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Tema XV_FP_ Las fuentes del derecho administrativo Página 1

15. LAS FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE

LEGALIDAD EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. LA JERARQUÍA DE LAS

FUENTES. EL ACTO ADMINISTRATIVO: CONCEPTO, CLASES Y ELEMENTOS.

EFICACIA Y VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. RECURSOS

ADMINISTRATIVOS .REVISIÓN, ANULACIÓN Y REVOCACIÓN.

1. LAS FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE

LEGALIDAD EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.

2. LA JERARQUÍA DE LAS FUENTES.

3. EL ACTO ADMINISTRATIVO: CONCEPTO, CLASES Y ELEMENTOS. EFICACIA

Y VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

4. RECURSOS ADMINISTRATIVOS .REVISIÓN, ANULACIÓN Y REVOCACIÓN.


1. LAS FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO

Es aquella parte del Derecho público que tiene por objeto la organización, los

medios y las formas de la actividad de las administraciones públicas y las

consiguientes relaciones jurídicas entre aquellas y otros sujetos.

PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Las actuaciones del poder de un Estado está sometidas a la Constitución. La

seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén

sometidas al principio de legalidad (Art. 9 C.E., Art. 25 C.E. , Art. 53 C.E. y Art. 103

C.E.). Todos los poderes públicos se encuentran sujetos a la ley.

La Constitución garantiza:

El principio de legalidad,

.

Artículo 25.

Encontramos una concreción del principio de legalidad en el ámbito sancionador:

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que

en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción

administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.

2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán

orientadas hacia:

La reeducación

Y reinserción social

Y no podrán consistir en trabajos forzados.

El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma

gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de

los que se vean expresamente limitados por:

o El contenido del fallo condenatorio

o El sentido de la pena

o La ley penitenciaria.


En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios

correspondientes de la seguridad social, así como al acceso a la cultura y al

desarrollo integral de su personalidad.

3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o

subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

Artículo 103.

La sumisión de los actos administrativos concretos a las disposiciones vigentes de

carácter general, y de otro, la sumisión de los órganos que dictan disposiciones

generales al ordenamiento jerárquico de las fuentes del Derecho (Garrido Falla)

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y

actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,

desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

EL SISTEMA DE FUENTES

El problema de las fuentes se plantea en términos similares a las restantes

disciplinas jurídicas, en lo que se refiere a las diversas acepciones del término

fuente (de producción, de conocimiento…)las clases (escritas , no escritas,

primarios o secundarias, directas o indirectas)o principios de articulación entre

unos y otras.

La pirámide “kelseniana” divide en fuentes de derecho normativo (CE, Ley y

reglamentos) y fuentes no normativas (principios generales del derecho y

jurisprudencia) . Esta estructura recibe el nombre de ordenamiento jurídico-

administrativo ya que existen unos principios que le dan forma.

Otros autores dividen entre fuentes directas e indirectas:

FUENTES DIRECTAS

Primarias:

- La Constitución

- Ordenamiento comunitario


- Estatutos de Autonomía y Leyes Orgánicas

- Leyes ordinarias del Estado y de las Comunidades Autónomas

- Decretos leyes y Decretos legislativos

- Reales Decretos y Decretos autonómicos

- Órdenes de las Comisiones Delegadas del Gobierno

- Órdenes Ministeriales

- Disposiciones de Autoridades inferiores

Secundarias:

- Costumbre - Principios Generales del Derecho

FUENTES INDIRECTAS

- Tratados Internacionales

– Jurisprudencia

-Doctrina científica.

2. LA JERARQUIA DE LAS FUENTES

PRINCIPIO DE JERARQUÍA

Las normas de rango inferior no pueden oponerse a las de rango superior. El

ordenamiento está ordenado de forma jerárquica y en su cúspide se halla la

Constitución.

Regulado en el art. 9.3 de la Constitución, una norma prevalece sobre otra según

el órgano o autoridad de la que emane. Esta ordenación vertical de las fuentes

según el principio de jerarquía conlleva una estricta subordinación entre ellas.

Según el Código civil, formula que “carecerán de validez las disposiciones que

contradigan otra de rango superior”.


En cambio el principio de competencia que se aplicará como regla

complementario al principio de jerárquica implica la atribución a un órgano de la

potestad de regular determinadas materias .este principio explica la existencia de

ordenamiento al margen del principio de jerarquía, como los reglamentos

parlamentarios, los estatutos de los colegios profesionales, leyes y reglamentaos

de CCAA o reglamentos o bandos de corporaciones locales.

LA CONSTITUCIÓN

Es la primera de las fuentes, es la que prevalece sobre las demás. La

supremacía de la Constitución puede verse afectada por el Derecho Europeo,

aunque en un principio los tratados internacionales solo son válidos cuando se

sujetan a lo dispuesto de la Constitución. (art. 95.1), el art. 93, establece que

mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se

atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias

derivadas de la Constitución.

Atendiendo al procedimiento de su revisión las normas constitucionales pueden

ser de dos clases.

- Las previstas en el artículo 168.1 de la Constitución. Su revisión se

equipara con la revisión total de la Constitución y se sujeta a un

procedimiento que consiste en la aprobación de la iniciativa por mayoría

de 2/3 de ambas Cámaras, disolución de las Cortes, ratificación de la

decisión por las nuevas Cámaras, aprobación del nuevo texto por

mayoría de 2/3 y sometimiento a referéndum.

- Las restantes que se pueden considerar jerárquicamente inferiores a

las anteriores y su revisión se realiza por un procedimiento más simple,

recogido en el artículo 167 de la Constitución.

LAS LEYES Y SUS CLASES

Las leyes son aquellas normas de origen parlamentario, subordinadas a la

Constitución. Dentro de las leyes parlamentarias, además de las leyes ordinarias, que

se aprueban por el procedimiento habitual y mayoría simple, la Constitución de 1978

ha introducido la categoría de leyes orgánicas.


LEYES ORGÁNICAS

Estas leyes se refieren a materias de especial trascendencia y requieren mayoría

absoluta del Congreso. Se refieren “al desarrollo de los derechos fundamentales y de

las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen

electoral general y las demás previstas en la Constitución” (artículo 81 Constitución).

También son leyes parlamentarias las leyes de las Comunidades Autónomas, es decir,

las normas que aprueban sus órganos legislativos sobre materias que tiene atribuidas

y sobre las cuales tiene el Tribunal Constitucional el control de su constitucionalidad.

Las leyes de las Comunidades Autónomas están subordinadas, además de a la

Constitución, a sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Dentro de las leyes estatales de conexión con los subsistemas autonómicos

podemos encontrar:

Los Estatutos de Autonomía, que son leyes orgánicas.

Las leyes-marco, a través de las cuales “las Cortes Generales, en materia

de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las

Comunidades Autónomas la facultad de dictar para sí mismas normas

legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una

Ley estatal” (artículo 150.1 Constitución).

Las leyes de transferencia o delegación, por medio de las cuales “el Estado

podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley

orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que

por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”

(artículo 150.2 Constitución).

Las leyes de armonización, por medio de las cuales “el Estado podrá dictar

leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las

disposiciones normativas de las CC.AA., aún en el caso de materias

atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general”

(artículo 150.3 Constitución).

Como formas especiales de leyes parlamentarias están las siguientes:


- Leyes refrendadas: Son las sometidas a referéndum, si entendemos que el artículo

92 de la Constitución, al hablar, a propósito del referéndum, de “decisiones políticas de

especial trascendencia” incluye a las leyes.

- Leyes paccionadas: Se utilizan para dar más autoridad a determinados contratos,

protegiéndolos de posibles modificaciones unilaterales del poder ejecutivo.

También podemos encontrar otros tipos de leyes:

Leyes por iniciativa Popular

Leyes de presupuestos generales del Estado.

Leyes de autorización o ratificación de tratados o Convenios

Leyes de bases: permiten al ejecutivo para que dicte dentro de sus bases

normas con rango de ley.

NORMAS DEL GOBIERNO CON FUERZA DE LEY

DECRETOS-LEY:

Se regulan en la Constitución en el articulo 86 con los siguientes requisitos:

En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar:

Disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de

Decretos-leyes

Y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del

Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados

en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho

electoral general.

Los Decretos-leyes deberán ser:

Inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso

de los Diputados

Convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta

días siguientes a su promulgación.

El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo

sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento

establecerá un procedimiento especial y sumario.


Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos

como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

DECRETOS LEGISLATIVOS:

Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el

título de Decretos Legislativos.

Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con

rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior.

La delegación legislativa deberá otorgarse

Mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos

articulados

O por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales

en uno solo.

La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para

materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio.

La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la

publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo

implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a

autoridades distintas del propio Gobierno.

Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación

legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.

La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se

refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera

formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los

textos legales que han de ser refundidos.

Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación

podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.

Las leyes de bases no podrán en ningún caso:

a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.

b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.


Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación

legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal

supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial

de la ley de delegación.

DERECHO COMUNITARIO

El derecho comunitario es autónomo, se integra en el derecho interno bajo una

relación vertical.

El tratado de la CE. Clasifica en 5 categorías los actos que pueden ser aprobados por

el Consejo y la Comisión. : Reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y

dictámenes.

El reglamento tendrá un alcance general y será obligatorio en todos sus elementos y

directamente aplicable en cada Estado miembro.

La directiva es una norma que no obliga directamente pero que vincula a los estados a

tomar las disposiciones necesarias para incorporarlo al derecho interno .

La decisión será obligatoria en todos sus elementos para todos sus destinatarios, no

es un acto normativo, es un acto singular.

Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes.

REGLAMENTO

Es toda norma escrita con rango inferior a la ley dictada por una Administración

Pública.

COSTUMBRE

En el derecho administrativo solamente la podemos entender si la propia ley la invoca.

PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO

Se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del

ordenamiento jurídico.

JURISPRUDENCIA

Como fuente indirecta, también tenemos que incorporar la jurisprudencia del Tribunal

Europeo de derechos humanos y la del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.


3. EL ACTO ADMINISTRATIVO : CONCEPTO, CLASES Y ELEMENTOS.

EFICACIA Y VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

CONCEPTO

Es el dictado por un poder público en el ejercicio de potestades administrativas

y mediante el que impone su voluntad sobre los derechos, libertades o intereses

de otros sujetos públicos o privados, bajo el control de la Jurisdicción

contencioso-administrativo.

CLASES

Atendiendo a la potestad discrecional:

-Actos reglados.

-Actos discrecionales: Son los dictados en materias definidas por la Ley como

discrecionales y no susceptibles de control judicial.

Desde el punto de vista procesal:

-Actos que no causan estado , firmes o consentidos y actos confirmatorios

-Actos que causan estado, actos no firmes y actos originarios.

Atendiendo a su contenido: Amplían o restringen la esfera jurídica de los

particulares

-Actos favorables: Admisiones, concesiones, autorizaciones, aprobaciones,

dispensas.

-Actos de gravamen: ordenes, actos traslativos de derechos, actos extintivos, y

sancionadores.


Por la forma de su exteriorización:

-Actos expresos

-Actos presuntos.

Por los sujetos de los que emiten:

– Acto Simple: Si lo emite un sólo Órgano Administrativo.

– Acto Complejo: Si participan dos o más Órganos Administrativos.

Por los efectos jurídicos de su contenido :

– Acto Negocial: Cuando el efecto proviene de una declaración de voluntad del

órgano administrativo.

– Acto no Negocial: Cuando el efecto proviene de la Ley.

LOS ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Se clasifican en tres elementos:

Subjetivos

Objetivos

Teleológico o final

Formales

Y asimismo en esenciales (sujeto, el objeto, la voluntad, la causa, el contenido, la

forma) y accidentales (término, condición y el modo).

Por su relación con los actos judiciales adquieren especial relevancia la causa y el fin.

Elementos Subjetivos:

Requiere la validez en tanto al órgano y la competencia.

El titular del órgano no debe tener causas de abstención ni de recusación.


El órgano debe ser competente (territorial, funcional o jerárquicamente) para

realizar el acto administrativo.

Competencia.

1. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos

que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación,

cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes.

La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de

firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque

sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.

2. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos

administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de

aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de

atribución de competencias.

3. Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin

especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y

resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón

de la materia y del territorio. Si existiera más de un órgano inferior competente por

razón de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes

corresponderá al superior jerárquico común de estos.

Delegación de competencias.

1. Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el

ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma

Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los

Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de

aquéllas.

En el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de

competencias deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial de quien

dependa el órgano delegante y en el caso de los Organismos públicos o Entidades

vinculados o dependientes, por el órgano máximo de dirección, de acuerdo con sus

normas de creación. Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente

será necesaria la aprobación previa del superior común si ambos pertenecen al mismo


Ministerio, o del órgano superior de quien dependa el órgano delegado, si el delegante

y el delegado pertenecen a diferentes Ministerios.

Asimismo, los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el

ejercicio de sus competencias propias en sus Organismos públicos y Entidades

vinculados o dependientes, cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que

tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión. La delegación deberá ser

previamente aprobada por los órganos de los que dependan el órgano delegante y el

órgano delegado, o aceptada por este último cuando sea el órgano máximo de

dirección del Organismo público o Entidad vinculado o dependiente.

2. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:

a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la

Presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias de los

Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Asambleas Legislativas

de las Comunidades Autónomas.

b) La adopción de disposiciones de carácter general.

c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los

actos objeto de recurso.

d) Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.

3. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el

«Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia,

según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial

de competencia de éste.

4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán

expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

5. Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias

que se ejerzan por delegación.

No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para

resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo

prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; no obstante, no

podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el


correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo

acerca del mismo.

6. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya

conferido.

7. El acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos

colegiados, para cuyo ejercicio se requiera un quórum o mayoría especial, deberá

adoptarse observando, en todo caso, dicho quórum o mayoría

Elementos Objetivos

Los elementos objetivos vienen determinados objetivamente por el propio contenido

del acto.

El contenido del acto debe ser posible, licito, determinable y adecuado al fin.

Existen unas variables (condición, término y modo) que determinan su

eventualidad y que son introducidas por el órgano administrativo

Elemento teleológico o final y causal

El acto debe tener un interés público. El contenido de los actos se ajustará a lo

dispuesto en el Ordenamiento Jurídico, y dicho contenido será determinado y

adecuado a los fines de aquéllos.

Elementos formales

Son el conjunto de trámites, procedimientos y formalidades que debe tener el acto

administrativo para desarrollar la voluntad administrativa.

Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a

menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma

verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por

el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la

comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones,

el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de

forma verbal, con expresión de su contenido.


Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales

como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto,

acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras

circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.

Son tres los elementos formales

El procedimiento: Es el conjunto de actuaciones preparatorias y conducentes al acto o

resolución final cuya finalidad es asegurar el acierto y la eficacia de la Administración.

La forma de la declaración : requiere como garantía mínima la forma escrita salvo que

su naturaleza o circunstancias no exijan otra forma más adecuada de expresión o

constancia si se realiza en forma verbal y no se trate de resoluciones la constancia

escrita se realizará y firmará por el órgano inferior que lo reciba.

La motivación cuando es legalmente exigible. Los actos que son necesitados de

motivación con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho son los

siguientes:

A los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos

administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y

procedimientos de arbitraje.

Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen

de órganos consultivos.

Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta , así

como la adopción de medidas provisionales.

Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos.

Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban

serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

EFICACIA Y VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS


EFECTOS

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se

presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que

en ellos se disponga otra cosa.

La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté

supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.

Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se

dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos

favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios

existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione

derechos o intereses legítimos de otras personas.

Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en

el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los

órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o

pertenezcan a otra Administración.

Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus

competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una

Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal, podrá requerir a

ésta previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso- Administrativa, y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer

recurso contencioso-administrativo. En estos casos, quedará suspendido el

procedimiento para dictar resolución.

EJECUTORIEDAD

1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo

serán inmediatamente ejecutivos, salvo que:

a) Se produzca la suspensión de la ejecución del acto.


b) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora

contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de

reposición.

c) Una disposición establezca lo contrario.

d) Se necesite aprobación o autorización superior.

VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se

presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en

ellos se disponga otra cosa.

4. RECURSOS ADMINISTRATIVOS .REVISIÓN, ANULACIÓN Y REVOCACIÓN.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Objeto y clases.

112.1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden

directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar

el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses

legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo

de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad

previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.

La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados

para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

2. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos

sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por

otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje,

ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones

jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley

reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo.


En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los

procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo

para el interesado.

La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la Administración Local no

podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los

órganos representativos electos establecidos por la Ley.

3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en

vía administrativa.

Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad

de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse

directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.

4. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos

establecidos por su legislación específica.

Recurso extraordinario de revisión.

Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso

extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el

artículo 125.1.

Fin de la vía administrativa.

1. Ponen fin a la vía administrativa:

a) Las resoluciones de los recursos de alzada.

b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2.

c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior

jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.

d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de

finalizadores del procedimiento.

e) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad

patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.


f) La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a

los que se refiere el artículo 90.4. (4. Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a

las Administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente, se

fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será

susceptible de terminación convencional, pero ni ésta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer

implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía

administrativa.)

g) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición

legal o reglamentaria así lo establezca.

2. Además de lo previsto en el apartado anterior, en el ámbito estatal ponen fin a la

vía administrativa los actos y resoluciones siguientes:

a) Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.

b) Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las

competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares.

c) Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o

superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de

personal.

d) En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o

dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos

órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan

sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.

Interposición de recurso.

1. La interposición del recurso deberá expresar:

a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del

mismo.

b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación.

c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del

lugar que se señale a efectos de notificaciones.

d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente

código de identificación.


e) Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones

específicas.

2. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no

será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.

3. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por

quienes los hubieren causado.

Causas de inadmisión.

Serán causas de inadmisión las siguientes:

a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a

otra Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de

acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del

Sector Público.( Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.)

b) Carecer de legitimación el recurrente.

c) Tratarse de un acto no susceptible de recurso.

d) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.

e) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.

Suspensión de la ejecución.

1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una

disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa

resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio

que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente

como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de

oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran

alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.


b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de

pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley.

3. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un

mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro

electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma,

el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución

expresa al respecto. En estos casos, no será de aplicación lo establecido en el

artículo 21.4 segundo párrafo, de esta Ley.( En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los

interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan

término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del

acuerdo de iniciación de oficio, o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción

de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. En

este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.)

4. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que

sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la

eficacia de la resolución o el acto impugnado.

Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza,

aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para

responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente.

La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando,

habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos

de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera

recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del

proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente

pronunciamiento judicial sobre la solicitud.

5. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo

que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia

habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó.

Audiencia de los interesados.

1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos

en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en

un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y

presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.


No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o

alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de

alegaciones no lo haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas

cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución

recurrida fuera imputable al interesado.

2. Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para

que en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente.

3. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de documentos

nuevos a los efectos de este artículo. Tampoco lo tendrán los que los interesados

hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada.

Resolución.

1. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las

pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.

2. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el

fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue

cometido, sin perjuicio de que eventualmente pueda acordarse la convalidación de

actuaciones por el órgano competente para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 52.(covalidación)

3. El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma

como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los

interesados. En este último caso se les oirá previamente. No obstante, la resolución

será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún

caso pueda agravarse su situación inicial.

Pluralidad de recursos administrativos.

1. Cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan

causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial

contra una resolución administrativa o bien contra el correspondiente acto presunto

desestimatorio, el órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para

resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.


2. El acuerdo de suspensión deberá ser notificado a los interesados, quienes

podrán recurrirlo.

La interposición del correspondiente recurso por un interesado, no afectará a los

restantes procedimientos de recurso que se encuentren suspendidos por traer causa

del mismo acto administrativo.

3. Recaído el pronunciamiento judicial, será comunicado a los interesados y el

órgano administrativo competente para resolver podrá dictar resolución sin necesidad

de realizar ningún trámite adicional, salvo el de audiencia, cuando proceda.

Recurso de Alzada:

Objeto.

1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin

a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior

jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del

personal al servicio de las Administraciones Públicas y cualesquiera otros que, en el

seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del

órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente

de los mismos.

2. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o

ante el competente para resolverlo.

Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado,

éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con

una copia completa y ordenada del expediente.

El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del

cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior.

Plazos.

1. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto

fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la

resolución será firme a todos los efectos.


Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán

interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel

en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio

administrativo.

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses.

Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el

recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo.( Artículo 24.

Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. (24.1El sentido del silencio también será

desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud

de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio

administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el

órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias

enumeradas en el párrafo anterior de este apartado.)

3. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso

administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en

el artículo 125.1.

Recurso potestativo de reposición

Objeto y naturaleza.

1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser

recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera

dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo.

2. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea

resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de

reposición interpuesto.

Plazos.

1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el

acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso

contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso

extraordinario de revisión.


Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán

interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a

aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes.

3. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de

nuevo dicho recurso.

Recurso extraordinario de revisión

Objeto y plazos.

1. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso

extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será

el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias

siguientes:

a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los

propios documentos incorporados al expediente.

b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que,

aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios

declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.

d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación,

cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya

declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa

a) del apartado anterior, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la

notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres

meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia

judicial quedó firme.

3. Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados

a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 106 y 109.2 de la

presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan.(106 revisión


de disposiciones y actos nulos.109 Revocación de actos y rectificación de errores. 2.

Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los

errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.)

Resolución.

1. El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar

motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del

Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando el mismo

no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artículo anterior o

en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos

sustancialmente iguales.

2. El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión

debe pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso,

sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.

3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso

extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá

desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

Revisión de disposiciones y actos nulos.

1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a

solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano

consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio

la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o

que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y

previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la

Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones

administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2.( 2. También serán nulas de pleno

derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango

superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no

favorables o restrictivas de derechos individuales.)

3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la

inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad

de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad


Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del

artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de

que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente

iguales.

4. Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 (2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona

o grupo de personas.)y 34.1( Indemnización.1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de

daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o

circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer

para estos casos.) de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma.

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo

de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del

mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá

entender la misma desestimada por silencio administrativo.

DECLARACIÓN DE LESIVIDAD DE ACTOS ANULABLES.

1. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional

contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean

anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad

para el interés público.

2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro

años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos

aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el

artículo 82.

Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la

acción en el proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será

susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos

informativos.

3. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin

que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.


4. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las

Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de

cada Administración competente en la materia.

5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la

declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de

éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.

Suspensión.

Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refieren los artículos 106

y 107, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá suspender la

ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil

reparación.

REVOCACIÓN DE ACTOS Y RECTIFICACIÓN DE ERRORES.

1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el

plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal

revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea

contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier

momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o

aritméticos existentes en sus actos.

Límites de la revisión.

Las facultades de revisión establecidas en este Capítulo, no podrán ser ejercidas

cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras

circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de

los particulares o a las leyes.

Competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos

nulos y anulables en la Administración General del Estado.

En el ámbito estatal, serán competentes para la revisión de oficio de las

disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables:


a) El Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los

actos y disposiciones dictados por los Ministros.

b) En la Administración General del Estado:

1.º Los Ministros, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de

Estado y de los dictados por órganos directivos de su Departamento no dependientes

de una Secretaría de Estado.

2.º Los Secretarios de Estado, respecto de los actos y disposiciones dictados por

los órganos directivos de ellos dependientes.

c) En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o

dependientes de la Administración General del Estado:

1.º Los órganos a los que estén adscritos los Organismos públicos y entidades de

derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por el máximo órgano

rector de éstos.

2.º Los máximos órganos rectores de los Organismos públicos y entidades de

derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos de

ellos dependientes.

NULIDAD DE PLENO DERECHO.

1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los

casos siguientes:

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo

constitucional.

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia

o del territorio.

c) Los que tengan un contenido imposible.

d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia

de ésta.


e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente

establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de

la voluntad de los órganos colegiados.

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que

se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales

para su adquisición.

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango

de Ley.

2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que

vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango

superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la

retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos

individuales.

ANULABILIDAD.

1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier

infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la

indefensión de los interesados.

3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para

ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del

término o plazo.

LÍMITES A LA EXTENSIÓN DE LA NULIDAD O ANULABILIDAD DE LOS

ACTOS.

1. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el

procedimiento que sean independientes del primero.

2. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las

partes del mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal

importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.


CONVERSIÓN DE ACTOS VICIADOS.

Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos

constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.

CONSERVACIÓN DE ACTOS Y TRÁMITES.

El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la

conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual

de no haberse cometido la infracción.

CONVALIDACIÓN.

1. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios

de que adolezcan.

2. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en

el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos.

3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la

convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior

jerárquico del que dictó el acto viciado.

4. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el

acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.

Anexo:

Recurso de alzada Consiste en recurrir las resoluciones y los actos de trámite cuando no pongan fin a la vía administrativa ante el órgano superior jerárquico del que los dictó.

Normativa básica: Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas, artículos 112 a 122.

Forma de inicio: Solicitud de interesado con los requisitos del artículo 115 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre.


Plazo para interponerlo: Un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, se podrá interponer en

cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se

produzca el acto presunto.

Lugar de presentación: Cualquiera de los registros y oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre.

Documentos a aportar: Todos los que estime conveniente para la defensa de su argumentación.

Fases del procedimiento: Las generales del procedimiento administrativo.

Plazo de resolución: Tres meses. Transcurrido este plazo sin resolución se podrá entender desestimado

el recurso, salvo en el supuesto previsto en el tercer párrafo del artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre.

Recursos: Recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional que corresponda en el plazo

de dos meses (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio). No podrá interponerse nuevo recurso

administrativo contra la resolución de un recurso de alzada, salvo el extraordinario de revisión cuando

proceda.

Recurso potestativo de reposición Consiste en recurrir los actos administrativos cuando pongan fin a la vía administrativa ante el mismo órgano que los hubiera dictado.


Administraciones Públicas, artículos 112 a 120 y 123 y 124.

Forma de inicio: Solicitud de interesado con los requisitos del artículo 115 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre.

Plazo para interponerlo: Un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, se podrá interponer en

cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se

produzca el acto presunto.






Plazo de resolución: Un mes. Transcurrido este plazo sin resolución expresa se podrá entender

desestimado el recurso.

Recursos: Recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional que corresponda en el plazo

de dos meses, (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio). No podrá interponerse nuevo recurso

administrativo contra la resolución de un recurso de reposición, salvo el extraordinario de revisión, cuando

proceda.

Recurso extraordinario de revisión

Consiste en recurrir los actos firmes en vía administrativa cuando concurra alguna

de las circunstancias previstas en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Normativa básica: Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas, artículos 113 a 120 y 125 y 126.

Forma de inicio: Solicitud de interesado con los requisitos del artículo 115 de la

Ley 39/2015, de 1 de octubre, que debe basarse en alguna de las siguientes causas:

1ª) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los

propios documentos incorporados al expediente.

2ª) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto

que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

3ª) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios

declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.

4ª) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación,

cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya

declarado así en virtud de sentencia judicial firme.


Plazo: Cuando se trate de la causa 1ª, dentro del plazo de cuatro años siguientes

a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo

será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la

sentencia judicial quedó firme.

Lugar de presentación: Cualquiera de los registros y oficinas a que se refiere el

artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre

Documentos a aportar: Todos los que estime convenientes para la defensa de su

argumentación.

Fases del procedimiento: Las generales del procedimiento administrativo. Cabe

destacar la necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado, salvo que el

órgano que resuelva acuerde la inadmisión a trámite.

Plazo de resolución: Tres meses. Transcurrido este plazo sin resolución se podrá

entender desestimado el recurso.

Recursos: Recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional que

corresponda en el plazo de dos meses (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).

Revisión de oficio de actos nulos Consiste en solicitar la declaración de nulidad de un acto administrativo que haya puesto fin a la vía administrativa o que no se haya recurrido en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.


Administraciones Públicas, artículo 106.

Forma de inicio: De oficio o a solicitud de interesado.

Plazo para formularlo: No hay plazo, se puede solicitar en cualquier momento.





Plazo de resolución: Seis meses. Transcurrido este plazo sin resolución expresa se podrá entender

desestimada la acción de nulidad.

Órgano competente para resolver: Depende del órgano que haya dictado el acto que se pretende

anular. Se establece en el artículo 111 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Recursos: Recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional que corresponda en función

del órgano que haya dictado la resolución. (artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio).

Reclamación por responsabilidad patrimonial

Consiste en solicitar una indemnización por toda lesión que los particulares sufran

en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión

sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y que

el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una

persona o grupo de personas y que no tengan el deber jurídico de soportarlo.

Normativa básica: Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas, artículos 91 y 92, y Ley 40/2015, de 1 de

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, artículos 32 a 35.

Forma de Inicio: De oficio o por reclamación de los interesados.

Plazo: Un año, desde que se produjo el hecho o acto que motive la indemnización

o desde la manifestación de su efecto lesivo.


artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Documentos a aportar: Todos los que estime conveniente para la defensa de su

argumentación.

Fases del procedimiento: Las generales del procedimiento administrativo, con las

especialidades de los artículos 67, 81, 91 y 92 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. Será

necesario recabar dictamen del Consejo de Estado cuando la cuantía sea superior a

50.000 euros.

Plazo de resolución: Seis meses. Transcurrido dicho plazo sin resolución se

podrá entender desestimada la solicitud de indemnización.


Órgano competente para resolver: Corresponde al titular del Departamento o al

Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre

o cuando una Ley así lo dispone.

Recursos: Recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o recurso

contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional que corresponda, en el plazo

de dos meses

Derecho de petición

Permite a los ciudadanos (prescindiendo de su nacionalidad) solicitar a las

autoridades públicas actuaciones respecto a cuestiones de su competencia y que no

sean objeto de un procedimiento regulado.(Es la facultad que pertenece a toda

persona de dirigirse a los poderes públicos para hacerles conocer un hecho o un

estado de cosas y para reclamar su intervención. Todos los españoles tendrán el

derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que

determine la ley. )

Normativa básica: Constitución española, artículo 29. Ley Orgánica 4/2001, de 12

de noviembre reguladora del derecho de petición.

Forma de inicio: Solicitud, con los requisitos que establece la Ley Orgánica

4/2001, de 12 de noviembre.


artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Documentos a aportar: Todos los que estime conveniente el peticionario.

Tramitación de las peticiones: La administración, Institución pública o Autoridad

que reciba una petición acusará recibo de la misma al interesado. Cuando se estime

incompetente para el conocimiento de la petición remitirá las actuaciones al órgano

que considere competente, si ambos pertenecieran a la misma institución,

administración u organismo.

Inadmisión de peticiones: No se admitirán las peticiones cuyo objeto sea ajeno a

las atribuciones de los poderes públicos, instituciones u organismos a que se dirijan ni

para las que exista un procedimiento distinto al establecido en la Ley Orgánica 4/2001,

de 12 de noviembre.


Declaración de inadmisibilidad: Será siempre motivada y se notificará al

peticionario en los 45 días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición.

Contestación de peticiones: La autoridad u órgano competente vendrá obligado

a contestar y notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses. El silencio

tendrá efecto desestimatorio (art. 24.1 de la Ley 29/2015, de 1 de octubre).

Recursos: Sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime

procedentes, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo por el

procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la

persona (art. 12 de la Ley 4/2001, de 12 de noviembre) contra las siguientes

actuaciones:

a) La declaración de inadmisibilidad de la petición.

b) La omisión de la obligación de contestar en el plazo establecido.

c) La ausencia en la contestación de los requisitos mínimos establecidos en el

artículo 11 de la Ley Orgánica 4/2001.

Rectificación de errores Es un procedimiento que tiene por objeto la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos de los actos administrativos.


Administraciones Públicas, artículo 109.2.

Forma de inicio: De oficio o a solicitud de interesado.

Plazo para formularlo: No hay plazo, se puede solicitar en cualquier momento.


39/2015, de 1 de octubre

Documentos a aportar: Todos los que estime convenientes para la defensa de su argumentación.


Plazo de resolución: Tres meses.


Recursos: Recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente en el plazo de

dos meses.

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