ATRAPADOS EN LA INSUFICIENCIA.

Daniel Ambriz Mendoza.

Cuando en la administración de una dependencia pública, la magnitud de los problemas rebasa en mucho

la capacidad y las facultades de los funcionarios que la atienden para resolverlos, se dice que el gobierno

de esa dependencia está asfixiado por la insuficiencia, tal es el caso de la Secretaría de Educación en el

Estado de Michoacán. En cuanto a la administración de la educación en esta Entidad Federativa no se

puede hablar de eficiencia mucho menos de eficacia, no existe orden, por mucho tiempo ha sido la caja

chica del gobierno local, su función cada día se aleja del bien común víctima de la corrupción y presa de

una obesidad mórbida que le impide visión de futuro y agilidad en la gestión. Se le ha perdido el respeto

en medio de su anarquía, la rectoría que el gobierno del Estado debe ejercer sobre ella se aleja cada vez

más hasta casi desaparecer hundida en el canibalismo que la consume.

Es triste saber por voz de sus funcionarios que el Gobierno de la Entidad le adeuda a la dependencia

educativa más de 9 mil millones de pesos, este dato nos ayuda a dimensionar el boquete financiero que

año tras año y administración tras administración le han venido haciendo, hecho que afecta directamente

a sus trabajadores, quienes no tienen la culpa de la conducta deshonesta de funcionarios sin escrúpulos

que se han valido de su puesto para destrozarla.

Por mucho tiempo, los gobiernos de la Entidad, a costa del presupuesto asignado a la Secretaría de

Educación, han estado comprando una supuesta "gobernabilidad", destinando cantidades millonarias a

mercenarios que manipulan fracciones del magisterio a través del chantaje, la presión y la dilapidación de

recursos públicos pasando por encima de los derechos laborales de los trabajadores. Ha quedado clara la

desviación de recursos económicos y como ejemplo pondré dos casos: quincena tras quincena le

descuentan a los trabajadores que tienen crédito hipotecario con FOVISSSTE la cantidad estipulada para

irlo pagando, cantidad que no es estregada a la dependencia que otorgó el crédito usándose para otros

fines en perjuicio de los trabajadores. El otro ejemplo lo constituye la desviación de recursos económicos

etiquetados para programas de carácter federal, llámese carrera magisterial, estímulos a la calidad docente

y escuelas de tiempo completo sólo por mencionar algunos.

Las consecuencias de la conducta deshonesta de quienes administran los recursos federales en la Entidad

son funestas y dañan directamente la economía de los maestros que están participando en estos programas

de carácter federal, quienes tienen que trabajar por amor a su profesión sin recibir a tiempo el salario que

les corresponde como producto de su dedicación y de su esfuerzo. Se habla de adeudos de uno, dos, tres

y hasta cuatro años. Inverosímil pero cierto y nadie de los que presuntamente son responsables de los

desvíos del dinero son sancionados, mucho menos obligados a regresar lo que indebidamente utilizaron y

cuando se sabe de alguna aprehensión por este motivo, fianzas millonarias resuelven la situación del

indiciado. Impunidad y violación al Estado de Derecho es lo que a diario observamos.

Puede decirse, que quienes actualmente administran la dependencia educativa en la Entidad, son víctimas

de una circunstancia heredada, pero a la vez, tienen la responsabilidad histórica de resarcir el daño que se

le ha ocasionado a los trabajadores de la educación michoacanos y buscar los recursos económicos que

son necesarios para pagar todos los adeudos. Comenzar por entregar a las instituciones crediticias las

aportaciones que se les descuentan a los trabajadores que obtuvieron un crédito hipotecario o a los que

adquirieron algunos bienes de consumo a cuenta de nómina, sería un buen principio para no dejar crecer

este adeudo. Pagar el seguro institucional a los trabajadores que se jubilaron o a favor de los deudos de

quienes han fallecido, sería el mejor acto de justicia para quienes dieron su vida al servicio de la

educación y una buena manera de resarcir la acción ruin de quienes hicieron mal uso de los recursos que

por ley ya tenían destino.