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ÍNDICE

Introducción: el Programa Económico como pieza central para el

Desarrollo de la Argentina 4

Las principales enseñanzas del Programa de Desarrollo Económico 6

El Programa de Desarrollo Económico 10

I) El eje productivo 13

¿Por qué? 13

¿Qué? 14

Medidas transversales al entramado productivo 14

Perfil del entramado productivo que articule todas las políticas (visión de largo plazo) 14

Políticas concretas para lograr un entramado productivo inteligente 15

Competitividad sistémica 16

Productividad 18

Medidas específicas y sectoriales 20

Fomento de las PyMES y la inversión 20

Política de Vivienda 22

Identificación y estímulo de sectores puntuales en función de su ventaja relativa 24

Eje productivo: algunas políticas puntuales 25

II) El eje de los equilibrios macroeconómicos 27

¿Por qué? 27

¿Qué? 29

Combate a la Inflación 29

La política monetaria 31

La política fiscal 37

Lineamientos para la Política Fiscal 38

Lineamientos para la Reforma Tributaria 39

Estructura Óptima del Gasto Público 42

El financiamiento del déficit 48

La Política Exterior 49

Eje equilibrios macroeconómicos: algunas políticas puntuales 52

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III) El eje del Desarrollo Social 54

¿Por qué? 54

¿Qué? 55

La transformación de la política social 55

Eje Desarrollo Social: algunas políticas puntuales 56

Reflexiones finales: las condiciones para la “foja cero” 60

Principales políticas del Programa 62

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Introducción: el Programa Económico como pieza central para el

Desarrollo de la Argentina

El país del futuro tiene que transformarse en el país del presente. Dejar de

ser una promesa para efectivamente ser.

Con la dinámica de los últimos 40 años, la Argentina crece a un ritmo en el cual necesita

37 años para duplicar su producción. Con este Programa de Desarrollo apuntamos a que

la Argentina alcance una tasa de crecimiento sostenido de al menos 4%, es decir, que

duplique su producción cada 18 años o menos, lo cual le permitirá saldar su deuda interna

y recuperar las posiciones perdidas durante los largos años del “péndulo”.

Obviamente esto no es fácil, y siempre nos impresiona el contraste de fotos:

Pero más que el contraste de las fotos (que es un análisis estático) nos preocupa la

película (análisis dinámico), que no es ni más ni menos que una sucesión de fotos.

En la película argentina del último medio siglo hemos pasado de ser una sociedad

integrada y con procesos de movilidad ascendente a una sociedad fragmentada con

muchos segmentos experimentando procesos de movilidad descendente.

Por ello, para cambiar esto último no basta con políticas aisladas (no vamos a revertir esta

realidad tocando un punto la tasa de LEBAC) y se requiere un Programa de Desarrollo

integral y consistente, con un Proyecto de País bien claro como cabeza y un conjunto de

políticas multidimensionales que apunten hacia ese país.

Este Programa de Desarrollo Económico tiene como meta de fondo la generación de las

condiciones para que se revierta de manera sustentable el círculo descendente, se

generen las oportunidades y se asegure la calidad de vida de todos los argentinos.

Concretamente, el Programa propone avanzar en la dirección del fomento de la

producción y el trabajo, la justicia distributiva y la calidad institucional.

1974 2016

Pobreza 3,8% 30,3%

Desempleo 2,4% 8,5%

PBI Argentina (% PBI Mundial) 1,2% 0,7%

PBI Argentina (% PBI LATAM) 17,4% 10,9%

PBI Argentina (% PBI Brasil) 62,0% 30,3%

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Este Proyecto de País tiene que guiar el rumbo de todas las políticas que creemos

necesarias para volver a regenerar los círculos virtuosos de movilidad social ascendente:

● La política educativa

● La política de salud

● La política económica

● La política social y alimentaria

● La política energética

● La política sectorial (agropecuaria, industrial, tecnológica, etc.)

Dentro de este “mapa”, la política económica tiene un rol central, ya que es la que fija las

pautas para el desenvolvimiento de la economía, de la cual se va a desprender el nivel de

ingreso disponible, y cómo éste se distribuye social y regionalmente. Si la política

económica no apunta al Proyecto de País que planteamos (o lo hace

intermitentemente/desequilibradamente) habrá ganadores y perdedores, pero no

lograremos quebrar la tendencia de la movilidad social descendente como queremos.

Por esta razón, y entendiendo el “gap” existente entre el punto de partida y la visión del

futuro, del Proyecto de País, hay dos elementos cruciales para destacar: en primer lugar

es central contar con un Estado presente, ágil y sólido, que es distinto tanto de un Estado

ausente como de un Estado “grande y bobo”: el Estado no sólo debe ser eficiente

recaudando y transfiriendo dinero; debe ser promotor del desarrollo, equiparador de

realidades, transparente, mediador de conflictos y estabilizador de ciclos.

El segundo punto que debemos tener en claro es que solo con crecer no alcanza: ni el

crecimiento con acumulación de desequilibrios (2013, 2015) ni el crecimiento acotado,

concentrado y con baja creación de puestos de trabajo (2017) son pasos en dirección al

futuro que plantea el Proyecto de País.

La buena noticia es que el potencial argentino sigue allí. Tenemos todas las condiciones:

capital humano, territorio, recursos materiales, una matriz productiva con cierto grado de

diversificación y, por sobre todas las cosas, democracia. Si bien no es posible negar que el

país necesita un importante saneamiento y fortalecimiento institucional, la democracia es

un pilar que los argentinos no volveremos a resignar, y es en el marco de la democracia

que resolveremos los enormes desafíos que tenemos por delante.

En otras palabras, las piezas del rompecabezas están allí, desparramadas sobre una mesa

sólida, que es la democracia. Necesitamos sentarnos todos y lograr pisos básicos de

consensos para armarlo.

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Las principales enseñanzas del Programa de Desarrollo

Económico

En la elaboración del Programa de Desarrollo Económico se abordaron todas las

temáticas relevantes que hay que tener presente a la hora de delinear las propuestas y

estrategias para que la Argentina abandone definitivamente el “péndulo” del último

lustro, que la hizo perder posiciones frente a la región y el mundo y, peor aún, cristalizó

una dolorosa realidad social, donde la pobreza afecta a uno de cada tres argentinos.

A lo largo de este trabajo, las distancias entre el “ser” y el “deber ser” nos dejaron una

serie de enseñanzas centrales sobre las cuales este programa se basa. Creemos que son lo

suficientemente amplias para que los hacedores de política económica, sean del signo

que sean y adopten o no las medidas contenidas en este Programa, tengan muy presente,

para evitar que la Argentina del futuro, que hoy solo existe como representación, pueda

gradualmente convertirse en la Argentina del presente.

● Los programas recesivos no sirven para bajar la inflación y mejorar el déficit público.

La vía de las medidas de ajuste que redundan en impactos recesivos destinadas a ordenar

las variables macroeconómicas no dan resultado, y en su intento se carga con costos

sociales de relevancia. Así lo demuestra la propia historia argentina y sobrados ejemplos

en el mundo. Las necesarias correcciones macroeconómicas deben realizarse en un

marco de crecimiento.

● La única manera de resolver los desequilibrios y alcanzar una situación económica

durable es reconstruir los superávits gemelos (fiscal y de cuentas externas) y ello

requiere poner en marcha la economía, generar crecimiento.

Una vez que la economía está “en marcha” es habitual la tentación de posponer la

corrección de los problemas de fondo, y tendemos a ser procíclicos en fases expansivas.

El norte en materia económica, con una visión de largo plazo, pasa por recuperar los

equilibrios fiscal y externo, como condición necesaria para garantizar una baja

sustentable de la inflación en el tiempo.

● Poner en marcha la economía pasa por articular la reacción positiva del consumo y la

inversión. Alentar el consumo sin simultáneamente crear las condiciones para la

inversión (por inestabilidad jurídica, políticas anti-empresarias, etc.) solo conduce a

acelerar la inflación (error populista).

No podemos pensar al consumo sin la inversión, ni a la inversión sin el consumo. El error

de la década pasada (error populista) fue haber estimulado únicamente el consumo, por

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lo que la falta de acompañamiento en materia de inversión derivó en la acumulación de

desequilibrios que conocemos.

● Ignorar o subvalorar el consumo es, además de sus efectos socio-políticos, quitarle estímulos a la inversión, que no se guía por discursos sino por la posibilidad de generar rentabilidad (error conservador).

El error actual (error conservador) pasa por pensar que removiendo parte de las trabas que pesaban en las decisiones de inversión, pero desatendiendo el consumo (impactado por las políticas de ajuste destinadas a combatir la inflación y corregir el déficit fiscal), la inversión será el nuevo “motor” de la expansión. La economía es un complejo sistema de relojería, donde los componentes no son independientes, sino interdependientes.

● Una visión unilateral solo conduce a que esas políticas (error conservador y error populista) sean auto-destructivas.

● Un arranque articulado del consumo y la inversión asegura crecimiento, y por ende mejoras en los equilibrios macroeconómicos.

Entendiendo la interrelación entre consumo e inversión, y aplicando políticas integrales, es posible recrear el crecimiento en el corto plazo. A su vez, cada punto de crecimiento económico aporta al menos $25.000 millones de recaudación “extra” que puede aplicarse a la mejora del resultado fiscal (aliviando la necesidad de ajustes) al tiempo que una baja en la inflación, inseparable en el largo plazo de una saludable situación fiscal, va unida a un tipo de cambio real de largo plazo que asegura a su vez una mejoría en las cuentas externas. Este es el camino por el cual se van generando en el tiempo los superávits gemelos, o al menos un equilibrio.

● Las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMES) son el corazón de la creación de empleo. Sin ellas no hay forma de absorber el desempleo y los 200.000 jóvenes que tienen derecho a ingresar al trabajo cada año.

En la Argentina las PyMES representan 99% de las unidades productivas formales, 40% de las ventas totales y 2/3 del empleo registrado. Y las PyMES, por escala, capacidad y acceso al crédito, son más vulnerables a los ciclos económicos negativos. La Argentina necesita generar trabajo no sólo para los que hoy enfrentan problemas, sino para los 200.000 jóvenes que todos los años se incorporan al mercado laboral. Por ello, este objetivo es impensable sin estimular a las PyMES.

● Los programas de ajuste no solo atacan a las PyMES sino que generan, aún sin quererlo, más economía informal e inflación.

En su difícil tarea de sobrevivir al achicarse el mercado hay una fase en la que las PyMES ajustan sus precios (alimentando la inflación) para sostener su relativamente altos costos fijos. Y entre despedir obreros o empleados y pagar impuestos excesivos deciden, con toda lógica, entrar en caminos de la economía informal o negra. Las PyMES reclaman un contexto de crecimiento como la única oportunidad de generar rentabilidad, bajar precios bajando costos por aumento de la producción y cumplir con sus impuestos.

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● Una presión impositiva excesiva como han sido los últimos 10 años destruye a las empresas de menor tamaño, concentra la oferta y por ende ayuda a la inflación, genera economía negra que expande el déficit fiscal y, lo que es peor, destruye empleo.

En relación a estar radicada en un país desarrollado, una empresa mediana argentina en

el sector formal soporta una presión tributaria más elevada y debe destinar el doble de

tiempo en trámites impositivos. Esto no sólo coloca a la PyME argentina en una posición

de desventaja relativa en relación al mundo, sino frente a las empresas grandes, que

tienen mayor espalda y estructura para adaptarse al contexto.

La concentración de la oferta en pocas manos va generando poder de mercado e

incidencia en la formación de los precios, cuyo abuso permite capturar el excedente de los

consumidores retrayendo la demanda global. El crecimiento asociado de la economía

informal, muchas veces como mera estrategia de supervivencia, retroalimenta las

condiciones de vulnerabilidad en vastos segmentos de la población, limita la base

tributaria y acota el espacio fiscal.

● Es imprescindible un cambio impositivo que rebaje la presión global, nacional,

provincial y municipal sobre las unidades productivas que hoy pagan, que reduzca a

cero todo impuesto ligado a la reinversión de utilidades en PyMES, que aporte a la

rentabilidad de las grandes empresas desgravando en alguna proporción las

inversión, y que considere la creación de trabajo nuevo, adicional al existente, bajo

normas de aportes y flexibilidad diferente a la rigidez actual.

La imprescindible reforma tributaria debe navegar entre el objetivo de que la estructura

impositiva deje de ser el condicionante que es hoy para la competitividad sistémica y la

productividad, y el criterio de suficiencia.

El único trayecto entre estas dos “balizas” es la concentración de las reformas en aquellas

que maximicen la inversión y creación de empleo, de tal forma que la base tributaria

pueda ampliarse y cumplir así el criterio de suficiencia.

● La formación de personal capacitado en escuelas técnicas y centros de formación en

oficios debe ser prioridad absoluta a partir del nivel educativo secundario.

El debilitamiento del vínculo entre educación y trabajo en la Argentina se evidencia con

mayor fuerza en los segmentos más vulnerables de la población, especialmente en la

etapa de la escuela secundaria: la proporción de personas con secundario completo en el

quintil más rico de ingresos duplica a la del primer quintil.

Para alcanzar la Argentina del futuro debe recrearse la cultura del trabajo, y para ello es

necesario fortalecer el vínculo entre educación y trabajo, con foco en donde más se

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necesita. El rol de las escuelas técnicas y centros de formación en oficios se vuelve

entonces fundamental para este objetivo.

● Solo la creación de empleo aporta recursos genuinos y valoriza a la mujer o al

hombre que hoy recibe subsidios.

Los programas de ajuste (error conservador) no generan crecimiento y por ende,

tampoco crean trabajo. Tampoco lo hacen, por otras razones (como la agresión a la

inversión), los programas populistas (error populista). En materia de creación de puestos

de trabajo, así como con el déficit fiscal y externo, ocurre que solo se reabsorben con

crecimiento. Una vez más, vuelve a destacarse la inseparable combinación de consumo-

inversión, que es el único marco para la solución.

● El agro y la agroindustria son la base extraordinaria de la presencia del país en el

mundo, pero solo la base.

A esta base hay que agregar otros sectores como servicios de valor agregado, industrias

de base científico-tecnológica, así como industrias menos competitivas a escala global

pero suficientemente competitivas en ámbitos regionales y acuerdos específicos de

complementación.

Una vez más, los costos impositivos ligados al empleo, resolver los condicionantes que

generan los costos logísticos de transporte y alcanzar un tipo de cambio de equilibrio de

largo plazo estable son condiciones ineludibles para el desarrollo argentino.

● No obstante el deterioro educativo promedio, el país cuenta con “bolsones” de

profesionales de primer nivel y ellos deben contar con un campo propicio para crear,

tanto desde el sector público como desde los sectores empresarios privados.

Pese a que los vaivenes del último lustro activaron circuitos de movilidad social

descendente, el país cuenta con importantes “bolsones” de primer nivel, que necesitan

contar con un contexto propicio para generar valor agregado y empleo.

● La deuda pública externa que hoy ayuda a moderar el grado del ajuste fiscal crece

rápidamente en dólares y en otras monedas, y con jurisdicciones legales múltiples.

Esto es una amenaza para el futuro: no hay que repetir la experiencia de finales de

los años 70 o durante los años 90.

Hay que rechazar el argumento de que la deuda es pequeña en relación al Producto

Bruto. La deuda son dólares concretos, el Producto Bruto es solo una figura estadística,

que se achica o se agranda según sea la manipulación cambiaria. Lo relevante es la

relación de los intereses de la deuda pública respecto del total.

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El Programa de Desarrollo Económico

El presente Programa de Desarrollo Económico apunta a orientar la cuestión económica

hacia la regeneración de un proceso de movilidad ascendente que garantice

oportunidades y bienestar para todos los argentinos, en el marco de un Proyecto de País

para todos.

La Argentina del futuro sólo podrá hacerse presente por medio del trabajo, y la cultura del

trabajo, que no sólo es la vía de superación personal y de dignidad de las personas, sino

que constituye el principal medio de integración social. El acceso al trabajo no sólo brinda

los medios para salir de la pobreza, y para ir gradualmente reduciendo la necesidad de la

hoy indispensable asistencia del Estado, sino que también alrededor del trabajo se

construyen los mecanismos de administración de riesgos sociales (enfermedad, vejez,

invalidez, etc.) y se lubrica todo proceso de movilidad social ascendente.

En este sentido, la Argentina necesita hacia adelante, en conjunto con un robusto sistema

político, económico y social, conformar un entramado productivo pujante, que permita

que el ingreso per cápita recupere las posiciones perdidas, y que pueda absorber la

totalidad del mercado laboral, pero no solo para los que hoy enfrentan dificultades para el

acceso, sino para todos los que año a año se incorporan (visión de futuro).

La realidad es que los puestos de trabajo asalariados en el sector privado, con

oscilaciones, se ubican desde hace un lustro en torno de 6,1/6,2 millones, incluso cuando

año a año se incorporan alrededor de 200.000 nuevos jóvenes al mercado de trabajo. Esto

sucedió con el gobierno anterior, y está sucediendo con el actual: en materia de creación

de puestos de trabajo, seguimos estancados.

Para ello, para crear trabajo, es crucial remover todas las trabas que hoy entorpecen

innecesariamente la producción y la inversión (en especial de las PyMES), reducir las

enormes asimetrías regionales (permitiendo la federalización del eje productivo) y

fomentar la productividad y la competitividad sistémica (reduciendo la dependencia de

las devaluaciones y de los precios de los commodities, como la soja).

Para el fomento del entramado productivo y garantizar la sustentabilidad de su

desempeño futuro, la Argentina necesita de un activo vital, que es una macroeconomía

sana. Por esto último nos referimos en primer lugar al combate a la inflación, ya que no

solo es el impuesto más perverso sino que provoca efectos redistributivos adversos y

nubla los horizontes de mediano y largo plazo. Este combate debe ser frontal y decidido

pero también mediante múltiples instrumentos: la dependencia de uno solo, como el

dólar en los ’90 o la tasa de interés hoy, no ayudan al objetivo productivo.

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Pero políticas de combate a la inflación “solas” no alcanzan ni para garantizar en el

tiempo la estabilidad de precios (y el valor de la moneda) ni para recrear las condiciones

sobre las cuales puedan desarrollarse con éxito las políticas productivas que proponemos.

Una macroeconomía sana requiere entonces de acciones que reorienten tanto la política

fiscal como la política monetaria, y este Programa Económico aborda propuestas en este

sentido.

Un “sistema” integral de políticas macro y micro, con orientación productiva, apunta a

que la Argentina abandone definitivamente el “péndulo” del último medio siglo para

ingresar en un sendero de crecimiento sostenido (de alrededor de 4%-5% por año) que

permita sentar definitivamente las bases para su desarrollo.

Finalmente, el impulso productivo y una macroeconomía sana lamentablemente no son

suficientes para garantizar igualdad de oportunidades, sino que se requiere en paralelo un

conjunto de políticas orientadas al desarrollo social en vistas a la inmensa y dolorosa

deuda social que hoy tenemos; incluso con un despegue que garantice varios años de

crecimiento equilibrado, a buen ritmo y con sesgo productivo, un importante sector

quedará al margen: la Argentina fragmentada de hoy separa las realidades con un “muro”

que necesita de políticas activas para ser derribado. Como en tantas ocasiones de la

historia, para avanzar necesitamos derribar muros.

Pero al desarrollo social hay que entenderlo en un sentido más amplio, ya que la

Argentina (al igual que los otros 194 países del mundo) no escapa a las tendencias

globales que existen en materia de la transición de los motores del crecimiento hacia la

tecnología, el conocimiento y la innovación. El desarrollo social, en sentido más amplio,

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no implica únicamente integrar a los excluidos, sino también prepararnos para que en el

futuro no volvamos a atrasarnos.

Por estas razones, el Programa de Desarrollo Económico tiene una mirada de futuro

pero con presente: cómo construir ese puente que traiga el futuro al día de hoy para

efectivamente comenzar a cambiar la realidad en la dirección que indica el Proyecto de

País.

El Programa se estructura alrededor de tres ejes centrales e interdependientes:

● El eje productivo

● El eje de los equilibrios macroeconómicos

● El eje del desarrollo social

Obviamente, no se puede trabajar sólo en uno, sino que el foco debe estar puesto en los

tres en simultáneo; asimismo, las acciones sobre uno tienen impactos sobre los otros.

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I) El eje productivo

¿Por qué?

En la cuestión productiva hay dos análisis transversales que se cruzan.

Por su dotación de recursos humanos y naturales la Argentina es naturalmente

competitiva en determinados sectores (agro, minería, energía) que son estratégicos para

el país y están en condiciones de abastecer al mundo pero por sí solos no alcanzan a

garantizar ocupación para el total de la población.

Argentina también tiene un vasto entramado de sectores industriales y de servicios de

todo tipo, que absorbe la mayor cantidad del mercado laboral, pero es el que más “sufre”

los vaivenes económicos, y por ende, el que debe estar atendido por la cuestión

productiva.

Cruzando al enfoque sectorial, el 99% de las unidades económicas en Argentina son

PyMES (tanto en los sectores competitivos como en los más vulnerables a vaivenes), y

por escala, costos de financiamiento o incluso poder de lobby son más endebles a los

cimbronazos.

Por ello el enfoque productivo debe ser integral: no es lo mismo la producción sojera de

Pergamino que la pequeña empresa industrial del GBA, pero tampoco es lo mismo una

gran empresa siderúrgica y una pequeña productora de arándanos.

Integral quiere decir no dejar de lado a las “grandes” para priorizar sólo a las PyMES, sino

lograr ensamblar las dos realidades (y que una no se apoye sobre la otra, asfixiándola),

lograr encadenamientos productivos armónicos, potenciando las sinergias y las

externalidades positivas. El camino que proponemos es el del escalonamiento y la

diversificación de la estructura productiva, por medio de mayores requerimientos de

conocimiento y tecnología, valor agregado e integración nacional (desarrollo de

proveedores).

Por ello, a la cuestión productiva primero debemos verla desde punto de vista macro:

necesitamos tener una visión sistémica de la economía, con el consumo interno (80% de

la demanda interna) como centro, pero también impulsando la inversión, que debe ser de

25% del PBI (hoy es 20%) para crecer de manera sostenida a la tasa deseada (4%-5%) sin

presiones inflacionarias. Y considerando las exportaciones que permiten desarrollar

sectores y zonas específicas, adquirir insumos y bienes sin tensiones estructurales.

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Combinando este objetivo macro con el punto de partida y de manera armónica con el eje

de Desarrollo Social, el “hilo común” del eje productivo es el fomento de las PyMES y el

fomento del empleo.

Para alcanzar este objetivo, dentro de este eje se abordan tres cuestiones, que deben ser

vistas desde un punto de vista integral y consistente:

● Medidas transversales al entramado productivo: comprende las cuestiones de

competitividad sistémica y productividad, que deben atravesar a la totalidad de

los sectores productivos de la economía (“elevar el piso para todos”).

● Medidas específicas y sectoriales: comprende las acciones que apuntan a

potenciar a los sectores con ventajas comparativas y reducir las desventajas

comparativas que presentan determinados sectores de la economía.

● Medidas puntuales: destinadas a atender problemáticas cuya resolución redunda

en impactos de significativa importancia para el eje productivo.

¿Qué?

Medidas transversales al entramado productivo

Perfil del entramado productivo que articule todas las políticas (visión de largo

plazo)

Argentina debe apuntar a reconvertir su estructura productiva, transformándose

gradualmente de un país no innovador primarizado a país innovador con producción de

mayor valor agregado.

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Para ello, debemos lograr una matriz productiva inteligente: que sea competitiva,

diversificada, de alta productividad y con mayor valor agregado, que asegure la eficiencia,

la productividad y la mejora continua de generación de bienes y servicios.

El entramado productivo debe estar vinculado a la innovación, entendiendo que será el

responsable de crear los trabajos del futuro.

Esta estructura, a su vez, es la que dará sustento a salarios elevados con mayores niveles

de formalización, mejorando la distribución del ingreso y consolidando el proceso de

crecimiento con eje en la demanda doméstica.

Políticas concretas para lograr un entramado productivo inteligente

Además de las medidas sistémicas propuestas en el presente Programa (en materia de

competitividad, productividad y PyMES) debemos potenciar la relación entre el Sector

Público y el Sector Privado (sectores primarios, secundarios y terciarios) para:

● Delinear y articular un Plan de Relanzamiento Productivo, con foco en potenciar los

sectores ganadores, reconvertir (brindado herramientas) aquellos que presenten

dificultades y desarrollar nuevos clusters (cadenas de valor), para lograr un despegue

productivo con equilibrio sectorial y territorial.

● Potenciar el Consejo de Monitoreo y Competitividad para las Micro, Pequeñas y

Medianas Empresas (creado por la Ley PyME que impulsamos pero aún no se ha

puesto en marcha) en sus funciones de seguimiento del nivel de crédito destinado a

MiPyMES, del nivel de comercio exterior (y su impacto en la producción y el empleo) y

del rol de las MiPyMES en las distintas cadenas de valor. El fortalecimiento de este

Consejo debe integrarse en la lógica de detección de las problemáticas del universo

MiPyME, y orientar allí las políticas del eje productivo, por lo cual deberá existir

también una articulación con las Agencias de Desarrollo Productivo Local, como parte

de un sistema institucional moderno, con procesos de coordinación intersectorial e

interjurisdiccional, creando a nivel nacional, regional, provincial y municipal las nuevas

condiciones de gobernabilidad, el liderazgo del Estado y la asociación público-privada

para concretar proyectos estratégicos.

● Potenciar los Polos Tecnológicos y Parques Industriales, ampliando el acceso a sus

beneficios y promoviendo su penetración, adaptando la legislación.

● Redefinir los Regímenes de Promoción Industrial, para ampliar su espectro (abarcar

servicios de alto potencial) e incorporar a los mismos una visión estratégica que

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atienda los objetivos del entramado productivo inteligente y velando la sostenibilidad

fiscal. El mismo debe sentar las bases para un programa de desarrollo integrador con

fuerte articulación con el Sistema Científico y Tecnológico.

● Adaptar el rol del Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE), para que actúe en

conjunto con la Banca Pública como un verdadero Banco Nacional de Desarrollo

potenciando y apoyando emprendimientos productivos con visión de mediano y largo

plazo (ver Política Monetaria).

● Canalizar fuertes inversiones:

o Al sector transporte y logística, para anticipar posibles cuellos de botella

futuros (mayor volúmenes de producción demandarán mayores servicios de

transporte y logística), para aumentar los niveles de seguridad, para reducir los

costos logísticos y para avanzar hacia esquemas de transporte más

sustentables que reduzcan la huella de carbono.

o Al sector energético, en sus tres segmentos, con una visión de diversificación

de la matriz (donde el 90% de la producción primario es de origen fósil), y

apuntando hacia sustentabilidad económica y ecológica de largo plazo.

Competitividad sistémica

En una economía que necesita comerciar más y mejor con el mundo la competitividad se

vuelve un elemento central, ya que las estrategias económicas que llevan al

encarecimiento relativo de la Argentina en relación al mundo determinan trayectorias en

las cuales las exportaciones se primarizan (y no potencian el empleo) y las importaciones

se focalizan en productos finales.

Por ello, Argentina necesita ganar en competitividad, pero también en entender que no

toda la competitividad pasa por el tipo de cambio.

Obviamente que el nivel relativo del dólar es un concepto que no puede obviarse: si el

“costo argentino” se incrementa 4 veces más rápido que el de nuestros vecinos,

difícilmente podamos compensarlo con otras aristas de la competitividad. De hecho, la

inflación acumulada en los últimos 17 meses (casi 60%) prácticamente erosionó la suba

del dólar post-cepo. Con esto decimos que la devaluación no es el camino para ganar

competitividad; es meramente un atajo que, mal encarado, termina en un peor punto

de llegada.

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Por ello, lo que Argentina necesita primero es delinear una meta sostenible de

competitividad sistémica, identificando un nivel de tipo de cambio real macro/social de

equilibrio (TCRE).

Ese tipo de cambio hoy estaría mostrando un atraso relativo de alrededor de 32%, de

manera que el TCRE debería estar hoy en alrededor de 1,25 $/US$ (bilateral) y 1,60

(multilateral).

Pero, nuevamente, devaluar 30% con el consecuente impacto en la inflación, no es el

camino para recuperar competitividad. Para ello, necesitamos establecer mecanismos

para llegar gradualmente, entendiendo que a medida que se trabaje en las cuestiones

sistémicas, el TCRE puede ser más bajo; con una menor presión tributaria y ganancias de

productividad, en lugar de 1,25 podría ser 1,15.

Para que estos mecanismos graduales sean efectivos, primero es absolutamente central

atacar la inflación (ver Inflación). En segundo punto, debemos identificar qué sectores

serían ganadores (y potenciarlos dándole mejores herramientas) y perdedores (y

reconvertirlos) en el nivel de TCRE al que convergerá la Argentina.

En tercer lugar, mientras se baja la inflación, se deberán administrar vías (cambiarias,

fiscales, parafiscales, etc.) para ir convergiendo a ese tipo de cambio, siempre con la

restricción de evitar devaluaciones bruscas e inútiles que carecen de efecto real ya que se

trasladan a precios (como en 2014 o 2016). Pero evitar devaluaciones bruscas no quiere

decir utilizar al dólar como ancla cambiaria (como en el pasado) ni desplegando una

política inflacionaria que resulte necesariamente en una apreciación (como en el

presente).

Finalmente, y en paralelo, el foco debe estar puesto en complementar con otras aristas

de la competitividad:

● Política Tributaria (ver Política Fiscal).

● Infraestructura.

● Reducción del costo de capital (ver Política Monetaria).

● Servicios de logística.

● Recursos humanos (ver Desarrollo Social).

● Sistema financiero (ver Política Monetaria).

● Remover/minimizar trámites burocráticos.

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Productividad

Aumentar la productividad implica incrementar lo que cada trabajador produce, sea bien

o servicio, y el incremento de la misma depende tanto del factor trabajo como del factor

capital y el Estado. La productividad es uno de los principales motores del crecimiento

mundial.

En el último medio siglo, el crecimiento de la productividad laboral en la Argentina estuvo

muy por debajo de los principales países del mundo, incluso de nuestros vecinos

(Uruguay, Brasil, Chile).

En términos gráficos, en 1950 un trabajador argentino era 20% más productivo que un

europeo y 80% más productivo que uno latinoamericano; en 2016, un trabajador

argentino es sólo 40% más productivo que un latinoamericano, y la mitad de productivo

que uno europeo. Nuevamente, esto no obedece únicamente a la productividad del

sector trabajo, sino que es el resultado de las combinaciones productivas de ambos

factores.

Potenciar la productividad es crucial, ya que es el elemento que permitirá reducir el costo

laboral por unidad de producto incrementando los salarios (P) al tiempo que el fomento

del eje productivo incrementará la demanda de trabajo (Q). Este esfuerzo no debe

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provenir sólo de una de las “fuentes” de productividad, sino que se debe trazar una meta

integral y equilibrada que incluya al capital, al trabajo y al Estado.

Los dos factores que deben abordarse transversalmente (competitividad sistémica y

productividad) no son independientes entre sí: los países más productivos son, en

general, los mejores rankeados en materia de competitividad. De hecho, 20 países

figuran en el top 25° de ambos rankings mundiales, y esos países muestran un producto

per cápita que cuadruplica la media mundial.

Las mejoras de productividad surgirán como resultado de la aplicación del resto de las

medidas:

● Potenciar sectores más competitivos y reconvertir los menos competitivos.

● Remover las trabas que entorpecen la producción.

● Fomentar el uso racional y eficiente de la energía en los sectores productivos.

● Diseñar una estructura tributaria menos distorsiva y pesada para el sector productivo

(ver Política Fiscal).

● Fomentar el capital humano (ver Desarrollo Social).

Por Persona Por Hora Trabajada

China 783% -

Japón 330% 459%

España 238% 295%

Alemania 123% 233%

Estados Unidos 119% 141%

Chile 118% 146%

Uruguay 95% -

Brasil 79% 127%

Colombia 63% 102%

Ecuador 43% -

Guatemala 42% -

Argentina 39% 62%

Mexico 20% 25%Fuente: The Conference Board

Crecimiento de la Productividad mediaULTIMOS 50 AÑOS

2016 vs. 1966

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● Que los agentes económicos tengan visiones estratégicas complementarias donde se

atiendan en conjunto las realidades tanto de las empresas como de los trabajadores

(de ahí la importancia del Acuerdo Económico y Social).

● Régimen de incentivos fiscales para las inversiones: debemos propender a internalizar

en los agentes económicos que la productividad debe ser un motor del crecimiento, y

que sean partícipes del producto de ese mayor crecimiento. La existencia del Régimen

constituye, asimismo, un importante estímulo para las acciones de capacitación, una

de las vigas centrales del eje de Desarrollo Social.

Medidas específicas y sectoriales

Fomento de las PyMES y la inversión

La meta del Programa de Desarrollo Económico es apuntar a una meta de inversión de

25% del PBI para crecer al menos al 4% de manera sostenible en el tiempo, sin presiones

inflacionarias.

Para ello, debemos dejar de tratar a la inversión productiva de igual modo que la

financiera/especulativa y a la reinversión de utilidades de la misma forma que su

distribución.

Más importante aún, no podemos seguir tratando a las PyMES como grandes empresas

en materia tributaria, financiera o en materia de apertura (igualar oportunidades +

fomento de la producción). Las PyMES deben ser el foco del eje productivo: generan 2 de

cada 3 empleos en la economía, y son estructuralmente más vulnerables a los bruscos

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vaivenes de la economía. Más aún, la preponderancia de los factores fijos en su estructura

de costos (overhead) es uno de los factores que explica, entre otras cosas, la persistencia

de la inflación pese al contexto recesivo.

Para ello, debemos fortalecer a las PyMES mediante:

● Remover obstáculos “administrativos” de la Ley PyME: hoy solo el 37% de las

PyMES se registraron para acceder a los beneficios de la Ley N° 27.264 (Ley

PyME), y apenas 19% accede al IVA a 90 días; asimismo, existen trabas de índole

burocrático e informático para la registración, creando “barreras” para los

beneficios. El camino hacia los beneficios de la Ley PyME debe estar

completamente allanado.

● Fomento del mercado de capitales con orientación productiva, en particular

PyME: dirigir el “gap” que Argentina tiene en materia de profundidad financiera

hacia el sector real (ver Política Monetaria).

● Plan de Relanzamiento Productivo: Identificar los sectores ganadores y

perdedores: en un contexto de mayor apertura y mayores exigencias en materia

de productividad y competitividad (ver Sector Externo).

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● Impulsar la reconversión productiva de los sectores perdedores (identificando qué

eslabones de dichos encadenamientos deben ser relanzados) y orientar el sistema

educativo hacia los sectores ganadores y mayores generadores de valor.

● Fomentar que grandes empresas que vienen por IED a sectores ganadores

generen encadenamiento de PyMES locales.

● Incentivar sectores de mano de obra intensivos y capital intensivos sustitutivos de

importaciones y generadores de exportaciones.

● Promoción de sectores de alta tecnología y valor agregado:

○ Incentivos sectoriales.

○ Reglas en materia de derechos de propiedad intelectual que garantice su

desarrollo y la innovación nacional.

● Desgravar la reinversión de utilidades en PyMES: no es lo mismo la reinversión

que la distribución de utilidades.

● Acciones de la política monetaria y fiscal en materia de orientación de la inversión:

○ Ver Política Monetaria y Política Fiscal.

● Entrelazar el sector productivo y el sistema científico-tecnológico:

○ Articulación entre las áreas científico-tecnológicas (INTA, INTI, etc.) con el

entramado productivo (en especial PyMES).

● Potenciar las acciones de capacitación e incorporación de tecnología:

○ Entendiendo que en el mundo que viene el conocimiento irá desplazando a

la producción en serie.

○ En Argentina 2/3 de los trabajos pueden ser reemplazados por robots en el

futuro según el Banco Mundial.

○ Orientar al sistema educativo (escuelas técnicas) y al científico tecnológico

hacia los empleos del futuro.

Política de Vivienda

En Argentina, de acuerdo con el censo 2010, existen 3,5 millones de hogares que padecen

algún déficit habitacional; el 62% de ellos sufre problemas de índole cualitativa. Esta

crisis, que debe ser superada en la visión de un Proyecto de País para todos, representa

también una oportunidad para estimular a la construcción, sector que explica el 7% de los

puestos de trabajo asalariado formal. Además, un fuerte impulso en la construcción

tracciona fuertemente sobre la industria manufacturera (hierros redondos, ladrillos, etc.).

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En materia de política de vivienda, primero se necesita achicar la distancia que hizo que el

crecimiento intercensal de los inquilinos haya triplicado el del número de hogares (+75%

vs. +25%).

Para ello, es crucial:

● Impulsar el crédito hipotecario (ver Política Monetaria), que hoy representa solo

0,8% del PBI y 6% de los créditos totales al sector privado. Esto debe hacerse tanto:

● Por la vía macro: con eje en la reducción de la inflación (estimula el crédito a largo

plazo) y el marco de mayor estabilidad, previsibilidad y crecimiento al que apunta el

eje de los equilibrios macroeconómicos.

● Por la vía micro:

o Seguro de tasas: el BCRA puede mitigar parte del riesgo de tasa implícito en

los créditos a largo plazo para facilitar el acceso a distintos segmentos de la

población.

o Scoring: la elegibilidad para un crédito hipotecario está hoy atada a

prácticamente todos los factores que definen a la clase media-alta y alta; se

deben crear nuevos parámetros de scoring (con eje en la demostración de

capacidad de ahorro y de pago) para que el sistema financiero deje de

cristalizar el “muro” entre las distintas realidades que coexisten hoy en la

Argentina.

o Microcréditos para refacciones: como complemento natural del crédito

hipotecario, apuntamos a ampliar el acceso a créditos destinados a

mejoramientos y refacciones de viviendas, ya que la calidad de las mismas y el

hacinamiento forman parte del déficit habitacional.

● Canalizar fondos producto del desarrollo del mercado de capitales a la construcción

de viviendas (ver Política Monetaria)

● Contar con un marco de certidumbre y estabilidad, insumos necesarios para la

inversión de largo plazo

Censo 2001 Censo 2010 Var. (p.p.)

Total 100% 100% + 0,0%

Propietario de la vivienda y el terreno 71% 68% -2,9%

Propietario de la vivienda solamente 4% 4% + 0,1%

Inquilino 11% 16% + 5,0%

Ocupante por préstamo 8% 7% -1,3%

Ocupante por relación de dependencia 3% 2% -0,5%

Otra situación 3% 3% -0,4%Fuente: INDEC

Censo 2010 vs. Censo 2001

Crecimiento de la proporción de inquilinos

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Identificación y estímulo de sectores puntuales en función de su ventaja relativa

● Sectores claves como insumo difundido:

o Química y plásticos.

o Maquinaria, equipos y material eléctrico y/o electrónico.

o Forestal, papel y madera.

o Siderúrgico.

● Sectores potenciadores de la innovación y el valor agregado:

o Agroalimentos.

o Biotecnología y Nanotecnología.

o Vaca Muerta: enorme potencial de desarrollo y valor agregado; requiere una

política de Estado, a 20 años vista.

o Energías renovables.

o Industria farmacéutica.

o Industria agroquímica.

o TIC’s.

o Tecnología aeroespacial.

o Tecnología nuclear.

o Tecnología satelital.

o Autopartes.

o Hilados.

o Servicios de alto valor agregado (arquitectura, diseño, software, etc.)

o Economías regionales.

● Sectores intensivos en empleo:

o Prendas de vestir.

o Calzado.

o Juguetes.

o Madera y muebles.

o Productos elaborados de metal, de uso estructural.

o Maquinaria de uso especial.

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Eje productivo: algunas políticas puntuales

● Remover obstáculos “administrativos” de la Ley PyME

○ Allanar los obstáculos burocráticos e informáticos para que todas las PyMES

(y no el 37% como hoy) accedan a los beneficios de la Ley.

● Medidas de orientación del crédito hacia PyMES productivas

○ Ver Política Monetaria.

○ Mejoras en el financiamiento bancario y no bancario (rating crediticio).

○ Medidas para el Desarrollo del Mercado de Capitales con sesgo productivo.

● Estímulo a inversión PyME

○ Todas las PyME en la Ley PyME.

○ Establecimiento por Ley del Bono Fiscal de hasta 14% de la facturación para

bienes de capital.

○ Desgravación de reinversión de utilidades.

● Estímulo a las exportaciones PyME

○ Régimen automático de reintegro del IVA atribuible a exportaciones y

asimilables efectuados por PyME.

○ Régimen automático de devolución de “Draw-back”, reintegros y reembolsos

por las exportaciones efectuadas por PyME.

○ Exención de reintegros y reembolsos originados en exportaciones PyME del

Impuesto a las Ganancias.

○ Deducción especial adicional del 10% del Impuesto a las Ganancias para

PyMES exportadoras.

○ Exporta Fácil: permitir el desarrollo un servicio de exportación simplificada

para MIPYMES mediante la utilización de la infraestructura de los operadores

postales habilitados, que por su infraestructura física cuentan con los

atributos que permiten el desarrollo de una cadena de suministro eficaz y

eficiente a nivel mundial.

● Ley de Góndolas

○ Obligación a grandes cadenas de supermercados e hipermercados de exhibir

productos PyME regionales y aumentar la competencia (“romper” la

góndola).

● Fondo Financiero de Economías Regionales

○ Para la compra de bienes de capital, rediseño de procesos, reformulación de

productos, desarrollo de proveedores y gestión del riesgo.

● Nueva Ley de Defensa de la Competencia

○ Para reducir las barreras de entrada a las PyMES que la concentración que

existe en numerosos sectores en la economía permite.

● Instituto de “Inteligencia Competitiva”

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○ Para que las PyMES puedan competir en todos los mercados (ver Política

Exterior).

● Establecimiento de la “factura conformada”

○ Tendiente a la reducción en los plazos de pago y a las mejoras en las

condiciones de financiamiento de las PyMES.

● Ley PyME Regional

○ Promover que las Provincias puedan adhieran a los beneficios de la Ley

Nacional con sus propios impuestos.

● Nueva Ley de Compre Nacional

○ Para priorizar a las empresas nacionales (en especial PyMES) en las grandes

compras que realiza el Sector Público Nacional (29% del PBI).

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II) El eje de los equilibrios macroeconómicos

¿Por qué?

El deterioro social y económico de la Argentina coincidió con su persistente y recurrente

inflación: en los últimos 73 años la Argentina mostró una inflación promedio anual de 61%

(53% excluyendo la hiperinflación del ’89). Si bien en el último proceso inflacionario

(2007-2016) el promedio ha sido menor (27% anual), cabe señalar que se registró en un

proceso donde la inflación mundial (3,8% promedio anual) y en emergentes (5,8%

promedio anual) fue históricamente baja. De hecho, Argentina en la última década se

ubicó en el top 5° mundial en la materia.

El origen de la inflación elevada y persistente en la Argentina es la falta de equilibrios

macroeconómicos: necesitamos una política monetaria-fiscal consistente y orientada a

preservar el valor de la moneda.

Asimismo, el marco de estabilidad y previsibilidad es un insumo clave para que el proceso

de crecimiento se transforme en desarrollo, acorde con el Proyecto de País. Y en este

proceso de desarrollo, es la correcta articulación entre el consumo (como motor central),

la inversión (en 25% del PBI) y las exportaciones (que permitan ampliar las fronteras

productivas y lograr desarrollos sectoriales y regionales) como “lubricantes” para que ese

motor no “recaliente” con presiones inflacionarias o restricciones externas, la que va a

permitir la materialización de la meta productiva (duplicar el PBI cada 18 años).

Sólo estimulando el consumo caeremos nuevamente en la inconsistencia temporal. Y

solo apuntando a la inversión (y olvidándonos del 80% del mercado interno) generaremos

un entorno donde sólo pueden progresar algunos sectores concentrados. El Proyecto de

País de crecimiento equilibrado, armónico y apuntado al desarrollo, tiene en mente la

identidad básica de las cuentas nacionales.

Para transitar (y avanzar hacia) el sendero de los equilibrios macroeconómicos, el

Programa contiene propuestas concretas en 4 cuestiones centrales:

● Combate a la inflación: la inflación no solo es un impuesto perverso y regresivo,

que golpea a los que menos tienen, sino que genera efectos redistributivos

adversos y empaña el horizonte temporal (con inflación elevada no alcanzaremos

el 25% de inversión en relación al PBI). En este sentido proponemos equilibrios

macroeconómicos, pero acompañados con medidas micro.

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● Política monetaria: el accionar de la política monetaria es acotado en la

Argentina por la baja profundidad del sistema financiero, pero puede ser

pernicioso para la actividad si se la utiliza solamente y aisladamente para reducir la

inflación. Proponemos ampliar el espectro y los instrumentos de la política

monetaria, con el objeto de establecer equilibrios macro que propendan a una

menor inflación pero también que profundice y oriente el sistema financiero hacia

la inversión productiva.

● Política fiscal: Argentina necesita un sistema tributario que aliente la producción,

la inversión y el superávit fiscal, de manera de poder constituir y administrar

recursos de manera anticíclica, y así atender el rol estabilizador d el Estado. En el

pasaje de la situación actual al estadio deseado existen acciones posibles en

materia de reforma tributaria, optimización del gasto y mejoras en el mix de

financiamiento; sin embargo, la solución estructural para la corrección de los

desequilibrios fiscales nunca pasa por el ajuste: los programas de ajuste y

equilibrio fiscal son “enemigos” entre sí. No se consigue equilibrio fiscal con

ajuste, o al menos, no sin costos sociales de magnitud. Por ello, el foco pasa por

recrear el crecimiento, insumo clave para la ampliación de la base tributaria.

● Política exterior: sin una política exterior inteligente, las presiones de un mundo

con sobreoferta de manufacturas como el actual llevan a la Argentina hacia una

estructura de comercio incompatible con el pleno empleo (exportaciones

primarizadas e importaciones de bienes finales). Argentina necesita una política

exterior clara y firme, alineada con el eje Productivo y de Desarrollo Social, que

se aplique siempre buscando acuerdos de cooperación mutua (con base en

MERCOSUR) y utilizando el más amplio set de herramientas posible.

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¿Qué?

Combate a la Inflación

El mejor combate a la inflación (mantener la estabilidad de precios en el mediano y largo plazo) es el equilibrio macroeconómico (fiscal-monetario-externo): no hay inflación elevada y persistente, como la que tuvo Argentina en los últimos ¾ de siglo con equilibrios macroeconómicos.

Incluso la convertibilidad (que mantuvo la inflación baja por la caja de conversión) explotó por la falta de equilibrios macroeconómicos.

En este sentido, es fundamental apuntar en el mediano plazo a una configuración macro de equilibrios “gemelos” en un marco de tipo de cambio real en un nivel competitivo de largo plazo (como en 2003-2005).

Sin embargo, en el corto plazo necesitamos bajar de una inflación estructural elevada (25% anual) sin caer en los clásicos programas de estabilización con ancla cambiaria o de ajuste (ambos van en contra del objetivo productivo).

Por ello, a la par de un camino gradual de recuperación de los equilibrios macroeconómicos, necesitamos primero entender la naturaleza del fenómeno inflacionario.

La inflación se origina por los desequilibrios macroeconómicos, pero luego se propaga y mantiene en el tiempo por otros factores microeconómicos (como la inercia, los mecanismos indexatorios, las rigideces nominales y las expectativas) que le dan persistencia. En este sentido, combatir a la inflación únicamente con la tasa de interés, especialmente en un entorno de baja profundidad financiera, y sin atacar los factores micro, puede llevar mucho más tiempo y mayores costos en términos de actividad económica.

Por ello, proponemos que el combate a la inflación ocupe un rol central y prioritario

dentro del Programa Económico. Para ello, es crucial entender la totalidad de las

dimensiones del fenómeno inflacionario y atacar en simultáneo la totalidad de sus causas.

En este sentido, las políticas macroeconómicas prudentes (fiscal y monetaria) deben estar

acompañadas con un set de políticas microeconómicas (la “pata micro”) que la

complementen y ayuden, especialmente atacando los factores propagadores de la misma

(inercia y expectativas), que solamente con políticas macro (y menos aún con la política

monetaria actuando en forma aislada) no será posible de lograr, al menos sin incurrir en

significativos costos en materia de actividad y empleo.

El ataque a los factores propagadores debe hacerse por dos vías: en primer lugar, la

coordinación de las distintas variables que actúan sobre los precios, y en segundo lugar,

con políticas “micro” de shock, que tengan un efecto tangible sobre los precios en el corto

plazo.

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Para la coordinación, es absolutamente central la conformación de un Acuerdo

Económico y Social, en los cuales los principales actores de la economía (Estado –

empresas – sindicatos – organizaciones sociales y de la sociedad civil) definan metas

precisas y plurianuales de las principales variables que inciden sobre la inflación (precios,

salarios, costos, impuestos), con objetivos concretos de política económica, tales como

evitar pérdida de poder adquisitivo de los salarios, preservar niveles razonables de

rentabilidad empresaria, etc.

La coordinación de variables es un insumo fundamental para alinear expectativas de

inflación, ya que hacerlo únicamente mediante una meta por parte del BCRA corre el

riesgo de que shocks exógenos o derivados de la falta de coordinación redunden tanto en

“sobrerreacciones monetarias” (con impacto en la economía) como en la erosión de la

credibilidad del BCRA.

La acción del Acuerdo Económico y Social en materia de coordinación se verá

complementada además con la implementación de políticas microeconómicas de shock,

de efecto acotado en lo temporal, que ayuden a cortar la inercia, aplacar las expectativas

y moderar los mecanismos indexatorios.

En este sentido es clave el Plan Bajemos los Precios en un doble sentido. En primer

lugar, porque con una rápida baja en precios sensibles (alimentos de la canasta básica y

una extensión a medicamentos), y una estabilización de los mismos en el lapso de un año,

ayuda a que las expectativas de inflación de los agentes económicos (hoy en 20% a nivel

nacional pero 25% en GBA) se reduzcan.

Con una menor expectativa de inflación, las tasas de interés no tienen que ser tan

elevadas como lo son hoy para que sean positivas en términos reales: por ejemplo, a

principios de 2003 la tasa BADLAR estaba en 25%, y luego de cinco meses tranquilos en

materia de inflación (promedió 0,4% por mes en enero-mayo) experimentó una

pronunciada baja hasta menos de 10%.

En definitiva, un plan antiinflacionario que no sea un programa clásico de estabilización

(anclar el tipo de cambio o ajustar) tiene que contemplar la multicausalidad del fenómeno

inflacionario y atacarlo en sus fundamentos macro (que lo originan) y micro (que lo

propagan). Solo con lo macro será, obviamente, más costoso.

La combinación macro-micro en el programa anti-inflacionario es la que permite una

trayectoria descendente de la inflación, en forma gradual (3 años hasta una tasa

convergente con el mundo emergente), pero en el marco de un crecimiento con

desarrollo; un plan focalizado en la baja gradual solo con la tasa de interés corre el riesgo

de resignar el objetivo del crecimiento productivo (fomenta en exceso la especulación

financiera) y, peor aún, puede incluso no lograrse.

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Pero en segundo lugar, la baja de precios inicial en los alimentos de la canasta básica

permitirá que los sectores de mayor propensión marginal a consumir tengan un impacto

positivo en el bolsillo (de aproximadamente $ 800), volviendo a mover la “maquinaria” del

mercado interno.

Complementando al Plan Bajemos Los Precios, para el corto plazo el Programa propone

limitar la suba de tarifas al incremento de los salarios. Las correcciones agudas de precios

relativos, en un marco de metas de inflación con manejo únicamente de las tasas de

interés, generan “sobrerreacciones monetarias” que atentan contra la actividad

económica. Asimismo, creemos que la baja en los subsidios que dejarían de generarse

por la vía del precio pueden compensarse por otras vías (ver Política Fiscal).

Finalmente, el sector público en su conjunto debe ayudar en la tarea de coordinación para

la moderación de expectativas: si se plantea una meta anual de 17%, no es comprensible

que impuestos específicos como el ABL se incrementen 38%.

Asimismo, las medidas de fomento a las PyME contenidas en el eje productivo

(especialmente en materia de financiamiento) apuntan también a desactivar el efecto de

los factores fijos sobre los costos, elemento que también propaga la inflación.

Con los precios básicos estabilizados y las tarifas e impuestos topeados, es posible

comenzar a desarticular los mecanismos micro que mantienen viva la inflación pese a la

estricta política monetaria.

Y las expectativas de mayor actividad y menores precios son el combustible esencial para

que efectivamente se materialicen (se autocumplan).

Las medidas que en el corto plazo sirven de shock, en el mediano y largo plazo servirán

para comenzar a desandar las elevadas distorsiones que la Argentina tiene en muchas de

sus cadenas de valor (especialmente las relativas a la competencia).

De hecho, la resolución del problema de la inflación no debe pensarse aisladamente del

objetivo del desarrollo contenido en el Proyecto de País: se debe resolver en el marco de

un programa de medidas que estimule la capacidad de producción a partir de la inversión,

compatibilizando así reducción de inflación con mayores tasas de crecimiento, de empleo

y de exportaciones.

La política monetaria

La política monetaria debe ser independiente del Poder Político pero coherente con la

visión de largo plazo del gobierno. En este sentido, ni debe ser dominada por la política

fiscal, ni debe actuar aisladamente.

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Sus misiones esenciales son preservar el valor de la moneda y garantizar la estabilidad

financiera, pero estos objetivos no deben ser dicotómicos con la política económica en su

conjunto, sino que deben actuar coordinadamente con el eje productivo y de desarrollo

social.

La política monetaria debe garantizar una inflación baja en el tiempo, pero no debe

hacerlo sola; debe estar acompañada por el resto de las políticas, tanto fiscal como

sectoriales.

Creemos en una política monetaria con una “caja de herramientas” más amplia. Esta

“caja de herramientas” apunta a quitar presión sobre las tasas de interés, ya que sus

vaivenes (provocados hoy por ser el único instrumento que el gobierno utiliza contra la

inflación) dañan al consumo y al aparato productivo, y priorizan la inversión financiera-

especulativa por sobre la productiva.

Por ende, para el corto plazo (cuando hay necesidad de bajar la inflación desde niveles

altos) proponemos algunas medidas para una política monetaria más articulada con el eje

productivo:

● Realizar un “shock micro” sobre los precios (ver Inflación): este shock opera tanto

en el nivel del IPC en el corto plazo como en las expectativas de inflación.

● Bajar las tasas de interés en la economía: El shock “micro” sobre los precios y el

resto de las medidas contenidas en materia de política monetaria, provocará que

la tasa de interés de referencia para los productos financieros pueda ser más baja

(y seguir siendo real positiva) y de esta manera dinamizar el aparato productivo.

● Limitar la especulación (“bicicleta”) financiera:

o El conjunto de acciones de la política monetaria debe estar orientado a sus

misiones centrales (valor de la moneda + estabilidad financiera) y

sistémicas (productiva + macroeconómica + desarrollo social).

o Para ello, las regulaciones normativas, y especialmente por la vía fiscal

(incrementando los recursos para la transición fiscal) deben orientar las

conductas de canalización de fondos priorizando la inversión reproductiva

por sobre la especulativa, con especial foco en la que genera distorsiones

cambiarias (carry trade).

● Diversificar las herramientas para la esterilización: el control de los agregados hoy

se realiza únicamente mediante LEBACs y pases, por lo que el BCRA retira pasivos

no remunerados (esteriliza) colocando pasivos remunerados, generando un

abultado costo cuasi fiscal (y una elevada tasa) en pos del control de la inflación,

que para colmo no está logrando. Creemos que el herramental de esterilización

puede diversificarse, utilizando por ejemplo:

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o Política de encajes: el BCRA puede limitar legalmente la fracción de los

depósitos a colocar, inmovilizando liquidez y acotando la creación

secundaria de dinero.

o Operaciones de mercado abierto: el BCRA puede regular la liquidez del

sistema comprando y vendiendo títulos ya emitidos (por ejemplo bonos

del Gobierno Nacional), los cual permitiría ampliar el menú de opciones

para esterilizar. En este sentido, puede pensarse cambiar las “Letras

Intransferibles” (hoy en US$ 48.700 M) por títulos negociables, con este

propósito.

o Limitación a la entrada de capitales especulativos: mediante encajes o

impuestos específicos, el BCRA puede limitar la entrada de capitales

especulativos, que en el corto plazo ingresan masivamente por los

elevados rendimientos en dólares, presionando a la baja al dólar y hacia

arriba a la emisión.

● Incrementar el margen de acción del BCRA saneando su hoja de balance (reducir

el déficit cuasifical): la política de esterilización le cuesta al BCRA $ 15.000 millones

mensuales, en gran parte porque por la corta vida de las LEBACS y pases (la

duración promedio del stock es 40 días) obliga a una permanente refinanciación.

Estirando el plazo de las LEBACS (siempre se puede operar en el mercado

secundario por cuestiones de liquidez) brindará mayor margen de acción al BCRA.

Asimismo, la política monetaria debe garantizar la estabilidad financiera (evitar crisis

sistémicas) pero en pos de los objetivos productivos debe utilizarse para profundizar la

intermediación financiera y orientarla a la producción:

● Políticas Financieras: orientar los fondos del sistema bancario y no bancario hacia

el crédito productivo:

o Necesitamos que los recursos que capte el sistema se orienten a la

producción y no a la renta financiera.

o Por ello, por un lado el foco está puesto en la baja de la inflación y que la

tasa de interés real positiva no sea tan elevada medida en dólares, de

manera de propender a estirar el plazo medio de los depósitos (hoy 10%

está colocado hasta 90 días, en el pasado llegó a 20%).

o Por el otro lado, orientando vía la política fiscal la colocación de esos

fondos en la producción.

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o Para ello, debemos mejorar las condiciones financieras por el escenario de

certidumbre y consistencia económica. La reducción de la inflación facilita

la baja de tasas y el alargamiento de los plazos crediticios.

o Necesidad de recurrir a fondos previsionales para financiar proyectos de

infraestructura intergeneracionales.

o Garantizar créditos en moneda local y tasas fijas en base aplicar seguros de

tasas por parte del BCRA: así como para el financiamiento al Tesoro

proponemos utilizar únicamente los Adelantos Transitorios (ver Política

Fiscal), las utilidades del BCRA deben destinarse a financiar el seguro de

tasas, con prioridad en la PyMES.

o Desarrollo de instrumentos financieros que permitan mayor acceso al

crédito por parte de las PyMES y Económicas Regionales, orientados a

proyectos productivos y capitalización de las cadenas de valor.

o Promover esquemas de desarrollo del mercado de capitales local

incrementando el volumen de mercado de instrumentos como el de los

Descuentos de Cheques y las ON (obligaciones negociables) PyME, que

siguen siendo marginales en relación al financiamiento global.

o Promover el desarrollo y la expansión de las SGR en todo el país.

● Estimular el uso del sistema financiero:

o Extender el uso del sistema financiero es un insumo crítico no sólo para

canalizar un mayor ahorro hacia la necesaria inversión sino también para

eliminar la informalidad y ampliar la base tributaria.

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o Los depósitos privados (hoy 16% del PBI) pueden al menos ser duplicados.

Para ello necesitamos campañas de educación financiera (especialmente

en sectores vulnerables) e incentivos para el uso de medios electrónicos

(con políticas de oferta y demanda).

o Utilizar mecanismos de scoring para facilitar el acceso de los amplios

segmentos hoy excluidos de los productos financieros formales.

● Crédito hipotecario:

o En vistas al enorme problema habitacional que tiene la Argentina,

necesitamos que la política de créditos hipotecarios sea política de

Estado. En materia de créditos hipotecarios es donde hay más espacio para

crecer: en la década del ’90 eran seis veces lo que son hoy.

o Esto no quiere decir que hay que volver a las políticas de los ’90 para que

haya crédito hipotecario, sino reforzar la importancia de erradicar la

inflación como insumo central del crédito a largo plazo.

o En este sentido coincidimos en la aplicación de nuevos esquemas que

contemplen el otorgamiento de préstamos en unidades de cuenta

ajustables (UVI, UVA), pero como prerrequisito para ello debe atacarse la

inflación (ver Inflación). De manera tal de evitar el descalce crediticio del

sector privado, especialmente en los segmentos de ingresos fijos y con

menor capacidad de ahorro. Asimismo, estos esquemas tendrán mayor

sustentabilidad en la medida que se alineen con las pautas salariales y de

precios que surjan del Acuerdo Económico y Social.

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o Más allá de esto, y especialmente en los primeros años, se necesita

también la orientación del crédito para facilitar el acceso hacia los

segmentos de mayor vulnerabilidad.

o Para esto, en los primeros años, hasta que baje la inflación, el BCRA puede

destinar sus utilidades para dar seguro de tasa, y que sea posible el crédito,

en lugar de financiar al Tesoro.

o Asimismo, y trascendiendo la coyuntura, se debe establecer un mecanismo

que garantice una tasa baja y fija para sectores independientes.

● Potenciar la banca pública como eje rector de la orientación productiva:

o En los bancos públicos, el stock de LEBAC equivale a 63% de los préstamos

al sector privado, cuando en los bancos privados esta relación es apenas

24%. Necesitamos que la banca pública esté al servicio de la producción y

no de la esterilización.

o Con una mayor “caja de herramientas” y mayor acompañamiento para

hacer política monetaria, los bancos públicos pueden potenciarse para

otorgar créditos privados, especialmente en aquellos sectores (como

PyMES exportadoras) y regiones donde la banca privada tiene poca

presencia.

● Robustecer el Rol del Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE): con

medidas claras de capitalización y fondeo como base, conformando

departamentos técnicos de evaluación técnica, económica y financiera de los

proyectos.

● Desarrollar el mercado de capitales, orientado al sector productivo: el mercado de

capitales tiene un gran espacio para crecer (sólo igualarnos a Perú en materia de

capitalización de acciones implicaría triplicar el mercado) y con todo por delante,

tenemos la oportunidad de canalizarlo hacia el sector real.

o Proponemos mejorar la regulación existente, haciéndola más amigable al

inversor (especialmente minorista) y potenciando la figura del Fondo de

Inversión Cerrado, pero con una CNV independiente del poder político (su

directorio debe estar nombrado con acuerdo del Senado) y fuerte poder de

policía.

o Proponemos una revisión de la tributación sobre el sector, haciendo más

atractivos a los productos financieros con subyacente real (en desmedro

del financiero), de manera de canalizar los fondos hacia la inversión.

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o El desarrollo del mercado de capitales, a su vez, operará como

competencia para el financiamiento bancario. La mayor competencia, al

igual que en materia de la concentración que existe en el mercado de

bienes, opera como un “techo” para las tasas de interés.

● Masificar el microcrédito (ver Desarrollo Social)

o Apuntado especialmente al financiamiento de refacciones y pequeñas

obras, en segmentos de clase media-baja.

● Política macroprudencial: evitar el descalce de monedas

● Las metas de inflación en un contexto de fuerte suba de precios garantizan tasas

altas y masiva entrada de divisas, apreciando el tipo de cambio y volviendo más

atractivo el endeudamiento en dólares.

o Los préstamos en dólares a empresas crecen al 144%, cuando en

noviembre de 2015 caían al 20%.

o Este relajamiento puede ser tentador, pero termina mal: la Argentina debe

evitar volver a caer en el riesgo de “descalce de monedas”, que ocurre

cuando los pasivos en moneda extranjera superan a los activos en divisas, y

las oscilaciones del tipo de cambio afectan la cadena de pagos.

La política fiscal

La política fiscal es el conjunto de acciones que lleva a cabo el gobierno en todos sus

niveles en materia de captación de recursos y aplicación de gastos para el cumplimiento

de los objetivos primordiales del sector público: asignación, distribución y estabilización.

Las principales herramientas de la política fiscal comprenden a:

● La política tributaria: es el conjunto de normas y acciones de administración que

establecen de qué forma el sector público capta recursos para financiar sus

actividades. Pero la política tributaria es en sí misma una herramienta de política

fiscal, ya que el diseño y el nivel de la carga impositiva tiene efectos en materia de

eficiencia del sector productivo y redistribución del ingreso.

● La política de gastos: para llevar a cabo sus objetivos, su función social y

económica, y su propia administración, el sector público realiza erogaciones, que

en la Argentina representan 4 de cada 10 pesos que se gastan en la economía.

Definir, en un marco de recursos escasos, las prioridades de gasto es

absolutamente central.

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● El financiamiento: en sus primeros 100 años, sólo en 12 el sector público registró

superávit. En los segundos 100, la mitad (sólo 6). Más aún, en la actualidad, el

déficit primario consolidado del sector público supera los 5% del PBI, los que

sumando intereses sobrepasan los 7 puntos del producto.

Por su magnitud, el financiamiento de esta brecha fiscal lógicamente tiene

impactos en las variables macroeconómicas (tasa de interés, inflación, agregados

monetarios, etc.).

A lo largo de la historia, esta brecha ha sido financiada puramente con fuentes

internas (presionando a la inflación) o fuertemente sesgada a las externas

(incrementando la deuda externa, los servicios y el balance de pagos).

La política de financiamiento debe ser previsible, ordenada y alineada con el

objetivo de equilibrios macroeconómicos, de manera tal que el accionar del

sector público no condicione ni los objetivos productivos ni los de desarrollo

social.

El déficit fiscal no es per se ni bueno ni malo, sino que depende del contexto. De

todas formas, la macroeconomía sana sobre la cual se basa este Programa se

asienta sobre la existencia de superávit fiscal, que permita acumular

anticíclicamente para tener espacio fiscal para aplicar políticas expansivas en

momentos negativos del ciclo (cuando en general aumenta la tasa de interés).

Asimismo, la existencia de superávit fiscal facilita el control monetario de la

inflación, al tiempo que permite ir reduciendo la carga de la deuda, dando

sustentabilidad al balance de pagos.

Lineamientos para la Política Fiscal

En la Argentina hoy se discute la magnitud del “ajuste fiscal necesario” para alcanzar la

sostenibilidad. El actual Programa no niega que hay determinadas áreas del gasto que,

sin dudas, pueden optimizarse. Pero lo que de ninguna manera creemos es que se puedan

corregir 6 puntos del PBI de rojo fiscal por la vía del ajuste; el camino para hacerlo debe

Primario Fiscal Primario Fiscal

Nación -4,3% -5,9% -5,6% -7,2%

Provincias -0,9% -1,3% -0,9% -1,3%

Consolidado -5,2% -7,2% -6,5% -8,5%

Fuente: MECON

Resultado fiscal 2016 (% PBI)

Oficial Sin Blanqueo

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ser el del crecimiento. No es casualidad que los superávits gemelos se lograron en un

marco de fuerte expansión.

Cada punto de crecimiento aporta, en términos de recaudación tributaria, $25.000

millones anuales, que se potencian al tomarse acumulativamente: creciendo al 4% en

lugar de al 2,5%, el sector público nacional contaría con $195.000 millones (a precios de

2016) de recaudación extra en tres años. Este impulso, en conjunto con la optimización y

la priorización de los gastos, es lo que permite cerrar la brecha fiscal.

La vía del ajuste no funciona, porque implica subir impuestos, recortar gastos y abusar de la “ortodoxia” para acceder al financiamiento externo que financie la diferencia. Y son todas medidas que impactan en la actividad económica, bajando la base (PBI) y alejando la meta de déficit en relación al producto.

Pero además, a medida que crece el endeudamiento para financiar la brecha fiscal (si es

que el mismo se recuesta solo en esa fuente), sube la carga de intereses y esa suba obliga

a “reajustar” la meta de déficit primario. Es un círculo vicioso.

Por ejemplo, entre 1999 y 2001 el gobierno nacional recortó el gasto primario en 9% (el

equivalente a recortar hoy $ 183.000 millones), pero en un marco de recesión, el déficit

primario se deterioró en 0,6 p.p. del PBI. Peor aún, la carga de intereses aumentó en dos

años de 2,7% a 3,5% del PBI, desnudando la inviabilidad del esquema.

Brasil hoy atraviesa una situación similar (ajuste fiscal con la peor recesión desde la Gran

Depresión). Por su parte, Grecia entre 2009 y 2011 aumentó fuertemente su presión

tributaria (en 4 puntos del PBI) y ajustó su gasto en 12%, mejorando su resultado primario

en 7 puntos del PBI. Sin embargo, la economía (en parte por esas políticas de ajuste) se

contrajo fuertemente esos dos años (el PBI acumuló una baja de 13%), y un tercio de la

reducción del déficit primario se evaporó por la suba en el pago de intereses; en 2012,

debió finalmente reestructurar su deuda.

Por esta razón, nosotros apostamos a la vía del crecimiento con eje central de la

sustentabilidad de las cuentas públicas. Pero para el trayecto hacia el equilibrio, será

necesario abordar las cuestiones de reforma tributaria (que la forma de recaudar no

impida el crecimiento), del gasto público (optimizar y priorizar) y el financiamiento (la

forma de financiar el “puente” no es inocua).

Lineamientos para la Reforma Tributaria

En 2017-2018 se discutirá en Argentina una profunda reforma tributaria y en este

Programa están contenidos los lineamientos centrales por los cual el espacio trabajará en

el Congreso.

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Conceptualmente, el esquema tributario actual en la Argentina tiene origen en la

“acumulación de parches” y es elevado, distorsivo y regresivo. La discusión de la

estructura tributaria óptima no es importante solo para las cuentas fiscales, sino que es

central para el Proyecto de País. Un aspecto muy gráfico es, por ejemplo, la complejidad

que hoy tiene producto de la acumulación de parches: una empresa argentina hoy destina

un mes más que una empresa en un país de la OECD solo al tiempo destinado a pagar

impuestos.

La presión tributaria en la Argentina es muy elevada (alrededor de 30% del PBI,

excluyendo el blanqueo), lo cual la ubica en línea con los países de la OECD (34% del PBI),

con el agravante de que en Argentina recae con mucho mayor peso sobre el sector formal

(la presión sobre el sector formal asciende a 50%). De hecho, una empresa mediana en un

país de la OECD paga en concepto de impuestos el 40% de su ganancia antes de

impuestos (suponiendo un margen de 20%), mientras que en la Argentina esa misma

empresa pagaría la totalidad de su rentabilidad.

Además, la misma se concentra excesivamente en la tributación sobre bienes y servicios

(54% del total vs. 32% en la OECD): de hecho, la recaudación de IVA como porcentaje del

PBI en Argentina supera a la de los países desarrollados (7,2% vs. 6,8%).

OECD Argentina

2014 2016

TOTAL (sin blanqueo) 34,2% 30,2%Sobre las Rentas 11,5% 5,4%

Personas Humanas 8,4% 2,2%

Personas Jurídicas 3,1% 3,3%

Sobre los Patrimonios 1,9% 1,4%

Sobre Bienes y Servicios 11,0% 16,2%

IVA 6,8% 7,2%

Ventas 3,3% 7,3%

Comercio Exterior 0,1% 1,6%

Otros 0,7% 0,0%

Sobre la Masa Salarial 9,5% 6,9%

Otros 0,4% 0,3%

Recursos del Blanqueo 0,0% 1,3%

TOTAL (sin blanqueo) 34,2% 31,4%

Rentas + Patrimonios / Total sin blanqueo 39% 22%

Bienes y Servicios / Total sin blanqueo 32% 54%

Fuente: MECON y OECD

Estructura de la presión tributaria% PBI

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Como contrapartida, la presión sobre rentas y patrimonios es acotada tanto como

fracción del total (22% vs. 40%), como en porcentaje del PBI (6,8% vs. 13,4%).

Finalmente, en los recursos obtenidos del mercado laboral puede verse el “costo” de la

informalidad (en la OECD la recaudación alcanza 9,5% del PBI vs. 6,9% en la Argentina).

Por ello, apuntamos a que la Reforma Tributaria incorpore como lineamientos centrales:

● Queremos una estructura impositiva que aliente la inversión y la creación de

empleo, sin atentar contra el criterio de suficiencia (que alcance para financiar

el gasto público).

● El motor del aumento en los recursos públicos no debe ser, como hasta ahora,

la suba en la alícuota efectiva de los que “ya pagan”, sino la ampliación de la

base tributaria: quien hoy paga pagará menos, quien hoy no paga pasará a

pagar. Para esto último, es esencial que la estructura impositiva no implique

que su aplicación lleve a la quiebra al contribuyente.

● La estructura impositiva debe ganar en progresividad: los impuestos a la renta

y al patrimonio deben reemplazar a los impuestos distorsivos sobre el

consumo, que al ser indirectos (y por ende trasladables) terminan recayendo

sobre los sectores más vulnerables. En este punto, el principal camino es

avanzar sobre los sectores y conceptos de elevada renta y patrimonio hoy

exentos.

o Reducción de impuestos indirectos (IVA, internos) sobre servicios

esenciales (alimentos, medicamentos, tarifas).

o Incremento de impuestos directos (Ganancias) sobre rentas financieras

o especulativas y sectores concentrados.

● La estructura impositiva debe ganar en especificidad, debiendo haber trato

diferenciado entre:

o PyME y empresa grande.

o Inversión y remisión de utilidades.

o Inversión financiera e inversión productiva.

● La estructura impositiva debe ganar en simplicidad: en Argentina una empresa

destina 359 horas al año a pagar impuestos vs. 163 en las economías de la

OECD. Es decir, en Argentina una empresa formal tiene 25 días menos al año a

causa de los impuestos. Simplicidad es sinónimo de productividad.

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Estructura Óptima del Gasto Público

En vistas al nivel y la persistencia del déficit fiscal, tanto el debate como la política

económica se centran en la magnitud del “recorte” necesario que debe haber en el gasto

público consolidado, teniendo en cuenta que el mismo creció en 15 puntos del producto

desde 2007. Detrás de ese recorte, suele introducirse la discusión sobre el “tamaño

óptimo” del Estado.

Nuestra visión es que la política fiscal es central para el desarrollo de las distintas políticas

contenidas en este Programa, al tiempo que con una visión de largo plazo no creemos ni

en el Estado ausente ni en el Estado “grande y bobo”.

En cuanto a la discusión sobre el nivel y estructura óptima del gasto público, necesitamos

que el Estado vuelva a priorizar los gastos en función de los objetivos planteados,

cortando la “inercia” acumulada. En lugar de mayor o menor gasto, Argentina debe tener

mejor gasto.

Por ello, la política de gasto público no puede ser homogénea sino que debe enmarcarse

en los objetivos centrales del Programa:

Excl. Blanqueo Blanqueo TOTAL

Ingresos 18,9% 1,3% 20,2%Tributarios 10,8% 1,3% 12,1%

Seguridad Social 6,9% - 6,9%

Otros 1,2% - 1,2%

Gastos Primarios 24,5% - 24,5%Jubilaciones y pensiones 8,1% - 8,1%

Subsidios 3,6% - 3,6%

Salarios 3,3% - 3,3%

Obras Públicas 2,3% - 2,3%

AAFF y AUH 1,3% - 1,3%

Pensiones No Contributivas 1,0% - 1,0%

Bienes y Servicios 1,0% - 1,0%

PAMI 1,0% - 1,0%

Transferencias corrientes a Provincias 0,9% - 0,9%

Universidades 0,8% - 0,8%

Programas Sociales 0,4% - 0,4%

Déficit Empresas Públicas 0,1% - 0,1%

Resto 0,7% - 0,7%

Resultado primario -5,6% 1,3% -4,3%Intereses 1,6% - 1,6%

Resultado fiscal -7,2% 1,3% -5,9%Fuente: MECON

Ingresos y gastos del sector público nacional, 2016En % del PBI

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● Sistema previsional: en la Argentina, el régimen de Reparto (nacional + ex cajas)

y las pensiones no contributivas representan 28% del gasto consolidado, pero 40%

del gasto nacional.

A nivel nacional, la recaudación por aportes y contribuciones asciende a 6,9% del

PBI y el gasto a 9,1%: por la baja tasa de dependencia (alrededor de 1,5) el déficit

previsional puro (sin financiamiento de fuente tributaria) explica la mitad del rojo

nacional.

Pese a esta inversión, el 70% de los haberes (6,7 millones) corresponden al haber

mínimo. Lógicamente, esto responde a la preponderancia de las moratorias: en

2006-2015 sólo 1 de cada 5 altas correspondió a una jubilación ordinaria (30 años

de aportes y por ende un haber más elevado), lo cual es en simultáneo un gran

logro (la cobertura previsional supera el 95%) pero también reflejo de los

problemas que el mercado laboral viene arrastrando en las últimas décadas.

La Reparación Histórica lamentablemente no está funcionando en materia de

reducción de la litigiosidad y las mejoras en los haberes no están alcanzando a los

segmentos más vulnerables de la clase pasiva. Por su parte la Pensión Universal,

destinada a reemplazar a las moratorias, tiene un problema central, que es que

iguala a los afiliados con cero y veintinueve años de aportes.

En este sentido, el Programa tiene tres vectores para la mejora en los haberes en

conjunto con el saneamiento y la sustentabilidad del sistema previsional:

● Reforma del régimen previsional:

○ Tender a la unificación de los regímenes que cohabitan en el

sistema nacional, desde los especiales hasta los autónomos y las

rentas vitalicias.

○ Para las altas de jubilaciones que no cumplan los parámetros del

sistema, se establecerán dos caminos: un “plan de pagos”, para que

las personas próximas a jubilarse puedan adelantar años

pendientes de aportes en su vida activa, y una proporcionalidad (en

forma de descuento), que corrija gradualmente el “salto” que hoy

da la Pensión Universal.

● Mejora en el poder adquisitivo:

○ Mejorar la tasa de sustitución: resulta lógico que con la baja tasa de

dependencia resulta difícil contar con las fuentes de financiamiento

para mejorar estructuralmente el piso de los haberes jubilatorios.

De todas formas, a medida que la base tributaria se vaya

ampliando, es posible considerar la inyección de los recursos

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adicionales a la mejora de los haberes, a fin de equilibrar la relación

entre haberes jubilatorios, canastas de consumo y tasas de

sustitución.

○ Haber 14: dado lo expuesto anteriormente, resulta necesario aplicar

medidas correctivas de corto plazo. Por ello, proponemos el pago

de un haber extraordinario equivalente a un salario mínimo,

financiado con rentas del FGS, toda vez que la movilidad jubilatoria

resulte en un deterioro del poder adquisitivo. Esta medida no sólo

apunta a recomponer el poder adquisitivo de la clase pasiva y

apuntalar el consumo (por la elevada propensión marginal al

consumo que tiene esta inversión social), sino que tiene un fuerte

sesgo progresivo: representa el 100% del haber para el tramo del

haber mínimo, y 14% del haber para el caso del haber máximo.

● Sustentabilidad previsional:

○ Revisión de la estructura de las contribuciones sociales: como parte

de la Reforma Tributaria, no persigue sólo fines recaudatorios sino

que apunta a darle mayor progresividad a las contribuciones

sociales, lo cual incluye la revisión de las heterogeneidades

existentes en el SUSS.

○ Incremento del componente previsional en monotributo

(excluyendo monotributo social).

○ Formalización de la economía: como resultado de los ejes

productivo, macroeconómico y de desarrollo social, y de políticas

específicas, la Argentina debería avanzar en materia de

formalización de su mercado laboral. Con pleno empleo, existe

potencial para acercarse a los niveles de recaudación previsional de

la OECD: es decir, incorporar 2,6 puntos del producto, el

equivalente al rojo previsional puro actual.

● Gasto en Personal: el gasto en salarios representa 29% del gasto consolidado,

pero alcanza 48% en el nivel provincial: de hecho, un tercio del trabajo asalariado

en la Argentina pertenece al sector público.

En este aspecto, el Programa se estructura alrededor de que con el desarrollo de

los ejes productivo y de desarrollo social la creación de puestos de trabajo

formales en el sector privado permitan que la proporción de empleo privado sobre

el total se incremente. Y que el empleo público deje de operar como alternativa

ante la falta de trabajo, para que sea realmente para el cumplimiento de las

funciones centrales que tiene el Estado en la economía.

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De esta forma, el peso de la masa salarial pública (que pasó de 6,7% del PBI en

2004 a 12% del PBI en 2016) dejará de imponer una excesiva presión en las

cuentas fiscales.

● Obras públicas: el Sector Público ocupa un rol clave en materia de inversión y de

cara al desafío de “recapitalizar” a la Argentina, su espacio no debe verse

menguado, pese a que hay ganancias de eficiencia posible con un Estado más

inteligente que construya a menores costos.

Sin embargo, resulta claro que en un entorno estable, con visión productiva de

largo plazo, con mejores condiciones de financiamiento y tratamiento impositivo

favorable a la inversión, es el sector privado quien será preponderante en el

“delta” necesario en materia de inversión (por ejemplo, el 15% del gasto de capital

nacional se destinó a viviendas, dada la imposibilidad del sector privado de

acceder a crédito hipotecario o construir).

● Subsidios: si bien en el largo plazo el Estado siempre tendrá la necesidad de

realizar subsidios de carácter económico a sectores puntuales, resulta claro que el

nivel actual debe ser reducido. Sin embargo, también resulta claro que en el corto

plazo los subsidios no pueden eliminarse y uno de los ejes del Programa en

materia de las herramientas micro para frenar la inflación (ver Inflación) es acotar

la suba de tarifas a la dinámica salarial.

Además, la discusión actual se centra únicamente en la reducción de subsidios y

no en la calidad de los servicios. Esas dos discusiones deben ser simultáneas.

En este marco, se deben explorar otras vías para contener el gasto en subsidios,

tales como mejoras en auditorías (hubo poca transparencia en la asignación

pasada de subsidios que se puede corregir), perfeccionar su direccionamiento

(avanzar en subsidios a la demanda en lugar de la oferta en determinados

servicios), ligarlos a compromisos claros y cumplibles de inversiones (para mejorar

los servicios y aliviar las inversiones a cargo del sector público) y explorar la

posibilidad de renegociar los contratos con las prestadoras.

En esencia, el monto pagado en subsidios por unidad consumida es el resultado

del costo de provisión y de reposición menos la tarifa. Con una trayectoria

moderada (y en línea con los salarios) de las tarifas, existe margen para trabajar

sobre el costo de provisión (mejorando la eficiencia del gasto energético, de

transporte de agua, etc.) para acotar el gasto en subsidios. La meta es que en un

lustro el peso de este rubro sea marginal y focalizado en la población vulnerable.

Todos los países otorgan subsidios. La meta, consistente con el Proyecto de País,

es mejorar la forma de otorgarlos y auditarlos, de manera que dejen de

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convertirse en un “lastre” para pasar a ser una herramienta más de la política fiscal

y que puedan ser financiados.

● Programas sociales: Observando el derrotero de la política social en la era

democrática, vemos que comenzó a masificarse con las cajas PAN (que llegaron a

cubrir a 500.000 personas). Luego, en los ’90, la política social se extendió aunque

con sesgo focalizado primero, y tercerizado en las ONG después.

En lo peor de la crisis (2002), con el Plan Jefas y Jefes la cobertura subió a 2

millones de personas y durante el kirchnerismo (especialmente con la

implementación de la AUH) a 8 millones de personas. El actual gobierno, con la

extensión de la AUH, llevó la cobertura a 9 millones. Esto representa alrededor de

1,8% del PBI.

La extensión de la cobertura de la política social es una buena noticia en el sentido

que el Estado llega a donde antes no llegaba, pero también es indicativa de los

problemas con el mercado laboral. Tenemos hoy más programas sociales pero

también más dificultades.

La política social obviamente no solo no debe ser reducida sino ampliada, pero

más importante aún, transformada. Los programas sociales no deben ser

únicamente mitigadores del riesgo social sino que deben servir de “puente” hacia

el trabajo y la formalidad.

Reconvirtiendo y rediseñando la política social (ver Desarrollo Social), la

Argentina puede transformar gradualmente a los beneficiarios en trabajadores. Y

por ende los receptores pueden transformarse en contribuyentes, coadyuvando a

la sostenibilidad de las cuentas públicas.

● PAMI: el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

representa el 7% del gasto social nacional y 10% del gasto en salud a nivel país. El

Instituto tiene 5 millones de afiliados, a los que otorga medicamentos y

prestaciones médicas y sociales.

Al acumular varios años de deterioro en su situación financiera, los servicios que

presta el Instituto (ente financiador, no prestador de servicios de salud) incurren

en deficiencias de calidad y la insuficiencia de recursos está llevando al recorte en

las cantidades.

El PAMI necesita una refundación cimentada sobre varias aristas:

o Normalización de su situación institucional, ya que hace años se encuentra

intervenido. Asimismo, y si bien es un ente público no estatal, hoy no está

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sujeto a ningún control específico (más allá de SIGEN y AGN) como la

Superintendencia de Servicios de Salud.

o Integración al Presupuesto Nacional y mayores controles: el Presupuesto

del PAMI equivale al 5% del Presupuesto Nacional (triplica por ejemplo al

de Vialidad Nacional) y está por fuera del sistema presupuestario (por ser

un ente público no estatal), con todos los controles que ello implica.

o Reformulación de su contrato con la industria farmacéutica, delegando (en

conjunto con el IOMA y hospitales públicos) esta potestad en una Oficina

Nacional que realice compras a nivel centralizado, con mayor poder en

materia de fijación de precios y suministro. Esto permitirá, a su vez,

entregar medicamentos genéricos gratuitos a pacientes con enfermedades

crónicas.

o Fortalecimiento de la Red de Atención: el PAMI debe formar parte de los

nuevos lineamientos que deben hacerse en el sector salud en la Argentina,

donde se fortalezca la atención primaria que evite el colapso de los

hospitales. Asimismo, se debe avanzar en incrementar la capacidad de

efectores propios (lo que le permitirá al Instituto disminuir la dependencia

de los prestadores privados), en la Historia Clínica Electrónica y ampliar la

mirada gerontológica en su política general de salud.

o Incremento de Presupuesto: Incorporar pagos de autónomos y

monotributistas, que hoy no aportan al PAMI pese a lo establecido en la

Ley N° 19.032.

● Gasto en bienes y servicios: el gasto en bienes y servicios creció de 2,1% a 2,5%

del PBI en los últimos 13 años. En este rubro existen mejoras posibles en cuanto a

eficiencia (comprar mejor) y transparencia (acotar la contratación de servicios

reemplazables y conseguir mejores precios en grandes compras por licitaciones).

Este proceso debe ser gradual: hoy se necesita invertir en subsidios y planes sociales en

un marco en que la presión tributaria sobre el sector formal debe ser reducida, pero en el

futuro tendremos más contribuyentes y menores necesidades de “paliativos”. Si

logramos revertir el círculo serán menos necesarios, pero su “lugar” será gradualmente

compensado con otras prioridades (ej: reforma del sistema de salud, modernización de la

infraestructura). Por ello reafirmamos la visión del Programa por la cual la única forma de

alcanzar la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo es por la vía del crecimiento y no la

del ajuste.

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El financiamiento del déficit

Si queremos una reforma tributaria que “pese menos” sobre el sector privado, y

queremos un Estado presente, podemos caer en una “trampa” de inconsistencia

temporal.

Por ello, a nivel de recursos, necesitamos que la estructura tributaria amplíe su base (hoy

recae con más fuerza sobre el 60% de la economía), y necesitamos un entorno de

crecimiento al 4%-5% por año todos los años.

El desequilibrio fiscal, dado el punto de partida, debe ser entonces transitorio y

decreciente. Esto obliga entonces a pensar entonces en la forma de financiar

óptimamente el déficit.

El gobierno confía excesivamente en la deuda externa (que se contrae en divisas) debido

a la escasa capacidad del sistema financiero y a las bajas tasas de interés globales. En

cuanto a su sustentabilidad intertemporal, confía en que la deuda con privados y

organismos (hoy en 24% del PBI) no superará 50% del PBI hacia fin del actual “ciclo de

endeudamiento”. Sin embargo, recostarse plenamente sobre este instrumento conlleva

con el doble riesgo de incrementar fuertemente los servicios año a año, y subestimar el

peso de la deuda en relación al producto por los abultados ingresos de divisas financieras

en el corto plazo.

Por ello, creemos que así como el desequilibrio fiscal debe ser transitorio y decreciente, su

financiamiento debe ser decreciente y mixto.

En este sentido, debe evitar caer en el extremo de financiar la totalidad del desequilibrio

con una sola fuente: ni todo emisión, ni todo deuda externa:

● Parte del incremento de la capacidad prestable del sistema local debe canalizarse

a financiar el déficit, entendiendo que el mismo funcionará a modo de “puente”

hasta llegar al equilibrio fiscal.

● El financiamiento con deuda externa debe limitarse a obras de infraestructura. Si

bien esto puede no ser posible en el corto plazo dada la magnitud del déficit, en la

medida que se vaya revirtiendo la situación fiscal sobre la base de la ampliación de

la economía y la base tributaria, los primeros excedentes anticíclicos deberían

aplicarse en su totalidad a la reducción de la deuda externa, de manera de dejarla

en un nivel equivalente al de haberla contraído únicamente para obras de

infraestructura los primeros años.

● El financiamiento interno (vía emisión monetaria) debe limitarse a los Adelantos

Transitorios y no a las utilidades, ya que los primeros representan un activo del

BCRA mientras que las últimas, al estar únicamente constituidas por diferencias

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de cotización (maquillando un déficit cuasifiscal de 2,6% del PBI), representan un

incremento directo del pasivo de la autoridad monetaria.

● Utilizar a los organismos internacionales como mecanismos de garantía que

permitan reducir el costo de financiamiento.

● Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, comenzando por la Nación.

● Limitación de los DNU en materia presupuestaria (en los últimos años se utilizaron

para aumentar el déficit y el endeudamiento).

● No volver al FMI con acuerdos stand-by.

La Política Exterior

La Argentina viene perdiendo participación en el comercio global, en gran parte por la

falta de competitividad sistémica y en parte por la errática política exterior que exhibió

durante las últimas décadas, alternando apertura indiscriminada (como mecanismo para

domesticar la inflación interna) con proteccionismo mal entendido (en momentos de

escasez de divisas).

Para la consecución de los objetivos del Programa, entendemos que la Argentina necesita

tener una política exterior inteligente, lo cual supone cuatro lineamientos centrales:

● Lograr un comercio exterior diversificado y sostenible: los complejos oleaginosos

y cerealeros pasaron de representar 30% a 50% de las exportaciones totales entre

2005 y 2016. Si bien es deseable continuar potenciando a los sectores agrícolas y

su cadena de valor –con importante impacto en el interior del país- Argentina

necesita avanzar hacia una diversificación de su estructura de exportaciones, de

manera de simultáneamente agregar cada vez mayor valor y capacidades

tecnológicas, y reducir su dependencia de factores exógenos como el clima o los

precios de determinadas commodities. La sostenibilidad que puede brindar una

diversificación del comercio exterior obedece a reducir las probabilidades de sufrir

situaciones de restricción externa, como tantas veces en nuestra historia.

● Potenciar el valor agregado en las exportaciones: los rubros del comercio exterior

que más crecieron en 2016 fueron los productos primarios (exportaciones) y los

bienes de consumo final (importaciones). Argentina, en sintonía con los

lineamientos centrales del Programa, debe apuntar su estrategia comercial en

sentido inverso: incrementar el valor agregado y las capacidades tecnológicas en

sus ventas al exterior, y focalizar las compras al exterior en los insumos y bienes

que permitan incrementar la capacidad productiva futura. En otras palabras,

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aumentar la participación de bienes finales en las exportaciones y no en las

importaciones.

Para el corto plazo, la prioridad debe estar puesta en canalizar el exceso de divisas

financieras hacia la importación de bienes de capital (por sobre otras salidas

comerciales como importación de bienes finales o turismo), de manera tal de

direccionar los recursos provenientes del endeudamiento hacia aquellas

aplicaciones que redunden en ampliaciones de la capacidad productiva, que en

última instancia es la que garantizará el repago de los “créditos puente”.

● Clarificar una estrategia clara de relacionamiento, con eje en el MERCOSUR:

o Mercosur:

▪ Política de Estado.

▪ Agenda conjunta para desarrollo de sectores.

▪ Negociaciones en bloque.

▪ Preservar instrumentos al interior del bloque.

▪ Potenciar mecanismos de integración.

▪ Diferenciar políticas sectoriales.

o Unión Europea:

▪ Resguardar cadena autopartista y sectores PyMES.

▪ Garantizar acceso de mercado de agroindustria.

▪ Acuerdos de transferencia de tecnología.

o China

▪ Alcanzar una relación win-win buscando acuerdos de agregado de

valor.

2005 2016

Complejo Oleaginoso y cerealero 30% 50%

Oleaginoso 23% 34%

Cerealero 8% 16%

Manufacturas Industriales 30% 29%

Resto 40% 21%

Fuente: INDEC

Participación en las exportacionesen %

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▪ Equilibrar la balanza comercial, “desprimarizando” exportaciones y

volviendo más productivas las importaciones.

o Chile

▪ Acuerdos para armar un corredor bioceánico.

o Política exterior de promoción y de apertura de nuevos mercados

▪ Acuerdos comerciales regionales (LATAM, China, UE).

▪ Acuerdos de transferencia tecnológica.

▪ Acuerdos financieros para desarrollo productivo.

● Delinear una estrategia de “administración sofisticada de comercio”:

o Utilizar mecanismos de defensa comercial de la OMC (paneles,

salvaguardias, dumping).

o Protección a sectores de PyMES para fomentar empleo e inversiones (no

para atenuar la “falta de competitividad de la economía”).

o Establecer un sistema selectivo de licencias no automáticas de importación

con capacidad del Estado para definir y monitorear objetivos sectoriales.

o Libre ingreso de insumos importados y bienes donde no hay producción

local suficiente.

o Propiciar incentivos para apertura de mercados: financieros, impositivos,

promoción comercial. Apoyar a la PyME en su salida externa.

La mayoría de los países del mundo aplican medidas de administración de comercio, pero

con una mirada en los impactos de esos flujos sobre sus estructuras productivas y no

como mero paliativo de situaciones de restricción externa. En un marco en que el

volumen total de comercio del mundo está estancado (está en similares niveles que

2010), la apertura comercial sería un error con costos en términos de daño sobre el

aparato productivo que costará mucho revertir.

Para lograr una política exterior inteligente, cimentada en estos tres lineamientos, el

Programa propone:

● Desarrollo de un Mapa Productivo: en el marco de un Acuerdo Económico y

Social, y del Plan de Relanzamiento Productivo, los sectores público y privado

deben avanzar en el delineamiento de un “mapa productivo” que identifique,

entre otras cosas, qué sectores están en mejores condiciones de exportar valor

agregado y capacidades tecnológicas (y potenciarlos). Y qué sectores son los más

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expuestos ante la suba de importaciones, para concentrar allí tanto el

proteccionismo sofisticado como su reconversión.

● Trazar estrategias comerciales multilaterales: Argentina carece de estrategias

concretas para la colocación de productos en el exterior. El país necesita una

agenda comercial de largo plazo (que tenga en cuenta la trayectoria de desarrollo

de sus sectores de mayor valor agregado) y “engarzar” esa agenda en

negociaciones internacionales. Importante en este aspecto será que Argentina no

se aísle, sino que adopte posturas comunes con el Mercosur, especialmente Brasil:

para los distintos bloques del mundo es distinto negociar con el 0,7% que con el

3,3% del PBI global.

● Intensificar relaciones con organismos multilaterales (BID, FONPLATA, CAF, CDB

etc.): Para financiar obras que diversifiquen y potencien el desarrollo productivo.

● Fomentar las exportaciones de las PyMES: A través de la políticas específicas(ver

eje productivo) y distintas medidas de competitividad sistémica, uno de los

objetivos del Programa es el desarrollo de las PyMES. Actualmente, las PyMES

participan con sólo el 10% de las exportaciones totales: el impulso al incremento

en su participación se alinea con el objetivo de diversificación y valor agregado.

● Alentar la relocalización de empresas on-shore

Eje equilibrios macroeconómicos: algunas políticas puntuales

● Plan Bajemos los Precios

● Limitar la especulación (“bicicleta”) financiera

● Bajar la tasa de interés en la economía para dinamizar la producción

○ Shock “micro” del Plan Bajemos los Precios.

○ Diversificar los instrumentos de esterilización.

○ Saneamiento del balance del BCRA (ampliar margen de maniobra).

● Políticas de orientación de crédito y saneamiento del balance del BCRA

○ Masificación del microcrédito.

○ Seguro de tasa y nuevo scoring.

● Optimización del gasto público

○ Subsidios: transparencia, auditorías, perfeccionamiento en su

direccionamiento, compromisos claros y cumplibles de inversiones,

explorar la posibilidad de renegociar los contratos con las prestadoras.

○ Sector privado como motor de la creación de puestos de trabajo (menor

presión sobre empleo público).

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○ Mayor transparencia y eficiencia en compras públicas.

○ Jubilaciones:

■ Ampliación de la base de aportantes.

■ Haber 14.

■ Plan de pagos y proporcionalidad en el haber inicial.

○ PAMI:

■ Normalizar situación institucional, mayores

controles.

■ Compra centralizada de medicamentos.

■ Mejoras en la Red de Atención y orientación

gerontológica.

■ Aporte de monotributistas.

● Desarrollar el mercado de capitales, orientado al sector productivo

● Reforma tributaria, con eje en la ampliación de la base tributaria y aumentar la

progresividad

○ Ejemplo, “Tasa Cero” de IVA a alimentos, medicamentos Y tarifas e

Impuesto a la renta especulativa, en especial la “bicicleta” financiera.

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III) El eje del Desarrollo Social

¿Por qué?

Cuando hablamos de Desarrollo Social, o Política Social, parecería que nos estamos

refiriendo a planes sociales (como Asignación Universal o Argentina Trabaja) u otros

mecanismos de promoción y asistencia social por parte del Estado (asistencia a

comedores, distribución de leche fortificada, etc.).

En parte esto es así y tiene que ser así: la fragmentación social que tiene la Argentina, con

la mitad de sus menores de 14 años en situación de pobreza, así lo requiere.

Pero las políticas de Desarrollo Social, además de sociales deben ser de desarrollo:

necesitamos acciones concretas para trabajar en dos frentes en simultáneo.

El primero, para derribar el “muro” entre las dos Argentinas, que sin acciones decididas y

articuladas sólo tenderá a replicarse en el futuro.

El segundo, para fortalecer el capital humano (de todas las Argentinas), para adaptarnos

a los cambios globales y evitar nuevos cimbronazos, que restan sustentabilidad al modelo

de desarrollo y se pagan con pobreza.

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¿Qué?

La transformación de la política social

En la Argentina del futuro, el pleno empleo es el vehículo que, vía el robustecimiento del

mercado interno, motoriza en paralelo la producción y el cumplimiento de los derechos

sociales.

En la Argentina del presente sólo 6 de los 20 millones de personas activas tienen trabajo

asalariado formal en el sector privado: el sector público (3 millones), los asalariados

informales (3 millones), los autónomos y monotributistas (2,5 millones), los

cuentapropistas (4 millones) y los desocupados (1,5 millones) poseen realidades muy

diversas. Hoy casi la mitad de los chicos no terminan la secundaria y la gran mayoría no

están formados para trabajar. Tenemos una generación de jóvenes y de adultos sin

formación laboral. Lamentablemente, el Gobierno a veces se confunde al trabajo con un

costo, y no tiene política educativa ni política de formación laboral. Lo más importante

para una persona y para una familia es, y debe ser, el trabajo.

Por ello, para traer la Argentina del futuro al presente, necesitamos fortalecer el

Desarrollo Social sobre dos vectores:

1) Poner en pie de igualdad a todos, derribando el “muro” que hoy existe entre dos

Argentinas contrapuestas (Sub-eje Social).

2) Fortalecer el capital humano de toda nuestra fuerza laboral (presente y futura)

para que los efectos de las tendencias globales (empleos del futuro) no solo no

redunden en “adaptaciones traumáticas” sino que podamos apalancarnos para

recuperar las posiciones perdidas en el pasado (Sub-eje Desarrollo).

Para el primer lineamiento, debemos fortalecer al que estudia, al que se forma y al que

trabaja. Para reducir la pobreza debemos extremar el vínculo entre educación y trabajo.

Sin terminar la secundaria y sin formarse para el trabajo hay una generación de jóvenes

condenado a la pobreza.

Las políticas sociales están agotadas, hay que reconvertirlas y transformarlas.

Necesitamos masificar las políticas educativas y laborales.

Tenemos que transformar la enorme inversión social (que ya se hace) en un motor para la

inserción social y el fortalecimiento del capital humano, con el trabajo como centro:

● Cambiar el enfoque de los programas sociales para que permitan “superar”, y no

sólo “mitigar”, la situación de pobreza.

● Utilizarlos para orientar a los beneficiarios hacia el mercado laboral, en sectores

estratégicos.

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Para el segundo lineamiento (capacitar a la fuerza laboral en vistas al futuro),

necesitamos orientar al sistema educativo y productivo a los cambios globales, donde el

empleo manual y en serie irá perdiendo protagonismo frente al trabajo intelectual y

motorizado por el conocimiento (cuarta revolución industrial).

El sistema educativo y productivo deben estar integrados, a su vez, con el sistema

científico y tecnológico, entendiendo que la innovación y la productividad serán los

motores del crecimiento y las nuevas commodities.

A su vez, necesitamos desarrollar una red programática de capacitación bajo la órbita de

una Agencia Nacional de Capacitación, que abarque a toda la fuerza laboral y con

acciones segmentadas para los distintos estadios de la vida laboral de los individuos.

Dicha Agencia debe indicar cuales son los sectores estratégicos y con mayor potencial de

creación de empleo, de manera de orientar coordinadamente no solo la red programática

sino también las prioridades del sistema educativo y científico-tecnológico.

Como puede verse, es inseparable de la Cuestión Productiva:

● Necesitamos estímulos específicos para que todos los nuevos trabajos sean

formales (proyecto empleo informal).

● Necesitamos un programa específico para insertar en el circuito formal al

segmento cuentapropista que no es “elegible” para programas sociales.

● Permite la tan mentada “ampliación de la base tributaria”.

Eje Desarrollo Social: algunas políticas puntuales

● Poner al desempleo en 5% como meta a alcanzar. El desempleo y el

empobrecimiento de los trabajadores es una cuestión de mayorías y no se arregla

con pequeños programas focalizados.

Como antes se masificaron las políticas sociales, hay que masificar ahora las

políticas laborales buscando maximizar la creación de empleos formales con

salarios dignos, con la garantía de ningún tipo de precarización y flexibilización

laboral, por medio de la construcción masiva de viviendas sociales; el “puente”

entre planes sociales y trabajo, programas específicos con un fuerte sesgo en la

capacitación, la cultura tributaria y la inclusión financiera para atacar el flagelo de

la informalidad en el empleo asalariado, en el segmento cuentapropista, en el

empleo adulto y en el empleo con discapacidad. Para nosotros el derecho al

trabajo debe contar con todos los beneficios y todas las protecciones que

garantiza el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

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● Emergencia alimentaria: por la situación social, en 2016 las ayudas a comedores

indigentes (en cantidades) debieron aumentarse 25%, pero el presupuesto

destinado para este fin, descontando la inflación, sólo aumentó 10%,

evidenciando un “ajuste real” en las raciones. En 2017 la inflación en alimentos

continuó en niveles elevados y la situación social no mejoró.

Lo que proponemos es duplicar la importancia presupuestaria de la ayuda a

comedores escolares (de 0,23% a 0,5% del Presupuesto), de forma tal de

garantizar la seguridad alimentaria en todo el país.

● Masificación del microcrédito: El aumento de las tasas de interés de los créditos

es un “corralito social” a las personas y a las familias que quieren trabajar y que

quieren emprender. Proponemos masificar los microcréditos con intereses

subsidiados del 10% anual para la compra de máquinas, insumos, motores y

herramientas. También proponemos créditos con intereses subsidiados para

rescatar a las familias que están sobreendeudadas y la prohibición por Ley de los

créditos con intereses usureros que destruyen la economía de las familias.

● Red de 20.000 Tutores de Inclusión Educativa y Laboral de los Jóvenes: El

Estado tiene el deber de organizar y de financiar una red de Tutores que tengan la

misión de ir a buscar y acompañar a los jóvenes que abandonaron la secundaria y

que no se están formando para el trabajo. Podrán ser Tutores las/os docentes;

trabajadoras/es sociales; técnicos de clubes; curas y pastores, que sean de los

barrios donde viven los jóvenes y sean creíbles para ellos. Cada Tutor estará a

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cargo de acompañar y asesorar a 15 jóvenes y así poder ayudar a incluir y a

promover a 300.000 jóvenes en situación de alta vulnerabilidad social.

● Sistema dual “Educación + Trabajo”: Hoy va surgiendo una nueva generación de

jóvenes sin formación laboral y existe un abismo entre la escuela y el trabajo. El

Gobierno no tiene una política integral de formación laboral y ello genera las

condiciones para la reproducción intergeneracional de la pobreza. Proponemos un

nuevo sistema dual que vincule la educación con el trabajo durante los dos últimos

años de la escuela secundaria. Esa educación dual debería incluir: pasantías,

prácticas o capacitaciones laborales específicas, para generar un vínculo entre

educación y trabajo, generar un mecanismo de acompañamiento para el primer

empleo o políticas socioeducativas de promoción y vinculación entre universidad y

empleo. Este sistema educativo dual se complementa con el acompañamiento y el

asesoramiento de los Tutores de Inclusión Educativa y Laboral de los jóvenes y

con un sistema de promoción del desarrollo local, para identificar las fortalezas y

las debilidades de la inserción laboral local.

● Fortalecimiento de la Red de Servicios de Cuidado: La endeble red de servicios

de cuidado constituye un desaliento a la participación en el mercado de trabajo y

amplía la brecha de género. El fortalecimiento de la Red no solo permite la

creación de puestos de trabajo directos, sino que apunta a la inclusión en el

mercado laboral a los segmentos de clases vulnerables y clases medias-bajas.

● Plan Nacional de Capacitación: Agencia de Capacitación y Seguro de

Formación Laboral: El Gobierno no tiene una política masiva e integral de

formación laboral. Nosotros proponemos establecer por Ley el Seguro de

Formación Laboral para garantizar a cada argentino el derecho a estar formado

para trabajar y para acceder a un trabajo formal con salarios dignos. Creemos en

una formación laboral personalizada, permanente, progresiva, certificada y

bonificada, como una herramienta clave para acceder, para permanecer y para

progresar en el trabajo, en especial ante los nuevos desafíos y oportunidades del

siglo XXI. Asimismo, proponemos crear un Centro de Formación Laboral cada

20.000 habitantes para garantizar que la formación laboral de acuerdo al perfil

local llegue a cada pueblo, a cada ciudad y a cada barrio de la Argentina.

● Régimen de participación de los trabajadores en las utilidades producto de los

aumentos en la productividad: los esfuerzos tienen que ser compartidos; el

trabajador debe capacitarse y empeñarse en mejorar la productividad y el

empresario debe recompensar ese esfuerzo.

● Desarrollo de Programas Público/Privados: que permitan reducir la brecha de

género.

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● Planes de fomento del empleo formal, del empleo adulto y con discapacidad:

apuntan a transformar a los programas sociales en “puente” a la formalidad, y a

atender problemáticas no atendidas del mercado laboral.

● Programa de inclusión formal para cuentapropistas informales: este programa

apunta a crear las herramientas necesarias para que el segmento cuentapropista

informal, que no es elegible para la política social, pueda incluirse al circuito de la

economía formal, facilitando el acceso a beneficios esenciales (cobertura médica y

de riesgos del trabajo, acceso al sistema financiero que permita prescindir de

servicios usureros, asignaciones familiares, etc.). Para ello, se obliga a los

contribuyentes a inscribirse en el monotributo y comenzar a facturar en blanco. Se

los hace elegibles para préstamos de muy bajo costo de un Fondo Estabilizador,

que les permita financiar sus irregulares “ciclos financieros” sin tener que volver a

salir al circuito informal. Asimismo, los que ingresen al Programa tendrán acceso a

cuentas bancarias gratuitas y posibilidad de comprar herramientas sin IVA, de

manera de fomentar la inclusión financiera.

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Reflexiones finales: las condiciones para la “foja cero”

El presente Programa de Desarrollo Económico busca las formas concretas, en las

distintas temáticas que aborda, para que la Argentina pueda sentar las bases para

ingresar definitivamente de una senda de desarrollo sostenido, equilibrado e inclusivo,

que le permita saldar la dolorosa deuda social que acumuló con la errática dinámica

pendular del último lustro. En otras palabras, con este trabajo pretendemos hacer un

aporte para la solución de los problemas que ya no pueden seguir esperando.

Obviamente que en cuanto al diagnóstico y las formas de encarar los problemas que aquí

se plantean puede haber matices y diferencias, y es lógico que las haya. Pero, a diferencia

de lo que ocurrió en los últimos 50 años, los argentinos debemos dejar de estar motivados

por lo que nos desune y debemos pasar a estar motorizados por la búsqueda de pisos

básicos de consenso, para sobre ellos comenzar a transitar la senda del desarrollo. De

hecho, este trabajo es un reflejo de los consensos a los que se puede llegar partiendo de

las diferencias, ya que los pensamientos de los numerosos equipos técnicos que

estuvieron involucrados en su armado no son lógicamente homogéneos.

En este sentido, creemos que este trabajo es un aporte para una discusión mayor que

tiene que haber en la Argentina acerca del rumbo para los próximos 5, 10, 20 y 50 años,

que necesariamente tiene que ser distinto del que venimos transitando. Y para ello,

queremos destacar las condiciones para la “foja cero” que hay que garantizar a la hora de

trazar el mapa que unirá a la Argentina del presente con la del futuro.

En primer lugar, que los pisos básicos de consensos implican abandonar la lógica de

extremos que predominó en el último lustro, alternando el “error populista” con el “error

conservador”, la apertura indiscriminada por el proteccionismo sin lógica productiva, el

Estado ausente con el Estado “grande y bobo”.

En segundo lugar, que si queremos una Argentina para todos, entonces todos debemos

comprometernos: Estado, empresarios, trabajadores, sindicatos y organizaciones

sociales. Sentar las bases para el desarrollo social no se logra imponiendo visiones.

En tercer lugar, que frente a la realidad social que tenemos no podemos perder un minuto

en discusiones acerca de la “grieta”. La única grieta que tenemos que cerrar es la que

separa al presente del futuro.

Desde este espacio, siempre estaremos dispuestos a discutir propuestas, tanto las

vertidas en este documento como las que provengan de cualquier espacio político, para

enmarcarlas en este objetivo en el que todos debemos estar de acuerdo. Estando la

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capacidad y los recursos sobre la mesa, el “rompecabezas” sólo se armará con la voluntad

de todas las partes.

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Principales políticas del Programa

Remover obstáculos “administrativos” de la Ley PyME

Medidas de orientación del crédito hacia PyMES productivas

Mejoras en el financiamiento bancario y no bancario (rating crediticio)

Medidas para el Desarrollo del Mercado de Capitales con sesgo productivo

Estímulo a inversión PyME

Todas las PyME en la Ley PyME

Establecimiento por Ley del Bono Fiscal de hasta 14% de la facturación para bienes de capital

Desgravación de reinversión de utilidades

Estímulo a las exportaciones PyME

Régimen automático de reintegro del IVA atribuible a exportaciones y asimilables efectuados por PyME

Régimen automático de devolución de “Draw-back”, reintegros y reembolsos por las exportaciones efectuadas por PyME

Exención de reintegros y reembolsos originados en exportaciones PyME del Impuesto a las Ganancias

Deducción especial adicional del 10% del Impuesto a las Ganancias para PyMEs exportadoras

Exporta Fácil

Ley de Góndolas

Nueva Ley de Defensa de la Competencia

Fondo Financiero de Economías Regionales

Instituto de “Inteligencia Competitiva”

Establecimiento de la “factura conformada”

Ley PyME Regional

Nueva Ley de Compre Nacional

Plan Bajemos los Precios

Limitar la especulación “bicicleta” financiera

Bajar la tasa de interés en la economía para dinamizar la producción

Shock “micro” del Plan Bajemos los Precios

Diversificar los instrumentos de esterilización

Saneamiento del balance del BCRA (ampliar margen de maniobra)

Políticas de orientación de crédito y crédito hipotecario

Orientación del crédito a las PyME

Otorgar volumen a mecanismos de financiamiento PyME (Cheques de Pago diferido, SGR, etc.)

Reforma del mercado de capitales con orientación productiva (en especial PyMEs)

Masificación del microcrédito para refacción

Seguro de tasa y nuevo scoring

Optimización del gasto público

Subsidios: transparencia, auditorías, direccionamiento, compromisos

Mayor transparencia y eficiencia en empleo, obras y compras públicas

Jubilaciones

Ampliación de la base de aportantes

Haber 14

Plan de pagos y proporcionalidad en el haber inicial

PAMI

Normalizar situación institucional, mayores controles

Compra centralizada de medicamentos

Mejoras en la Red de Atención y orientación gerontológica

Aporte de monotributistas

Reforma tributaria

Mix de financiamiento del déficit

Diversificar crédito externo e interno, "adelantando" el Fondo Anticíclico

Meta de desempleo en 5%

Emergencia alimentaria: gasto en seguridad alimentaria en 0,5% del Presupuesto Nacional

Red de 20.000 Tutores de Inclusión Educativa y Laboral de los Jóvenes

Sistema dual “Educación + Trabajo”

Régimen de participación de los trabajadores en las utilidades producto de los aumentos en la productividad

Fortalecimiento de la Red de Servicios de Cuidado

Plan Nacional de Capacitación: Agencia de Capacitación y Seguro de Formación Laboral

Desarrollo de Programas Público/Privados

Planes de Fomento del Empleo Formal, del empleo adulto y con discapacidad (proyectos ya presentados):

Programa de inclusión formal para cuentapropistas informales

Fondo de Estabilización del Trabajo Independiente (para evitar financiamiento a sola firma a tasas usurarias)

Compra de herramientas sin IVA