IES MARTÍNEZ MONTAÑÉS. DEPARTAMENTO DE HISTORIA

SIGLO XX

TEMA 1. LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923-1930).

INTRODUCCIÓN:

CLAVES QUE PUEDEN EXPLICAR EL GOLPE DE ESTADO DE PRIMO DE RIVERA (VER ANEXO)

DESCOMPOSICIÓN DEL DINASTISMOEl régimen político que se mantiene en el siglo XX con el nuevo rey Alfonso

XIII (1902-1931), sigue las mismas pautas del que terminó el XIX: un régimen que reservaba la vida política a los sectores “respetables” de la sociedad y que aseguraba la marginación de las propuestas políticas democráticas consideradas peligrosas y conducentes a la anarquía social; un régimen donde el rey, en el caso de Alfonso XIII, intervencionista y celoso de sus prerrogativas constitucionales, nombraba un jefe de Gobierno y si le parecía oportuno le concedía el decreto de disolución y consecuentemente la potestad de convocar elecciones y su “fabricación”. Esta situación era de gran importancia para el sistema, en la medida que nadie había planteado ni planteaba la conveniencia de que los gobiernos surgieran directamente de la voluntad de las urnas y del Parlamento.

Lo novedoso del sistema a partir de 1913, es la descomposición del dinastismo, es decir, los partidos clásicos o dinásticos se descomponen en facciones[por ejemplo, el partido conservador se divide entre: conservadores de Dato, conservadores de Sanchez Guerra, Mauristas, Ciervistas… en el espacio liberal el Conde de Romanotes, García Prieto, Santiago Alba…], dado la inexistencia de líderes evidentes, lo que derivará en una falta de mayorías parlamentarias claras, que impiden por ejemplo, votar los presupuestos del Estado, estando estos prorrogados desde 1914, y la necesidad de acudir a gobiernos de concentración, por esa fragmentación de líderes o jefes de fila. Fuera del dinastismo Liberal / Conservador, sólo hubo la incorporación, como hombre de alta influencia en la política gubernamental, del regionalista catalán Frances Cambó que había apostado siempre por la implicación del regionalismo en la política española.

PRETORIANISMO DEL EJÉRCITOJunto a la descomposición del dinastismo cabe destacar un aumento del

pretorianismo del Ejército (mantener su influencia en el sistema político, controlar las decisiones que afecten a sus intereses) entre otras cosas por la profunda desconfianza que sienten en la clase política profesional y su progresiva afirmación corporativa al margen de las instituciones políticas fundamentales derivadas del parlamentarismo liberal

Esa influencia tendrá su corolario en 1916-17 en la creación de Juntas de Defensa dentro del Ejército, especie de sindicato que velaría al por sus intereses al margen del poder político La política de recompensas a los “africanistas”, perjudicaba las perspectivas de buena parte de los oficiales del Arma de Infantería con destino en la

Península (mientras Artillería e Ingenieros tenían escala cerrada defendida por juntas toleradas). Por otra parte la carestía de la vida había afectado a los militares como a los demás funcionarios.

La necesidad de crear algo semejante prendió en la guarnición de Barcelona y allí nacieron las Juntas de Defensa, con local propio, secretario y adhesiones. En Madrid el movimiento tuvo poco éxito: en enero de 1917 era la única Junta que faltaba por constituirse. El gobierno de turno no hizo nada, el rey, en una actitud ambigua, siempre deseoso de aparecer como valedor de las preocupaciones de la milicia, hizo constar a los dirigentes del movimiento (el coronel Benito Márquez) que era el primero en desear el saneamiento del Ejército. Sólo cuando se comprobó que no era fácil la instrumentalización o neutralización del movimiento, se pensó en disolver las juntas y dictar sanciones. En mayo de 1917 fueron arrestados los miembros de la Junta de Defensa. El 1 de junio se hace público un manifiesto de las juntas, en el que se pedía la excarcelación de los juntistas, exigiendo un reconocimiento oficial del movimiento de las juntas. Los redactores parecieron dispuestos incluso a la ocupación de las capitanías y gobiernos militares. Los presos fueron puestos en libertad de inmediato.

El impacto fue tremendo y la que era vista como sindicación militar contagió a los funcionarios civiles, los cuales organizaron unas más o menos reales Juntas de Defensa den Hacienda, Correos y Telégrafos. Se generalizó un sentimiento de simpatía inconsciente de muchos hacia aquellas juntas que revelaba un ansia general de cambio.

El gobierno no podía aprobar el reglamento de las juntas ni ignorarlas. El 7 de junio de 1917 el gobierno aceptó el contenido del primer artículo que pedía la defensa de los intereses de los oficiales de academia hasta el empleo de coronel, pero negó la legalidad de la formación de Juntas Locales de Defensa, no teniendo más remedio que dimitir el 9 de junio, llamando entonces el rey a Eduardo Dato a gobernar, cuya primera actuación sería la suspensión de las Cortes.

La presión militar tenía un carácter fundamentalmente corporativo pero a nadie escapaba la importancia política de la misma, ni hasta que punto estaba quebrándose la autoridad del sistema político y el parlamentarismo. El recurso a la suspensión de las garantías constitucionales y el cerrojazo de las Cortes, único medio de mantener la existencia de los gobiernos, no hacía sino aplazar el problema de fondo

ASAMBLEA DE PARLAMENTARIOS

Esta situación de debilidad y de posible neutralidad del ejército, fue aprovechada por aquellos partidos políticos que no tenían espacio en el sistema político (republicanos y nacionalistas), al estar monopolizado éste por los partidos del sistema, para iniciar una reforma constitucional. De esta manera convocaron una Asamblea de Parlamentarios en Barcelona (julio de 1917), fuera de las directrices oficiales, para acometer dicha reforma, para modernizar y eliminar el viejo edificio caciquil, otorgando a España una verdadera democracia. La Asamblea, celebrada pese a la prohibición del gobierno y disuelta por la policía, no pudo lograr el objetivo que se propuso; sobre todo ante las noticias inquietantes de la preparación por parte de los partidos obreros de una gran Huelga General.

DESCONTENTO SOCIAL DE LAS MASAS POPULARES

El desarrollo económico durante la Guerra Mundial, produjo un empeoramiento en las condiciones laborales de la masa obrera, traducido en una subida media de los precios desde 1914 del 37%, en un acaparación y una relativa falta de subsistencias. El descontento fue canalizado por la CNT y la UGT, que firmaron en febrero de 1917 un manifiesto que anunciaba la perspectiva de unificación del movimiento obrero y de una huelga general indefinida ante la pasividad del gobierno frente a las peticiones de mejora de la situación económica y solución de la problemática de las subsistencias de los trabajadores.

En este contexto, la declaración de una huelga general se vió precipitada a raíz de la intervención provocadora del propio gobierno en el conflicto que enfrentaba a los ferroviarios con las compañías. Los ferroviarios habían logrado determinados triunfos laborales en 1912 y en julio de 1916 y ahora pedían aumentos salariales. El gobierno forzó la intransigencia de las compañías con la intención de provocar justamente un movimiento de huelga general que debía permitirle afirmar la represión, cortar los preparativos revolucionarios y resituar el tema militar. Al fin la huelga general fue decretada para el lunes día 13 de agosto de 1917. El movimiento tuvo una especial intensidad en Barcelona y ciudades cercanas como Sabadell, en Madrid, en Asturias, en Vizcaya. El orden no llegó hasta el 17. Un balance oficial provisional admitía que se habían producido 70 muertes. En Madrid fueron detenidos los miembros del Comité de Huelga (los socialistas Besteiro, Largo Caballero, Daniel Anguiano, Saborit...). las juntas no apoyaron la huelga. Y el Ejército reprimió sin fisuras ni dudas el movimiento de agosto. Es decir, el Ejército y los sectores de la sociedad burguesa, aparecen irremediablemente unidos al poder, ante el desorden y el movimiento revolucionario.

En Andalucía, a partir del otoño de 1917 se extendió una intensa movilización que dio lugar a una verdadera fiebre asociativa y a una extraordinaria conflictividad durante los tres años siguientes (Trienio Bolchevique)

EL COMBATE SOCIAL EN BARCELONA: EL PISTOLERISMOToda esta inestabilidad política gubernamental tuvo uno de sus referentes de

constante preocupación en la situación catalana y más específicamente de Barcelona y su provincia. Aquí los cambios sociales y económicos derivados de la guerra europea alcanzaron una intensidad sin parangón en el conjunto peninsular.

Ya hemos visto la importancia de Barcelona en la crisis de 1917; lo nuevo fue el surgimiento con creciente visibilidad y contundencia de un sindicalismo anarcosindicalista, que daría forma a una articulación llena de amenazas y duros enfrentamientos con la patronal y más en general con la sociedad burguesa; por el contrario los sectores más significativos de los empresarios y fabricantes, se lanzaron al ataque y lucha abierta contra el nuevo sindicalismo de la CNT (400.000 afiliados sólo en Cataluña en 1919). La violencia en el mundo laboral, con una larga tradición de presiones y distorsiones a los patronos a menudo acompañadas de pequeños estallidos de petardos, en momentos de conflictividad, adquirió un volumen inesperado y una carga armada desconocida a raíz de los múltiples cambios que también en este terreno había generado la guerra europea. El crecimiento inestable y lleno de ilegalizaciones de la CNT conllevó el que la práctica totalidad de los dirigentes y los recaudadores de cuotas fueran mínimamente armados y el que existieran diversos grupos de acción. Pero a su vez las autoridades y determinados sectores de la patronal

no dudaron en alimentar acciones de bandas de pistoleros, que golpeaban y asesinaban a los dirigentes sindicales y que generaron un círculo vicioso de represalias y contrarrepresalias. Hubo una primera y activa banda que encabezó un falso barón de Koenig en mayo-julio de 1919, reclutada por el jefe de la policía con dinero de la patronal.

Si el enfrentamiento tuvo su momento álgido en 1919 ante la creación de la CNT de un amplio movimiento huelguístico centrado en la compañía de electricidad La Canadiense, la respuesta de la patronal fue el cierre general de empresas que paralizó la producción, pasando los militares a dirigir los acontecimientos, disolviendo la CNT, deteniendo a los principales dirigentes y militarizando el orden, como lo llevado a cabo por el general Martinez Anido, gobernador militar (1917-1922) y civil (1920-1922) de Barcelona, cuya dura represión (ley de fugas, detención de dirigentes, apoyo a los sindicatos llamados libres) entusiastamente acogido por la sociedad oficial barcelonesa, favoreció la generalización de un clima de violencia pistolera en las calles.

En definitiva, aquella situación de verdadero combate social abierto en la Cataluña más urbana e industrial planteó el tema de fondo de la debilidad del poder político civil del Estado, incapaz de asumir unos conflictos sociales especialmente radicalizados, e incapaz de imponerse al creciente protagonismo del ejército.

Así pues, la poca fe en aquel régimen con un parlamentarismo y unos políticos que no lograban dar salida a la situación política movería a los poderes económicos burgueses a las llamadas soluciones militares y enérgicas.

LA CUESTIÓN DE MARRUECOS.Si a la situación descrita, de inestabilidad política y de violencia social, le

sumamos las consecuencias de la cuestión de Annual: en el tema de las responsabilidades por el desastre ( Informe Picasso que responsabilizaba al alto generalato; Berenguer, Silvestre, Navarro) y divisiones internas en el Ejército entre africanistas y junteros, acusados por los primeros de crear un ambiente de desmoralización y poca confianza pública en el Ejército, encontraremos las claves de la solución de fuerza encabezada por Miguel Primo de Rivera, arrinconando el viejo parlamentarismo liberal decimonónico y sus políticos profesionales, abriendo las esperanzas en una salida dictatorial y extraordinaria a la situación de crisis.

DESARROLLOEn el verano de 1923 los rumores sobre un golpe de Estado estaban a la orden

del día, y la prensa venía denunciando las actividades conspirativas. En septiembre el Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, popular entre la burguesía y la patronal catalana por su talante duro contra los anarquistas, se subleva contra el Gobierno. En la media noche del 12 de septiembre declaró el estado de guerra en Barcelona y sacó la tropa a la calle. El golpe triunfa prácticamente en silencio, sin apenas oposición, y con el apoyo del rey Alfonso XIII, que el 15 de septiembre encarga mediante Real Decreto el cargo de “presidente del Directorio Militar encargado de la gobernación del Estado” al general Primo de. Rivera

El nuevo régimen militar se presentó al país, a través de un Manifiesto, como un proyecto de regeneración, un “paréntesis de curación” de los males del país. Se trataba de corregir los defectos del sistema político y de eliminar el caciquismo, no de terminar con el sistema parlamentario.

Sin embargo, las primeras medidas adoptadas se orientaron a implantar una Dictadura férrea en la que el Ejército asumía un papel casi de monopolio de todos los resortes del poder. Ya el mismo día 15 de septiembre el Rey aceptó la propuesta de

nombrar ministro único al general Primo de Rivera, el único que podía proponer decretos para la sanción real, a quién asistiría, a título consultivo, un Directorio militar compuesto exclusivamente por jefes del Ejército. Era, por tanto, una Dictadura de índole claramente personalista.

Primo de Rivera declaró el estado de guerra en todo el territorio, vigente desde septiembre de 1923 hasta marzo de 1925; sustituyó a todos los gobernadores civiles por militares, que asumieron todo el poder en las provincias; y cambió a la mayor parte de los altos cargos de la Administración por mandos militares o por funcionarios de segunda fila que fueran adictos al golpe: además, decretó la suspensión de las garantías constitucionales sobre tiempo de detención, mandamiento judicial previo, libertad de domicilio, asociación, reunión y expresión. Otro decreto disolvió el Congreso y la parte electiva del Senado: el poder legislativo quedaba eliminado. Por último, se estableció una férrea censura de prensa, ampliada a la censura telefónica y telegráfica, con instrucciones terminantes a las autoridades para suprimir cualquier alusión crítica a la Dictadura y filtrar cualquier información no oficial sobre la guerra de Marruecos.

Hasta el mes de diciembre, el dictador contó, pese a la dureza de las decisiones tomadas, con bastante respaldo popular y con el silencio expectante de los partidos de la oposición. Las organizaciones obreras (UGT, CNT) protestaron débilmente con algún conato de huelga general en Madrid y Bilbao. Pero en enero de 1924 comenzó un proceso de institucionalización del régimen, que se prolongará hasta diciembre de 1925, en la etapa que se conoce con el nombre de Directorio Militar.

Un Régimen de Militares de hombres nuevos. El Directorio Militar.

El nuevo régimen iba a caracterizarse de inmediato por la ocupación militar de toda la estructura del Estado, con el objetivo declarado de descuajar la vieja política y las viejas estructuras. La idea inicial de Primo de Rivera era la de promover un paréntesis corto, destruir “las lacras de la vieja política” y esperar que surgieran unos hombres “sanos”.

El primer eslabón ya comentado fue la sustitución de los Gobernadores civiles por militares, con un poder ilimitado en el nivel provincial, con intervenciones en Diputaciones y Ayuntamientos y sólo sometidos al poder de Primo o de Martínez Anido

A continuación, la Dictadura se volcó en controlar la vida municipal, concretado en la elaboración del Estatuto Municipal de 1924, en este se planteaba la necesidad de impulsar la vida local, dotando de mayor autonomía económica a los municipios y acabar con el caciquismo; objetivos que no llegaron a desarrollarse; aunque al amparo de la prosperidad económica de los años 20, se realizaron numerosas inversiones en riegos, alcantarillado, obras públicas, dotaciones escolares y sanitarias.

Los gobernadores, tras el cese de todos los concejales de España, nombraron en principio a alcaldes y delegados gubernativos, se sustituyeron los concejales por “vocales asociados” elegidos por sorteos entre los mayores contribuyentes; posteriormente se contemplaba la elección por sufragio popular de una parte de los concejales cuya misión eran la aprobación de los presupuestos, el establecimiento de impuestos y la revisión de las cuentas de los Ayuntamientos.

El asalto a las diputaciones provinciales llegó una vez realizadas las sustituciones de los Ayuntamientos. En enero de 1924 se publicó su disolución y su sustitución por nuevo diputados provinciales interinos a escoger entre los mayores contribuyentes.

Por otro lado, para reforzar a las fuerzas del orden público e “impulsar el espíritu cívico”, Primo de Rivera quiso extender la institución catalana del Somatén (formada por varones mayores de 23 años de probada moralidad y con domicilio fijo, exentos de responsabilidad civil y penal en hechos acaecidos durante el cumplimiento de su deber) bajo la tutela del Ejército, Guardia Civil y la policía en la prevención de los delitos sociales y las huelgas, a todo el país. Se trataba de crear un cuerpo armado auxiliar y contrarrevolucionario adicto al régimen, a imitación del modelo italiano tan del gusto del dictador (Dictadura de Mussolini). Sin embargo, fuera de Cataluña, apenas tuvo vigencia, quedando como un simple auxiliar del Ejército en temas de orden público.

Eliminada la actuación de los partidos y suspendidas las Cortes, era necesario crear un instrumento que sirviera a la vez para nutrir de cuadros locales y nacionales a la Dictadura, y para apoyar al nuevo régimen. Para ello, Primo de Rivera decidió en abril de 1924 unificar Uniones Patrióticas que había surgido después del golpe, naciendo así la Unión Patriótica o partido oficial de la Dictadura. Fue un partido creado desde el poder, que se convirtió en un instrumento del dictador como correa de transmisión propagandística del régimen y como instrumento de acceso a la política y la administración pública de sectores y grupos, usualmente de la baja burocracia, que se habían encontrado con el acceso cerrado por la vieja política. Ideológicamente, los upetistas se definían como derechistas, antiparlamentarios, defensores del autoritarismo, monárquicos y católicos. La presidencia, como jefe nacional de la UP, quedó reservada para el dictador. Teniendo como órgano oficial de prensa, La Nación, con 50.000 ejemplares de tirada. Los miembros de la UP cada vez se convertirán más en clientes y cargos administrativos del régimen. Los dirigentes celebraban reuniones mensuales en Madrid con los militares principales. Hubo ciertamente una gran avalancha de afiliaciones pero en su mayoría no eran sino formales y oportunistas. De todas formas, y a pesar de su carácter oficial, la UP fue el primer movimiento de derechas españolas, que salió a la calle para manifestaciones y concentraciones masivas.

El problema regionalista fue uno de los grandes fracasos de la Dictadura. Pese al apoyo recibido por la burguesía catalanista en el momento del golpe, el general demostró rápidamente que, en su ideología, regionalismo y separatismo eran sinónimos. En las primeras semanas, Primo de Rivera prohibió el uso de la bandera catalana, su himno, y restringió el uso del catalán al ámbito privado. La Mancomunidad fue languideciendo al tiempo que los políticos catalanes retiraban su apoyo al dictador. Durante todo el periodo se reprimieron las manifestaciones culturales y políticas del catalanismo, lo que empujó a muchos regionalistas a apoyar la República, bajo el liderazgo del Estat Catalá de Maciá. (Ver Decreto contra el separatismo de Primo de Rivera en la página 298 libro de texto).

Sin duda, el gran éxito del Directorio militar fue terminar con la guerra de Marruecos. Curiosamente, Primo de Rivera era al principio partidario de abandonar la guerra y negociar, esta posición provocó una actitud airada y hostil de los africanistas (Sanjurjo, Queipo de Llano, Millán Astray y Franco). En una visita del Dictador a Marruecos, algunos oficiales llegaron casi a la insubordinación. Primo de Rivera tuvo que rectificar y presentar su posición de retirada como un “repliegue táctico”. En abril de 1925 ante el avance de Abd-el-Krim en las posiciones francesas, provocó un giro de la situación, al proponer los franceses una operación conjunta. Rápidamente se acordó

un desembarco en la retaguardia marroquí, que tuvo lugar en la bahía de Alhucemas en septiembre de 1925. La operación permitió romper en dos la zona controlada por los marroquíes, cuyo frente se desmoronó. A mediados de 1926 Abd-el-Krim se entregó a los franceses. La guerra había terminado.

La victoria en Marruecos colocó a Primo de Rivera en la cumbre de su prestigio: le reconcilió con los militares africanistas, elevó su popularidad y le permitió renovar el apoyo de la oligarquía, que podía volver a invertir con tranquilidad en el protectorado.

Un nuevo Estado. El Directorio Civil y la Asamblea Nacional Consultiva.

En diciembre de 1925, cuando ya eran claros los resultados positivos del desembarco de Alhucemas, Primo de Rivera propuso al rey la sustitución del Directorio Militar por un Gobierno Civil. En el nuevo gobierno permanecía un militar, Martinez Anido, en Gobernación, y el resto de las principales carteras elementos civiles, hombres jóvenes ya comprometidos con Primo desde un principio, como Calvo Sotelo, en Hacienda. El Ejército retornaba a los cuarteles, aunque permanecían suspendidas la Constitución y las libertades. Curiosamente este gobierno, poco brillante y producto de una situación de excepción, iba a ser uno de los de más larga continuidad de la historia contemporánea española. Estuvo en el poder entre diciembre de 1925 a enero de 1930.

Las piezas claves del nuevo régimen que se quería construir, debía pasar por un nuevo sistema político y la creación de un nuevo marco de relaciones laborales.

La creación del nuevo Estado se pretendió crear, por el Directorio Civil ya mencionado, y por la institucionalización de la Dictadura mediante la formación de una Asamblea Nacional Consultiva, que debía crear una nueva Constitución.

La Asamblea fue efectivamente convocada por Real Decreto de 12 de septiembre de 1927, que debía reunirse en el palacio que había sido del Congreso de los Diputados, como:

... una Asamblea deliberante que, en razón de la variedad de representaciones que han de integrarla...tendrá carácter de Asamblea Nacional, la que, dirigida y encauzada por el gobierno, pero dotada de prerrogativas y facultades propias, deberá preparar y presentar escalonadamente al gobierno, en un plazo de tres años y con carácter de anteproyecto, una legislación general y completa, que a su hora ha de someterse a un sincero contraste de opinión pública y, en la parte que proceda, a la real sanción.

Aquella Asamblea debía mantener sesiones regulares de octubre a julio. Su presidente lo nombraba el gobierno y los cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios eran nombrados dos a dos por el gobierno y por la propia asamblea. El número total se situaba entre 325 y 375 (posteriormente aumentó a 400) y podían serlo no sólo los hombres sino también las mujeres. La elección se haría por sufragio restringido por los Ayuntamientos, por las provincias, por los jefes provinciales de la UP; por ocupar un puesto importante en la administración, la cultura y demás actividades de la vida nacional. La Asamblea supuso una ruptura con el parlamentarismo liberal a pesar de que Primo intentase contar con una presencia significativa de hombres de izquierda. Nombró asambleistas a Fernando de los Ríos, Llaneza, Pérez Infante...Un alto número de políticos y catedráticos declinaron su invitación a formar parte; no así dentro de las filas del PSOE, donde un sector encabezado por Largo Caballero sí hubiese aceptado la

designación como asambleista, pero se plegaron a la corriente mayoritaria del partido contrarios a la colaboración con el dictador.

La Asamblea se inauguró en octubre de 1927 y tras un año de debates se presentó en mayo de 1929 un anteproyecto de nueva Constitución o Estatuto Fundamental de la Monarquía, como así se denominó, que otorgaba enormes concesiones al rey, en contra de los deseos del dictador, y a un denominado Consejo del Reino. Por tanto la formulación final del proyecto en sí resultó un auténtico fracaso, por las discrepancias del dictador y por la situación de crisis consolidada de la propia dictadura, centrada en el alejamiento de muchos sectores sociales de la Dictadura y el fracaso de articular desde el Ejército un nuevo sistema político.

El segundo gran aspecto dentro de la Dictadura Civil fue la política social. A la creación del Consejo Nacional del Trabajo en 1924, se sumó una legislación corta, paternalista pero positiva, que intentaba suplir la promovida en los años anteriores por el Instituto de Reformas Sociales. Así, se creó una serie de leyes sociales (de casas baratas, descanso dominical, protección del trabajo a domicilio, escuelas de trabajo, etc), el Código del Trabajo de 1926, que regulaba los contratos, los tribunales laborales y los accidentes; el subsidio de familias numerosas, el seguro de maternidad y el apoyo a los emigrantes.

En 1926 se creó la Organización Corporativa Nacional del Trabajo, una organización mixta para la regulación de los problemas laborales. Se organizaba en Comités Paritarios, en cada uno de los cuales el número de obreros y patronos era idéntico. Era una imitación del modelo corporativo italiano, tutelado por el Estado, y que suscitó críticas tanto desde la derecha, que recelaba de la hegemonía socialista, como desde la izquierda que denunciaba a la Organización Corporativa como un instrumento para apagar el sindicalismo de clase.

Pero la OCT funcionó, en parte por la estabilidad económica, que permitió atenuar los conflictos y huelgas; en parte por la propia represión, que desaconsejaba enfrentamientos inútiles; y también por el cansancio y desgaste que los duros años entre 1919 y 1923 habían generado en la clase obrera. La propia UGT llegó a colaborar permitiendo que Largo caballero entrara en el Consejo Nacional del Trabajo. También el anarquismo permaneció debilitado por las luchas internas.

Desde el punto de vista de la Política económica de la Dictadura, cabe destacar la fuerte intervención del Estado en todos los ámbitos de la economía del país, tales como:

- El control de todos los sectores productivos y la supervisión de las actividades económicas hasta en los menores detalles (precios, volumen de producción...). así, se creó un Comité Regulador de la Producción Industrial, por el que cualquier empresa necesitaba un permiso gubernamental para instalarse, ampliarse o trasladarse de localidad.

- Las ayudas y subvenciones con dinero público a empresas nacionales.- El reforzamiento del proteccionismo arancelario, llegando a constituirse los

aranceles más altos de Europa tras la URSS.- El incremento de las inversiones públicas para financiar la construcción de

redes de carreteras, obras hidráulicas y regadíos.

- La creación de los monopolios de Telefónica, a favor de la ITT norteamericana y CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos Sociedad Anónima), para controlar los recursos energéticos del petróleo, hasta entonces en manos americanas con un 30% de capital estatal y el resto en manos de los grandes bancos privados.

Los resultados de esta política económica fue una calma social, el establecimiento de modernas obras públicas, el aumento de la producción en hierro, acero y cemento, la excesiva deuda contraída por el Estado que supuso una devaluación de la peseta en 1929 de enorme trascendencia, así, si en 1927 la relación peseta libra esterlina era de 1:28, la extraordinaria Deuda Pública de la política desarrollista y de obras públicas situó la cotización en enero de 1930 en 1:40; situación que afectó sobremanera a los catalanes que dependían de las importaciones de maquinaría y materias primas. No obstante en el conjunto de la política económica de la Dictadura resultaron beneficiados los grandes grupos capitalistas españoles, a pesar de las continuas denuncias por situaciones de privilegio que implicaban en algún caso de forma directa al propio rey, sobre todo en las concesiones y monopolios del petróleo y el tabaco.

El desarrollo de la oposición al Régimen y el hundimiento de la Monarquía.

Uno de los frentes que Primo mantuvo de manera reiterada abierto fue el de los intelectuales y aquellos escritores y periodistas que se habían erigido en conciencia crítica de los poderes públicos. De esta manera, ya en 1924 el Dictador clausura el Ateneo de Madrid y ordena el destierro de Unamuno a Fuerteventura, iniciándose un duro enfrentamiento con el mundo intelectual. En 1928 el encontronazo afectó a otro hombre de prestigio, Blasco Ibañez. La Universidad tampoco quedará al margen de los enfrentamientos con Primo de Rivera, así se inscribe el cierre de numerosas universidades como la de Madrid y las detenciones de numerosos líderes estudiantiles organizados en la Federación Universitaria Española (FUE), lo que contribuyó a aumentar aún más las movilizaciones de profesores, dimisión de catedráticos, como Ortega, y estudiantes contra el régimen.

Por su parte, los políticos de los antiguos partidos del turno, a partir de 1927 se negaron a colaborar con Primo de Rivera, exigiendo al Rey el restablecimiento de la Constitución y la convocatoria de elecciones. Poco a poco, ante la negativa del rey, se fueron alejando del monarca, practicando el retraimiento de la actividad política, pasándose algunos a las filas del republicanismo.

También dentro del Ejército creció el descontento, pasada la euforia por la victoria marroquí. Rivalidades personales; arbitrariedades de Primo de Rivera en los ascensos; enfrentamientos del régimen con el arma de artillería (polémica entre escala cerrada que propugnan aquellos y escala abierta de los africanistas y Primo); y la oposición de los sectores más liberales del Ejército, vino a agriar el ambiente en los cuarteles. En 1929-1930 eran muchos los militares dispuestos a conspirar contra Primo de rivera.

El movimiento republicano que permaneció aletargado hasta 1926 inició una movilización lenta pero creciente en los años siguientes.

En cuanto a la izquierda obrera, una vez pasada una fase de cierto conformismo, a partir de 1927 volvió a movilizarse y a iniciar una clara oposición, especialmente desde 1929, cuando la crisis económica sacudió de nuevo al país.

En el otoño de 1929 se desencadenó el desplome financiero internacional a raíz del crack de la Bolsa de Nueva York. A las manifestaciones estudiantiles se sumó una oleada de huelgas provocadas por el hundimiento de la peseta, la crisis financiera y la inflación. Industriales y financieros criticaban irritados la política gubernamental. En estas circunstancias, Primo de Rivera, cansado, enfermo de diabetes, presionado por el Ejército y una oligarquía descontenta, incapaz de dominar la calle, dimite. En enero de 1930 el rey admite la dimisión del general, trasladándose a París donde morirá al poco tiempo.

CONCLUSIÓNA partir de aquí se abre la disyuntiva sobre el qué hacer: ¿volver a la

situación anterior a 1923, cómo si nada hubiese sucedido, reponiendo el sistema constitucional liberal suspendido por la Dictadura, máxime estando el propio Rey Alfonso XIII, involucrado en la aventura dictatorial de Primo de Rivera, o cambiar completamente la situación política, dando un giro realmente democrático al Estado español?

La primera propuesta fue intentada poner en marcha en 1930 y primeros meses de 1931 con el general Berenguer y el almirante Aznar respectivamente, pero sin ningún éxito; es más, la oposición a la monarquía era ya prácticamente unánime en España. Las fuerzas políticas de oposición habían sufrido un proceso de remodelación y empuje a lo largo de 1930. a diferencia de la desarticulación monárquica, protagonizaron un proceso de convergencia, que culminó el 17 de agosto en el Pacto de San Sebastián, con la participación de un amplio arco de partidos republicanos, a los que se adhirieron en el mes de octubre socialistas y ugetistas. En la estrategia del Comité de Conjución formado se situaba la celebración de grandes actos y la creación de un clima de opinión que logró capitalizar el descontento popular en una orientación antimonárquica. Pero sobre todo situaron el centro nervioso de su estrategia en un contexto de conflictividad política y social, en la huelga general y el movimiento insurreccional. Este empeño tuvo un ensayo descoordinado y frustrado en la sublevación de diciembre en Jaca. Pero la derrota la convirtieron en victoria moral al contribuir con sus mártires al clima de oposición monárquica.

Por tanto será la segunda opción la que se implante por su propio peso; así el 12 abril de 1931 al socaire de unas elecciones municipales, las fuerzas republicanas consiguieron triunfar en la práctica totalidad de las capitales de provincias, aunque no en conjunto del territorio nacional donde el triunfo fue para los monárquicos, no obstante la República, implantada por su propio peso, era ya un hecho para España.

R E S U M E N DE L A S CLAVES QUE PUEDEN EXPLICAR EL GOLPE DE ESTADO DE

PRIMO DE RIVERAEl régimen político que se mantiene en el siglo XX con el nuevo rey Alfonso

XIII (1902-1931), sigue las mismas pautas del que terminó el XIX: un régimen que reservaba la vida política a los sectores “respetables” de la sociedad y que aseguraba la marginación de las propuestas políticas democráticas consideradas peligrosas y conducentes a la anarquía social.

Lo novedoso del sistema a partir de 1913, es la descomposición del dinastismo, es decir, los partidos clásicos o dinásticos se descomponen en facciones dado la inexistencia de líderes evidentes, lo que derivará en una falta de mayorías parlamentarias claras y la necesidad de recurrir con demasiada frecuencia a la suspensión de las Cortes, a gobiernos de concentración y a gobiernos nacionales integrados por las figuras más representativas. Esta crisis se hace absolutamente manifiesta a partir de 1918 donde se suceden 11 gobiernos distintos y tres elecciones generales.

Paralelo a la situación de crisis política cabe destacar un aumento del pretorianismo o influencia-presión abusiva del Ejército en el sistema político. De esta manera crearán Juntas de Defensa o especie de sindicato para controlar las decisiones que afecten a sus intereses salariales (muy perjudicados tras la inflación del periodo 1915-1917), a su promoción social (muy cuestionada por las divisiones internas dentro del propio Ejército entre los partidarios de los ascensos por méritos o Africanistas y los partidarios de la antigüedad o Peninsulares), a su dignidad y a su honor. Juntas que terminarán siendo admitidas por el Régimen político, demostrando con ello un síntoma más de su propia debilidad.

Esta situación intentará ser aprovechada por aquellos partidos políticos al margen del sistema (republicanos y nacionalistas) para democratizar el Régimen; la llamada Asamblea de Parlamentarios, que terminarán disueltas ante la convocatoria de una Huelga General Revolucionaria.

En efecto, la evolución económica española tras la I Guerra Mundial, sobre todo a partir de 1917, produjo un empeoramiento notable de las condiciones de vida y de trabajo de la masa obrera, que será canalizado con la mencionada convocatoria conjunta de Huelga General de la UGT y CNT para agosto de 1917; que será convenientemente reprimida por el Ejército; es decir, los militares salvan al Régimen y multiplicarán sus influencias y exigencias.

Sin embargo, la situación de inestabilidad en la calle se incrementará significativamente; concretamente en el campo andaluz (Trienio Bolchevique) y sobre todo en la sociedad urbana catalana, donde la violencia protagonizada por los patronos y policías por una parte y la agitación sindicalista anarquista por otra, desembocará en un auténtico combate social expresado en banda de pistoleros que impondrán su ley, mientras que el poder político es incapaz de resolver la situación si no es a través de la militarización del orden, de la dirección, una vez más, del Ejército.

Por tanto, la poca fe en aquel régimen con un parlamentarismo y unos políticos que no lograban dar salida a la situación política movería a los poderes económicos burgueses a las llamadas soluciones militares y enérgicas.

Si a la situación que hasta ahora hemos descrito, de inestabilidad política y de violencia social, le sumamos las consecuencias de la cuestión de Annual (grave derrota militar española ante los rifeños acaudillados por Abd-El-Krim en julio de 1921): en el tema de las responsabilidades por el desastre ( Informe Picasso que responsabilizaba al alto generalato; Berenguer, Silvestre, Navarro), de las que no parece ajeno el propio

Rey, encontraremos las claves de la solución de fuerza encabezada por Miguel Primo de Rivera, arrinconando el viejo parlamentarismo liberal decimonónico y sus políticos profesionales, abriendo las esperanzas en una salida dictatorial y extraordinaria a la situación de crisis.