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“A VEINTE AÑOS DE LA CONFERENCIA

DE VIENA: DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS”

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MEMORIASDEL SEMINARIO

CNDH

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MEMORIAS DEL SEMINARIO INTERNACIONAL

“A VEINTE AÑOS DE LA CONFERENCIA DE VIENA:

DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS”

México, D. F., 7 de octubre de 2013

Nabor Carrillo Flores(coordinador)

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

México, 2014

Interiores Memorias Seminario Internacional 20años donferencia de Viena”.indd 3 20/10/14 13:05

Primera edición: octubre, 2014

D. R. © Comisión Nacionalde los Derechos HumanosPeriférico Sur 3469,esquina Luis Cabrera,colonia San Jerónimo Lídice,C. P. 10200, México, D. F.

Portada:Itzel Ramírez Osorno

Impreso en México


[5]

CONTENIDO

INAUGURACIÓN

Palabras del Dr. Raúl Plascencia VillanuevaPresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Palabras de la Lic. Gabriela del Mar Ramírez Defensora del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuelay Secretaria General de la Red de INDH del Continente Americano . . . . 11

Palabras del Senador Raúl Cervantes Andrade Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República Mexicana . . . 19

Palabras del Lic. Miguel Ángel Osorio ChongSecretario de Gobernación de México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

CONFERENCIA MAGISTRAL

Los derechos humanos a veinte años de la Conferencia de Viena: perspectiva interamericana y mexicana

Participación del Dr. Sergio García Ramírez Ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos . . . . . .25


6 Comisión naCional de los dereChos humanos

MESA I: “LAS INSTITUCIONES NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

A VEINTE AÑOS DE LA CONFERENCIA DE VIENA”

Participación del Dr. Anselmo Sella Adjunto I del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina . . . . . . . . .39

Participación del Dr. Omar Cabezas Lacayo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua . . . .49

Participación del Sr. Keith SmithDirector de la División de Políticas, Investigación y Actividades Internacionales de la Comisión Canadiense de Derechos Humanos . . . . .53

MESA II: “FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

A VEINTE AÑOS DE LA CONFERENCIA DE VIENA”

Participación del Dr. Manuel María Páez MongesDefensor del Pueblo de la República de Paraguay . . . . . . . . . . . . . .59

Participación de la Mtra. Rosa María Juárez de Hernández Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala . . . . . . . . . . 61

Participación del Sr. Bruce Adamson Representante de la Oficina del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (CIC), en Ginebra . . .67


[7]

INAUGURACIÓN

SEMINARIO INTERNACIONAL “A VEINTE AÑOS DE LA CONFERENCIA DE VIENA:

DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS”

PALABRAS DEL DR. RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA Presidente de la Comisión naCional

de los dereChos humanos de méxiCo*

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación;

Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República;

Dra. Gabriela del Mar Ramírez, Secretaria General de la Red de Instituciones Na-cionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano y Defensora del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela;

Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República;

Dr. Anselmo Sella, Defensor del Pueblo de la Nación Argentina;

Dr. Omar Cabezas Lacayo, Procurador para la Defensa de los Derechos Huma-nos de Nicaragua;

Mtra. Lía Limón, Subsecretaria de Gobernación.

* Pronunciadas durante la inauguración del Seminario Internacional “A Veinte Años de la Conferencia de Viena: Democracia y Derechos Humanos”, llevado a cabo el 7 de octubre de 2013 en el marco de la Asamblea General de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano.



Señoras y señores:

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es muy grato estar hoy con todos ustedes. Nos hemos reunido en esta ocasión para inaugurar los traba-jos del Seminario “Democracia y Derechos Humanos” en el marco de la Asam-blea General de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano, organizado por el Comité Internacional de Coordina-ción de Instituciones Nacionales. Saludo la presencia de los titulares de las Ins-tituciones Nacionales de América que nos acompañan y del representante del Presidente del CIC en Ginebra.

Agradezco la presencia de los señores Embajadores de Alemania, la Confe-deración Suiza, Nigeria, Nicaragua, Panamá y Argentina, así como del Jefe de la Delegación de la Unión Europea en México y de representantes de las Embajadas de Noruega, España, Brasil, Marruecos, Italia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda de Norte, Guatemala, Venezuela, El Salvador, Ecuador y Colombia.

El Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (CIC) es una organización que surge para impulsar la crea-ción de Instituciones Nacionales, así como para facilitar su actuación colectiva. Además, se encarga de fomentar y acreditar el cumplimiento de los Principios de París, que son las reglas mínimas necesarias para que las Instituciones de Derechos Humanos puedan cumplir sus funciones; entre ellas se encuentran la independencia y la autonomía, que distinguen a estas entidades de las Organi-zaciones Gubernamentales y No Gubernamentales.

El CIC se ocupa de ser el enlace con el Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ya que agrupa a más de cien Instituciones de Derechos Hu-manos de Europa, África, Asia-Pacífico y América.

Dentro de la estructura del CIC, la CNDH de México tiene el honor de ocupar la Presidencia del Comité Mundial de Finanzas. En este marco, aprovecharemos para analizar los avances de los Estados en la vinculación de la democracia con los derechos humanos.

La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos que se llevó a cabo en Viena en 1993 representó la voluntad de los Estados de ir más allá de la suscrip-ción de documentos declarativos y generar un compromiso mundial en la ma-teria. Esta conferencia hizo dos aportaciones fundamentales: nos entregó una Declaración que amplía el conjunto de los bienes jurídicos fundamentales que son considerados derechos humanos y dio la pauta para que se creara la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Esto marcó el inicio de una tendencia mundial totalmente innovadora en la esfera de los derechos humanos, al considerarlos un componente esencial de


seminario internaCional “a Veinte años de la ConferenCia de Viena…” 9

toda la política pública. A veinte años de esa fecha histórica, el Seminario que hoy inicia nos permitirá difundir sus contenidos y alcances, estudiar y evaluar lo que hasta ahora hemos logrado, y vislumbrar, al mismo tiempo, lo que toda-vía hace falta.

Asimismo, habremos de analizar experiencias y reflexiones para encontrar juntos las mejores soluciones. Los países del Continente Americano comparti-mos retos importantes para el respeto de los derechos humanos frente a fenó-menos como el de la migración, la trata de personas, la justicia, la igualdad en-tre mujeres y hombres, la atención a la niñez y los adultos mayores, y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre otros.

La urgencia de superar estos desafíos requiere del esfuerzo conjunto de todos los aquí presentes para que asumamos el deber de trabajar solidariamente sin importar fronteras geográficas, políticas o culturales. La vigilancia del respeto y la efectiva promoción de la defensa de los derechos humanos es una tarea per-manente en todos los países.

Señoras y señores: La participación social es parte del ejercicio de los derechos humanos. Sin em-bargo, este derecho debe ser ejercido con respeto a la ley y a los derechos de los demás. Por ello, hemos insistido en la necesidad de promover una cultura de la legalidad con el binomio derechos y deberes, en donde quede claro que nadie, ya sea la autoridad o cualquier ciudadano, puede estar por encima de la ley. Quiero aprovechar para reiterar mi agradecimiento por la presencia del Secre-tario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong.

Asimismo, reitero mi agradecimiento al senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República; a la senadora An-gélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado; a los representantes de las Instituciones Nacionales de Derechos Hu-manos que forman parte de la Red del Continente Americano, y a los Organis-mos de Derechos Humanos internacionales y regionales. También agradecemos la presencia de distinguidos académicos, juristas, miembros del cuerpo diplo-mático acreditado en nuestro país y, muy especialmente, la presencia de repre-sentantes de la sociedad civil. Estamos seguros de que la defensa de la dignidad humana y el compromiso de salvaguardar los derechos humanos desde una vi-sión universal nos abrirá el camino de su vigencia efectiva para consolidar su pleno respeto a partir del compromiso de todos.

¡Muchas gracias y mucho éxito!


[11]

PALABRAS DE LA LIC. GABRIELA DEL MAR RAMÍREZdefensora del Pueblo de la rePúbliCa

boliVariana de Venezuela y seCretaria General de la red de indh del Continente ameriCano

Distinguido Secretario de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Miguel Ángel Osorio; honorables representantes del Congreso de los Esta-dos Unidos Mexicanos: senadora Angélica de la Peña Gómez y senador Raúl Cervantes Andrade; respetado Presidente de la Comisión Nacional de los De-rechos Humanos de México, Dr. Raúl Plascencia Villanueva; apreciados repre-sentantes de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continen-te Americano; demás expertos, autoridades y público presente:

Agradezco profundamente, en nombre de todos los integrantes de la Red, la hospitalidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México por la organización del Seminario Internacional “A Veinte Años de la Conferencia de Viena: Democracia y Derechos Humanos” y de la XII Asamblea General de la Red en esta hermosa edificación.

Sin duda alguna, el Museo Nacional de Arte, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México –Patrimonio de la Humanidad de acuerdo con la UNESCO1–, es un fiel reflejo del profundo arraigo que tiene el pueblo mexica-no por su historia y cultura.

Ahora bien, el objetivo fundamental de este Seminario Internacional que nos reúne hoy es destacar la importancia que tuvo y sigue teniendo la Conferencia

1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.



Mundial de Derechos Humanos de Viena, así como su Declaración y Plan de Acción, en la protección y promoción de los derechos humanos, poniendo es-pecial énfasis en lo que ha significado para las Instituciones Nacionales de De-rechos Humanos.

i. oriGen de la ConferenCia mundial de dereChos humanos de 1993

La Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en el año 1993 fue la segunda de su tipo en el sistema de la Organización de las Naciones Uni-das (ONU). La primera tuvo lugar en Teherán, Irán, del 22 de abril al 13 de mayo de 1968, y su fin fue analizar los progresos obtenidos tras veinte años transcu-rridos desde la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como para crear un plan para el futuro.2

Fruto de ese evento fue la Proclamación de Teherán, en la cual se estableció, entre otras importantes cuestiones, lo siguiente:3

1. La indispensabilidad de que la comunidad internacional cumpla con su obligación de fomentar y alentar el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales para todos, sin ningún tipo de distinción.

2. Los Estados deben reafirmar su propósito de aplicar de modo efecti-vo los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en otros instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos.

3. Como los derechos humanos y las libertades fundamentales son indi-visibles, la realización de los derechos civiles y políticos sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales resulta imposible.

En este sentido, exhortaron a todos los pueblos y gobiernos a consagrarse a los principios contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como a redoblar sus esfuerzos para ofrecer a todos los seres humanos una vida libre y digna que les permita alcanzar un estado de bienestar físico, mental, social y espiritual.

La idea de organizar una segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos surgió en 1989 y se hizo acreedora de un amplio apoyo. El 18 de diciembre de 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, en su Resolución 45/155,

2 http://www.un.org/es/development/devagenda/humanrights.shtml.3 http://www1.umn.edu/humanrts/instree/spanish/sl2ptichr.html.



convocar en 1993 a una Conferencia Mundial de Derechos Humanos con los siguientes objetivos:4

a) Estudiar y evaluar los progresos realizados en la esfera de los dere-chos humanos desde la aprobación de la Declaración Universal de De-rechos Humanos, además de precisar los obstáculos con que se tropie-za para conseguir nuevos progresos en esa esfera y el modo en que podrían superarse.

b) Examinar la relación entre el desarrollo y el disfrute universal de los derechos económicos, sociales y culturales, así como el de los dere-chos civiles y políticos, reconociendo la importancia de crear condi-ciones en que todos puedan disfrutar de esos derechos, enunciados en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.

c) Examinar procedimientos para mejorar la aplicación de las normas y los instrumentos existentes de derechos humanos.

d) Evaluar la eficacia de los métodos y mecanismos que utilizan las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos.

e) Formular recomendaciones concretas para mejorar la eficacia de las actividades y los mecanismos de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos mediante programas encaminados a promo-ver, estimular y vigilar el respeto a los derechos humanos y las liber-tades fundamentales.

ii. deClaraCión y Plan de aCCión de Viena (marCo General)

Entre el 14 y el 25 de junio de 1993 se llevó a cabo la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en la ciudad de Viena, Austria, a la cual asistieron repre-sentantes de 171 Estados, además de diferentes organizaciones defensoras y promotoras de los derechos humanos a nivel mundial.

Este foro constituyó una oportunidad única de efectuar un análisis exhaus-tivo del sistema internacional y de los mecanismos de protección de los derechos humanos.

El principal resultado de la Conferencia fue la aprobación de la Declaración y Programa de Acción de Viena, documento que exige tanto a los Estados como al sistema de las Naciones Unidas la observancia, protección y promoción de

4 Información suministrada por la UNESCO, disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000954/095414so.pdf.



los derechos humanos, además de la creación y el fortalecimiento de mecanis-mos e instituciones para su efectivo cumplimiento.

La Declaración y Programa de Acción de Viena hace referencia a una gran cantidad de derechos −lo cual para su época representó un avance digno de re-saltar−, entre los cuales se encuentran:

a) Derecho a la libre determinación.b) Derecho al desarrollo.c) Derechos de las mujeres y las niñas.d) Derechos de las minorías. e) Derechos de los pueblos indígenas.f) Derechos de los niños y las niñas, especialmente los que se encuen-

tran en situaciones de mayor vulnerabilidad (niños y niñas de la calle, explotados económica y sexualmente, y refugiados, entre otros).

g) Derechos de las personas discapacitadas.h) Derecho al asilo y el refugio.i) Derechos de los grupos vulnerables, especialmente de los trabajado-

res migrantes.

Asimismo, pone énfasis en la atención y solución de problemas que aún si-guen afectando a la humanidad, tales como:

a) El alivio y eliminación de la pobreza.b) La pronta y amplia eliminación de todas las formas de racismo y

discriminación racial, de la xenofobia y de otras manifestaciones conexas de intolerancia.

c) La trata y el tráfico de personas.d) La tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.e) Las desapariciones y detenciones arbitrarias. f) La intolerancia religiosa.g) El desplazamiento por conflictos armados.

Este documento sembró un precedente que sin duda ha constituido uno de los factores más relevantes en años posteriores, y que de cierta manera reivin-dicó lo establecido en la Proclamación de Teherán: que todos los derechos huma-nos son universales, indivisibles e interdependientes.5 Esta proclama buscó de-rrumbar una idea que para el momento se encontraba muy extendida a nivel

5 Párrafo 5 de la parte I.



internacional, que era el hecho de concebir una jerarquía en los derechos huma-nos dando, usualmente, mayor preponderancia a los civiles y políticos en detri-mento de los restantes.

Por otro lado, la Declaración y Programa de Acción de Viena hace un impor-tante nexo entre la democracia y los derechos humanos, los cuales son concep-tos interdependientes. Es así como subraya que el fundamento de la democracia “es la voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural, y en su plena participación en todos los aspectos de la vida”. Al respecto, solicita a la comunidad internacional apoyar su fortalecimiento y promoción.

En cuanto a las labores de promoción que se exhortan, considero propicio destacar la línea de trabajo relacionada con la “educación en materia de derechos humanos”, la cual es considerada indispensable para establecer y promover re-laciones estables y armoniosas entre las comunidades, y para fomentar la com-prensión mutua, la tolerancia y la paz. Esta actividad debería abarcar temas como la paz, la democracia, el desarrollo y la justicia social, con el fin de lograr la comprensión y sensibilización de todos acerca de los derechos humanos con objeto de afianzar la voluntad de lograr su aplicación universal.

iii. deClaraCión y Plan de aCCión de Viena (rol de las indh)

Entre la amplitud de temas tratados en la Declaración y Plan de Acción de Vie-na es trascendental para nosotros tener en cuenta la referencia que hace a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH). En tal sentido, se rea-firma el importante y constructivo papel que desempeñan nuestras institucio-nes, específicamente en cuanto a:

• Capacidad para asesorar a las autoridades competentes. • Reparación de las violaciones de los derechos humanos. • Divulgación de información sobre estos derechos. • Educación en materia de derechos humanos. • Fomento de una mayor comprensión de los derechos humanos y la to-

lerancia mutua. • Cooperación entre las instituciones nacionales, en particular a través

del intercambio de información y de experiencias, así como con las organizaciones regionales y las Naciones Unidas.

Para cumplir con dichos fines, las instituciones nacionales deberían ser creadas o fortalecidas de acuerdo con lo establecido en los llamados Principios de París.



iV. aVanCes de las instituCiones naCionales en el marCo de la deClaraCión y ProGrama de aCCión de Viena

A partir de este momento, muchas acciones se han llevado a cabo en lo que res-pecta a las instituciones nacionales de derechos humanos. A nivel de las Nacio-nes Unidas, su Asamblea General aprobó en diciembre de 1993 una resolución que contiene los llamados Principios de París, los cuales son una serie de crite-rios claves que orientan el establecimiento, las competencias, las atribuciones, la composición, las modalidades de funcionamiento y demás aspectos relativos a la actividad de las INDH para que sean reconocidas como tales y puedan, entre otras cosas, estar legitimadas para participar por derecho propio en los distintos foros internacionales sobre derechos humanos.

Otra muestra de los avances en esta misma área se encuentra en el hecho de que los Estados a nivel mundial han instaurado y fortalecido instituciones de este tipo. Actualmente, el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (CIC) contabiliza un total de 103 INDH a nivel global, siendo 69 de ellas poseedoras del estatus “A” (67 %), es decir, plenamente conformes con los Principios de París.6

Asimismo, las propias INDH han expandido sus funciones con el fin de dar cabida a una mayor gama de derechos que incluyen, además de los mencionados en la Declaración y Programa de Acción de Viena, los referidos al medio am-biente, a la diversidad sexual, a los adultos mayores, a las personas privadas de la libertad, a las empresas y a los derechos humanos, entre otros.

En cuanto a su labor a nivel nacional, las INDH constantemente asesoran y exhortan a los órganos del Estado sobre la atención primordial que deben brin-dar a los derechos humanos, así como al seguimiento de las peticiones o denuncias que realizan los ciudadanos y ciudadanas sobre la violación o supuesta violación de estos derechos ante los respectivos entes estatales.

Las tareas de promoción también han sido un punto central. Un ejemplo es la educación en derechos humanos, mediante la cual se ha buscado brindar cono-cimiento a la población sobre sus derechos humanos. Vale la pena subrayar que algunas de nuestras instituciones incluso han creado centros educativos espe-cializados en derechos humanos.

La cooperación entre las instituciones nacionales se ha expresado en la for-mación de agrupaciones regionales e internacionales que tienen como principal objetivo impulsar, fortalecer y promover una cultura de respeto a los derechos humanos. Entre éstas, vale destacar el CIC y las distintas redes regionales que

6 Informe del CIC correspondiente a julio de 2013.



la componen, entre las cuales resalto la Red de Instituciones Nacionales del Continente Americano, el Consejo Andino de Defensores del Pueblo (CADP), el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos y la Fede-ración Iberoamericana del Ombudsman (FIO).

Hoy día las instituciones nacionales tienen un espacio y reconocimiento en el ámbito internacional. Prueba de ello es el trabajo y aporte que pueden realizar en materia de derechos humanos en distintos mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas, tales como el Consejo de Derechos Humanos (CDH), el Examen Periódico Universal (EPU) y los Órganos de Tratados, entre otros.

Debo subrayar que esta colaboración mutua con distintos organismos y me-canismos de las Naciones Unidas tiene su justificación en el hecho de que el trabajo de nuestras instituciones en cada Estado constituye una fuente de infor-mación objetiva y fidedigna en materia de derechos humanos.

En el Continente Americano, la Red de Instituciones Nacionales para la Pro-moción y Protección de los Derechos Humanos fue establecida en noviembre del año 2000, mediante la adopción de su acta de creación, firmada, coinciden-temente, en la Ciudad de México.

Sus actuales integrantes han sido establecidos por ley o constitucionalmente desde 1977 (Comisión Canadiense de Derechos Humanos) hasta 2009 (Instituto de Derechos Humanos de Chile). Esperamos la próxima integración de Brasil, Estado que actualmente adelanta la aprobación de una legislación para la instau-ración de una Institución Nacional de Derechos Humanos, así como Uruguay, país que ya ha constituido su Institución.

V. a modo de ConClusión

Como señalé en un principio, el objetivo del Seminario es destacar la relevancia de la Conferencia Mundial de Viena y su impacto en las labores de las Institu-ciones Nacionales de Derechos Humanos.

Hasta este punto hemos visto que el citado evento demostró el compromiso de una enorme cantidad de Estados a nivel mundial con los derechos humanos. En su Declaración y Programa de Acción fue patente el hecho de querer dirigir los esfuerzos tanto de los Estados como del sistema internacional hacia la pro-tección, observancia y promoción de una amplia cantidad de derechos humanos, los cuales hasta ese momento no habían sido tratados de forma conjunta en nin-gún foro de este tipo.

Teniendo en cuenta lo anterior, se enlistó la serie de factores que por lo gene-ral eran los causantes de las violaciones de esos derechos, motivo por el cual se exigía su inmediata atención y eliminación.



Además de estos factores, estimo que otros ejes importantes de esta Confe-rencia fueron los siguientes:

1. Concebir los derechos humanos como universales, indivisibles e inter-dependientes, es decir, sin ningún tipo de jerarquización.

2. Vincular la democracia y el desarrollo con los derechos humanos. 3. Destacar la relevancia de las Instituciones Nacionales de Derechos

Humanos.

Desde ese instante, fue un desafío para los Estados miembros de las Naciones Unidas la instauración o fortalecimiento de instituciones que cumplieran cabal-mente con los Principios de París, lo que hasta el momento ha significado un gran aumento de éstas a nivel mundial.

En estos veinte años, las INDH hemos venido fortaleciendo nuestras labores a nivel nacional e internacional en la protección, vigilancia y promoción de los derechos humanos. Como ejemplo se puede citar nuestro constante reconoci-miento por parte de los Estados a nivel mundial, así como de los organismos regionales e internacionales competentes, los cuales acuden a nosotros porque somos quienes nos mantenemos en contacto directo con la población, desarro-llamos propuestas a nivel legal y de políticas públicas, y conocemos a fondo la realidad de los derechos humanos en cada una de nuestras naciones.

Asimismo, no debe pasarse por alto los muchos retos y desafíos que debemos asumir hoy día en materia de derechos humanos, tales como la pobreza; la vio-lencia; el fortalecimiento de los sistemas educativos; el mejoramiento de los sistemas de salud; incentivar la plena inclusión social; la incorporación plena de los derechos de los pueblos indígenas, de los adultos mayores, de niños, niñas y adolescentes, de las personas con discapacidad, y la empresa y los derechos hu-manos, entre otros.

Sirva pues el presente Seminario para seguir contribuyendo con esta labor.Segura estoy de que el debate generado enriquecerá nuestras actividades como agrupación, así como a nivel nacional.

Finalmente, quiero cerrar con una corta frase del gran poeta y escritor mexi-cano Octavio Paz, expuesta durante su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura en 1990, la cual considero que coincide con los fines que buscan nuestras instituciones y que debe ser una de nuestras guías:7 “[…] todas nuestras empresas y acciones, todo lo que hacemos y soñamos, son puentes para romper la separación y unirnos al mundo y a nuestros semejantes”.

7 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1990/paz-lecture-s.html.


[19]

PALABRAS DEL SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE Presidente de la mesa direCtiVa

del senado de la rePúbliCa mexiCana

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación;Dr. Raúl Plascencia Villanueva, nuestro Ombudsman;Dra. Gabriela del Mar Ramírez, Secretaria General de la Red de INDH del Con-tinente Americano y Defensora del Pueblo de la República Bolivariana de Ve-nezuela;Dr. Anselmo Sella, Defensor del Pueblo de la Nación Argentina;Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República;Dr. Omar Cabezas Lacayo, Procurador para la Defensa de los Derechos Huma-nos de Nicaragua;Mtra. Lía Limón, Subsecretaria de Gobernación:Bienvenidos todos y cada uno de ustedes:

Hoy, no sólo la Ciudad de México sino la República Mexicana deben sentirse muy orgullosas porque tienen este Seminario Internacional de Derechos Humanos y, al mismo tiempo, empieza la visita de la Corte Interamericana de Derechos Hu-manos, que sesiona en México y posteriormente celebrará también un seminario.

México, respecto al tema de los derechos humanos y su construcción en el ámbito constitucional, se ha enriquecido y a su vez ha aportado valiosos ele-mentos al concierto internacional, ya que el Derecho y todas sus ramas, como el Derecho Público, el Privado y el Social, entre otros, de cada una de las entida-des, de cada uno de los estados, han hecho contribuciones al sistema internacional.



En esta dinámica, la comunidad internacional propició la Conferencia de Viena, en donde se generó la expectativa de una obligación de los Estados para crear y reforzar organismos defensores de los derechos humanos que, a su vez, estuvieran acordes con los Principios de París para su cabal funcionamiento.

El Estado mexicano, que ya contaba con una Institución Nacional de De-rechos Humanos con autonomía propia otorgada constitucionalmente, se abo-có a dar cumplimiento al marco normativo del sistema internacional de los de-rechos humanos. Evidentemente, en la construcción de normas para ser incorporadas al sistema de leyes de nuestro país participaron todos los niveles de gobierno y de la división de poderes, para tratar de consolidar una sola visión: el respeto irrestricto a todos y cada uno de los derechos humanos.

No es tema menor la reforma constitucional de 2011, que contempla el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de confor-midad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Ha sido un tema de discusión en el pleno de la Suprema Corte y en el Senado de la República, cuyos resultados apoyan que se dé cumplimiento exacto y preciso a los derechos humanos como lo contempla nuestro ordena-miento constitucional.

Este Seminario Internacional servirá, sin duda, no sólo a México sino a todos los países que cuentan con Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y que dan cabal cumplimiento a los Principios de París, porque tenemos que ser más eficaces en la defensa y protección de los derechos humanos de nuestros connacionales. Esta tarea es más difícil en países como nuestro querido México, en donde la desigualdad sigue presente. Estamos luchando a través de unas re-formas, a través del intercambio de los diferentes puntos de vista de los grupos políticos, para generar un mejor nivel de vida a los mexicanos. Pero en donde hay grandes desigualdades es muy difícil si no se pone atento el Estado mexi-cano para dar cumplimiento a los derechos humanos. En eso, sin duda hay vocación de los tres poderes del Estado y de cada una de sus instituciones.

El Senado de la República tiene facultades concretas que le otorga la Consti-tución sobre el tema en materia internacional. Tenemos que dar cumplimiento a la vigilancia, pero también al apoyo que manifestó aquí el Ombudsman, el Dr. Raúl Plascencia, y sin duda generando un mejor esfuerzo legislativo, unas me-jores normas constitucionales y una mejor vida para todos los mexicanos.


[21]

PALABRAS DEL LIC. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONGseCretario de GobernaCión de méxiCo

La Conferencia de Viena, realizada hace veinte años, fue una de las reuniones internacionales de mayor trascendencia para los derechos humanos. La Orga-nización de las Naciones Unidas se fortaleció con nuevos mecanismos de pro-tección al crearse la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos.

Después de dos décadas y conforme a los compromisos asumidos, nuestro país ha avanzado en los rubros que fueron señalados en la Declaración y Pro-grama de Acción de Viena, destacando los derechos de las mujeres y los niños, de las personas con discapacidad, de los pueblos y comunidades indígenas, así como de los migrantes. Los Estados que participamos en la Conferencia nos com-prometimos a implementar un Plan de 10 años para cumplir estos objetivos.

Nuestro país experimentó un avance profundo en la materia y lo hizo cons-truyendo un sólido sistema de protección de los derechos humanos. La Comi-sión Nacional de los Derechos Humanos, que había sido creada tres años antes de la Conferencia de Viena, adquirió su carácter de Organismo Constitucional Autónomo en 1999, y paulatinamente se fueron creando los Organismos Públi-cos de Derechos Humanos en cada una de las entidades federativas de nuestro país. Asimismo, como parte de este sistema destaca la reforma constitucional en materia de derechos humanos, como ha referido el Presidente del Senado de la República, en el año 2011, especialmente en su artículo 1o., que reconoce el nivel constitucional de los derechos humanos previstos en los tratados interna-cionales ratificados por el Estado mexicano y que obliga a todas las autoridades a promover, garantizar, respetar y proteger estos derechos.



Lo que refrendamos hace veinte años en Viena, hoy rige la actividad pública de México a través de un nuevo texto constitucional que contempla principios básicos como interdependencia, universalidad, indivisibilidad y progresividad. A partir de esta transformación, tenemos el mandato constitucional de construir una política de Estado en la materia. Para ello, el Gobierno de la República tra-baja en cuatro vertientes:

Primero, la construcción de políticas públicas que reflejen la transversa-lidad de los derechos humanos.Segundo, la difusión de la reforma constitucional para que sea ampliamen-te conocida por toda la sociedad.Tercero, la articulación entre todos los actores involucrados para construir un proceso integral y de alcance nacional.Cuarto, la capacitación de todos los servidores públicos con base en los nuevos preceptos constitucionales. Para este fin, recientemente celebra-mos un convenio con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con objeto de lograr un alcance amplio en el ejercicio de sensibilizar a los servi-dores públicos de todas las dependencias del Ejecutivo Federal en la ma-teria; además, es prioridad la elaboración del Programa Nacional de De-rechos Humanos 2013-2018, el cual constituye una forma de cumplir con el compromiso contraído en la Declaración y Programa de Acción de Viena para que cada Estado valorara la posibilidad de elaborar un plan que me-jorara la promoción y protección de los derechos humanos.

La visión del Gobierno de la República quedó plasmada desde el primer día de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto: trabajar por un México en paz, para que la sociedad de derechos sea una realidad en la que los ciudadanos y sus familias puedan disfrutar de su libertad, desarrollarse con inclusión, con edu-cación de calidad y, sobre todo, con mejores oportunidades. En ese sentido, en enero de este año se publicó la Ley General de Víctimas, que responde a una de-manda de la sociedad y constituye la incorporación del concepto de justicia res-taurativa al sistema jurídico mexicano, poniendo a la víctima como actor central del sistema de justicia penal del que históricamente había sido relegada.

Los derechos humanos son una garantía irrenunciable, ya que son inherentes a la persona, por ello deben ser vistos en su integralidad, pues están interrela-cionados y no hay uno superior al otro. Este gobierno ha asumido plenamente su compromiso nacional e internacional de promover, respetar, proteger y ga-rantizar los derechos humanos. Dentro de unos días nuestro país se someterá por segunda ocasión al Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, y es



ésta una ocasión para reafirmar la apertura con la que este gobierno atiende a todos los mecanismos internacionales.

Este Seminario Internacional “A Veinte Años de la Conferencia de Viena: Democracia y Derechos Humanos” nos permite, sin duda, reflexionar sobre el papel de la libertad en el ejercicio de los derechos ciudadanos, lo que da consis-tencia y viabilidad al desarrollo democrático. Democracia, desarrollo y dere-chos humanos son una trilogía indisoluble. Como escribió Norberto Bobbio: “Derechos humanos, democracia y paz son tres elementos necesarios del mismo movimiento histórico, sin derechos humanos reconocidos y protegidos no hay democracia; sin democracia no existen las condiciones mínimas para la solución pacífica de los conflictos”.

En este foro, el panel de participantes, por su experiencia y prestigio, anuncia una discusión que, sin duda, servirá para fortalecer el debate, colocar temas, ideas, sobre la mesa y apuntar soluciones sobre los problemas que todavía nos aquejan. Debo destacar la participación de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Ame-ricano, porque enfrentamos desafíos comunes y porque muchas de las respuestas que estamos buscando las vamos a encontrar trabajando siempre en conjunto.

Hace dos décadas se señaló en Viena que el espíritu de nuestro tiempo y la realidad actual exigen que todos los pueblos del mundo y todos los Estados miembros de las Naciones Unidas emprendan, con renovado impulso, la tarea global de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fun-damentales para garantizar el disfrute pleno y universal de esos derechos.

Con gobernabilidad democrática, en México estamos avanzando en ello, a través de la cultura de la legalidad y del respeto a los derechos humanos para alcanzar el objetivo de consolidar una sociedad de derechos, compromiso inde-clinable del Presidente Enrique Peña Nieto de trabajar en esa ruta. La conme-moración de la Conferencia de Viena nos permite revisar los avances que se han producido en estos veinte años, así como también renovar el compromiso de hacer realidad los planteamientos de aquel histórico encuentro.

Las instancias internacionales de Derechos Humanos en su conjunto estable-cen parámetros obligatorios para todos los Estados y garantizan derechos a todas las personas sin importar su nacionalidad. Por ello, es fundamental que cada país, con respeto a su soberanía, contribuya al fortalecimiento de este sistema.

Esta convicción que compartimos los mexicanos es origen de las reformas que el Presidente de México promueve para sumarnos a ellas como sociedad y como gobierno. Nosotros, desde aquí, hacemos exhorto a todas las comunidades, a todas las naciones, que buscan sin duda poner a los seres humanos en el centro de sus políticas públicas en materia de derechos humanos, a trabajar en conjunto,



a lograr acuerdos internacionales que le sirvan principalmente a la gente. Por ello, felicito la participación de México en este Seminario, integrándose a un grupo de países que le dan valor y sustancia a los derechos humanos en cada una de sus naciones.

A todos ustedes, bienvenidos a nuestro país, gracias por hacer este Seminario aquí en México.

Y ahora, si me lo permiten, declaro inaugurado este Seminario:Hoy, 7 de octubre de 2013, declaro formalmente inaugurado el Seminario

Internacional “A Veinte Años de la Conferencia de Viena: Democracia y Derechos Humanos”, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Red de Instituciones Nacionales para la Protección y Promoción de Derechos Humanos del Continente Americano, deseándoles éxito en sus trabajos y que sus resultados sean para el fortalecimiento de los derechos y las libertades en todo nuestro continente.


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CONFERENCIA MAGISTRAL

LOS DERECHOS HUMANOS A VEINTE AÑOS DE LA CONFERENCIA DE VIENA. PERSPECTIVA

INTERAMERICANA Y MEXICANA*

PALABRAS DEL DR. SERGIO GARCÍA RAMÍREZ**9

ex Presidente de la Corte interameriCana de dereChos humanos

Muchas gracias, doctor Raúl Plascencia, por la generosa invitación que me tie-ne en esta tribuna, nervioso, anunciado como alguien que va a dictar una con-ferencia magistral cuando solamente me siento abocado a charlar con mis ami-gos y a compartir con ellos algunas reflexiones sobre derechos humanos. Confieso, desde luego, y de entrada, que usted, doctor Plascencia, llena mucho mejor que yo esta tribuna, pero trato de ocuparla sintiéndome acompañado por mis amigos de los organismos del Ombudsman continental, con los que he te-nido ocasión de compartir tantas reflexiones, remontando numerosos obstácu-los y ofreciendo resultados.

Con resultados, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha logrado vencer los obstáculos, desvanecer el escepticismo y afirmarse como lo que es:

* Versión revisada de la grabación de la conferencia del autor en la Reunión de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

** Fue Presidente (fundador) del Instituto Nacional de Ciencias Penales y miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Consejo de la Comisión Nacional de Arbi-traje Médico y del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública. Asimis-mo, fue Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Secretario del Trabajo y Previsión Social, Procurador General de la República y Presidente (fundador) del Tribunal Superior Agra-rio. Ha sido juez y Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Consejero Electoral en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es Investigador Nacional Emérito del SNI e Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.



una gran institución mexicana al servicio de su tarea eminente. También me resulta muy grato participar en un encuentro en el que se halla presente la Red del Ombudsman, Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protec-ción de los Derechos Humanos del Continente Americano, en la inteligencia de que representa una alianza de voluntades y de vocaciones, y que es prenda del nuevo constitucionalismo de nuestra América y de un espíritu cada vez más atento a la tutela de los seres humanos. Debo recordar, a propósito, para quienes están comprometidos con las tareas de los derechos humanos, el nombre del gran latinoamericano Rómulo Gallegos.

Quisiera aludir a la feliz coincidencia, aquí, de una serie de recuerdos y sucesos que constituyen el marco para esta reunión. Estamos, como tanto se ha dicho, y bajo esta convocatoria nos reunimos, a veinte años de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos y de la Declaración y el Programa de Acción de Viena.

En 1993, los representantes de 171 Estados, que no son un número pequeño y mucho menos lo eran en ese entonces, coincidieron en esta proclamación y en los compromisos que ella entrañaba. El Secretario General de Naciones Unidas, Boutros-Boutros Ghali, hizo ver que esa Conferencia “constituía uno de esos momentos raros y esenciales en que toda la comunidad de los Estados se halla bajo la mirada del mundo”.

Eso mismo puede ser rescatado para este momento: la comunidad de los Es-tados, pero más importante todavía, la comunidad de los pueblos, la gente que puebla los países de nuestra América, dicho sea en el sentido martiano de la expresión, también puede cifrar sus miradas y sus esperanzas en lo que aquí se está analizando, en lo que aquí se está fraguando, y en lo que ustedes, con fer-vor, probidad y entereza, puedan hacer para beneficiar a los integrantes de los pueblos americanos. La frase de Ghali puede ser rescatada por los Ombudsman y Ombudswoman de América y ser proyectada hacia lo que hoy sucede aquí y debiera suceder mañana.

Y digo que aquí coinciden algunas fechas, hechos y expectativas porque hace apenas unas horas se abrió en México algo que para ustedes seguramente resul-ta importante, como lo es para el pueblo mexicano, para los pueblos de Améri-ca y para mí en lo personal: un periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la que tuve el privilegio de servir du-rante 12 años. Es la segunda vez que sesiona en México. Esta Corte Interame-ricana ha sido, a últimas fechas, un tribunal itinerante que recorre los caminos de América sin abandonar, por supuesto, su residencia natural en San José, para insistir en lo que podríamos llamar, casi religiosamente, la buena nueva de los derechos humanos y su tutela jurisdiccional.



A unas cuantas cuadras de aquí, en otro solemne palacio, tan bello como éste, el Palacio Legislativo de México, la Corte inició un periodo extraordinario de sesiones que trabajará durante los próximos días, y que a través de audiencias públicas permitirá a los espectadores mexicanos advertir las características del funcionamiento de ese tribunal. Lo que allá se haga y lo que aquí se está hacien-do, sumados, contribuyen a la gran tarea en favor de los derechos humanos.

Me siento muy honrado y complacido por poder participar en esta larga marcha de un esforzado grupo de americanas y americanos en favor de nuestros compa-triotas; cuando digo compatriotas, ciertamente no me refiero sólo a los mexicanos sino a todos los latinoamericanos, miembros de una patria común, América La-tina, con todos sus avatares, angustias, problemas y esperanzas.

Si se intenta reflexionar sobre algunos de los grandes temas de los derechos humanos en los que debiéramos poner mayor atención para ver cómo se ha tra-bajado en el curso de los últimos veinte años, ya que estamos utilizando como punto de referencia la Conferencia de Viena, me agradaría destacar algunos, de los que me ocuparé a continuación.

En primer término diré: la universalidad de los derechos, una gran cuestión que nos preocupa. Los derechos humanos están naturalmente abocados a la universalidad. No podría haber materia más universal. Se requiere que tales derechos adquieran efectivamente prestancia y grandeza en el mundo entero. Para ello se ha trabajado veinte años. Sigue siendo uno de nuestros grandes te-mas y una asignatura pendiente que no hemos alcanzado culminar.

En segundo término mencionaré el régimen o los regímenes de tutela inter-nacional en el mundo entero y en América. Recordemos, como aquí se hizo, que en Viena se pidió crear, y efectivamente se creó posteriormente, la figura del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta fun-ción eminente ha dado excelentes resultados, y junto con ella han surgido otras entidades, instituciones de alcance nacional e internacional, comprometidas en la tutela de los derechos humanos. Éste es un segundo tema sobre el cual vale la pena reflexionar.

En tercer término −aunque no sé si realmente debiera ser el primero− aludi-ré a la existencia y el trato que damos a esa enorme población a la que solemos identificar bajo el rubro de vulnerable. La Conferencia de Viena no podía menos que volver la mirada, y la volvió en efecto, hacia algunos sectores llamados vul-nerables, que merecían atención privilegiada, para tratar de sacarlos de la pos-tración y reconocerles con efectividad, con eficacia, sus derechos y libertades.

En Viena se habló −y seguimos haciéndolo, pero no sólo hablando sino tam-bién actuando− de los derechos y libertades de la mujer, siempre en riesgo, aco-sada por circunstancias adversas; se habló del niño, los vulnerables por antono-



masia, que dice Ferrajoli. También se hizo referencia a las poblaciones indígenas, que desde la perspectiva europea no siempre resultan consideradas o compren-didas, pero que desde la perspectiva americana y, dentro de ella, la mexicana, merecen una dedicación particular. Al tema de las comunidades indígenas, lar-gamente explotadas y despojadas, se han destinado muchas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, sentencias de los tribunales y diversas acciones. Me consta la preocupación mexicana a este respecto y la de los Órga-nos Nacionales de Protección de los Derechos Humanos según las características de los distintos países.

También se habló entonces de una situación dramática en la que ha cargado el acento el Ombudsman nacional mexicano, y seguramente lo han hecho y lo harán otros Ombudsman: el drama de los trabajadores migratorios o de los mi-grantes en general, los desplazados, los extraños, los que no son vistos por una sociedad como parte de ella misma y que se encuentran sujetos a todo género de riesgos y explotaciones. El drama que viven los migrantes en agravio de sus dere-chos humanos es bien conocido pero escasamente atendido.

Asimismo, se habló entonces, veinte años atrás, de las minorías de todo gé-nero, conjuntos reducidos a los que se identifica por diversas razones, que pue-den ser culturales, políticas, religiosas, y que tampoco salen bien librados a la hora de intentar el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Los discapacitados integran otro grupo en el que cifró su atención la Confe-rencia de Viena. Podríamos ampliar la expresión y hablar en general de quienes padecen enfermedades de diverso carácter que los ponen en riesgo de sufrir un grave quebranto de sus derechos fundamentales. Éste es un tercer gran tema a analizar cuando uno se plantea qué hemos hecho en el curso de los últimos vein-te años y qué nos proponemos hacer a lo largo de los veinte años que siguen y muchos más que vendrán.

Además, vale la pena que nos esforcemos en analizar lo que ha ocurrido con los derechos de las dos grandes generaciones de derechos humanos: civiles y políticos, así como sociales, económicos y culturales, reconociendo, confesan-do, que hemos batallado más y hemos dado más pasos en el camino de los de-rechos civiles y políticos que lo que hemos logrado, al menos en nuestros pue-blos, conforme a sus circunstancias, para los efectos del desarrollo y la eficacia de los derechos sociales, económicos y culturales, que tienen, como también se ha dicho insistentemente, el mismo rango que los anteriores. Se hallan en pie de igualdad con los tradicionales derechos civiles y políticos, que fueron, sin duda, los primeros en aparecer en la escena. En ese sentido, y sólo en él, es que habla-mos de una primera y una segunda generaciones, cronológicamente, no por su



alcurnia, su dignidad y su relevancia, sino por su aparición en la escena de la historia de los derechos humanos.

Otra gran cuestión a la que conviene que nos refiramos y analicemos es que se han logrado algunos avances, como pienso que en efecto ha ocurrido, en las consecuencias jurídicas de la violación de los derechos humanos, lo que sole-mos denominar, tanto en la experiencia europea como en la americana, bajo el término de reparaciones, que me parece un concepto corto, demasiado restrin-gido para abarcar la dimensión de este fenómeno. Aludo ahora a todas aquellas medidas que son consecuencia de las violaciones y a las que debe atender el Estado en beneficio de los violentados, de los victimados, pero también para prevenir e impedir violencias futuras, como garantía de la mayor observancia de los derechos de las actuales y de las futuras generaciones. El tema de las repa-raciones ofrece características singulares en el Continente Americano, que lo distinguen a fondo de las que se presentan en el Continente Europeo, no obstante su más larga experiencia.

Finalmente, me parece útil que apreciemos lo que ha ocurrido en estos vein-te años a propósito de lo que solemos calificar como violaciones graves de los derechos humanos. Estoy persuadido, desde luego, de que para cualquier vícti-ma es grave la violación que ha padecido, cualquiera que sea su apariencia o entidad; es casi ofensivo decir a quien ha sufrido el menoscabo de un derecho, de una libertad, que su problema no es grave. Pudiera no serlo para un observa-dor que confronta ese hecho con otros que parecen de mayor monta, pero las violaciones son igualmente graves para todos, aunque sean más o menos visi-bles para el conjunto y para el Estado.

El hecho de que se produzcan violaciones graves, hasta gravísimas, de dere-chos humanos ha motivado un desarrollo singular de las jurisdicciones de esta materia, sobre todo de la justicia penal internacional. Ésta es la vertiente punitiva para la preservación extrema de los derechos humanos, como lo es la vertiente punitiva en el orden nacional. A fin de cuentas, el Derecho Penal protege, o trata de proteger, la vida, la libertad, la integridad, el patrimonio, es decir, bienes jurí-dicos que están en el corazón de los derechos humanos. Otro tanto procura la justicia penal internacional, y de ahí su enlace con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Estas violaciones graves son constitutivas de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y, eventualmente, agresión.

Los derechos humanos surgen como un tema relativamente novedoso porque no tienen la antigüedad que poseen otras expresiones de los derechos y las obliga-ciones. Tal como ahora los reconocemos poseen una antigüedad de dos siglos, que no es mucho para la historia de la humanidad. Provienen del final del siglo XVIII y surgen de una “gran revolución”. Quienes me han escuchado en otras ocasio-



nes, saben que me he referido a las grandes revoluciones en la historia de la hu-manidad. La primera de ellas, la de Prometeo −si es que hubo uno solo, porque seguramente hubo muchos Prometeos−, que descubrió la potencia del fuego, la capacidad humana para resolver muchos problemas naturales, y al hacerlo dio un paso revolucionario hacia el futuro y entronizó al hombre como señor de la creación, que emprende el dominio del universo a partir de la energía. Ésa fue, me parece, la primera gran revolución en la historia de la humanidad. Y la segun-da, una revolución que no ha terminado, en la que estamos inmersos, surgió al cabo del siglo XVIII, cuando el ser humano se irguió sobre el cimiento de sus dere-chos y sus libertades, enfrentándose al monarca absoluto, esgrimiendo esos de-rechos y libertades y proclamándose hombre libre, dueño de su persona y de su destino. Fue el momento histórico de encuentro entre el poderoso Leviatán, que encarnaba el poder político, y el ser humano, el hombre desnudo de prendas, de potestades, de prestigio, el hombre natural, como lo somos todos, en su pura esencia y condición de ser humano; no el gobernante, el poderoso, el inteligente, el acaudalado, simplemente el ser humano, entronizado como personaje de la historia cuando se alzaron las colonias inglesas en Norteamérica y los franceses emprendieron su gran Revolución, recorriendo las calles de París y lanzando la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano.

Los derechos humanos, finalmente, no son oriundos de la paz, el sosiego, la tranquilidad, sino que son nativos de la guerra. Hubo necesidad de arrancarlos a los poderosos, como hubo necesidad de arrancar el fuego a los dioses. Ninguna revolución se hace apaciblemente, ni aquélla de Prometeo ni ésta de los hombres que inauguraron la nueva era. Esto ha traído consigo una larga proeza jurídica, política y ética, aportando una serie de conceptos fundacionales sobre en qué es indispensable poner nuevamente nuestra atención. En ocasiones sucede que la profusión del bosque nos impide ver los grandes árboles patricios que se encuen-tran en el corazón de aquél y que son los conceptos fundamentales sobre los que estamos montando nuestra doctrina y nuestra práctica de los derechos humanos.

Los derechos humanos son la entraña de la Constitución. Cuando se habla de reformas constitucionales y de las características de un texto supremo, a menudo pensamos en la organización del poder, en la organización de los entes que com-ponen el gran aparato del Estado. Una constitución es −la misma palabra así lo insinúa− una organización del Estado, de sus poderes y las relaciones que éstos guardan entre sí. Sin embargo, esto nos hace olvidar cuál es la verdadera entraña de una constitución, su verdadero designio, su esencia: los derechos humanos. ¡Ay de nosotros si perdiéramos esa convicción y trabajásemos sobre nuevas cons-tituciones o reformas constitucionales desdeñando el gran tema de los derechos humanos!, y si olvidásemos los textos fundadores de la nueva era que señalaron



el objeto y el fin de la sociedad política: la preservación y el engrandecimiento de esos derechos.

Cuando uno oye hablar de la reforma del Estado, por ejemplo, y se pregunta de qué reforma se trata, hay quienes responden que de una nueva construcción a propósito del Poder Legislativo, del Ejecutivo, del Judicial. Sin embargo, la ver-dadera gran reforma del Estado es aquella que más aporte al bienestar, a la justi-cia, a los derechos y las libertades de los individuos, que son el fin de la sociedad política, sin los cuales ésta no se explica y tampoco se justifica. Vale la pena que ponderemos, a la hora de hacer el diagnóstico sobre la situación que guardan los Estados y los poderes públicos, cuál es el papel que éstos han jugado en relación con los derechos fundamentales del ser humano, para calificarlos según ese punto de referencia.

En estos años hemos construido lo que Häberle llama, desde hace tiempo, un “constitucionalismo antropocéntrico”. También existe, por cierto, un interna-cionalismo antropocéntrico. Es decir, hemos colocado al ser humano en el cen-tro del constitucionalismo nacional e internacional. En el curso de estos años emitimos muchas solemnes Declaraciones que alojan las convicciones y las decisiones adoptadas por un nuevo personaje: “la humanidad”. El ser humano tiene una historia más larga; la humanidad, una relativamente reciente. Probable-mente aparece en la escena, sobre todo, cuando las grandes tragedias bélicas po-nen de manifiesto la existencia de ese personaje que tiene valores y bienes propios, y que resiente con gran dolor, a costa de mucha sangre, las violencias sobre los derechos y los bienes fundamentales de sus integrantes.

También hemos expedido una serie importante de instrumentos, convencio-nes internacionales, mundiales unas, regionales otras, a pesar de que las regio-nales suelen reiterar temas, conceptos y apremios, porque reconocemos que a fin de cuentas hay tonos, acentos, aspectos específicos de cada región del mun-do, y a veces de cada país del planeta, que nos llevan a destacar −sin pérdida de las concepciones de carácter universal− concepciones de orden regional. Así podemos explicarnos que habiendo una Declaración Universal, tenemos una Declaración Americana, y que habiendo un Pacto de Naciones Unidas sobre derechos diversos, contamos con un Convenio Europeo y una Convención Ame-ricana. Esto es el reflejo de particularidades que de ninguna manera ignoran u olvidan lo universal, pero que saben y buscan cargar el acento en lo particular o regional. Asimismo, hemos construido un aparato de garantías que son ins-trumentos y herramientas para someter la realidad a la razón.

En la víspera de la Conferencia de Viena, a la hora de hacerse el recuento de los instrumentos, se halló la siguiente situación, que paso a describir y compa-rar con la situación que guardan actualmente esos mismos instrumentos, ade-



más de mencionar algunos que entonces no existían. Es lo que va de ayer a hoy, lo que se ha hecho, lo que hemos caminado con mayor o menor eficacia en el curso de estos veinte años. Refirámonos, pues, a algunas de estas grandes Con-venciones, mencionando el estado que mostraban hace veinte años:

• Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, con 135 Estados comprometidos, ratificadores o adherentes en 1993; hoy tiene 176.

• Convención sobre el Genocidio (el crimen terrible que sacudió la concien-cia de la humanidad, sobre todo a partir de la Segunda Guerra, aunque el genocidio no data de ésta, tiene una historia mucho más antigua), que en aquel entonces contaba con 110 Estados parte; hoy cuenta con 142.

• Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tenía 121 Es-tados parte; hoy tiene 160.

• Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En 1993 había 118 Estados parte; hoy son 167.

• El Instrumento que ha caminado con gran celeridad y paso firme para proteger a la mujer de todas las formas de discriminación, lo que co-nocemos como la CEDAW, disponía en aquel entonces de 123 ratifi-caciones; hoy tiene 187. Es un caso prácticamente excepcional, aunque hay otros que se le aproximan e inclusive lo superan.

• Convención sobre los Derechos del Niño, quizá el caso más llamativo, tenía 138 Estados parte; hoy tiene 193.

• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-manos o Degradantes. En aquel entonces contaba apenas con 73 rati-ficaciones (expresión de una cierta cautela o reticencia de parte de los Estados, pero no quiero hacer psicología política); hoy son 153.

• Convención para la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, que tiene que ver con un drama universal y americano. En ese momento −tómese en cuenta su fecha de adopción (1990)− un solo Estado había ratificado la Convención; hoy son muchos más, pero no tantos como quisiéramos, apenas 47, cifra que no puede comparar-se con el número de Estados que han ratificado otras Convenciones.

• Segundo Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-líticos, relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. Contaba entonces con 15 ratificaciones; hoy posee 77.

• En plena era de reivindicación de los derechos humanos, la muerte como pena todavía se resiste a morir. En las últimas moratorias acor-dadas en el seno de Naciones Unidas sigue habiendo un número domi-



nante de Estados favorecedores de la moratoria. Debiéramos favorecer la supresión, no solamente la moratoria; por lo pronto propiciamos la moratoria universal, y sigue habiendo un número impresionante de Estados que se abstienen: 80, que no admiten la urgencia de una mo-ratoria universal.

Después de la Conferencia de Viena, esto es, con posterioridad a 1993, han surgido los siguientes Instrumentos.

• Convención contra la Desaparición Forzada, de 1998, con 122 suscrip-tores. Vale la pena mencionar que primero fue la Convención correla-tiva de América, de los Estados americanos, y luego ésta de carácter universal.

• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006, con 134 suscriptores.

• Estatuto de la Corte Penal Internacional, de 1998, con 122 suscriptores.

No ha sido fácil la caminata de la Corte Penal Internacional. En todos los años transcurridos, con gran esfuerzo, todavía no ha conseguido concluir un número apreciable de casos. Habiendo tantos que están pendientes de análisis jurídico penal a fondo, apenas se ha dictado una sentencia, una condena firme en relación con un delito cometido en la República Centroafricana.

Este paisaje somero que he traído a la consideración de ustedes nos permite ver, al menos desde el punto de vista de la voluntad jurídica, trasunto de la vo-luntad política, que ha habido un incremento exponencial en la preocupación de la humanidad y de los Estados por ampliar el catálogo de instrumentos ga-rantizadores de los derechos humanos. Agreguemos a todo esto los instrumen-tos, las convenciones, los protocolos del área americana, los instrumentos inte-ramericanos a los que todavía no me he referido.

Cabe hablar de diversas navegaciones en procuración de los derechos huma-nos a lo largo de este tiempo. Digamos que la humanidad, este nuevo personaje, emprendió un viaje hace varias décadas, desde cierto puerto, exento de los dere-chos humanos, hacia otro distante, de difícil acceso, en el que imperan los de-rechos humanos en pleno ejercicio. Ése es el gran viaje ecuménico, universal, pero cada quien ha hecho o está haciendo ese viaje a su manera. Esto no es repro-bable. Como individuos, como regiones, tenemos distintas maneras de entender los mismos problemas, y aunque sabemos cuál es nuestro destino y lo que que-remos, cuál es nuestro itinerario y lo comprometemos, al mismo tiempo hacemos el recorrido en formas diferentes, con nuestras propias modalidades, con un



cierto margen nacional o regional de apreciación que nos aproxima a un destino común, al que nos dirigimos con características propias y diferenciadas.

Europa ha hecho su navegación. El Convenio Europeo de 1950 agrupa hoy a 47 Estados integrantes del Consejo de Europa, con sus 800 millones de habitan-tes. Es una fuerza enorme y aporta una experiencia formidable. En el curso de esa navegación europea, emprendida en 1950, alumbraron algunos organismos como la Comisión, ya extinta, y la Corte Europea, y se ha complementado aquella Convención con varios protocolos para perfeccionar la navegación en el rumbo que los propios europeos han considerado más apreciable. Éste es un punto de referencia interesante para nosotros. No necesariamente debemos cifrar nuestro entusiasmo en las soluciones europeas, pero es preciso espigar en ellas algunas realizaciones interesantes que pudieran resultar aprovechables.

En otro momento se puede mencionar la navegación africana, que no es la segunda en tiempo pero sí la más reciente. Cuenta con una Corte establecida después de 1993, que inició su marcha con enormes dificultades junto con la Comisión Africana. Ahí tenemos otra manera de hacer la navegación, mucho más compleja, con resultados más modestos por ahora.

La navegación americana combate el autoritarismo, que no es patrimonio de América. Han existido autoritarismos europeo, asiático, africano. Nosotros tu-vimos −o tenemos− el nuestro, que no es apenas una derivación de la conquista: ya nos lastimaba desde una etapa muy anterior a ésta. A lo largo de los siglos hubo expresiones de un duro autoritarismo que menoscabó severamente a nues-tros pueblos y a sus integrantes, pero también ha habido una reacción humani-taria de enorme valor, que persiste y que ustedes encarnan, que nos ha permitido construir normas, instituciones y experiencias. Es la reacción que abanderaron, en su momento, personajes como Talamantes y Las Casas. Es la reacción contra el autoritarismo, primero metropolitano y posteriormente contra todos los au-toritarismos que han producido nuestros países en los últimos siglos, que no fueron pocos ni benévolos. Los hemos combatido en esta navegación de un Sis-tema Interamericano imperfecto, con múltiples avatares, necesitado de reflexión, ponderación, progreso. Finalmente, hoy existe un Sistema Interamericano ahí donde antes no había nada.

He hablado de lo que pasaba hace veinte años, en referencia a Viena, pero si me permiten ir un poco más atrás, hablemos de lo que pasaba hace cincuenta o sesenta años, que no son tantos para la vida de un continente, no se diga para la vida del mundo, ni siquiera de una nación. ¿Qué había?, ¿qué teníamos hace to-dos esos años? En esta materia, por lo que toca a las perspectivas internacional y regional, no teníamos absolutamente nada, ni convenios, convenciones, pactos o protocolos, ni herramientas, instrumentos, comisiones o cortes. No teníamos



otra cosa que buena voluntad y muchos sueños, que afloraron a unos pasos de aquí, en Chapultepec, en 1945, cuando se reunió la Conferencia sobre Problemas de la Guerra y de la Paz; sueños que reaparecieron en la Conferencia Interame-ricana de Bogotá, en 1948, en plena contienda civil, en el marco del Bogotazo; que siguieron marchando y poco a poco dieron luz acerca del itinerario ameri-cano, creando la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, y generando instrumentos, uno de ellos sobre derechos de segunda generación, el Protocolo de San Salvador, cuyo grado de cumplimiento merece un análisis muy cuidadoso. Los hombres que redactaron la Convención Americana en 1969 pusieron muchas esperanzas en los derechos económicos, sociales y culturales, pero esas esperanzas no los llevaron tan lejos como para colocar tales derechos en la Convención de San José; hubo necesidad de esperar a que se emitiese, tiempo después, aquel Pro-tocolo.

Con este marco tenemos una suma de convicciones que nos comunican, a pe-sar de nuestras diversidades y diferencias legítimas, convicciones en el ser hu-mano, convicciones a propósito del Estado y de la sociedad. Colocamos al ser humano, bajo el principio pro homine, en el centro de la escena. Contamos con una normativa frondosa, numerosa, en comparación con el vacío de hace sesen-ta años. Ahora tenemos mucho, aunque no lo necesario todavía. A los pactos, tratados, protocolos, se han agregado recomendaciones oriundas de autoridades nacionales o internacionales, sentencias de tribunales, opiniones consultivas, múltiples actos jurídicos, cuyo valor conviene examinar y meditar, que han lle-gado a integrarse en ese enorme universo de los actos jurídicos vinculados con los derechos humanos.

En el curso de este tiempo también hemos animado la voluntad y la acción de los protagonistas, que antes trabajaban por su cuenta, encerrados en sus fronte-ras nacionales, y que ahora trabajan por cuenta de la región, trascendiendo esas fronteras. El arduo camino de la democracia que ha recorrido el Continente Americano, con distintas vicisitudes y en diferentes grados, ha ayudado a la exaltación de los derechos humanos. Aquí se recordó la vinculación existente entre paz, democracia y derechos humanos. El difícil camino de la democracia se ha desarrollado en muchos Estados americanos que no lo transitaron ni en 1945 ni en 1948. Ha permitido un mayor florecimiento, aunque no un absoluto imperio, de los derechos fundamentales.

En América tenemos una organización integrada por 34 Estados −serían 35 si agregáramos, como ojalá podamos hacerlo en un futuro cercano, a Cuba− con derechos en ejercicio, de los cuales 23 son Estados parte de la Convención Ame-ricana y 20 se hallan sujetos, por reconocimiento soberano, a la competencia



contenciosa de la Corte que hoy inicia su cuadragésimo octavo periodo de se-siones extraordinarias.

Como sabemos, no somos un continente homogéneo, un conjunto único y pa-rejo. Tenemos, al igual que Europa y África, características diferentes en distin-tas regiones. Seguramente por eso cuando nos referimos a nosotros mismos, o cuando el observador o analista se refiere a nosotros, no siempre habla de Amé-rica sino de las Américas. Aceptamos esa expresión, las Américas en plural, y así abordamos la geografía de los derechos humanos.

En el norte de América hay dos Estados de enorme importancia que no son partes de la Convención Americana ni reconocen la competencia contenciosa de la Corte. Hacia el sur del río Bravo y hasta la Patagonia, todos los Estados, con alguna excepción, son parte de la Convención y reconocen la competencia con-tenciosa de aquélla, lo que nos permite decir con cierta propiedad que el tema jurisdiccional americano se ha convertido en un espacio judicial latinoamerica-no. No era el sueño de los fundadores, que pretendían un espacio judicial ameri-cano. Esto se halla lejos todavía.

En cuanto a los países de la otra América, el Caribe, solamente dos Estados aceptan lo que llamamos la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. El Caribe constituye un conjunto muy heterogéneo por su ascendencia política, sus idiomas, sus culturas, en donde se encuentran las tradiciones jurídicas ho-landesa, británica, francesa y española. No es fácil el Caribe, pero integra una región muy apreciable cuya cercanía al Sistema Interamericano todos deseamos.

Esto es lo que ha pasado con la geografía de nuestra América desde el punto de vista de la tutela jurisdiccional. Obviamente, cada Estado tiene, y no podemos menos que desearle éxito, sus propios instrumentos internos de protección de los derechos humanos. No estoy insinuando que sea indispensable contar con instru-mentos externos si los internos son suficientes. Ésta ha sido, por cierto, la tesis de los Estados Unidos de América, compartámosla o no, aduciendo que bastan sus instituciones nacionales para la tutela de los derechos básicos del ser humano.

Voy a dejar de lado otros grandes temas: los grupos vulnerables, la justicia penal internacional, que seguramente serán materia de una meditación más pun-tual y penetrante en las mesas, los talleres, las secciones que van a trabajar a par-tir de este momento. Sólo deseo, a título de colofón y despedida, recordar que el Sistema Interamericano, con sus imperfecciones, muchas veces señaladas desde distintos puntos de América, es finalmente lo único que tenemos. No constituye un sistema acabado que hubiese culminado en ese puerto de llegada al que me referí. De ninguna manera. Ningún sistema regional ha culminado, pero aquél es el único que tenemos, una obra en proceso, en marcha, una nave-gación que, valga la redundancia, “navega”.



Hace mucho tiempo esa navegación salió de su puerto de origen y falta mucho para que alcance su destino. Conviene que todos pongamos nuestro esfuerzo para que avance con prestancia y con presteza. Es un sistema en riesgo. Los derechos humanos se hallan en riesgo constante. Los movimientos políticos, económicos, sociales, culturales, plantean, como sabemos, nuevos y grandes desafíos para estos derechos; de pronto pueden vulnerarse progresos trabajosamente alcanza-dos merced a alguna contingencia indeseada, no querida, no prevista.

Comparo esto, con frecuencia, con un camino abierto en la selva mediante el arduo trabajo de muchas generaciones de operarios. Sin embargo, el descuido de una noche, un momento de sueño, un parpadeo, pueden ocasionar que la sel-va ocupe de nuevo el espacio que abrimos en ese camino y cierre a las nuevas generaciones la ruta que abrieron otras generaciones. Hay que estar atentos. En un momento podemos perder lo que hemos ganado en varias décadas.


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MESA I:

“LAS INSTITUCIONES NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS A VEINTE AÑOS DE LA CONFERENCIA

DE VIENA”

PARTICIPACIÓN DEL DR. ANSELMO SELLA*10

adjunto i del defensor del Pueblo de la naCión arGentina

Voy a tratar de dar un poco del itinerario que han tenido los derechos humanos en mi país, de manera que no voy a poder dejar de ser, en alguna medida, un poco autorreferencial, porque es lo que conozco.

En lo que corresponde al Seminario, creo que va ser muy importante; me pa-rece que no va a ser tan fácil poner solamente en veinte minutos lo que son los últimos veinte años de modificaciones económicas, sociales, jurídicas y políti-cas en Argentina, pero voy a intentar hacer una síntesis, de manera que quienes me están escuchando se lleven un reflejo adecuado de lo que ha ocurrido en nuestro país, Argentina, tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo, esto es, en lo instrumental, relacionado con la evolución que han tenido los derechos humanos.

En primer lugar, quiero decir que la cuestión de los derechos de la persona humana en Argentina es un tema central. Argentina vive desde hace tres déca-das una transformación profunda en el campo de lo cultural y en el campo de lo jurídico.

En este campo de lo jurídico, estamos atravesando un paso de lo jurídico clá-sico a lo jurídico considerado en términos de derechos humanos. Con esto me

* Abogado, graduado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Na-cional de Córdova, Argentina. El doctor Anselmo Sella ha tenido una muy extensa trayectoria en diversos cargos, entre los cuales se encuentra la administración pública y el Poder Judicial de la propia nación de Argentina. Fue Presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, y actualmente funge como Adjunto I a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina.



refiero a que la persona es el eje central de todo lo que ha vivido la República Argentina en los últimos treinta años, esa persona que cada vez más deja de ser un simple administrado frente a un poder administrador, para pasar a ser un sujeto titular de derechos que tiene la posibilidad de ejercitarlos ante un Estado cuya última finalidad no es simplemente el ejercicio del poder o la organización, sino garantizar el ejercicio de los derechos humanos, tratar de garantizar la sa-tisfacción de los proyectos de vida de la sociedad.

De manera que bajo esta idea de que nuestro país está produciendo, merced al influjo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, estas modifica-ciones jurídicas y sociológicas en el concepto de persona, es que voy a intentar explicar de qué manera viene esto ocurriendo por tres vías diferentes.

En primer lugar, por un mayor reconocimiento de los derechos de la persona humana; en segundo lugar, por la atribución de herramientas de protección, o sea, de aquellas herramientas internas que van a permitir que esos derechos, que son ratificados y se encuentran en las convenciones y en las leyes, pueden efectivamente ser ejercidos por parte de todos los habitantes de nuestro país; por último, explicaré la manera en que todas estas modificaciones han llegado, si es que han llegado a la realidad de la vida de las personas humanas en Argentina.

Quiero adelantarme en mencionar que hay un último capítulo que creo que es importantísimo, al cual voy a referirme, que es el relacionado con los delitos de lesa humanidad; porque la democracia en Argentina se ha conseguido con el sacrificio de toda la sociedad, el Estado de Derecho no estuvo completo hasta el momento en que bajo el paradigma de memoria, verdad y justicia pudo con-seguirse justamente eso: la memoria, la verdad y la justicia para evitar que una dictadura atroz, como la que ocurrió entre 1976 y 1983, pudiera suceder nueva-mente, y lograr que las personas que participaron en esos crímenes aberrantes sean juzgadas por la justicia civil y de acuerdo con el Derecho Común y el De-recho de los Derechos Humanos.

Voy a recordar cómo ha sido el reconocimiento de los derechos de las perso-nas, de los habitantes en Argentina. Vivimos una revolución humanitaria que viene desde la época de la Revolución francesa y desde la época de la Revolu-ción norteamericana, en la cual se escuchó el grito de libertad e igualdad y se llevaron adelante de esta manera los derechos civiles y los derechos políticos fundamentales; estos derechos, naturalmente en la Constitución de nuestra Re-pública Argentina de 1853, como en las constituciones liberales prácticamente de todos los países de América, estaban reconocidos.

Ahora ha ocurrido que estos derechos civiles y políticos, más los económicos, sociales y culturales que habían sido incorporados por sucesivas reformas cons-titucionales en Argentina, principalmente la nueva Constitución de 1949, sancio-



nada durante el gobierno de Juan Domingo Perón, ratificada por la reforma cons-titucional de 1957, han sido ampliamente ratificados por una nueva reforma constitucional que, en mi opinión, ha sido muy importante, que es la de 1994.

En esta reforma constitucional de 1994 se incorporaron muchos instrumentos que ratifican la vigencia de estos derechos llamados de primera y de segunda generación. En relación con los derechos de segunda generación, fundamental-mente con la incorporación del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y con la incorporación con rango constitucional de otros instrumentos internacionales de derechos humanos, a los cuales me voy a refe-rir en seguida.

También debo referirme al tema del reconocimiento definitivo de derechos a la persona humana, porque la Constitución de 1994 así lo ha hecho. A la am-pliación de los derechos políticos mediante la incorporación de diversos instru-mentos de democracia semidirecta, como es la consulta popular o el derecho de iniciativa popular, el reconocimiento de los partidos políticos en la propia Cons-titución como única forma de ejercer la democracia representativa; partidos políticos a los cuales, además, constitucionalmente se les garantiza la elección democrática de sus autoridades en competencia con todos quienes formen par-te de esos partidos políticos, y muchas otras formas que nos acercan más a la democracia participativa, como las audiencias públicas previo a la toma de de-cisiones importantes por parte de la autoridad y a la participación de asociacio-nes de consumidores y provincias como entes de control.

Como me estoy refiriendo a los derechos civiles y políticos, derechos econó-micos, sociales y culturales, quiero mencionar que siendo Argentina un país que ha vivido tristemente un profundo quiebre institucional a lo largo de todo el si-glo XX, fueron convalidados con posterioridad a esos quiebres institucionales por la justicia, por doctrinas que seguramente todos conocemos, que son las doc-trinas de facto, la doctrina de la continuidad, necesarias del Estado. En lo sucesi-vo, es probable que eso no ocurra más porque la propia Constitución de 1994 ha establecido una cláusula de autodefensa que se llama Cláusula de la Democracia.

Dice esta cláusula:

Esta Constitución mantendrá su imperio aún cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos;

Sus autores serán pasibles de la sanción prevista para los traidores de la patria inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y exclui-dos de los beneficios de la conmutación de penas;



Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Consti-tución o de las provincias;

Las acciones respectivas serán imprescriptibles.

No quería pasar por alto esta cláusula porque es una cláusula que es natural-mente una reacción al autoritarismo; pero, aparte de ser una reacción al autori-tarismo, es un freno desde lo jurídico. Va ser imposible que en lo sucesivo se puedan justificar nuevamente algunas de las interrupciones al orden institucional y al Estado de Derecho como ha ocurrido en nuestro país.

Otra forma de reconocimiento de los derechos por parte del Estado argentino ha sido la jerarquización, la introducción con rango constitucional de diversos tra-tados de derechos humanos, lo cual, independientemente del valor del Derecho Positivo y del valor de ubicarlo en la parte más alta de la pirámide jurídica, que es la Constitución Nacional, tiene el significado de la importancia que le atribuye Argentina a los derechos humanos, a la doctrina de los derechos humanos.

Así, se han incluido en un artículo de la Constitución; la Declaración Ame-ricana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración de los Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Inter-nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tor-tura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Convención sobre los Derechos del Niño; además, la Constitución Nacional estableció una cláusula de apertura que indicó que con una mayoría agravada de los dos tercios de la totalidad de los miembros de cada Cámara se podrían incluir con rango constitucional otros tratados de derechos humanos. Esto es lo que ha ocurrido, en años sucesivos, con la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crí-menes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, y con la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas.

También debo mencionar como reconocimiento de los derechos a las personas que por la incorporación de estos tratados y por diversas leyes se ha producido la conformación de cuerpos legales que protegen a los colectivos sociales histórica-mente vulnerados.

Por un lado teníamos la cuestión de los derechos, la cuestión sustancial de qué derechos goza la persona humana; por otro lado, cuáles son las herramien-tas de protección de esos derechos.



En términos de las herramientas de protección de esos derechos me voy a referir, primeramente, a una herramienta que es la legitimación procesal que se ha acordado a cualquier persona, al afectado cuando forma parte de un colecti-vo, en representación de ese colectivo, a las Organizaciones No Gubernamen-tales que tienen determinadas finalidades y al Defensor del Pueblo Nacional y Provinciales, una legitimación procesal anómala naturalmente. Esto es un avan-ce muy notable sobre lo que fue el Derecho Clásico desde el punto de vista civil y desde el punto de vista administrativo, para obtener el reconocimiento y la garantía de efectividad de distintos derechos de estos colectivos.

Esta legitimación procesal ha redundado en enormes beneficios, porque se produjo un activismo judicial por parte de Organizaciones No Gubernamenta-les y por parte de la propia Defensoría del Pueblo, que también es uno de los temas que teníamos que tratar hoy, que ha realmente beneficiado y ha demostra-do la existencia de este instrumento como idóneo para la defensa de los derechos.

Además se establecieron en la Constitución de 1944 de manera expresa accio-nes expeditas para la defensa de los derechos, como el amparo, el habeas corpus o el habeas data, el amparo colectivo, y acciones de clase “A”, incorporadas re-cientemente, hace dos o tres años, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual permite también, con una legitimación procesal ampliada, generar la re-presentación de defensa de derechos de colectivos muy importantes.

Asimismo, se ha incorporado a la Constitución Nacional, en el artículo 86, la figura del Defensor del Pueblo de la Nación bajo una forma que sigue en al-guna medida la establecida en la Constitución Española. Cuando digo esto me refiero a que no solamente el Defensor del Pueblo tiene como función la protec-ción de los derechos humanos y el control del ejercicio de las funciones públicas; pero este control del ejercicio de las funciones públicas está hecho más precisa-mente en función de la defensa de los derechos humanos, ya que hay otros or-ganismos que tienen la función específica de controlar la función pública.

La Defensoría del Pueblo tiene legitimación procesal, tiene diversas herra-mientas de investigación, tiene la posibilidad de requerir informes que deben ser contestados por los funcionarios nacionales y provinciales de manera obligatoria; de esta manera se ha convertido en una figura importante en términos de control, así como en términos de garantía del ejercicio de los derechos y de equilibrio democrático.

También han existido como herramientas de protección nuevos mandatos sobre los poderes públicos, en orden de dar cumplimiento de estos derechos. Estos nuevos mandatos son legislar y promover medidas de acción positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, así como el pleno goce y ejercicio de los derechos, principalmente respecto de los niños, de las mujeres,



de los ancianos, de las personas con discapacidad, el reconocimiento de la pre-existencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de Argentina, garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.

Ahora bien, lo que ha ocurrido en la realidad con estos derechos que he men-cionado y con los instrumentos de protección es que principalmente se generó un activismo judicial impulsado por la sociedad civil, el cual generó también el desarrollo profundo de una doctrina y jurisprudencia en defensa de los derechos colectivos.

En este aspecto, solamente para mencionar ejemplos, se han iniciado, por parte de personas, de Organizaciones No Gubernamentales y de la Defensoría del Pueblo en su conjunto, acciones ambientales como la acción que pretende el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo en las provincias de Buenos Ai-res y la Nación Argentina, y la propia ciudad de Buenos Aires, que ha obtenido una sentencia en el año 2008 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha generado una novedosa situación, digamos decisión jurídica, que ordenó di-rectamente, sustrayendo funciones administrativas o competencias adminis-trativas del Ejecutivo nacional, la realización de un plan de saneamiento y la generación de un Comité de Cuenca, el cual fue ratificado de manera definitiva por una ley.

Por vía del activismo judicial se han obtenido resoluciones muy importantes para aquellas personas que hacen actividades ambientales en la cuenca de los ríos Salí-Dulce, medidas cautelares obtenidas ante la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, para acudir a brindar ayuda alimentaria y sanitaria a extensas poblaciones de aborígenes, indígenas de la zona del Chaco. Así, se ha recibido la orden de realizar relevamiento de comunidades aborígenes y se ha ordenado a una provincia la suspensión de autorizaciones para desmontes en el caso de la provincia de Salta hasta realizarse el inventario de bosques exigido por una ley nacional.

Asimismo, se ha desarrollado una profunda normativa nacional de protección de derechos humanos, generalmente como consecuencia de la incorporación de los tratados que he mencionado.

En este aspecto se ha llevado adelante un cambio cultural en el pensamiento respecto de determinadas cuestiones, como el tema de niños, niñas y adoles-centes. Se dictó la Ley de Protección Integral en orden a los lineamientos de la Convención, y se cambió el paradigma, pasándose del pensamiento de la insti-tucionalización o del menor disponible a la del menor sujeto de derechos con capacidades progresivas para desempeñarse en la sociedad. Igualmente ha su-cedido respecto de las comunidades indígenas que en Argentina han sido some-tidas durante los siglos XIX y XX a tipos de asimilamiento, de integracionismo,



a supresión incluso directa, y ahora se ha avanzado con base en el reconocimien-to del Convenio 169, el dictado de numerosas leyes que han permitido el cambio de paradigma y su reconocimiento como pueblos, y como pueblos con sus pro-pias particularidades, con sus propias cosmovisiones, con sus propias identidades.

Lo mismo ha ocurrido con la introducción de la perspectiva de género, que ha permitido dictar la Ley de protección integral y de erradicación de la violencia en contra de la mujer.

Se ha modificado el paradigma de la sustentabilidad incorporando al para-digma existente con anterioridad y, respecto de las cuestiones ambientales, el enfoque de derechos humanos. Nuestra Constitución Nacional dice que los ha-bitantes del suelo argentino tienen derecho a gozar de un ambiente sano.

Se ha dictado una nueva Ley de Migraciones para generar la patria grande que todos queremos, una nueva ley de migración según la cual todos tenemos los mismos derechos, y se han dictado numerosas leyes en relación con las per-sonas con discapacidad. En este aspecto quiero decir que todas estas leyes están teniendo una paulatina y progresiva aplicación. Quiero mencionar una cifra respecto de las pensiones por discapacidad: hace ocho años existían 70,000 y hoy existen 1.1 millones. Respecto de la discapacidad, también quiero mencio-nar que se ha dictado una ley de reserva de un cupo mínimo de vacantes, de 4 % para la ocupación de personas, en el ámbito nacional. También hay un cupo mí-nimo de entrega de viviendas sociales para personas con discapacidad.

Finalmente, voy a pasar al tema de los crímenes de lesa humanidad. Como dije hace un momento, la democracia argentina se recuperó en 1983, pero la de-mocracia argentina no estaba completa; esto fue más o menos de la siguiente manera.

En 1983, por órdenes del Presidente Alfonsín, se hizo un juzgamiento de las Juntas Militares. Este juicio demostró con toda claridad que existía secretamen-te un plan de carácter criminal de lucha contra el terrorismo, existía un plan sistemático de exterminio. A partir de investigaciones que se llevaron a cabo luego de este retorno de la democracia ya se tenía la constancia de unos 10,000 delitos, que se llevaron a juicio. La Fiscalía presentó 709 casos, de los cuales el Tribunal decidió examinar 280, y se descubrieron atrocidades a través de decla-raciones de 8,332 testigos, que demostraron la comisión de delitos como tor-mento, sometimiento, regímenes inhumanos de vida, desapariciones forzadas de personas (probablemente, entre desapariciones forzadas y homicidios, unos 30,000), apropiación de bebés nacidos en cautiverio, robos y otros tipos de de-litos económicos; situaciones inenarrables que cuando se conocieron produjeron en esa época un profundo impacto en Argentina y entiendo que también en el resto del mundo.



En este punto quiero destacar, respecto de este juicio, que entiendo que es la primera vez que militares, en conjunto con sectores de la sociedad civil, lle-varon adelante un golpe de Estado contra un gobierno constitucional para im-poner un plan económico y un plan sistemático de exterminio de personas, y que fueron enjuiciados y condenados por la justicia civil.

Pero más adelante la reacción de determinados sectores hizo que se dictaran leyes de perdón, de amnistía, de impunidad; una se llamó la Ley del Punto Final y otra se llamó la Ley de Obediencia de Vida. Durante largos años, en virtud de estas leyes, no pudo continuarse con el juzgamiento de los crímenes de lesa hu-manidad a quienes habían participado de éstos. Más adelante, el Presidente Menem dictó, además, indultos a personas condenadas por la Cámara Federal en el juicio de las Juntas Militares, y también indultó a personas procesadas, lo cual bloqueó más el camino para avanzar en las reivindicaciones de memoria, verdad y justicia.

Sin embargo, la lucha de la sociedad, la reacción de la sociedad civil de Ar-gentina hizo que en los años 2003, 2004 y 2005 la Cámara de Diputados y Se-nadores de la Nación, y luego diversos tribunales y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declararan la nulidad de las Leyes de Obediencia de Vida y Punto Final, leyes de impunidad, y declararan la nulidad de los indultos ordenados en aquel momento por el Presidente Menem, por ser naturalmente contrarios al Derecho Interno de Argentina y contrarios al Derecho Internacional de los De-rechos Humanos que Argentina se había comprometido a hacer cumplir; inclu-so se había comprometido a llevar adelante la persecución de quienes habían cometido esos crímenes.

Después de haber sido declarados inconstitucionales los indultos y las Leyes de Obediencia de Vida y Punto Final, se pudo continuar con el enjuiciamiento en virtud de las profundas denuncias que se realizan continuamente de todos esos crímenes de lesa humanidad, habiendo en este momento 1,049 procesados.Se ha juzgado hasta la fecha a 471 personas, de las cuales 426 fueron condenadas, muchas de ellas ya han fallecido y 45 fueron absueltas, habiendo en la actuali-dad 853 personas detenidas, 70 % en unidades penitenciarias y el 30 % restante con detención domiciliaria.

Pues bien, para concluir, yo creo que la evolución que hubo en nuestro país en los últimos años ha sido muy importante, se ha cambiado el pensamiento ju-rídico de lo clásico a un pensamiento mucho más evolucionado que tiene como su centro a la persona como sujeto y dotada de derechos.

Se ha avanzado de una democracia clásica y representativa a una mucho más participativa, pero también, con la inclusión de todos los colectivos que he men-



cionado, podremos llegar al logro de una verdadera y permanente democracia sustancial, que sólo será posible a partir de haber quitado esas barreras que exis-tían, para que la larga noche que Argentina vivió durante la dictadura militar pueda ser reivindicada o juzgada bajo el paradigma que mencioné antes: me-moria, verdad y justicia.


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PARTICIPACIÓN DEL DR. OMAR CABEZAS LACAYO*11

ProCurador Para la defensa de los dereChos humanos de niCaraGua

Nosotros quisimos pedir este pequeño espacio para hablar de lo que viene des-pués de estos veinte años de la Conferencia de Viena. Regocijarnos por todo lo que se ha hecho, estimular a los que aún no se han sumado a ella; pero también creemos necesario luchar por mantener lo conquistado y fijarnos nuevos méto-dos, nuevas metas, porque hay cosas que han retrocedido de Viena para acá, y quiero hablar de los derechos económicos y sociales que se perdieron en estos últimos veinte años para justificar después la necesidad de algunas propuestas.

Definitivamente, yo creo que después de escuchar al maestro García Ramí-rez, ex Presidente de nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, de-bemos reconocer que su presencia abonó, indudablemente, a la buena marcha de esta Corte. Pero lo cierto es que debemos trabajar, hoy día, en una serie de cosas que se han perdido de Viena para acá.

Posiblemente cuando estaba celebrándose la Conferencia de Viena, hace veinte años, todavía en América Latina no estaban absolutamente privatizados dere-chos humanos fundamentales, es decir, al Estado todavía no le habían arrancado los capitales, los bancos.

11 Abogado y notario público. Ha ocupado diversos cargos en el gobierno de Nicaragua a lo largo de su vida. Además es un reconocido autor de libros, entre ellos, La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, que obtuvo el Premio Casa de Las Américas en el género Testi-monio, en 1982 (en inglés se titula Fire from the Mountain: The Making of a Sandinista, y se rea-lizó un documental basado en el texto), y Canción de amor para los hombres (1988).



No le habían arrancado al Estado una gran cantidad de derechos humanos, no habían privatizado los parlamentos, una gran cantidad de derechos humanos, y no se habían arrojado al mercado convertidos en mercancías: estoy ha-blando de la educación, estoy hablando de la salud, estoy hablando de las insti-tuciones donde los jubilados introducen su pensión mensual con la que luego se jubilan, que no estaban en manos de corporaciones privadas nacionales e inter-nacionales, donde los intereses que ellos generan, los capitales que ellos gene-ran, son invertidos en operaciones de riesgo, y muchas veces esta gente que cotiza toda su vida no sabe a quién recurrir para que le devuelvan lo que él acu-muló durante toda su juventud y su existencia.

Después de veinte años, Viena nos debe servir para saludar, regocijarnos con lo bueno, pero también tenemos veinte años después. No solamente apuntar a la conquista de nuevos derechos, sino tratar de ver cuál es el papel de nuestras instituciones sobre esas empresas, esos grupos corporativos internacionales y/o nacionales que le arrancaron al Estado la satisfacción de esos derechos humanos y la arrojaron al mercado sin ningún control ni fiscalización.

Ya estamos cansados en América Latina de que nadie responda por los dere-chos humanos elementales que fueron privatizados. Nuestras leyes, como están actualmente, no nos permiten reivindicar los derechos humanos de las irregu-laridades, de la administración de los mismos que realizan las corporaciones que se llevaron la satisfacción de esos derechos.

Entonces, después de veinte años, queridos colegas de la Red Americana, creo que es un momento bonito para hacer una reflexión, celebrar lo que se avanzó, pero también observar después de estos veinte años lo que se retrocedió y fijarnos metas, enfilar, alinear estas instituciones y ponerlas en línea con el desarrollo de la sociedad; porque nos parece que no es correcto, que es ilícito y que es inmoral haber sacado al Estado la satisfacción de esos derechos humanos; quedarse ellos con eso y decirle además al Estado que no se puede meter. En este caso, nuestras instituciones son parte del Estado, y de acuerdo con las leyes, a las Instituciones Nacionales les queda prohibido por ley constitutiva actuar, no pueden operar como Institución de Derechos Humanos en la violación de derechos humanos que hacen las corporaciones que sustituyeron al Estado.

No queríamos dejar pasar estos veinte años después de Viena para plantear esto. Me parece que para eso es el espacio de nuestra Red.

Queridos hermanos que conformamos la Red, es objeto de nuestra Red esta reflexión y desde las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos hacer las propuestas ante nuestros Estados, ante nuestras sociedades, y llevarlas a las dis-tintas instancias de América Latina, en donde deberían estar.



Pero no podemos correr de la academia. Claro que hay que continuar con la academia, es importante la academia, ¡que viva la academia en materia de dere-chos humanos!, pero también hace falta y es parte de la academia que convoque-mos a los mejores de la docencia, los mejores filósofos de los derechos humanos, y ajustemos nuestras leyes constitutivas, porque en América Latina, en nuestro continente, ¿cuántas dictaduras quedan? Recuerden que estas instituciones se expandieron más aún en tiempos de las dictaduras para que cuidaran fundamen-talmente los derechos humanos de la primera generación: la vida, la libertad individual, la libertad de expresión, pero ya quedó atrás, y además le fueron qui-tando otros derechos vitales tanto a la población como a nuestra institución.

Nada más oportuno, nada más lindo, nada más extraordinario, y México como sitio, para celebrar los veinte años de la Conferencia. Espero que este Seminario sir-va para tocar los clarines de la necesidad de, veinte años después de Viena, poner en orden una serie de cosas que se fueron de las manos.


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PARTICIPACIÓN DEL SR. KEITH SMITHdireCtor de la diVisión de PolítiCas,

inVestiGaCión y aCtiVidades internaCionales de la Comisión Canadiense de dereChos humanos

Este año se cumple el vigésimo aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Viena. Celebramos también el vigésimo aniversario de la adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas de los Principios de París relativos al estatuto y funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.

No ha sido fácil llegar a estos aniversarios. Ahora tenemos la oportunidad de reflexionar sobre los desafíos a los que nos

enfrentamos y los progresos realizados. Es una oportunidad para examinar el modo en que las Instituciones Nacionales

en particular podrían mejorar sus contribuciones a nivel nacional, regional e in-ternacional para promover los derechos humanos y las libertades fundamentales.

imPortanCia de la deClaraCión y ProGrama de aCCión de Viena

Hace veinte años se adoptó la Declaración y Programa de Acción de Viena por consenso de los 171 Estados reunidos en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en junio de 1993.

La Declaración es considerada de forma general como uno de los documen-tos sobre derechos humanos más importantes adoptados desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.



La Declaración de Viena afirmó, y cito:

[…] el importante y constructivo papel que desempeñan las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, en particu-lar en lo que respecta a su capacidad para asesorar a las autoridades com-petentes y a su papel en la reparación de las violaciones de los derechos humanos, la divulgación de información sobre esos derechos y la educación en materia de derechos humanos.

Como es de su conocimiento, esa misma Conferencia mundial reconoció también la utilidad de los Principios de París como punto de referencia para es-tablecer y fortalecer a las Instituciones Nacionales.

Seis meses más tarde, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los Principios de París.

Los Principios de París siguen siendo la norma internacional mínima acep-table para evaluar la legitimidad de las Instituciones Nacionales, entre otros asuntos, en relación con su función, composición y funcionamiento.

aVanCes desde la ConferenCia de Viena

¿Qué es lo que ha cambiado para las Instituciones Nacionales de Derechos Hu-manos desde la Conferencia de Viena?

Mientras que en aquel momento había unas 40 Instituciones Nacionales, en la actualidad existen 103.

Hoy día hay 69 Instituciones Nacionales de clase “A” y su número no deja de aumentar, entre otras razones, gracias al proceso del Examen Periódico Universal.

El Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de Derechos Humanos (CIC) está constituido y se ha fortalecido, mientras que las redes regionales han dado también muestras con-cretas de crecimiento.

Anteriormente, las Instituciones Nacionales podían intervenir en la antigua Comisión de Derechos Humanos solamente como parte de las delegaciones es-tatales, y únicamente se les permitía una intervención bajo un tema del progra-ma y en orden secuencial.

En la actualidad, las Instituciones Nacionales que tienen la acreditación de clase “A” pueden intervenir de forma independiente sobre todos los temas del programa en el Consejo de Derechos Humanos y sus procedimientos, tales como el Examen Periódico Universal.



Asimismo, pueden comparecer ante los procedimientos especiales y los ór-ganos de los tratados, un sistema que se ha fortalecido como tal a raíz de la De-claración de Viena.

Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos aprobó su tercera resolución sobre las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en junio de 2013.

La resolución refuerza las afirmaciones y reconocimientos previos de las funciones desempeñadas por las Instituciones Nacionales. La resolución refuer-za también los progresos realizados desde la adopción de la Declaración y Pro-grama de Acción de Viena en 1993, y aboga por el fortalecimiento o estableci-miento de Instituciones Nacionales que cumplan plenamente con los Principios de París.

Asegurar el logro de este objetivo y garantizar que las Instituciones Nacio-nales estén debidamente equipadas para investigar las quejas relacionadas con los derechos humanos y verificar el cumplimiento por los Estados de las obli-gaciones internacionales en materia de derechos humanos reviste una impor-tancia cada vez mayor.

Otra de las cuestiones de interés es que el actual nivel de participación de las INDH tanto en el Consejo de Derechos Humanos como en sus procedimientos especiales o los órganos de los tratados es relativamente bajo.

Una percepción emergente es que las Instituciones Nacionales no toman en serio el trabajo del Consejo y de sus mecanismos.

Animamos a las Instituciones Nacionales a aprovechar los derechos a hablar y a participar en dichas reuniones, ya sea en persona o por videoconferencia.

Con todo, la Sra. Felice Gaer, Vicepresidenta del Comité contra la Tortura, instó nuevamente a las Instituciones Nacionales a participar en el trabajo de los órganos de los tratados de las Naciones Unidas en la reunión tripartita del CIC, la OACDH y el PNUD, celebrada en julio de 2013. Comentó que las Institucio-nes Nacionales aportan conocimientos, expertos específicos, independencia, diversidad, datos y perspectivas sobre los derechos humanos a los ámbitos de competencia de los Comités, a fin de vigilar la aplicación por parte de los países.

En sus exámenes, observa que los órganos de los tratados pueden identificar ahora una función explícita para las Instituciones Nacionales, tal como lo han hecho con el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al solicitar la creación de mecanismos de prevención nacionales.

El mensaje transmitido de forma coherente por todos los Presidentes del CIC, incluido el más reciente, el abogado Lawrence Mushwana de la Comisión Sud-



africana de Derechos Humanos, en julio de 2013, y que concuerda con los Prin-cipios de París, es que se necesita un número creciente de Instituciones Nacio-nales de Derechos Humanos sólidas, independientes y con una financiación estatal suficiente para poder cumplir de forma eficaz esas expectativas.

el futuro

La Declaración y Programa de Acción de Viena fue un hito importante. Me pa-rece justo afirmar, sin embargo, que la comunidad internacional coincide de forma general en reconocer que aún queda mucho trabajo que hacer para llevar el principio a la práctica.

Varios de los temas surgidos en el marco de las deliberaciones sobre el Pro-grama de Desarrollo para después de 2015 parecen disfrutar de un consenso cada vez mayor.

Dado que no dispongo de tiempo suficiente para examinar estos temas en detalle, quisiera simplemente mencionarlos para su posible consideración en la mesa redonda de hoy, y de cara al futuro:

1. Los derechos humanos no son negociables y deben constituir un marco normativo para el programa posterior a 2015. Las Institucio-nes Nacionales y otros colaboradores nuevos, como la sociedad civil, los parlamentos y las empresas deben participar en el diálogo y la búsqueda de soluciones.

2. En concordancia con los efectos de la globalización, el Programa de Desarrollo para después de 2015 no sólo se centrará en los derechos civiles y políticos, sino también en los derechos económicos, sociales y culturales.

3. Responsabilidad: en nuestro mundo actual de múltiples desafíos, en-tre otros de orden político, económico, social y tecnológico, existe una reivindicación creciente del respeto a los derechos humanos y de cam-bio. Los ciudadanos quieren gobiernos que respondan; quieren empre-sas e instituciones financieras que se responsabilicen. Las Institucio-nes Nacionales de Derechos Humanos no son una excepción.

En esta era renovada de responsabilización, la comunidad interna-cional presta más atención a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y les exige mayor responsabilidad. Dos ejemplos de ello son el control más estricto del proceso de acreditación del CIC y los exá-menes, por parte de la sociedad civil, de las Instituciones Nacionales en el marco del Examen Periódico Universal.



4. Las Instituciones Nacionales ofrecen un enfoque basado en los dere-chos humanos.

Tal como declaró en fecha reciente el profesor Alan Miller, Director de la Comisión Escocesa y Secretario del CIC, y cito: “las instituciones nacionales de derechos humanos deben dar mayor impulso a la puesta en práctica de un enfo-que basado en los derechos humanos. Las instituciones nacionales deben em-poderar a los más vulnerables y marginados, y exigir cuentas a los garantes de los derechos”.

Entre las oportunidades de actuación figuran utilizar los mecanismos exis-tentes de derechos humanos de las Naciones Unidas, elaborar planes de acción o parámetros de referencia nacionales y evaluaciones de impacto de los dere-chos humanos e indicadores.

Otras opciones disponibles son la colaboración interjurisdiccional en relación con la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, así como cuestiones relativas al cambio climático y la justicia.

Aprovechar las ventajas que ofrecen los medios sociales y las nuevas tecno-logías mejorará sin duda el trabajo de las Instituciones Nacionales.

ConClusión

El crecimiento de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos no ha lle-gado ni mucho menos a su fin.

Si bien 69 miembros de la comunidad del CIC pertenecen actualmente a la cla-se “A”, cabe señalar que las Naciones Unidas cuenta con 193 Estados miembros.

La responsabilidad común y, con suerte, el legado de todos los presentes hoy aquí es seguir avanzando de modo que fortalezcamos y consolidemos las con-tribuciones legítimas de esas instituciones.


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MESA II:

“FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS A VEINTE AÑOS DE LA CONFERENCIA DE VIENA”

PARTICIPACIÓN DEL DR. MANUEL MARÍA PÁEZ MONGESdefensor del Pueblo de la rePúbliCa de ParaGuay

Al cumplirse el vigésimo aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Viena permanecen con fuerza, hoy día, temas fundamentales que se habían propuesto en dicho documento. Democracia, desarrollo y derechos humanos son objetivos permanentes de la humanidad.

La democracia es una condición necesaria para que podamos abrigar alguna esperanza de alcanzar la vigencia de los derechos humanos. Sin embargo, las instituciones democráticas deben tener vida no sólo en nuestro país, también en los países vecinos, para que podamos aspirar al respeto a los derechos humanos. Los países son interdependientes y requieren de un marco democrático dado por los Estados vecinos.

La democracia debe fortalecerse mediante estructuras y procedimientos que, por un lado, favorezcan la participación creciente de la población en los asuntos públicos, y por el otro, desalienten la presencia de grupos que usurpan la repre-sentación del pueblo. Debe articularse un plan que aliente una relación más fluida y cercana de la población con diputados, senadores, intendentes, gober-nadores, concejales, ministros del Poder Ejecutivo, titulares de organismos del Estado y Presidente de la República.

Se debe alentar que la población utilice los medios modernos de comunica-ción para hacer llegar sus quejas, sugerencias y críticas. No debe postergarse la participación igualitaria de la mujer en los órganos colegiados de la conducción de los organismos estatales. Debe dictarse una ley de discriminación positiva a favor de la mujer.



El afianzamiento de la democracia también requiere de una ley de acceso a la información pública que obligue a todo el sector público y a todo organismo que recibe fondos públicos a informar sobre sus actividades en su página web. El objetivo es que el sector público no espere la inquisitoria de un periodista para que haga conocer cómo es la entidad.

El derecho al desarrollo es ratificado como derecho universal e inalienable y como parte integrante de los derechos humanos fundamentales. El documen-to de Viena reafirma la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Por consi-guiente, el sujeto central del desarrollo es la persona.

La ausencia de desarrollo, la crisis económica, la cesación de pagos, en con-secuencia, no habilitan a los gobiernos a limitar los derechos humanos, menos aún a desbordes centralistas o autoritarios.

A la luz de la Declaración de Viena, los Estados deben establecer canales de cooperación mutua para lograr el desarrollo y para dejar de lado obstáculos que lo obstruyen. Los países de menor desarrollo debieran poner en marcha progra-mas de trabajo para comprometer la cooperación de aquellos más desarrollados, dentro de un clima de relaciones equitativas.

La Declaración de Viena no deja sólo a cargo de la cooperación internacional el esfuerzo de alcanzar el desarrollo. No puede ignorarse que la base de toda acción con pretensión de resultados fructíferos es la propia predisposición. De ahí que los gobiernos deben impulsar en el plano interno políticas eficaces, ob-jetivamente medibles, para el desarrollo.

Es trascendente la afirmación de la Declaración de Viena en el sentido de que el derecho al desarrollo debe realizarse mediante acciones que estén de acuerdo con la preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.

En cuanto al progreso científico y sus aplicaciones se establece que todos tienen derecho a su aprovechamiento. El documento de Viena pide la coopera-ción internacional para cuidar el pleno respeto de los derechos humanos, así como la dignidad de la persona, en el campo de las ciencias biomédicas y bio-lógicas y de la informática.

La Declaración de Viena expresa un toque de atención sobre el peso de la deuda externa y pide a la comunidad internacional se ejecuten medidas para aliviar esa carga. A nivel interno debiera acreditarse la ejecución de programas de eliminación de los gastos para exigir con autoridad moral la cooperación de los acreedores. Si-multáneamente los países deudores, como Paraguay, deben eliminar la ineptitud y la negligencia de la dirección y de los mandos medios del aparato estatal.

La lucha por el derecho exige constancia y no admite pausas. Debemos apren-der del pasado que cada persona debe mantenerse con la esperanza de lograr nuevas metas pero con la firmeza de defender los derechos alcanzados.


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ATRIBUCIONES DE LAS INDH EN PROCESOS DE TRANSPARENCIA.

MTRA. ROSA MARÍA JUÁREZ DE HERNÁNDEZ seCretaría ejeCutiVa

Comisión de aCCeso a la informaCión PúbliCaProCuraduría de los dereChos humanos de Guatemala.

La historia de Guatemala se ha enmarcado en la existencia de injusticias de dis-tinta índole, así como toda clase de violaciones de Derechos Humanos; sin em-bargo, a partir de 1984 surge una apertura democrática y es en ese momento cuando se dan los primeros pasos para crear instituciones que fortalezcan dicha apertura. Una de estas instituciones es la del Procurador de los Derechos Hu-manos que, con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y las llama-das Jornadas Constitucionales, refuerza la idea de plasmar esta figura jurídica, la que posteriormente quedó contenida en la Constitución Política de la Repú-blica de 1985, hasta hoy vigente.

En el año 2012 se inicia un cambio para la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, con la designación de nuevas autoridades, encaminado a construir una nueva imagen de la misma; transformación que no solo es exter-na, sino que está dirigida a sembrar los pilares de una Procuraduría moderna, eficiente y transparente, con procesos claros y orientada al cumplimiento esen-cial de su razón de ser: la protección, promoción y defensa de los Derechos Hu-manos, lo cual incluye velar por el acceso a la información pública que coadyu-va con la transparencia y rendición de cuentas de las entidades estatales y demás que manejen o administren fondos públicos.

En la coyuntura que actualmente se vive en Guatemala respecto de la violen-cia y la falta de valores humanos, por demás preocupante, la institución del Pro-curador de los Derechos Humanos enfrenta el reto complejo de fortalecer la



democracia en el país, a través del cumplimiento de su mandato constitucional y en aras de la defensa y protección de los grupos más vulnerables.

Esta nueva visión está orientada a volcar a la Procuraduría de los Derechos Humanos hacia un enfoque proactivo, dinámico y encauzado a resultados pal-pables; prevenir la vulneración de los derechos elementales de cada persona, brindar atención integral a la víctima y la lucha constante en la reivindicación y garantía de los derechos económicos, políticos y sociales, fundamentales en la construcción de una sociedad digna e incluyente.

La transparencia e integridad son factores fundamentales para consolidar la gobernabilidad democrática y profundizar en la modernización del Estado, lo cual también coadyuva con la prevención y el control de la corrupción. Como ha sido ampliamente citado: “La transparencia es la batalla por la democracia”. La transparencia en el Estado implica otorgar una mayor visibilidad a los actos ad-ministrativos, fomentando la rendición de cuentas e incrementa la participación y control ciudadano, siendo necesario un efectivo acceso a la información. Este derecho es una de las bases para el fortalecimiento de la democracia, ya que ilu-mina espacios en los cuales se podrán ocultar tanto la realización de prácticas ilegales como la ineficiencia y la incompetencia (Michener y Bersch, 2011).

El derecho de acceso a la información es necesario pero no suficiente para al-canzar la transparencia. Además, que el Estado asegure el derecho de acceder a toda la información, también es menester que haya una efectiva rendición de cuen-tas de sus actos, ya que toda la información generada o en poder del Estado -en su interpretación más extensiva- es un bien público, y como tal debe estar dispo-nible para todo ciudadano o ciudadana que quiera saber cómo se invierten los recursos, que se obtienen a través de los impuestos de la población. La transpa-rencia pude servir como incentivo para aumentar la eficiencia (Cunnil Grau, 2004). La transparencia es un fin que relaciona acciones como, el acceso a la in-formación, rendición de cuentas y cualquier otra acción que propicie la participa-ción ciudadana en la toma de decisiones de funcionarios y empleados públicos.

Con la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, se atribuyó a la figura del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) la protección del derecho humano de acceso a la información pública en los términos que la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, de lo cual se puede destacar lo siguiente:

• El PDH está facultado para promover el buen funcionamiento y la agi-lización de la gestión administrativa gubernamental, en materia de Derechos Humanos.



• Investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas.

• Investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas, en materia de derecho de acceso a la información, como herramienta importante de transparencia.

• Recomendar privada o públicamente a los funcionarios, la modificación de un comportamiento administrativo objetado, dentro de lo que se puede entender toda aquella conducta que obstaculice la transparencia.

• Promover acciones o recursos judiciales o administrativos en los casos en que sea procedente. En materia de acceso a la información en lo que va del año 2013 la Procuraduría de los Derechos Humanos en su cali-dad de Autoridad Reguladora, ha interpuesto tres Recursos de Revi-sión en contra de reservas en donde han tratado de no permitir el acceso a la información, sin cumplir con los requisitos de ley. En los casos en donde no se resuelva favorablemente, se interpondrá la Acción cons-titucional de Amparo ante la Corte de Constitucionalidad para hacer prevalecer la publicidad de los actos administrativos.

Tenemos entonces que la transparencia en el diseño de las políticas públicas y la asignación de los recursos, por un lado, y la rendición de cuentas en la eva-luación del desempeño de las autoridades y sobre la administración de los bienes públicos, por el otro, son un binomio que interactúan como un proceso integral en el ejercicio gubernamental. Por ello expertos sostienen que sin la transparen-cia, entendido como la disponibilidad de la información sobre la organización y el funcionamiento de las instituciones del Estado, así como de los objetivos de los planes y programas de gobierno, la rendición de cuentas carece de los insumos básicos para llevarse a cabo.

PartiCiPaCión de las instituCiones naCionales de dereChos humanos (indh) en los sistemas de rendiCión de Cuentas.

La transparencia y rendición de cuentas son importantes, atrae inversión, com-petitividad, capacidad del Estado para cumplir con su fin y evita la corrupción, entre otros aspectos a considerar. En contraparte, es intrascendente la vigencia de la transparencia sin la rendición de cuentas, que significa la revisión del des-tino, manejo y erogación de los recursos económicos, así como del cumplimien-to de los programas que fueron debidamente presupuestados.



Según Adela Cortina (1997), existen diversos problemas morales con los que tienen que enfrentarse los funcionarios públicos en su quehacer cotidiano tales como: la dificultad de tener que atender al mismo tiempo los requerimientos del gobierno y de los ciudadanos; distinguir entre lo discrecional y lo arbitrario; la tentación de utilizar el cargo en función de los beneficios propios; la asimetría entre la administración y el ciudadano; el exceso de burocratización y la falta de transparencia, entre otros. De ahí la necesidad de crear un clima donde haya una mayor conciencia de los asuntos éticos, prestando una atención continuada al fomento de un comportamiento humano justo, ya que la ética pública es una ac-tividad continua, no un estado ideal que hay que alcanzar.

Los gobernantes debemos abrirnos a la inspección pública, explicar y justificar los actos administrativos y saber que estamos supeditados a las sanciones, en caso de incurrir en ilegalidades. En Guatemala, con la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública se establece un componente fundamental de la rendición de cuentas, porque implica la obligación de las autoridades es-tatales de responder a las solicitudes de información y los cuestionamientos de los gobernados.

La rendición de cuentas es una forma de prevenir y corregir los abusos de poder, ya que obliga a los funcionarios depositarios del poder a: abrirse a la ins-pección pública; fuerza a explicar y justificar los actos que ejecutan y los supe-dita a la amenaza de sanciones. Al contar con una herramienta de rendición de cuentas, como es el caso de Guatemala, los gobernados pueden exigir a las au-toridades estatales que informen sobre sus decisiones (derecho a recibir infor-mación), pero también implica que luego podrán solicitar que se den explicacio-nes y justificaciones de las decisiones que tomen los gobernantes.

La participación del Procurador de los Derechos Humanos, como comisio-nado del Congreso de la República de Guatemala en el proceso de rendición de cuentas es imprescindible para la consolidación de la democracia, lo que con-lleva la construcción de un sistema ético de valores. El funcionario que rinde cuentas, incluye la fiscalización ciudadana dentro de sus políticas y lo hace una realidad, es algo loable y digno de imitar. La rendición de cuentas es una exi-gencia ubicua en el mundo de la política democrática, ya que lo consolida.

En esencia, en el ámbito político, expertos afirman que la noción de rendi-ción de cuentas tiene dos dimensiones básicas. Incluye, por un lado, la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público (answerability). Por otro, incluye la capacidad de sancionar a políti-cos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos (enforce-ment). La rendición de cuentas no es un derecho de petición. Es un derecho a la crítica y al diálogo.



los retos de las indh Para aPoyar el aCCeso a la informaCión de sus ConnaCionales.

La opacidad, corrupción, poca transparencia y falta de rendición de cuentas afecta el desarrollo económico y social, la legitimidad del Estado y la goberna-bilidad democrática de los países, es un círculo vicioso enraizado en la idiosin-crasia de la sociedad, la cual se puede calificar como una actitud negativa que afecta al Estado y su población en general. El índice de percepción de corrup-ción en Guatemala en el año 2012 arriba al 33/100, según Transparency Inter-nacional , localizándonos en el puesto 113 de 176, en cuanto a corrupción, lo cual nos impone un gran reto, el cual consiste en velar por el acceso a la infor-mación pública conforme a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, lo cual es parte del proceso de rendición de cuentas.

La participación ciudadana es sin duda la piedra angular para que se cumpla con el acceso a la información y haya una efectiva rendición de cuentas, mien-tras más interesada esté la población en conocer el qué hacer y exigir resultados del Estado, habrá más ojos críticos que garanticen el objetivo del Estado, que es el bien común y como consecuencia el funcionario o empleado público endere-zará su conducta hacia ese fin. El reto es de todos y todas es convertirnos en ciudadanos activos y no simples espectadores de un país, el ciudadano cuestio-na, aporta y propone soluciones no solamente critica, eso es lo importante en un país democrático.

Alrededor del mundo diferentes organismos internacionales han manifestado que el derecho de acceso a la información y la existencia de mecanismos que garanticen el mismo, son fundamentales para fortalecer no sólo la democracia sino que el Estado de derecho. La Organización de Estados Americanos en la Declaración de la Asamblea General de 2005 reiteró: “el acceso a la informa-ción pública es requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la de-mocracia” e instó a todos los Estados “que respeten y hagan respetar el acceso a la información pública a todas las personas y promuevan la adopción de dis-posiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva para brindar a los ciudadanos amplio acceso a la información pública”.

Este tema está regulado en nuestra Constitución Política que entró en vigen-cia en el año 1985, contiene el derecho de garantizar el acceso a las fuentes de información y obliga a la publicidad de los actos administrativos, y ha tenido avances significativos al haberse emitido la Ley de Acceso a la Información Pública, cuya legislación específica permite a los gobernados presentar solici-tudes de información, fija los plazos de entrega, desarrolla los fundamentos de



excepción cuando la información se califica como confidencial o reservada, es-tablece los principios de transparencia y máxima publicidad, entre otros, para hacer valer el derecho de acceder a la información que se encuentra en los or-ganismos del Estado, municipalidades, instituciones autónomas y descentrali-zadas, así como las entidades privadas que perciban, inviertan, administren fondos públicos, incluyendo fideicomisos constituidos con fondos públicos, obras o servicios públicos sujetos a concesión o administración. Importante es de agregar, que dicha ley también protege los datos personales en posesión del Estado.

Al Procurador de los Derechos Humanos, cargo aprobado por el pleno del Congreso de la República de Guatemala, se le ha conferido la calidad de Auto-ridad Reguladora para proteger el Derecho Humano de acceso a la información, conforme a la ley antes citada, tarea que no ha sido fácil ya que no se dio la im-portancia debida, empero, actualmente se han hecho los esfuerzos por posicio-narlo en este tópico del tal envergadura, al tener el apoyo de cooperantes y for-talecer a la dependencia que tiene a su cargo las funciones que le corresponden como autoridad reguladora, a fin de tener la total capacidad de sancionar a los transgresores, las cuales deben ser sanciones ejemplares.

En el mes de junio del presente año se dio inicio al expediente contra ochocien-tos ochenta y ocho sujetos que no cumplieron con una de las obligaciones esta-blecidas en ley, con lo que se pretende sancionar por esa inobservancia y enviar un mensaje a la población, que estamos cumpliendo con el mandato legal de hacer valer el derecho de los ciudadanos en cuanto al acceso a la información pública como Derecho Humano fundamental.


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PARTICIPACIÓN DEL SR. BRUCE ADAMSON rePresentante de la ofiCina del Comité internaCional

de CoordinaCión de instituCiones naCionales de dereChos humanos (CiC), en Ginebra

En mi país natal, Nueva Zelanda, existe la tradición de comenzar cualquier pre-sentación con un proverbio que marca las pautas. Algunos de ustedes habrán oído a la ex Presidenta del CIC, Rosslyn Noonan, usando uno acerca de la im-portancia de las personas. El que yo he elegido es:

Nā tō rourou, nā taku rourou, ka ora ai te iwi (Con su canasta de alimentos y mi canasta de alimentos, la gente va a pros-perar)

Es a través del intercambio de conocimientos y experiencia, como hemos venido haciendo aquí hoy, que podemos cumplir mejor con la obligación que tenemos con la gente.

Este año, 2013, es un año importante para todos los que participamos en la promoción y protección de los derechos humanos, en particular para las Insti-tuciones Nacionales de Derechos Humanos, ya que fue hace veinte años que la Asamblea General de la ONU adoptó los Principios de París relativos al estatuto y funcionamiento de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Principios de París). Este año celebramos el vigési-mo aniversario de nuestra asociación global de Instituciones Nacionales de De-rechos Humanos, el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CIC).



También fue hace veinte años que se aprobó la Declaración y el Programa de Acción de Viena (DPAV), que afirmó la universalidad, indivisibilidad e inter-dependencia de todos los derechos humanos, y contribuyó a sentar las bases para incrementar rápidamente la creación de Instituciones Nacionales de Dere-chos Humanos en todo el mundo.

En los últimos años, el CIC ha pasado de ser una pequeña red informal de instituciones para convertirse en un organismo reconocido internacionalmente −el único órgano que no es parte de la ONU que tiene el poder para acreditar a sus miembros directamente en el proceso de la ONU.

De sólo un puñado en 1993, ahora tenemos 104 miembros; además, otros se encuentran en proceso de creación o están solicitando la membresía.

Nuestra posición única dentro del sistema de las Naciones Unidas es algo que debemos valorar. También nos impone el deber de ser robustos en la forma en que conducimos nuestro proceso de revisión de la acreditación. Es una tarea di-fícil y que consume mucho tiempo, tanto de las Instituciones Nacionales solici-tantes como de nuestros colegas del Subcomité de Acreditación, pero es esencial.

El proceso se ha fortalecido a través del desarrollo y la adopción de nuevas Observaciones Generales, incluidas las que consideran la evaluación de la efica-cia de las INDH por su participación con la sociedad civil. Las mejoras en el proceso de acreditación también han reforzado la transparencia. Es importante que continuemos mejorando, ya que el Subcomité de Acreditación es el guardián de nuestra legitimidad como una red y como INDH. Después de haber estado en la ONU en Ginebra durante los últimos siete meses, he visto la forma en que los Estados miembros reaccionan ante las INDH. Las Instituciones Nacionales fuer-tes e independientes pueden hacer una gran diferencia. Esas Instituciones Na-cionales que incumplen las expectativas, dañan la reputación de todos nosotros.

La estrategia del CIC de fortalecer las capacidades de las Instituciones Na-cionales, por una parte, y también de buscar un mayor reconocimiento de las INDH en el sistema internacional y regional de derechos humanos, ha sido un gran éxito en los últimos años.

Las posibilidades de las INDH de tener un impacto directo en los procesos de derechos humanos en el ámbito de las Naciones Unidas están en aumento. Con gran esfuerzo, el CIC ha ganado visibilidad, tanto en Nueva York como en Ginebra, y ha abierto oportunidades para las Instituciones Nacionales de Dere-chos Humanos de participar proactivamente con el Consejo de Derechos Hu-manos, los procedimientos especiales, los órganos de tratados y otros actores clave dentro de la arquitectura internacional de los derechos humanos.

También estamos dando pequeños pasos hacia la ampliación de las oportu-nidades de participación de las INDH en las Naciones Unidas, incluyendo la



Asamblea General, que pronto estará considerando una nueva resolución sobre las INDH.

El reconocimiento de las Instituciones Nacionales en el ámbito de las Nacio-nes Unidas a través de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General ha incrementado el nivel de compromiso que las INDH pue-den tener con el sistema internacional de derechos humanos. Este reconoci-miento a su vez ha dado lugar a una mayor interacción entre las instituciones y los órganos de tratados, junto con otras partes del sistema de la ONU.

Instrumentos fundamentales de derechos humanos han reconocido formal-mente el papel que las INDH, de conformidad con los Principios de París, pue-den desempeñar en la supervisión de la aplicación de las normas y estándares de derechos humanos. En particular, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT) alienta a los Estados a tener en cuenta los Principios de París, al establecer el Mecanismo Nacional de Prevención.1 Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en su artículo 33 (2) establece que los Estados deben tomar en consideración los Principios de París a la hora de designar o establecer un mecanismo indepen-diente para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención. También debe seguir siendo un aspecto clave en el debate en curso sobre la po-sibilidad de adoptar un instrumento internacional para proteger los derechos de las personas mayores.

Podemos sacar provecho de esto para asegurarnos de que la voz de las INDH se infunda en más documentos y procesos en los planos internacional, regional y nacional. También debemos aprovechar la oportunidad que presenta el proce-so de fortalecimiento de los órganos de tratados para garantizar que las INDH puedan participar directamente con los órganos de tratados.

Sin embargo, aunque los Principios de París y la DPAV han tenido un pro-fundo impacto en la legitimidad y la credibilidad de las INDH, todavía éstas se consideran relativamente nuevos actores en el campo de los derechos humanos y nuestro importante rol no es suficientemente reconocido o comprendido.

Veinte años después de la adopción de los Principios de París, sólo poco más de la mitad de los Estados miembros de la ONU tienen INDH, y de esas 104 ins-tituciones nacionales, sólo 69 están totalmente de conformidad con los Principios de París.

1 “Artículo 18(4) Al establecer los mecanismos nacionales de prevención, los Estados Partes tendrán debidamente en cuenta los Principios relativos al estatuto de las instituciones naciona-les de promoción y protección de los derechos humanos”.



Aunque todavía se insta a los Estados a garantizar que se establezcan institu-ciones nacionales que estén de conformidad con los Principios de París a través de procesos como el Examen Periódico Universal, el papel que las Instituciones Nacionales pueden desempeñar en relación con la vigilancia o la aplicación de determinadas normas y estándares de derechos humanos se somete a negocia-ciones persistentes entre los Estados miembros y se intenta diluir el impacto que pueden tener las INDH en los planos nacional, regional e internacional.

También corremos el riesgo de convertirnos en víctimas de nuestro propio éxito, ya que si promovemos el papel de las INDH en los sistemas de las Nacio-nes Unidas, debemos asegurarnos de que las instituciones nacionales tienen la capacidad de cumplir con las expectativas creadas. Para las pequeñas INDH con presupuestos limitados esto representa un enorme desafío.

Muchas INDH enfrentan desafíos respecto de sus recursos y esto limita su capacidad de desempeñar eficazmente sus funciones y de participar sustanti-vamente con los sistemas internacional y regional de derechos humanos. Una encuesta de 2009 realizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que de 61 INDH encuestadas, sólo 21 consideraron que tenían un presupuesto suficiente para llevar a cabo sus fun-ciones. La encuesta también indicó que esto puede ser una tendencia a la baja, con 10 % que informa que su presupuesto ha disminuido significativamente en los últimos años.2 Esto crea un desafío si se espera que las instituciones nacio-nales cumplan con las altas expectativas de compromiso los mecanismos regionales e internacionales, así como con su función en el ámbito doméstico.

Lo que he visto en Ginebra en los últimos siete meses me preocupa. En mu-chos casos, las INDH no logran estar a la altura de las expectativas.

Yo mismo, viniendo de una pequeña INDH (Escocia), entiendo los desafíos de encontrar el tiempo y los recursos para participar en el ámbito internacional –especialmente cuando el valor de hacerlo a veces puede parecer vago. Sin em-bargo, estamos a punto de perder la credibilidad cuando muchas INDH no rea-lizan, incluso en el nivel más básico, la presentación de informes paralelos a los órganos de tratados, no se comprometen adecuadamente con los titulares de procedimientos especiales y no formulan declaraciones respecto de sus infor-mes, o incluso, en algunos casos, no se comprometen con el proceso del Examen Periódico Universal. Esto sin mencionar las oportunidades significativas per-

2 OHCHR, Survey on National Human Rights Institutions (Geneva, July 2009), disponible en: http://www.nhri.net/2009/Questionnaire%20-%20Complete%20Report%20FINAL-edited.pdf, p. 17.



didas por no comprometerse con el trabajo temático más amplio del Consejo y de los órganos de tratados.

Este año, en el Consejo de Derechos Humanos ha habido más de cien opor-tunidades para las INDH de participar en diversas formas. Sin embargo, el com-promiso real ha sido sólo un tercio de eso. Hemos tenido una serie de situaciones en las que los Estados miembros y las Organizaciones No Gubernamentales han citado el trabajo de las INDH en sus declaraciones, a menudo de una manera positiva, pero las INDH no han contribuido al debate, lo que ha suscitado dudas sobre su compromiso con el proceso de la ONU.

Las INDH constituidas de conformidad con los Principios de París tienen un lugar único en el Consejo de Derechos Humanos (CDH). Junto con la posibili-dad de presentar documentos, pueden hacer uso de la palabra directamente des-pués del Estado de que se trate en relación con los informes de los titulares de mandatos de los procedimientos especiales y después de los Estados en los de-bates generales. Las INDH pueden hacerlo mediante el envío de representantes a Ginebra, la presentación de declaraciones en video o a través del Represen-tante del CIC en Ginebra.

El enfoque actual para la participación de las INDH en las Naciones Unidas implica que el Representante del CIC en Ginebra apoye a las instituciones nacio-nales de diversas maneras, incluyendo la identificación de informes de los titu-lares de los procedimientos especiales y resaltando el trabajo temático del CDH. Sin embargo, tenemos que hacer más.

A pesar del estatus especial que tienen las INDH en el Consejo de Derechos Humanos y los avances para facilitar el acceso al permitir declaraciones en vi-deo, los niveles actuales de participación de las INDH son demasiado bajos.

La Oficina del Alto Comisionado, el CDH y los delegados han expresado su preocupación por la falta de contribuciones de las INDH y el exceso de confian-za en el Representante del CIC en Ginebra, en lugar de enviar delegados o de-claraciones en video. Esto ha sido visto como que las INDH no toman en serio al CDH ni su trabajo.

Necesitamos identificar la mejor manera de optimizar nuestra relación con el Consejo de Derechos Humanos. Los representantes del CIC en Ginebra están dispuestos a apoyar, pero con apenas uno o dos miembros de personal es una tarea difícil. Debemos confiar en las redes regionales para apoyar y mirar las habilidades y conocimientos que ya tienen las INDH.

Para el Consejo de Derechos Humanos, esto significa generalmente una de-claración de dos minutos sobre un tema respecto del cual una INDH ya está comprometida. Nuestros colegas de la Comisión Canadiense de Derechos Hu-manos tienen un sólido historial en esto, ya que por lo general presentan de dos



a tres declaraciones en cada sesión, destacando su trabajo actual. De hecho, yo he entregado tantas declaraciones en nombre de Canadá este año que algunos miembros del Consejo creen que soy canadiense.

Si bien la presentación de una declaración por el Representante del CIC en Ginebra es una manera sólida de contribuir, en mi opinión un mensaje de video bien construido es aún más potente. Los mensajes de video se proyectan en la pantalla grande, y las luces se apagan por lo general. La gente suele prestar aten-ción. Esto contrasta con la entrega de mensajes que hacemos desde nuestro asiento que está en el fondo de la sala.

Creo que puede ser una idea errónea considerar que los mensajes de video tienen que ser complejos o costosos. De hecho, se puede utilizar la tecnología existente. En marzo grabamos uno usando mi teléfono.

Por supuesto, es valioso estar en Ginebra durante las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, ya que permite una participación más amplia con los Es-tados miembros y los actores interesados clave. Pero reconozco que los gastos de asistencia a Ginebra son significativos.

El asunto no es solamente con el Consejo de Derechos Humanos. A pesar de las formas en que las INDH son reconocidas como partes esenciales del sistema de órganos de tratados, en algunos casos tampoco estamos a la altura de las expectativas.

En el periodo comprendido entre enero de 2012 y agosto de 2013 había 81 INDH con estatus “A” relacionadas con exámenes por parte de los órganos de tratados. De ese total, sólo 30 INDH presentaron información por escrito a los órganos de tratados. Algunas de las contribuciones fueron consideradas por los órganos de tratados por debajo del estándar. Como resultado, nuestra posición ante los ór-ganos de tratados se ha reducido significativamente.

Los representantes del CIC en Ginebra llevaron a cabo recientemente un es-tudio pequeño sobre las INDH y los órganos de tratados. Encontramos que había un amplio consenso sobre el valor de comprometerse con los órganos de tratados y el papel único que las INDH pueden desempeñar en la revisión de los Estados y su seguimiento. Pero esto no se refleja adecuadamente en la práctica.

Los órganos de tratados de la ONU proporcionan un análisis y asesoramien-to especializado e imparcial sobre la aplicación de las convenciones de los ór-ganos de tratados en los contextos nacionales. Las INDH pueden desempeñar un papel fundamental en llamar la atención sobre fomentar el debate sobre cues-tiones sensibles de derechos humanos. Sin embargo, la calidad de las observa-ciones y recomendaciones de los órganos de tratados depende de la calidad de la información que les proporcionen las INDH.



Las recomendaciones de los órganos de tratados constituyen una plataforma para el trabajo tanto de las INDH como de la sociedad civil. La participación crea la rendición de cuentas. La experiencia muestra que los órganos y organis-mos de las Naciones Unidas han dado un peso considerable a las opiniones de las INDH. Algunos órganos de tratados han adoptado casi palabra por palabra las recomendaciones formuladas por las INDH.

Como parte de esa investigación nos reunimos con Felice Gaer del Comité contra la Tortura. Ella dijo:

El estatus especial de las INDH se encuentra en que siendo creaciones del gobierno, son, sin embargo, independientes de los gobiernos. Su mandato único para investigar la atención en las cárceles, los asuntos laborales, la documentación de expedientes, etc., les da autoridad para hacer un análi-sis único que es altamente valorado por los órganos de tratados.

Cuando las INDH participan en el trabajo de los órganos de tratados, los gobiernos no pueden pasar por alto la información incorrecta.

Las INDH deben proporcionar información que sea “vinculada, distintiva, y con autoridad”. Entre más interés muestren las INDH en los órganos de tratados, los órganos de tratados más tratados escucharán / prestarán aten-ción a las INDH.

El trabajo de las INDH y de los órganos de tratados se refuerza mutuamen-te. A medida que la interacción entre las INDH y los órganos de tratados se fortalece, las revisiones de los órganos de tratados se harán más inclu-sivas e integradoras.

No obstante que las INDH tienen la calidad de observador ante el Comité contra la Tortura (CAT), ya no están invitadas a hablar durante el diálogo entre los Estados y el CAT. De acuerdo con la Secretaría, esto se debe a que las INDH a las que se les dio la palabra en el pasado hicieron una aportación insustancial.También hablamos con Michael O’Flaherty, ex Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte y ex miembro del Comité de Derechos Humanos. Él dijo:

Las INDH han tenido que luchar por el espacio y el valor añadido que pue-den aportar al trabajo de los órganos de tratados. La información propor-



cionada por las INDH será tratada con más cuidado si la calidad de sus comunicaciones y la manera cómo se manejan está a la altura. El profesio-nalismo y la independencia son necesarios. Las INDH deben ser más vi-sibles y enérgicas en la entrega de sus mensajes.

Hasta ahora, la información proporcionada por las INDH no se aparta de la proporcionada por las ONG. Todavía no.

Hemos recorrido un largo camino en los últimos veinte años. Tenemos mu-cho que celebrar. Pero también tenemos que hacer un balance de dónde estamos. Tenemos que reconocer que estamos fallando. Espero que en los próximos me-ses, cuando planeemos el futuro del CIC, se tenga esto en cuenta.

Si el tiempo lo permite, voy a utilizar los últimos minutos del día para pro-porcionar algunos:

mensajes imPortantes de la PresidenCia del CiC

Las redes regionales son la columna vertebral del CIC y es importante que las redes sean apoyadas totalmente por el CIC. El Presidente del CIC ha expresado su compromiso personal con todas las redes regionales y va a seguir involucra-do plenamente con lo que ocurre dentro de las redes regionales.

El CIC debe explorar las oportunidades disponibles para mejorar sus estruc-turas con el fin de aumentar su impacto, la credibilidad y la viabilidad.

Al hacer esto, el CIC debe tener en cuenta tres elementos fundamentales: su relación con las estructuras regionales de las INDH, la necesidad de desarrollar su propia memoria institucional y la construcción de relaciones más fuertes, sus-tentables y de beneficio mutuo con otros actores de derechos humanos.

el CiC y los Comités Coordinadores reGionales

Una de las grandes fortalezas del CIC es su membresía. Las INDH de todo el mundo traen consigo diferentes experiencias, y podemos aprender unos de otros, pero hay una serie de preguntas importantes que necesitan ser hechas acerca de la relación entre el CIC y sus estructuras regionales.

Por ejemplo, ¿cómo ha asistido el CIC a los comités regionales de coordina-ción para impulsar la agenda del CIC? El CIC ¿ha ayudado efectivamente a las redes regionales para mejorar la capacidad de las instituciones nacionales de derechos humanos individuales a nivel nacional, regional e internacional? Para



que el CIC siga siendo relevante a nivel regional debe incrementar su presencia, su apoyo y la cooperación en sus regiones.

Como un organismo representativo, el CIC debe determinar y definir su voz y el alcance de las acciones que se pueden tomar cuando hay una amenaza sig-nificativa para los derechos humanos a nivel nacional y también en situaciones en las que están teniendo lugar violaciones graves de los derechos humanos.

El fortalecimiento de los vínculos y la cooperación entre el CIC y las redes regionales también servirán para mejorar la capacidad de las INDH de respon-der a las amenazas institucionales provocadas por la acción del Estado que puede afectar negativamente la condición de las INDH acreditadas ante la ONU.

Es importante que el CIC desarrolle una estrategia para crear una mayor concien-cia entre los Estados acerca de la importancia de contar con una institución nacional de derechos humanos sólida e independiente, que esté bien financiada y que esto se pueda lograr a través de garantizar la adhesión y el respeto a los Princi-pios de París.

la ConstruCCión de la memoria instituCional y el desarrollo de un sistema de Gestión de la informaCión efiCaz

Para que el CIC pueda mejorar su capacidad de trabajar en estrecha colabora-ción con las redes regionales, las Instituciones Nacionales de Derechos Huma-nos y los principales interesados, debe de ser más visible e identificable.

Sin sistemas adecuados para garantizar la memoria institucional y el acceso a información institucional importante, el CIC sigue limitado en su alcance y relevancia más allá de las personas que interactúan regularmente con sus estructuras.

El CIC ha crecido exponencialmente en los últimos veinte años a partir de un puñado de INDH a más de cien; sin embargo, es difícil acceder a la información actualizada sobre el CIC, su historia, las experiencias prácticas sobre cómo fun-ciona y la importancia de su labor en la promoción y la protección de los dere-chos humanos en todo el mundo.

El acceso a esta importante información es la clave para asegurar que el CIC sea más relevante. El CIC debe existir como una institución que es independien-te de su Presidente como una persona individual. El carácter del CIC debe ser juzgado por el carácter de los miembros de la institución en su conjunto y no sólo por el carácter de su Presidente o de otros cargos oficiales. No se debe per-mitir que los cambios de liderazgo tengan un impacto en el funcionamiento y en la viabilidad de las Regiones del CIC y, de hecho, en el mismo CIC Nacional.



el aPoyo de los miembros

La importancia del CIC está ligada a la apreciación de sus propios miembros sobre el trabajo que se hace. Las prioridades del CIC deben hablar con esas prio-ridades identificadas a nivel nacional por las Instituciones Nacionales de Dere-chos Humanos y a su vez deben correlacionarse con las identificadas a nivel regional.

Las Asambleas Generales del CIC tienen que hablar con el trabajo de las Ins-tituciones Nacionales de Derechos Humanos para garantizar que dichas reunio-nes importantes se pueden justificar teniendo en cuenta los altos costos en que incurren las INDH para asistir a tales reuniones.

Los procesos de toma de decisiones, por ejemplo, en la definición de la di-rección estratégica del CIC, deben llevarse a cabo de una manera inclusiva y participativa.

Por tanto, animo a cada una de las INDH en la región de América a participar plenamente en el desarrollo del próximo Plan Estratégico de tres años del CIC.

El proyecto de Plan Estratégico se distribuirá en breve a todas las regiones para que formulen observaciones, y posteriormente se presentará para su dis-cusión en la próxima reunión del Buró del CIC en noviembre de 2013.

Al asegurar procesos más incluyentes y la creación de una institución que tenga valor para sus miembros, se fomentará la adhesión al CIC y sus miembros apoyarán al CIC, por ejemplo, mediante el pago de cuotas de suscripción, que es la principal fuente de ingresos para el CIC.

Es importante que el CIC continúe trabajando estrechamente con las redes regionales para alentar a los miembros a pagar sus cuotas de membresía para salvaguardar y efectivamente reforzar la base financiera limitada del CIC.

En la actualidad, debido al mal estado en el cumplimiento del pago de las cuotas de membresía anual, como no todos los miembros pagan y muchos pagan las cuotas de membresía muy tarde, el CIC está limitado en lo que puede hacer y en la planificación de largo plazo.

Por ejemplo, mientras que el crecimiento del CIC y las demandas de un sis-tema global de derechos humanos en constante evolución justifica el estableci-miento de una Secretaría permanente del CIC con varios miembros de personal permanente, la falta de una fuente de financiación estable limita las posibilida-des de que esto ocurra en un futuro próximo.

Otras fuentes de financiamiento, como el cabildeo con los Estados para apo-yar las actividades del CIC, quizá se podrían explorar para asegurar que el CIC dé cumplimiento a su mandato y propósito.



Construyendo alianzas

El CIC necesita evaluar y explorar aún más a los actores interesados con los que debería construir alianzas sólidas.

Una de las áreas en las que el CIC tiene que hacer más trabajo y concentrarse es en aprovechar el enorme conocimiento y las habilidades que existen en el gru-po de los ex Presidentes de INDH, Comisionados y funcionarios de alto nivel.

Por tanto, el CIC debe considerar seriamente cómo podría seguir beneficián-dose de los conocimientos y la experiencia de los ex Presidentes del CIC o de los Comisionados de las INDH que podrían convertirse en personas de recursos importantes y valiosas para otras instituciones nacionales.


Memorias del Seminario Internacional “A Veinte Años de la Conferencia de Viena: Democracia y Derechos Humanos”, editado por la Comisión Nacional de

los Derechos Humanos, se terminó de imprimir en octubre de 2014 en los talleres de Grupo Editorial Zeury, S. A. de C. V., Calle 8 de Mayo, núm. 5,

col. Lomas de la Era, Delegación Alvaro Obregón, C. P. 01860, México D. F. El cuidado de la edición estuvo

a cargo de la Dirección de Publicaciones de esta Comisión Nacional. El tiraje consta de 1,000 ejemplares


Raúl Plascencia Villanueva

Luis García López Guerrero

Marat Paredes Montiel

Guillermo Andrés G. Aguirre Aguilar

Yolanda Leticia Escandón Carrillo

Fernando Batista Jiménez

Tomás Serrano Pérez

Nabor Carrillo Flores

Oscar Elizundia Treviño

Jesús Eugenio Uriostegui García

Javier Sepúlveda Amed

Presidente

Primer Visitador General

Segundo Visitador General

Tercer Visitador General

Cuarta Visitadora General

Quinto Visitador General

Sexto Visitador General

Secretario Ejecutivo

Secretario Técnico del Consejo Consultivo

Director General del Centro Nacionalde Derechos Humanos

Portada Memorias Seminario Internacional 20años donferencia de Viena.pdf 2 17/10/14 11:13

“aappweb.cndh.org.mx/.../pdfs/memoriasseminariointernacional20aniv_viena.pdf · jos del seminario...

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