias y de concepciones comunes sobre el mundo. Cuando estas presentan desajustes, dejan de asumirse los intereses de los gobernados y se pierde la cohesión social; la hegemonía –entendida como la capacidad de una clase, fracción de clase o grupo de hacer pasar su visión del mundo y sus concepciones políticas y culturales como las legítimas y ganarse de este modo el reconocimiento y el consen-timiento (aunque sea parcial) de su liderazgo por parte de las clases subalternas– requiere de la búsqueda de alternativas y de la formación bloques que den consistencia a las visiones histó-ricas, políticas y culturales de la sociedad civil. El concepto de hegemonía de Gramsci nos remite a un imaginario social com-partido que media la dominación y contrarresta la pérdida de confianza de los sectores populares, contribuyendo a disminuir la distancia entre lo social y lo político. En este sentido, la de-mocracia es una práctica que se asienta nada más y nada menos que sobre la acción común, el trabajo común y la construcción común de nuevas posibilidades.

En relación con la discordancia anteriormente expuesta y desde la perspectiva de David Held, en La Democracia y el Or-den Global, las personas deben autodeterminarse y los gobier-nos democráticos estar limitados, para lo cual introduce el con-cepto de nautonomía1 y hace una propuesta orientada a generar un equilibrio entre la soberanía estatal y la del pueblo:

1 Nautonomía: producción y distribución asimétrica de las oportunidades, es la monopo-lización de los recursos bajo algún criterio social (raza, género, clase social) que limita las posibilidades de participación política.

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Allí donde las relaciones de poder generan asimetrías sistemáti-cas de perspectivas de vida, se crea una situación que puede ser determinada “nautonómica”. La nautonomía se refiere a la pro-ducción y distribución asimétricas de perspectivas de vida que li-mitan y erosionan las posibilidades de participación política. Por perspectivas de vida entiendo las oportunidades con que cuenta una persona para participar de los bienes económicos, culturales y políticos socialmente generados, las recompensas y posibilidades características de su comunidad […] La nautonomía hace referen-cia a cualquier pauta socialmente condicionada de perspectivas de vida asimétricas, que impone límites artificiales sobre la creación de una estructura común de acción política. (Held, David, 1997)

La crisis de representatividad, gobierno, éLites y priviLegios

El Estado como sistema de poder implica la concentración cier-tos monopolios imprescindibles para garantizar y procurar el orden social, a saber, el monopolio del uso de la fuerza legíti-ma, de la recaudación fiscal, de la aplicación de justicia y de la emisión de leyes. A su vez el Estado juega un papel fundamen-tal como mediador entre la diversidad de intereses sociales y contribuye a coordinar, dirigir y distribuir la riqueza y energía sociales y a equilibrar el balance de oportunidades y costos exis-tentes en una sociedad. La dirección de la energía social se lleva a cabo a través del consenso activo de la mano de asociaciones políticas, al igual que de procedimientos, instituciones y meca-nismos intelectuales, políticos y morales.

Sin embargo, la globalización y las dinámicas inherentes al Estado, señaladas por diversos pensadores políticos de distintas filiaciones ideológicas (Marx, Mill, Schumpeter, Weber, etcéte-ra), han provocado la creciente separación entre la sociedad civil

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y el Estado, por un lado, y por el otro, la simultánea y paradójica fragmentación y atomización de las tareas integradoras y dis-tributivas que desde su surgimiento y como parte de su propia dinámica, el último tiene la función de cumplir. Las grietas que comienzan a aparecer en el sistema político contemporáneo han sido parcial y simultáneamente causa y consecuencia de una cri-sis de representatividad. La democracia es el gobierno de la ma-yoría, pero en los Estados contemporáneos, la minoría no son los menos que quieren algo, si no los que tienen menos poder. La desigualdad como característica de las sociedades modernas y la polarización de las clases sociales, es un diferenciador de ac-ceso a los recursos, al ejercicio del poder, y a la materialización de los derechos individuales. Las oportunidades de alcanzar be-neficios sociales como educación, información, y de contar con voz pública para influenciar la toma de decisiones, se han visto severamente limitadas, manteniendo a gran parte de la socie-dad marginada de la política y de tomar parte en el diseño y conformación del proyecto social y político de las formaciones sociales de las que forman una parte sustancial.

Existe abundante información sobre del deslizamiento con-temporáneo hacia situaciones socio-económicas que ponen en grave riesgo a la democracias representativas.

La organización internacional Oxfam, en su informe de 2014 Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica, redactado con recomendaciones a los participantes del Foro Económico Mundial en Davos, señala que la desigual-dad económica crece rápidamente en la mayoría de los países, en los que la mitad de la riqueza está en manos del 1% más rico de la población, mientras la otra mitad se reparte entre el 99% restante.

Así mismo, el informe de Oxfam identifica la inequidad de los sistemas fiscales y de las leyes que promueven las políticas eco-nómicas de austeridad, como ejemplos de un secuestro democrá-

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tico de regímenes que generan desigualdad económica, magros esfuerzos en el combate a la pobreza e inequidad en la represen-tación política.

El resultado es la erosión de la gobernanza democrática, la destruc-ción de la cohesión social y la desaparición de la igualdad de oportu-nidades. A menos que se adopten soluciones políticas valientes que pongan freno a la influencia de la riqueza en la política, los gobiernos trabajarán en favor de los intereses de los ricos, y las desigualdades políticas y económicas seguirán aumentando (Oxfam Internacional, 2014).

Por su parte, en noviembre de 2013, el Foro Económico Mun-dial publicó su informe Perspectivas de la Agenda Mundial 2014, que situaba el aumento de la desigualdad en los ingresos como la segunda mayor amenaza mundial de los próximos 12 a 18 meses, detallando que la apropiación de los procesos po-líticos y democráticos por parte de las élites económicas tiene efectos perniciosos para las sociedades democráticas. Situación descrita en la cita de Louis Brandeis dentro del informe: “pode-mos tener democracia, o podemos tener la riqueza concentrada en pocas manos, pero no podemos tener ambas”.

México no es ajeno a tales los retos; todo lo contrario: en 2010 el índice de Gini2 alcanzó la cifra de 47,2; además de que de acuerdo con los indicadores del Banco Mundial la tasa de incidencia de la pobreza en México en 2012, sobre la base de la línea de pobreza nacional, fue de 52,3%, dato que muestra el porcentaje de personas que vive debajo de la línea de la pobreza nacional.

2 Indicador que mide el alejamiento de la distribución en el ingreso entre los individuos de una economía, donde 0 es la equidad perfecta y 100 la inequidad perfecta.

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Comparación Coeficiente de gini 2010

En cuanto a la desigualdad en América Latina y el Caribe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) concluye que la heterogeneidad estructural es una de las causas que permea las brechas de productividad, de capacidades y por tanto de incorporación al progreso técnico, al poder de nego-ciación, al acceso a la protección social y a la movilidad ocu-pacional en la vida laboral. En gran medida la heterogeneidad estructural contribuye a explicar la profunda desigualdad en América Latina y el Caribe, ya que las brechas de productividad reflejan, y a la vez refuerzan, las brechas de las capacidades, de la incorporación del progreso técnico, de poder de negociación,

Figura 1. El coeficiente de Gini en México es más alto que en países con tasas de pobreza más elevadas, el desarrollo inequitativo es uno de los grandes retos en la actualidad para el fortalecimiento de la demo-cracia. Cerrar las brechas en las desigualdades permitirá a los países brindar mejores oportunidades a sus habitantes, fortalecer la cohesión social y así tener una participación ciudadana de mayor calidad y que los gobiernos trabajen por los intereses en equidad de representación política.Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial.

México Alemania Bangladesh Camboya China Dinamarca Estados Unidos Kazajstán Tailandia

47.2 30.6 32.1 33.6 42.1 26.2 41.1 28.6 39.4

0

5

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de acceso a redes de protección social y de opciones de movi-lidad ocupacional ascendente a lo largo de la vida laboral, de modo que se generan círculos viciosos no sólo de pobreza y bajo crecimiento, sino también de lento aprendizaje y débil cambio estructural” (CEPAL, 2010).

Tasa de incidencia de la pobreza, sobre base de la línea de pobreza nacional (% de la población)

Las instituciones políticas insertadas en contextos con altos niveles de pobreza y desigualdad, sufren graves distorsiones y enfrentan serias dificultades para mantener las instituciones de-

Figura 2. El porcentaje de pobreza en México es sumamente elevado, este es un desafío com-partido con América Latina, en el caso de nuestro país la población joven es un foco de aten-ción en tanto que al canalizar acciones para garantizar su acceso a la educación permitirá que estos se reintegren en la vida productiva permitiendo romper con los ciclos de la pobreza. Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial.

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52.3 25.8 40.9 28.2 12.4 25.4 8.6 27.4 21.9 55.2

0

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Porce

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de la

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mocráticas; pues los actores que ostentan el poder, a saber, los partidos políticos, grandes empresas y uniones sindicales, cons-truyen monopolios de privilegios que se reparten las ganancias del crecimiento (Byrdall, de la Torre y Valencia, 2010: 31).

La consolidación de un régimen democrático requiere que los ciudadanos sean colocados en situación de igualdad política, cul-tural, económica y social, y cuenten con mecanismos y procesos que les permita participar libremente en la elección de sus repre-sentantes, al igual que en las discusiones, debates y procesos deli-berativos sobre los asuntos que los afectan, en un marco en el que se respeten las reglas del juego electoral, dentro de un sistema económico equitativo con iguales oportunidades para todos los agentes involucrados, y en el que la distribución del ingreso se realice de forma igualitaria, a través de la cobertura de las necesi-dades sociales básicas.

La igualdad política consiste en que todos los individuos como in-tegrantes de la sociedad tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones ante el Estado, ante la ley y entre sí, lo cual genere derechos y obligaciones tanto entre los representantes de los indi-viduos como entre los individuos mismos (González, 2003).

Si bien los representes realizan compromisos relacionados con la consolidación de un régimen democrático, el divorcio en-tre el poder y la política evita con frecuencia el cumplimiento de las mismas. El gobierno requiere de personas capaces de obser-var el panorama complejo de los problemas de un país y equili-brar las demandas sociales con los recursos existentes

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representatividad y participación efectiva

Para ser efectiva, la democracia indirecta necesita de represen-tantes capaces, para quienes lo político signifique la aspiración a tomar parte en el poder con el espíritu de servir a la sociedad y al Estado y no servirse de ellos para la consecución de sus pro-pios intereses, o, en el límite, que la consecución de los intereses particulares esté mediada por la de los intereses colectivos. En este sentido, Weber considera que “hay dos formas de hacer de la política una profesión: vivir para la política o vivir de la polí-tica [...] entre vivir “para” y vivir “de” existe una diferencia, ya que el individuo que vive de la política se coloca en un nivel mu-cho más burdo, esto es el nivel económico” (Weber, 2007). Hoy requerimos de políticos comprometidos que vivan más para la política y menos, mucho menos, de la política, o para quienes vivir de la política signifique vivir para la política en pos del bien común.

Para Robert Dahl, algunos criterios han de ser satisfechos por cualquier gobierno a fin de cumplir las exigencia de sus miembros sobre las decisiones políticas son: una participación efectiva donde todos los miembros muestren sus puntos de vista sobre cómo deber ser la política, igualdad de voto, comprensión ilustrada de los asuntos públicos o que los miembros se ins-truyan sobre las políticas alternativas relevantes, control de la agenda, e inclusión positiva. Para que las instituciones muestren la voluntad de la ciudadanía, se necesita de la coparticipación de éstos en la organización política, y como señala Skinner (1989) “la comunidad en su conjunto debe conservar en última instan-cia la autoridad soberana, asignando a sus diversos gobernantes o magistrados, un rango no superior al de funcionarios electos”.

La formulación de la democracia actualmente batalla por conservar los ideales de soberanía y bien común, pero cada vez necesita más de generar legitimidad para mantenerse con vida.

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La legitimidad se entiende como la aceptación de la mayoría sobre el ejercicio del poder, sus formas, sus razones, y sus re-presentantes. Ésta se logra cuando los ciudadanos conservan su facultad de elegir libre, igualitaria y equitativamente a sus gobernantes, conformidad que se traduce en estabilidad. Las elecciones a su vez constituyen una fuente de legitimidad de las autoridades públicas.

Desde una perspectiva polémica, el economista austriaco Schumpeter, en su teoría democrática reduce el significado de la democracia a la competencia electoral. La ponderación sobre las elecciones en los sistemas políticos de los Estados contem-poráneos, arroja nuevos paradigmas sobre la efectividad de la democracia como ha venido siendo concebida. Schumpeter, se concibe como defensor de la democracia liberal para quien éstas pueden planificarse al igual que los mercados, ya que son proce-sos asociados al ascenso de las masas a la esfera pública.

La democracia es entonces, este autor, un método de com-bate político en el que el pueblo reacciona ante los estímulos de la propaganda política. Schumpeter cuestiona los principios de las teorías clásicas de la democracia, pues considera que es casi imposible establecer de forma racional un criterio unívoco en torno al bien común. Bajo el análisis económico de la política, que supone que para conseguir el voto se genera una dinámica igual a la de la venta de mercancías, en muchas ocasiones los ciudadanos son presas de sus pasiones y de la desinformación. Los ciudadanos se reducen a la categoría de electores que par-ticipan únicamente mediante el voto, sosteniendo la ilusión del demos gobernándose. Para Schumpeter a al final, la lucha por los votos no es otra cosa que la lucha por el poder, y no la de-fensa de estrategias estatales y de propuesta de políticas públi-cas, reduciendo así la democracia al consenso sobre las reglas electorales.

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La democracia deL consUmo

Las culturas democráticas de la actualidad han estado asocia-das con las economías de mercado, Para Robert Dahl, existe una estrecha relación entre prosperidad y democracia, pues se da una afinidad entre la democracia representativa y la economía de mercado, ya que coincide con regímenes donde los derechos de propiedad gozan de mayor protección, buscar información es más fácil y las barreras de comunicación son menores. Esta re-lación expone una paradoja sobre la desigualdad en los recursos públicos que disponen los ciudadanos, como anteriormente ex-pusimo, pero además las economías de mercado traen consigo la reducción del individuo a un mero consumidor.

A través de la masificación del crédito se ejerce una forma de ciu-dadanía, la del ciudadano credit-card, insertado en una gigantesca cadena de consumo con pago diferido...este ciudadano credit-card es normalizado, puesto en orden, regulado por el consumo con pago diferido. Tiene que subordinar sus estrategias de conflicto, a sus estrategias de sobrevivencia como asalariado. Ha aprendido que su futuro esta en seguir siendo un trabajador creíble (Tomás Mouli, 1997).

El mundo del consumo genera publicidad que crea a su vez constructos sociales en forma de necesidades para albergar nue-vos productos, de tal forma que el ciudadano queda expuesto constantemente a la manipulación en sus elecciones. El poder de consumo erosiona el ideal de la soberanía, pues expone que la inestabilidad política puede controlarse a través del manejo de la opinión política, de la misma forma que se influye en el consumo a través de la publicidad. Esquema en el que el ciuda-dano como consumidor e insertado en las dinámicas del mer-cado remite a un segundo plano su participación en los asuntos

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públicos, desvinculándola de la satisfacción de sus necesidades e intereses.

En contraste, en una democracia plural y participativa, los ciudadanos deben adquirir educación cívica para tener nociones de los asuntos públicos y ganar espacios para generar una par-ticipación efectiva, sólo así lograrán el pleno ejercicio de sus de-rechos y la consecución de sus necesidades, sin que éstas depen-dan en su totalidad de los mecanismos de la economía. En este sentido, para Robert Dahl las democracias son intrínsecamente sistemas de derechos, por lo que para satisfacer las exigencias de las democracias deben satisfacerse los derechos inherentes a los ciudadanos, cuyos intereses fundamentales debe proteger, al igual que sus libertades de elección, y la oportunidad de con-formar sus ideas en libertad. Sin embargo, un ciudadano ya sea enajenado o bien marginado a causa de la desigualdad política difícilmente se incorporará como actor estratégico y esencial de ningún sistema político.

La promesa incumplida del “gobierno de los ciudadanos”, descrita por Norberto Bobbio (2001), es el conflicto entre la con-ceptualización perfecta del gobierno y su verdadera dinámica real y compleja. Ello da pie a la aparición de figuras de indepen-dientes que manifiestan el desencanto por la política mediante movimientos contraculturales, o peor aún, a la expansión de pa-sividad e indiferencia hacia lo político por parte de la población, síntoma inequívoco de deterioro democrático.

La democracia se reduce al proceso de la elección; ha de aña-dir la capacidad de los gobernados para destituir a sus represen-tantes, originando mecanismos que le permitan corregir sobre el camino las elecciones realizadas. La celebración de los comicios no asegura por sí misma el desarrollo de la democracia. Urge la consolidación de una ciudadanía proactiva, potenciar el capi-tal social y establecer vínculos y mecanismos que permitan un mayor abanico para acceder a recursos y al poder.

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redefinir eL papeL deL estado

Las sociedades modernas padecen de una disonancia cogniti-va, es decir la falta de concordancia entre la visualización de un ideal y la realidad. La crisis de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos –a causa de la falta de confianza en las ins-tituciones, a la discordancia en la representación de sus intere-ses, a la desigualdad política, a las condiciones de las dinámicas del mercado en el sistema político y a la incapacidad del gobier-no para atender las crecientes demandas de sus gobernados–, amenaza la constitución de la democracia misma, y obliga a la reconsideración de la gobernabilidad del Estado y a la redefini-ción del papel del gobierno.

La denominada sociedad de la información ha construido nuevas condiciones en torno a la economía y la vida política de las naciones, incorporando la ciencia, la tecnología y el conoci-miento cada vez más especializado en la vida social y política; lo que implica que el flujo de la información es esencial para generar mejores productos y servicios y mejorar los procesos, lo cual a su vez invita a las organizaciones a replantearse su con-ducta y su relación con la tecnología, para poder adaptarse a los cambios económicos, sociales y políticos.

En ese sentido la reingeniería de procesos se vuelve una es-trategia fundamental para que las organizaciones puedan ser competitivas, capaces de continuar funcionando en forma efec-tiva en un contexto global cambiante. Entrar en un proceso de reingeniería tiene como finalidad agregar valor a las actividades que se entregan al cliente o usuario para el que trabaja la orga-nización.

Los gobiernos alrededor del mundo han comenzado a ser re-ceptivos ante esta propuesta a partir de la experiencia exitosa mostrada por el gobierno de los Estados Unidos durante la ad-ministración de Bill Clinton en la década de los noventa, cuya

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propuesta principal era priorizar a la ciudadanía, sustituir nor-mas y regulaciones por incentivos, establecer objetivos con base en resultados y sobretodo buscar la satisfacción del usuario: el ciudadano.

Se puede explicar la gobernabilidad como la capacidad del gobierno de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía, lo que nos remite a la delimitación de la presencia del gobierno para que una sociedad funcione. Bajo los escenarios actuales y los retos que deben enfrentar los gobiernos democráticos, ante-riormente descritos, urge el replanteamiento del papel del go-bierno.

“La palabra gobierno proviene de la voz griega ‘kibernetes’ que significa «llevar el timón»”, lo que en el fondo y sobre to-das las cosas implica que éste se convierta en un catalizador que asiste a la comunidad para resolver sus problemas, tal como lo sugiere E.S Savas: “La tarea de gobierno consiste en llevar el timón de la nave, no en remar. Prestar servicios es remar, y el gobierno no es muy bueno remando” (citado por Osbourne y Gaebler, 1994).

Replantear la administración pública implica pensar de ma-nera estratégica en un enfoque de largo plazo, tomando en cuen-ta las necesidades de los ciudadanos para satisfacer sus expecta-tivas. La reinvención del gobierno implica plantear un modelo de gobernabilidad donde la democracia se traduzca en la canali-zación de las demandas más que en la provisión de servicios, en la que se redefina la relación entre gobernantes y gobernados. Las transferencia de poder del ciudadano a sus representantes serán más una alianza estratégica que una dominación o man-dato.

Los gobiernos que se centran en llevar el timón dan forma a sus co-munidades, Estados y naciones. Toman más decisiones políticas. Ponen en movimiento más instituciones sociales y económicas.

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Algunos incluso practican más regulación. En vez de tomar más empleados públicos, se aseguran de que otras instituciones pres-ten servicios y satisfagan las necesidades de la ciudad (Osbourne y Gaebler, 1994).

Un sistema político en la actualidad será más gobernable como flexibles sean sus instituciones y dispuestas al constante cambio externo, de tal forma que la gobernabilidad se traduzca en la búsqueda de nuevas formas de organización que incidan además en la percepción del ciudadano respecto de sus repre-sentantes y de sus necesidades atendidas; es decir aunque siem-pre existan conflictos de intereses y el flujo de las demandas no cese, la forma de darles salida y la gestión de los recursos pue-den hacerse de forma eficiente y generar condiciones de equi-librio y equidad, permitiendo que los sectores de la población marginados de la toma de decisiones políticas sean atendidos.

Philipe Schmitter (1974), propone una gobernabilidad des-de el neocorporativismo considerado como “un tipo de arreglo institucional para articular los intereses organizados de la so-ciedad civil con las estructuras decisionales del Estado”, lo que de acuerdo con el autor podría coadyuvar a la generación de nuevas fórmulas de concertación entre diferentes sectores de la sociedad y entre diferentes actores políticos. El desafío de la gobernabilidad en las democracias consiste en vincularse con la ciudadanía y cerrar las brechas que separan y distinguen a go-bernantes y gobernados, creando mecanismos que permitan no sólo una mayor participación de la ciudadanía sino una mayor injerencia directa mediante la cual se compartan la responsabi-lidad del diseño del gobierno y en la construcción del proyecto de país, además de generar acuerdos entre las élites para permi-tir el desarrollo social generando intercambios justos y mante-ner el liderazgo político.

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tecnoLogías de información y comUnicaciones, La gobernanza digitaL

El número de personas y la extensión del territorio tienen con-secuencias en los procesos de democratización, las oportunida-des de participación disminuyen, de tal forma que los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información pue-den extender las posibilidades para que ciudadanos se reúnan e informen y superar los límites del gobierno representativo.Las TIC representan un medio para lograr un cambio funda-mental en la forma en la que el sector público se relaciona con el sector privado y social, no obstante la implementación de la tecnología no generará un cambio por sí sola, sino que debe ir de la mano de la transformación del gobierno y la cultura política, a la par de un cambio en la mentalidad de los ciudadanos sobre una burocracia tradicional hacia la colaboración y el enfoque participativo.

Las condiciones imperantes en la era de la información ac-tual, así como el declive de la confianza en los gobiernos electos, demandan ajustes a la democracia actual, apremia la necesidad de difusión del poder hacia los actores no estatales, y en este aspecto el Internet se muestra como la alternativa a una buena parte de la población para el acceso a información. Las jerar-quías tradicionales seguirán teniendo dificultades para funcio-nar al menos que comiencen a adaptar sus estructuras a formas más horizontales.

Las TIC tiene un carácter estratégico ante el ineludible impe-rativo de cerrar la brecha entre las necesidades de la población y la forma en la que son atendidas. En los regímenes democráti-cos es función de las instituciones proveer información sobre los problemas públicos y las formas como están siendo atendidos, para lo cual el uso de tecnologías novedosas para el procesa-miento de estadísticas y mecanismos de recopilación de datos

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pueden hacer más eficiente el diseño de programas de gobierno, y de toma de decisiones políticas, pues la información verifica-ble y con posibilidades de establecer bucles de retroalimenta-ción, muestra panoramas más claros de las demandas, evitando el diseño de políticas bajo supuestos o bajo intereses de actores en las élites políticas. Las TIC incurren juegan un papel de la mayor importancia en la mejora de las capacidades organiza-cionales y los procesos de deliberación en las agencias guberna-mentales, su incorporación en la administración y provisión de servicios permite modernizar los sistemas existentes y mejorar el ambiente organizacional.

De cualquier manera, la incorporación de las TIC trae con-sigo retos correspondientes a las características inherentes de las mismas y las maneras de concebirlas. Se corre el riesgo de caer en una democracia mediatizada, como lo denuncia Richard Rorty (2005), en la que el ciudadano se ve reducido a ser un es-pectador de la cosa pública y los medios de comunicación gene-ran simulacros para distraer a la población. Las contrariedades entre los beneficios y los riesgos de las democracias digitales se-rán abordadas en los siguientes capítulos, bosquejando algunas posibilidades para potencializar su uso y efectividad y contra-rrestar los riesgos.

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TErCEr CaPÍTUlo

ParTIDoS Y mEDIoS DE ComUNICaCIóN: la DEmoCraCIa INFINITESImal

La democracia indirecta requiere de mecanismos para ca-nalizar los intereses de los distintos actores de la socie-dad y facilitar su articulación en el sistema político, papel

que cumplen de manera particular los partidos políticos. Éstos constituyen vehículos para encauzar y dar forma política a las inquietudes y demandas de la ciudadanía. No obstante, algunos de los retos de la democracia abordados en el capítulo anterior, como el crecimiento de la sociedad y la incapacidad de los ele-gidos para gobernar y dar salida a las demandas, a la par de las desigualdades que abren brechas para que todos los sectores de la población sean escuchados, han desembocado en la perdida de legitimidad de los representantes.

En la democracia indirecta y representativa, los partidos políticos y los medios de comunicación se articulan en dos ins-tancias de primer nivel en la conformación de la organización política de las sociedades. La comprensión de su papel nos per-mitirá profundizar en la comprensión de los elementos que fa-cilitan o dificultan el proceso de consolidación y mantenimien-to de la democracia, en tanto que ambos generan espacios de participación para otros actores y sus acciones condicionan las formas como se articulan los procesos políticos.

Este capítulo pretende plantear algunas preguntas en torno a las tensiones presentes en la democracia a consecuencia de la relación compleja entre los partidos políticos, los medios de comunicación, el Estado y la sociedad civil, lo que a su vez nos

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permitirá dilucidar las alternativas que TIC están generando en la conformación de nuevos espacios de participación accesibles a un mayor número de ciudadanos; a la vez que analizar la de-mocracia en función de la atomización del poder y de la inciden-cia de nuevos actores en el sistema político

Los partidos poLíticos

Los partidos constituyen agentes fundamentales y estratégicos del desarrollo de la vida política contemporánea, contribuyen al debate sobre la democracia y a la conformación y consolida-ción de mecanismos de pesos y contrapesos del sistema político. Representan el medio privilegiado de acceso al poder y, como tales, se han constituido como uno de los principales medios para la canalización de los intereses de los diversos grupos de la sociedad; a su vez, en su calidad de organizaciones políticas ciudadanas suelen ser intermediarios entre la sociedad civil de donde emanan y el gobierno.

El surgimiento de estos agentes guarda relación con la con-formación de los parlamentos y estados generales que a lo largo de más de dos siglos fueron consolidándose en facciones políti-cas bien diferenciadas, consolidándose como tales en el trans-curso del sXIX, durante el cual fueron solidificando corrientes políticas e ideológicas con visiones divergentes sobre la confor-mación del Estado y del sistema de gobierno bajo el cual debía de regirse, que comenzaron a dirimir sus diferencias y luchar por el poder bajo sistemas y procedimientos democráticos.

Existen diversas teorías acerca de la génesis de los partidos políticos que bajo la perspectiva de La Palombara y M. Weiner, sintetizada por Andrea Sánchez, se pueden agrupar en tres cate-gorías: la teoría institucional, la teoría de las crisis históricas, y la teoría desarrollista.

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La teoría institucional, desarrollada por exponentes como Duverger y Max Weber, parte de la premisa de que las asam-bleas legislativas con participación política limitada facilitan la organización de grupos; teoría de las crisis históricas, explicada por La Palombara y Weiner, sostiene, en términos generales, que no todos los partidos políticos surgieron desde los parla-mentos sino que las crisis en el proceso de construcción de las naciones generaron grupos que cuestionaban la legitimidad del statu quo; mientras que la teoría desarrollista vincula el sur-gimiento de los partidos políticos con la modernización de las sociedades, el desarrollo urbano y el surgimiento de sociedades industriales.

Los partidos políticos de acuerdo con Cárdenas Gracia, cum-plen importantes funciones sociales como la movilización de la opinión pública, la representación de intereses y la legitimación del sistema político en tanto que conforman los órganos electo-rales, tienen funciones institucionales como el reclutamiento, la organización de las elecciones y la composición de los órganos del Estado. Estos entes, al fungir como movilizadores de la opi-nión pública, generan vínculos con la ciudadanía y en muchos de los casos empatizan con los intereses que los individuos per-siguen.

La identificación de la ciudadanía con un partido político, desde la perspectiva de Alejandro Moreno, se puede dar de tres maneras: la primera son las causas individuales de identifica-ción y todas aquellas causas primarias de identidad sociopo-lítica como la familia, la segunda, los aspectos de identidad social y política asociados con el partidismo, es decir, todos aquellos elementos del contexto social , y la tercera los cam-bios individuales y agregados en el partidismo o aquellas cau-sas que generan competencia política .

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Las eLecciones y La búsqUeda deL poder

La competencia generalizada de los partidos políticos para ac-ceder al ejercicio del poder se realiza a través de elecciones pe-riódicas, sin embargo, la celebración de comicios no es exclusi-vo de las sociedades modernas. En el periodo republicano de la antigua Roma se votaban los cargos políticos, si bien de forma directa:

Los procesos electorales, antes del establecimiento del sufragio universal, eran procesos públicos en el sentido de que los resulta-dos eran colectivamente vinculantes, afectaban a lo común y a lo general, y legitimaban la autoridad pública (en el primer sentido); pero los mecanismos de procesamiento y expresión de esa volun-tad no eran públicos, entendido esto como colectivamente acce-sibles, “abiertos”, al conjunto de la población (Rabotnikof, 2010).

La apertura de los procesos electorales generó que los parti-dos políticos experimentaran la necesidad de captar el voto para poder ganar espacios en el gobierno, mientras que el ciudadano podría plasmar su voluntad política y el gobierno seleccionado legitimar su autoridad por aceptación de la mayoría.

Sin embargo, en demasiadas ocasiones, la complejidad del proceso en la búsqueda del poder, en tanto que las elecciones son una competencia áspera, ha pervertido la función social de los partidos políticos; ya sea a causa de la ausencia de democra-cia interna al interior de los mismos, ya a través de fenómenos contrarios al espíritu democrático como el clientelismo, la for-mación de élites políticas apartadas con agendas disociadas de, y hasta encontradas con, el interés general y nacional, y el ol-vido y uso oportunista de los proyectos políticos y plataformas ideológicas que debían empatizar con los intereses y necesida-des de la ciudadanía, además del abuso de alianzas oportunis-

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tas y sin otro trasfondo político-ideológico que de la búsqueda oportunista de mayorías artificiales para el logro de objetivos políticos divorciados de cualquier proyecto consecuente de na-ción que vaya más allá del mantenimiento del statu quo, los privilegios alcanzados y el reparto de cuotas de poder de dudo-sa base social.

El enrevesado escenario de las elecciones ha favorecido la profesionalización de los estrategas y de las estrategias, convir-tiendo a las campañas electorales mera táctica para conseguir la victoria insustancial y más allá del proyecto político. El ciuda-dano votante se ve transformado en consumidor y sujeto a ser influenciado por el marketing, de forma tal que la propaganda política deja paso a la publicidad política enfocada en tácticas persuasivas sofisticadas para atraer la atención del votante, con-virtiendo a los candidatos en meros productos mediáticos con imágenes cuidadosamente diseñadas y construidas desde los despachos publicitarios y los aparatos mediáticos, que muchas veces persiguen con ello sus propias agendas propias disociadas del programa político, económico y social que el candidato pue-de pretender sostener.

De esta manera, la emisión del voto deja cada vez más de constituir el ejercicio de un derecho político, para convertirse en una salida al mercado para manifestar una decisión o pre-ferencia en función de la construcción de un concepto que la campaña electoral creo para el votante:

[...] el acto de votar es una clara expresión conductista de la opi-nión y puede incluso considerarse como una forma de participa-ción en un debate público (si bien limitado por las alternativas electorales ofrecidas. [...] Las investigaciones indican que muchos votantes van a votar sin mucha información que guíe su elección (Price, 1992).

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Las campañas políticas no sólo se personalizan para segmen-tos de la población, sino que buscan a su vez incidir en la opi-nión pública, brindando a los medios de comunicación la opor-tunidad para colocarse como piezas claves del juego político.

Los medios de comUnicación

Los medios de comunicación se han convertido en una de las fi-guras clave de la vida política y social, muchas de las relaciones, debates y consensos se realizan a través de ellos, entre sus acti-vidades está la de recoger y presentar información, interpretarla y contribuir a la generación de la opinión pública. Como pieza clave del juego político, los medios de comunicación inciden en la conformación del espacio público y en la definición de la agenda, dotando de visibilidad al ejercicio del poder y a los agentes que lo despliegan. Aunque la incorporación de los medios en el debate en torno a la consolidación de la democracia es un fenómeno más reciente, son ahora trascendentales por su poder persuasivo:

La influencia de los medios como nuevas ágoras privilegiadas para el proselitismo es reconocida por los hombres del poder político y sus partidos, en todo el mundo. Ya es tiempo de ubicar en sus au-ténticas dimensiones a la posibilidad de persuasión que tienen los grandes medios y especialmente la televisión. Sobre todo en épocas de campañas políticas. Los medios tienen una capacidad de propa-gación que ningún candidato político puede despreciar, pero tam-bién hay que reconocer que los mensajes drásticos, concisos, que se pueden transmitir por el lenguaje televisivo, son inevitablemente esquemáticos ( Orozco, 1998).

Los partidos políticos son conscientes del papel persuasivo de los medios de comunicación y del poder que ello les otorga,

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con la capacidad para superar ampliamente las estrategias de acercamiento con la ciudanía que realizan éstos, con lo que cada vez con mayor frecuencia obliga al candidato a supeditarse a los imperativos y las agendas que le condicionan los medios de co-municación. Éstos, amenazan con suplir a los partidos políticos como aparatos ideológicos del Estado, quizás porque ellos dife-rencian entre actores y espectadores como explica Lippma :

[...] en tanto que los actores son aquellos interesados, sean funcio-narios o ciudadanos, que intentan influir en el curso de los asuntos políticos, la audiencia o los espectadores siguen dichas acciones con distintos grados de interés” (Lippma, 1925).

Lo que ha desembocado muchas veces en alianzas perver-sas y oportunistas entre partidos y medios de comunicación que tergiversan la función que los mismos cumplen en una demo-cracia participativa.

Al respecto, podemos coincidir con Crespi en concibir a “la opinión pública como la suma de las opiniones de los indivi-duos que conforman el electorado, más que como una fuerza que emerge de una sociedad organizada” (Crespi, 1989). Si bien la opinión pública no puede disponer el modo en cómo se ejerce el poder, parece ser determinante en delinear el rumbo de las acciones de los agentes del sistema político.

La emergencia de la opinión pública remite a la Ilustración, en la que los intelectuales discutían, hacían críticas y confor-maban grupos de opinión tanto en espacios de asociación libre como cafés públicos como a través de medios impresos cuyas opiniones contribuían en forma importante en la orientación general de la población sobre los asuntos públicos y los proble-mas sociales.

Locke identificaba tres leyes generales que gobiernan la con-ducta humana: la ley divina, la ley civil y la ley de la reputación

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o de la opinión; lo que se dice de lo público o la apertura de las democracias ha dado lugar a que se puedan intercambiar infor-mación y críticas.

No obstante, vale la pena hacer una distinción entre la opi-nión de masas y la opinión pública. De acuerdo con Staats (ci-tado por Cantú, 2010), la opinión pública se conforma cuando “el público puede: 1) expresar opiniones al igual que recibir-las 2) tiene la oportunidad de responder a cualquier opinión expresada públicamente 3) encuentra opciones para la acción efectiva, incluso, si es necesario, oponerse a la autoridad y 4) se mantiene autónomo y aislado de la penetración de las ins-tancias de autoridad”. En tanto que, para el mismo autor, la opinión de masa refleja una condición patológica de las élites de poder en la que los que expresan opiniones son menos de los que las reciben, no se ofrecen medios de participación para contestarla e la manifestación de las opiniones está controlada por las autoridades, con lo que el colectivo público no goza de autonomía.

La distinción entre opinión pública y opinión de masas nos permite ver que el vínculo entre partidos políticos y medios de comunicación puede llegar a perseguir otros fines, dejando de lado todo aquel interés que se relacione con la incorporación de la ciudadanía como actor fundamental dentro de la fórmula de participación en el sistema político y bajo la visión de un régi-men democrático.

Podemos observar así mismo, la desproporción en los niveles de incidencia y de posesión del poder entre unos y otros actores, donde la ciudadanía cuenta una menguada capacidad de ejercer sus derechos y colocar en la mesa sus temas de interés, mientras que se reafirma que la formación de la agenda puede estar suje-ta a los partidos políticos, en tanto fuerte sea su alianza con los medios de comunicación; ya bien descritos por varios como el cuarto poder:

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La naturaleza social de los medios de comunicación desde un principio ha quedado determinada por la presencia de un fuerte contexto económico y político que ha condicionado hermética-mente el uso social de los mismo por otros sectores más amplios que no sean los propietarios o representantes del gran capital interno y transnacional en el país. Esta situación ha alcanzado su mayor esplendor en el caso de la televisión mexicana, tanto pública como privada pues es el medio que más ha llegado a ser monopolizado por el poder nacional al grado de que a través de éste se ha construido otro proyecto cultural contrario al de los grandes grupos que sostienen nuestra nación (Esteinou citado por Cantú, 2010).

Al estar controlados por élites políticas y económicas que, pre-cisamente por el poder que les confiere el monopolio sobre los medios, logran hacer uso de los mismos en la consecución de sus propias agendas e intereses, desvinculándose de la ciudadanía –a la que convierten en mera audiencia o en consumidor pasivo– y desmarcándose de cualquier tipo de control y responsabilidad so-cial, consolidándose, de esta manera, en verdaderos monopolios fuera del alcance de los sistemas de pesos y contrapesos, pervir-tiendo la función social y política, tanto de partidos como de los medios de comunicación.

En una verdadera democracia plural y participativa los me-dios de comunicación conforman el espacio donde el ejercicio del poder se hace visible y se regula su ejercicio, lo cual nos hace reflexionar sobre los alcances que deben tener en el campo de la opinión pública y en el de campo de la negociación política. El empoderamiento sin contrapesos y desregulado de los medios de comunicación, les ha permitido en muchas ocasiones perse-guir intereses particulares e incluso generar su propia agenda en función de los sectores de poder a los que están asociados. Lo anterior expone la falta de mecanismos eficaces en el siste-

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ma político para controlar las irregularidades y excesos, en jus-to balance con el mantenimiento y la garantía de la libertad de prensa.

Hay pocas industrias que funcionen de manera tan autoritaria como los medios de comunicación: unos cuantos tienen que asu-mir decisiones sobre los mensajes que serán transmitidos a mu-chos otros. La posibilidad de difusión reforzada por las nuevas tec-nologías, que ya están en aptitud de superar prácticamente todo tipo de fronteras, multiplica el poder de los medios y de esa mane-ra, también, la influencia de su operadores (Raúl Trejo, s.f).

Los mecanismos de control sobre los medios de comunica-ción por parte del Estado se resumen quizás a las interaccio-nes y negociaciones entre los que integran las élites de poder dentro del sistema político, sin embargo dichos mecanismos son irrelevantes ante el abuso del poder de los medios para con el ciudadano. Por ello podemos cuestionar qué mecanismos le quedan a la ciudadanía para poder ampliar sus opciones de ac-ceso a información y canales de difusión. En este caso las TIC se presentan como una posibilidad de primer orden y de la mayor importancia para como alternativas para disminuir el poder ex-cesivo de los medios de comunicación sobre la opinión pública y para recuperar el espacio público como lugar de debate, diálogo y deliberación sobre los asuntos de interés general en la confor-mación de proyectos sociales inclusivos y plurales.

La globalización ha puesto en marcha un proceso de interco-nexión a nivel mundial y ha añadido complejidad a la vida de los Estados en aspectos como la construcción de las agendas públi-cas y en la definición de la esfera pública y la privada. La incor-poración de las tecnologías de la información y comunicaciones a la vida de los individuos y las sociedades impacta en forma por demás significativa e irreversible el flujo de la información

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y, como tal obliga a acrecentar su uso por parte de los diferentes agentes sociales.

La creciente velocidad en el flujo de la información, la po-sibilidad de acceso inmediato a ella, más la diversificación de los actores del sistema político que la hacen una herramienta preponderante, nos recuerda una premisa básica y la razón del vínculo de la información con la acción política, que es la comu-nicación. Ésta dota de sentido a muchas de las actividades hu-manas incluyendo la política, la sociedad humana no es posible sin la comunicación y tampoco la política. Gracias a las TIC y a los medios de comunicación masiva, se han transformado las relaciones económicas, culturales y políticas, por lo que repre-sentan una posibilidad democratizadora, y aunque la democra-cia no asegura que las sociedades sean más justas, sí supone que la organización del poder se efectúe de forma más afable.

atomización deL poder

La organización del poder en la actualidad, con las peculiari-dades de las sociedades modernas en un entorno globalizado, implica que su posesión no se reduce un solo agente perfecta-mente identificado y con constancia temporal, por el contrario, el poder se ha fraccionado y los diversos agentes del sistema lo poseen en diferentes grados y momentos y lo ejercen de diferen-tes maneras.

La fragmentación de los intereses sociales y de las repre-sentaciones políticas es otra de las variedades de los retos de la persecución y el ejercicio del poder, con nuevos personajes que ofrecen resolver las demandas o que movilizan a la acción colectiva. Hasta ahora, el poder se ha concebido más como po-sesión que como capacidad de hacer, en tanto que la incidencia de las acciones de quienes se perciben como sus poseedores no

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en muchas ocasiones no llegan a ejecutarse; por tal resulta rele-vante recordar que siempre existen interdependencias pues los actores se ubican dentro del funcionamiento de un sistema.

Preocupan las transformaciones que está sufriendo el siste-ma de partidos que en muchos regímenes democráticos presen-ta una reversión de prioridades y favoreciendo la consolidación de partidocracias que condicionan los problemas y su resolu-ción al monopolio, no ya de los partidos, sino de sus élites, con-virtiéndolas en los únicos actores del sistema político. Las par-tidocracias emplean cada vez más prácticas mediante las cuales monopolizan el uso de los recursos del Estado para fines distin-tos a los legítimos.

En este sentido, resulta urgente que los partidos políticos se revitalicen y rediseñen, con el fin de adaptarse a las necesidades cambiantes de la población, eliminando o disminuyendo la des-vinculación que tienen con el ciudadano a fin de que puedan re-presentar verdaderamente sus intereses. Los partidos sufren de una débil democracia interna y de una falta de capacidad para la renovación democrática de liderazgos.

La política consiste en una dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias, para la que se requiere, al mismo tiempo, pasión y mesura. Es completamente cierto, y así lo prueba la his-toria, que en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez. Pero para ser capaz de hacer esto no sólo hay que ser un caudillo, sino también un héroe en el sentido más sencillo de la palabra. Incluso aquellos que no son ni lo uno ni lo otro han de armarse desde ahora de esa fortaleza de ánimo que permite soportar la destrucción de todas las esperanzas, si no quieren resultar incapaces de realizar incluso lo que hoy es posible. Sólo quien está seguro de no quebrarse cuando, desde su punto de vista, el mundo se muestra demasiado estúpido o dema-siado abyecto para lo que él le ofrece; sólo quien frente a todo esto

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es capaz de responder con un ‘sin embargo’, sólo un hombre cons-truid de esta forma tiene ‘vocación para la política’. (Weber, 1997).

El tratamiento del poder desde una perspectiva democráti-ca, requiere de espacios más flexibles para la negociación, la canalización de intereses y la persecución del bien común; es-pacios que podrían generarse a través del uso y diseño demo-crático de las TIC. Anteriormente hemos referido a que no son las tecnologías por sí solas la respuesta para enfrentar los retos de la democracia, esta debe plasmarse a través de la política, misma que con sus carencias ha producido desconfianza hacia los actores que la representan.

vicisitUdes de La democracia mexicana

La democracia y el quehacer político muestran un escenario a ni-vel global en el que los Estados enfrentan un desequilibrio entre la actividad política y la economía de mercado, además de estar sujetos a un denominado orden internacional, situaciones que los sistemas políticos de representación están teniendo dificultad en procesar. Así aterrizando algunas de las ideas anteriormente expuestas al contexto mexicano, observaremos que en él se com-parten –e incluso se acentúan– muchos de los retos descritos, con mayores dosis de complejidad en función del desarrollo de la historia política y de la de los medios de comunicación.

En México la figura de los partidos políticos fue contemplada por primera vez en 1911 en la Ley Electoral Maderista, aunque la figura como tal no se incorpora a la Constitución sino has-ta 1977, no obstante que en las leyes electorales secundarias se contemplaban algunos aspectos sobre sus constitución, regula-ción, obligaciones y derechos así como la organización de las elecciones.

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En el caso de los medios de comunicación una breve descrip-ción de su origen y crecimiento los equipara con los que poseían el privilegio del ejercicio del poder como describe Monsiváis:

Con muy escasas excepciones, las prensa mexicana del siglo XX se sujeta voluntaria e involuntariamente al control, gubernamental y a la idea mítica de ese control, y en la cobertura informativa de las “razones de Estado”, tan amplias como indefinidas, rigen las supresiones el ocultamiento […] Se propician, y en gran escala, la mentira simple y directa, el manoseo y la tergiversación de datos y los hechos, el linchamiento moral de los disidentes y los oposito-res, etcétera (Monsivais citado por Cantú, 2010)

México fue el primer país latinoamericano en contar con tele-visión, y sin lugar a duda ésta ha sido el medio cuya influencia es tal que ha logrado permear en la cultura política, desarrollando procesos de aculturación y de construcción social de la realidad, así como de generación de opinión masiva y del delineamiento del rumbo del poder. Los dueños de dichas concesiones son ac-tores con grandes privilegios y siempre cercanamente vincula-dos e interdependientes del gobierno en turno:

[...] el régimen de concesiones concentra en el Ejecutivo la facul-tad de otorgarlas y revocarlas discrecionalmente, fruto genuino del modelo mexicano de control de los medios y de las complicidades propias del complejo político-empresarial (o burocrático-empre-sarial) que regirá desde entonces la actividad de los medios elec-trónicos (Carreño, citado por Cantú, 2010).

La situación del control de los medios en la actualidad ha cambiado significativamente de forma pero no de fondo, la mis-ma relación de interdependencia entre éstos y el gobierno en turno ha favorecido formas monopólicas de interacción y ne-

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gociación entre ambos, así como de protección y complicidad discrecional. No obstante, en lugar de hacer una separación de dichos agentes, podemos pensar que el modelo descrito se ge-nera a partir de la relación del sistema político con las clases hegemónicas que a su vez son los propietarios de medios.

La crítica situación del espacio mediático en México, tienen su origen en un fenómeno mundial, agravado con las deficiencias nacionales. La ausencia de un espacio mediático público es un mal global, y la principal causa es el surgimiento de los grandes conglomerados mediáticos, que como señala Ignacio Ramoneyt, transformaron a tal grado el negocio que antes “una empresa ven-día información a los ciudadanos […] mientras que hoy una em-presa mediática vende consumidores a sus anunciantes (Cantú, 2010).

En la actualidad podemos describir un panorama general del estado de la democracia en México, con base el en Índice de De-sarrollo Democrático de México 2013, un estudio realizado por la Fundación Konrad Adenauer que tiene como objetivo medir el grado de adhesión al sistema democrático y el nivel de satis-facción ciudadana con el ejercicio de sus derechos políticos y libertades civiles. La metodología para la generación del índice se puede explicar de manera general, como una valoración de 0 a 10,000 puntos en las diferentes variables, que al final se pro-median para dar un índice total.

Como conclusión general del estudio de 2013, se observa un escenario pesimista donde el desarrollo democrático retrocedió en función del índice, de 5505 puntos en 2012 a 5037 en 2013. Esta situación es descrita por los autores del Índice como fati-ga ciudadana, que muestra que la percepción de la ciudadanía en torno a la democracia se modifica significativamente cuando no se dan soluciones inmediatas a sus problemas y necesidades

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y después de haberse construido agendas electorales con pro-puestas y promesas en 2012.

Indice de Desarrollo Democrático 2010-2013

El estado de más alto desarrollo democrático en 2013, es Yu-catán seguido por Baja California Sur, Coahuila, el Distrito Fe-deral y Guanajuato. Aunque cabe destacar que hay 19 estados por debajo del promedio del índice nacional, mientras que otras 9 entidades calificaron con un índice de bajo desarrollo y 6 enti-dades con apenas un mínimo de desarrollo democrático.

Figura 3. La calidad del desarrollo democrático se ha visto influenciada por la baja confianza en las ins-tituciones políticas en nuestro país. La inseguridad se percibe como uno de los grandes retos de México, y uno de los aspectos que refleja el déficit democrático al vincularse la seguridad con la libertad y otros derechos políticos. Para elevar los niveles de participación de la ciudadanía deben fortalecerse los medios de vinculación de los representantes con las necesidades de quienes los han elegido.Fuente: Elaboración propia con base en Informes de la Fundación Konrad Adenauer.

5,037

5,505

5,804

5,828

4,600 4,800 5,000 5,200 5,400 5,600 5,800 6,000

2013

2012

2011

2010

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Índice de Desarrollo Democrático por entidad federativa 2013

Figura 4. El índice de desarrollo democrático entre las entidades federativas muestra disparidades que reflejan la heterogeneidad de contextos que los estados tienen que hacer frente para generar ambientes amables en sus sistemas políticos. Las entidades mejor evaluadas han desarrollado estrategias diversas para el perfeccionamiento de sus democracias, en el caso de Yucatán destaca sus bajos niveles de inse-guridad, Coahuila ha apostado por la seguridad financiera, Baja California Sur enfocó su atención en el sistema educativo a nivel secundario, el Distrito Federal cuenta con altos niveles de involucramiento ciu-dadano, mientras que Guanajuato expone un clima de confianza para el ejercicio de los derechos civiles.Fuente: Elaboración propia con base en Informes de la Fundación Konrad Adenauer.

10000 9989

8336 7857

7337 6721

6651 6512

6142 6134

5764 5674

5043 4996 4936 4927

4816 4205 4187 4168

4011 3895

3755 3705

3356 3168

2948 2877

2828 2534

1938 1789

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Yucatán Baja California Sur

Coahuila Distrito Federal

Guanajuato Colima

Querétaro Nuevo León

Nayarit Morelos Hidalgo Oaxaca

Campeche Tlaxcala

Baja California Jalisco

Aguascalientes San Luis Potosí

Tabasco Veracruz

Sonora Quintana Roo

Zacatecas Chiapas Sinaloa

Michoacán México

Durango Puebla

Chihuaha Guerrero

Tamaulipas

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La primera variable referida a la dimensión de derechos po-líticos y civiles, dentro de la medición del índice trata de expli-car el desarrollo democrático desde la visión de la ciudadanía, en esta variable se obtuvo un resultado promedio de todas las entidades federativas de 4,219 puntos un 20% menor respecto de 2012, siendo el Estado de Guanajuato el que obtuvo mejor puntaje con 6,933.

Dentro de esta variable hay un subíndice que mide el condicio-namiento de libertades y derechos por inseguridad, lo cual es un situación de atención a lo largo del país por el fenómeno vivido en los últimos años y que ha influido en las decisiones políticas y en el desarrollo de las instituciones gubernamentales, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENVIPE) de 2014, 58% de los mexicanos consideran a la inseguridad como uno de los principales problemas del país, 33.9 por ciento de los hogares en México tiene al menos una víctima de delito, se generaron 33.1 millones de delitos y solo 3 de cada 100 delitos que ocurrieron en México en 2013 tuvieron una resolución judicial. Así el indicador de esta variable describe de acuerdo al estudio que sin seguridad no hay libertad y de esta manera se condicionan los derechos, por lo tanto este aspecto es uno de los puntos que representa uno de los déficit de la democracia más urgentes y significantes.

Observamos también que otra de las dimensiones de estudio del índice de desarrollo democrático, es la Calidad Institucio-nal y Eficiencia Política, es decir la democracia al interior de las instituciones, esta variable permite comprender la eficiencia y calidad en el sistema político institucional con aspectos como la rendición de cuentas y el balance de poder o aquellos mecanis-mos que permiten controlar a los funcionarios públicos y auto-ridades en sus acciones y cómo dan respuesta a las necesidades de la población.

El primer componente de esta dimensión de estudio es el Ín-dice de Percepción de la Corrupción en el que 17 de los Estados

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califica por encima del promedio nacional, y son los estados de Guerrero, Distrito Federal, Oaxaca y el Estado de México las en-tidades con mayores niveles de corrupción.

El siguiente indicador es la Participación de los partidos po-líticos en el Poder Legislativo, que permite evaluar la goberna-bilidad de este poder, el estudio destaca sobre este aspecto que el sistema político mexicano se caracteriza por no contra con partidos políticos estatales estables, lo cual podría deberse a la debilidad de las leyes electorales de las entidades. Lo cual los hace competir en desventaja respecto de los federales. Sin em-bargo se describe a México como un país dentro de los estánda-res ideales democráticos por tener una cantidad ideal de parti-dos políticos participando en la vida legislativa, lo cual permite que haya diversidad en la representación y podría asegurarse la gobernabilidad.

Otro de los indicadores es la Participación en las decisiones públicas, esto refiere a que la participación política no solo se resume al voto, sino que las obligaciones políticas y civiles de los ciudadanos han cambiado, dando más espacios de inciden-cia. Las entidades mejor calificadas en este rubro son aquellas que cuentan con instancias de participación y que instrumen-tan su propia normativa estatal; no obstante en México solo el Distrito Federal, el Estado de México, Durango y Michoacán se encuentran en esta situación.

El último indicador de esta dimensión es el de accountability entendida desde un enfoque legal y otro social, dentro del pri-mer enfoque se contemplan los mecanismos institucionales que han sido diseñados para asegurar que los funcionarios públicos realicen sus acciones en un marco legal y constitucional, y la evaluación general de este aspecto retrocedió respecto de 2012 en un 5% con un total de 5, 113 puntos.

El latinobarómetro es otro estudio que mide el desarrollo de la democracia, basado en la percepción de la ciudadanía, este

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se realiza en dieciocho países de América Latina. El reporte de este estudio de 2013 expone que solo el 37% de la población apoya la democracia al visualizar que la alternancia en el poder no genera ningún cambio significativo, se menciona también el impacto de la violencia como fenómeno que incide en el desa-rrollo democrático. Un 44% de los encuestados considera que la democracia en el país tiene grandes problemas y un porcentaje similar considera que la democracia puede funcionar si partidos políticos. Apenas un 21% de la población encuestada se encuen-tra satisfecha con la democracia actual y solo un 30% se encuen-tra muy interesado o algo interesado en la política.

Destaca como reto para la democracia las cifras en torno a la desigualdad, en México según este estudio, hasta 55% de la población se ha quedado sin dinero para comprar comida y a un 52% no le alcanza su ingreso. En cuanto a la percepción del go-bierno un 53% ve poco probable que el gobierno pueda resolver los problemas en los próximos cinco años

Las tecnoLogías de La información y comUnicaciones como aLternativa en La sociedad de La información, desinformada

La mancuerna entre partidos políticos y medios de comunica-ción limita, como ya hemos argumentado, los espacios de parti-cipación, sin embargo, también hemos expuesto que las tecno-logías de la información y comunicaciones podrían constituir la piedra angular de una propuesta democratizadora, en tanto que las formas de comunicación a través de éstas ocurre en forma más inmediata, con un alcance mucho mayor e interacción ágil y más cercana. La política se basa en la comunicación, sea a través de la persuasión, la negociación, la consecución de acuerdos, por lo que los medios de comunicación y las TIC, con un papel

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de la mayor relevancia, si bien complejo y ambiguo, constituyen a su vez recursos de poder capaces de favorecer u obstaculizar el desarrollo de la democracia:

Las sociedades cambian a través del conflicto y se gestionan me-diante la política. Como Internet se está convirtiendo en un medio esencial de comunicación y organización en todos los ámbitos de la actividad, es obvio que los movimientos sociales y los agentes políticos lo utilizan y lo utilizarán cada vez más, transformándolo en una herramienta privilegiada para actuar, informar, reclutar, organizar, dominar y contradominar. El ciberespacio se está con-virtiendo en un terreno disputado (Castells, 2001).

El beneficio peculiar de las TIC y los medios de comunicación que hacen uso de éstas para difundir mensajes es que aceleran el flujo de la información:

La oportunidad y pertinencia de la información implica que esta se difunda en el momento preciso y con la valoración adecuada , es decir, ni antes ni después y en el lugar y espacios apropiados a su importancia. Requiere hacerse pública en el momento que se cuenta con los elementos suficientes para brindar una información completa, no demorarla para buscar efectos ulteriores ni adelan-tarla con criterios comerciales, simplemente hacerlo en el tiempo exacto. Y la pertinencia consiste en darle su justa dimensión de acuerdo con su impacto en la vida pública de la comunidad (Cantú, 2010).

Aunque en la actualidad nos enfrentamos al problema de la edición de información, ya que mucha de la información que fluye a través del Internet y de otros medios contiene grandes vacíos y sin criterios claros para juzgar su pertinencia, rele-vancia y veracidad. Los medios modernos de comunicación no

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siempre crean circuitos de comunicación y retroalimentación, reduciéndose a veces a meros difusores de información sin los filtros editoriales indispensables. La información sin edición es un grave defecto tanto de muchos de los medios de comuni-cación que hacen uso de canales digitales, como de los nuevos personajes difusores de información, y en general de aquellos que suelen hacer uso de las redes para generar información, pues la inmediatez ha suplantado a la investigación y a las fuentes.

En el presente el poder también se ha tornado informacional; desde la perspectiva de Lash la información está organizada no por su valor de uso o de cambio sino por su valor en tiempo real, sin valía para el pasado y el futuro. El autor describe la dialéc-tica entre orden y desorden en la sociedad de la información : [el] desorden informacional genera sus propias relaciones de poder: por un lado, el poder y conocimiento inmediato de los bytes de información y, por otro, el reordenamiento de la infor-mación en categorías de propiedad intelectual “ (Lash, citado por Betancourt 2011). Mientras que la desigualdad en la visión de Betancourt, se da más en términos de exclusión que de ex-plotación, va consolidándose una élite global que excluye a la periferia: “las elites se autoexcluyen de los flujos nacionales de información y comunicación y dejan de identificarse voluntaria-mente con ellos, mientras se autoincluyen e identifican con los flujos globales” (Betancourt, 2011)

Mientras tanto el ciudadano, consume, percibe y recibe gran-des cantidades de información, pero no siempre cuenta con la capacidad procesarla y digerirla en forma reflexiva:

El saber el logos no es patos, y para administrar la ciudad política es necesario el logos. La cultura escrita no alcanza este grado de “agitación”. Y aun cuando la palabra también puede inflamar los ánimos (en la radio, por ejemplo), la palabra produce siempre

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menos conmoción que la imagen. Así pues, la cultura de la ima-gen rompe el delicado equilibrio entre pasión y racionalidad. La racionalidad del homo sapiens está retrocediendo, y en la políti-ca emotivizada, provocada por la imagen, solivianta y agrava los problemas sin proporcionar absolutamente ninguna solución. (Sartori, 1998)

El procesamiento de la información por el ciudadano es li-mitada, pero gracias a nuestras capacidades comunicativas, po-tencializadas por el uso de TIC somos capaces de proponer nue-vas formas de acción y de organización. Los ciudadanos exigen ser informados y escuchados, “las asociaciones de ciudadanos de escasos recursos deberán ser capacitadas para que pudiesen competir eficazmente con los grupos de presión, que disponen de abundantes recursos, en el costoso ruedo de la deliberación política” (Hume citada por Cantú, 2010); y así fortalecer el papel de la sociedad civil para redefinir lo público, pues “si la demo-cracia es (como lo es) un sistema político en el que los ciudada-nos tienen una voz importante en los asuntos públicos, entonces la ciudadanía no puede permanecer desinformada respecto de esos asuntos públicos” (Sartori, 2003).

Por tal, es tarea de los medios considerar las audiencias como ciudadanos capaces de participar y no como simples observado-res o consumidores pasivos.

Cubrir las noticias del ciudadano hacia arriba, en vez de hacerlo desde el experto hacia abajo. Tomando en cuenta a la gente ordi-naria y asume el tratamiento de los asuntos que ellos consideran importantes, en vez de descansar únicamente en expertos a los ac-tores para determinar la agenda (Cantú, 2010).

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La democracia infinitesimaL

La democracia es una forma de vida del Estado que se vincula con las acciones del individuo y la sociedad condicionadas a su vez por la cultura y sus patrones. Las condiciones socioeco-nómicas, el tamaño de la población y el territorio son aspectos que contribuyen a dar forma a la cultura política y al ejercicio del poder, que constantemente plantea contradicciones pues da lugar a acciones que muestran el comportamiento de los actores en el sistema político.

En la democracia representativa, podemos replantearnos el valor del voto, ya que la ciudadanía necesita en muchas oca-siones de los partidos políticos para acceder al poder, y el ciu-dadano observa que hay una credencialización del mismo. Su integración a un padrón electoral y el diseño de las estrategias para conquistar su voto se basan en el comportamiento de las unidades electorales, lo reduce al ciudadano a apenas una par-tícula del sistema político, a un fragmento atomizado que no puede definir el cambio por sí sólo. Hemos transitado de una democracia de ciudadanos a una democracia de electores en la que el sistema electoral otorga una nueva condición y serias limitaciones al ejercicio de la ciudadanía, que se reduce a la emisión del voto, momento fundamental pero insuficiente de la conformación ciudadana en una democracia plural y parti-cipativa.

Por otro lado, a su vez por una parte el ciudadano se ha re-ducido a un mero espectador de la cosa pública, y por otra, en el actor que puja por hacer oír su voz en medio del caos y del ruido de la faena política; situación que combinada expone las contra-riedades entre el beneficio y los riesgos de la incorporación de las TIC en la vida política, pero que sin duda permite revalorizar el papel del ciudadano y replantear su participación en la vida política.

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En La democracia ciudadana el acento se desplaza del régi-men político hacia el ejercicio de los derechos políticos, crean-do mecanismos que limitan la capacidad de los partidos y los medios de comunicación para modelar a su antojo las preferen-cias ciudadanas. Hablar de este tipo de democracia requiere de una concepción de la misma más amplia y compleja que implica además concebir el poder de forma distinta. Así, observaremos que si el Estado es una forma de organización de la sociedad y el flujo de poder se organiza con la finalidad de construir un régi-men democrático, cambiarán las dinámicas entre los actores del sistema político; para lo cual se requiere afirmar que el poder en tanto capacidad de hacer, nunca es individual sino social y su ejercicio desde una perspectiva democrática deberá facilitar los medios para hacerlo, transformando la participación de la pasividad hacia la actividad y la proactividad ciudadana.

Las TIC plantean respuestas, pero al mismo tiempo deman-dan cambios al interior del sistema político. Una transformación de las relaciones entre Estado y sociedad implica la transforma-ción de la política. La relación entre el ideal de la democracia y la realidad es compleja y divergente; y aunque los sistemas elec-torales se han ido adaptando a los procesos de transformación de la cultura política para que todos puedan hacer y ampliar sus medios de participación, para perfeccionar el régimen democrá-tico habrá que expandir la ciudadanía, eliminar las desigualda-des, ampliar el espacio público y armonizar la interacción entre los poderes fácticos –como los medios de comunicación–, la sociedad civil y el Estado; pero sobre todo recuperar la gober-nabilidad, entendida como la representación de la ciudadanía en el gobierno. Así otra de las tareas de la democracia consiste en la reconstrucción del espacio institucional de ‘la polis’, de tal forma que la política vuelva a tener sentido como una actividad que articula y genera vínculos entre actores sociales.

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CaPÍTUlo CUarTo

DESarrollo Y PoSIBIlIDaDES DE laS TECNologÍaS DE la INFormaCIóN Y ComUNICaCIoNES: HaCÍa UNa CIUDaDaNÍa DIgITal

La credencialización del ciudadano, reducido a mero emisor de un voto y a millonésima parte de un padrón, nos permi-te ver que la incidencia del sufragio se encuentra conde-

nada a una democracia infinitesimal, incapaz de establecer las conexiones que fortalezcan el tejido social y permitan la comu-nicación en la diferencia. Ante ese escenario las tecnologías de la información y comunicaciones representan una posibilidad democratizadora para sortear al sistema que ha reducido y frac-cionado la participación del ciudadano como actor fundamental del sistema político; colocando expectativas y una dosis de espe-ranza en las posibilidades por ellas creadas.

La crisis de representación en la democracia indirecta, las fa-llas en el sistema de partidos, la democracia directa que perdió vigencia y la falta de uso de otros mecanismos, nos permiten ubicar áreas de oportunidad donde las tecnologías de la infor-mación y comunicaciones pueden ayudar a transformar los pro-cesos democratizadores. La nota al pie acerca de la incorpora-ción de la tecnología para la transformación social es que ésta solo pueden mejorar el estado de la cuestión cuando hay algo que mejorar: “La tecnología solo puede complementar la vida social y cultural cuando ya hay algo de valor para complementar y mejorar“ (Winocur, 2004)

En este capítulo se busca analizar algunas de las ventajas de las TIC, dimensionar y cuantificar su impacto, revisar algunos

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sucesos recientes de movilización social que han hecho uso de ellas y, ante los retos de la democracia descritos en capítulos anteriores, explorar las complejidades de éstas nuevas formas de ejercer ciudadanía.

¿qUé son Las tecnoLogías de La información y comUnicaciones?

Las tecnologías de la información y comunicaciones son aque-llas tecnologías de comunicación como la radio, la televisión, la telefonía y las surgidas más recientemente a través de la digita-lización, la informática y, sobre todo, el Internet.

Una de las principales características representativas de las TIC reside en su carácter inmaterial, en la medida en que fun-cionan en gran medida a través de simulaciones o se plasman en forma virtual; las TIC favorecen en forma extraordinaria la in-teracción y los intercambios de información, potencian la inter-conexión mediante la creación de redes; son de carácter virtual-mente instantáneo y cuentan con procesos de digitalización que permite la unificación de formatos; todo lo cual se ha traducido en el n sorprendente impacto en todos los ámbitos de la vida en la sociedad global contemporánea, desde el cultural, hasta el económico, político, educativo e industrial, por mencionar tan sólo unos cuantos.

El primer antecedente de una red de redes, que daría poste-rior surgimiento al Internet como lo conocemos en la actualidad, se remonta a los años sesenta en Estados Unidos, en el Instituto de Investigaciones de Standford se compartían recursos bajo el contexto de la Guerra Fría, con científicos del Departamento de Defensa de Estados Unidos que crearon a partir de esta inicia-tiva un proyecto denominado ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) por sus siglas en inglés, cuyo objetivo

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era resguardar la información. A principios de la década de los setenta se financia un protocolo de transferencia de datos (TCP/IP) denominado Internet, mas es hacia mitades de los setenta que la parte científica y militar se separan de este proyecto, dan-do lugar a otras redes como la comercial American Online y es a partir de la década de los noventa, que después de una fase de ex-perimentación las conexiones aumentan popularizando su uso.

En México, el Internet llega gracias a la colaboración de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Tec-nológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) hacia 1991. Un año más tarde, la Universidad de Guadalajara fundó MEXNET, una asociación académica integrada por varias uni-versidades del país, enlazándose directamente a Internet a tra-vés de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). En 1993, el CONACyT estableció su propia red denominada Red Total CONACyT que se conectaba a un satélite directo al Centro Nacional de Investigación Atmosférica en Colorado, EEUU. En el sector comercial, se puede citar como antecedente el estable-cimiento de un Capítulo de la empresa Net Work Solutions en México hacia el año de 1995.

Actualmente casi 2 mil millones de personas se conectan a Internet alrededor del mundo y algunas redes sociales como Facebook tienen hasta 600 millones de usuarios. El Internet cambió la organización del día a día en millones de personas, la forma de hacer negocios, y poco a poco el ordenamiento del sec-tor público. La Asociación Mexicana de Internet AMIPCI, ha ex-puesto que México cuenta al 2013 con 51.2 millones usuarios de Internet, la penetración de Internet en México aumentó un 13% respecto de 2013. Y se sabe que el promedio de antigüedad del internauta mexicano es de 6 años, mientras que el tiempo pro-medio de conexión del internauta es de 5 horas y 36 minutos, 5 de cada 10 internautas se conectan a través de su smartphone, 9 de cada 10 internautas acceden a alguna red social.

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Usuarios de Internet en méxico 2006-2013

Figura 5. El crecimiento de usuarios de Internet en México a lo largo de los últimos años ha sido notable, empero esto no necesariamente podría ser a causa de las políticas o programas gubernamentales, sino al inevitable avance de la tecnología que ha puesto el acceso a esta última de manera más asequible. Aunque la brecha en conectividad ha disminuido, aún se necesitan acciones para promover la apropiación de las tecnologías de información y comunicaciones a través del fortalecimiento de las habilidades digitales, lo cual impactará en la efectiva generación de oportunidades de desarrollo social, económico, cultural y político de la población.Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI).

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tecnoLogías de La información y comUnicaciones para La moviLización sociaL

Las juventudes suelen estar más relacionadas con el uso de las redes sociales, ya sea a causa de la distribución de la pirámide poblacional, ya porque es característico de las mismas su inmer-sión en las tendencias y modas. Los jóvenes han sido los prota-gonistas de muchas de las movilizaciones sociales acontecidas durante las últimas décadas en las que las TIC han jugado un papel estratégico, y han sido desde siempre portadores del cam-bio, canalizado su vitalidad y entusiasmo al resto de la sociedadLas movilizaciones sociales suelen surgir de manera espontánea como producto de la acción colectiva para hacer visible una o varias demandas de algún grupo social. Ante ello las TIC han potenciado en forma extraordinaria estos procesos, la facilidad de interacción que éstas permiten muestran la oportunidad de generar redes de forma más asequible, la difusión instantánea de los mensajes y su efecto multiplicador o viralizador, pues el Internet es un excelente medio de movilización social que a dife-rencia de otros medios de comunicación masiva permite mucha mayor interacción recíproca, igualitaria y reflexiva.

Los movimientos sociales liberan la distensión de la acumu-lación crítica y catalizan el perfeccionamiento de la democracia, acumulan en una sola voz las demandas que no han sido satis-fechas y se vuelven expresión manifiesta del poder de la acción colectiva. Los movimientos sociales son esencialmente procesos de comunicación más información. Desde la perspectiva de Sa-gástegui, los movimientos sociales en la actualidad en tanto que son esencialmente procesos de comunicación, requieren diver-sificar sus estrategias:

[…] los movimientos sociales contemporáneos enfatizan la dimen-sión expresiva, es decir, manifestada en sentimientos, situaciones,

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estilos de vida, etcétera, sobre la exhortación prescriptiva –organi-zada antes con modos de sociedad o de gremio político-. Una con-secuencia que se deriva de esta situación es que los movimientos sociales requieren establecer estrategias de comunicación cada vez más diversificadas, y entonces es indispensable que los grupos mo-vilizados deben ser hábiles más en el manejo de códigos culturales, para que les sea posible constituir su propia acción como un men-saje a la sociedad. Esto supone que los grupos sociales deben ser capaces de construir representaciones de sí mismos y de su causa, de tal manera que pueden ser interpretadas por sustratos pobla-cionales más amplios y de este modo, influir en la formación de imaginarios colectivos. Evidentemente, todo esto implica el uso de medios de comunicación masivos (Sagástegui, 2004).

Las estrategias de movilización deben estar fundadas en la difusión de información para promover la reconformación del espacio público, una de ellas es la creación de redes que nece-sita empatizar con elementos de la identidad. Los movimientos sociales también han ganado nuevas formas y colaboradores a través del ejercicio del ciberactivismo, que ha mostrado reforzar las acciones y la amplificación de las voces en los movimientos sociales, introduciendo conceptos como las multitudes inteli-gentes, o las personas actuando de manera conjunta a pesar de estar localizadas en distintos lugares y de no conocerse. Yochai Benkler, profesor de la Harvard Law School, ha descrito los be-neficios del trabajo en red con base en Internet, denominando producción colaborativa al producto de individuos estimula-dos por diferentes incentivos sociales que no siguen la lógica del mercado, no son órdenes de una organización jerárquica; desembocando en el aparecimiento de una nueva esfera pública organizada en redes.

Uno de los primeros movimientos sociales que hizo uso del Internet para la invitación a la acción fue el movimiento zapa-

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tista, lo que le permitió hizo posicionarse de imediato mediáti-camente a nivel internacional, ofreciendo su mensaje a nuevas audiencias, “el movimiento zapatista se convirtió en 1994 en la primera guerrilla informacional” (Castells,1997).

El uso hábil del Internet para obtener resonancia en los me-dios de comunicación internacionales colocó a este movimiento como un ejemplo de cómo se transformarían las revoluciones sociales del siglo XX. El zapatismo se conformó como un movi-miento heterogéneo que expresaba diferentes anhelos comuni-tarios y políticos. Su actividad en Internet consistió en circular información sobre lo que sucedía en Chiapas a través de diver-

Figura 6. “Marcos y McDonald´s”. El movimiento zapatista hizo su aparición en Enero de 1994, expo-niendo los niveles de pobreza y falta de servicios públicos en las comunidades del sur de México. Para los integrantes de este movimiento la idea de autonomía estaba vinculada a la idea de un mundo donde quepan muchos mundos, respeto a los usos y costumbres y la propuesta de un modelo económico basado en la colaboración y la solidaridad, manifestando así alternativas a las estrategias económicas adoptadas por el gobierno.

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sos sitios web, largas listas de correos y apertura de foros vir-tuales donde podía haber interacción y se recibían denuncias y peticiones de intervención a diversas organizaciones no guber-namentales, se hacían llamados a caravanas de ayuda y apoyo a proyectos, conferencias, protestas, marchas y manifestaciones. También se coordinaban y difundían los encuentros convocados por el EZLN.

El carácter no institucional y alternativo de la comunicación por Internet hace a ésta especialmente apta para ser usada por gran número de personas que no tienen acceso a los medios de comunicación oficiales y que tratan de expresar opiniones e in-tereses opuestos a los de los grupos dominantes, al tiempo que desafían al orden político o cultural existentes.

Otra movilización social que captó la atención mundial fue la denominada Primavera Árabe en 2010 en la que las redes socia-les en boga cumplieron un papel fundamental. El auge de los te-léfonos móviles contribuyó a que se diera un efecto dominó des-pués de la Revolución Tunecina que se sumaba a otras protestas a lo largo del año, activistas de otros países se sumaron y difun-dían lo sucedido. Durante una manifestación en la Plaza Tahrir en el Cairo Twitter registró bastante actividad posicionando el tema en la atención mediática mundial, y la comunidad interna-cional se solidarizó difundiendo mensajes de lo que acontecía, así como de apoyo y de información sobre cómo actuar frente a las fuerzas del Estado.

La Primavera Árabe invitó al ejercicio de un periodismo ciu-dadano en el que la información de los sucesos de primera mano, venían de los blogs y redes sociales pues muchos de los medios de comunicación tradicionales escondían los sucesos reales. La autonomía de la red, mostraba brindar un espacio de libertad que el sistema político negaba, por ello observamos como los movimientos sociales del siglo XX y XXI, ofrecen además nue-vos códigos culturales y de valores.

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Figura 7. Lina Ben Mhenni, fue una de las voces de la revolución tunecina impulsando las demandas de la democracia en Egipto a través de su sitio web “A Tunisian Girl”, en donde cubrió las revueltas de la Primavera Árabe. Fue candidata al Premio Nobel de la Paz en 2011.

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Figura 8. “Concentración del movimiento 15M en la Plaza de la Encarnación, Sevilla”. El descontento social después de la crisis del 2008 que provocó recortes de los apoyos sociales, los integrantes se descri-bieron como “indignados” al estar en disconformidad con las reformas políticas y económicas y la falta de escucha de los actores políticos. La visión de una sociedad con democracia directa y participativa con una ciudadanía activa y acceso a los medios de comunicación, los llevó a integrarse en colectivos para el desarrollo de propuestas en diferentes áreas temáticas.

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Un año más tarde, en España se desarrolló el movimiento social llamado 15M, en medio de las campañas para elecciones municipales y bajo una crisis económica que había ocasionado numerosos recortes. La intención del movimiento era la de pro-mover una democracia participativa como alternativa al sistema bipartidista, que pugnaba por atención a los derechos constitu-cionales como vivienda digna, salud pública gratuita y refuer-zo del sistema educativo. Este movimiento criticaba la reforma fiscal y de condiciones laborales, de impuesto al patrimonio y sucesiones. Exhortaba a que los medios de comunicación fueran éticos y veraces, al cierre de centrales nucleares y la promoción de energías renovables. El movimiento se describía a sí mismo como un movimiento de indignados, y diversos colectivos con-vocaron a acampar en la Puerta del Sol de forma pacífica.

El Estudio sobre el 15M en las redes sociales realizado por el Instituto Universitario de Investigación en Biocomputación y Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de Zaragoza y la empresa Cierzo Development, entre 25 de abril y el 26 de mayo de 2011 analizó palabras claves relacionadas con el 15M, cuanti-ficando 581.749 mensajes provenientes de 87.569 usuarios tan solo en España, concluyendo que el movimiento fue de forma espontánea, no manipulada y que su crecimiento se dio de for-ma viral.

Un caso también interesante, por ser una iniciativa direc-cionada a organismos internacionales, fue Ocupa Wall Street o Toma Wall Street, Occupy Wall Street en inglés, que han acam-pado desde 2011 en el Paque Zuccotti en Nueva York. El enfo-que del mensaje de este movimiento es una protesta hacia el poder de las empresas y de la distribución de la riqueza inequi-tativa, por la crisis económica acontecida en 2008 en Estados Unidos y que permeó al resto del mundo. Dicha protesta nació en septiembre de 2011 en EE.UU. con el objetivo de denunciar los enormes niveles de desigualdad entre la minoría más rica

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del país y el resto de los ciudadanos. El sitio web de este mo-vimiento busca inspirar a los ciudadanos para participar en la arena política, e incluso se encuentran desarrollando su propia red social para garantizar la seguridad de la información y au-tenticidad de sus miembros.

México vivió su propio fenómeno social durante las campa-ñas electorales de 2012, llamado #YoSoy132 donde estudiantes universitarios y simpatizantes de otras ciudades del mundo, co-menzaron movilizaciones que demandaban la democratización de los medios de comunicación, señalando el duopolio televisivo que coadyuvaba a la manipulación de la información durante la jornada electoral. Algunas peculiaridades de este movimiento fue que integró a población juvenil de clase media y media alta,

Figura 9. “Occupy Wall Street takes over Washington Square Park”. El poder de los bancos y de las corporaciones multinacionales sobre los procesos democráticos, fue la motivación al llamado de este movimiento para llamar la atención de los actores del distrito financiero de Wall Street. A través de una ciudadanía reunida en solidaridad que convocó a hacer ejercicio de los derechos constitucionales como la libertad de expresión y de asociación, se hizo un llamado a la revolución mundial para combatir las disparidades de la economía global y de la distribución inequitativa de la riqueza, a la par de un futuro incierto tras el colapso económico que causó la recesión mas grande en la historia de los Estados Unidos.

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que exhortaban a la transparencia de la información y mostra-ban que existen nuevas opciones de consumo de información en la red, además de que el consumo de información con cono-cimiento está relacionado con el empoderamiento ciudadano.

El valor agregado de este tipo de movimientos sociales, fue mostrar que ahora estos pueden verdaderamente generar or-ganizaciones horizontales y con liderazgos extensos, mostraron además el desencanto de las juventudes y su renuencia a hacer uso de vías tradicionales para negociar. Los movimientos socia-les de la última década que han hecho uso del Internet constitu-yen alternativas viables ante los medios tradicionales, el trabajo en red que han generado les permitió pasar de la predisposición a la acción, en tanto que aquellas personas dispuestas a partici-

Figura 10. “Debate 132”. En una plaza pública del municipio de Cuernavaca Morelos, colectivos juveni-les se organizaron para proyectar la transmisión del debate no oficial de los candidatos a la presidencia en 2012. El movimiento universitario #YoSoy132 logró convocar a los aspirantes presidenciales a un ejercicio de debate transmitido por Internet a través de la plataforma de YouTube, y generó más vistas que el que fue organizado por el Instituto Federal Electoral. Este fue el tercero de dos más que fueron mostrados a través de las principales televisoras nacionales, el primero organizado por la ciudadanía que además permitió que llegaran preguntas de los ciudadanos para ser hechas a los candidatos a través del moderador.

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par encontraron espacios de incidencia al contactar fácilmente con organizaciones ciudadanas horizontales e incluyentes.

También han puesto de manifiesto que la movilización social acelera o relaja la acumulación crítica de esas necesidades no atendidas por los sistemas democráticos, y que un resultado de éstas puede ser el generar disrupción o innovación en los siste-mas políticos y en el quehacer del gobierno en tanto se aprove-che el uso del pensamiento colectivo donde las diferencias enri-quecen una idea común.

En suma, Internet genera la posibilidad de conectividad y efectividad política donde apenas existe, en este contexto se ve la relevancia del uso de herramientas digitales como YouTube, Facebook y Twitter, usadas habitualmente por los jóvenes, las cuales se sustraen de la posible influencia y manipulación del gobierno y de los partidos políticos.

No obstante, debemos cuidarnos de sobredimensionar los alcances y objetivos de las TIC y su potencial de generación del cambio. Estudiar los movimientos sociales es un tarea comple-ja, pues hay que enfrentarse a algunos paradigmas relacionados con la cultura, a la par de tratar un suceso de naturaleza emer-gente. Generar conclusiones, en torno a las bondades de las tec-nologías de la información y comunicaciones para movilización social, más allá de la documentación del optimismo, requiere emitir juicios no solo centrados en lo que paso a nivel macro so-cial, y el efecto masivo provocado por la tecnología, sino lo que hizo la gente a nivel micro, individual con ellas, es decir en un ejercicio de ciudadanía.

A pesar de la magnitud y lo abrumador de la efervescencia con la que surgen este tipo de movimientos, se debe puntualizar que el impacto generado suele ser de corto plazo y que las trans-formaciones sin bien significativas, no son sustanciales, pues se requiere más que solo la movilización social para cambiar las estructuras de poder.

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nUevas tendencias

Las tecnologías de la información y comunicaciones, y en espe-cial el Internet, no están limitados al uso de las redes sociales para la movilización social y para generar acciones que las con-soliden como posibilidad democratizadora, otras de las posibi-lidades que vale la pena mencionar es la tendencia denominada Internet de las cosas y el big data.El Internet de las cosas, surge como resultado del crecimiento exponencial de individuos con objetos y dispositivos conectados en cualquier momento y lugar a Internet, por lo que se comien-zan a desarrollar iniciativas donde convergen lo físico y lo digi-tal en la vida cotidiana, creando ambientes permanentemente conectados. De tal suerte que todo objeto conectado a Internet se vuelve una fuente de datos, permitiendo predecir el compor-tamiento de los usuarios y su monitorización.

Ahora el almacenamiento, procesamiento y análisis de datos son actividades fundamentales de la economía, ya que la infor-mación se consolidó como otra fuente de capital productivo. El big data o megadata es un término que describe una situación en la que el volumen, la velocidad y la variedad de los datos ex-cede el almacenamiento o el cálculo de la capacidad de una or-ganización para la precisa y oportuna toma de decisiones. Un ejemplo es que la empresa Wal Mart maneja más de una millón de transacciones por hora a nivel mundial, generando una base de datos en constante cambio con cientos de millones de entida-des y relaciones.

Las áreas de aplicación del Internet de las cosas y de la mega-data, plantean un nuevo paradigma en la solución de las deman-das de la población, sea por medio del sector público o privado, pues sugiere que es necesario dar espacio a la innovación social, al mismo tiempo que se reconceptualiza la movilidad de la po-blación, pues ahora todo es más inmediato que inmediato. En la

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era de los grandes datos, podemos triturar una cantidad incom-prensible de la información, que ocasiona que la información se constituya como elemento determinante de poder y riqueza.

Las tecnologías de la información y comunicaciones apoyan no solo a recopilar la información, sino a entenderla y sacar-le provecho. Incluso la información acerca de la información o metadatos, están generando nuevas industrias, ya sea para el control de la búsqueda de ellos o servicios de organización. La visión esperanzadora del uso de datos, es que las organizaciones serán capaces hacer uso de información para tomar las mejores decisiones.

Estas nuevas tendencias en torno a las TIC han planteado nuevas interrogantes, como la regulación de la misma informa-ción, y el constante e inevitable monitoreo, en contraposición al derecho a la privacidad. Por un parte los individuos están per-diendo la noción de la exposición a la que están sometidos, y por otra los gobiernos se ven rebasados por la velocidad del cambio tecnológico que los desafía en un espacio de naturaleza público, pero que origina situaciones en las que se necesita de la inter-vención para marcar pautas en la interacción y uso. Además de la premisa de que en las sociedades informatizadas del presente el poder no reside ya en el ejercicio de la fuerza física, sino en el uso de informaciones que permiten influir y controlar las activi-dades de los ciudadanos.

El desarrollo de algoritmos, ha avanzado para gestionar los datos como principal activo estratégico, obtener información rápida de datos grandes y ha permitido aumentar la capacidad de resolver problemas cada vez más complejos, así como desa-rrollo de servicios de software que los hacen accesibles, dando lugar a que los activos intangibles se conviertan en los recursos críticos de los que depende el éxito de una organización.

Hay diferentes posiciones respecto de la posibilidad de regu-lación del ciberespacio incluso contrapuestas, desde la perspec-

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tiva de Theodore Roszak (1986): “las tecnología de la informa-ción tienen la capacidad obvia de concentrar el poder político, de crear nuevas formas de ofuscación y dominación sociales”. Mientras que Sagástegui opina que existe un mito en torno a esto pues “la red se utiliza de diferentes maneras y con distintos propósitos y que no es susceptible a los intentos de instituciona-lización” (Sagástegui, 2004).

Para control, hay diversas formas de institucionalización, como la privatización del servicio y limitar el acceso, incluso la misma gestión de la información pues en la práctica consigue su unificación en el espacio virtual, por ello vale la pena hacer una distinción entre regulación y censura. Internet es un sitio de investigación, en el que hay la posibilidad de estudiar las procesos sociales fundamentales, y en el que se eleva la perdu-rabilidad de los elementos de la interacción social, se visualiza al ciberespacio también como la promesa de espacio abierto, libre y alterno.

La gobernanza en internet

La gobernanza en Internet es un tema que nos permite acer-carnos al debate sobre sus institucionalización, su configuración determinará el respeto a algunos derechos civiles o el manteni-miento de privilegios a ciertos actores. La lucha para el mante-nimiento del carácter libre, público, abierto, descentralizado del Internet será ardua en tanto que se sigan engrosando y fortale-ciendo los monopolios de información y comunicación, por ello es menester comenzar a generar los primeros esfuerzos para de-finir los denominados derechos digitales.

Las telecomunicaciones son un medio en el que se ejercen algunos derechos fundamentales, como el derecho a la informa-ción y a la libertad de expresión, al tiempo que representa una

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de las bases para el desarrollo económico, social y democrático de un país.

En México, recientemente se propuso, discutió y aprobó la reforma en telecomunicaciones, en la que destacan la modifi-cación al artículo sexto constitucional que obliga al Estado a garantizar el acceso a banda ancha e Internet para todos los mexicanos, una política de inclusión digital, nuevas disposicio-nes sobre la administración del espectro radioeléctrico que es el medio de transmisión de los servicios de telecomunicaciones, y la apertura a nuevos espacios de competencia en la provisión de servicios para evitar distorsiones en el mercado. Sobresale, así mismo, la creación de un Instituto Federal de Telecomunicacio-nes y la transformación de la Comisión Federal de Competencia en la Comisión Federal de Competencia Económica.

Si bien las problemáticas no solo se resuelven con modi-ficaciones a la constitución, algunas recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para México versaron sobre la necesidad de simpli-ficar el otorgamiento de concesiones, garantizar la transpa-rencia y la aplicación efectiva de las regulaciones, estimular la competencia, liberar espectro radioeléctrico para satisfacer la demanda de servicios de datos en banda ancha móvil. La banda ancha es el otro impulsor principal del crecimiento en el mercado de las telecomunicaciones en México, la OCDE men-ciona que en México comenzó tarde el desarrollo del mercado de banda ancha en comparación con otros países de la misma organización.

El escenario futuro para México, es relativamente promete-dor en tanto que se ha visualizado que para 2020 el país podía reducir la brecha digital en la banda ancha móvil, de acuerdo con Pablo Bello secretario general de la Asociación Iberoameri-cana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunica-ciones (AHCIET), aunque requerirá de una inversión de 8,500

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millones de dólares al año entre 2013 y 2020. Enfrentamos ade-más retos relacionados con la brecha digital, si bien el número de usuarios de Internet en nuestro país ha crecido, el rezago res-pecto de las habilidades y capacidades para hacer uso potencial del mismo, y volverlo una herramienta para la generación de ciudadanía, es aún un tema pendiente en el debate y su incorpo-ración en las agendas.

La brecha digital es la separación entre personas y sus limi-taciones de acceso en relación al uso de las tecnologías de infor-mación. Serrano y Martínez (2003) apuntan que “la brecha di-gital es el reflejo de una condición de subdesarrollo humano en donde los aspectos culturales y sociales trascienden a lo tecno-lógico” , de esta forma este concepto describe no solo carencias en relación con cuestiones tecnológicas, sino también sociales y económicas.

En la actualidad muchos estudios de diferentes organismos e instituciones han demostrado que las tecnologías de informa-ción y comunicaciones son una herramienta con potencial para generar desarrollo económico y social; la OCDE, por mencionar un ejemplo, incorpora la medición del uso de ellas como com-ponente esencial para que un país sea competitivo, además de describir el impacto del desarrollo de estrategias en este rubro, tales como el aumento del PIB, la generación de empleos, el in-cremento de los promedios de escolaridad, el mejoramiento de la eficiencia gubernamental y de los servicios públicos e incluso la atracción de inversiones.

Muchos de los estudios en torno a la brecha digital coinciden en medirla a través de aspectos como el número de usuarios de Internet, la densidad telefónica, el número de usuarios de com-putadoras y otros dispositivos móviles, y la capacidad del ancho de banda pues esta condiciona al tráfico de datos, accesibilidad en costos, así como la amplitud y desarrollo del sector de tecno-logías de la información y comunicaciones.

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El cierra de la brecha digital se relaciona también con las condiciones de mercado justo en el sector de las telecomunica-ciones, será así tarea del gobierno proveer incentivos para que éstos presten mejores servicios, y regulaciones para proteger los derechos de los consumidores. Los beneficios de la reducción en la brecha digital no solo están en la incorporación de más tec-nología a las sociedades sino en su uso para generar alianzas y redes más solidas en el ámbito económico, social y político para generar flujos productivos de información.

La Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información 2013 del Instituto Nacional de Geografía y Es-tadística contabiliza para abril de 2013, 49.4 millones de usua-rios de computadora de los cuales 46 millones usan Internet. Así mismo 30.7% de los hogares en México cuenta con conexión a Internet, no obstante no es el único lugar donde los usuarios se conectan a Internet. Como podemos observar en la siguiente gráfica (gráfica 11.0) , el principal lugar de acceso a Internet es el hogar (58.9%) seguido por un sitio público (33%) y el tra-bajo (22.7%). Mientras que los principales usos que se hace de este es obtener información (64%), mensajería y correos elec-trónicos (42%), actividades de entretenimiento (36.2%) y apoyo en actividades escolares (35.1%). Respecto del equipo que los usuarios utilizan para conectarse a Internet, el más popular es la computadora de escritorio (78.2) y la computadora portátil (34.3%), mientras que hasta un 9.5 por ciento lo hace a través de su celular.

Podemos observar también, que son en su mayoría los jóve-nes quienes hacen uso de Internet, en la Figura 11 vemos que las personas que tienen entre 12 y 17 años son los principales usuarios de Internet (24%), seguido por un porcentaje similar de quienes se encuentran en un rango de edad de entre 18 y 24 años (21%) y 25 a 24 años (18%). Lo cual permite apuntar que la brecha digital también es generacional pues apenas un

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4 por ciento de los usuarios de Internet tiene 55 y más años de edad. Con datos similares, de acuerdo con la empresa de estu-dios de opinión pública Consulta Mitofsky, en 2013 la mitad de los mexicanos dijo haberse conectado alguna vez a Internet , aunque dicha situación cambia en relación con grupos de edad la generación de adultos entre 18 y 29 años ya tuvo contacto con Internet en 79% de los casos. En cambio, la de mayores de 50 años sólo reportan este contacto en 18%.

Usuarios de Internet por grupos de edad 2013

Figura 11. Los jóvenes son principalmente los usuarios de Internet, bien a causa de la distribución de la pirámide poblacional o por el estilo de vida que ha modificado sus formas de relacionarse y comunicarse. La población de 55 años y más aún muestra un rezago en el contacto con este medio, lo cual muestra un área de oportunidad para la elaboración de programas gubernamentales que les permitan insertarse en la era digital.Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI.

6 a 11 4%

12 a 17 26%

18 a 24 23%

25 a 34 20%

35 a 44 14%

45 a 54 9%

55 en adelante 4%

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El nivel de escolaridad es uno de los aspectos que influye en-tre quienes hacen uso de Internet y quienes no, como observa-mos en la Figura 12. La mayor parte de los usuarios de Internet cuentan con estudios a nivel de preparatoria (29%), secundaria (24%) y licenciatura hasta un 23 por ciento.

Nivel de escolaridad de los usuarios de Internet 2013

Los usuarios de Internet que realizaron compras por este medio fueron 1,910, 256 personas, en la gráfica 3.0 podemos observar que lo realizaron principalmente con una frecuencia

Figura 12. El nivel de escolaridad de los usuarios de Internet esta relacionado con la distribución de la tasa de nivel educativo de la población en México, es decir, el grado de estudios no es una variable que incida sobre el uso o no uso de este medio; al ser actualmente una herramienta que las personas sin im-portar la cantidad de años en la escuela han incorporado paulatinamente en su vida cotidiana.Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI.

Primaria 20%

Secundaria 24%

Preparatoria 29%

Licenciatura 23%

Posgrado 2%

Otro / No especi cado

2%

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semestral (35%), mensual (28%) y anual (24%). Las compras por Internet han ganado la confianza de los usuarios paulatina-mente, respecto de 2012 se incrementaron los usuarios de Inter-net que realizaron compras en un 16.4 por ciento.

Frecuencia de compra por Internet 2013

Aunque el tema de la conectividad se resuelva, no se debe pasar por alto que

[...] la brecha digital no solo se construye a partir de las dife-rencias socieconómicas, sino también de diferencias étnicas,

Figura 13. La confianza de los usuarios de Internet en México para realizar compras por este medio, ha incrementado ligeramente a pesar de que el clima de la economía mundial ha mostrado tendencias a la baja. En nuestro país aún preocupa la falta de normatividad eficiente para evitar riesgos y garantizar la seguridad de los datos del usuario; aunque ha habido esfuerzos para armonizar la legislación nacional con las normas internacionales suscritas, aún existen lagunas jurídicas para hacer frente a las nuevas dinámicas que la informática incorpora a las actividades económicas y mercantiles.Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI.

Diario 3% .2%

Semanal 9%

Mensual 28%

Semestral 35%

Anual 24%

No especi cado

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generacionales, de género y de capital cultural entre quienes com-prenden y se apropian de sus ventajas y potencialidades, y entre quienes la perciben como un artefacto que ilusoriamente podría evitarles una nueva clase de exclusión social que cada día se percibe como más amenazante (Winocur, 2004).

La discusión en torno a la disyuntiva entre exclusión social versus la aceleración de la movilidad social a causa de las tecno-logías de la información y comunicaciones, es tumbar el primer mito sobre el componente humano de las mismas y los procesos de apropiación que se generan alrededor de ellas, lo cual pone de manifiesto la necesidad indiscutible de entender cómo se da la apropiación de las tecnologías por los individuos, cómo la con-dición socioeconómica condiciona el acercamiento y el uso, pues el uso de las mismas genera reproducciones del capital cultural.

En los sectores populares, la representación sobre los usos y posibi-lidades de la computadora se construye fundamentalmente sobre la base de la experiencia social de la desigualdad en el acceso a otros bienes culturales, en las que muchas otras formas de “no tener ac-ceso” contribuyen a configurar el sentido primordial de esta nueva forma de inaccesibilidad . Frente a esto se impone una visión instru-mental de la computadora en la que prevalece la idea de que en el futuro solo los hombres y las mujeres que sepan manejar de forma eficiente este aparato serán capaces de progresar (Winocur, 2004).

Si la apuesta es hacia ellas como movilizadores sociales, es necesario entender el concepto de movilidad social. Dicho con-cepto permite analizar con cuáles opciones cuentan las personas para cambiar su estado social, económico, educativo y así incidir y ser partícipes de todos los beneficios que el Estado tiene como función proveer a su vez; además de que la movilidad social se opone a la marginación y por tal coadyuva a la búsqueda de vi-

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das más dignas y justas; desde un enfoque académico y metodo-lógico la movilidad social mide la igualdad de oportunidades en una sociedad; por tal presentamos a continuación un panorama general de México en este tema recapitulado del Informe de mo-vilidad social en México 2013.

En cuestión de movilidad social desde un enfoque generacio-nal, nuestro país cuenta con una movilidad relativamente favo-rable en los estratos socioeconómicos medios, sin embargo en los estratos más bajos se observa que 48 de cada 100 mexicanos que provienen de hogares del quintil más bajo de la distribución se mantienen , mientras que 52 de cada 100 mexicanos que pro-vienen de hogares del quintil más alto de la distribución no se mueven de ahí.

Acerca de la movilidad educativa o las oportunidades de edu-cación para los mexicanos, el informe reporta un mejoramiento a lo largo de las últimas décadas, los hijos de padres con edu-cación universitaria lograron una educación en una tasa casi 5 veces mayor que aquéllos de padres con estudios de primaria terminada, así mismo el origen de las personas condiciona a las mismas en el nivel medio y medio superior.

Respecto de la movilidad ocupacional, o la realización de las personas en el mercado de trabajo, el informe analiza que sólo 6% de las personas cuyo padre cuenta con una ocupación manual de baja calificación, alcanzó una posición no manual de alta calificación, incidencia 7 veces menor a la que alcanzaron las personas cuyo padre contaba con una posición no manual de alta calificación (41%). Mientras que la movilidad en función del estatus socioeconómico mostrada en el informe nos dice que cuatro de cada cinco (81%) se mantienen en esa misma posi-ción o bajan al quintil. Seis de cada diez entrevistados (60%) se mantienen en su posición de origen o suben al quintil 2. En los estratos socioeconómicos más bajos, hay alta persistencia en la posición de origen.

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El informe plantea además que los factores psico-culturales, más que los económicos, son los que influyen en el bienestar de las personas, y se sugiere una tendencia de los mexicanos a pensar que las cosas siguen igual para ellos, por tal muchos no invierten esfuerzos adicionales en formación de capacidades al percibir que éstos no generan ganancias de largo plazo. El 69% de las respuestas mencionan que la pobreza tiene que ver con características individuales (falta de empleo, falta de educación y flojera) que pueden ser mejoradas vía la intervención de políticas públicas, así mismo el 74% de los encuestados piensa que se debe a la educación, la iniciativa personal y el trabajo responsable.

En este sentido, las tecnologías de la información y comuni-caciones generarán movilización social en tanto se consoliden como mecanismo de generación de oportunidades y ampliación del panorama de desarrollo de los individuos y sean accesibles para todos. Pues hasta ahora, podemos observar que sucede que “los que están en mejores condiciones de aprovechar las posibi-lidades de creación y comunicación en la Internet no son todos los que tienen acceso a una computadora (condición necesaria pero no suficiente), sino los que poseen un “capital informacio-nal” [...] la capacidad financiera para pagar la utilización de re-des electrónicas y servicios de información, la habilidad técnica para manejar las infraestructuras de estas redes, la capacidad intelectual para filtrar y evaluar información y la habilidad de aplicar información a situaciones sociales” (Hamelink, 1995, ci-tado por Winocur, 2004)

ciUdadanía digitaL

El perfeccionamiento de la democracia a través de los movi-mientos sociales para generar un reajuste en el ejercicio del poder debe cambiar de enfoque, de tal manera que no se per-

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siga el poder si no la revaloración y consecución de la dignidad humana, pues la consolidación de la democracia requiere de la humanización de la política. Desde la perspectiva de John Holloway (2005) en Cambiar el mundo sin tomar el poder, la lucha contra el poder deberá residir en la transformación de su propia existencia, que implique el reconocimiento de la digni-dad humana en las relaciones sociales y el cuestionamiento de la naturaleza del Estado. Lograr una diferenciación con los que ostentan el poder, requiere de la búsqueda de nuevas formas, no se necesitan nuevos partidos ni más guerras, incluso a veces no se necesita ganar las elecciones, si no cambiar el mundo sin tomar el poder.

Esto sin duda representa una tarea compleja, donde el pro-ceso no merme el optimismo y abunde en frustraciones, por ello las TIC podrían permitir la documentación y viralización de lo positivo, mientras canalizan las frustraciones o las ami-noran al hacer procesos un tanto más fluído. Y aunque bien hemos insistido en que las tecnologías no transforman la rea-lidad por sí mismas, su utilización inteligente y creativa en las acciones sociopolíticas deberá ser crítica, entendiendo las li-mitaciones, alcances y formas en las que éstas han reordenado la vida social.

La esperanza en ellas reside en su capacidad para facilitar que el ciudadano se sirva de ellas para ampliar su margen de acción y participación, formar redes sociales y solidaridades comparti-das, para debatir ideas y hacer propuestas plurales y novedosas, en fin, para fortalecer su presencia, incidencia y participación en el fortalecimiento de la democracia y el mejoramiento de la sociedad en su conjunto, incluida su forma de gobierno. Las TIC facilitan extraordinariamente el acceso a la información y la ges-tión del conocimiento. En lo que se refiere al ámbito organiza-cional permite adaptarse y ser flexibles a nuevas circunstancias. Y desde luego en tanto el ciudadano aproveche y potencialice

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beneficios de las mismas pujando y abriendo nuevos espacios; y sobre todo conforme el ciudadano se entienda a sí mismo como ciudadano digital.

La ciudadanía digital puede describirse desde la perspecti-va de los derechos humanos en la denominada sociedad de la información, que se interroga sobre los derechos y deberes de los individuos entorno a las nuevas tecnologías. Finlandia, por ejemplo, declaró como derecho constitucional la conexión a In-ternet, al considerarlo como servicio público básico.

La ciudadanía digital supone ciudadanos mejor informa-dos que enriquezcan la opinión pública general y estén más atentos a las cuestiones de la vida pública. Este concepto nos habla de la generación de conciencia de participación, la ciu-dadanía política deberá complementarse con la ciudadanía digital, que a su vez implica la formación de identidades glo-bales y multiculturales que interactúan de forma igualitaria. El que se concibe a sí mismo como ciudadano digital ha pasa-do por un proceso de empoderamiento, sabe hacer uso de sus capacidades para aprovechar las oportunidades que ofrecen los nuevos escenarios de las nuevas tecnologías en forma crí-tica y creativa.

El avance en el desarrollo de estrategias e incorporación de tecnologías de información y comunicaciones en los países en desarrollo dista de la realidad de los países que ya han logra-do generar desarrollos digitales sólidos. México, por ejemplo, desde hace trece años ha incorporado en sus planes de desarro-llo nacional este tema y lo ha incorporado a la agenda pública nacional, sin embargo esto no ha sido suficiente. El contexto al interior de las entidades federativas es una muestra de las di-versas realidades sociales, económicas y políticas que describen a una nación con problemáticas complejas y particulares, que requieren de generación de políticas públicas adaptadas a las necesidades propias de cada entidad; es decir además de las es-

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trategias para el desarrollo de TIC a nivel nacional, habrán de generarse las pertinentes a nivel local.

Por agenda digital entendemos como un conjunto de políti-cas públicas para el desarrollo tecnológico de un país, entidad federativa, región o ciudad. La mayoría de las estrategias, se en-focan en incrementar el uso del Internet para crear un impacto en el desarrollo económico y social.

Para conocer, como han desarrollado algunos gobiernos sus estrategias de desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones, se presenta a continuación la misión, visión y ejes estratégicos u objetivos de las llamadas agendas digitales de Chile, Colima, y la reciente Estrategia Digital Nacional, lanzada por el gobierno de la república en Noviembre de 2013.

agenda Digital, Chile “Imagina Chile 2013-2020”

La Agenda Digital de Chile –una de las naciones latinoameri-canas que ha mostrado avances significativos en el tema desde hace varios años– fue lanzada por el Presidente Sebastián Piñe-ra Echenique. Descrita como una agenda ambiciosa, se lanza además como una invitación a todos los sectores de la población a sumar esfuerzos.

La misión de esta agenda, también llamada Imagina Chile, es transformar la economía chilena en una economía del cono-cimiento, sustentable e inclusiva, logrando que las tecnologías de información y comunicaciones representen al 2020 un 10% del PIB del país, a través del uso generalizado de las tecnologías como facilitadoras del cambio. El gobierno de Chile, habla de la necesidad de que sus ciudadanos estén insertados plenamente en la era digital, y describe a la tecnología como el paso para que los países encuentren su pleno desarrollo, así pues, cuenta con una visión sintetizada de la siguiente manera:

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Chile, un país plenamente conectado con el mundo, con más opor-tunidades, construido alrededor del talento, emprendedor, inno-vador y competitivo, un país que se moderniza constantemente, y donde las personas tienen un entorno favorable para el desarrollo de sus actividades en el mundo digital. (Agenda Digital Imagina Chile 2013-2020)

Los ejes estratégicos de esta agenda son Conectividad e in-clusión, Entorno para el desarrollo digital, Educación y capaci-tación e Innovación y emprendimiento; y en cada uno de ellos se describen líneas de acción e iniciativas concretas para alcanzar la misión y la visión anteriormente descritas. Si bien, la conec-tividad y cerrar la brecha digital continúan siendo uno de los grandes propósitos de esta agenda, es notable la mención que hacen hacia generar busca una economía del conocimiento, for-taleciendo el capital humano.

Estrategia Digital Nacional, méxico

El 25 de Noviembre de 2013, se dio a conocer la Estrategia Di-gital Nacional, un proyecto del gobierno federal que tiene como objetivo general mejorar el índice de digitalización establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-micos (OCDE) en 2018. Para ello cuenta con la siguiente misión “Facilitar el acceso y promover la utilización de las tecnologías de información y comunicaciones en la vida cotidiana de la so-ciedad y del gobierno para que éstas contribuyan al desarrollo económico y social del país, y a mejorar la calidad de vida de las personas” (Presidencia de la República, 2013)

Plantea además una visión que busca “Un México Digital con una sociedad conectada, participativa e innovadora que poten-cializa sus capacidades para tener mejores oportunidades; y un

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gobierno abierto, cercano, moderno y transparente, que garan-tice que la tecnología sea motor del desarrollo del país.” (Presi-dencia de la República, 2013)

Para el logro de la misión y visión antes descritos, la Estra-tegia Digital Nacional, cuenta con cinco objetivos principales: Transformación gubernamental, Economía Digital, Educación de Calidad, Salud Universal y efectiva y Seguridad Ciudadana; así mismo cuenta con objetivos transversales denominados ha-bilitadores y que son Conectividad, Inclusión y habilidades, In-teroperabilidad, Marco jurídico y Datos abiertos.

La Estrategia Nacional Digital, toca algunos puntos que an-teriormente se plantearon en el proyecto e-México, proyecto desarrollado en la administración 2000-2006 a cargo del pre-sidente Vicente Fox. El proyecto e-México, estaba integrado por las dependencias de la Administración Pública Federal, y funcionó bajo la figura de fideicomiso. Como política pública, el Sistema Nacional e-México, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), buscaba impulsar la tra-dición del país a un nuevo entorno social, económico y político, propiciar la transición de México a la Sociedad de la Informa-ción y el Conocimiento, dar cumplimiento a los compromisos internacionales en esa materia. Para su diseño se realizó un Foro de Consulta Ciudadana, después del cual se definieron tres estrategias básicas: Conectividad, Contenidos y Sistemas; sobre los cuáles se desarrollarían los servicios del Sistema Na-cional e-México. Además se crearon cuatro pilares para el desa-rrollo de contenidos y servicios: e-aprendizaje, e-salud, e-eco-nomía y e-gobierno.

Ante estos dos proyectos de agenda digital para México, que cuentan con puntos similares, podemos cuestionar y analizar los esfuerzos o proyectos incompletos, sin olvidar que para el éxito de las políticas públicas en esta materia, deben contem-plarse la intervención de otros factores como la educación y

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la cultura de los mexicanos. Es evidente que para alcanzar las metas planteadas habrá que resolver cuestiones fundamentales como las relativas a las normativas y regulaciones en sector de telecomunicaciones y las leyes secundarias aún no aprobadas de la reforma en telecomunicaciones.

agenda Digital, méxico, Colima

Desde hace varios años, el estado de Colima ha sido citado como referente y experiencia exitosa en la implementación de estra-tegias para el desarrollo de las TIC. Parte del éxito de Colima en este rubro se debe a que lo impulsó en forma tempran y oportu-na, desde la reforma constitucional realizada el 9 de Octubre de 2010, donde se plasmó el derecho a los ciudadanos de acceder a la sociedad de la información y el conocimiento.

Es derecho de los colimenses, acceder a la sociedad de la informa-ción y el Conocimiento, como una política de Estado, para lograr una comunidad integrada y Totalmente intercomunicada, en la que cada uno de sus integrantes viva en un entorno de igualdad de oportunidades, con respeto a su diversidad, preservando su identi-dad cultural y orientada al desarrollo, que permita un claro impac-to en todos los sectores de la sociedad. (Constitución Política del Estado de Colima, Artículo 1)

Posteriormente se generó una Ley de Impulso a la Sociedad de la Información y el Conocimiento y un comité para desa-rrollar el proyecto. La Agenda Digital de Colima cuenta con los siguientes ejes estratégicos, Acceso Universal, Educación y ca-pacitación, Desarrollo Digital del Sector Empresarial, Actualiza-ción de marco jurídico, Participación ciudadana en uso de tics, Atención a grupos especiales y Gobierno Electrónico.

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Colima ha ganado varios premios a la innovación guberna-mental, y fue el primer estado en incorporar un kiosco de ser-vicios electrónicos, además de contar con una ley de firma elec-trónica que ha facilitado muchos procesos de interacción entre el sector público y el privado.

La comparación de las agendas digitales anteriores nos per-mite ver que para estrechar la brecha digital se requiere de que las acciones tendientes a este propósito se elaboren a partir ar-ticulación entre el sector público y la sociedad en general, con la participación activa de universidades, empresas de tecnología estatales y organizaciones de la sociedad civil .

El desarrollo tecnológico es necesario para la transferencia de conocimiento y para el crecimiento económico, los negocios de base tecnológica suelen ser de alta y muy alta rentabilidad, además de tener una gran escalabilidad y de la capacidad de im-pactar de manera significativa en los demás sectores de la eco-nomía; la apuesta por el impulso al desarrollo de este sector es una opción estratégica para aumentar la competitividad de los países, regiones, estados y municipios. La innovación tecnológi-ca resulta clave para promover cambios en las estructuras esta-tales, incrementar la productividad y reducir la brecha digital. El sector de tecnologías de información y comunicaciones alre-dedor del mundo se encuentra en expansión acelerada mientras que el mercado crece generando interesantes oportunidades.

El documento Base de conocimiento sobre el PROSOFT 2.0 realizado por la consultoría C230 para la Secretaría de Economía señala que “entre 2005 y 2011, las ventas del sector de Tecnolo-gías de la Información (TI) en México aumentaron en más de 100%, alcanzado casi 169 mil millones de pesos (aproximada-mente 13 mil millones de dólares) en 2011. De este monto, apro-ximadamente 40% provino de las exportaciones. En 2012, Mé-xico se convirtió en el tercer país exportador de servicios de TI a nivel mundial, sólo después de India y Filipinas.” (C230, 2012)

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Así mismo, describe la ampliación del capital humano em-pleado en el sector de tecnologías de la información, señalan-do un total de 180, 000 trabajadores en empresas de desarrollo de software, y una perspectiva de crecimiento en 2016 de hasta 212, 000 mil empleos. Las empresas que operan en este sector son en su mayoría micro, pequeñas y medianas, en 2011 se con-tabilizaban 3237 de ellas, adicionalmente existen siete transna-cionales con operaciones en nuestro país que concentran hasta el ochenta por ciento de los ingresos y empleo de esta industria.

Por otra parte, en el Diagnóstico del Sector TIC en México: Conectividad e Inclusión Social para la mejora de la producti-vidad y el Crecimiento Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad 2012, se describe el impacto de la industria de medios interactivos en México, compuesta principalmente por micro y pequeñas empresas, dicho diagnóstico señala que “el 56% de las empresas de esta industria emplean como máxi-mo 10 trabajadores, mientras que el 33% son pequeñas compa-ñías que ocupan entre 10 y 50 trabajadores” (Palacios, 2012)

El sector de las tecnologías de la información y comunicacio-nes es atractivo para la inversión y la generación de valor agre-gado, lo cual expone su relevancia para el desarrollo económico en el país. En materia de inversión en este sector “México tiene un largo camino por recorrer. Si comparamos el sector de capi-tal de riesgo (VC) en México con el de EE.UU., las diferencias son impresionantes. EE.UU. cuenta con 923 empresas de capi-tal de riesgo registradas, que en el año 2012 realizaron 3,752 in-versiones por un total de 29 mil 100 millones de dólares. Por su parte, en México existen 14 organizaciones de este tipo, que en el 2012 realizaron 19 inversiones por 200 millones de dólares.” (Kieffer, 2013). Las inversiones que se realizan en empresas de este rubro son principalmente de capital nacional, de acuerdo con datos de la empresa SELECT, en 2012 el 86% de la inversión de capital era nacional, en comparación con tan sólo 14% capital

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extranjero. México se ha posicionado como un destino para la subcontratación en el rubro de tecnologías de la información, logrando una participación del 5% en el mercado mundial de subcontratación.

De manera adicional el diagnóstico describe que los ingresos del sector han crecido de manera sostenida en los últimos años, y que su crecimiento ha superado el incremento del PIB, el uso de tecnologías de información y comunicaciones ha estado aso-ciado con un incremento de hasta 20 por ciento en la producti-vidad de las empresas. Una apuesta reciente para el desarrollo de este sector es el apoyo hacia empresas de base tecnológica innovadoras, las denominadas startup. El apoyo gubernamen-tal necesario para que estas se desarrollen debe ir tendiente a destinar financiamiento, y generar reformas a los marcos regu-latorios.

De acuerdo con las estadísticas de comercio exterior reporta-das por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en 2012 el total de exportación de bienes en Tecnologías de Información y Comunicaciones ascendió a 31 340 millones de dólares en con-traste con la importación realizada de estos bienes que sumó un total de 37 698 millones de dólares. En relación con los bienes exportados observamos en la siguiente gráfica que en su mayo-ría fue en computadoras y equipos electrónicos (69%). “El prin-cipal destino de las exportaciones del sector de tecnología es EEUU que recibe aproximadamente 80% del total, seguido por los países de la Unión Europea que reciben alrededor de 15% de las exportaciones y los países de América Latina que son destino de la mayor parte de las exportaciones restantes. (Secretaría de Economía, 2012).

Mientras que las importaciones de este tipo de bienes es principalmente de componentes electrónicos (42.6%) seguido por computadoras y equipo relacionado (37.1%), como observa-mos en la Figura 15.

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Exportaciones de bienes TIC en 2012

Importaciones bienes TIC 2012

62%Computadoras

y equipo relacionado

16%Otros bienes

TIC

9% Equipo deaudio y video

4% Equipo detelecomunicaciones

9%Componentes

electrónicos

Computadoras y equipo relacionado

37%

Equipo de telecomunicaciones

2%

Equipo de audio y video

6%

Componentes electónicos

43%

Otros bienes TIC

12%

Figura 14. Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI.

Figura 15. Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI.

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Las agrupaciones empresariales en este sector han ayudado a impulsar la economía del mismo, así como la de otros sectores a través de los clusters. Estos pueden definirse como “un grupo, geográficamente próximo, de empresas interconectadas entre sí e instituciones asociadas en un campo particular y ligadas por externalidades de varios tipos” (Porter, 2003). La proximi-dad e interdependencia son componentes esenciales de los clus-ter, la proximidad se puede entender como la cercanía entre las empresas y la interdependencia como la interrelación funcional.

Además, un cluster cuenta con otras características de acuer-do con Cortrigth (2006) como la relación entre oferentes y de-mandantes y las cadenas de valor con un ciclo de vida o como un continuo proceso, donde es esencial la innovación. Consi-deramos importante mencionar, algunas perspectivas teóricas de Humphrey y Schmitz, (2002) que incorporan el concepto de gobernanza a la idea de cadenas de valor, entendiendo por ello a la manera en que se gobiernan las relaciones entre los varios actores y segmentos productivos involucrados en una misma ca-dena, además describe las relaciones entre empresas y los me-canismos institucionales que crean coordinación, misma que se alcanza cuando actores negocian, y se fijan parámetros a cum-plir. En este sentido, se entiende la toma de decisiones, en los clusters.

La Secretaría de Economía define los cluster de tecnologías de información, como agrupaciones empresariales que, regular-mente se constituyen en una Asociación Civil, con el principal objetivo de promocionar las capacidades de las empresas, or-ganizaciones e instituciones que la integran. En México se han identificado 23 clusters de tecnologías de la información , ubica-dos en 20 Entidades Federativas.

En el desarrollo del sector de las TIC el factor clave es el capi-tal humano, por lo que se requiere de una política educativa de fondo, que fomente el desarrollo de recursos humanos altamen-

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te calificados que precisan las corporaciones internacionales, y que al mismo tiempo permita el apoyo y creación de empresas nacionales. También es necesario que los clusters consideren un enfoque en demandas de la región, sin olvidar que el enfoque de cadenas de valor globales permite dar cuenta de las actividades que ocurren fuera del cluster y, sobre todo, entender el significa-do de las relaciones de los productores locales con los principa-les actores externos, el rol los compradores globales y la forma de organización de la cadena de valor definen las oportunidades de modernización de las de las empresas locales.

La política pública federal para este sector denominada Pro-grama para el Desarrollo de la Industria del Software (PRO-SOFT), fue creada en octubre del 2002 con el objetivo principal de aumentar la competitividad en la industria TI a través del fortalecimiento del sector y la consecución de tres metas prin-cipales: alcanzar una producción de Software de 5 mil millones de dólares, alcanzar el gasto promedio mundial en tecnologías de la información y ser el líder en producción de Software de Latinoamérica y España. En 2012 de destinaron a este progra-ma 715.8 millones de pesos que en su mayoría se destinaron a subsidios para difundir el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el país y para volver competitiva a la indus-tria del software.

Para 2013, los objetivos de PROSOFT 2.0 fueron: alcanzar una producción anual de servicios de TI y de software de 194 mil millones de pesos, incrementar el empleo en este sector, po-sicionar a México como líder latinoamericano, incrementar el gasto en tecnologías de información a 2.3% del PIB (de 1.0% en 2006)

En 2011, se contabilizaban aproximadamente 54 mil perso-nas trabajando en proyectos de desarrollo en servicios de tec-nologías de información y comunicaciones de los 43 de los 180 mil empleados del sector, de acuerdo con datos de la consul-

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toría C230. Lo cual muestra la necesidad de contar con perso-nal especializado en carreras relacionadas con las tecnologías de información y comunicaciones, en relación con ello podemos señalar que en 2011, casi 38,000 estudiantes se graduaron con títulos de educación superior (licenciatura y posgrado) en áreas relacionadas.

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qUINTo CaPÍTUlo

ParlamENTo aBIErTo, UNa ProPUESTa Para TraNSParENTar El PoDEr lEgISlaTIVo

Algunas de las bondades asociadas a las tecnologías de información y comunicaciones son su inmediatez, la re-ducción de costos y la facilidad de interacción que puede

efectuarse a través de ellas, potenciar estas características po-dría coadyuvar al fortalecimiento y aminoración de la crisis de los sistemas democráticos. En el capítulo anterior abordamos las ventajas de las tecnologías de la información y comunica-ciones y describimos algunos de los casos de éxito en el que su implementación en procesos sociales hicieron al mundo replan-tearse la forma de participar en política. Así mismo, planteamos una reflexión en torno a cómo el imaginario social construido alrededor de los beneficios de las tecnologías también puede hondar en su sobrevaloración, amenazando con que se pierda la noción de que para perfeccionar los sistemas políticos se debe profundizar en la generación de soluciones de fondo y no sólo de forma, sobre todo si se busca perfeccionar y desarrollar la democracia.

Las TIC no funcionan por sí mismas con sólo adoptarlas o in-corporarlas en las instituciones gubernamentales; para generar cambios de impacto en el sistema político es menester promo-ver modificaciones estructurales y comenzar un ejercicio de re-ingeniería de los procesos en las actividades gubernamentales, así como nuevos arreglos institucionales que permitan habilitar la capacidad de hacer en el poder. Lo anterior debe ir acompa-ñado de una serie de acciones que ayuden a entender y asimilar

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el proceso de apropiación de la tecnología por los actores que harán uso de ella.

A lo largo de este capítulo se plantea la forma como una pro-puesta para la consolidación de una Parlamento Abierto en Mé-xico puede incidir en la generación de una nueva visión en torno a la interacción de la ciudadanía con los procesos de elaboración de política legislativa. Así mismo, se buscará responder a la inte-rrogante sobre si las TIC pueden acelerar el proceso de apertura del poder legislativo, haciéndolo un órgano más transparente.

Se espera que esta propuesta sirva para orientar y promo-ver las discusiones alrededor de la necesidad de reconfigurar el quehacer del parlamento en función de mejorar la interacción de éste con la ciudadanía, fortalecer los vínculos con ella y per-feccionar sus acciones al abrir espacios para la sociedad civil. La generación de mecanismos continuos para relacionarse con la población es imprescindible en el proceso de representación en un régimen democrático y coadyuva a recobrar la confianza en el sistema político por parte de la ciudadanía.

La presentación de esta propuesta busca además detonar preguntas que enriquezcan el debate en torno a la democracia en nuestro país y mostrar nuevas posibilidades de diseños ins-titucionales en el que se muestre la voluntad política de contar con nuevas prácticas participativas en las agencias guberna-mentales.

Como ya vimos, en la democracia de la antigua Grecia la con-figuración de lo público requería de la participación activa de todos los ciudadanos, bajo el entendimiento de que se consi-deraba público todo aquello que afectaba a, o era de interés de, la comunidad y la participación se realizaba en un ambiente de libertad.

La idea del espacio público de acuerdo con Habermas, citado por Sahuí (2002), está se refiere al lugar de la vida social don-de se forma la opinión pública, se trata de un escenario institu-

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cionalizado de interacción entre ciudadanos donde examinan, debaten y deliberan sobre sus asuntos comunes. El espacio pú-blico es así el lugar donde se discuten y dirimen de forma racio-nal y argumentativa, las inquietudes de la vida en sociedad y se articulan la suma de voces que configuran la opinión pública.

Las TIC plantean la posibilidad de reconfiguración del espa-cio público, es decir, abren o visibilizan nuevos problemas pú-blicos, interrogan sobre el papel de los distintos actores del sis-tema político ante su configuración como espacios ciudadanos de participación y toma de decisiones.

El incalculable flujo de información de los nuevos medios de comunicación puede hacer que la reconfiguración del espacio público a través de las TIC no logre articularse o valorarse de forma sistemática; ello evidencia, además, la necesidad de la apertura de información pública para generar diálogos más sus-tantivos y que el espacio público se forme a partir de verdaderos asuntos comunes y de interés general, y no sólo por aquellos relacionados con grupos o actores de mayor influencia política. En ese sentido, la transparencia es ahora más que nunca una herramienta valiosa e indispensable para el fortalecimiento de la democracia.

Lo transparente se relaciona con los objetos a través de los cuales puede verse claramente, cuando se puede observar a tra-vés de un cuerpo es posible conocer su estructura, o en el caso de los fenómenos sociales sus causas y posibles consecuencias. Relacionar la transparencia con el espacio público minimizar los espacios fuera de la vista y escondidos, y reducir al mínimo la información que no se muestra o de la que no se habla, pues solo así se enriquece la vida política de la comunidad y la parti-cipación democrática.

Poder acceder a información pública para conocer cómo se darán soluciones a los problemas de la ciudadanía permite a su vez que ésta no se desvincule de la vida política, es decir que no

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se sienta ajena a los asuntos políticos, ni se atomice o cierre so-bre sí misma. Una ciudadanía bien informada sobre los asuntos públicos genera compromiso con el desarrollo de su país, y sólo aquellos gobiernos descritos como transparentes ofrecen datos de su quehacer para promover la participación, y para recibir retroalimentación; es decir la transparencia contribuye no solo a evitar la corrupción, sino también para facilitar la rendición de cuentas y hacer más eficientes los procesos y mecanismos de gestión, en medida que el ciudadano tiene derecho a recibir información sobre lo que hacen con el dinero de sus impuestos y está, en consecuencia, en posibilidades de participar más acti-vamente en el debate sobre su mejor uso social.

La transparencia del espacio público permite, así mismo, al ciudadano mantener una vigilancia sobre la acción del Estado y evaluar su desempeño de mejor manera, permitiéndole emi-tir su opinión con la finalidad de brindar una retroalimentación pertinente y oportuna, así como una valoración del desempeño de las autoridades para que éstas puedan mejorar su quehacer.

A pesar de sus evidentes virtudes, la institucionalización de la transparencia en la vida política de los Estados modernos ha sido difícil debido sobre todo a la resistencia de los mismos actores políticos y a la cultura de servicio prevaleciente. Por lo regular, los funcionarios públicos no observan así mismos des-de perspectiva de servicio, si no como autoridad poseedora de poder que necesita protegerse para mantener sus ventajas y pri-vilegios, lo que provoca la evasión de toda visibilidad en el ejer-cicio del poder.

Las democracias modernas para su perfeccionamiento de-ben cuidar tanto sus procesos políticos como el resultado de sus acciones, el ejercicio del poder político debe tener su base en principios como la equidad, la participación y el consenso; lo cual permitirá generar gobernabilidad, entendida como la vin-culación del sector gubernamental con el sector privado y social.

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El calidad de un sistema se puede apreciar contemplando la transformación de sus mecanismos de retroalimentación y en su capacidad para percatarse de como el comportamiento de un elemento de un sistema modifica el comportamiento de otro en función de la relación que mantienen entre sí; en el caso de un sistema político los procesos políticos así como los como buro-cráticos generan transformaciones de las necesidades de la po-blación en políticas públicas o programas.

La transparencia como política pública tendiente a mejorar la gobernabilidad debe comenzar a transitar por el ejercicio del poder desde perspectivas más horizontales que reconozcan el papel estratégico de la ciudadanía. En este sentido, la transpa-rencia entendida como una política pública, se explica en razón de la gobernanza, porque se relaciona con prácticas horizonta-les del poder, que contribuyen a conceptualizar de manera dife-rente el papel del gobierno.

Los gobiernos en la actualidad deben concebirse como gene-radores de puentes y vínculos, en un constante ejercicio de iden-tificación de las áreas de oportunidad al interior de sus agencias dónde se requiere de innovación y de mejorar procesos para sa-tisfacer las necesidades de sus gobernados.

En México la cultura de la transparencia se ha comenzado a desarrollar recientemente, a pasos cortos aunque significati-vos, como la incorporación del reconocimiento del derecho a la información a favor de los ciudadanos en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Sin embar-go, aún enfrentamos enormes retos en este tema como muestra el Indice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010 de la organización Transparencia Mexicana, un estudio que mide la corrupción que afecta a los hogares. Este se calcula a partir de los resultados de las encuestas realizadas a jefes de hogar con la

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finalidad de hacer un registro de la corrupción en los diferentes niveles de gobierno y el que sucede en las empresas particula-res. Entre los datos más significativos y preocupantes podemos observar3 que la frecuencia de corrupción a nivel nacional es de 10.3 lo cual ha incrementado desde la última encuesta de medi-ción de este índice en 2007. Además de los 35 trámites analiza-dos, se concluyó que en sólo en 14 se sedujeron sus niveles de corrupción, mientras que 21 trámites empeoraron sus niveles de corrupción.

Se contabilizaron además, 200 millones de actos de corrup-ción, incrementando respecto de 2007 donde la cifra fue de 197 millones. Mientras que el estudio afirma que una “mordida” costó $165 pesos en promedio a los hogares, que en suma hacen 32 mil millones de pesos destinados acceder o facilitar a deter-minados trámites o servicios públicos, lo cual significa que los hogares en promedio destinaron hasta 14% de su ingreso en este rubro.

Para promover la transparencia, desarrollar estrategias so-bre Gobierno Abierto puede ayudar a las entidades guberna-mentales a poner a disposición información y datos públicos de utilidad, para que la ciudadanía colabore a través de su derecho a la información a prevenir la corrupción e incentivar las buenas prácticas. Así mismo, facilitará enfrentar algunos de los retos de la democracia que hemos descrito anteriormente como la crisis de representatividad, las desigualdades sociales, la pérdida de confianza en los actores políticos; observamos que el gobierno debe comenzar a concebirse a sí mismo desde un enfoque de apertura y participación y en este sentido explorar las maneras de consolidarse como gobiernos abiertos.

3 Tomando en cuenta que se ha calculado sobre una escala del 0 al 100, donde a menor puntaje menor corrupción.

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¿qUé es eL gobierno abierto?

Para hablar de gobierno abierto, no puede citarse una defini-ción única, diversos autores en torno al tema coinciden en la numerosa cantidad de enfoques para hablar de este concepto; sin embargo coincidimos con la aproximación a este concepto de Jaqueline Peschard (2011) que describe al gobierno abierto como una “iniciativa en iniciativa en marcha, que engloba mu-chas aspiraciones de sectores distintos de la sociedad” como proceso dinámico, Peschard explica que este va construyéndose por sus implementadores en la mayoría de los casos por medio del aprendizaje a través de otras experiencias y resultados.

En su informe del año 2003, la Organización para la Coope-ración y el Desarrollo Económico (OCDE), concebía el Gobierno Abierto como plataforma para regir el acceso a la información y la participación pública, mencionando la necesidad de los go-biernos de vincularse con la sociedad civil; por tal la OCDE de-fine el Gobierno Abierto como “la transparencia de las acciones que realiza un gobierno, la accesibilidad a los servicios e infor-mación pública, y la capacidad de respuesta del gobierno a las nuevas ideas, demandas y necesidades. (OECD, 2005); además cita beneficios como el restablecimiento de la confianza en el gobierno, tener mejores resultados en las administraciones pú-blicas menores costos, elevar los niveles de cumplimiento de las tareas gubernamenetales, formular políticas públicas más equi-tativas, fomentar la innovación, y hacer uso eficiente del conoci-miento y recursos de los ciudadanos para eliminar las barreras de participación.

El gobierno abierto como buena práctica se ha populariza-do entre los Estados que persiguen el perfeccionamiento de su democracia y se ha establecido como novedoso modelo de go-bernanza, lo cual abarca el desarrollo de mecanismos, estructu-ras e interacciones entre los actores de un sistema político. La

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existencia del gobierno abierto de debe en cierta medida al auge del Internet y de la incorporación de ésta y otras tecnologías de la información y comunicaciones en el quehacer gubernamen-tal, a la demanda creciente porque los actores gubernamentales adoptaran como valor institucional la transparencia y la rendi-ción de cuentas, la urgencia de integrar sistemas de pesos y con-trapesos en los sistemas políticos para evitar su colapso, además del apremio a incentivar la participación ciudadana para contar con democracias más sólidas pues el simple ejercicio del voto mostró no ser suficiente para asegurar la soberanía popular.

El gobierno abierto es también una estrategia de reinge-niería, pues obliga a concebir de manera diferente los proceso por medio de los cuales se da solución a las necesidades de los ciudadanos, cambiando la perspectiva del gobernado, hacia la conceptualización del ciudadano como cliente que exige rendi-ción de cuentas, los gobiernos reconocen la fuerza del empo-deramiento de la ciudadanía y su urgencia a la expansión de la democracia afirmando entonces, la prioridad de estos en las agendas públicas y su reconocimiento como actores estratégicos para crear valor social.

Los Estados que han buscado afianzarse como gobiernos abiertos, han sido los mejores promotores del mismo a través de su experiencia, pues han demostrado que la gestión que se rea-liza con las aportaciones y respaldo de la ciudadanía da resulta-dos sobresalientes, pues la solución o atención a los problemas públicos se comprenden desde perspectivas más amplias toda vez que se hace uso de la inteligencia colectiva y se crean marcos de confianza en las instituciones al establecer diálogos. Esto se genera a través de la apertura de información que al ser usada en el diseño de soluciones genera valor agregado e innovación.

El Gobierno abierto, se puede entender como una política pública con visión al fortalecimiento del Estado desde un en-foque innovador, en la que la información pública será de vital

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importancia para que en suma con las tecnologías de informa-ción se afiancen los procesos de toma de decisiones. Además se asume como una propuesta viable en costos y redituable en resultados porque habilita los proceso de comunicación entre los diferentes actores del sistema político y la retroalimentación sobre las acciones gubernamentales. Esta tendencia promete cerrar brechas entre el gobernante y el gobernado y llenar las carencias de la democracia representativa resultando en el con-trato de compromisos por todos los participantes de la vida po-lítica de los Estados. Al final, no solo se trata de la persecución de un ideal democrático sino de una apuesta por construir una ciudadanía más integral y de una cultura política más afable. Como una tendencia que más allá del discurso, ha mostrado en aquellos gobiernos y sociedades que comienzan a incorporar prácticas y acciones de esta índole, los beneficios de permitirse transformar sus instituciones, su normatividad, sus procesos de toma de decisiones y en general la forma en como se relaciona el sector público, con el sector privado y el sector social.

Las políticas de gobierno abierto, dificultan el abuso del po-der, y permiten que los actores políticos tomen mejores decisio-nes. Así mismo, permiten desarrollar una mejor gobernanza, y obtener legitimidad con base en resultados. El gobierno abierto, está vinculado con la democracia deliberativa y participativa, este genera espacios para la conexión entre la sociedad civil, y la ruptura de brechas entre sectores marginados, de tal manera que la gestión de los asuntos públicos permite además la redefi-nición del papel del gobierno.

Calificar al gobierno como abierto es concebirlo desde la apertura, esto implica que esta receptivo a las propuestas, que busca innovar para perfeccionarse, que reconoce sus puntos dé-biles y áreas de oportunidad y que se encuentra disponible a la colaboración con otros sectores para brindar mejores servicios, incluyendo la facilitación de recursos. Además de integrarse a

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la comunidad y de modificar sus estructuras para permitir la inclusión de todo actor que busque contribuir a la mejora del funcionamiento de la sociedad.

El establecimiento de un gobierno abierto, requiere de ir más allá de solo la incorporación de tecnologías de información en su quehacer, o el denominado gobierno electrónico, pasando de la implementación de mecanismos técnicos a la habilitación de instrumentos que cambian la lógica del funcionamiento de sus estructuras para dar resultados, con nuevas concepciones del poder esto a su vez reivindica su rol, y lo prepara para atender los grandes desafíos del contexto actual y las crecientes deman-das de la ciudadanía.

El gobierno abierto también implica cambiar la manera en la que se formulan las políticas públicas, la participación de la ciudadanía en este proceso se ve fortalecida toda vez que hace uso de la información que el gobierno pone a disposición y que sirven para la formulación de soluciones y planes de acción, así como el posterior monitoreo y evaluación de los resultados. El ciudadano funge como contralor social, no solo acompañando la materialización de los proyectos sino como impulsor de esta transformación. Por otro lado, la implementación de gobiernos abiertos tiene como reto que el sector público asuma la respon-sabilidad y se cuente con la voluntad política, al tiempo que vi-sualice sus beneficios sociales y alcance.

En 2011, se lanzó una iniciativa a nivel mundial denominada Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), en la que más de se-senta países hicieron compromisos para promover la transpa-rencia, la participación ciudadana, el combate a la corrupción y el uso de tecnologías de la información para promover la gober-nanza. Para ser elegible para participar de la alianza, se realizó una medición del compromiso de los países a través de diferen-tes indicadores en áreas como transparencia fiscal, acceso a la información, divulgación de información relacionada con fun-

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cionarios de alto rango, y participación ciudadana. El Comité promotor de la AGA, ha enlistado cinco grandes retos para esta iniciativa, a saber, que países mejoren sus servicios públicos, elevar la integridad pública, el manejo eficiente de los recursos, crear comunidades más seguras y aumentar la responsabilidad corporativa.

Para integrarse a la AGA los países interesados deben adop-tar una declaración y desarrollar un plan de acción realizado como resultado de una consulta pública, y comprometerse a in-formar sobre los avances, seleccionando al menos uno de los grandes desafíos: mejora de los servicios públicos como salud, educación, agua potable, justicia penal, telecomunicaciones contemplando la participación del sector privado. Disminuir

Figura 16. “Reunión de alto nivel. Nueva York, 2014” Alianza por el Gobierno Abierto.FO

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la corrupción, promoviendo la rendición de cuentas a través de reformas financieras y habilitación de facilidades a los organis-mos de la sociedad civil para su desenvolvimiento. Manejar los recursos públicos con presupuestos más eficaces, con visión de sustentabilidad y protección a los recursos naturales. Seguridad publica más eficiente con mejora de la atención ante situaciones de desastres naturales. Promoción de la responsabilidad empre-sarial y su rendición de cuentas para protección del consumidor y de salvaguarda del medio ambiente.

El número de personas y la extensión del territorio tienen consecuencias en los procesos de democratización, las opor-tunidades de participación disminuyen, por ello los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información pue-den extender las posibilidades para que ciudadanos se reúnan e informen, para superar los límites del gobierno representativo.

Los retos de la era de la información y el declive de la confian-za en los gobiernos electos demandan ajustes en la democracia actual que entre otras cosas fomente una mayor participación de la ciudadanía a través de las TIC, en la que estas últimas pro-muevan a su vez una cultura democrática plural y participati-va; una democracia que a su vez profundice la distribución y el equilibrio del poder hacia los actores no estatales, transfor-mando las sus estructuras actuales hacia modelos y formas más horizontales y transparentes.

En este sentido bajo la división de poderes, y en mi papel de funcionario público y representante de la población, mi espacio de incidencia inmediato y marco de acción es el poder legislati-vo, como integrante de la LXII Legislatura, en la Comisión Espe-cial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información, a la par de mi perspectiva de joven y mi fascinación por la innovación.

México se ha mantenido a la vanguardia de las tendencias que hemos abordado y ha comenzado a concebir la necesidad de gestionar una agenda digital y visualizar las tecnologías de

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la información como motor vital para el desarrollo del país. En la Comisión que me honro en integrar, hemos entendido que la tecnología es un medio imprescindible para ayudar al desarro-llo y potencialización de la educación, al desarrollo de la salud, la seguridad y como para los políticos para vincularse en for-ma más estrecha con sus representados, para ser cada vez más transparentes en nuestra labor, poder realizar una rendición de cuentas oportuna a los representados y para poder tener un ejercicio real de participación ciudadana también a través de la tecnología.

Aunque aún falta mucho trabajo por hacer, por ser un tema de mi interés personal , sobre todo, por considerarlo tema prio-ritario en la agenda nacional, he iniciado acciones concretas en la materia, como la revisión de leyes relacionadas con la agen-da digital y las tecnologías de la información, lo que además de implicar una enorme responsabilidad, representa sobre todo un gran honor y la oportunidad de hacer historia y servir mejor a la Cámara de Diputados, para lograr un mejor cuerpo legislativo y un mejor país para todos los mexicanos.

La agenda digital ocupa un lugar preponderante en esta se-rie de políticas públicas y de leyes que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología en nuestro país y en beneficio su po-blación. A lo largo de mi participación en la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información he solici-tado a mis compañeros de comisión, que pongamos siempre a la persona en el centro de cada una de nuestras actividades y de nuestras leyes, en cada momento y en cada iniciativa que tengamos.

Dentro de las primeras tareas que desarrollamos está la apro-bación de la reforma en telecomunicaciones. Para esta reforma, el Congreso se dispuso trabajar sobre las leyes secundarias, en particular con las que tienen que ver con la agenda digital y las tecnologías de la información. En este sentido una de las accio-

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nes prioritaria dentro de la agenda digital es la generación de un parlamento abierto, es decir la transformación de los me-canismos de interacción de los congresistas con los ciudadanos y las formas de generar espacios de participación a fin de que permeen en la ejecución de las acciones gubernamentales.

Consolidar un Parlamento Abierto es inclinarse por la bús-queda de transparencia en el desempeño de las funciones legis-lativas, para cambiar la forma cómo interactuamos con los ciu-dadanos y cómo podemos ejercer una comunicación efectiva a fin de generar políticas legislativas más acordes a las realidades y necesidades de las y los ciudadanos a quienes representamos en pos de un México más justo y próspero.

Figura 17. Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información. “Reunión Extraordi-naria Telecom”.

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El entusiasmo generado por Internet puede aprovecharse e impulsarse para de transformarlo en estrategias efectivas, que tengan la posibilidad de integrar a grupos minoritarios en el de-bate de sus intereses y su integración en las agendas legislativas.

¿por qUé eL parLamento?

La crisis de los sistemas democráticos tiene uno de sus princi-pales orígenes en la brecha generada entre el gobernante y el gobernado, dando lugar a una crisis de representatividad; es por tanto el parlamento el escenario óptimo para comenzar a dismi-nuir y, eventualmente, cerrar esta brecha.En México, hemos tenido un arduo proceso de consolidación democrática, en el que después de haber transitado por sistema presidencialista con un partido hegemónico, con un marco de participación democrática muy limitado, se ha alcanzado un ré-gimen democrático de partidos que es necesario apuntalar hacia una democracia plural y participativa plenamente constituida.

En forma similar a la de muchos países latinoamericanos, adoptamos el sistema estadounidense del presidencialismo, combinando la existencia de un presidente electo por sufragio, con un congreso sólido y un poder judicial autónomo. No obs-tante, la adaptación de este modelo al contexto de América Lati-na le daría ciertas peculiaridades, distantes del modelo original. La figura presidencial adquirió durante muchos años poderes meta-constitucionales, debido a los arreglos dentro del sistema político y al papel de las élites políticas y económicas en el ejer-cicio del poder.

[En el modelo presidencialista], los órganos federales asumen una función esencial, tanto en el plano de la economía como en el de la política, aunque ello no niega la importancia fundamental de la

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vida local, bastante dinámica. En el plano jurídico, las autorida-des son competentes para definir las reglas del derecho civil, pe-nal y comercial, por lo cual estas reglas varían de un estado a otro (Espinoza, 2007).

Mientras que el congreso se integra a partir de las distintas perspectivas y realidades del país, como una pequeña muestra de la población en su totalidad.

En el caso de México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se constituyó como partido hegemónico de Estado, en el que las decisiones presidenciales incluían desmesuradamente –y demasiadas veces, despótica y autoritariamente– en las elec-ciones estatales y municipales, así como en los otros poderes, haciendo que a su vez que los candidatos electos, funcionarios, gobernantes y legisladores ajustaran su conducta a los linea-mientos del partido. En tanto que la oposición política veía li-mitada su acción en la espera de la consolidación de un régimen más democrático:

El principal argumento de Linz en su crítica a la viabilidad de los regímenes presidenciales es el siguiente: los partidos de oposición enfrentan una notoria ausencia de incentivos para cooperar con el partido del presidente en el ámbito del poder legislativo, por dos razones. En primer lugar, si ellos cooperan y el resultado de dicha cooperación es exitoso (en términos de crecimiento econó-mico, tasas de desempleo, control inflacionario, etc.), los benefi-cios político-electorales del éxito tienden a ser capitalizados por el presidente y su partido. En segundo lugar, y en el caso de que la cooperación fracase, todos los miembros de la coalición compar-ten los costos políticos con el presidente y su partido, y solamente aquellos partidos de oposición que no participaron en dicha coali-ción son favorecidos electoralmente por el fracaso de la coalición gobernante. Por lo tanto, si de una coalición exitosa no procede

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ninguna ganancia en términos electorales y un fracaso sólo produ-ce costos, lo racional es oponerse al presidente en lugar de coope-rar con él. La parálisis institucional será entonces el resultado final siempre que el partido del presidente no cuente con una mayoría parlamentaria (Linz, 1994, citado por Lujambio).

Para concluir con la transición democrática, la política mexi-cana debe concentrarse en mejorar la interacción entre partidos y de éstos con la ciudadanía para resolver los asuntos sustanti-vos del país. En todos los sistemas de gobierno quien gana las elecciones necesita de mayorías legislativas para viabilizar su gobierno, por ello transparentar el proceso de tomas de deci-siones podría sortear este factor y generar nuevos incentivos de colaboración y negociación. Los sistemas parlamentarios se han fundado en el principio de la soberanía popular, permitiendo una separación orgánica del poder ejecutivo. La confrontación de legitimidades urge a que haya mecanismos democráticos para rebasarlas. La fragmentación y el sistema de representa-ción proporcional ocasiona conflictos políticos que comprome-ten el funcionamiento eficaz de los gobiernos dificultando la articulación de la democracia representativa; en este sentido el congreso será vigilante de las acciones del poder ejecutivo y tie-ne responsabilidad política además de influir en la opinión pú-blica y ser, al mismo tiempo, la principal correa de transmisión entre el Estado y la sociedad civil.

El parlamento equivale en Estado moderno al ágora de la antigua Grecia, donde se discuten los problemas comunes, se expresan t atienden las demandas, necesidades e intereses de la ciudadanía y donde se construye y da viabilidad a la agenda pública. Sus integrantes representan la soberanía popular, sin embargo dada la crisis de representatividad y del déficit de la democracia, el parlamento necesita revitalizarse; la relación en-tre los parlamentarios y los votantes que los han elegido ha de-

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jado de ser bilateral y se ha perdido la búsqueda por atender sus necesidades entre la diversidad de alegatos por intereses que en muchas ocasiones responden a las presiones de las élites políti-cas y económicas del país.

La gran cantidad de ciudadanos que integran los distritos electorales, que son unidades de representación, hace suma-mente complicado absorber sus demandas y canalizarlas. Los procesos de comunicación entre los representantes y los re-presentados, dificultan en la práctica conocer lo que realmente piensan y sienten; la gente quiere hacer oír su voz y del mismo modo, y con mayor razón, quiere que ella se vea reflejada en forma veraz y oportuna en el debate legislativo.

La creciente importancia que siempre ha tenido el poder legislativo, en el que recae la soberanía popular –tanto en el funcionamiento de las democracias de la región como en los procesos de integración–, requiere de una institución sólida y capaz de cumplir cabalmente sus funciones y responsabilida-des. Por ello, se busca promover el desarrollo y fortalecimien-to institucional, que depende en gran medida de la capacidad que una institución tiene en términos de recursos estratégicos como el conocimiento, la información y los recursos humanos calificados.

Existen experiencias de buenas prácticas alrededor del mun-do, que buscaron parlamentos abiertos, analizar estas propues-tas permite aprender de ellas para apoyar la formulación de ac-ciones estratégicas en el parlamento nacional.

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parLamentos abiertos aLrededor deL mUndo

Estados Unidos

En Estados Unidos, el On-Line Town Hall Meetings: Exploring Democracy in the 21st Century, una serie de foros públicos a tra-vés de Internet se realizó como un experimento de investigación de la Harvard Kennedy School, la Universidad de California-Ri-verside, la investigadora Kathy Goldschmidt, de la Fundación Congressional Management, el investigador Michael Neblo de la Universidad de Ohio Kevin. Este grupo de investigación se reunió para explorar los elementos relevantes de la interacción entre la ciudadanía y los parlamentarios. Para a realización de esta iniciativa, se utilizó el Internet como herramienta para fa-cilitar el diálogo, por lo que se realizaron Encuentros Abiertos Digitales, con veinte diputados y sesiones individuales modera-das por los investigadores, en las cuales los congresistas fueron entrevistados sobre cuestiones públicas, los ciudadanos partici-pantes desde sus casas pudieron enviar preguntas y escuchar las respuestas de los congresistas, se seleccionaron los participantes de forma aleatoria, y recibieron información sobre el objeto de la discusión de tal manera que pudieron prepararse para el debate.

Como conclusiones del experimento, los investigadores mos-traron que la tasa de aprobación de los parlamentarios partici-pantes aumentó, y que los ciudadanos al conocer los puntos de vista de los congresistas llegaron cambiar su opinión mostrando más confianza en ellos, incluso coincidiendo con las argumenta-ciones que presentaron en los foros. Además el estudio mostró que los jóvenes, las minorías raciales y los trabajadores de bajos ingresos estuvieron más dispuestos a participar.

La ventaja del uso del Internet para difusión de este espacio de participación, mostró que los mensajes directos, contrario a

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la amplia difusión en los distritos contribuyó a que se alcanza-ran sectores de electores normalmente no localizables por mé-todos tradicionales de selección. Y al final el noventa y cinco porciento de los participantes se comprometieron a participar con proyectos similares.

Respecto de las cuestiones técnicas, los investigadores desta-caron que el uso de interfaces amigables coadyuvo a hacer más viable el proceso participativo, al usar software sencillo de en-tender y que no exigiera de ordenadores sofisticados para sus instalación y ejecución. Por lo que los medios digitales, al per-mitir una interacción en tiempo real, se convierten en una for-ma de aproximar a los votantes con sus representantes.

Brasil

La Cámara de Diputados en Brasil cuenta con una plataforma en línea que se ha desarrollado desde la visión de incentivar a la par-ticipación ciudadana, a través de una interfaz amable y sencilla que permite el intercambio de información e incluye foros de dis-cusión sobre los procesos deliberativos, además proporciona la posibilidad de construir colaborativamente los textos legislativos.

El proyecto del sitio web se denominó e-Democracia y se ha descrito como un espacio abierto que alberga comunidades vir-tuales por temas, entre sus características más notables destaca que no existe una moderación de contenido al interior de las comunidades salvo aquella con criterio que evita los mensaje ofensivos. Al interior de las comunidades se crean redes sociales de pequeña escala donde los participantes pueden conocer el perfil de otros participantes lo cual tiene como objetivo acumu-lar capital social.

Uno de los aspectos más innovadores de este portal, es la in-corporación de un mecanismo que facilita la redacción de las

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propuestas en un lenguaje legislativo, dicho mecanismo se ha nombrado Wikilégis y ha permitido que las contribuciones sean más proactivas y que se visualicen las implicaciones técnicas de las mismas.

El desarrollo de este proyecto requirió de integrar actores variados como la Secretaría de Comunicaciones cuya función consistió en dar difusión a los contenidos generados en la plata-forma, el Centro de Informática que constantemente mejoraba las herramientas tecnológicas, el Centro de Documentación e Información que proveía información para apoyar las discusio-nes, la Cámara de Diputados a través de los asesores legislativos que daba soporte en la elaboración de dictámenes, textos legis-lativos y estudios técnicos y el Departamento de Comisiones que vinculaba los debates presidenciales con los sucedido en la pla-taforma de e-Democracia.

Desde la perspectiva de Cristiano Ferri Faria, el impacto de esta iniciativa se puede explicar en cómo impulso a las insti-tuciones a abrirse a la participación ciudadana y que a su vez los actores gubernamentales visualizaran la necesidad de inno-vación y las innumerables posibilidades de nuevas formas de comunicación con el sector social, disminuyendo su resistencia a implementar proyectos colaborativos. Así mismo observaron las ventajas de construir equipos de trabajo mixtos para estimu-lar la creatividad.

Nueva Zelandia

A través de formularios de contribución, el Parlamento de Nue-va Zelandia ha generado instrumentos de participación popular que son analizados por comités en diferentes áreas temáticas. En estos formularios el ciudadano expone sus motivos de apro-bación o rechazo a un proyecto de ley así como sus propuestas

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de modificación al texto legislativo, posteriormente se canalizan a los legisladores para que puedan apoyar sus argumentaciones y sumar al debate legislativo.

¿Qué ha pasado en México?

En México, algunas de las iniciativas que han comenzando a desarrollarse se impulsaron a partir de la integración de nues-tro país a la Alianza para el Gobierno Abierto, descrita anterior-mente. México fue parte de los países integrantes del Comité promotor de la AGA y presentó en Septiembre del 2011 un Plan de Acción cuyo enfoque residía en la mejora de los servicios públicos, el aumento de la integridad pública, el manejo de los recursos públicos y el incremento en la rendición de cuentas corporativa.

En Septiembre de 2014, asumió la presidencia del Comité promotor. Previo a asumir la presidencia se desarrolló la Se-mana de la Transparencia y del acceso a la información, una iniciativa que fue coordinada desde el Senado de la República a través de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales en conjunto con el Comité de Garantía de Ac-ceso y Transparencia de la Información y algunas organizacio-nes de la sociedad civil como el Instituto Nacional Demócrata (NDI), FUNDAR Centro de Análisis e Investigación y Transpa-rencia Mexicana, durante este evento se abordaron temas como el Gobierno Abierto, la Transparencia, el Acceso a la Informa-ción, la Rendición de Cuentas y el Parlamento Abierto, que ha sido definido por la organización Transparencia Mexicana de la siguiente manera:

Entendemos al Parlamento Abierto como aquella institución en la que, como cuerpo colegiado y a nivel individual, rinde cuentas,

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pone a disposición de la sociedad la información y se presenta de forma transparente, sencilla y accesible. Parlamento Abierto es aquel que utiliza las tecnologías de la información y comunicación para redefinir el vínculo con la sociedad, permitiendo establecer un canal bidireccional que no solo informa, sino que también se retroalimenta de la ciudadanía. Un parlamento abierto permite la vigilancia y monitoreo, garantiza el uso y manejo de la información con la que cuenta y hace partícipe a la ciudadanía de las decisiones de los asuntos públicos” (Transparencia Mexicana, s.f).

Es de destacar que los senadores del Partido Acción Nacio-nal propusieron a la Comisión Permanente una iniciativa para que los órganos de gobierno de ambas cámaras del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales impulsen el modelo de “Parlamento abierto”, los legisladores panistas considera-ron necesario que el Senado, la Cámara de Diputados, los con-gresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal adopten dicho modelo, pues esto reafirmará el compromiso con la transparencia y la invitación a la ciudadanía a involucrarse con los procesos de toma de decisión de las cámaras de legis-ladores. La propuesta de los legisladores, busca que los ciuda-danos puedan accesar de forma sistemática a la información del quehacer parlamentario, así como hacer uso de los recursos existentes y contar con la posibilidad conocer e interactuar con sus representantes, podrán también identificar las propuestas y debates entre grupos parlamentarios, así como conocer las reformas que se realizan y el impacto que generan en su vida cotidiana.

Hablar de la construcción de un Parlamento Abierto es pro-fundizar en más allá de un proyecto legislativo para transparen-tar la información del mismo, es lograr que el Congreso adquiera la cualidad de abierto, es decir que cambie de manera sustancial la manera en la que los legisladores y la ciudadanía interactúan,

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lo que sólo podrá conseguirse a través del establecimiento de espacios de participación en los procesos de deliberación y toma de decisiones.

Esta propuesta tendrá además que hacer uso de las venta-jas de las TIC para su materialización y así permitir conexiones directas y dinámicas. A la par habrá que contemplar y sumarse a las iniciativas existentes de apertura de datos públicos y de incentivar la producción y recopilación de datos relacionados con el quehacer legislativo para motivar a que los legisladores al contar con un acervo informativo, generen modificaciones sus-tantivas en la manera en que la que llevan a cabo sus funciones legislativas como la presentación de iniciativas y reformas, así como la perspectiva desde la que abordan las diferentes temáti-cas de discusión en el pleno y generan argumentaciones.

Dentro de los objetivos que esta propuesta persigue, es ne-cesario fortalecer primordialmente el combate a la corrupción y promover la cultura de las transparencia. Se busca además robustecer el empoderamiento de la ciudadanía a través del constante monitoreo de los legisladores al mismo tiempo que se promueve el uso y la apropiación de las TIC en instituciones gubernamentales, así como la búsqueda y reconocimiento de mejores prácticas. También se persigue el aprovechamiento de la inteligencia colectiva generada de las acciones colaborativas y la participación social, pues el potencial de la creatividad de las y los ciudadanos en los procesos de formulación de políticas públicas hasta ahora ha sido poco explorado.

Una de las metas principales de esta propuesta es que el con-tenido de los espacios de participación se logre reflejar en las decisiones legislativas, además de hacer que la ciudadanía en-tienda mejor los procesos legislativos y se familiarice con ellos para que pueda participar proactivamente.

Es necesario reconocer que el complejo contexto político e institucional influirá en la adopción e implementación de estra-

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tegias y acciones para poner en marcha un Parlamento Abierto, por lo que habrá de contemplarse un proceso de sensibiliza-ción para que los funcionarios públicos se relacionen con estos nuevos mecanismos de participación, así como con la incorpo-ración de tecnologías de información y comunicaciones en la actividad legislativa; esto representa uno de los retos para la materialización de esta propuesta pues en muchos casos las or-ganizaciones que las adoptan pueden enfrentar cierta renuen-cia al cambio.

La propuesta de Parlamento Abierto debe contemplar las si-guientes líneas de acción:

I) Elaboración de un sistema de presentación de sugerencias y proposiciones para modificación a iniciativas de ley o leyes existentes a través de formularios en línea que se canalizarán a comisiones legislativas por área temática para que se analicen y robustezcan la argumentación y debate.

II) Implementación de consultas públicas por medio de fo-ros en línea sobre anteproyectos de ley y encuestas electrónicas. Además de promover la realización de debates en vivo a través de plataformas digitales con objetivos claros sobre los resulta-dos de participación, como orientación sobre el problema de im-portancia pública que pretende atacar a través de la ley, posibles soluciones para resolver o minimizar el problema, y cuestiones relacionadas al contenido de la ley.

III) Plan estratégico de uso de redes sociales para acceder a información sobre el parlamento, incorporando nuevos forma-tos digitales de difusión de información como videos e infogra-fías.

IV) Promoción del uso de los datos abiertos, a través de la realización de una política de publicación de datos legislativos en formatos reutilizables para su transformación en contenidos que permitan visualizarse, además de la gestión de expedientes

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legislativos, como minutas y puntos de acuerdo que muestren el trabajo de las comisiones.

V) Visualización digital en tiempo real de los procesos legis-lativos que de seguimiento desde la presentación de iniciativas, resúmenes del debate legislativo, votación y aprobación.

VI) Agenda de colaboración con Organizaciones de la Socie-dad Civil para integración, difusión y retroalimentación de ob-servatorios ciudadanos y plataformas ciudadanas de monitoreo legislativo.

VII) Elaboración de protocolos digitales de recepción y se-guimiento de proyectos de ley patrocinados por la ciudadanía, que faciliten su difusión y publicación.

VIII) Diccionario de Consulta Digital de términos legislati-vos, con tutoriales para elaboración de estructuras de presenta-ción y formalización de las propuestas e iniciativas ciudadanas con la finalidad de eliminar la barrera del lenguaje o “jerga le-gislativa”.

IX) Cambio en los procedimientos administrativos para or-ganizar y procesar los contenidos resultantes de las contribucio-nes ciudadanas, reingeniería de procesos.

La idea del parlamento participativo, por lo tanto, está aso-ciada con la intensificación de la relación entre la representa-ción y la participación, bajo la premisa anteriormente discutida sobre la incorporación de las aportaciones de la sociedad en el proceso legislativo, que traerá beneficios en la toma de decisio-nes legislativa y enriquecerá sus contenidos y agendas, acercán-dolas a las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos a lo que representa y ante quienes debe responder en todo momento y prioritariamente.

Para poder medir el impacto de las líneas de acción anterior-mente descritas para consolidar un Parlamento Abierto se su-giere realizar constantemente un análisis cuantitativo y cualita-

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tivo de enfoque sistemático del contenido de las participaciones en las que se agrupen el tipo de preocupaciones predominante por parte de los participantes, los puntos que merecen mayor atención y el perfil de los participantes en las plataformas digi-tales.

Las plataformas en línea pueden incorporar métricas que muestren los niveles de interacción entre la institución y la ciu-dadanía, y la rapidez y calidad de la respuesta por parte de los legisladores. Se puede además valorar el impacto o la incidencia del contenido generado en la plataforma sobre el discurso de los congresistas, así como la influencia de las propuestas en las decisiones legislativas.

Además, habrá que hacer un diseño y análisis constante de las interfaces tecnológicas utilizadas para garantizar la sosteni-bilidad del proyecto, ya que el cambio constante de la tecnolo-gía requiere de la innovación persistente para mejorar los ren-dimientos de la participación. Mientras que para asegurar una adopción de la tecnología por parte del usuario de la plataforma se deberán incorporar tutoriales de simple explicación sobre el uso del sitio web del Parlamento Abierto, que respondan y se adelanten a preguntas frecuentes por parte del ciudadano facili-tando su navegación por la página.

Así se podrá dejar en claro qué se espera de la participación en el sitio, cómo y cuándo participar y cómo dar seguimiento a sus propuestas. Integrar un equipo multidisciplinario para dar soporte técnico y crear las herramientas tecnológicas permitirá tener actualizada la plataforma, a la par del desarrollo de proto-colos de inversión en tecnología que aseguren un coste más bajo del mantenimiento del proyecto.

Es así que esta propuesta de Parlamento Abierto se concibe de manera general como una forma de asociación entre el Esta-do y la sociedad, que pone a su disposición mecanismos de par-ticipación. Los resultados de esta iniciativa podrán fortalecer la

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capacidad de mediación política durante los procesos legislati-vos, a la par de agregar valor a participación social a través de la tecnología; en suma, el Congreso podrá viabilizar interacciones de mayor calidad que permitan recobrar la confianza de la ciu-dadanía.

Lograr la consolidación de un Parlamento Abierto es moder-nizar el poder legislativo y fortalecerlo, lo cual a su vez contribu-ye a la gobernabilidad democrática. Hablar de gobernabilidad democrática es aludir a la calidad y eficacia de las instituciones, donde se contempla a la ciudadanía desde un enfoque de dere-chos y de respeto a la soberanía. Es así que la propuesta sobre Parlamento Abierto permite explorar otras formas de demo-cracia, que contribuyan a fortalecerla y profundizarla, y que se adaptan al contexto actual y a las modalidades contemporáneas de democracia deliberativa y de la democracia digital.

La democracia deliberativa es aquella que se genera a través de un modelo basado en la toma de decisiones en espacios abier-tos y colaborativos, donde participa activamente la sociedad ci-vil en los asuntos públicos. Lo anterior requiere la acción guber-namental desde una perspectiva de integración de la ciudadanía en la discusión pública que fomenta además la participación de los diferentes sectores en el diseño y prestación de los servicios; así como la conformación de la agenda pública. Podemos visua-lizar la democracia deliberativa como la afirmación de la razón en la soberanía popular y de su derecho a exigir el complimiento y el refrendo cotidiano del contrato social.

Para generar democracias deliberativas se requiere, como expresa Habermas (1996) citado por Ferri Soares (2013), que se cumplan por lo menos cuatro condiciones: a) Cada persona ne-cesita tener la habilidad de expresar sus propias ideas y criticar abiertamente a otra b) La asociación de los conceptos de fuerza y poder con el estatus social debe ser eliminada c) Los argu-mentos basados en el apelo a la tradición o al dogma necesitan

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estar expuestos d) La verdad se logra mediante la búsqueda del consenso. Así mismo se necesita de aprender a hacer gestión de la participación, es decir buscar calidad en las prácticas partici-pativas, especialización de los temas debatidos, así como lograr que el resultado de las mismas presione a los representantes a que ejerzan sus funciones en mejora continua.

Cambiar de esquemas en el ejercicio gubernamental significa impulsar el desarrollo de nuevas habilidades en quienes ocupan los cargos públicos, esto redimensiona la democracia y a su vez invita a renovar la ciudadanía, recuperando la voz de la sociedad civil en los asuntos públicos.

Se puede comprender la democracia digital como las prác-ticas en las instituciones políticas que hacen uso de las tecno-logías de información y comunicaciones para auxiliar a la ciu-dadanía a fiscalizar a los gobernantes y sus acciones. Por otro lado, la democracia digital no solo refiere a la incorporación de tecnologías de información y comunicaciones, sino el cambio de mentalidad de la ciudadanía sobre las burocracias tradiciona-les, donde la colaboración y los enfoques participativos son el medio para lograr cambios fundamentales. Por tal razón, como no nos cansaremos de repetir, las tecnologías de información y comunicaciones sólo son un medio para lograr un cambio fun-damental en la forma en la que el sector público se relaciona con el sector privado y social.

La democracia digital puede hacer uso de diferentes técnicas según el fin que pueda lograr, este puede ser desde garantizar la transparencia de los procesos políticos o generar opinión pú-blica de mayor calidad a través de nuevos espacios de participa-ción, hasta afirmar el compromiso ciudadano. Este enfoque de la democracia permite que se dé mayor visibilidad y viabilidad a las contribuciones de la ciudadanía y que influyan en la toma de decisiones.

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SEXTo CaPÍTUlo

CIUDaDaNÍa DIgITal Y SoCIEDaD aBIErTa

Anteriormente se exploraron algunas posibilidades para el perfeccionamiento de la democracia, como la democracia digital y la democracia participativa, que de la mano del

denominado gobierno abierto, podrían apoyar a la consolida-ción de los ideales democráticos en el sector público. Sin em-bargo, no sólo es al interior de este sector donde hay que gene-rar cambios, para completar la fórmula es necesario regresar a generar un análisis y propuestas sobre uno de los componentes esenciales del sistema político que es la ciudadanía; esto impli-ca el ineludible replanteamiento del papel del ciudadano en el funcionamiento del Estado democrático, plural y participativo.

A lo largo de este capítulo se hace un repaso sobre los con-ceptos de capital social y la sociedad abierta, discutiendo cómo la interacción plural entre los miembros de una sociedad puede generar vínculos más fuertes que permitan una participación política más sólida, la cual a vez requiere generar habilidades de asociación para lograr incidir de manera más contundente sobre los procesos políticos y la toma de decisiones que den so-luciones de mayor calado a las necesidades del sector social.

Describiremos el estado sobre la calidad de la ciudadanía en México y el rol de la cultura política como aspecto que influye en la dinámica y conformación del sistema político. También ana-lizaremos la viabilidad del ciberespacio para consolidarse como un nuevo espacio público de intervención social que de la mano de las TIC permita a la ciudadanía visualizar nuevas formas de integración a, y participación en, la vida política. Finalizaremos

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con una propuesta para generar una nueva concepción en torno a la ciudadanía y las capacidades que ésta debe fortalecer para hacer frente a los déficits democráticos actuales.

sociedad abierta, participación desde La apertUra con aspiraciones hacia La coLaboración

El filósofo del siglo XX, Karl Popper (1957; 2012), sostuvo que en todas las sociedades sus miembros compiten entre sí por el estatus, el poder y los recursos, recordando el sentencia de Tho-mas Hobbes quien afirmó que “el hombre es lobo del hombre”. Según Popper –y para el caso la gran mayoría de pensadores liberales–, el individuo tiene en su naturaleza cierta dosis de egoísmo que se potencializa por la dinámica de las socieda-des actuales que favorecen abiertamente la competencia por la apropiación y usufructo de los recursos son limitados. Por lo que propone que el mejor método para resolver los problemas políticos es la discusión abierta, crítica y racional enfocada a la resolución armónica de los conflictos en sociedades tolerantes, respetuosas e incluyentes, capaces no sólo de dar cabida a las di-ferencias sino, incluso, fomentarlas en un ambiente de igualdad de derechos y obligaciones.

La propuesta de sociedad abierta de Popper guarda relación con la disminución de reservas en la cooperación o de agrupa-miento a través de élites, es decir lograr sociedades donde se exalte la libertad modificaría las relaciones de poder en ella. El orden de las sociedades modernas, busca conducirse alrededor de la consecución del bien común y a nivel individual de la exal-tación de la libertad, la cual debe de ir de la mano de la igualdad de condiciones mínimas para satisfacer necesidades básicas.

Las sociedades actuales enfrentan algunas dificultades para actuar colectivamente, los individuos se encuentran preocupa-

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dos por conservar sus derechos e intereses particulares por lo que difícilmente se ocupan de la procuración de intereses más generales, lo anterior hace necesaria una reflexión seria de la importancia de hacer compatibles la libertad individual con la vida en comunidad y de alguna manera volver a generar sentido de pertenencia en el establecimiento de metas comunes.

Para la consecución de esta tarea, es menester recuperar la noción de comunidad y mostrar su compatibilidad con la del in-dividuo, con el que guarda una relación de mutua implicación: no hay comunidad sin individuos ni individuos más que en el seno de la comunidad. La actividad en comunidad implica ali-near el interés individual con la solución de los problemas socia-les, al tiempo que se salvaguardan la integridad de los derechos individuales.

Al final la sociedad funciona como un todo y se articula como un sistema, por lo que acercarse a su entendimiento a partir de la teoría de sistemas permite tener una perspectiva más amplia en torno a su desarrollo y el de la democracia.

La teoría de sistemas pone el acento en el análisis de las es-tructuras y sus dinámicas complejas. Un sistema se constituye a partir de la distinción con su entorno, diferenciándose e inte-grando elementos en su seno. Los elementos que lo componen interactúan y se retroalimentan formando cadenas de acciones que pueden llevar al desarrollo o estabilización del mismo. En este sentido hablar de un sistema político, incluye el plantea-miento sobre que los ciudadanos introducen demandas de sus necesidades que al procesarse dan como resultado políticas pú-blicas, al satisfacerse las necesidades de la población el sistema se estabiliza, mientras que la acumulación de demandas no re-sueltas tensa la dinámica, por ello la solución a una problemá-tica dentro del sistema requiere de establecer conexiones entre los actores del sistema a través de sus interrelaciones e interac-ciones más o menos organizadas.

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Para Niklas Luhmann (1996:77-78) un sistema:

Sólo se puede entender en relación al entorno y sólo de manera dinámica [...] el sistema se define como la diferencia entre sistema y entorno [...] es la diferencia que resulta de la diferencia entre sis-tema y entorno [...] Por lo tanto, la teoría de sistemas no comienza con una unidad, o con la categoría del ser, sino con la diferencia.

Esto es de la mayor relevancia porque corta de tajo una di-cotomía que ha sido sumamente perniciosa en el pensamiento social y político y que opone al individuo con el sistema, el in-dividuo, desde esta perspectiva, es un elemento del sistema que se constituye como tal, como individuo, mediante la diferencia, por la diferencia y en la diferencia que conforma al mismo sis-tema, de tal forma que el sistema social se conforma como “una específica configuración de relaciones sociales (Zolo, 1992:4).

La sociología describe a la sociedad moderna como resultado de la configuración de la integración de comunidades como re-sultado de los procesos históricos particulares a cada contexto. La particular configuración histórica mediante la cual se confor-maron las sociedades modernas contemporáneas, introdujo al individuo como distinción fundamental de la sociedad y como valor elemental de la comunidad, con lo que la integración de aquel en esta se constituye en la base no sólo de la democracia, sino de todo sistema socio-político.

Aunque los elementos solidarios de las sociedades contem-poráneas se han visto erosionados por procesos diversos, entre los que cabe destacar el aumento de la complejidad y la dife-renciación social y la agudización de la competencia política y económica que le acompaña, la integración y solidaridad siguen siendo elementales para el sistema en su conjunto. En este sen-tido la democracia es el sistema social que ha mostrado respon-der mejor y de manera más equilibrada a la complejidad, que se

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manifiesta como “la amplitud de rango de posibles elecciones y en el alto número de variables que los agentes debe tomar en cuenta en sus intentos por resolver problemas de conocimiento, adaptación y organización” (Gleizer, 1992:20).

Se necesita del desarrollo de características como la cohesión social y la confianza interpersonal entre sectores de las socie-dades, ya que cuando existen dichos factores la acción colectiva se vuelve más sencilla y los ciudadanos recurren con mayor fre-cuencia a la resolución de problemas comunitarios.

La esencia de la democracia y de la ciudadanía activa es la vida en comunidad, en donde los individuos buscan resolver de manera conjunta y solidaria sus necesidades. La actividad co-munitaria involucra esfuerzos colectivos para solucionar pro-blemas sociales, lo cual nos lleva a pensar en las debilidades de la acción colectiva en nuestros días y cómo la participación ciu-dadana podría beneficiar al funcionamiento de la democracia.

Una de las estrategias a seguir por los Estados es el forta-lecimiento de su capital social para favorecer la coordinación de los individuos en su beneficio mutuo, siendo así la confianza entre los actores de la sociedad primordial para los regímenes democráticos. “El capital social es considerado como un lubri-cante que logra una sociedad más eficiente, ya que las personas se organizan en grupos para demandar más de sus gobernantes y resolver problemas comunes” (Putnam, 2000).

Desde la perspectiva de James Coleman, el capital social consiste en los recursos a los que acceden los individuos que se insertan en estructuras basadas en las relaciones sociales, ya que al ser una forma de capital implica que este puede ser pro-ductivo y que es vital para el logro de ciertos fines, pues se hace un aprovechamiento de la buena relación que existe entre los in-dividuos de una sociedad y por tal es un activo imprescindible.

El capital social se puede medir con base en la cantidad y calidad de redes de relaciones, el grado de confianza que las per-

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sonas tienen entre sí y hacia las instituciones, así como a través de la efectividad del gobierno para representar, solucionar con-flictos y prestar servicios. Las redes y los vínculos que se dan entre personas generan valor para la comunidad “de la misma manera que el destornillador (capital físico) o una formación universitaria (capital humano) pueden aumentar la productivi-dad (tanto individual como colectiva), así también los contac-tos sociales afectan la productividad de individuos y grupos” (Putnam, 2000).

participación poLítica desde La ciUdadanía

El capital social se genera a partir de la construcción de canales de cooperación y comunicación, desde la voluntad y disposición del individuo a participar y generar acuerdos. Por ello no se pue-de hablar de ciudadanía sin considerar su aspecto vinculado a la participación política. Aquellos sistemas políticos con escasa participación no logran consolidarse democráticamente pues el ciudadano es un actor fundamental y su influencia sobre los go-bernantes permite generar igualdad política y equilibrios en el poder.

Para contar con una democracia de calidad, la ciudadanía de-berá hacer contrapeso en los órganos de poder, denunciar abu-sos, proponer soluciones a las problemáticas que se observan y procurar que el que hacer de sus representantes se realice de manera responsable. Mientras que el gobierno a su vez ha de considerar que para contar con legitimidad en el sistema políti-co es necesaria la participación activa de quienes los eligen.

En la actualidad la ciudadanía tiene dificultades para iden-tificarse con ‘lo público’, al relacionarlo con los asuntos de go-bierno o con aquello que solo concierne a los actores políticos. Es común que la ciudadanía sólo reconozca el voto como medio

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de participación política directa, por lo que aún no se visuali-za como actor estratégico en la democracia con la capacidad de transformar su entorno.

En México la ciudadanía aún se encuentra en un proceso de construcción por lo que se tiene el reto de superar la des-confianza que aún guarda –desgraciadamente, muchas veces con razón–, hacia el sistema político y con el sistema social en general, sobreponiéndose a los desencantos y decepciones experimentados con los magros e insuficientes resultados de nuestra democracia. El nivel de participación y ejercicio de los derechos y recursos democráticos directos como el referéndum o plebiscito sigue siendo demasiado endeble, además de que apenas dieciocho entidades cuentan con leyes de participación ciudadana.

Para conocer con mayor profundidad las características y el panorama actual de la ciudadanía mexicana, así como aquellos factores que han incidido en su desarrollo, la lectura del Infor-me País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México 2014 rea-lizado por el Instituto Federal Electoral (IFE), presenta algunos datos importantes que podrían ayudarnos a profundizar en su comprensión.

En dicho informe, el Instituto Federal Electoral remite la ca-lidad de la ciudadanía al régimen de libertades, derechos y ver-daderos mecanismos de protección existentes en una sociedad. El informe señala graves debilidades en los sistemas legales, así como una operación deficiente por parte de las agencias guber-namentales para generar confianza en su actuación y lograr un Estado de derecho democrático.

La democracia es percibida por una parte importante de la ciudadanía mexicana como un sistema donde muchos partici-pan y pocos ganan –lo contrario de lo que una democracia ten-dría que ser–; lo cual puede relacionarse con el sistema electoral en el que unos cuantos son seleccionados para ocupar puestos

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públicos, generando, adicionalmente, un déficit de representa-ción.

Por ejemplo, el 48% de los encuestados estuvo de acuerdo con la afirmación de que en la democracia muchos participan y pocos ganan. Algunas diferencias de opinión varían conforme al nivel de estudio de los encuestados, es decir, hasta un 55% de la ciudadanía con estudios superiores concibe a la democracia mexicana como un sistema donde muchos participan y pocos ganan, en contraposición al 46% de quienes contaban con me-nos estudios.

Los partidos políticos exponen un déficit de representativi-dad y confianza, sobre todo entre los más jóvenes, de 18 a 29 años de edad, quienes en un 52% no se identifican con ningún partido; además de que cerca de tres cuartas partes de la pobla-ción cree que los políticos no se preocupan por ellos.

En relación con la confianza en las instituciones, se muestra que ésta en México es baja; siendo el Ejército (62%), los maes-tros (56%) y las iglesias (55%) las instituciones en las que la ciudadanía mexicana tiene más certidumbre. Se muestra de la misma manera que los encuestados confían un poco más en el gobierno federal (36%) que en el gobierno de su estado y muni-cipio (30%). Por su parte, la confianza en los partidos políticos y los diputados está por debajo con un 20%, y la confianza en la autoridad electoral es de un 34 por ciento.

Las conversaciones entre personas sobre política es la acti-vidad o forma de participación más común entre la ciudadanía mexicana, dicha actividad constituye casi un 40% de la partici-pación no electoral. La segunda actividad más común consiste en la asistencia a reuniones de cabildo municipal o delegacional, mientras que apenas un 11% de los ciudadanos colabora en ac-tividades de las campañas electorales con los partidos y un por-centaje similar comparte o lee información política en las redes sociales. Un aspecto interesante de la región sur es que es donde

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se encuentran más ciudadanos que realizan firma de peticiones en señal de protesta (58%) y que participan en manifestaciones o protestas públicas (68%).

La asociación es todavía una práctica que la ciudadanía mexi-cana requiere fortalecer, aún se observa cierta incapacidad de cooperación en el ámbito político para poder generar influencia en el gobierno y unir intereses. El informe sobre calidad de la ciu-dadanía muestra que aún es baja la membresía en grupos y aso-ciaciones de la vida comunitaria, para ello se preguntó en torno a la pertenencia de 12 tipos de organizaciones, siendo las más con-curridas en participación las asociaciones religiosas (21%). En se-gundo lugar se ubican las asociaciones de padres de familia, don-de 6% de los encuestados es miembro activo y 13% ya lo era con anterioridad, sumando en total 19 por ciento. Las organizaciones deportivas ocupan el tercer lugar, con una tasa de participación total de 15%, mientras que los partidos políticos cuentan con un 3% de pertenencia de los encuestados y un 4% se ha asociado a sindicatos. La participación en grupos estudiantiles tiene un ni-vel total de 10%, y en el caso de asociaciones culturales 8% de los mexicanos reporta ser miembro. En relación con las asociaciones vecinales el nivel de membresía llega a 7% a nivel nacional, mien-tras que las asociaciones de voluntariado o beneficencia, cuentan con un nivel de participación de 5% en total.

Las ventajas del asociacionismo posibilitan constituir más fá-cilmente capital social y generar eventualmente un compromi-so cívico ya que el trabajo en red permite generar reciprocidad, intercambio y equidad en el trato. Las interacciones constantes entre las personas generan lazos de confianza e intercambio de información, asociarse es un medio para conseguir el empo-deramiento de los ciudadanos y fortalecer su voz en el sistema político. De manera adicional el sentido de pertenencia a una sociedad revalora la democracia e invita al entendimiento de las diferencias entre los diferentes grupos y sus intereses.

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cULtUra poLítica

El rol de la cultura política en el sistema político repercute en el diseño institucional y las formas de conducirse de los acto-res políticos, en su conformación influyen aspectos sociales, económicos, educativos así como procesos de desarrollo histó-rico particulares a cada sociedad. Esta se integra a su vez por el comportamiento de la ciudadanía, la dinámica del electora-do, la actuación de los partidos políticos y grupos de presión, la colaboración ciudadana y de la sociedad civil, dando detalles sobre como socializan los actores del sistema y cómo norman su proceder.

Así como la cultura puede entenderse desde el conjunto de creencias, valores, tradiciones, rituales y costumbres de un grupo social determinado, en el ámbito político estos se con-vierten de igual forma en aspectos influyentes. Por otro parte la percepción de los individuos respecto de los asuntos políticos condiciona sus pautas de acción, aunque desde una perspectiva sociológica se puede afirmar que la cultura política se delinea alrededor de las estrategias para la conservación del poder.

Hacer una descripción de la cultura política permite obser-var algunas modificaciones significativas en las instituciones y procesos del sistema político. México cuenta con un desarro-llo histórico lleno de sucesos que han modificado a lo largo del tiempo sus estructuras sociales. Para la consolidación de un ré-gimen democrático el país ha pasado por acontecimientos como la Revolución Mexicana a principios del siglo XX que llevaría a la promulgación de la Constitución de 1917, con ideales sociales, nacionalistas y liberales, pero con enérgicos disposiciones a fa-vor de la concentración del poder en una presidencia de carácter fuerte. Posteriormente se formaría un partido hegemónico na-cional convocado por Plutarco Elías Calles para unificar las dis-tintas facciones revolucionarias y evitar la disgregación política

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y el resurgimiento de los conflictos armados tras el asesinato de Álvaro Obregon. A pesar de sus importantes logros en estabili-dad política, desarrollo económico y paz social, inmediatamen-te el sistema degeneró en un régimen autoritario que duraría 7 décadas en el que si bien se celebraron elecciones de manera religiosa y puntual, éstas estuvieron muy lejos de los estándares democráticos y sufrían intervenciones sistemáticas por parte del aparato gubernamental.

Durante estos años de delinearon algunas prácticas políti-cas que combinadas con el bajo desarrollo social y educativo de la población, moldeó el comportamiento político de los ciuda-danos, dando lugar a uno de los aspectos de la cultura política mexicana que ha mermado la participación ciudadana proacti-va: el paternalismo de Estado. Lo que incidiría en años posterio-res transmutado en apatía política por parte de los ciudadanos, ya que el Estado adopta un rol protector donde el ciudadano es pequeño y requiere del cobijo de la autoridad, y a su vez se des-linda de la responsabilidad en la solución de las problemáticas sociales.

A finales de la década de los sesenta se comenzaron a mani-festar las primeras rebeliones contra el autoritarismo lideradas por la población joven de nivel socioeconómico medio, y con grado de escolaridad a nivel bachillerato o universidad. Es hacia la década de los ochenta donde se amplían algunos derechos po-líticos de los ciudadanos, se permite el registro de nuevos parti-dos, se establece el sistema de representación proporcional y se comienza a modernizar el sistema electoral. En el año 2000, se produce la primera alternancia partidista pacífica en la historia del país, con lo que comienza lo que ha llegado a llamar, la tran-sición mexicana con las dosis de optimismo y escepticismo que caracterizan a estos periodos de transformación sociopolíticos.

Los cambios en las instituciones del sistema político mexi-cano han sido producto de la disputa entre grupos o élites de

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poder, al mismo tiempo que de la movilización de otros acto-res sociales. Los partidos políticos han jugado un papel funda-mental en este largo proceso, pues la conformación del sistema de partidos imprimió una dinámica más competitiva, aunque muchas veces, en el plano legislativo la polarización ideológica dificulte en muchas ocasiones la consecución de acuerdos para solucionar los problemas del país.

En consonancia con lo dicho por Soledad Loaeza, el sistema político mexicano se ha caracterizado por generar pocos incen-tivos para propiciar cambios de interés general que contribuyan al fortalecimiento de la democracia. El equilibrio de poderes constitucionales generado a mitad de la década de los setenta, reconfiguró también las atribuciones y la relación de fuerza en-tre ellos.

Otro de los sucesos relevantes en la configuración de la cul-tura política en México tuvo lugar con la liberalización de la economía, pues implicó cambios estructurales traducidos en desregulación y descentralización, lo cual impacto a las élites y generó un fuerte debate en torno a la soberanía y el nacionalis-mo; sin embargo, después de la intensificación y consolidación de la globalización, la visión hacia la cooperación internacional se hizo más fuerte. El Estado ha ido modificando, de esta mane-ra, su papel en la vida económica creando nuevos mecanismos de regulación y vigilancia, pasando de ser un Estado interventor a uno regulador.

La sociedad mexicana se ha caracterizado por su desinterés en la política, así como por su desarticulación en la persecución de intereses colectivos. En lo que se refiere al desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, es evidente su desarrollo du-rante las últimas dos décadas del siglo XX y lo que llevamos de éste.

El terremoto de 1985 se ha descrito como detonador de orga-nización de la ciudadanía mexicana, que se incrementaría a par-

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tir de la década de 1990, con el Estado regulador y de ideología liberal el cual permitió la creación de espacios para la sociedad civil organizada.

La noción de que la participación en la sociedad civil es una forma de generar contrapesos a los poderes políticos ha ido per-meando poco a poco en la ciudadanía y, pese a todo, ha con-tribuido en forma relevante al fortalecimiento de la democra-cia. Una de sus labores más importantes ha sido el monitoreo electoral para evitar que se cometan fraudes, así como la pos-terior reducción del gasto de los partidos políticos en campaña. A pasos cortos pero significativos se han comenzado a delinear políticas públicas que impulsen este sector, como es el caso de la generación de una Ley Federal de Fomento a Actividades rea-lizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

La cultura política es cambiante y está sujeta a muchas con-diciones del entorno que la permean. Es así que en un escenario más reciente podemos describirla a partir de a Encuesta Na-cional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas realizada por la Secretaría de Gobernación, que mide aspectos tales como el interés en la política y en los asuntos públicos, los niveles de información y conocimiento político, la confianza en las ins-tituciones, los niveles de acción y hábitos políticos, la eficacia ciudadana, la ideología y preferencia partidista, la participación electoral, la tolerancia, discriminación, libertad y las expectati-vas ciudadanas, entre otros.

Realizada en el 2012, la encuesta fue aplicada a 3 mil 750 hombres y mujeres mayores de 18 años. Entre sus principales resultados destacan que ocho de cada diez ciudadanos perciben la política como un tema muy complicado o algo complicado. El setenta y seis por ciento de los ciudadanos eligieron a la televi-sión como el medio de comunicación al que acuden con mayor frecuencia para enterarse de lo que pasa en política. Seis de cada diez ciudadanos ven a la democracia como la forma de gobierno

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que más prefieren. En cuanto a la confianza institucional, las siguientes instituciones resultaron ser las mejor evaluadas por parte de los ciudadanos: Médicos, Iglesia, Maestros, Ejercito, Televisión y los Militares. Los que recibieron la peor calificación por parte de los entrevistados fueron: Sindicatos, Diputados, Senadores, Partidos Políticos y la Policía. Un sesenta y cinco por ciento de los ciudadanos entrevistados declararon tener poco interés en la política.

Los niveles de corrupción que perciben los ciudadanos en los tres niveles de gobierno resultaron ser muy elevados; sin em-bargo, ubican al municipio como el nivel de gobierno en el que se registra un menor grado de corrupción. Cuatro de cada diez ciudadanos piensan que en el futuro tendrán menos posibilida-des de influir en las decisiones de gobierno. Sobre la idea que tienen los ciudadanos del rumbo que lleva el país, sesenta y cua-tro por ciento contestó que el país no va por el rumbo adecuado. Ante la existencia de un problema que aqueja a la ciudadanía, resultó que las acciones más frecuentes a las que recurre el ciu-dadano para darle solución son: organizarse con otras personas, quejarse ante las autoridades y firmar cartas de apoyo.

Sobre la necesidad que tiene nuestro sistema político de contar con partidos políticos, un tercio de los encuestados los percibe como poco o nada necesarios. Mientras que cuarenta y cuatro por ciento de la población entrevistada encuentra que para trabajar en una causa común resulta difícil o muy difícil organizarse con otros ciudadanos. Ocho de cada diez ciudada-nos está de acuerdo o muy de acuerdo en que el ejercicio del voto es el único mecanismo con el que cuentan para decir si el gobierno hace bien o mal las cosas y tres cuartas partes de los ciudadanos entrevistados dijeron sentirse muy orgullosos de ser mexicanos.

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eL ciberespacio como espacio púbLico

El término ciberespacio es un neologismo creado por el novelis-ta William Gibson que alude a una formulación social consen-suada, que posteriormente sería usado por el activista de Perry Barlow para describir el espacio virtual o una realidad nueva ligada a la comunicación a distancia y la gestión de la informa-ción.

El ciberespacio podría concebirse como un nuevo espacio para la actividad política, que además de ser un espacio abierto sin forma definida, se encuentra en constante transformación y recibe retroalimentación activa de sus participantes, en él se construyen nuevas identidades resultado de las interacciones entre sus diversos usuarios y se rompe con las jerarquías, obli-gando a que se generen formas de organización horizontales, muchas veces con liderazgos difusos e influencias desde muchas aristas.

El ciberespacio es flexible y moldeable, y ha abierto nuevos horizontes para la discusión política, creando modos variados para el activismo donde hay lugar para la experimentación y para retar los viejos paradigmas, así como para desafiar las viejas estructuras. Dentro de la interacción que se realiza en él hay espacio para los argumentos encontrados en la divergencia, para poder expresarse con libertad y disentir de la opinión de otros, pues el orden en la participación colectiva o la democracia en las discusiones se da de forma orgánica por la naturaleza de las plataformas o de los mismos aparatos electrónicos.

Las TIC han permitido que este proceso ocurra en forma con-tinua, pues permite reconocer espacios con quien sumar para cierta causa, pudiéndose generar nuevas formas de participa-ción ciudadana y aprovechar su valor agregado, pues facilitan el trabajar en red, lo cual a su vez propicia ejercicios de inteligen-cia colectiva.

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Las redes que se generan a través del ciberespacio pueden ver-se como estructuras sociales, como sistemas abiertos, dinámicos y extremadamente sensibles a la innovación, lo que permite agi-lizar extraordinariamente el flujo de la información y compartir intereses comunes a través del dialogo y la concertación.

Las redes tienen un valor significativo como el capital social, ya que a través de ellas la cooperación se realiza de forma or-denada logrando interacción con reciprocidad entre sus miem-bros. Si bien el reto de la ciudadanía es incrementar su capaci-dad para asociarse y organizarse, de manera optimista podemos recordar la teoría de los seis grados de separación que explica que cualquier persona puede estar conectada con otra persona del planeta en no más de seis conexiones, situación que en la actualidad puede darse de forma más asidua a partir de una ma-yor penetración de Internet y del nacimiento y auge de las redes sociales que ha contribuido a disminuir las distancia y aumentar la conectividad entre las personas alrededor del mundo.

Esta teoría surge de un experimento realizado por el profesor de Harvard, Stanley Milgram, quien midió la longitud de cone-xiones entre personas en algunas ciudades de Estados Unidos. Para el desarrollo de este experimento seleccionó diferentes in-dividuos al azar y les entregó un paquete con una carta explicán-doles que debían hacerlo llegar a alguna persona en otra ciudad con solo algunos datos del destinatario sin incluir la dirección, para ello podían entregar el paquete a alguien que viviera en la misma ciudad y que tuviera posibilidades de conocer al destina-tario. Una vez que lo enviaban ponían su nombre en una lista y el siguiente destinatario realizaba lo mismo, al tiempo que en-viaban una carta a Milgram, para que pudiera seguir la pista del paquete. Una vez que el destinatario final recibía el paquete, los investigadores contaban el número de personas a las que había sido enviado y concluyeron que la población de Estados Unidos estaba separada por un promedio de seis personas.

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Posteriormente, en 2008 una empresa de mensajería instan-tánea repitió el experimento analizando 30 millones de conver-saciones electrónicas entre cerca de 180 millones de sus usuarios en el planeta, y concluyeron de igual manera que se necesitaban 6,6 personas para llegar a cualquier ser humano en el planeta.

El ciberespacio como ágora virtual facilita la participación colectiva sin la necesidad de interacciones cara a cara, la red permite participar en el momento que se desee o que se cuente con tiempo para hacerlo, contribuye a que se armonice la co-lectividad y y sus ideas, toda vez que se realiza en tiempo real y que posibilita la continuidad y constancia en el debate. Esto a su vez replantea el papel de la temporalidad en la política, pues el flujo de la información para fines políticos requiere de su op-timización, sin embargo la tecnología compensa a aquellos que disponen de menos recursos para incidir en la política, mientras que el uso de redes sociales aumenta el capital social de aquellas personas que participan en ellas.

Una herramienta desarrollada para medir la interacción en las redes sociales es la Social Network Analysis (ARS), que con un enfoque estructural calcula las relaciones entre los actores, haciendo énfasis en por qué la gente interactúa, lo que podría permite comprender algunos fenómenos sociales, reflejar los comportamientos de los individuos y la forma que adoptan sus vinculaciones mutuas, profundizando en los factores que los une o relacionan. La ciudadanía tiene poder de decisión en los lugares donde desee participar, y libertad para dedicar el tiempo que desee emplear y otorgar mayor valor tanto a la crítica como a la búsqueda de soluciones. Otro aspecto significativo resulta de la constatación de que los liderazgos en la red no se dan por medio de elecciones si no a través del mérito y la fuerza argu-mentativa y el contenido de las aportaciones.

En el ciberespacio se genera un contexto compartido, donde “la ingeniería del vínculo social” como la describe Pierre Lévy,

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se convierte en un arte de mantener colectivos inteligentes y de valorizar al máximo la diversidad de las cualidades humanas. Este nuevo espacio público cuenta con inteligencia repartida donde la coordinación en tiempo real resignifica las interaccio-nes y los resultados de la comunicación realizada a través de él. La inteligencia colectiva tiene la capacidad de contener el ejer-cicio excesivo del poder, lo que nos permite plantear la pérdida de importancia de la toma del poder y el aumento simultáneo de la importancia del engrandecimiento de las potencialidades del talento humano para contribuir a resolver los problemas de la sociedad.

El ciberespacio como ágora digital contribuye a eliminar las barrera sociales y los monopolios en manos de las élites, ya que el bajo costo de participación hace más accesible a personas co-munes la posibilidad de integrarse, disminuyendo, simultánea-mente el costo y las dificultades de aprendizaje, sobre todo en las nuevas generaciones para las cuales el uso de Internet y la comunicación a través de las redes virtuales es ya algo comple-tamente natural y cotidiano.

ciUdadanía para La democracia

La ciudadanía en este nuevo contexto de posibilidades puede replantear el contrato social que en el que se ha basado el fun-cionamiento del Estado, permitiendo que la participación sea el elemento fundamental de su existencia, con lo que podrá exi-gir y ganar mayores espacios y procedimientos para que ambas partes trabajen en condiciones más equitativas en pos de objeti-vos comunes y así generar resultados más satisfactorios para el conjunto de la sociedad.

La participación directa en la asamblea en la antigua Grecia era el órgano fundamental de la democracia, en ella el acceso a

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la palabra se garantizaba a través del debate extenso y popular, y se honraba la participación del ciudadano ante la comunidad por su propio mérito; tal y como enunció Pericles de acuerdo con Tucídides, “las palabras no perjudican la acción sino que el prejuicio resulta más bien de no enterarse primeramente me-diante la palabra antes de ponerse a hacer lo que es preciso”. Esta se configuraba como el imperio de la ley y el respeto irres-tricto a la libertad ciudadana que se caracterizaba por la virtud cívica y el respeto a los valores democráticos.

La ciudadanía es un concepto amplio que puede describirse desde diferentes perspectivas, Alfred Marshall (1950) en su li-bro Ciudadadanía y clase social (Citizenship and Social Class and Other Essays), distingue algunas etapas de la evolución de la ciudadanía, a saber, la ciudadanía política como el derecho a participar en el ejercicio del poder político desarrollada durante el siglo XIX a partir de la expansión del derecho al voto y de la división de poderes, y ciudadanía social como el derecho a go-zar de una calidad de vida digna garantizada por el Estado que se desarrolló durante el siglo XX, a partir del establecimiento y consolidación del Estado de bienestar. Desde una dimensión jurídica o normativa, podemos citar a Thomas Janoski quien define la ciudadanía como “la membresía pasiva y activa de in-dividuos en un Estado-nación con ciertos derechos universales y obligaciones en un dado nivel de igualdad”, se la concibe como un estatus concedido a los miembros en una comunidad con de-rechos y obligaciones.

Estas concepciones podrían verse limitadas, toda vez que ahora se requiere de una concepción de la ciudadanía más ac-tiva, que coopere con el Estado y que construya alianzas para luchar por hacer valer sus derechos. En el ámbito político, la ciudadanía requiere de renovar la vocación política y de lideraz-gos frescos y emprendedores.

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La generación de una ciudadanía democrática no es un proceso autónomo o que pueda alcanzarse mediante cursos de educación cívica, sino que requiere modificar el carácter de los vínculos es-tablecidos entre ciudadanía, partidos y gobierno local, porque las prácticas políticas entre ellos establecen posibilidades y limitacio-nes de una ciudadanía democrática y democratizadora” (Tejera Gaona, 2007)

Se requiere de ciudadanos que constituyan y den vida a los espacios públicos desde la reflexión y la propuesta; el ciudadano forma parte de una sociedad y no sólo se construye desde la in-dividualidad sino que es interdependiente de las relaciones y el contacto con otros individuos y con la comunidad.

Junto con una nueva concepción de la ciudadanía, hemos de incluir su extensión en el plano digital, bajo cuyo enfoque se observa al individuo consiente de la posibilidad de generar con-tacto con otros individuos y con el resto de la sociedad haciendo uso de todo el potencial de las tecnologías de información y co-municaciones; el ciudadano digital reconoce que en tecnología una herramienta fundamental para dinamizar los procesos so-ciales y políticos.

El reto para la consolidación de una ciudadanía digital reside en que el individuo se apropie de las nuevas herramientas de comunicación y haga uso de tales espacios para impulsar y cata-lizar su participación en aquellos temas que le conciernen como integrante de una sociedad. Esta visión de las TIC busca huma-nizarlas, recordando que las comunidades se fundan a partir de la comunicación abierta y racional, así como del intercambio de información y recursos en la búsqueda de soluciones comparti-das a los problemas individuales y colectivos.

Para habilitar una ciudadanía digital habrá que generar es-trategias de aprendizaje que permitan aumentar las habilidades digitales, así como para lograr hacer uso de los espacios de par-

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ticipación de manera responsable y con miras a la transforma-ción social.

Quedará como tarea del Estado garantizar el acceso a Inter-net de forma igualitaria e incluyente, proveer de infraestructu-ra, generar espacios y dotar de recursos para el aprendizaje y desarrollo de habilidades digitales, así como garantizar el dere-cho de acceso a la información, en un marco de transparencia y velando por la seguridad y privacidad de la información particu-lar; además de gestionar espacios de todo tipo que promuevan y faciliten la participación toma de decisiones colectiva. Por su parte, el ciudadano digital deberá trabajar para incrementar sus habilidades de manejo de información, como la valoración de las fuentes, la búsqueda de datos, la toma de decisiones a través de ellos y la creación de nuevos productos.

El ciudadano deberá de fortalecer sus capacidades de parti-cipación y de organización, adoptando un rol activo, en el que denuncie y movilice a otros ciudadanos a incidir en los asuntos públicos y en el desarrollo objetivos estratégicos.

De esta manera, podrán emerger nuevas formas de partici-pación, tales como el activismo digital, que permite dar voz y coordinar acciones en pos de causas que no suelen encontrar re-sonancia en los medios de comunicación tradicionales. Se trata de un tipo de activismo que requiere de planificación estratégica para tener un impacto más amplio mediante la construcción de diferentes escenarios y alianzas.

Aunado a lo anterior, en los últimos años ha emergido una nueva tendencia innovadora en el ejercicio de la ciudadanía que es el hacking cívico, mediante el cual se hace uso de las herra-mientas informáticas en el procesamiento de la información con la finalidad de crear soluciones tecnológicas que atiendan a pro-blemas de la ciudadanía.

Las soluciones tecnológicas generadas desde la innovación y con perspectiva ciudadana y transformadora pueden ser de bajo

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costo, ejemplo de ello lo constituye la experiencia mostrada por la organización Codeando México que lanzó una convocatoria para retar a programadores a hacer una aplicación de bajo costo como alternativa a la aplicación de la Cámara de Diputados, la cual se licitó en marzo de 2013 por un monto de 115 millones de pesos.

La respuesta a dicha convocatoria fue de 130 propuestas al-ternativas que lograron que se ahorrara recursos significativos del presupuesto público. Después de ese ejercicio, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) contactó a la organización para realizar una nueva convocatoria con el fin de desarrollar la aplicación móvil de dicha dependencia, demostrando la can-tidad de talento existente en nuestro país para desarrollar este tipo de proyectos. Este esfuerzo muestra la necesidad de que los gobiernos adopten una nueva perspectiva respecto de la aper-tura de datos, ya que la información que se pone a disposición pública puede ser utilizable para generar nuevos productos que habiliten su consulta y difusión de tal manera que a su vez sirva para apoyar la toma de decisiones por los actores gubernamen-tales.

A lo largo del mundo, existen ejemplos de participación ciu-dadana que están haciendo cambios proactivos, como los de-nominados ‘hackatones’, (síntesis de hacker y maratón); térmi-no que alude al espacio colectivo en un lapso corto de tiempo donde se desarrollan aplicaciones y software libre sobre cierta temática social. Los eventos de este tipo suelen ser desarrolla-dos por organizaciones de la sociedad civil en coordinación con universidades o centros de investigación y su esencia reside en dinámicas a través de las cuales los participantes comparten y complementan sus habilidades individuales mediante un traba-jo colaborativo que mantiene una moral alta y motivada.

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¿más gobierno abierto o más ciUdadanía?

Si bien se ha planteado la necesidad de reconcebir el papel del gobierno, las respuestas a la solución de las problemáticas ac-tuales de la democracia se hallan únicamente –tal vez ni siquiera principalmente, como ya se ha argumentado– en las instancias gubernamentales, sino que el ciudadano deberá a su vez replan-tear su papel en la vida política y prepararse para las nuevas condiciones que generan de forma constante áreas de oportuni-dad novedosas para la transformación social, vemos así que la ciudadanía activa y organizada puede alcanzar mayores logros en la solución de sus problemas y los de la comunidad, coadyu-vando al fortalecimiento de la democracia plural y participativa.La propuesta de los gobiernos abiertos y, en concreto, del parla-

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Figura 18. “Hackathon en Santiago de Chile dentro de DAL2013 en la Universidad Finis Terrae”. Ini-ciativa para el desarrollo de aplicaciones de impacto social y promoción de la innovación y el emprendi-miento en diversos países de América Latina. Desde 2011, organizadores en diversos países se han su-mado para gestionar eventos de datos abiertos en toda la región, a través de competencias colaborativas de desarrollo de aplicaciones que den soluciones creativas a las diversas problemáticas de las ciudades latinoamericanas.

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mento abierto no están a salvo de vicisitudes, los nuevos meca-nismos de participación requieren de la constante innovación y de ciudadanos comprometidos, dispuestos a involucrarse y tra-bajar en conjunto. Estas acciones han de construirse de la mano entre la sociedad civil y el gobierno, y con el entendimiento pleno y profundo de las condiciones y el contexto de aplicación.

Algunos proyectos ya existentes sobre democracia digital, so-bre todo los implementados en las instituciones públicas, han generado a su vez nuevas demandas, tanto al interior como al exterior de las instituciones gubernamentales, permitiendo pre-ver la posible tensión entre el flujo imponente de la información y la capacidad de las instituciones para canalizar y asimilar la retroalimentación recibida.

Por lo anterior, uno de los principales focos de atención para garantizar la sostenibilidad de este tipo de proyectos radica en la necesidad de contar estrategias sólidas y viables, capaces de generar igualdad e inclusión política y social en la ciudadanía. Esto requiere de impulsar la equidad en las participaciones, to-mando en cuenta la desigualdad de recursos entre distintos sec-tores de la sociedad, cuidando que no se traduzca en diferencias significativas en los niveles de influencia política.

Por otro parte habrá que contemplar la posible exclusión di-gital a causa de la falta de infraestructura o bien de habilida-des digitales en gran parte de la ciudadanía. La inclusión digital debe estar en un lugar privilegiado de la agenda nacional enten-diendo por ella la igualdad de condiciones en el acceso a las TIC. Se trata, ciertamente, de un proceso dual, en el que el Estado ha de facilitar la disposición de recursos e infraestructura y el ciu-dadano comprometerse a hacer el mejor uso de ellos.

Las estrategias para consolidar una ciudadanía digital deben contemplar también líneas de acción en materia educativa, para formar nuevas generaciones de ciudadanos que cuenten por una parte con una nueva formación cívica que se traduzca en un ma-

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yor conocimiento de los procesos políticos, y por la otra, con las facilidades para el desarrollo de habilidades digitales.

En relación con la educación cívica, en este sentido podemos retomar los esfuerzos del Instituto Federal Electoral (IFE) plas-mados en la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática en México 2011-2015, que funge como órgano orientador en las acciones insti-tucionales para la formación de ciudadanía. El IFE describe la educación cívica como:

[...] el proceso formativo que contribuye a la convivencia y parti-cipación democráticas de las y los ciudadanos, mediante el desa-rrollo de un conjunto de competencias que los hacen conscientes de la importancia del ejercicio de sus derechos fundamentales, el cumplimiento de sus obligaciones ciudadanas y de la participación en los asuntos públicos” (IFE,2011).

La educación en esta materia se convierte en un medio para generar la competencias necesarias para que las personas pue-dan ejercer sus derechos y obligaciones, en un entorno demo-crático de convivencia política.

La cultura cívica puede concebirse como el conjunto de prin-cipios adoptados por la ciudadanía para desarrollarse en el ámbito político y estabilizar la democracia, lo cual incluye in-corporar valores como la solidaridad y la equidad, el respeto, la colaboración, la corresponsabilidad y la complementariedad de las acciones. La apuesta por desarrollar una cultura cívica fuer-te, dinámica y creativa, a la par de una cultura digital que genere más confianza en el uso de las tecnologías de información y co-municaciones, permitirá cerrar brechas entre la vinculación de los diferentes sectores de la sociedad.

En la medida en que el ciudadano descubra la utilidad de la inteligencia colectiva podrá enriquecer su participación y su pa-

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pel estratégico en la consolidación de la democracia, al final existe una correspondencia innegable entre la calidad del compromiso y de la participación ciudadana y la calidad de su gobierno.

A este respecto resulta conveniente hacer alusión a lo que me parece que debemos perseguir en pos de avanzar hacia un hori-zonte utópico de la democracia al que si bien nunca se llega siem-pre se avanza hacia él y siempre está ahí para orientar el presente.

Democracia es un anhelo y un principio rector que se encar-ga de consolidar una repartición del poder tal que nunca nadie en particular tenga todo el poder y en el que la negociación y el consenso se impongan a los distintos actores como lo más económico en la lucha por ese mismo poder; es un sistema de contrapesos, incentivos y castigos que involucra a sus actores a luchar dentro del marco de las reglas establecidas y acordadas, so pena de quedar fuera del juego político.

Así, se tiene que llegar a un arreglo que logre limitar el afán ilimitado de poder por parte de cualquiera. La búsqueda del po-der debe quedar inextricablemente mediada por la limitación al mismo que impone el sistema. En una democracia el que busca el poder acepta, entiende, cree y se ve obligado a verlo limitado y a cederlo. En una democracia real nunca nadie tiene todo el poder ni nadie carece totalmente de él, nunca nadie lo detenta indefinidamente ni nadie se ve excluido de su ejercicio de ma-nera sistemática. La ciudadanía digital y el gobierno abierto nos acercan, sin lugar a dudas a este ideal democrático

Creo profundamente que sólo si se está convencido de todo esto existe la posibilidad de avanzar hacia principios plurales de tolerancia, libertad, justicia e igualdad, y, por su intermedia-ción, hacia formas de convivencia colectivas siempre mejores y perfectibles. Lo contrario nos lleva de vuelta a los umbrales de autoritarismos y totalitarismos que se supone habíamos deja-do atrás y en los que la ley siempre es la ley del más fuerte y la norma es la aplicación arbitraria y violenta del poder unilateral.

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BIBlIograFÍa

Aristóteles. Ética nicomaquea; Política. México, 2004. Editorial Porrúa.Almandos, Laura. La democracia radical. Recuperado 13 Mayo 2014, desde http://

www.bdigital.unal.edu.co/1405/7/06CAPI05.pdfAlthusser, Louis. Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Práctica teórica y lucha

ideológica. México, 2008. Grupo Editorial Tomo.Arellano Gault, David. Políticas Públicas y Democracia. México, 2013. Instituto Fe-

deral ElectoralAsociación Mexicana de Internet. Estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet

en México 2014. México, 2014. Recuperado 27 Agosto 2014 desde https://www.amipci.org.mx/estudios/habitos_de_Internet/Estudio_Habitos_del_Internau-ta_Mexicano_2014_V_MD.pdf

Azuela Maite, Tapia Mónica et all. Guía Práctica Para Multiplicar la Incidencia en Po-líticas Públicas desde las Tecnologías de La Información y la Comunicación 2013. Recuperado desde el portal de Alternativas y Capacidades A.C el 20 Octubre 2014 http://www.alternativasycapacidades.org/sites/default/files/publicacion_file/GuiaDeActivismo%20201403.pdf

Atria, Raúl. Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma. Chile, 2003. Publicado por la CEPAL/Michigan State University.

Banco Mundial. Indice de Gini. Recuperado 10 Agosto 2014 desde http://datos.banco-mundial.org/indicador/SI.POV.GINI/countries?display=map

Bauman, Zygmund. Trascripción de la intervención de Bauman en el evento Dilemas socialdemócrata, en el contexto de la inauguración de la exposición Los comienzos con Lassalle: la socialdemocracia en Polonia y Alemania, que se realizó en la ciu-dad de Breslavia, Polonia, el 22 de junio de 2013 recuperado 1 Junio 2014 desde http://www.nuso.org/upload/articulos/3979_1.pdf

Betancourt Valeria. Ciberactivismo: ¿Utopía o posibilidad de resistencia y transforma-ción en la era de la sociedad desinformada de la información? en Revista Latinoa-mericana de Comunicación. Numero 116. Edición Diciembre 2011. Recuperada 19 julio 2014 desde http://bit.ly/UidHuU

Bobbio, Norberto. Teoría General de la Política. España, 2009. Editorial TrottaBobbio, Norberto. Diálogo en torno a la República. España, 2004. Editorial Tusquets.Bobbio, Norberto. La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento

político. México, 2001. Fondo de Cultura Económica.Bobbio, Norberto. El futuro de la democracia. México, 2001. Fondo de Cultura Eco-

nómica.Bobbio, Norberto. Estudios de Historia de la Filosofía: de Hobbes a Gramsci. España,

1985. Editorial Debate.

C230 Consultores. Base de conocimiento sobre el PROSOFT 2.0 (con base en estudios previos). México, 2012. Recuperado 19 Junio 2014 desde http://www.prosoft.eco-nomia.gob.mx/Imagenes/ImagenesMaster/Estudios%20Prosoft/GREF_12.pdf

Camou, Antonio. Gobernabilidad y Democracia. México, 2007. Cuadernos de Divul-gación de la Cultura Democrática, Instituto Federal Electoral.

Cantú, Jesús. ¿Son los medios mexicanos el ágora virtual? en Merino, Mauricio. ¿Qué tan público es el espacio público en México?. México, 2010. Fondo de Cultura Eco-nómica.

Castells, Manuel. La era de la información: economía, sociedad y cultura. Traducción de Carmen Martínez. México 2006. Editorial Siglo XXI.

Carbonell, Miguel. Derechos Fundamentales y Democracia. México, 2013. Instituto Federal Electoral.

Cárdenas Gracia, Jaime. F. Partidos Políticos y Democracia. México, 2007. Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, Instituto Federal Electoral.

Ceballos Garibay, Héctor. Poder y Democracia Alternativa. México, 1995. Ediciones Coyoacán.

Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Informe Movilidad Social en México 2013 Ima-gina tu futuro.México, 2013. Recuperado 23 Agosto 2014 desde http://www.ceey.org.mx/site/files/informe_mov_social_2013.pdf

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Naciones Unidas. (CEPAL) y Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. OCDE, 2014. Pers-pectivas Económicas de América Latina 2014. Logística y Competitividad para el Desarrollo. Recuperado 20 Octubre 2014 desde http://www.cepal.org/publicacio-nes/xml/2/51612/Perspectivaseconomicas2014.pdf

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Naciones Unidas. (CEPAL) Banda Ancha en América Latina: Más allá de la Conectividad. Chile , 2013. Recu-perado 25 Junio 2014 desde http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/49262/bandaanchaenal.pdf.pdf

Champeau, Serge y Innerarity, Daniel. Internet y el futuro de la democracia. México, 2012. Editorial Paidós.

Cicerón, Marco Tulio. La república. México, 1993. Ediciones Gernika.Courdourier Real, Carlos. Cultura Cívica y Desarrollo. México. S.F. Sitio de la Fun-

dación Rafael Preciado. Recuperado 25 Octubre 214 desde. http://www.funda-cionpreciado.org.mx/biencomun/bc154/Cordourier.pdf

Coorporación Latinobarómetro. Informe Latinobarómetro 2013. Recuperado desde http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp

Dahl, Robert Alan. La democracia y sus críticos. México, 2008. Consejo Nacional para la cultura y las Artes, Dirección General de Publicaciones : Paidós.

Dahl, Robert Alan. La democracia, una guía para los ciudadanos. Argentina, 1998. Traducción de Fernando vallespín. Editorial Taurus.

Dewey, John. Democracia y Educación: una introducción a la filosofía de la educa-ción. Traducción de Lorenzo Luzuriaga. España, 2004. Editoral Morata

Espinoza Toledo, Ricardo. Sistemas Parlamentario, Presidencial y Semipresidencial. México. 2007. Instituto Federal Electoral. Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática.

193

Ferrajoli, Luigi. Principia iuris: teoría del derecho y de la democracia. España, 2013. Editorial Trotta.

Flores, Pepe. El auge del hacking cívico. 2013 recuperado 23 Octubre 2014 desde http://www.qore.com/articulos/10772/El-auge-del-hacking-civico

Fundación Konrad Adenauer. Indice de Desarrollo Democrático de México 2013. Recuperado 20 Octubre 2014 desde http://www.idd-mex.org/downloads/IDD-MEX-2013.pdf

Gobierno de México. Plan de Acción 20013-2015. Alianza para el Gobierno Abierto. Recuperado 16 Julio 2014 desde http://pa2015.mx/

Gómez Peralta, Héctor. El Humanismo Político de Efraín González Luna. México, 2010. Portal de Revistas Científicas y Arbitradas de la UNAM. Revista Estudios Políticos Número 20. Recuperado 13 de Mayo desde http://www.journals.unam.mx/index.php/rep/article/view/24281/22815

Gómez Minujín, Competitividad y complejos productivos: teoría y lecciones de polí-tica. CEPAL. Argentina, 2005. Recuperado 26 Octubre 2014 desde http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/22300/DocSerie27.pdf

Gramsci Antonio. La política y el Estado Moderno. Argentina, 1998. Editorial Lautaro.Guzmán, Cuauhtémoc (coord.). El desafío de la consolidación democrática en México:

propuestas y perspectivas, México,2008. Ed. Miguel Ángel Porrúa.Held, David. Modelos de Democracia. España, 1996. Alianza Editorial.Hobbes, Thomas. Tratado sobre el ciudadano. España, 2008. Universidad Nacional

de Educación a Distancia.Hoffman, Andrés (coord.) La promesa del gobierno abierto. Recuperado 19 Octubre

2014 desde http://www.lapromesadelgobiernoabierto.info/lpga.pdfHolloway, John. Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución

hoy. Venezuela, 2005. Editorial Melvin C.A.INEGI, 2008. Sociedad de la información. Recuperado 20 julio 2014 desdehttp://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=tinf114&s=est&c=19343INEGI,2013. Usuarios de Internet. Recuperado 20 julio 2014 desde http://www3.

inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=tinf241&s=est&c=26489INEGI, 2014. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Públi-

ca (ENVIPE). Recuperado 23 octubre 2014 desde http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/

Instituto Mexicano para La Competitividad. Diagnóstico del Sector TIC en México: Conectividad e Inclusión Social para la Mejora de la Productividad y el Crecimien-to Económico. México, 2012. Recuperado 12 Agosto 2014 desde http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/1/diagnosticosectorticenmexico_sept2012_2.pdf

Instituto Federal Electoral. Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México 2014. Recuperado 13 Septiembre 2014 desde http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-EstudiosInvestigaciones/investigaciones-docs/2014/In-forme_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf

Instituto Federal Electoral. Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática en México. Recuperado 19 Septiembre 2014 desde http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/ENEC_Do-cRector.pdf

194

Lévy, Pierre. Inteligencia colectiva. Por una antropología del ciberespacio. Traduc-ción de Martínez Álvarez Felino. Estados Unidos. 2004. Centro Nacional de Infor-mación de Ciencias Médicas (INFOMED). Recuperado 22 Julio 2014 desde http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/inteligenciaColecti-va.pdf

Lippmann, Walter. La opinión pública. España, 2003. Cuadernos de LangreLöwith, Karl. Max Weber y Karl Marx traducción de Ferez Abdo Cecilia. España, 2007.

Editorial Gedisa.Lujambio, Alonso. Adiós a la excepcionalidad: régimen presidencial y gobierno dividi-

do en México, en Lázaro, Jorge (compilador) Tipos De Presidencialismo Y Coali-ciones Políticas en América Latina. Argentina. 2001, CLACSO.

Magretta, Joan. Para entender a Michael Porter: guía esencial hacia la estrategia y competencia. México, 2013. Editorial Patria.

Maarek, Philippe J. Marketing Político y Comunicación. Claves para una buena in-formación política. Argentina, 1997. Ediciones Paidós.

Mata, Pedro. Desarrollo de Regiones Innovadoras. COECyT. México, 2012. Sitio web del CONACyT. Recuperado 21 Octubre 2014 desde http://2006-2012.conacyt.gob.mx/fondos/institucionales/JornadaInnovacion/Documents/03_Desarrollo_de_Regiones_Innovado_PEDRO_MATA.pdf

Mill, John Stuart. Del Gobierno Representativo. España, 1994. Editorial AlianzaMontesquieu, Charles de Secondat. El Espíritu de las Leyes. Edición Virtual. Recu-

perado desde 29 Mayo 2014 desde http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages2/Montesquieu/EspirituLeyes_01.html

Moreno, Alejandro. La decisión electoral. Votantes, partidos y democracia en México. España, 2010. Universidad de Salamanca.

Moulian, Tomas. Chile Actual Anatomía de un Mito. Chile, 1997. Editorial ARCIS-LO. Recuperado 20 Junio 2014 desde http://www.salvador-allende.cl/Biblioteca/Moulian.pdf

Osbourne y Gaebler. La reinvención del gobierno. La influencia del espíritu empresa-rial en el sector público. México, 1994. Editorial Paidós.

Ostrom, Elinor, y Ahn, T. K. Una perspectiva del capital social desdelas ciencias socia-les: capital social y acción colectiva. México, 2003. Revista Mexicana de Sociolo-gía del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Recuperado 24 Octubre 2014 desde http://www.ejournal.unam.mx/rms/2003-1/RMS03105.pdf

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. OCDE, 2013. Startup América Latina: Promoviendo la innovación en la región. Estudios del Centro de Desarrollo, OECD Publishing, París. Recuperado 25 Octubre desde http://www.oecd.org/dev/americas/SP_complete%20Start%20Up%20Latin%20Ameri-ca%20Spanish%20edition.pdf

Oxfam. Informe 178. Enero 2014. Gobernar para las élites Recuperado 15 Julio 2014 desde http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-working-for-few-po-litical-capture-economic-inequality-200114-es_0.pdf

Pastore, María. Neocontractualismo y nuevo espacio público. La salida de la demo-cracia deliberativa. Argentina, 2009. Editorial Del Signo.

Peschard Mariscal, Jacqueline. Los partidos políticos frente al escrutinio : de la fis-

195

calización a la transparencia. México, 2012. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Popper, Karl. La sociedad abierta y sus enemigos. Barcelona, 1957. Editorial Paidos.Popper, Karl. La responsabilidad de vivir: escritos sobre política, historia y conoci-

miento. España, 2012. Editorial PaidósPrice, Vincent. Opinión Pública. Esfera Pública y Comunicación. España. 1992. Edi-

torial Paidós.Prudhomme, Jean-Francois. Consulta Popular y democracia directa. México, 1997.

Instituto Federal Electoral.Putnam, Robert. The role of social capital in development an empirical assessment.

EEUU, 2002. Cambridge University Press.Rabotnikof, Nora. Discutiendo lo público en México. en Merino, Mauricio. ¿Qué tan

público es el espacio público en México?. México, 2010. Fondo de Cultura Econó-mica.

Rodríguez, Erwin Robertson. El problema de la democracia radical en la atenas clási-ca. Recuperado 13 mayo 2014 desde. http://wwww.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3825347.pdf

Rousseau, Jean-Jacques. El contrato social. Traducción Maite Madinabeitia. España, 2013. Editorial Herder.

Ruiz, Clemente. Potencialidades de las entidades federativas para desarrollar nú-cleos de economía digital. México, 2004. Facultad de Economía, UNAM y Secre-taría de Economía.

Rorty, Richard. Cuidar la libertad: entrevistas sobre política y filosofía. España, 2005. Editorial Trotta.

Sagástegui Rodríguez, Diana. Internet: herramienta y espacio de lucha zapatista. 2001. Revista de Temas Sociales Kairos. Recuperado 22 mayo 2014 desde http://www.revistakairos.org/k8-dossier/Sagstegui%20Rodrguez,%20Diana.pdf

Sahuí, Alejando. Razón y espacio público : Arendt, Habermas y Rawls. México, 2002. Ediciones Coyoacán.

Sánchez Ruiz, Enrique. Comunicación y Democracia. México 2012. Instituto Federal Electoral

Sánchez Andrea, Francisco de. La teoría general de los partidos políticos. México, 1998. Cuadernos del Instituto de investigaciones Jurídicas . Año III, número 8. Recuperado 25 Agosto 2014 desde http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/66/rdr/rdr24.pdf

Sartori, Giovanni. Homo viddens: la sociedad telederigida. México, 2012. Editorial Taurus.

Sartori, Giovanni. La democracia en treinta lecciones. México, 2009. Editorial Taurus.Sartori, Giovanni. ¿Qué es la democracia? México, 2008. Editorial Taurus.Sartori, Giovanni. Partidos y Sistemas de Partidos: marco para un análisis. España,

2005. Editorial Alianza.Sartori Giovanni. Videopolítica. Medios, información y democracia de sondeo. Méxi-

co, 2003. Cuadernos de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey.Sartori, Giovanni. Partidos y Sistemas de Partidos. 1976. Cambridge University Press.

1980. España. Alianza Editorial.

196

Secretaría de Gobernación.Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciuda-danas. Recuperado 31 Julio 2014 desde http://www.encup.gob.mx/

Serrano Santoyo, Arturo y Martínez, Evelio. La brecha digital. Mitos y Realidades. México, 2003. Departamento Editorial Universitaria de la Universidad Autónoma de México.

Schmitter, Philippe y Gerard, Lehmbruch. Neocorporativismo. Más alla del Estado y el Mercado. México 1992, Alianza México.

Soares de Faria, Ferri Cristiano. El Parlamento abierto en la era de la Internet¿Puede el pueblo colaborar con el Legislativo en la elaboración de las leyes? Brasil,

2013. Biblioteca Digital de la Cámara de Diputados. Recuperado 30 Junio 2014 desde bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/.../parlamento_abierto_faria.pdf

Strauss, Leo. La filosofía política de Hobbes: su fundamento y su génesis. México, 2006. Fondo de Cultura Económica.

Transparencia Mexicana. Indice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010. Recuperado 20 Octubre 2014 desde http://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/05/01-INCBG-2010-Informe-Ejecutivo1.pdf

Taylor, Lucy. Ciudadanía y cultura política: el agente político y la jerarquía natural, en Assies, Willem, Calderón, Marco Antonio y Salman Ton (eds.), Ciudadanía y cultu-ra política y reforma del Estado en América Latina. México, 2002. Publicación de El Colegio de Michoacán y el Instituto Federal Electoral.

Thomas, Janoski. Citizenship and Civil Society: A Framework of Rights and Obliga-tions in Liberal, Traditional and Social Democratic Regimes, 1998, Cambridge University Press.

Tocqueville, Alexis. La democracia en América. México, 1987. Fondo de CulturaTucídides. Historia de la Guerra del Peloponeso. México, 2003. Editorial Porrúa.Universidad Nacional Autónoma de México. Estudio de competitividad y madurez de

Clusters de TI, 2008. Recuperado 12 Junio 2014 desde, http://www.prosoft.eco-nomia.gob.mx/Imagenes/ImagenesMaster/Estudios%20Prosoft/GREF_01.pdf

Winocur, Rosalía. Algunos enfoques metodológicos para estudiar la cultura política en México. México, 2002. Instituto Federal Electoral. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Editorial Porrúa.

Weber, Max. La política como profesión. España, 2007. Biblioteca NuevaWorld Economic Forum. The Networked Readiness Index 2013. Recuperado 10 Junio

2014 desde http://www.searo.who.int/entity/health_situation_trends/country_profiles/e_health/wef_gitr_2013_nri_structure.pdf

CONSEJO EDITORIAL

PresidenciaDip. José Enrique Doger Guerrero (Titular)

Dip. Eligio Cuitláhuac González Farías (Suplente)Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

IntegrantesDip. Juan Pablo Adame Alemán (Titular)Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Dip. Tomás Brito Lara (Titular)Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Ricardo Astudillo Suárez (Titular)Dip. Laura Ximena Martel Cantú (Suplente)

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. José Francisco Coronato Rodríguez (Titular)Dip. Francisco Alfonso Durazo Montaño (Suplente)

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Dip. Alberto Anaya Gutiérrez (Titular)Dip. Ricardo Cantú Garza (Suplente)Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Dip. Luis Antonio González Roldán (Titular)Dip. José Angelino Caamal Mena (Suplente)

Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza

Mtro. Mauricio Farah GebaraSecretario General

Lic. Juan Carlos Delgadillo SalasSecretario de Servicios Parlamentarios

Centro de Estudios Sociales y de Opinión PúblicaCentro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género

Centro de Estudios de las Finanzas PúblicasCentro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria

Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones ParlamentariasCentro de Documentación, Información y Análisis

Secretario Técnico del Consejo Editorial: Édgar Piedragil Galván

Ciudadanía digital: ¿oportunidad o amenaza?, se terminó de imprimir en la Ciudad de México durante el mes de marzo del año 2015. Tiempo de campañas electorales en los que

participarán por primera vez en la historia electoral reciente de México los candidatos independientes. Para su composición se utilizó

la tipografía Georgia y para los títulos Akzidenz. Se imprimieron 3,500 ejemplares.