Versión actualizada

Febrero 2013

Propuesta Social

Iglesia Luterana Costarricense

ILCO

Unión de Productores Independientes de Actividades Varias

UPIAV

Unión Nacional de Pequeños y Medianos

Productores Agropecuarios

UPANACIONAL

Cooperativa Agrícola, Industrial

y de Servicios Múltiples el General

COOPEAGRI

Cooperativa de Caficultores de Tarrazú

COOPETARRAZÚ

Cooperativa de Electrificación Rural

Los Santos COOPESANTOS

Asociación Regional de Salud

Comunitaria de San Ramón

ARSC

Sindicato Nacional de Enfermería

SINAE

Central Social Juanito Mora Porras

CSJMP

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

ANEP

Consorcio de Gestión de la Economía Social

CONGES

Comité Cívico Nacional de Motociclistas de Costa Rica

CCNMCR

Manifiesto por la Seguridad Social 19 de febrero del 2013

Nuestro Seguro social, la “Caja”, se basa en dos pilares fundamentales: La solidaridad, incluida la financiera, y la

universalidad de los servicios. Estos son bases esenciales de nuestro modelo solidario de seguridad social y es lo

que nos ha permitido tener mejores resultados en salud que países mucho más ricos y poderosos.

Estos principios implican que todas las personas debemos contribuir a una “olla común” con la finalidad de que

esta nos asegure una pensión digna y atienda nuestra salud, sin importar nuestra clase social, ubicación

geográfica, sin discriminación de ningún tipo y sin que se nos limite el acceso a todo lo que requiramos

independiente de nuestro expediente de salud familiar.

¿Hacia dónde nos llevan? De un seguro solidario a tiempos de espera y

exclusión de servicios.

Más de sesenta años de alimentar esta “olla común” ha generado un capital social y económico que es

sumamente apetecido para quienes quieren transformar nuestra salud y nuestras pensiones en un negocio.

¿Cómo lograr que la ciudadanía acepte que sean los operadores financieros privados y los consorcios de medicina

privada los que administren el fondo de pensiones y atiendan privadamente nuestra salud? La población

costarricense se opone masivamente a privatizar la Caja Costarricense del Seguro Social. Para lidiar con esta

oposición se encuentra en marcha una estrategia que sistemáticamente deteriora el funcionamiento y la imagen

de la institución. El objetivo es que la Caja siga recaudando fondos públicos y que proveedores privados lucren

con la enfermedad. Y lo que es realmente terrible para la población, es que ese negocio con la salud se hará a

costa de incluir tiempos de espera para acceder a los servicios y de excluir enfermedades que se atienden

En ese contexto, la incapacidad institucional para resolver las largas filas y listas de espera; la complicidad de las

gerencias y sucesivas juntas directivas con la competencia pseudo privada subsidiada por la seguridad social; la

complicidad de las autoridades con el tiempo pagado por la seguridad social que profesionales de ciencias

médicas dedican a sus consultorios privados; o, incluso el presunto “maquillaje” de cifras en los términos que ya

han sido denunciados ante el Ministerio Público, son tan solo algunas expresiones de esa estrategia.

La crisis del Seguro de Salud se manifiesta en lo financiero, pero se origina en serios problemas de gestión, a su

vez originados en intereses políticos de corto plazo y en manejos gremiales corporativos que enfrenta a la

población asegurada con un pequeño grupo de profesionales que solo vela por sus propios intereses. Esta

realidad perjudica la equidad y la oportunidad de los servicios que recibe la población asegurada.

Los problemas de la Caja se originan en tres tipos de conflictos de interés de cuya resolución depende el futuro

de la seguridad social:

1. El conflicto existente entre el interés público y los intereses político-partidarios. Este conflicto ha producido, por ejemplo, que la jerarquía institucional le perdone deudas al Estado o no se utilicen todos los instrumentos legales para impedir la morosidad del Estado con la Caja; o que se haya contratado más de 10 mil personas, la mayoría en cargos administrativos a nivel central.

2. El conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles de quienes hacen jugoso negocio con la salud (o más bien, con la enfermedad) de las personas. Este conflicto ha producido, por ejemplo, que se siga contratando servicios privados a un costo altísimo, en lugar de realizar las inversiones que permitan a la Caja prestar esos servicios de forma directa a un menor costo.

3. El conflicto existente entre el interés púbico y el interés gremial. Algunos de los gremios de la Caja están actualmente defendiendo situaciones desfavorables para la población asegurada. Por ejemplo, en lugar de buscar que la hora ordinaria se remunere bien para todos, defienden que una pequeña élite de profesionales en ciencias médicas ganen más de 10 millones de colones al mes. Esto se hace mediante abultadas jornadas extraordinarias como guardias médicas y disponibilidades que disparan el gasto en esta partida presupuestaria y que no guardan relación con las listas de espera que son verdaderamente uno de los talones de Aquiles del sistema. Estas jornadas extraordinarias devienen permanentes, con lo que se bloquea la creación de segundos y terceros turnos. Este círculo vicioso impide que la mayoría de los centros de atención de la Caja abiertos las 24 horas logren un verdadero impacto en la efectividad, calidad y humanización de los servicios. También impide la contratación de personas jóvenes que releven a la fuerza de trabajo actual.

Todos estos conflictos entre el interés público (de toda la población asegurada) y de unos pocos (políticos,

vendedores de servicios y de algunos pocos especialistas inescrupulosos), que afectan directamente lo que hace y

deja de hacer la Caja, tanto hacia dentro como en sus relaciones externas, deben ser abordados con transparencia

y objetividad. De ello depende que sobreviva y se recupere el modelo de salud universal y solidario que hemos

disfrutado.

Acuerdos sociales para rescatar la seguridad social

Desde diversos sectores sociales, ciudadanos y políticos entre otros, se han puesto sobre la mesa múltiples

propuestas para atender esos conflictos de interés, y corregir los graves problemas que aquejan a la Caja

Costarricense del Seguro Social.

En soledad, las autoridades de la Caja no podrán tomar las medidas que se requieren para enfrentar esos

problemas, ya que muchas de estas medidas implican enfrentar intereses y grupos sumamente poderosos e

interesados en la privatización, tanto de los fondos de pensión como de la prestación de servicios médicos,

olvidando por supuesto la atención integral de salud y la medicina preventiva. Es necesario e imprescindible que

las acciones emprendidas en defensa de la seguridad social sean respaldadas por la ciudadanía organizada, sin

este respaldo y la correspondiente articulación de acciones no vemos posible enfrentar intereses tan poderosos

que no descansan en su afán privatizador.

En este momento es urgente un debate nacional con participación social efectiva desde las regiones, por medio

de mesas regionales, que tenga como objetivo fortalecer observatorios populares permanentes de los servicios de

salud, que incorporen a las fuerzas sociales desde lo local-regional y se alimente una mesa nacional para

determinar democráticamente el fortalecimiento del modelo solidario y universal de salud de Costa Rica.

Proceso este que debe permitir revisar las falencias actuales que enfrenta la Caja Costarricense del Seguro Social,

considerando en forma comprensiva e integral, los diversos factores internos y externos que afectan su

funcionamiento. Sólo con grandes acuerdos sociales se logrará el mejoramiento sustancial de los servicios de

salud pública que brinda la Caja a los habitantes de Costa Rica, y se la rescatará de quienes quieren quedarse con

el lucrativo negocio de la enfermedad, lo cual impone también volver la mirada hacia un enfoque preventivo

pensado y reconstruido laboral y socialmente desde los barrios y los pueblos, ruta que sin temor a equivocarnos

es menos onerosa para el sistema como tal.

Este debate nacional que debe desarrollarse bajo un marco de participación democrática desde lo local-regional

debe estar orientado hacia la búsqueda de un PACTO SOCIAL POR EL FORTALECMIENTO Y DEFENSA DE LA CAJA

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL y debe sin lugar a dudas tener como marco los dos pilares de la seguridad

social: solidaridad y universalidad. Se trata de recuperar y fortalecer a la Caja como institución que garantiza el

derecho a la salud del pueblo costarricense. Ese compromiso debe estar por encima de intereses gremiales o

corporativos como también por encima de banderas partidistas.

MEDIDAS URGENTES PARA RESCATAR A LA CAJA Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

Ya en el documento denominado 10 medidas para empezar a ordenar la CCSS, se planteaban medidas urgentes

que deben ser adoptadas a la brevedad. Otros informes, como los dictámenes legislativos de mayoría y minoría,

así como el informe de la denominada comisión de notables, así como diversas propuestas de organizaciones

sindicales, sociales y de la sociedad civil, representan un caudal de pensamiento e iniciativas que deben ser

puestas sobre la mesa. Muchas de ellas son contradictorias entre sí, pero creemos firmemente que existen

amplias áreas de coincidencia entre muchas de esas iniciativas.

Las medidas para abordar estos problemas son múltiples y requieren de una visión integral del problema. Además, ninguna de las medidas que se adopten resolverá por sí misma una problemática por definición compleja. Sin embargo, debemos identificar medidas urgentes que se requieren poner en marcha para “ordenar la Caja”, y para enfrentar y eliminar los tres conflictos antes indicados. Dentro de estas medidas, es nuestra firme convicción que debemos incluir al menos las siguientes:

1. Implementación del expediente electrónico en un plazo de 6 meses a nivel nacional.

2. Transparentar las listas de espera e incorporar la participación de la gente en el seguimiento y control, incluyendo cirugías, exámenes de diagnóstico y citas con especialistas

3. Fiscalizar de mejor manera el cumplimiento de los horarios de todo el personal de la Caja, en particular de los/as profesionales de las ciencias médicas, con un énfasis de control real, efectivo y prioritario en lo que a extras, guardias, disponibilidades se refiere ya que estos rubros son onerosos para el sistema y no guardan relación con la atención que el pueblo trabajador merece. Modalidades de trabajo que deben irse eliminando a partir de implementar lo referido en el punto siguiente.

4. Disminuir el tiempo extraordinario hasta donde sea posible en atención a la calidad y la oportunidad del servicio público, y sobre todo como forma permanente de pago de jornada, creando nuevas plazas en segundos y terceros turnos para que los hospitales y otros centros de atención sigan funcionando las 24 horas.

5. Desenganchar los salarios de los profesionales en ciencias médicas de la fijación salarial del resto del sector público.

6. Establecer gradualmente y conforme se desarrolle un agresivo programa de formación de nuevos especialistas, la prohibición de tener simultáneamente práctica pública y privada para evitar el conflicto de intereses por parte de algunas ramas de profesionales en ciencias médicas

7. Retomar el enfoque preventivo del modelo de atención

8. Acordar y ordenar en un plazo de 30 días la centralización de las compras de medicamentos e insumos médicos y permitir el seguimiento público de estas compras

9. Formular con carácter urgente en un plazo de dos meses, un plan de inversiones que establezca metas concretas para la adquisición de equipo y tecnología de punta para eliminar la contratación de onerosos servicios privados

10. Dar contenido fiscal a todos los compromisos del Estado con la Caja y sus deudas, tanto en el régimen de Enfermedad y Maternidad, como en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y eliminar los portillos legales que permiten evadir y eludir las cuotas obrero-patronales mediante la utilización de redes de empresas y personas jurídicas.

Insistimos que estas son medidas urgentes que deben ser ejecutadas, pero no son las únicas.

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL PROCESO DE ADOPCIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTAS MEDIDAS

Tanto el Gobierno de La República, como las diversas fracciones legislativas, están en la obligación de impulsar las

iniciativas de ley que sean necesarias para hacer realidad estas medidas y otras que inicien, finalmente, el rescate

y fortalecimiento de nuestra seguridad social.

La Junta Directiva de la Caja debe, en un plazo de 6 meses, presentar ante la ciudadanía un plan estratégico de

acciones concretas en defensa del sistema solidario y universal que incorpore acciones específicas, con plazos

claros y con capacidad de ser medibles y verificables por la ciudadanía.

La discusión, adopción y ejecución de estas y otras medidas, deben realizarse en un proceso transparente y con

activa participación ciudadana que acompañe, supervise y enriquezca la toma de decisiones urgentes e

inmediatas para rescatar y fortalecer a la Caja y a nuestro sistema solidario y universal de seguridad social. Es por

ello que la Junta Directiva de la Caja y el Gobierno de la República deben articular un proceso que permita a

diversas organizaciones sociales y ciudadanas, participar en la deliberación colectiva y definan indicadores

medibles de cumplimiento conjuntamente con la jerarquía y las gerencias institucionales. Es indispensable que la

población usuaria tenga voz y que su opinión sea tenida en cuenta y respetada.

19 de febrero del 2013

Dentro de estas medidas, es nuestra firme convicción que debemos incluir al menos las siguientes:

1. Implementación del expediente electrónico en un plazo de 6 meses a nivel nacional.

2. Transparentar las listas de espera e incorporar la participación de la gente en el seguimiento y control, incluyendo cirugías, exámenes de diagnóstico y citas con especialistas.

3. Fiscalizar de mejor manera el cumplimiento de los horarios de todo el personal de la Caja, en particular de los/as profesionales de las ciencias médicas, con un énfasis de control real, efectivo y prioritario en lo que a extras, guardias, disponibilidades se refiere ya que estos rubros son onerosos para el sistema y no guardan relación con la atención que el pueblo trabajador merece. Modalidades de trabajo que deben irse eliminando a partir de implementar lo referido en el punto siguiente.

4. Disminuir el tiempo extraordinario hasta donde sea posible en atención a la calidad y la oportunidad del servicio público, y sobre todo como forma permanente de pago de jornada, creando nuevas plazas en segundos y terceros turnos para que los hospitales y otros centros de atención sigan funcionando las 24 horas.

5. Desenganchar los salarios de los profesionales en ciencias médicas de la fijación salarial del resto del sector público.

6. Establecer gradualmente y conforme se desarrolle un agresivo programa de formación de nuevos especialistas, la prohibición de tener simultáneamente práctica pública y privada para evitar el conflicto de intereses por parte de algunas ramas de profesionales en ciencias médicas.

7. Retomar el enfoque preventivo del modelo de atención.

8. Acordar y ordenar en un plazo de 30 días la centralización de las compras de medicamentos e insumos médicos y permitir el seguimiento público de estas compras.

9. Formular con carácter urgente en un plazo de dos meses, un plan de inversiones que establezca metas concretas para la adquisición de equipo y tecnología de punta para eliminar la contratación de onerosos servicios privados.

10. Dar contenido fiscal a todos los compromisos del Estado con la Caja y sus deudas, tanto en el régimen de Enfermedad y Maternidad, como en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y eliminar los portillos legales que permiten evadir y eludir las cuotas obrero-patronales mediante la utilización de redes de empresas y personas jurídicas.