AGRADECIMIENTOS: a las autoridades de la Auditoría General de la Nación. A la Gerencia

de Planificación y Proyectos Especiales. A la Subgerencia; al Sr. Jefe de Departamento de

Control de la Gestión Ambiental, Profesor Julio César Guarido. A la Sra. Supervisora,

Andrea Gainza, por su colaboración y apoyo y al Área de Planificación Operativa por su

ayuda.

RESUMEN EJECUTIVO

Este trabajo pretende propiciar un diálogo dentro de la comunidad de Entidades

Fiscalizadoras Superiores (EFS) relativo a la calidad de los nuevos Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS), sus metas e indicadores. Proponemos una

conversación en torno de la pregunta acerca de si los nuevos objetivos

conseguirán cumplir con su principio fundamental: “no dejar a nadie atrás1”. Se

espera que la lectura de este trabajo permita responder a la cuestión de si las

políticas públicas que se desprendan de los actuales ODS colaborarían en la

mejora de situaciones vinculadas a una determinada población. En Abril de 2017,

durante el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones

Indígenas (UNPFII), los pueblos originarios volvieron a solicitar adecuaciones

pertinentes para Pueblos Indígena en la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible. Ellos han estado realizando esfuerzos para que los gobiernos

consideren sus cosmovisiones y contenidos culturales distintos de los occidentales

y propicien la convivencia intercultural. Es sabido que los ODS son una iniciativa

importante pero posiblemente no sean la única herramienta necesaria para

resolver este tipo de cuestiones. En ese espacio se articulan los roles que las EFS

pueden poner en práctica.

Como entidades de fiscalización, nos convoca definir si los gobiernos están

seleccionando las mejores herramientas para asegurar la consecución de las

metas establecidas en la agenda 2030. Pero también, expresarnos en relación a

los propios contenidos de los ODS y acerca de las adecuaciones que necesitan

                                                                                                                         1  http://www.tucumanalas7.com.ar/local/gran-san-miguel/2016/7/27/agenda-2030-dejar-nadie-atras-gran-lema-138167.html  

las políticas públicas en los niveles nacionales. En resumen, los desafíos para las

EFS se cristalizan en los análisis que puedan alcanzar en referencia a las políticas

públicas puestas en marcha por los gobiernos nacionales, en las vinculadas a la

implementación de los ODS por parte de estos últimos y en los intersticios que

conectan ambas estrategias para lograr coherencia.

Analizar políticas públicas en materia de pueblos originarios en su consistencia

con el cumplimiento de los ODS significa, por los desafíos que plantea a las EFS,

posicionarse en una perspectiva del control sobre temas complejos. Centrado en

el caso de los “pueblos originarios”, como grupo particularmente considerado por

la ONU para la desagregación de datos, este trabajo se preocupa por señalar el

rol destacado que asumen las EFS en la fiscalización de la implementación de los

ODS y la capacidad de intervención, como uno de los desafíos clave de los

organismos de control.

Haciendo foco en el modelo de trabajo propuesto por la INTOSAI, se intenta

brindar herramientas que colaboren en la fiscalización de las políticas públicas

vinculadas a pueblos originarios. A la vez, se comenta el momento actual de

desarrollo y aplicación de los ODS a nivel del Estado nacional y los recursos y

estrategias en que está trabajando la Auditoría General de la Nación para

acompañar ese proceso. Este trabajo pretende, además, hacer un aporte a los

vacíos y lagunas que pueden presentarse respecto de los nuevos ODS y la falta

de datos, a partir de objetos auditables novedosos para las EFS y/o de

características complejas, que ameritan acordar algún mecanismo de actuación o

protocolo.

 

  1  

1. INTRODUCCIÓN La agenda 2030 establece compromisos en áreas de alta prioridad para todos los

países, por lo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han sido tema

tanto de la Asamblea General de la OLACEFS como del Congreso de la INTOSAI.

Si bien se trata de núcleos temáticos que se vienen trabajando en todas las EFS,

ciertos componentes son complejos; requerirán reunir información, desarrollar

nuevas capacidades y/o la profundización en abordajes aún poco explorados.

Existen en el mundo aproximadamente 370 millones de personas que son

integrantes de pueblos indígenas (PI). Se estima que forman parte de 5.000

culturas indígenas distintas. Constituyen la mayor diversidad cultural del mundo,

aunque representen una minoría numérica (UNPFII, 2010). Respecto de estos

pueblos, la principal causa de los conflictos socio-ambientales se relaciona con las

limitaciones en el ejercicio de sus derechos territoriales, unidas a la falta de

procesos y mecanismos de consulta coherentes con los estándares

internacionales, y el desencadenamiento de actos de violencia, incluyendo a la

violencia institucional y la criminalización de dirigentes indígenas

(CELADE/CEPAL, UNPFII y ECMIA, 2014). Para lograr la universalidad de los

ODS se requieren medidas especiales. Asumiendo seriamente la consecución de

los ODS y buscando asegurar la paz para todos y pensando en lograr sociedades

inclusivas1, los diálogos actuales giran en torno de saber si los pueblos originarios

están suficientemente contemplados en las propuestas de los ODS. Las EFS

están en condiciones de constituirse en una voz especializada y con participación

en el marco de estos planteos, capaz de ser considerada incluso al nivel de las

Naciones Unidas2.

2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

Objetivo General: establecer un diálogo en torno a si las acciones de las entidades

de Naciones Unidas y del Gobierno Nacional operan de acuerdo con los principios                                                                                                                          1  La  Agenda  de  Acción  de  Addis  Abeba  (A/RES/69/313)  también  reconoce  que  los  pueblos  indígenas  tienen  derecho  a  mantener,  controlar,   proteger   y   desarrollar   su   patrimonio   cultural,   sus   conocimientos   tradicionales   y   sus   expresiones   culturales  tradicionales.  2  Naciones Unidas reconoce la importancia de las entidades fiscalizadoras superiores en la promoción de la eficacia, responsabilidad, eficiencia y transparencia de la administración pública (A/RES/60/228).  

  2  

de economía, eficiencia, eficacia y efectividad en relación con el vínculo entre

ODS, políticas públicas e inclusión de los pueblos originarios.

Objetivos específicos:

-Contribuir con información relativa a los planteos actuales sobre el tema.

-Establecer si necesitan adecuaciones los ODS para que los Pueblos Originarios

consigan “no quedarse atrás” y alcanzar las metas establecidas.

-Describir inconvenientes detectados en políticas públicas y soluciones posibles.

3. REVISIÓN Y ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO

3.1) LOS PUEBLOS ORIGINARIOS COMO GRUPO ESPECÍFICO VINCULADO A LOS ODS

El informe de la labor del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre la

elaboración de un marco de indicadores mundiales para los Objetivos y las metas

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible3 ofrece un panorama sinóptico

del debate llevado a cabo para la adopción de decisiones. Diversos documentos

dan cuenta de la extensa discusión que se suscitó en torno de la necesidad de

ponderar a algunos grupos en los nuevos objetivos propuestos, sus metas e

indicadores.

Desde el comienzo, un elemento básico del trabajo encomendado al grupo de

expertos, fue el desglose de los datos y la cobertura de grupos particulares de la

población. Hubo acuerdo para que los indicadores de los ODS se desglosasen,

siempre que fuese pertinente, por ingreso, sexo, edad, raza, grupo étnico, estado

migratorio, discapacidad y ubicación geográfica, u otras características, de

conformidad con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales

(página 9). Un problema que limitó el desglose que se pretendía fue que muchos

países no contaban con la producción de los datos ni con los recursos necesarios.

                                                                                                                         3  https://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-­‐session/documents/2016-­‐2-­‐IAEG-­‐SDGs-­‐Rev1-­‐S.pdf    

  3  

No obstante la falta de acuerdos finales y las críticas que eso despertó, el Grupo

estuvo de acuerdo en que haría falta en el futuro una labor de seguimiento y

examen sobre los progresos y las cuestiones relacionadas al desglose. Además,

señaló que se necesitarían ajustes metodológicos y medios para fortalecer la

capacidad estadística y movilizar los recursos necesarios para la producción de

los datos adicionales, acordándose informes anuales para dichos fines que

reunieran información regional y de cada país. Eso incluye aumentar la cobertura

de datos insuficientes para dar cuenta de la situación de grupos específicos, como

el caso de los pueblos originarios, nombrados como grupos étnicos en los

documentos de Naciones Unidas.

3.2) ORIGEN Y DESARROLLO DEL PROBLEMA: LA EXPERIENCIA ODM. REUNIÓN DE EXPERTOS Y COMPROMISOS ASUMIDOS

Para asegurar que los pueblos indígenas (PI) ocuparan un lugar central en la

Agenda 2030, la secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas

de ONU celebró una Reunión de Expertos en octubre de 2015, a la que

denominaron: “El camino a seguir: los pueblos indígenas y la Agenda 20304”. El

propósito era elaborar estrategias orientadas a la acción para apoyar la inclusión

de cuestiones relativas a los PI. La reunión se estructuró en torno a tres temas

principales5: a) Enseñanzas extraídas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

(ODM) y reflexiones sobre la Agenda 2030, en especial los Objetivos de Desarrollo

Sostenible; b) Indicadores para medir los progresos alcanzados por los pueblos

indígenas en el marco de la Agenda 2030; c) Seguimiento de los progresos

logrados en el desarrollo de los PI y las iniciativas de reunión de datos. El evento

mencionado contó con la participación de miembros de los tres mecanismos de las

Naciones Unidas sobre cuestiones indígenas: Foro Permanente para las

Cuestiones Indígenas, Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos

Indígenas y la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.                                                                                                                          4  https://ia600404.us.archive.org/23/items/LosPueblosIndigenasYLaAgenda2030/EC1920162.pdf 5 Los documentos preparados por expertos y que contenían los temas de discusión pueden consultarse en: www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/meetings-andworkshops/egm-on-indigenous-peoples-and-agenda-2030-for-sustainabledevelopment.html.  

  4  

Aunque las necesidades de los PI fueron hasta el momento mínimamente

cubiertas y existe la promesa de mejorar la calidad de la inclusión, se hizo

evidente un cambio con respecto al proceso de elaboración de los ODM, durante

el cual los PI permanecieron prácticamente invisibles, a pesar de formar parte de

un grupo que se encuentra en su totalidad en situaciones de desventaja con

respecto a otros sectores de la población6. Como logro, se destaca que en la

resolución final “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible” se consolidaron seis referencias concretas a los PI: tres en la

declaración política, dos en las metas y una en la sección de seguimiento y

examen.

En la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, celebrada en 20147 ya

habían puesto en agenda algunos de estos temas, por lo que en aquel momento

se generó un plan de acción basado en la implementación de la Declaración de las

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). Se

necesitaba el compromiso de que los nuevos objetivos no contendrían las

deficiencias que se venían comunicando respecto de los ODM8, a saber: los

Objetivos no reflejaban o tomaban debidamente en cuenta las prioridades de

desarrollo de los pueblos indígenas; los PI no participaron adecuadamente en el

diseño y la aplicación de los Objetivos; y no se llevó a cabo un seguimiento

apropiado utilizando datos desglosados sobre los PI, lo que dio lugar a que se

enmascarara o distorsionara información.   Además, en algunos casos, los

esfuerzos que se realizaron a nivel nacional para alcanzar los ODM resultaron en

la aplicación de programas de desarrollo inadecuados para los PI, por ejemplo, en

lo atinente a la reducción de la pobreza, esfera en que se midió la pobreza en

términos numéricos estrictos y no se reflejó necesariamente el concepto de

bienestar de estos pueblos.

Una conclusión a considerar destacó la importancia de asegurar que la Agenda

2030 no girara en torno a un único paradigma del desarrollo, atendiendo                                                                                                                          6  https://ia600404.us.archive.org/23/items/LosPueblosIndigenasYLaAgenda2030/EC1920162.pdf Ver página 4, punto 14). 7 Ibid, página 7, punto 23). Última consulta Julio 2017. 8 Para ampliar información ver http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/indigenas/Informe4toperiodo.pdf. Figuran temas discutidos y problemas planteados. Ver especialmente página 9. Última consulta Junio de 2017.  

  5  

interculturalmente a otros paradigmas, conceptos y contenidos posibles (página 8).

Los propios PI solicitaron que no se pierda de vista sus prioridades de desarrollo ni

se limite las medidas que se adopten, en el plano mundial en favor de los pueblos

indígenas, tan solo a reducir desigualdades en general. Cabe destacar que incluso

existieron acciones contraproducentes para los originarios respecto de los

anteriores ODM. Se planteó que algunos procesos relacionados con la

consecución de esos objetivos daban lugar, para los pueblos indígenas, a una

pérdida acelerada de tierras y recursos naturales y, por ende, de sus medios de

subsistencia, generando su desplazamiento, asimilación y erosión de su cultura.

En vistas de lo señalado, la implementación de los ODS supone tanto

oportunidades como desafíos, constituyéndose en referencias positivas –aunque

necesitan más trabajo- los objetivos y las metas relativos a la seguridad de la

tenencia de la tierra, el desglose de los datos, la eliminación de las situaciones

discriminatorias y la promoción de sociedades inclusivas, entre otros. Sin

embargo, algunos Objetivos y metas, como el 7, que garantiza la energía para

todos, enciende alarma respecto de derechos de los PI, en particular sus derechos

a las tierras, los territorios y los recursos, que en numerosas situaciones se habían

visto amenazados debido a la realización de grandes proyectos de desarrollo9.

Por lo anterior, las instituciones oficiales y organizaciones que representan a

pueblos originarios hicieron propuestas concretas para los indicadores que

habrían de incluirse en el marco mundial de indicadores, en particular: a)

solicitaron que se modificara la redacción del proyecto de indicador sobre la

seguridad de la tenencia de la tierra a fin de incluir una referencia a los pueblos

indígenas y la medición de la seguridad de la tenencia colectiva de la tierra; y b)

pidieron que los datos sobre los objetivos prioritarios se desglosaran por condición

étnica o indígena. Por motivos ya esgrimidos esos pedidos quedaron enmarcados

como compromisos de trabajo a futuro (página 9, punto 29), lo que no debería

dejar de considerarse como un riesgo para la implementación de los ODS en los

niveles nacionales y regionales y para el éxito total del plan general de la Agenda.

                                                                                                                         9  https://ia600404.us.archive.org/23/items/LosPueblosIndigenasYLaAgenda2030/EC1920162.pdf Página 8, punto 26).  

  6  

Las organizaciones vinculadas a estos temas y representantes de los propios

pueblos buscan todavía incidir en el proceso de examen y seguimiento de los ODS

en los planos nacional, regional y mundial, por ejemplo solicitando que se

reconozca la importancia de los sistemas agropecuarios indígenas, entre ellos la

silvicultura, la agricultura migratoria, la pesca, la cría de ganado, el pastoreo y los

sistemas de caza y recolección, así como sus sistemas y culturas conexos

referentes a la diversidad biológica, los alimentos y los conocimientos.

El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA por su sigla en

inglés) menciona estos problemas de invisibilización de los PI a través de un

documento elaborado por el Fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de

América Latina y el Caribe, en colaboración con CEPAL- CELADE, donde existió

una propuesta de indicadores prioritarios referidos a población indígena en el

marco de los ODS10. El planteo que realizan sostiene que, considerando las

falencias con que contaron los ODM, donde los programas de desarrollo

relacionados se definieron sin la suficiente pertinencia y adecuación cultural

(GMPI, 2015), el estándar mínimo de contenidos referidos a la desagregación de

los ODS vinculados con los PI debería considerar explícitamente el tema de la

propiedad, uso, control y acceso a las tierras, territorios11 y recursos naturales.

Además se debería referir explícitamente al consentimiento libre, previo e

Informado (CLPI), que es un derecho fundamental de los PI y constituye un

requisito previo para cualquier proyecto de desarrollo que ocurra en tierras

indígenas. Los principales instrumentos internacionales que afirman el CLPI y

ofrecen bases normativas para exigir su cumplimiento, están representados por el

Convenio 169 de la OIT y la DNUDPI, donde se establece también la necesidad

de que los países obtengan consentimiento antes de adoptar y aplicar medidas

legislativas o administrativas que afecten a los PI y antes de aprobar cualquier

                                                                                                                         10 http://www.iwgia.org/images/stories/sections/envir-and-devel/sust-development/docs/roundtable/postconference/PueblosIndgenasODS_Propuesta_de_indicadores_prioritarios.pdf 11  Las tierras, territorios y recursos (TTR) es otro de los temas clave para los PI. Su supervivencia depende del acceso a los mismos. El derecho de los PI a poseer, administrar o controlar su TTR no se refleja adecuadamente en los nuevos ODS. Los bosques, pastizales, cuerpos de agua y recursos naturales pueden estar poseídos y administrados por los pueblos indígenas o reclamados por ellos y el tema merece tratamiento especial, pues esos derechos están reconocidos por Instrumentos y Leyes del Derecho Internacional. Los ODS y la Agenda de Desarrollo deberían fortalecer en vez de debilitar los sistemas de tenencia de la tierra de los PI, que será vital para lograr la erradicación de la pobreza (Objetivo 1), la agricultura sostenible (Objetivo 2), y la protección y restauración de los ecosistemas y la biodiversidad (Objetivo 15).

  7  

proyecto que afecte a sus tierras, territorios y otros recursos. Durante el proceso

de definición de los ODS, el GMPI –grupo representativo de pueblos originarios-

lamentó observar que algunas metas sugeridas en los procesos de trabajo para

ODS desaparecieran del documento definitivo.

3.3) EL MODELO PROPUESTO POR LA INTOSAI

Este modelo se focaliza en el abordaje de acción e incluye tomar en cuenta

lecciones aprendidas en relación con los ODM, definir una línea base, actividades

de coordinación y trabajo conjunto. Además, propone que las estrategias de

actuación de las EFS para evaluar la implementación de los ODS deberían

asentarse en la identificación de áreas de vulnerabilidad y fortaleciendo sectores

específicos, con desarrollo de capacidades y la participación de especialistas en

cada una de las áreas vinculadas a los ODS12. Tanto los contenidos del modelo

discutido como las conclusiones que se consolidaron son de aplicación posible

para el tema indígena. Además, la AGN cuenta con el potencial para el desarrollo

de capacidad que le permita liderar ese proceso.

Por su amplio mandato e independencia institucional, las EFS se encuentran en

una posición privilegiada para actuar e influir en relación a los ODS. También

considerando que la rendición de cuentas debe velar por el cumplimiento de los

resultados, la INTOSAI ha propuesto cuatro abordajes: (i) evaluar la prontitud de

los sistemas nacionales para reportar el progreso de los ODS; (ii) realizar

auditorías de desempeño en los programas gubernamentales que contribuirán al

logro los ODS; (iii) evaluar la implementación del ODS 16, que propicia

instituciones transparentes, eficientes y responsables; y (iv) que sea modelo de

transparencia y ‘accountability’ en sus propias actividades, incluyendo auditorías e

informes. Tras doce meses de debate se lograron consolidar conclusiones y

recomendaciones13:

                                                                                                                         12 XXVI ASAMBLEA ORDINARIA OLACEFS; discusión del Tema Técnico 1: Las EFS y sus Aportes con Miras a Alcanzar los ODS y Mesa de trabajo 3 (página 16); Primera Sesión Plenaria Técnica; octubre de 2016. Consulta Julio 2017. 13 XXVI Asamblea Ordinaria OLACEFS. http://www.olacefs.com/conclusiones-finales-consolidada1/ Consulta Julio 2017.

  8  

1. En relación al monitoreo para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS, se

recomienda: a) desarrollar procesos de concientización y capacitación, así como

disponer de información y de una metodología para el seguimiento y monitoreo de

los ODS; b) Realizar auditorías de desempeño y gestión; c) Elaborar una guía de

control que permita dar seguimiento al cumplimiento de los ODS, d) Alinear las

estrategias nacionales de desarrollo con los ODS y realizar una efectiva

coordinación con las diferentes instituciones del Estado; e) fortalecer las EFS para

el cumplimiento, seguimiento y monitoreo de los ODS; f) fortalecer el control

interno en el proceso.

2. En cuanto a las estrategias de las EFS para evaluar la implementación de los

ODS, las mesas de trabajo recomiendan lo siguiente: a) hacer un levantamiento

de las iniciativas nacionales y su impacto o relación directa con los ODS; b) aplicar

auditorías de desempeño, a fin de evaluar las actividades de los organismos y

verificar el avance en el cumplimiento de los ODS; c) considerar los modelos de

buenas prácticas implementados por los países.

3. Para la comunicación de resultados de las evaluaciones de las EFS, se

recomienda: a) La creación de una sección especializada en las páginas Web de

las EFS sobre resultados de evaluaciones para el cumplimiento de los ODS y la

utilización de redes sociales y medios de comunicación, en un lenguaje llano; b)

desarrollar espacios de concertación en los diferentes países, donde estén

incorporados los poderes del Estado, órganos de control y la ciudadanía. En

relación a las TICs, se destacan las referencias vinculadas a mecanismos de

divulgación de resultados, afectados también a la implementación del ODS 16. En

todos los casos se solicita asegurar la participación ciudadana.

4. IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS A NIVEL NACIONAL

El gobierno nacional consideró crear el Centro de Análisis y Gestión de la

Información para el Desarrollo Humano articulando las áreas del Gobierno que

administran datos para mejorar su disponibilidad, gestión y análisis. Además,

hacia fines del año 2016, comenzó a trabajar sobre sus planes de largo plazo y a

identificar objetivos e iniciativas prioritarias. Se definieron 100 prioridades

  9  

agrupadas en ocho objetivos14, donde se concentrarán el foco y la ejecutividad de

los ministerios y las agencias a cargo de su gestión, con responsables

identificables que puedan rendir cuentas sobre su progreso. El colectivo “pueblos

indígenas” no aparece identificado, explícitamente, entre estas prioridades, como

sí es el caso del grupo “personas con discapacidad”. Esa ausencia dentro de las

prioridades nacionales genera desafíos y responsabilidades para la AGN como

entidad de control implicada en fiscalizar la consecución de los ODS. Existe una

recomendación de desagregar datos considerando a los pueblos indígenas, y se

espera que los gobiernos ajusten sus políticas nacionales a lo acordado en la

ONU. La situación que atraviesan los PI de la Argentina y el mundo amerita una

política visibilizada y jerarquizada a nivel de los estados nacionales.

Respecto de los ODS, los Estados Miembros se comprometieron a dar

seguimiento y examinar sistemáticamente la implementación de la Agenda 2030 a

nivel nacional, regional y mundial y a cumplir el acuerdo de complementar los

indicadores mundiales con indicadores en los planos regional y nacional que serán

elaborados por los Estados Miembros (resolución 70/1, párrafos 55, 72 y 75). El

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) fue ratificado,

en diciembre de 2015, como organismo encargado de coordinar la implementación

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para ello ha desarrollado un

dispositivo interinstitucional15 que involucra a 26 organismos coordinados por el

CNCPS. En mayo de este año se realizó el lanzamiento del “Informe Nacional de

Desarrollo Humano 2017: Informaciones para el Desarrollo Sostenible. Argentina y

la Agenda 2030 16 ”. El informe brinda un panorama general del desarrollo

sostenible en Argentina, y propone un Índice de Desarrollo Sostenible Provincial

(IDSP) que permite caracterizar la situación en virtud de la complejidad y desafíos

que presenta la implementación de los ODS dentro de un modelo federal. También

                                                                                                                         14 http://www.casarosada.gob.ar/objetivosdegobierno/ y ver páginas 26 y 27 del informe voluntario nacional 2017. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16117Argentina.pdf 15https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15070Argentina(Spanish)officialsubmission.pdf  16  http://www.ar.undp.org/content/argentina/es/home/presscenter/pressreleases/2017/05/11/pnud-­‐argentina-­‐present-­‐su-­‐informe-­‐nacional-­‐de-­‐desarrollo-­‐humano-­‐2017-­‐informaci-­‐n-­‐para-­‐el-­‐desarrollo-­‐sostenible-­‐argentina-­‐y-­‐la-­‐agenda-­‐2030.html  

  10  

el gobierno plantea fortalecer institucionalmente el Sistema Estadístico Nacional

(SEN), con miras a incrementar su presupuesto.

Respecto del estado de situación de la información estadística convencional del

país en las respectivas metas e indicadores de la Agenda, se constató que la

dimensión que se encuentra en la mejor situación es la de crecimiento económico

con más del 50% de información de buena calidad disponible. En el caso de la

dimensión de inclusión social el porcentaje se reduce al 40% y en el caso de las

estadísticas ambientales 16% (página 55 del informe). De lo expuesto surge que,

los ajustes a las políticas para implementar los ODS dependen de la producción

de nuevos datos y necesitarán una fiscalización centrada en la generación y

evaluación de calidad de esa información. Aún no está definido el próximo

presupuesto anual que se destinará para el trabajo que el gobierno ha delineado.

El respaldo político explicitado en distintos documentos ha facilitado la alineación

de ciertas metas de ODS con los planes de Gobierno. Así como también, que

cada Ministerio y otros organismos públicos definieran equipos de trabajo

conformados por representantes técnicos y políticos que realizaron trabajos

vinculados a la definición de metas, seleccionando indicadores y desarrollando

fichas técnicas. Argentina incluyó los 17 ODS y seleccionó las metas

priorizándolas de acuerdo al objetivo aspiracional de eliminar la pobreza, y a las

prioridades nacionales de gobierno. Este trabajo fue realizado por el CNCPS entre

diciembre 2015 y marzo de 2016. Luego se alinearon las metas de los ODS con

los planes estratégicos y sectoriales de Gobierno. Si bien se tomó como base la

propuesta de indicadores para el seguimiento a nivel mundial elaborada por el

Grupo de Expertos en Indicadores de Desarrollo Sostenible, el trabajo final

muestra que algunas metas e indicadores fueron adaptados. La versión oficial

asegura que la adaptación obedeció a la necesidad de adecuación de los ODS a

las políticas nacionales. Sería atinado que esta EFS evaluara la calidad y

pertinencia de esas adecuaciones.

  11  

La decisión del Poder Ejecutivo de llevar a cabo la Agenda 2030 quedó

manifestada en un trabajo que requirió coordinación transversal y construcción de

consensos tanto entre distintos organismos como al interior de ellos para logar la

alineación de metas de ODS con los planes estratégicos y sectoriales de gobierno

y su armonización con las iniciativas internacionales existentes. Se conforman 6

comisiones interinstitucionales de trabajo integradas por los 20 ministerios

nacionales17. Informa el gobierno que las metas y los indicadores nacionales se

adecuaron con las iniciativas prioritarias que tenía establecidas la Nación, y con

los programas, proyectos y planes de cada organismo. Se alcanzó así una

vinculación de los ODS con las 100 prioridades de Gobierno18. Todos los Objetivos

de Gobierno tienen vinculación directa o indirecta al menos con un ODS, siendo el

objetivo de gobierno de Desarrollo Humano Sostenible el de mayor número de

asociaciones con los Objetivos de Naciones Unidas. En el informe apenas

aparecen nombrados los “pueblos originarios”, sin ningún detalle de aplicación y el

momento parece auspicioso para dar comienzo a distintos procesos de auditoría19.

En cuanto a la responsabilidad que ha sido transferida a las provincias, se

desconoce aún cómo será el acuerdo para la rendición de cuentas. Al haberse

sugerido que se respetará el modelo federal, seguramente se imponga a esta EFS

un límite para el control completo de la implementación de los ODS a nivel país.

En el informe voluntario nacional, se detallan como retos y desafíos inmediatos: l)

Completar los desarrollos metodológicos de las fichas técnicas de cada indicador

armonizando hasta dónde sea posible con las iniciativas regionales e

internacionales y temáticas. II) Establecer el dispositivo coordinado e integrado de

seguimiento e informe nacional, regional, global y temático y lll) Fortalecer las

estadísticas. También se menciona la insuficiencia de mecanismos establecidos

para la rendición de cuentas y el papel clave que juega allí el Poder Legislativo.

                                                                                                                         17  http://www.odsargentina.gob.ar/Consejo#adecuacion  18 http://www.odsargentina.gob.ar/VinculacionODS 19  https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16117Argentina.pdf Pueblos originarios aparece nombrado en página 85 y en la página 89 aparece el Listado oficial nacional provisorio de ODS con sus metas adaptadas e indicadores según nivel de desarrollo y los ministerios responsables de cada meta y ficha técnica. La página 21 es interesante para comprender el dispositivo nacional interinstitucional que llevará adelante la implementación y seguimiento de ODS.  

  12  

En mayo de 2017 se realizó en Buenos Aires el Seminario MERCOSUR ampliado

sobre indicadores de ODS para compartir experiencias y avanzar de forma

conjunta en dichas temáticas. El gobierno se encuentra ya elaborando el Informe

de país que presentará en 2018 al que considera útil para dar a conocer el grado

de avance. En junio de 2017 se encuentran en elaboración más de 221

indicadores.  El detalle de la implementación de los ODS en el ámbito nacional y

sub-nacional debería reflejarse en los proyectos, programas y planes, es decir, en

la política pública concreta que aplique cada organismo. Esta EFS está en

condiciones de relevar información relativa a los ODS durante la fiscalización de

los programas y proyectos que audite.

5. FISCALIZACIÓN DE LOS ODS EN LA AGN

La INTOSAI20 ha recomendado que las EFS cuenten, además de sus mandatos

para la realización de auditorías financieras y de cumplimiento, con mandato,

recursos y capacidades para llevar a cabo la auditoría de desempeño. Este tipo de

auditoría fortalecería el papel de las EFS para contribuir de forma eficaz con la

implementación y control de los ODS21. A la vez, podrían enfocar otros aspectos

relevantes para temas de la gobernanza nacional y el desarrollo sostenible, tales

como objetivos, metas e indicadores nacionales. Vinculado a eso, la AGN aprobó

en Septiembre de 2016, por Resolución Nº 187/16, las Normas de Control de

Cumplimiento Gubernamental, además de Normas de Control Externo de la

Gestión Gubernamental; Normas de Control Externo Financiero Gubernamental y

una Guía de Auditoría de Deuda Pública, que contribuyen a los seguimientos

vinculados a la implementación de los ODS en otros organismos y a la propia

implementación institucional del ODS 16. También mediante Disposición Nº 4/17

aprobó la formación, capacitación e inducción de las Normas de Control Externo

Gubernamental a todos los agentes de la AGN. Todo esto está alineado con el

Plan Estratégico 2017/2022 de la OLACEFS22, que además incluye entre sus

                                                                                                                         20 http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/5_events/symposia/2015_23rd_symposia/23_UN_INT_Symp_S_Final_Conclusions_consolidated_04_March_2015.pdf Ver página 6. Consulta Julio 2017. 21www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/0_news/2017/020517_CEPA_SP_auszug_strat_plan.pdf 22 http://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2017/05/Plan-Estrategico-OLACEFS.pdf

  13  

metas y estrategias la promoción de los ODS a nivel regional y el papel de las EFS

para la consecución de la Agenda 2030.

La AGN se encuentra siguiendo la agenda recomendada por la INTOSAI. Está

trabajando en reunir resultados de auditorías ya realizadas, susceptibles de

vincularse con diversas áreas abarcadas por los ODS23. Paralelamente, se está

trabajando en el desarrollo y análisis de posibles formatos que permitan auditar la

continuidad de la política pública de implementación de ODS y la confiabilidad de

los datos que el Estado produce. A la vez, la AGN se encuentra en elaboración del

POA 2018 que incorporará aspectos relativos a auditar los procesos clave de

seguimiento y examen de la implementación de los ODS a nivel nacional,

intentando también garantizar la fiabilidad de los datos de monitoreo.

Para dar cumplimiento a lo antedicho y en vistas de emprender auditorías que

examinen la economía, eficiencia y eficacia de los programas gubernamentales

clave que contribuyen a aspectos específicos de los ODS se está en proceso de

capacitar al personal en virtud de las nuevas normativas que se han incorporado.

La AGN aprobó este año un manual de lenguaje llano que permitirá que los

contenidos se expresen de la manera más sencilla y transparente posible. Eso

colaborará en la comunicación a los ciudadanos respecto de la implementación de

los ODS. También, a través de la Resolución N° 36/17 creó una Gerencia de

Coordinación, que tendrá a su cargo Coordinar los vínculos con la Dirección de la

Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación y la socialización

de las lecciones aprendidas de las experiencias internacionales.

En cuanto a los Proyectos de auditoría, se desprende de la lectura de los últimos

cinco planes anuales de la AGN que la institución ha estado vinculada, en su

trabajo de fiscalización, con los contenidos de los actuales ODS y sus metas. Se

está trabajando en modelos de Informes que permitan dar cuenta con claridad de

hallazgos y riesgos que vinculen los objetos de auditoría con los ODS y sus metas.

Además, se está brindando al personal talleres de sensibilización asociados a los

contenidos de los ODS. Por último, cabe mencionar que están en curso                                                                                                                          23 http://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2016/09/01-Propuesta-Inicial-y-Documento-Gui%CC%81a-ODS_Olacefs.pdf

  14  

evaluaciones de la preparación del gobierno nacional para aplicar los ODS, así

como también de su capacidad para monitorear e informar sobre los progresos24,

entre ellas auditorías coordinadas entre varios países que se focalizan en la

implementación de ODS específicos y/o algunas de las metas. Estas auditorías

contaron con acuerdos de trabajo que incluyen matrices de planificación, entre

otros desarrollos que aportan capacidades y perfeccionan las tareas de los

trabajadores de la institución, sumando valor a los informes que se producen.

6. ORGANISMOS DE CONTROL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PUEBLOS ORIGINARIOS. ROLES, METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO. Los distintos organismos públicos ponen en marcha dispositivos que permiten

describir, analizar y evaluar la calidad de un amplio abanico de políticas públicas y

su consistencia con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. A

través de la capacidad de ampliar la oferta de objetos auditables, las EFS pueden

abordar proyectos vinculados a los objetivos, metas e indicadores adscriptos a los

ODS y que arrojen información que hagan aporte sustancial al tema de referencia.

Además pueden incentivar el trabajo de organismos que tengan falta de datos,

sobre todo respecto de grupos para los cuales la ONU recomendó desagregación. 6.1. ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES COMO RECEPTORAS Y GENERADORAS DE INFORMACIÓN, AGENTE ASESOR Y ENLACE.

La Auditoría General de la Nación asesora técnicamente al Poder Legislativo por

mandato constitucional y, aunque puede variar el tipo de mandato de país en país,

puede considerarse como fortalezas de todas las EFS el contar con una estructura

permanente y altamente especializada, que realiza controles para potenciar,

adecuar y mejorar las distintas políticas públicas que los Estados impulsan. Los

informes técnicos de las EFS son una rica fuente de información que permite

destacar y poner a disposición una clase de datos que nutre en lo referente a los

                                                                                                                         24 Varios equipos de la Institución están desarrollando auditorías vinculadas a la implementación de los ODS. Este trabajo no brinda mayores detalles relacionados a estos procesos en resguardo de la confidencialidad de la información, de acuerdo al Código de Ética que nos rige: https://digesto.agn.gov.ar/attachments/article/1148/RES_18_15_AGN.pdf

  15  

riesgos, las fortalezas y las debilidades en torno a la implementación de los ODS.

Las EFS, mediante un acuerdo de trabajo conjunto, pueden constituirse en

colaboradores destacados en la consecución de los ODS. El esquema tentativo

propuesto para la AGN es susceptible de replicarse en otros organismos de

control. La propuesta de trabajo total, vinculada a la AGN, contiene diversas

aristas relacionadas a los distintos roles que la entidad fiscalizadora asume y/o

potencialmente puede asumir. Se hace un detalle a continuación:

A) La AGN PONE EN MARCHA PROYECTOS DE AUDITORÍA: Recolecta

información y fiscaliza la implementación de los ODS y evalúa adecuaciones

necesarias. En esta instancia se comenzará un proceso de asociación, de los

informes nuevos que se produzcan con los ODS, en el momento de la

planificación de cada auditoría. Se proponen dos instancias simultáneas:

A)1) A través de un grupo que sólo se concentra en auditar al organismo

encargado en cada país de implementar y “organizar” la política pública vinculada

a los ODS. En el caso de Argentina, esa oficina es el Consejo Nacional de

Coordinación de Políticas Sociales. La propuesta incluye que la modalidad

específica del trabajo sea discutida y acordada intrainstitucionalmente y también

interinstitucionalmente (las EFS de OLACEFS) puesto que aquí bien se podría

destinar: l) un equipo de trabajo de un área específica de la EFS; ll) varios

equipos según especialidades; lll) según objetivos de ODS; lV) según los grupos

recomendados para desagregación, que serían núcleos temáticos: por ejemplo, en

el caso de los pueblos indígenas o grupos étnicos, un equipo o área específica

conformada para ese fin, fiscalizaría sólo este núcleo temático, vinculado a varios

objetivos de desarrollo sostenible. V) Otra opción podría ser conformar un equipo

“especial” para la tarea, multidisciplinario, constituido por varias o todas las áreas

de trabajo del organismo de control.

En cualquiera modalidad que se elija, optimizaría el trabajo contar con una guía

que sirviera para validar el cumplimento de los ODS. Además, se podrían

  16  

concertar auditorías coordinadas con los demás países. La meta sería alcanzar

cinco auditorías anuales (cinco años) al organismo encargado de “organizar” la

política pública. LAS EFS en esta instancia controlan, evalúan y orientan en los

ajustes y mejoras que se puedan realizar.

A)2) Paralelamente, se propone que todas las áreas y equipos de trabajo

continúen con su labor habitual, aguardando el momento en que los ODS

comiencen a incorporarse en las dependencias y en los Programas de los

organismos públicos. Esta espera se realiza al tiempo que se van aprehendiendo

mecanismos sencillos que permitan incorporar capacidad referida a los ODS y

generar acuerdos referidos a cómo volcar la información dentro de los informes, ya

que todos los objetos de auditoría poseen vinculaciones con los ODS, sus metas y

sus indicadores25.

B) LAS EFS CONSTITUYEN LÍNEAS DE BASE: un grupo, o varios destinados

para esta tarea, generará información acerca de los informes ya existentes. Se

trabajará según objetivos, o grupos a desagregar o según otros núcleos temáticos

que se definan.

C) LAS EFS RECOLECTAN DATOS Y GENERAN INFORMACIÓN POR

DEPARTAMENTOS O ÁREAS DE TRABAJO: cada Departamento y/o Gerencia

centralizará la información de todos sus equipos de trabajo –referida a ODS- y la

elevará anualmente a una instancia superior de la AGN para ser puesta a

disposición del Poder Legislativo. La modalidad de entrega de este tipo de

información al organismo al que asesora la AGN podría ser anual o bianual. Cada

Gerencia, Departamento o equipo de trabajo, según se acuerde, tendría a su

disposición un soporte (matriz o guía de control) donde los distintos equipos de

trabajo pudiesen, al finalizar un informe, cargar los datos recogidos y construidos,

según metas e indicadores de ODS, normativas afectadas, y otros temas que se

estimen relevantes.

                                                                                                                         25 Se consultaron los informes de los últimos cinco años que la AGN tiene dispuestos de manera pública, a disposición de la ciudadanía, en su página web.

  17  

C)1) INFORMAR LA SITUACIÓN DE LOS ORGANISMOS Y/O POLÍTICAS

PÚBLICAS AUDITADAS EN VIRTUD DEL ABORDAJE QUE ESTÁ REALIZANDO

RESPECTO DE LOS ODS, CONSIDERANDO METAS, INDICADORES Y

OBJETIVOS: Al acrecentar y profundizar en auditorías de desempeño y de gestión

que inspeccionen los programas gubernamentales que contribuirán al logro de los

ODS, se hará constar en el soporte mencionado un breve resumen del abordaje

que el organismo realiza respecto de los ODS y sus metas. Así, se detallará si se

ha establecido lineamientos de trabajo, discriminados por cada objetivo, si se

cuenta con metas y objetivos propios, si están armonizados con las instancias

superiores; si se trabaja con indicadores, si son adecuados, calidad de los

vínculos interinstitucionales y todo otro dato que se estime de relevancia. Esto

permite cuantificar objetivos, metas e indicadores que se ven perjudicados o

presentan problemas de diversa índole, y a través del dato cualitativo se consigue

describir los motivos que ocasionan el perjuicio. Asimismo se puede implementar

la misma metodología para destacar las metas y objetivos que se han visto

favorecidos.

C)2) INFORMAR LA SITUACIÓN DE CADA ORGANISMO Y POLÍTICA PÚBLICA

AUDITADA EN VIRTUD DEL ABORDAJE QUE ESTÁ REALIZANDO RESPECTO

DE LOS ODS, CONSIDERANDO EL MARCO LEGAL. Los contenidos definidos

para los ODS, salvo excepciones temáticas que nunca se han abordado, no

representan una novedad para la AGN. Además, existe abundante marco legal

vinculado a los distintos temas que los ODS abordan: medio ambiente, personas

con discapacidad, pueblos originarios, entre otros. Incluso, técnicamente, esas

normas son justamente las que orientan nuestro trabajo de control y las que

enfrentan al Estado con la obligatoriedad de su cumplimiento. Por tanto, ya

contamos con informes26 que han venido dando cuenta de situaciones, riesgos, e

                                                                                                                         26  La AGN cuenta con algunos informes referidos a PI o que en alguno de sus puntos hacen referencia tangencial al tema. Recientemente se aprobó un informe innovador que por primera vez abordó un caso concreto de derecho a la Consulta previa, libre e informada, vinculada al Convenio 169 de la OIT, dentro de un área protegida. En esta oportunidad, se auditó a la Administración de Parques Nacionales cuyo objeto fue la gestión ambiental de un yacimiento petrolero (Caimancito) al interior del Parque Nacional Calilegua, que además contaba con un reclamo al AP por parte de población indígena guaraní pidiendo el cese de actividades del yacimiento. Por otro lado, también cuenta la AGN con informes relativos a personas con discapacidad, entre ellos uno referido a la accesibilidad en las universidades públicas. Sería interesante replicar la experiencia mediante auditorías regionales.

  18  

intentando re orientar políticas públicas a través de observaciones y

recomendaciones. Además, los informes técnicos de un organismo de control

permiten informar, por ejemplo, cuáles normativas nacionales y provinciales –y

actos administrativos- relativos al derecho interno están favoreciendo o

entorpeciendo el cumplimiento de ODS, a la vez que las EFS podrían establecer

un régimen de consecuencias frente al incumplimiento y violaciones de las

normativas.

C)3) LA AGN CONFORMARÁ UNA COMISIÓN DE TRABAJO O EQUIPO

ESPECIAL QUE INFORMARÁ AL CONGRESO ANUAL O BIANUALMENTE.

La AGN podría constituir una Comisión permanente de trabajo de ODS27 que será

la que elaborará, en base a los datos reunidos, el informe final para el Congreso

de la Nación. De este modo, la AGN ejerce el rol de enlace interinstitucional. Si lo

considerara necesario, podría solicitar la creación de leyes vinculadas a temas

intrínsecos a los ODS28.

D) INFORMAR LA SITUACIÓN, CON LOS DATOS REUNIDOS, AL CIUDADANO

MEDIANTE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL Y REDES SOCIALES.

La AGN puede realizar una publicación propia en su página web donde esté

reunida información a modo de informe periódico, de acceso público. Este trabajo

puede estar también desarrollado por miembros de la Comisión ya mencionada o

por el área de prensa institucional u otro espacio a definir, que además responda

consultas específicas.

                                                                                                                         27 Esta Comisión de trabajo puede incluir Ongs, ciudadanos, trabajadores de la casa, organismos públicos, gremios, universidades, grupos representativos: personas con discapacidad, pueblos originarios, etc. 28 Hay espacios dentro del Poder Legislativo que están desarrollando actividades vinculadas a los ODS y/o a los PI. Se conformó este año la Comisión Especial de Pueblos Indígenas del Honorable Senado de la Nación. Por otro lado, el Observatorio de Derechos Humanos (del Honorable Senado de la Nación) organizó jornadas respecto al rol que le compete asumir al poder legislativo en función de la implementación de los ODS. Además, ha mencionado en su último informe problemas relativos a temas indígenas (página 25) y a violación de derechos de personas con discapacidad (página 24). http://www.senado.gov.ar/bundles/senadoadministrativo/pdf/informes/observatorio.pdf  

  19  

E) LAS EFS CONSTRUYEN DATOS REGIONALES Y ELEVAN INFORME A

NACIONES UNIDAS29.

Las EFS de la región podrían reunirse, en el marco de coordinación de la

OLACEFS, y/o mantener encuentros virtuales, para trabajar en la comparación de

la situación de los países en base a los documentos elaborados por la Comisión

de cada EFS, y para obtener conclusiones acerca de la situación regional. Este

informe conjunto puede elevarse a Naciones Unidas, considerando que las EFS

han sido ya convocadas por la ONU por su reputación30.

6.2. ROLES Y DESAFÍOS DE EFS FRENTE A MODELO PROPUESTO POR INTOSAI VINCULADOS A FISCALIZACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE ODS. -Propiciar que las EFS tengan las capacidades, independencia y mandatos

necesarios.

-Determinar si los gobiernos nacionales de cada país cuentan con preparación

para ejercer funciones con miras a la institucionalización y la implementación de la

Agenda 2030 en el país, según la estrategia seleccionada, en base a

componentes de gobernanza, de coordinación, supervisión, de la transparencia y

contemplando la participación social en todas las instancias de las definiciones.

-Analizar si las políticas públicas puestas en marcha por el gobierno nacional son

las que mejor se orientan a la consecución de las metas establecidas en esta

agenda 2030 y si el gobierno cuenta con un sistema propio de evaluación,

monitoreo y presupuesto acorde a lo planificado.

-Velar para que el conjunto de instituciones claves para el desarrollo e

implementación de los ODS estén incluidas y sean objeto de procesos de control

y fiscalización por parte de las EFS y contar con marco de resultados.

                                                                                                                         29 Los puntos desarrollados contemplan las Prioridades transversales de la INTOSAI para lograr sus metas para el periodo 2017-2022. Ver Plan estratégico de la INTOSAI, especialmente página 4: www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_about_us/strategic_plan/SP_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.PDF 30 http://www.olacefs.com/conclusiones-finales-consolidada1/ La cita corresponde a la página 1. Además se puede consultar en referencia al papel que ejercen las EFS en relación al acompañamiento de los ODS, las Resoluciones A/66/209 y A/69/972 de la Asamblea General de la ONU.

  20  

-Evaluar si las etapas de los procesos están establecidas (planes de mediano y

largo plazo) y si los objetivos estratégicos nacionales, las responsabilidades, sus

actores, las atribuciones y los riesgos están claramente definidos y acorde al plexo

normativo que rige.

-Establecer si las metas adaptadas e indicadores nacionales han sido definidos en

base a metodología apropiada y si son adecuados para los fines propuestos.

-Identificar lagunas, incoherencias, superposiciones, vacíos, duplicidad de

esfuerzos y acciones, estrangulamiento, conflictos u otros problemas descriptibles

en todos los aspectos que hacen a la consecución de la implementación de los

ODS, y las políticas públicas vinculadas, en el espacio nacional.

-Observar adecuaciones que se estimen convenientes, vinculadas a los ODS

propuestos por la ONU, y que puedan ser transmitidas dentro del espacio que

vincule a la ONU con las EFS.

6.3. ROLES Y DESAFÍOS GENERALES PARA LAS EFS RESPECTO DE AUDITORÍAS VINCULADAS CON POBLACIÓN INDÍGENA. -Incluir en su Plan Organizativo Anual auditorías vinculadas a los ODS en su

relación con poblaciones indígenas -incluso con abordajes regionales- para

asegurar el seguimiento a los Estados y colaborar en la mejora y calidad de los

datos y las metodologías utilizadas.

-Implicar más a los pueblos indígenas en la implementación de la Agenda 2030:

dentro de las EFS a través de facilitar su participación y de la realización de

informes de auditoría específicos. Además, garantizando que los Estados en

general y los organismos públicos en particular aseguren espacios abiertos, y

públicamente convocados, de participación en los procesos nacionales de

planificación, implementación y seguimiento de los marcos nacionales para la

Agenda 2030.

-Considerar en todo control de las políticas públicas referido a pueblos indígenas

el marco que las propias Naciones Unidas desarrolla y/o referencia: Declaración

  21  

de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y Convenio 169 de la

OIT, de cumplimiento obligatorio para los países que lo han ratificado.

-Evaluar la implementación del derecho a la consulta y consentimiento previo de

los pueblos indígenas en todos los niveles de desarrollo de políticas y toma de

decisiones que los afecte, debido a que es un aspecto central para el desarrollo

sostenible.

-Comprender, incluir, respetar y considerar otras cosmovisiones, prioridades y

valores de paisaje, naturaleza y sociedad a partir del respeto por la diversidad

cultural: evaluar la necesidad de que se incluyan indicadores específicos acorde a

las prioridades de los pueblos indígenas.

-Otorgar visibilidad a los grupos que aún permanecen invisibles en el espacio

social y comprender sus problemáticas para poder evaluar las políticas públicas a

ellos destinadas, dándoles participación incluso (conociendo sus puntos de vista)

en las recomendaciones que las EFS realizan en sus informes, respecto de

políticas que los afecte.

7) POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A PUEBLOS ORIGINARIOS

En el ámbito de la Argentina, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI),

dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es el encargado de

desarrollar y coordinar políticas públicas referidas a pueblos originarios: desarrollo

comunitario, salud, educación, acceso a la tierra, restituciones de restos mortales

indígenas y preservación de las identidades culturales, entre otras. Sin embargo,

los temas trascienden este espacio y existen convenios interinstitucionales o

aspectos específicos que se enmarcan en responsabilidades de otros organismos.

Algunos ejemplos son la Administración de Parques Nacionales (APN) -a través

de convenios interinstitucionales y de la figura de co- manejo- y programas de

desarrollo dependientes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

que incluyen población originaria.

Considerando las políticas públicas auditables en su vínculo con pueblos

originarios, la lista es variada y amplia. Algunos organismos pueden contar con

información más consolidada por la historia de relación construida con los pueblos

  22  

originarios. Es el caso de algunos museos que albergan, patrimonializados como

bienes del Estado, restos indígenas, ajuares funerarios y otros elementos que

pertenecieron a distintas comunidades originarias. También, es el caso de la

Administración de Parques Nacionales (APN) que, a partir de diversos reclamos

incluso territoriales, ha iniciado un proceso de sistematizar información,

consolidando archivos y trabajos de investigación relativos a: poblaciones

originarias actuales, las que residían en las AP al momento de su creación y las

vinculadas a ocupaciones pre hispánicas e hispánicas que han dejado vestigios de

su cultura dentro de las AP, explicando vínculos con las poblaciones actuales.

7.1. ÁREAS PROTEGIDAS Y PUEBLOS INDÍGENAS

En este país, distintas políticas públicas vinculadas a las AP permiten considerar

la implementación de los ODS en su relación con la población originaria: estado de

los recursos culturales (material, inmaterial y el vínculo entre ambos); el respeto

por los lugares sagrados para los PI y las acciones vinculadas; el convenio

interinstitucional entre APN e INAI para relevamiento territorial y restitución de

restos mortales indígenas; la figura de co- manejo, entre otras. La Administración

de Parques Nacionales de la Argentina cuenta con un Plan de Gestión

Institucional31 (PGI) que contiene lineamientos específicos para su vinculación con

los pueblos originarios, tanto los pueblos o comunidades que habitan al interior de

un área protegida como los que se circunscriben a las zonas conexas

denominadas también de amortiguación. En ese marco aparece la figura del co-

manejo32, que puede definirse como una situación en la que dos o más actores

sociales negocian compartir responsabilidades de administración, manejo y control

sobre un territorio o recurso, buscando integrar formas de conocimiento occidental

con el saber de las comunidades para desarrollar prácticas sustentables (Borrini-

Feyerabend, 1997). Asimismo, son dispositivos creados como formas de resolver

conflictos de larga data entre los PI y los Estados (Trentini y Tytelman, 2009).

                                                                                                                         31 http://www.capacitacionapn.gob.ar/wp-content/uploads/plan_de_gestion.pdf Ver página 32 32 En el año 2004, al interior de la Administración de Parques Nacionales (APN), mediante la Resolución N° 145/2004, se garantizó a través del co-manejo la participación de las Comunidades Indígenas en todo acto administrativo referido a los recursos naturales existentes en las áreas que estas ocupan (Artículo 2º de la Resolución). http://indigenas.bioetica.org/leyes/RES.%20145-04%20HD.pdf

  23  

La incorporación de los ODS dentro de la política de la APN facilitaría que en cada

área protegida se pudiera contar con datos específicos. Mientras que auditorías

conjuntas en toda Latinoamérica que abordaran el tema del co manejo –y la

fiscalización de las demás políticas vinculadas a Pueblos Indígenas y Áreas

Protegidas- echarían luz sobre los diversos problemas planteados, a la vez que

permitirían realizar recomendaciones vinculadas a las metas e indicadores

abarcados en los ODS y también sobre necesidades de adecuaciones.

7.2. FISCALIZACIÓN DE ODS EN SU VÍNCULO CON POBLACIÓN ORIGINARIA. VISIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES. A la fecha, considerando los objetivos, metas e indicadores establecidos a nivel

del grupo de trabajo de Naciones Unidas y de la Argentina, las construcciones

realizadas parecerían poco consistentes para poder lograr por sí mismas una

mejora en las políticas públicas vinculadas con pueblos originarios. Además,

existe un reconocimiento del Estado Nacional, expresado en su propio informe

presentado ante la ONU, de que el 41% de las metas actualmente consideradas

en los ODS carecen de información o su información es de baja calidad (página

56). A su vez, un relevamiento preliminar realizado en 2015 por la Comisión

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la situación de los

países de la región respecto de la disponibilidad de información relativa a los ODS,

expresaba que en la región se contaba con información sobre el 21% de los

indicadores, y en el caso de Argentina la proporción llegaba al 28%. Estos

resultados indican un problema regional relativo a la disponibilidad de información

general relativa a los ODS y que es preciso realizar un importante trabajo a fin de

reunir información. Las EFS pueden también ahí hacer su aporte, incidiendo en la

propia gestión de las políticas públicas. El caso particular de los PI intenta hacer

un aporte a situaciones generales donde existen lagunas o vacíos en las propias

políticas de gobierno -y también en la fiscalización-, que además incluye

problemas con datos, sobre todo vinculados a los grupos indicados para

desagregación. Una estrategia posible sería generar un protocolo o guía de acción

para esos casos. Los componentes mínimos de esa herramienta deberían ser:

reunir actores e identificar el vacío/ problemas; elaborar un plan de trabajo y

  24  

acción; socializar el problema con otras EFS para saber si alguna trabajó el tema,

el tipo de abordaje, resultados y aprendizajes; asegurar el seguimiento frecuente

sobre esos programas o planes. En el caso de este trabajo, se procuró identificar

algunos vacíos o lagunas y en todos los casos lo óptimo sería generar una

estrategia participativa que contemple el desarrollo e incorporación de nuevas

capacidades33.

8. CONCLUSIÓN:

Problemas que se habían planteado para la implementación de los ODM ya se

están reiterando en los actuales ODS. Los pueblos indígenas son fundamentales

para progresar en la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

ya que se estima que las áreas más conservadas en términos de biodiversidad

son las que ellos ocupan34. Una prueba de que los originarios continúan invisibles

de cara a la materialización de sus derechos es la insuficiente mención que tienen

en los reportes voluntarios de los países y, en los que existen datos, se

encuentran atrás en todos los parámetros que miden el desarrollo humano. La

mayoría de los indicadores de bienestar los muestran en desventaja en

comparación con otros sectores de la sociedad. Además, un denominador común

en todas las regiones es la ausencia de datos desagregados. Estos datos podrían

otorgar visibilidad a los obstáculos con los que se enfrentan los pueblos indígenas

para su supervivencia cultural. Algunos son:

• No reconocimiento de los pueblos indígenas como grupos distintivos con

visiones y derechos específicos.

• Falta de significativa participación en el diseño e implementación de

políticas que los afectan e intervenciones de desarrollo.

• Políticas públicas que no son culturalmente sensibles, con indicadores

inapropiados y tópicos económicos válidos sólo para poblaciones no

indígenas.                                                                                                                          33 Para dar contenido metodológico a lo antedicho, en el Anexo se presenta un cuadro de elaboración propia donde se consideran algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados a población indígena que servirían para obtener datos en el transcurso de un proyecto de auditoría. La información ofrecida es variada aunque no exhaustiva, por una cuestión de espacio. 34 http://indigenousnavigator.org/index.php/es/noticias/151-los-datos-desagregados-nos-daran-visibilidad-en-los-ods

  25  

• Excesivo hincapié en el crecimiento económico con menos atención a las

dimensiones sociales y ambientales.

• Inconvenientes para reconocer y asegurar jurídicamente las tierras,

territorios y recursos.

La colaboración que las EFS pueden hacer para comenzar a eliminar esos

obstáculos, y que aportaría en la consecución de la agenda, se centraliza en:

• Procurar la realización auditorías que profundicen en políticas públicas

vinculadas a PI y garantizar la efectiva participación de los PI.

• Fortalecer la colaboración para la participación de los PI en todos los

procesos de los ODS.

• Favorecer diálogos entre actores y orientar en la consideración de

propuestas relacionadas con la desagregación de datos y la inclusión de

metas e indicadores específicos.

• Orientar a los Estados en el establecimiento de mecanismos para consulta,

participación y representación de los PI en procesos locales y nacionales.

• Observar que la financiación y los recursos que los Estados asignan sean

adecuados para poner en marcha planes y estrategias apropiados.

• Fomentar el respeto por las distintas concepciones de desarrollo, salud,

enfermedad, educación, bienestar, atendiendo al derecho de los PI a

determinar sus propias visiones del mundo y de desarrollo sostenible.

Desagregar datos resulta vital para supervisar la implementación de los derechos

indígenas. Sin esa recopilación, se carecerá de prueba alguna para monitorear

resultados. Una solución posible sería contar con quipos especializados en las

temáticas vinculadas a los grupos recomendados para desagregación por la ONU.

Esto significaría contar con un equipo o con un área específica que profundizara

en todos los programas gubernamentales clave que desarrollen políticas que

incluyan pueblos originarios. El papel de las EFS es fundamental por su capacidad

de influir en las políticas públicas a todos los niveles, velando por la buena

gobernanza para que efectivamente nadie se quede atrás.

 

A 9. ANEXO: HERRAMIENTAS PARA LA FISCALIZACIÓN

El cuadro que sigue, de elaboración propia, muestra:

A) En la primer columna, objetivos y metas de ODS (de la ONU) considerados.

También señala (en color negro oscuro) la inexistencia de objetivos y metas

específicos para pueblos originarios, exponiendo la construcción necesaria con la

justificación correspondiente.

B) En la segunda columna aparecen indicadores de ONU y también se señalan

aquellos con los que sería necesario contar (en color negro oscuro) para visibilizar

a los PI. Se trabajó con los indicadores de Naciones Unidas por cuatro motivos: l)

porque los indicadores de todos los países se desprenderán de esos. ll) Porque

fue el espacio donde tuvo lugar la discusión respecto de los temas indígenas que

en este trabajo se desarrollan. lll) Porque la Argentina desarrolló indicadores con

adecuaciones que aún son provisorios y está todavía trabajando en otros 222. lV)

Porque habiendo analizado los indicadores de la Argentina, los planteos serían los

mismos que se hacen en referencia a los de la ONU.

C) En la última columna, se exponen algunas capacidades y competencias que las

EFS deberían añadir para obtener datos de PI. Los ODS, sus metas e indicadores,

tal como existen hoy, no permiten obtener por sí mismos un alto porcentaje de

esos datos.

OBJETIVO/ METAS de ONU   INDICADORES   CAPACIDAD INCORPORADA en la EFS para auditar  

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.      De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día).  

*Proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de la pobreza, desglosada por sexo, edad, situación laboral y ubicación geográfica (urbana o rural).  

1) Cantidad de población indígena que vive por debajo del umbral internacional de pobreza, desglosada, (en el caso de las áreas protegidas se puede incluir zona de amortiguación). 2) Evaluar si se trata de familias y/o comunidades sumidas en la pobreza, aunque no cuenten con 1,25 dólares diarios o de otro modelo cultural de organización.  

De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.  

*Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza, desglosada por sexo y edad. *Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza, en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales.  

1) Cantidad de población indígena que vive por debajo del umbral nacional de pobreza, desglosada, (en el caso de las áreas protegidas se puede incluir zona de amortiguación). 2) Proporción de población de origen indígena que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza respecto de la totalidad de pobres.  

 

De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación. La meta a nivel internacional (que es la que debería retomar el nivel nacional) debiera ser que hacia el año 2030, se garantice que todos los pueblos indígenas tengan derecho seguro a la tierra, la propiedad y el control de los recursos naturales. Deberían identificarse en cada país las fuentes de datos para esta meta y su indicador; generalmente se trata de registros administrativos disponibles en los organismos del Estado a cargo de asuntos de pueblos indígenas o ministerios específicos o en las áreas protegidas. Se deberá hacer un esfuerzo para revisar y sistematizar la información. Señalar la falta de existencia de datos de organismos y/o del sistema estadístico nacional.  

*Proporción del total de la población adulta, por sexo y por tipo de tenencia, con derechos seguros de tenencia de la tierra, que posee documentación reconocida legalmente al respecto y que percibe esos derechos como seguros. El indicador debiera ser el porcentaje de pueblos y comunidades indígenas con tierras legalmente documentadas o con evidencia reconocida de la tenencia. Este indicador mide qué proporción de pueblos/comunidades indígenas, incluyendo a las diferentes comunidades étnico-lingüísticas o territoriales que lo componen, poseen tierras documentadas o con evidencia reconocida de la tenencia. Con ello se hace referencia a diferentes formas y sistemas de tenencia, que en algunos países pueden manifestarse a nivel individual, y en otros incluir también la dimensión grupal o colectiva. Sería deseable que el indicador se operacionalice considerando la tenencia segura, a partir del cumplimiento a nivel nacional, de las condiciones establecidas en los estándares internacionales.  

1) Datos referidos al tipo de tenencia de tierra de la PI a nivel nacional. Información del estado de los trámites realizados: solicitud de personería jurídica u otro trámite similar, según cada país. Si se realizó el relevamiento territorial especificado en la Ley Nº 26.160 y sus prórrogas, si se reconoció el territorio legalmente con documentación que lo acredite. Datos de la calidad del relevamiento territorial y de las tierras que ocupan: aptas y suficientes para la reproducción cultural. (Agregar otros detalles: tiempo de duración de los trámites, forma de gestionarlos, problemas vinculados; participación de las comunidades y nivel de satisfacción). 2) Si se trabaja dentro de un área protegida: descripción del tipo de tenencia de tierra o convenio y profundizar en la situación del trámite referido a la tenencia legal de la tierra/ territorio: reclamos territoriales, solicitud de personería jurídica u otro trámite similar, según requerimientos de cada país; entrega de título comunitario. 3) Nivel de control de los recursos existentes en el AP por parte de la población originaria que vive al interior y de la zona de amortiguación. Convenios de co manejo; qué entiende cada parte por co manejo, descripción del reparto de derechos y obligaciones. Cantidad de población afectada. Calidad del trabajo logrado. Indicadores. 4) Acceso a tecnologías y servicios financieros, para población originaria.  

De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales.  

*Número de países que adoptan y aplican estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel local en consonancia con el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. *Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel local en consonancia con las estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres.  

1) Cantidad de población originaria afectada a riesgos latentes y a fenómenos producidos recientemente. Estrategias de reducción de riesgos. 2) Si fuera dentro del área protegida: a) situaciones de riesgo vinculadas a la población originaria que vive al interior y en la zona de amortiguación. b) notas y reclamos presentados a los administradores del AP u otra instancia de la estructura estatal (vinculados a riesgos).  

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.  

   

Poner fin al hambre; asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente. Poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años. Abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad.  

* Prevalencia de la subalimentación. *Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave en la población. *Prevalencia del retraso en el crecimiento entre los niños menores de 5 años. *Prevalencia de la malnutrición entre los niños menores de 5 años, desglosada por tipo (emaciación y peso excesivo).  

1) Datos referidos a la situación alimentaria de la población originaria. 2) Cantidad de población originaria considerada subalimentada. 3) Cantidad de niños de población originaria con retraso en el crecimiento y con malnutrición. 3) Dentro de áreas protegidas: describir si hay producción alimentaria de algún tipo afectada a co manejo. Datos referidos a población del área de amortiguación con acceso al cultivo y al consumo dentro del AP.  

Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de productores de alimentos en

  1) Datos referidos a la producción agrícola de alimentos (productores de pequeña

 

pequeña escala, en particular las mujeres, pueblos indígenas, agricultores familiares, ganaderos y pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas. Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo.  

escala y economías de subsistencia) con participación de población originaria. 2) Tipo y calidad de empleo de los integrantes de comunidades originarias. 3) Datos referidos a necesidades de capacitación y/o desarrollo brindado por las propias poblaciones y los organismos. 3) Si fuera dentro del área protegida: ecosistemas y proyectos agrícolas manejados y co manejados por pueblos indígenas al interior del AP. Resultados obtenidos. Necesidades. 4) Proyectos y programas que incluyan población originaria vinculados a los ítems mencionaen las metas: mejoras de calidad de suelo, siembra asociada a adaptaciones climáticas, sequías, inundaciones).  

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.  

   

Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas, eficaces, asequibles y de calidad para todos. La meta a nivel internacional (que es la que debe retomar el nivel nacional) debiera ser que se garantice la implementación efectiva de modelos de salud intercultural (Fuentes: IWGIA, Convenio 169 y Declaración Derechos de Pueblos Indígenas de la ONU).  

*Cobertura de servicios de salud esenciales (definida como el promedio de la cobertura de servicios esenciales sobre la base de intervenciones con trazadores, por ejemplo la salud reproductiva, materna, neonatal e infantil, las enfermedades infecciosas, las enfermedades no transmisibles y la capacidad de los servicios y el acceso a ellos, entre la población general y los más desfavorecidos). El indicador debiera ser: Número y porcentaje de centros de salud con atención intercultural (Fuente: IWGIA).    

1) Cantidad de hospitales con atención intercultural. Calidad. Nivel de satisfacción de los usuarios. Servicios de salud sexual y reproductiva interculturales, incluyendo implementación de acciones de prevención e información con pertinencia cultural y lingüística. 2) Problemas vinculados a la falta de encuentro entre culturas: modo de concebir salud y enfermedad desde el punto de vista originario y desde el punto de vista occidental. 3) Dificultades para originarios vinculadas al acceso a cobertura de salud universal. 4) Grado de participación de pueblos indígenas en la gestión de la salud. Prácticas indígenas aceptadas y bien integradas al sistema nacional de salud.  

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos.  

   

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.  

*Proporción de niños, niñas y adolescentes: a) en los grados 2/3; b) al final de la enseñanza primaria; y c) al final de la enseñanza secundaria inferior, que han alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura y ii) matemáticas, desglosada por sexo. *Índices de paridad (mujeres/hombres, zonas rurales y urbanas, quintil superior/inferior de recursos económicos, y otras características: situación en materia de discapacidad, pueblos indígenas y efectos de conflictos, a medida que se disponga de datos para los indicadores de educación de esta lista que puedan desglosarse.  

1) Del total de alumnos que asisten a nivel pre escolar, enseñanza primaria, secundaria y universitaria especificar la proporción de alumnos originarios. Desglose por sexo. 2) Cantidad de escuelas interculturales u otra modalidad similar que responda a los términos del Convenio 169 de la OIT (Art. 27, 28 y 29). Tipo de contenidos. Resultados. Nivel de satisfacción de los usuarios. 4) Proporción de los niños de nivel primario y secundario de origen indígena que hablan en lengua originaria y proporción que maneja además el español. 5) Jerarquización del docente intercultural respecto del docente de enseñanza común y situación edilicia de esas escuelas; suministro de agua potable y electricidad.  

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.  

   

De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.  

*Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura.

1) Proporción de población originaria que dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura.

 

2) Conflicto / cooperación en uso de agua.  Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  

   

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.  

*Proporción del presupuesto nacional (o municipal) dedicada a la preservación, protección y conservación del patrimonio cultural y natural nacional, incluidos los sitios del Patrimonio Mundial.  

1) Situación del patrimonio cultural material e inmaterial vinculados a PI, incluidos los sitios de patrimonio mundial (considerar también los que están dentro de áreas protegidas y en su zona de amortiguación). 2) Patrimonio cultural (material/inmaterial) y natural vinculados a pueblos originarios que estén inventariados o deban ser inventariados o listados oficialmente según las recomendaciones y/o normativa vigente. Cantidad de manifestaciones incorporada a la base de datos de registro del patrimonio. 3) Riesgos existentes que puedan afectar al Patrimonio cultural o natural vinculado a población originaria. 4) Nivel de participación de los pueblos originarios en la toma de decisiones, conflictos planteados, aplicación del Convenio 169 OIT/ consulta previa, libre e informada; consentimiento previo; reparto de beneficios; impactos y otros datos.  

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.  

   

De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales. De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial.  

*Superficie forestal como porcentaje de la superficie total. *Proporción de lugares importantes para la diversidad biológica terrestre y del agua dulce que forman parte de zonas protegidas, desglosada por tipo de ecosistema. Se debería agregar el indicador: Existencia de políticas y normativas que protegen y fomentan las ocupaciones tradicionales relacionadas con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica (Fuente: IWGIA).  

1) Ecosistemas que requieren protección y que posibilitan la vida biológica y/o espiritual de los PI (incluir situaciones dentro de AP). Acciones adoptadas. 2) Conflicto/ cooperación entre PI y la institucionalidad (modelos culturales de concepción y uso de ecosistemas, bosques, montañas y otros). 3)Fortalezas/ debilidades/ acciones de los organismos o administradores de AP vinculada a los puntos 1) y 2). 4) Animales/ plantas sagradas para el mundo indígena que estén en peligro por algún motivo. Acciones de la institucionalidad. 5) Políticas destinadas a proteger y fomentar la gestión de ecosistemas por parte de los pueblos originarios.  

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.  

   

Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. IWGIA recomienda que exista a nivel nacional un registro sistemático de las situaciones de conflicto vinculadas a Pueblos originarios. La meta esperada (que habría que crear) en el nivel internacional y nacional radica en que no se llegue a contabilizar ningún enfrentamiento.

*Porcentaje de la población sometida a violencia física, psicológica o sexual en los últimos 12 meses. * Cantidad de la población que declara haberse sentido víctima de discriminación o acoso en los últimos 12 meses por motivos de discriminación prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos. * Aquí el indicador debiera ser:

1) Población originaria sometida a violencia física, psicológica o sexual en los últimos 12 meses, si hubieran datos.  2) Aspectos de las políticas públicas y/o de las situaciones que atraviesen los pueblos originarios que causen afectación espiritual o psicológica a sus integrantes (violencia institucional). 3) Número y tipo de conflictos socio

 

Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. Meta necesaria: Cumplir con los dispositivos de participación de los pueblos indígenas y la consulta previa libre e informada y el Consentimiento previo, en los casos que corresponda (Fuente: IWGIA).

número y tipo de conflictos socio ambientales en territorios indígenas o reclamados, ligados a la falta de cumplimiento de sus derechos territoriales. Indicador necesario: Grado de reconocimiento del derecho consuetudinario de los PI. Este indicador mide el grado de reconocimiento de las prácticas y costumbres tradicionales que dan forma a los sistemas de derecho consuetudinario de los PI. Para la OIT: “La implementación eficaz de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos internacionalmente – incluso los derechos sobre las tierras y los recursos, y los derechos culturales, sociales y económicos – exige el reconocimiento y aceptación de las costumbres, el derecho consuetudinario y los sistemas jurídicos de los PI, en especial en lo que respecta a derechos colectivos, de fundamental importancia para los PI.” Otro indicador necesario sería: existencia de procedimientos de consulta para la obtención del Consentimiento Libre, Previo e Informado acorde los estándares internacionales. Además, este indicador se relaciona con metas sugeridas por el GMPI (grupo mayor de pueblos indígenas). (Fuente: IWGIA).  

ambientales en territorios indígenas o reclamados, ligados a la falta de cumplimiento de sus derechos territoriales (incluir zonas afectadas a áreas protegidas). 4) Mecanismos dispuestos para fomentar la participación y la inclusión de los pueblos originarios en todos los niveles de toma de decisiones. ¿Responden a las necesidades? ¿Están en funcionamiento? 5) Reconocimiento por parte de la institucionalidad del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. 6) Consideración e interpretación del desarrollo sostenible desde el punto de vista de la cosmovisión de los pueblos originarios. 7) Nivel de aplicación de procesos de consulta previa, libre e informada; consentimiento, según lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT (en los países que lo han ratificado) y en base a los fallos de la Corte interamericana. Describir inconvenientes en su aplicación.  

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.  

   

Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.     1) Señalar inconsistencias entre políticas

para el desarrollo sostenible, derechos de los PI, acciones institucionales y reclamos y situaciones conflictivas que atraviesan a las comunidades originarias. 2) Existencia y calidad de datos institucionales.  

 

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