1

954-2013

Amparo

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once

horas y treinta y dos minutos del da ocho de enero de dos mil catorce.

Analizada la demanda de amparo firmada por la seora Margarita de los ngeles

Rivas Hernndez, junto con la documentacin anexa, es necesario realizar las

consideraciones siguientes:

I. En sntesis, la demandante manifiesta que promueve el presente proceso de

amparo en contra del Presidente y del Director de Recursos Humanos de la Corte de

Cuentas de la Repblica, debido a la no renovacin de su contrato con dicha institucin

para el ao 2014. Tal circunstancia, a su juicio, constituye un despido de hecho

ordenado por los funcionarios demandados, sin que previamente se [le] tramitara un

procedimiento en el que pudiera exponer [sus] razonamientos, controvertir la prueba

presentada en [su] contra y ejercer [su] defensa, pese a que, segn expone, se

encontraba incorporada en la carrera administrativa, pues estaba vinculada laboralmente en

virtud de un contrato de carcter permanente.

Sostiene que la no renovacin del referido contrato se efectu el da 20-XII-2013 y,

adems, afirma que el cargo que desempeaba no era de aquellos que pueden ser

considerados de confianza poltica o personal, pues sus funciones no implicaban la facultad

de adoptar decisiones determinantes para la institucin.

Con base en lo anterior, estima que debi tramitarse un procedimiento previo ante

la autoridad competente en el que se justificaran y comprobaran las causas para no renovar

su contrato laboral y destituirla de su cargo y en el que la pretensora tuviera la oportunidad

de controvertir aquellas y defenderse.

Asimismo, afirma que no hay un mecanismo idneo con el cual podra intentarse la

reparacin de la infraccin constitucional, puesto que la nulidad a la que alude el art. 61 de

la Ley de Servicio Civil es un mecanismo que no cuenta con los instrumentos procesales

indispensables para asegurar que mientras dure la tramitacin del procedimiento se evite la

consumacin de la vulneracin constitucional.

Por tanto, alega que se han conculcado sus derechos constitucionales de audiencia,

defensa y estabilidad laboral.

II. Ahora bien, se advierte que la pretensin que dio inicio al presente proceso posee

conexin con otras demandas de amparo que han sido presentadas ante este Tribunal, las

cuales han sido clasificadas bajo las referencias 955-2013, 956-2013, 957-2013, 1-2014, 3-

2014, 4-2014, 5-2014, 6-2014, 7-2014, 8-2014, 9-2014, 10-2014, 11-2014, 12-2014, 13-

2014, 14-2014, 15-2014, 16-2014, 17-2014, 18-2014, 19-2014, 20-2014, 21-2014, 22-2014,

2

23-2014, 24-2014, 25-2014, 26-2014, 27-2014, 28-2014, 29-2014, 30-2014, 31-2014, 33-

2014, 34-2014, 35-2014, 36-2014, 37-2014, 38-2014, 39-2014, 40-2014 y 44-2014; por lo

que es procedente efectuar algunas consideraciones relativas a la acumulacin de procesos,

a fin de evaluar la posibilidad de aplicar supletoriamente el trmite que para ese tipo de

incidentes prescribe el Cdigo Procesal Civil y Mercantil en adelante, C.Pr.C.M.

1. Tal y como se ha afirmado en las resoluciones de fecha 26-X-2012 emitidas en

los procesos de amparo 573-2010 y 574-2010, la acumulacin de procesos supone el

conocimiento y posterior resolucin de dos o ms causas conexas entre s, con la finalidad

de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario. Segn se afirm en los citados autos,

existe conexidad cundo alguno de los elementos de la pretensin fctico o jurdico

comparte identidad en el reclamo.

2. A. As, en las mencionadas resoluciones se estableci que, en el caso especfico

del amparo, dado que la Ley de Procedimientos Constitucionales no establece cundo

resulta procedente dicha acumulacin y tampoco la manera en que esta podr ser realizada,

se deber aplicar de forma supletoria el trmite establecido para ello en el C.Pr.C.M., en

virtud de lo dispuesto en su artculo 20, el cual prescribe que: en defecto de disposicin

especfica en las leyes que regulan los procesos distintos del civil y mercantil, las normas

de este cdigo se aplicarn supletoriamente.

Al respecto, el artculo 105 inciso 1 del C.Pr.C.M. prev que: la acumulacin de

diferentes procesos slo podr solicitarse por quien sea parte en cualquiera de los procesos

cuya acumulacin se pretende. Asimismo, el inciso 2 de esa disposicin legal prescribe

que aquella tambin podr ser decretada de oficio cuando dichos procesos estn

pendientes ante el mismo tribunal, as como en los otros casos que expresamente lo

disponga la ley.

B. Con relacin al trmite que debe sustanciarse para efectuar dicha acumulacin, el

C.Pr.C.M. establece en su art. 114 inciso 1 que: Admitida la solicitud, se dar audiencia a

las dems partes personadas y a todos los que sean parte en cualquiera de los procesos cuya

acumulacin se pretende, aunque no lo sean en aqul en el que se ha solicitado, a fin de

que, en el plazo comn de tres das formulen las alegaciones acerca de la acumulacin.

Esta oportunidad que se le concede a las partes para realizar las alegaciones que

consideren pertinentes respecto de una posible acumulacin, obedece a que en cada uno de

los procesos que se pretenden acumular existe, en principio, dos posiciones antagnicas.

Es decir, en los procesos en los que el demandante se autoatribuye la afectacin de

alteraciones difusas o concretas en su esfera jurdica y se da la oportunidad al sujeto pasivo

para que se resista a dicha pretensin, puede ocurrir que uno de ellos o ambos, se opongan a

la posibilidad de acumular el proceso a otros. Y en ese sentido, la audiencia a la que se

refiere el art. 114 C.Pr.C.M se configura para que el juzgador se entere de los mismos y

disponga ordenar o no la acumulacin.

3

No obstante dicha regla general, habr casos en los que pueda prescindirse de

conceder dicha audiencia o traslado, v.gr. cuando la conexin jurdica y fctica de las

pretensiones es tan intensa que no existe riesgo alguno de vulnerar derechos de las partes

o intervinientes si se ordena la acumulacin de los mismos sin conceder el referido

traslado.

III. Aplicando las anteriores consideraciones al caso en estudio se advierte que el

presente amparo ha sido iniciado por la seora Margarita de los ngeles Rivas Hernndez y

que los procesos enumerados en el considerando que antecede han sido iniciados por los

seores Mnica Vanessa Cienfuegos de Carranza, Zuleyma Patricia Merino de Castillo,

Ren Antonio Hurtado Polanco, Toms Cardoza Arrieta, Bessy Jeannette Aguilar de ngel,

Maricela Vargas Miranda de Torres, Marta Alicia Lemus Valencia, Olga Marina Paredes de

Zavaleta, Marcela Beatriz Meja de Corado, Gladys Celina Glvez, Ada Luz Zelaya,

Gladys Ester Jurez Muoz, Ana Luz Barrientos de Rodrguez, Yasmn Dolores Cortez

Gutirrez, Norma Adolfina Alicia Escobar Mena, Ever Manases Romero Lozano, Roberto

Zelaya Meja, Jorge Alberto Monzn Molina, Plcida Emelina Ramos de Valle, Julio Csar

Palacios Rivas, Ana Gertrudis Gmez Pinel, Francisco Alberto Rosales Martnez, Gloria

Delmy Murillo de Massis, Reynaldo Adolfo Sorto Bonilla, Ana Miriam Mrmol de Molina,

Xenia Alejandrina Serrano Roscala, Delia Elsy Urrutia Calix de Chavarra, Luis Alfredo

Cceres Ramrez, Mara Ivania Posada Fino, Fernando Antonio Romero Rodrguez, Gloria

Elizabeth Bonilla de Orellana, Carlos Antonio Cortez Ramos, Ivonne Lourdes Hernndez

Urbina, Leopoldo Maximiliano Pimentel Carrillo, Alma Eugenia Parada de Hernndez,

Mirna del Carmen Grijalva Flores, Dora Mara Asmet Sorto, Rina Esther Rosales Pineda,

Jos Pedro Corvera Vsquez, Frida Morena Glvez Artiga, Marvin Elenilson Chvez

Figueroa y Mara ngela Deras de Jovel respectivamente.

En tal sentido, se observa que si bien existe diferencia en los sujetos que promueven

los mencionados procesos de amparo, tambin se ha podido constatar que, en esencia, los

referidos peticionarios dirigen su pretensin contra el Presidente de la Corte de Cuentas de

la Repblica a quien atribuyen la decisin de no renovar su contrato de servicios personales

para el ao 2014, acto que, a criterio de los demandantes, constituye un despido de hecho

injustificado; y contra el Director de Recursos Humanos de la mencionada institucin por

haber sido l quien suscribi la notificacin del citado despido.

En razn de lo expuesto, se colige que existen motivos para sostener una conexin

jurdica y fctica entre las pretensiones planteadas y, por ello, resulta procedente acumular

los mencionados amparos en un solo expediente, con el objeto de pronunciar una nica

sentencia e impedir tal como se acot supra la emisin de decisiones contradictorias que

transgredan la cosa juzgada. Lo anterior, con fundamento en los principios de

concentracin, economa procesal y seguridad jurdica, sin que sea necesario conceder

previamente audiencia a las partes intervinientes, pues dichos procesos se encuentren en la

4

misma etapa anlisis liminar de la demanda y guardan conexidad entre s al alegarse la

transgresin de los mismos derechos constitucionales con fundamento en argumentos

fcticos y jurdicos similares.

IV. Tomando en consideracin los argumentos expuestos por la parte actora, resulta

pertinente exponer los fundamentos jurisprudenciales relevantes para la resolucin que se

proveer, especficamente en cuanto al derecho a la estabilidad laboral (1); la titularidad de

este derecho por los empleados de confianza (2); por los servidores pblicos que se

encuentran bajo el rgimen de contrato, con especial nfasis en el criterio sostenido en la

sentencia emitida el 19-XII-2012 en el Amp. 2-2011 (3); y algunas consideraciones

relativas a la configuracin del extremo pasivo de la pretensin (4).

1. La jurisprudencia de este Tribunal ha sostenido verbigracia las sentencias

emitidas en los Amp. 307-2005, 782-2008 y 66-2009 los das 11-VI-2010, 14-IV-2010 y 4-

II-2011, respectivamente que la estabilidad laboral, como manifestacin del derecho al

trabajo, implica el derecho del empleado a conservar un trabajo o empleo, el cual puede

invocarse cuando concurran a su favor circunstancias como las siguientes: que subsista el

puesto de trabajo; que el trabajador no pierda su capacidad fsica o mental para desempear

el cargo; que se desempee con eficiencia; que no se cometa falta grave que la ley

considere como causal de despido; que subsista la institucin para la cual se presta el

servicio; y que, adems, el puesto o cargo no sea de aquellos que requieran de confianza, ya

sea personal o poltica.

2. Asimismo, es menester acotar que en la sentencia emitida por este Tribunal en el

Amp. 426-2009 el da 29-VII-2011 se estableci que los cargos de confianza pueden

caracterizarse como aquellos desempeados por funcionarios o empleados pblicos que

llevan a cabo actividades vinculadas directamente con los objetivos y fines de direccin o

alta gerencia de una determinada institucin gozando de un alto grado de libertad en la

toma de decisiones y/o que prestan un servicio personal y directo al titular de la entidad.

Adems, en dicha sentencia, se concluy que para determinar si un cargo en

particular es de confianza, independientemente de su denominacin, se deber analizar de

manera integral, y atendiendo a las circunstancias fcticas de cada caso concreto, si en l

concurren todas o la mayora de las caractersticas siguientes: i) que se trate de un cargo de

alto nivel; ii) que se trate de un cargo con un grado mnimo de subordinacin al titular; y

iii) que se trate de un cargo con una vinculacin directa con el titular de la institucin. As,

la calificacin de un puesto como de confianza no puede supeditarse nicamente a su

denominacin jefes, gerentes, administradores o directores, entre otros y tampoco

efectuarse de manera automtica, sino que el criterio que resulta determinante para

catalogar a un puesto de trabajo como de esa naturaleza son las funciones concretas que

se realizan al desempearlo.

5

3. A. Ahora bien, respecto a los servidores pblicos que se encuentran vinculados a

la Administracin por medio de un contrato, debe indicarse que anteriormente verbigracia

las resoluciones de improcedencia del 23-XII-2011, emitidas en los Amp. 778-2011 y 765-

2011, entre otras la jurisprudencia de esta Sala haba establecido que la titularidad del

derecho a la estabilidad laboral del empleado que presta sus servicios al Estado mediante un

contrato estaba condicionada por la fecha de vencimiento de este, por lo que, una vez

finalizada la vigencia de dicho instrumento, el empleado vinculado por esta modalidad

dejaba de ser titular del apuntado derecho, pues no incorporaba dentro de su esfera jurdica

un derecho subjetivo a ser contratado de nuevo o a ingresar forzosamente a la

Administracin mediante una plaza.

B. Sin embargo, es menester recalcar que, tal como se sostuvo en la sentencia de

fecha 25-VIII-2010, pronunciada en la Inc. 1-2010, aunque el precedente posibilita la

precomprensin jurdica de la que parte toda interpretacin, la continuidad de la

jurisprudencia puede flexibilizarse o ceder bajo determinados supuestos. No obstante, para

ello se exige que el apartamiento de los precedentes est especialmente justificado

argumentado con un anlisis crtico de la antigua jurisprudencia, que tambin es

susceptible de ser reinterpretada.

As, se admiten como circunstancias vlidas para modificar un precedente o alejarse

de l entre otros los siguientes supuestos: i) estar en presencia de un pronunciamiento

cuyos fundamentos normativos son incompletos o errneamente interpretados; ii) el

cambio en la conformacin subjetiva del Tribunal; y iii) que los fundamentos fcticos que

le motivaron hayan variado sustancialmente al grado de volver incoherente el

pronunciamiento originario con la realidad normada.

C. Con base en lo anterior, en la sentencia emitida el da 19-XII-2012 en el Amp. 2-

2011 se seal que la carrera administrativa implica que debe existir un rgimen que

establezca tanto las condiciones de ingreso del potencial recurso humano a las instituciones

pblicas como los derechos y deberes de las personas que se encuentren bajo ese sistema,

regulando los requisitos, procedimientos y supuestos en que se basen las promociones y

ascensos, los traslados, suspensiones y cesantas, as como los recursos contra las

resoluciones que afecten a tales servidores. En ese sentido, la carrera administrativa debe

garantizar la continuidad y promocin del elemento humano capacitado y con experiencia

que desempea de manera eficiente las funciones pblicas, ya sea en el Estado o en los

entes descentralizados por criterio territorial los municipios o por criterio funcional las

instituciones oficiales autnomas.

Asimismo, se apunt que de la lectura del art. 83 de las Disposiciones Generales de

Presupuestos DGP se infiere que la modalidad de contratos a plazo fue diseada para la

contratacin de servicios profesionales o tcnicos de naturaleza eventual, ya que, entre los

requisitos de validez que el mismo artculo establece para dichas contrataciones, est el

6

referido al carcter extraordinario y ocasional de las labores a desarrollar dentro de la

institucin. As, los referidos contratos fueron originalmente concebidos como figuras

emergentes y subsidiarias, que se utilizaran cuando fuese necesario disponer de personal

que no desarrollara labores ordinarias en las diversas instituciones estatales, esto es,

actividades que no se consideraran habituales, propias y continuas dentro de una entidad

estatal, por ser ajenas al giro de sus funciones regulares.

En ese sentido, en la relacionada sentencia se indic que el precedente referido a la

estabilidad laboral de los empleados pblicos vinculados con el Estado mediante un

contrato surgi de la interpretacin de una disposicin cuya finalidad ha sido tergiversada

en la prctica, pues, a pesar de que esta figura fue diseada para crear relaciones

laborales entre las instituciones pblicas y los trabajadores que prestan servicios

eventuales, dichas entidades la utilizan para la contratacin de personal con atribuciones

permanentes e inherentes a su quehacer ordinario y que, por lo tanto, dicho precedente

constitucional infringe la naturaleza de la carrera administrativa, al no garantizar la

continuidad del elemento humano que ha sido capacitado y que cuenta con la experiencia

necesaria para desempear de manera eficiente las funciones pblicas y, adems, permite

una limitacin ilegtima de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral e igualdad,

ya que pone en una situacin inestable a los servidores o empleados pblicos que prestan

sus servicios al Estado en virtud de un contrato, la cual resulta desventajosa respecto de

quienes desarrollan las mismas funciones que aquellos, pero bajo un nombramiento regido

por la Ley de Salarios.

D. En consecuencia, en la sentencia emitida en el Amp. 2-2011 se concluy que, a

partir de dicho pronunciamiento, deba modificarse el criterio jurisprudencial relativo a la

estabilidad laboral de quienes sirven al Estado mediante un contrato, en el sentido que la

sola invocacin de un contrato de servicios personales no es suficiente para tener por

establecido, in limine, que la naturaleza de la prestacin de servicios realizada por una

persona a favor del Estado es eventual o extraordinaria; por ende, la finalizacin de la

vigencia del plazo de un contrato no es el criterio determinante para excluir, liminarmente

y sin ms, la estabilidad de quienes estn vinculados con el Estado bajo esa modalidad, ya

que, en definitiva, el trabajo no vara su esencia por la distinta naturaleza del acto o de la

formalidad que le dio origen a la relacin laboral.

V. Acotado lo anterior y habindose constatado que la demanda cumple con los

requisitos mnimos de admisibilidad y procedencia establecidos por la legislacin procesal

y jurisprudencia aplicable, se advierte que su admisin se circunscribir al control de

constitucionalidad de la decisin del Presidente y del Director de Recursos Humanos de la

Corte de Cuentas de la Repblica, de no renovar el contrato laboral de los actores para el

ao 2014 y, por ende, removerlos de facto de los cargos que desempeaban dentro de la

referida institucin.

7

Tal admisin se debe a que, a juicio de los actores, se han vulnerado

presuntamentesus derechos de audiencia, defensa y estabilidad laboral, ya que se les

separ de su cargo sin que se tramitara el procedimiento previo ante la autoridad

correspondiente en el que se justificaran y comprobaran las causas para no renovar su

contrato laboral y destituirlos de sus cargos, as como en el que se les brindara la

oportunidad de controvertir aquellas y ejercer de manera efectiva su defensa.

Lo anterior, a pesar de que segn afirman sus cargos no eran de confianza

personal ni poltica, sino que las labores que desarrollaban eran eminentemente tcnicas y

de carcter permanente que correspondan al quehacer cotidiano de la institucin y, por lo

tanto, estaban incorporados a la carrera administrativa.

VI. Expuesto lo anterior, corresponde en este apartado examinar la posibilidad de

decretar una medida precautoria en el presente amparo, para lo cual, resulta necesario

sealar que la suspensin de los efectos del acto impugnado se enmarca dentro de la

categora de las medidas cautelares, cuya funcin es impedir la realizacin de actos que, de

alguna manera, impidan o dificulten la efectiva satisfaccin de la pretensin, la cual se lleva

a cabo mediante una incidencia en la esfera jurdica de los demandados o, incluso, de

quienes resulten beneficiados con el acto reclamado.

Con relacin a ello, es necesario indicar que para la adopcin de una medida

cautelar deben concurrir al menos dos presupuestos bsicos, a saber: la probable existencia

de un derecho amenazado fumus boni iuris; y el dao que ocasionara el desarrollo

temporal del proceso periculum in mora.

En el presente caso, se puede advertir que existe apariencia de buen derecho en

virtud, por una parte, de la invocacin de una presunta vulneracin de los derechos

constitucionales de los pretensores y, por otra parte, de la exposicin de circunstancias

fcticas y jurdicas en las que se hace descansar aquella, especficamente por sealar que

han sido despedidos de hecho sin que previamente se tramitara el procedimiento

correspondiente, no obstante encontrarse incorporados en la carrera administrativa al

desempear labores de carcter permanente.

De igual forma, se puede observar que existe un efectivo peligro en la demora, ya

que de no paralizar los efectos de la actuacin contra la que se reclama, podra consumarse

la afectacin alegada en la esfera jurdica de los demandantes, tomando en cuenta que han

expresado que, si bien se encontraban vinculados laboralmente mediante un contrato,

desempeaban funciones de carcter permanente e inherentes al quehacer ordinario de la

institucin.

Al respecto, en la relacionada sentencia emitida en el Amp. 2-2011, se indic que la

finalizacin de la vigencia del plazo de un contrato no es el criterio determinante para

excluir, liminarmente y sin ms, la estabilidad de quienes estn vinculados con el Estado

bajo esa modalidad, ya que, en definitiva, el trabajo no vara su esencia por la distinta

8

naturaleza del acto o de la formalidad que le dio origen a la relacin laboral. En ese sentido,

la figura del contrato puede utilizarse para encubrir contrataciones de servicios que

pertenecen al giro ordinario de alguna dependencia de la Administracin Pblica, por lo

que, no obstante haya transcurrido su perodo de vigencia, deben tomarse las medidas

legales correspondientes para evitar que las remociones de hecho efectuadas mediante

dicha figura se ejecuten.

De esta forma, resulta urgente evitar que se ocasione un dao irreparable mediante

la separacin definitiva de los actores de su puesto de trabajo y la designacin de otras

personas para que los reemplacen.

Por consiguiente, resulta procedente ordenar la suspensin de los efectos de la

actuacin impugnada, ordenando al Presidente y al Director de Recursos Humanos de la

Corte de Cuentas de la Repblica, que, mientras dure la tramitacin de este proceso de

amparo y no obstante haya transcurrido el plazo establecido en el contrato antes

relacionado, se abstenga de separar del cargo que desempean dentro de la institucin y

de nombrar otras personas para sustituirlos a los seores: Margarita de los ngeles Rivas

Hernndez, Mnica Vanessa Cienfuegos de Carranza, Zuleyma Patricia Merino de Castillo,

Ren Antonio Hurtado Polanco, Toms Cardoza Arrieta, Bessy Jeannette Aguilar de ngel,

Maricela Vargas Miranda de Torres, Marta Alicia Lemus Valencia, Olga Marina Paredes de

Zavaleta, Marcela Beatriz Meja de Corado, Gladys Celina Glvez, Ada Luz Zelaya,

Gladys Ester Jurez Muoz, Ana Luz Barrientos de Rodrguez, Yasmn Dolores Cortez

Gutirrez, Norma Adolfina Alicia Escobar Mena, Ever Manases Romero Lozano, Roberto

Zelaya Meja, Jorge Alberto Monzn Molina, Plcida Emelina Ramos de Valle, Julio Csar

Palacios Rivas, Ana Gertrudis Gmez Pinel, Francisco Alberto Rosales Martnez, Gloria

Delmy Murillo de Massis, Reynaldo Adolfo Sorto Bonilla, Ana Miriam Mrmol de Molina,

Xenia Alejandrina Serrano Roscala, Delia Elsy Urrutia Calix de Chavarra, Luis Alfredo

Cceres Ramrez, Mara Ivania Posada Fino, Fernando Antonio Romero Rodrguez, Gloria

Elizabeth Bonilla de Orellana, Carlos Antonio Cortez Ramos, Ivonne Lourdes Hernndez

Urbina, Leopoldo Maximiliano Pimentel Carrillo, Alma Eugenia Parada de Hernndez,

Mirna del Carmen Grijalva Flores, Dora Mara Asmet Sorto, Rina Esther Rosales Pineda,

Jos Pedro Corvera Vsquez, Frida Morena Glvez Artiga, Marvin Elenilson Chvez

Figueroa y Mara ngela Deras de Jovel, por lo que, en consecuencia, debern permitir

que los pretensores sigan desempeando los respectivos cargos con todas las funciones

que les han sido conferidas; lo anterior, con el objeto de evitar la alteracin del estado de

hecho de la situacin controvertida.

Ahora bien, en caso de que hayan sido designadas otras personas para desempear

dichos cargos, para lograr la eficacia de la medida cautelar, las autoridades demandadas

debern garantizar a los actores continuar en el cargo que ocupaban o en uno de categora

similar, siempre que no implique desmejora ni traslado que pudiera perjudicar sus derechos

9

como trabajadores. Lo anterior, durante la tramitacin de este proceso y hasta que se emita

el pronunciamiento respectivo, independientemente de si se ha contratado o reubicado a

otras personas para sustituirlos en dichos cargos.

Adems, a efecto de acatar la relacionada medida precautoria, los funcionarios

demandados deben garantizar que las autoridades administrativas correspondientes, en

especial el rea de recursos humanos y de pagadura, cumplan con lo ordenado en el art.

83.9 de las DGP, por lo que tendr que emitirse la resolucin de la prrroga del contrato

otorgado en el ao 2013 durante dos meses mientras los demandantes suscriben el nuevo

contrato para el ao 2014 el cual deber ser elaborado en el plazo correspondiente y

presentado a los interesados para que estos lo firmen y, as, respaldar documentalmente que

continan desempeando sus cargos mientras se tramita este proceso; asimismo, dicha

resolucin de prrroga y los nuevos contratos debern ser comunicados a las autoridades

competentes, para los efectos legales correspondientes.

De igual manera, deber garantizar que las citadas autoridades procedan al pago

ntegro del salario, prestaciones laborales y cualquier otro desembolso pecuniario que les

corresponda a los peticionarios de conformidad con el trabajo que desarrollan con los

respectivos descuentos legales que les son efectuados.

VII. Por otra parte, con relacin a la tramitacin del proceso de amparo y, en

particular, respecto a la forma en que deben realizarse los actos de comunicacin procesal a

la Fiscal de la Corte como sujeto interviniente en el proceso, es procedente requerirle, tal

como este Tribunal ha ordenado en su jurisprudencia verbigracia en las resoluciones de

fecha 5-VII-2013 y 19-VII-2013, pronunciadas en los Amp. 195-2012 y 447-2013,

respectivamente que al contestar la audiencia que se le confiere conforme al artculo 23 de

la L.Pr.C. seale un lugar para or notificaciones dentro de esta ciudad o un medio tcnico

para recibir los actos procesales de comunicacin; caso contrario, las notificaciones debern

efectuarse en el tablero del tribunal.

Por todo lo expuesto y de conformidad a lo establecido en los artculos 19, 21, 22,

23 y 79 inciso 2 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala RESUELVE:

1. Admtese las demandas planteadas por los seores Margarita de los ngeles Rivas

Hernndez, Mnica Vanessa Cienfuegos de Carranza, Zuleyma Patricia Merino de Castillo,

Ren Antonio Hurtado Polanco, Toms Cardoza Arrieta, Bessy Jeannette Aguilar de ngel,

Maricela Vargas Miranda de Torres, Marta Alicia Lemus Valencia, Olga Marina Paredes de

Zavaleta, Marcela Beatriz Meja de Corado, Gladys Celina Glvez, Ada Luz Zelaya,

Gladys Ester Jurez Muoz, Ana Luz Barrientos de Rodrguez, Yasmn Dolores Cortez

Gutirrez, Norma Adolfina Alicia Escobar Mena, Ever Manases Romero Lozano, Roberto

Zelaya Meja, Jorge Alberto Monzn Molina, Plcida Emelina Ramos de Valle, Julio Csar

Palacios Rivas, Ana Gertrudis Gmez Pinel, Francisco Alberto Rosales Martnez, Gloria

Delmy Murillo de Massis, Reynaldo Adolfo Sorto Bonilla, Ana Miriam Mrmol de Molina,

10

Xenia Alejandrina Serrano Roscala, Delia Elsy Urrutia Calix de Chavarra, Luis Alfredo

Cceres Ramrez, Mara Ivania Posada Fino, Fernando Antonio Romero Rodrguez, Gloria

Elizabeth Bonilla de Orellana, Carlos Antonio Cortez Ramos, Ivonne Lourdes Hernndez

Urbina, Leopoldo Maximiliano Pimentel Carrillo, Alma Eugenia Parada de Hernndez,

Mirna del Carmen Grijalva Flores, Dora Mara Asmet Sorto, Rina Esther Rosales Pineda,

Jos Pedro Corvera Vsquez, Frida Morena Glvez Artiga, Marvin Elenilson Chvez

Figueroa y Mara ngela Deras de Jovel a quienes se tiene como parte, contra la decisin

del Presidente y del Director de Recursos Humanos de la Corte de Cuentas de la Repblica

de no renovar el contrato laboral de los actores para el ao 2014 y, por ende, removerlos de

los cargos que desempeaban dentro de la referida institucin; en virtud de la cual,

presuntamente, se han vulnerado sus derechos de audiencia, defensa y estabilidad laboral,

establecidos en los arts. 11, 12 y 219 de la Constitucin de la Repblica, en los trminos

indicados en el considerando V de esta resolucin.

2. Acumlense al presente proceso los amparos clasificados bajo las referencias

nmero 955-2013, 956-2013, 957-2013, 1-2014, 3-2014, 4-2014, 5-2014, 6-2014, 7-2014,

8-2014, 9-2014, 10-2014, 11-2014, 12-2014, 13-2014, 14-2014, 15-2014, 16-2014, 17-

2014, 18-2014, 19-2014, 20-2014, 21-2014, 22-2014, 23-2014, 24-2014, 25-2014, 26-2014,

27-2014, 28-2014, 29-2014, 30-2014, 31-2014, 33-2014, 34-2014, 35-2014, 36-2014, 37-

2014, 38-2014, 39-2014; 40-2014 y 44-2014.

3. Suspndense inmediata y provisionalmente los efectos de la actuacin

impugnada, medida cautelar que ha de entenderse en el sentido que, mientras dure la

tramitacin de este proceso de amparo, y no obstante haya transcurrido el plazo establecido

en los contratos antes relacionados, el Presidente y el Director de Recursos Humanos de la

Corte de Cuentas de la Repblica se abstengan de separar a los demandantes de los cargos

que desempeaban dentro de la mencionada institucin, y de nombrar a otras personas para

sustituirlos; en consecuencia, debern permitir que los pretensores sigan desempeando los

cargos que ocupaban a la fecha de la notificacin del despido. Ahora bien, en caso de que

hayan sido designadas otras personas para desempear dichos cargos, para lograr la eficacia

de la medida cautelar, las autoridades demandadas debern garantizar a los actores

continuar en los cargos que ocupaban o en uno de categora similar, siempre que no

implique desmejora ni traslado que pudiera perjudicar sus derechos como trabajadores, Lo

anterior, durante la tramitacin de este proceso y hasta que se emita el pronunciamiento

respectivo, independientemente de si se han contratado o reubicado a otras personas para

sustituirlos en dichos cargos.

Adems, debern garantizar que las autoridades administrativas correspondientes,

en especial el rea de recursos humanos y de pagadura, cumplan con lo ordenado en el art.

83.9 de las DGP, por lo que deber emitirse la resolucin de la prrroga del contrato

otorgado en el ao 2013 durante dos meses mientras los demandantes suscriben el nuevo

11

contrato para el ao 2014 el cual deber ser elaborado en el plazo correspondiente y

presentado a los interesados para que estos lo firmen y, as, respaldar documentalmente que

los actores continan desempeando sus cargos mientras se tramita este proceso;

asimismo, dicha resolucin de prrroga y el nuevo contrato debern ser comunicados a las

dems autoridades competentes, para los efectos legales correspondientes. De igual manera,

deben garantizar que tales autoridades procedan al pago ntegro del salario, prestaciones

laborales y cualquier otro desembolso pecuniario que le corresponda a los peticionarios de

conformidad con el trabajo que desarrollan con los respectivos descuentos legales que les

son efectuados.

Todo lo anterior, con el objeto de evitar la alteracin del estado de hecho de la

situacin controvertida.

4. Informen dentro de veinticuatro horas el Presidente y el Director de Recursos

Humanos de la Corte de Cuentas de la Repblica, quienes debern expresar si es cierta o no

la actuacin que se les atribuye.

5. Ordnese a la Secretara de este Tribunal que, habindose recibido el informe

requerido a las autoridades demandadas o transcurrido el plazo sin que estas lo rindieren,

notifique el presente auto a la Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de orlo en la

siguiente audiencia.

6. Previnese a la Fiscal de la Corte Suprema de Justicia que, al contestar la

audiencia que se le confiere conforme al art. 23 de la L.Pr.C., seale un lugar para or

notificaciones dentro de esta ciudad o un medio tcnico para recibir los actos procesales de

comunicacin, caso contrario, las notificaciones debern efectuarse en el tablero de este

tribunal, en virtud de lo dispuesto en los arts. 170 y 171 C.Pr.C.M. de aplicacin

supletoria en los procesos de amparo.

7. Identifiquen las autoridades demandadas el medio tcnico por el que desea recibir

los actos de comunicacin.

8. Tome nota la Secretara de esta Sala del lugar sealado por los demandantes para

recibir notificaciones.

9. Notifquese.